Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02574-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02574-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02574-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
22 de septiembre de 2022
Demandante: Jaime Abril Morales
Demandados: Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja
y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02574-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02574-01
Demandante: JAIME ABRIL MORALES
Demandados: JUZGADO DOCE (12) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE TUNJA Y OTRO
Tema: Tutela contra incidente de desacato - solicitud de inaplicación
de la sanción - revoca y, en su lugar, ampara
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 16 de junio de 2022, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “B”, declaró la improcedencia de la acción de
tutela.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Jaime Abril Morales, en calidad de vicepresidente del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG), a través de
apoderado judicial presentó acción de tutela1 contra el “JUZGADO DOCE
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE BOYACA (sic)”, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales “al
buen nombre, igualdad, defensa y al debido proceso”.
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas por el
Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja que, mediante
autos de 30 de marzo y 19 de abril de 2022, resolvió negar las solicitudes de
inaplicación de la sanción que le fue impuesta por esa autoridad judicial a través
de la providencia de 12 de abril de 2021 y confirmada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá con auto de 20 de abril de 2021, en el marco del
incidente de desacato radicado número 15001-33-33-012-2020-00173-00/01.
1 Con escrito presentado el 10 de mayo de 2022, a través del correo
tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co y reenviado en la misma fecha la Secretaría General del
Consejo de Estado.
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1.2. Pretensiones
La parte actora elevó las siguientes peticiones:
“PRIMERO: Se sirva conceder la MEDIDA PROVISIONAL solicitada, y como
consecuencia de ello, se ordene al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Tunja, expida auto por el cual se suspenda la ejecución de medida sancionatoria
consistente en multa por dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes en contra de
mi representado JAIME ABRIL MORALES.
SEGUNDO: Se sirva declarar que la omisión en la declaratoria de inaplicación de la
medida sancionatoria proferida mediante auto del 30 de marzo y 16 de abril de
2022 por (sic) Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Tunja, constituye
una VIA (sic) DE HECHO, atendiendo la acreditación por medio probatorio
conducente y pertinente del cumplimiento del fallo de tutela en proceso 15001 3333
012 2020 00173 00 y los pronunciamientos de la Corte Constitucional y Corte
Suprema de Justicia respecto a la viabilidad de cesar los efectos de las medidas
sancionatorias en tramites (sic) incidentales.
TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor ni efecto la
sanción impuesta mediante auto del 12 de abril de 2021 dentro de tramite (sic)
incidental en proceso con radicado 15001 3333 012 2020 00173 00 consistente en
multa por dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes en contra de mi
representado JAIME ABRIL MORALES”.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que
se adoptará en esta sentencia:
Los señores Daniel Andrés Caldera Hernández y Sorayda Hernández Carrillo, esta
última quien actuó en representación de Dianys Jireth Caldera Hernández y José
Esteban Caldera Hernández, interpusieron una acción de tutela en contra del
departamento de Boyacá - Secretaría de Educación, el FOMAG y la Fiduciaria La
Previsora (en adelante Fiduprevisora S.A.), que le correspondió por reparto al
Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, bajo el radicado
número 15001-33-33-012-2020-00173-00/01.
Mediante sentencia de 9 de diciembre de 2020, el Juzgado Doce (12)
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja declaró la improcedencia de la acción
de tutela, razón por la cual los demandantes la impugnaron y el conocimiento de la
segunda instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Boyacá, autoridad
judicial que, con providencia de 8 de febrero de 2021, dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: Revocar parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Tunja el nueve (09) de diciembre de dos mil veinte
(2020) y en su lugar se dispone:
“Primero: Amparar el derecho fundamental al mínimo vital de los accionantes
José Esteban Caldera Hernández y Daniel Andrés Caldera Hernández,
vulnerado por las entidades accionadas como consecuencia de la suspensión en
el pago de la sustitución pensional.
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Segundo: Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la Secretaría de
Educación de Boyacá y a la Fiduprevisora S.A., que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia,
procedan a realizar el pago efectivo de la sustitución pensional en los términos y
porcentajes en que fue dispuesto a través de la Resolución No. 004285 de 10 de
junio de 2019 a favor de los accionantes José Esteban Caldera Hernández y
Daniel Andrés Caldera Hernández”.
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Tunja el nueve (09) de diciembre de dos mil veinte
(2020), en cuanto declaró improcedente la presente acción de tutela para el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas”.
Con ocasión al trámite incidental iniciado por los demandantes, el Juzgado Doce
(12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja profirió el auto de 12 de abril de
2021, en el que resolvió declarar que el señor Jaime Abril Morales, en calidad de
representante legal del FOMAG incurrió en desacato respecto del cumplimiento de
la sentencia del 8 de febrero de 2021 y lo sancionó con multa de 2 salarios
mínimos mensuales legales vigentes. Esta decisión fue confirmada en grado
jurisdiccional de consulta por el Tribunal Administrativo de Boyacá en auto de 20
de abril de 2021.
Luego, en la providencia de 26 de mayo de 2021, el Juzgado Doce (12)
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja resolvió una segunda solicitud de
incidente de desacato presentada por los demandantes, en los términos que se
transcriben a continuación:
“PRIMERO.- DECLARAR que no ha habido desacato frente a las órdenes
impartidas en los fallos de tutela proferidos por este Despacho el 9 de diciembre de
2020 y 8 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
SEGUNDO.- ABSTENERSE de sancionar al doctor Jaime Abril Morales en
calidad de representante legal del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -FOMAG-, por las razones expuestas en la parte motiva.
(…)
SEXTO.- EXHORTAR al doctor Jaime Abril Morales en calidad de representante
legal del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, para
que dentro de los cinco (5) días siguientes al 28 de mayo de 2021, acredite el pago
efectivo de las sumas indicadas a los señores: Caldera Hernández José Esteban y
Caldera Hernández Daniel Andrés, con el fin de dar cumplimiento total al fallo
proferido el 8 de febrero de 2021.
SÉPTIMO.- NEGAR las solicitudes de la FIDUPREVISORA S.A. relacionadas con
la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado, archivo del
expediente y expedición de copias, por las razones expuestas”.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la autoridad incidentada, pese a que no había
demostrado el pago total de las sumas ordenadas en el fallo de tutela, sí acreditó
el desembolso realizado al señor Daniel Andrés Caldera Hernández, es decir que
hizo gestiones tendientes a la materialización del pago.
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Los días 7 y 31 de mayo de 2022, la Fiduprevisora S.A. actuando como vocera y
administradora del patrimonio autónomo FOMAG, solicitó al juez a quo que
inaplicara la sanción que le había sido impuesta al actor, comoquiera que cumplió
con las órdenes impartidas en el fallo de 8 de febrero de 2021.
Para sustentar su petición, aportó copias de los extractos de pago a los señores
José Esteban y Daniel Andrés Caldera Hernández y argumentó que, aun cuando
no existe una norma que permita el levantamiento de una sanción en el trámite de
un incidente de desacato, confirmado en grado jurisdiccional de consulta, lo cierto
es que la jurisprudencia constitucional si lo admitía.
No obstante, el Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja a
través de proveídos de 30 de marzo y 19 de abril de 2022, negó las solicitudes
elevadas por el actor y se abstuvo de inaplicar la multa que le fue impuesta, al
señalar que las providencias que lo sancionaron ya estaban ejecutoriadas y que
existía un proceso de cobro coactivo que debía ser consultado en la oficina de
división de Fondos Especiales y Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Tunja.
1.4. Fundamentos de la vulneración
El señor Jaime Abril Morales, en calidad de vicepresidente del FOMAG consideró
que el Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja vulneró sus
derechos fundamentales al buen nombre, a la igualdad, a la defensa y al debido
proceso, toda vez que, mediante los autos de 30 de marzo y 19 de abril de 2022,
se abstuvo de inaplicar la multa que le fue impuesta2 en el marco del incidente de
desacato adelantado por el incumplimiento de las órdenes dictadas en la acción
de tutela identificada con el radicado número 15001-33-33-012-2020-00173-00/01,
pese a que existe jurisprudencia de las Altas Cortes que permite levantar estas
sanciones, aun cuando ya se ha adelantado el grado jurisdiccional de consulta.
Al respecto, precisó que en el presente caso se superan todos los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Así mismo, explicó
que los autos reprochados incurrieron en el “defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente”, por cuanto se apartan de la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte
Constitucional “sin ofrecer ningún tipo de argumentación seria, pertinente ni suficiente, y
sólo de manera caprichosa omite cumplir con dar trámite a la solicitud presentada por la
entidad en la que se demuestra el cumplimiento de la orden constitucional (…)”.
Citó algunos apartes de la mencionada sentencia, particularmente aquel según el
cual “(…) el juzgado mal podía negar el levantamiento de las sanciones con argumentos
como que las mismas se encontraban en firme y que el desacato es un dispositivo para
castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina desarrollada de forma pacífica por
esta Corte en cuanto a que el propósito perseguido por la sanción es conminar al obligado
como medio para garantizar el goce efectivo del derecho tutelado mediante sentencia,
mas no sancionar por sancionar”.
2 Con auto de 12 de abril de 2021, el Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja sancionó al actor con multa de 2 SMLMV. Esta decisión fue confirmada el 20 de abril de
2021, por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
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Solicitó que no se desconozca que si la entidad ya acreditó el acatamiento de lo
ordenado en la sentencia de tutela no existe razón para que se mantenga la multa
que le fue impuesta, habida cuenta que la Corte Constitucional ha determinado
que incluso después de la decisión que confirma la sanción, el operador judicial
debe examinar si se cumplió y si es el caso levantar la multa imputada.
Reiteró que la finalidad del incidente de desacato no corresponde con fines
preventivos o de retaliación, sino que pretende conminar al obligado a que
encause su conducta y reivindique los derechos fundamentales quebrantados. Por
lo tanto, consideró que con los autos de 30 de marzo y 19 de abril de 2022, se
vulneraron sus garantías constitucionales por el desconocimiento del precedente
citado y ante la única afirmación que los autos que le impusieron la sanción se
encuentran ejecutoriados.
Por otro lado, afirmó que en “la parte motiva auto (sic) de fecha 19 de abril de la
presente anualidad, donde se refiere que solo hasta el día 7 de marzo de 2022, se
presento (sic) informe de cumplimiento a fallo de tutela; valoración judicial no se ajusta a
la realidad, por tanto, como se referencia en el hecho cuarto (4) (sic) de escrito tutelar, se
referencio (sic) informes con radicado No. 20210581034191 del 7 de mayo y
20210581159271 del 25 de mayo de 2021 remitido al Juzgado Doce Administrativo Oral
Del Circuito De Tunja, los cuales fueron debidamente valorados en auto calendado 26 de
mayo de 2021”.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto de 12 de mayo de 2022, la magistrada ponente de la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, admitió la tutela de la referencia
y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá y al juez
Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, en calidad de accionados.
Así mismo, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, vinculó
en calidad de terceros con interés a los señores José Esteban Caldera Hernández
y Daniel Andrés Caldera Hernández.
Por último, requirió a las autoridades judiciales accionadas que enviaran de forma
digital copia del expediente contentivo de la acción de tutela impetrada por los
señores José Esteban Caldera Hernández y Daniel Andrés Caldera Hernández,
contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG y
otros, con radicado 15001-33-33-012-2020-00173-00/01.
1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentó la siguiente intervención:
1.6.1. Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja
Con memorial del 18 de mayo de 2022, la titular de ese despacho solicitó que se
nieguen las pretensiones de la tutela, en tanto que esta carece de fundamento
ante la inexistencia de la violación de los derechos fundamentales deprecados.
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Precisó que el motivo que conllevó al accionante a la presentación de la tutela, fue
el hecho que el juzgado no hubiese inaplicado la medida sancionatoria impuesta
por desacato de una orden judicial y que, como consecuencia de ello, se iniciara el
proceso coactivo No. 15001-12-90-000-2022-00013-00, que adelanta la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
Explicó que en el caso concreto el mecanismo de amparo se torna improcedente,
pues no se reúnen los requisitos para que excepcionalmente se cuestione una
decisión que pone fin al trámite incidental del desacato.
Particularmente, destacó que no se cumplen con los correspondientes a que “el
asunto sea de evidente relevancia constitucional" y “Que se haya hecho uso de todos los
mecanismos de defensa judicial -ordinarios y extraordinarios- de que disponga el
afectado”.
De igual manera, expuso que el actor no utilizó los mecanismos judiciales para
cuestionar lo resuelto por las autoridades accionadas y solo ejecutó parcialmente
la orden de tutela cuando ya estaba en firme la decisión que lo sancionó. En ese
sentido, indicó que durante todo el trámite del primer incidente el tutelante guardó
silencio, lo que conllevó a que fuera multado. No obstante, en el segundo incidente
de desacato se acreditaron gestiones tendientes a materializar la orden de tutela,
por lo que no fue procedente imponer alguna sanción.
Afirmó que el accionante cuestionó la decisión de 12 de abril de 2021, por lo que
se entiende que dejó superar el tiempo para interponer la presente acción de
tutela, con lo cual no se cumple con el requisito de inmediatez. Igualmente, alegó
que el señor Abril Morales no dejó entrever la vulneración que ahora alega, dentro
del proceso judicial.
Finalmente, aclaró lo siguiente:
“el incidente de desacato cumplió con las notificaciones propias del procedimiento,
y la entidad vinculada intervino tardíamente con argumentos de defensa bajo la
vista de las obligaciones que le eran propias, por tanto, el procedimiento
determinado por la ley, se cumplió, sin que pueda predicar luego de la firmeza de la
sanción el cumplimiento y por tanto, el retiro de la sanción.
Las decisiones adoptadas tuvieron sustento normativo suficiente para llegar al
convencimiento de imponer la sanción que se ordenó, sin que se pueda predicar
que luego de su firmeza, y de constituirse la providencia en un título judicial válido
para iniciar un proceso coactivo, se pretenda levantar la medida, ordenar dejar sin
valor y efecto la decisión y terminar el proceso ejecutivo de cobro coactivo”.
1.7. Sentencia de primera instancia
En providencia de 16 de junio de 2022, la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado, resolvió declarar improcedente la acción de tutela, toda vez
que no se encontraba acreditado el requisito de inmediatez.
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Sobre el particular, señaló que la decisión cuestionada por el actor data de 20 de
abril de 2021 y fue notificada mediante correo electrónico del 22 del mismo mes y
año, no obstante, la acción de tutela fue presentada el 10 de mayo de 2022, es
decir que se acudió al juez constitucional después de haber transcurrido más de 1
año de ejecutoriada la decisión que confirmó la sanción que le fuere impuesta al
tutelante.
Manifestó que, si bien la parte actora presentó varias solicitudes de inaplicación de
la referida sanción, lo cierto que estas fueron resueltas desfavorablemente en auto
del 11 de mayo de 2021, reiterado en providencia del 26 de mayo siguiente. Por lo
que, si en gracia de discusión se tuviera en cuenta esta última fecha para
establecer el término de la inmediatez, de igual forma transcurrieron 10 meses
para presentar la acción de amparo.
Explicó que el tutelante no dio alguna justificación que permitiera afirmar que la
tardanza estuvo supeditada a un hecho de especial consideración, como
excepcionalmente lo ha dispuesto el Consejo de Estado.
Además, llamó la atención sobre el hecho que la parte actora no alegara ninguna
irregularidad procesal y que solo fundamentara su solicitud de amparo en que se
acreditó un cumplimiento tardío de la orden de tutela, inclusive, tiempo después de
estar en firme la respectiva sanción.
Por último, destacó:
“En concordancia con lo expuesto, la Sala advierte que, si bien la última de las
solicitudes de inaplicación de la sanción fue desatada a través de proveído del 19
de abril de 2022, esta de ninguna manera puede ser tenida en cuenta para
establecer el pluricitado requisito de la inmediatez; toda vez que, como quedó
expuesto en el acápite «2.3. DE LAS ACTUACIONES ADELANTADAS EN EL
TRÁMITE CONSTITUCIONAL CUESTIONADO» de esta providencia, lo resuelto no
es más que una reiteración frente a lo que ya había sido decidido por el Juzgado
Doce Administrativo del Circuito Judicial de Tunja desde el mes de mayo de 2021”.
1.8. Impugnación
A través de correo electrónico enviado el 11 de agosto de 20223, al buzón web de
la Secretaría General del Consejo de Estado, el apoderado de Jaime Abril Morales
impugnó la decisión de primer grado y solicitó que, en su lugar, se amparen sus
garantías constitucionales “y de esta manera se declare la inaplicación de las medidas
sancionatorias”.
En primer lugar, precisó que la presente acción de tutela está encaminada a
cuestionar las decisiones proferidas en mayo y abril de este año por del Juzgado
Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja que negaron la solicitud de
inaplicación de una medida sancionatoria y no frente a los autos que lo multaron.
3 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591
de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 10 de agosto de 2022 y el
recurso se interpuso el día 11 de agosto del mismo año.
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Informó que inicialmente se acudió en mayo de 2021 al despacho accionado para
que estudiara la posibilidad de levantar la multa que le fue impuesta, pero que en
esa oportunidad el juzgado estableció que la orden de tutela aún no había sido
cumplida completamente y fue por ese motivo que no se accedió a su pretensión,
pues no se contaba con los respectivos soportes de pago.
No obstante, como con posterioridad a dicho pronunciamiento se contó con la
totalidad de las pruebas, se pidió nuevamente la inaplicación de la sanción, por lo
que es sobre los autos de mayo y abril de 2022 que se invoca la vulneración de
los derechos fundamentales, pues se reitera, en ellos se niega la pretensión bajo
la consideración principal que los proveídos están ejecutoriados. Es decir que se
invoca una argumentación diferente a la providencia de 2021, cuando no se
encontraba demostrado el cumplimiento total de la orden de tutela.
Por esta razón, concluyó que “frente a estos últimos autos, habían transcurrido no mas
(sic) de dos meses para radicar la presente acción Constitucional, lo que desvirtúa una
ausencia del requisito de inmediatez”.
1.9. Trámite en segunda instancia
Con providencia de 9 de septiembre de 2022 4, el Despacho sustanciador ordenó a
la Secretaría General de esta Corporación que pusiera en conocimiento de las
señoras Sorayda Hernández Carrillo y Dianys Jireth Caldera, así como de la
Fiduprevisora S.A. y del departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, la
nulidad saneable que se presentaba en el proceso de la referencia, con
fundamento en que las mencionadas señoras actuaron como parte accionante en
el incidente de desacato objeto de reproche y la Fiduprevisora S.A. y el
departamento de Boyacá – Secretaría de Educación intervinieron en el proceso
incidental respecto del cual el tutelante predica la vulneración de sus garantías
fundamentales en el presente proceso tutelar.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el
fallo de tutela de 16 de junio de 2022, proferido por la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 32 del
Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 16 de junio de 2022, proferida por la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual se declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia.
4 Notificado el 13 de septiembre de 2022, sin que los interesados se pronunciaran, razón por la
cual la nulidad se entenderá saneada.
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Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) procedencia de la acción de tutela contra los autos que
resuelven el incidente de desacato; (iii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de
la acción de tutela de la referencia y de encontrarse superados; (iv) estudio del
caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 5
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema6.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato9
Esta Sala ha considerado que la naturaleza jurídica del incidente de desacato
corresponde a la de un trámite sancionatorio, por lo que contra las decisiones que se
adopten en el mismo procede excepcionalmente la acción de tutela, cuando se
pretenda obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. nro. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Ver postura de la Sala en la providencia de 24 de septiembre de 2020, expediente No. 11001-03-
15-000-2020-03234-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
9
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y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02574-01
La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de la
siguiente manera:
“[…] Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas
en el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la
Corte ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre
que logre verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es
claro que, por medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman
decisiones que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes.
Entonces, siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela debe tenerse
presente que durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que
afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo
de tutela, y que sirve como fundamento para promover el incidente de desacato.
Así, el estudio de una acción de tutela interpuesta contra un incidente de desacato
deberá limitarse, en todo caso, a la conducta desplegada por el juez durante el
incidente mismo, sin consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo. Lo
contrario sería revivir un asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada […]”10.
De manera que, el desacato es incidental por ser un instrumento sancionatorio de
creación legal, cuyo procedimiento se surte previa petición de la parte interesada y
requiere un análisis de la responsabilidad subjetiva.
Es así como mientras el cumplimiento implica un análisis objetivo, el incidente de
desacato va más allá y estudia la responsabilidad subjetiva del funcionario
encargado de cumplir el fallo, esto es, las razones que lo llevan a omitir el deber de
atender la orden judicial.
En todo caso, el incumplimiento de una providencia judicial proferida dentro de un
trámite incidental por no acatar una orden judicial es una violación sistemática de la
Constitución Política, por cuanto frustra la consecución de los fines esenciales del
Estado, por lo que es evidente que la obligación primordial del juez constitucional es
hacer cumplir íntegramente la orden judicial de protección.
Al respecto, la Corte Constitucional señaló que: “[…] [e]s el desacato un ejercicio del
poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una
responsabilidad subjetiva […]11” en tal sentido, se prohíbe la responsabilidad objetiva,
en tanto que para sancionar por el incumplimiento de una orden judicial es necesario
que esta sea el resultado de una acción u omisión ejecutada dolosa o culposamente
del agente.
La mencionada Corporación ha considerado, en eventos relacionados, lo siguiente:
“[…] las razones que el peticionario exponga en su escrito de tutela deben ser
coherentes con los argumentos esgrimidos durante el incidente y que las pruebas
que pretenda hacer valer hayan sido solicitadas, conocidas o analizadas en la etapa
incidental porque de lo contrario la tutela no sería procedente en tanto que ésta no
puede ser utilizada como un remedio procesal ante la desidia o negligencia del
interesado […]”.12
10 Corte Constitucional, sentencia T - 482 de 2013.
11 Sentencia T-763 de 1998.
12 Sentencia T-343 de 5 de mayo de 2011.
10
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El parámetro que se debe tener en cuenta para sancionar, lo establece la orden
impartida, esto es, debe existir certeza acerca de la conducta esperada y la forma
específica en que esta debe materializarse y esa orden es la que el juez debe
verificar de manera rigurosa.
Por tanto, durante el trámite incidental de desacato debe garantizarse al funcionario
el derecho al debido proceso en todas las actuaciones, por lo que de advertirse una
conducta positiva por parte del mismo, de la cual pueda inferirse que ha obrado de
buena fe y no con el ánimo de evadir los mandatos de la orden judicial, no hay lugar
a la imposición de sanciones13.
Así las cosas, ante estos eventos el juez constitucional que conoce de una tutela
contra providencias dictadas en el trámite del incidente de desacato se encuentra
limitado a establecer:
i) Si el juez del desacato actuó de conformidad con la orden de amparo proferida,
ii) si se respetó el debido proceso de las partes y,
iii) si la sanción impuesta, de ser el caso, resulta arbitraria, sin que con ello se pueda
reabrir el debate de fondo ni cambiar la protección concedida o el alcance y
contenido de aquella.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda,
las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte
actora solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y al buen nombre, ante la posible configuración del defecto de
desconocimiento del precedente.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los
derechos fundamentales alegados por la parte actora, en tanto que se interpreta
que la autoridad judicial incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente,
por lo que se evidencia que trasciende un estudio de lo meramente legal.
13 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-939 de 2005 ha considerado: «…Conforme a
la naturaleza sancionatoria del desacato, cualquier medida proveniente de éste debe estar
soportada por la garantía del debido proceso respecto de cada uno de los disciplinados y
precedida por la comprobación probatoria de cada uno de sus elementos, es decir, el
incumplimiento de la orden y la responsabilidad subjetiva de cada uno de sus destinatarios. De no
reunirse cualquiera de los presupuestos mencionados, conforme al reglamento que rige la acción
de tutela y la jurisprudencia de esta Corporación, no será posible impartir sanción alguna, pero si
ello llegare a ocurrir, procederá el examen de las decisiones a partir de los criterios de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales».
11
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2.5.2. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia
no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que las
providencias judiciales que censura la parte accionante fueron dictadas en el
marco del incidente de desacato identificado con el número de radicado 15001-33-
33-012-2020-00173-00/01, que se promovió con el propósito que el Juzgado Doce
(12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja exigiera el cumplimiento de lo
ordenado en la sentencia de 8 de febrero de 2021, del Tribunal Administrativo de
Boyacá.
2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez el a quo constitucional indicó que en el
presente trámite no se encontraba satisfecho, pues consideró que la providencia
cuestionada era la dictada el 20 de abril de 2021 (notificada el 22 del mismo mes y
año) y que la acción de tutela fue presentada el 10 de mayo de 2022, es decir, que
se dejó transcurrir más de 1 año de después de ejecutoriada dicha decisión.
De igual manera, estimó que pasaron 10 meses desde que se dictaron los
proveídos de 11 y 26 de mayo de 2021, para presentar la acción de amparo, por lo
que tampoco se acreditaba el citado requisito respecto de esas decisiones.
Finalmente, destacó que si bien la última solicitud de inaplicación de la sanción fue
resuelta el 19 de abril de 2022, esta solo era una reiteración de lo resuelto en el
mes de mayo de 2021, por lo que tampoco podía ser tenido en cuenta para
efectos superar la inmediatez.
En su escrito de impugnación, el señor Jaime Abril Morales explicó que la
presente acción de tutela está encaminada a cuestionar las decisiones proferidas
en marzo y abril de 2022 por el Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja que negaron la solicitud de inaplicación de una medida
sancionatoria y no los autos que lo multaron.
En este punto, es preciso señalar que las providencias que cuestiona el
accionante fueron dictadas el 30 de marzo y 19 de abril 2022, por el Juzgado
Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, las cuales fueron
notificadas el 30 de marzo y 20 de abril, respectivamente, mientras que la
solicitud de amparo se presentó el 10 de mayo de 2022, de manera que, sin
necesidad de establecer la fecha de ejecutoria, se observa que su interposición se
hizo en un término que a juicio de la Sala es razonable, por cuanto fue antes de
transcurridos seis (6) meses de la providencia de segunda instancia.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 14, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200515
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
15 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
12
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para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión
de providencias judiciales.
Ahora, la Sala considera que, contrario a lo señalado por el a quo constitucional,
con las solicitudes elevadas por el actor en el año 2022 luego de que fuera
resuelta la primera solicitud de inaplicación de la sanción pretendida, se invocaron
nuevos argumentos y se allegaron otras pruebas que permitían estudiar
nuevamente la pretensión del actor, por lo que no se trata de una reiteración de lo
dispuesto en los autos de 11 y 26 de mayo de 2022, como se verá más adelante.
2.5.4. En lo que se refiere al agotamiento de los mecanismos judiciales, esta
Colegiatura encuentra que, en el caso concreto, las providencias controvertidas
corresponden a los autos del 30 de marzo y 19 de abril 2022, dictados en el marco
del incidente de desacato identificado con el radicado No. 15001-33-33-012-2020-
00173-00/01, razón por la cual contra las providencias controvertidas no procede
recurso alguno conforme con lo dispuesto en Decreto 2591 de 1991 y el Decreto
2067 del mismo año y tampoco los recursos ordinarios ni extraordinarios16.
Al respecto, cabe precisar que únicamente se consagró como recurso admisible
en el trámite de la acción constitucional, la impugnación del fallo de primera
instancia, la cual está regulada en el artículo 31 del mencionado Decreto 2591 de
1991, así como el grado jurisdiccional de consulta, para los autos dictados en un
incidente de desacato mediante los cuales se imponga una sanción, consagrado
en el artículo 52 ejusdem. Por otra parte, se estableció un sistema de revisión de
los fallos de tutela, el cual es realizado por la Corte Constitucional, de conformidad
con el artículo 33 del referido decreto17.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin
perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin
garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial,
y la protección de derechos de terceros.
2.6. Generalidades del defecto alegado
Sobre el desconocimiento del precedente18, resulta importante precisar la
posición de la Sala sobre el concepto de precedente, el cual se sinteriza en los
siguientes términos:
“(…) es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en
sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado
16 Corte Constitucional, sentencia T-553 de 18 de julio de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
17 Ver postura de la Sala en la providencia de 22 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-
000-2020-03180-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
18 Para la Sala es importante precisar que si bien el actor invocó el “defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial”, este será abordado desde la perspectiva del defecto por
desconocimiento del precedente, habida cuenta que los argumentos del escrito de tutela se
encuadran en este.
13
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sentido…”.19
Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos20 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho.
Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre, encuentra su
fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma
superior y a la garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así
como, en la coherencia del ordenamiento jurídico.
Por tanto, la parte que invoca el desconocimiento de un precedente judicial debe
cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión que considera
desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que se
somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y iii) la incidencia de
esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
2.7. Caso concreto
2.7.1. Como se ha mencionado, el señor Jaime Abril Morales, en calidad de
vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), consideró vulnerados sus derechos fundamentales por el Juzgado
Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja que, mediante autos de 30
de marzo y 19 de abril de 2022, resolvió negar las solicitudes de inaplicación de la
sanción que le fue impuesta21 en el marco del incidente de desacato No. 15001-
33-33-012-2020-00173-00/01.
A su juicio las providencias reprochadas incurrieron en el defecto de
desconocimiento del precedente, por cuanto sin ofrecer ningún tipo de
argumentación se apartaron de la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte
Constitucional que permite inaplicar estas sanciones, aun cuando ya se haya
adelantado el grado jurisdiccional de consulta.
Explicó que la mencionada sentencia determinó que los jueces no pueden negar el
levantamiento de la sanción solo porque las providencias se encuentran en firme,
dado que ello desconoce el propósito del incidente de desacato que es conminar
al obligado a que cumpla con las órdenes de tutela. Por lo tanto, como en los
autos de 30 de marzo y 19 de abril de 2022 la única razón que sustentó la
negativa de inaplicar la multa consistió en que dichos proveídos ya estaban
ejecutoriados, se vulneraron sus garantías constitucionales por el desconocimiento
del precedente citado.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
20 Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.
21 Con auto de 12 de abril de 2021, el Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja sancionó al actor con multa de 2 SMLMV. Esta decisión fue confirmada el 20 de abril de
2021, por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
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2.7.2. Revisadas las pruebas allegadas al plenario, la Sala observa que, mediante
providencia de 8 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió
revocar parcialmente la sentencia de 9 de diciembre de 2020, del Juzgado Doce
(12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja dictada en la acción de tutela
identificada con el radicado número 15001-33-33-012-2020-00173-00/01. En
consecuencia, amparó el derecho fundamental al mínimo vital de los señores José
Esteban Caldera Hernández y Daniel Andrés Caldera Hernández y ordenó lo
siguiente:
“Segundo: Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la Secretaría de
Educación de Boyacá y a la Fiduprevisora S.A., que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia,
procedan a realizar el pago efectivo de la sustitución pensional en los términos y
porcentajes en que fue dispuesto a través de la Resolución No. 004285 de 10 de
junio de 2019 a favor de los accionantes José Esteban Caldera Hernández y Daniel
Andrés Caldera Hernández”.
Los demandantes en dicho proceso iniciaron el respectivo incidente de desacato,
que culminó con el auto de 20 de abril de 2021, proferido por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que confirmó la decisión de 12 de abril del mismo año,
por la cual el Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja
declaró que el señor Jaime Abril Morales, en calidad de representante legal del
FOMAG incurrió en el desacato de la sentencia del 8 de febrero de 2021 y lo
sancionó con multa de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
No obstante, el 22 de abril de 2021 los demandantes remitieron un nuevo
memorial con el cual solicitaron que se continuara con el trámite para que las
autoridades accionadas dieran cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia
de 8 de febrero de 2021, habida cuenta que se continuaba desacatando lo
dispuesto en ese fallo.
A su turno, el 7 de mayo de 2021 el señor Jaime Abril Morales solicitó por primera
vez que se inaplicara la sanción que le fue impuesta a través de los autos de 12 y
20 de abril de 2021.
El 11 de mayo de 2021, el Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial
de Tunja, entre otras cosas, abrió el incidente de desacato contra el señor Abril
Morales, en calidad de representante legal del FOMAG y remitió copias de las
providencias sancionatorias a la División de Fondos Especiales y Cobro Coactivo
de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja, a fin de que se
surtiera el trámite respectivo. Sobre la petición de inaplicación de la sanción,
señaló:
“De otra parte, respecto de la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta el
12 de abril de 2021, se dirá que a través de providencia del 20 de abril de 2021 el
Tribunal Administrativo de Boyacá al resolver el grado jurisdiccional de consulta
respecto de la sanción por desacato impuesta por este Juzgado el 12 de abril de
2021, confirmó la misma y que, la decisión de segunda instancia SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE EJECUTORIADA, sin que pueda este estrado judicial entrar a
modificarla, suspenderla, revocarla ni adoptar una determinación diferente a la de
obedecer y cumplir, como en efecto ya se hizo.
15
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Es decir, si dentro del trámite incidental de desacato se impuso una sanción y esta
fue confirmada en sede de consulta, estando ejecutoriada esta última, se debe
proceder al cumplimiento de la sanción impuesta, toda vez que, al resolverse el
grado de consulta se evidenció el incumplimiento de las órdenes impartidas,
situación que a la fecha de esta providencia no ha cambiado”.
En providencia del 26 de mayo de 2021, el Juzgado Doce (12) Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja resolvió abstenerse de sancionar al señor Jaime Abril
Morales y lo exhortó a que acreditara el pago efectivo de las sumas indicadas en
el fallo de 8 de febrero de 2021, a los señores Caldera Hernández José Esteban y
Caldera Hernández Daniel Andrés.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, pese a que no había demostrado el pago total
del dinero debido, sí acreditó el desembolso realizado al señor Daniel Andrés
Caldera Hernández, es decir que ejerció gestiones tendientes a la materialización
del pago.
El día 7 de mayo de 2022, la Fiduprevisora S.A. actuando como vocera y
administradora del patrimonio autónomo FOMAG, solicitó nuevamente al Juzgado
Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja que inaplicara la sanción
que le había sido impuesta al señor Abril Morales, puesto que cumplió con las
órdenes impartidas en el fallo de 8 de febrero de 2021. Para tal efecto, aportó
copias de los extractos de pago a los señores José Esteban y Daniel Andrés
Caldera Hernández.
A través de auto de 30 de marzo de 2022, la autoridad judicial accionada se
abstuvo de inaplicar y expedir copias de inejecución de las medidas sancionatorias
impuestas al representante legal del FOMAG.
En primer lugar, señaló que la multa de 2 salarios mínimos mensuales legales
vigentes que le fue impuesta al actor mediante autos de 12 y 20 de abril de 2021,
cobró ejecutoria el 27 de abril de ese mismo año y que a través de auto de 11 de
mayo de 2021 por Secretaría de ese despacho se ordenó la remisión de las
providencias que lo sancionaron con destino a la División de Fondos Especiales y
Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja, lo
cual fue realizado con el Oficio J012P-0343 del 19 de mayo de 2021. Ello con
fundamento en el reiterado incumplimiento de la orden de tutela.
Luego, destacó lo que se transcribe a continuación:
“Aunado a lo anterior, y con posterioridad a la imposición de la sanción se volvió a
apertura un incidente de desacato, por la renuencia en el incumplimiento del fallo de
tutela. De conformidad con lo expuesto, se reitera que la sanción impuesta, ya fue
decidida y remitida en grado de consulta ante el Tribunal Administrativo de
Boyacá cuya decisión se encuentra ejecutoriada, por lo que actualmente no hay
actuación pendiente por resolver.
Cabe resaltar, que una vez que las sanciones son impuestas y se encuentran
ejecutoriadas, deben ser cumplidas, pues como es bien sabido por el representante
legal de la accionada, una cosa es el cumplimiento de las órdenes judiciales
respecto del cumplimiento del fallo y otra muy distinta son las sanciones que surgen
de los trámites incidentales los cuales persiguen reprochar el incumplimiento y que,
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el escenario para controvertir las sanciones es dentro del mismo trámite
incidental, el cual se reitera, en el caso particular se encuentra
EJECUTORIADO y en proceso de Cobro (sic) coactivo.
Por consiguiente, respecto del estado actual del cobro de la sanción impuesta la
cual se encuentra ejecutoriada, dentro del trámite incidental de desacato, se le
aclara al representante legal de la accionada, que éste debe ser consultado en la
oficina de división de Fondos Especiales y Cobro Coactivo de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Tunja, por cuanto, si bien este estrado
judicial adelantó el trámite sancionatorio, el cual fue confirmado en grado de
consulta por el Tribunal Administrativo de Boyacá, como ya se explicó in extenso,
también lo es que, se compulsaron copias para su respectivo cobro a la
dependencia para tal fin”.(Se resalta).
Inconforme con esta decisión, la Fiduprevisora S.A. la recurrió y mediante
providencia de 19 de abril de 2022 el juzgado accionado dispuso estarse a lo
resuelto en el auto proferido el 30 de marzo de 2022.
Para sustentar su decisión, explicó lo siguiente:
“De conformidad con lo anterior, el Despacho no desconoce la posibilidad de
levantar la sanción de desacato cuando se haya cumplido la orden tutelar, incluso
cuando se haya decidido el grado jurisdiccional de consulta, pues la finalidad del
desacato es persuasiva y no sancionatoria. No obstante, y a pesar de ello, el
memorial por medio del que se puso en conocimiento al Despacho del
cumplimiento del fallo se realizó el 07 de marzo de 2022, como consta en el
archivo del índice de SAMAI, esto es, al haber transcurrido casi un año desde
que la sanción impuesta cobró ejecutoria, aunado a que mediante providencia
del 11 de mayo de 2021, se ordenó, por secretaría la remisión de la primera
copia que prestaba mérito ejecutivo de las providencias que sancionaron con
multa al señor Jaime Abril Morales, con destino a la división de Fondos
Especiales y Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Tunja, para lo de su competencia, para lo cual se expidió el Oficio
J012P0343 del 19 de mayo de 2021 enviado en la misma fecha”.
Como se advierte, las razones invocadas por el Juzgado Doce (12) Administrativo
del Circuito Judicial de Tunja para negar las solicitudes de inaplicación de la
sanción que le fue impuesta al accionante, se resumen en que (i) los autos
sancionatorios cobraron ejecutoria el 27 de abril de 2021, es decir, más de un año
después de que se acreditara el cumplimiento total de la orden de tutela; y (ii) se
remitió la primera copia que prestaba mérito ejecutivo a la División de Fondos
Especiales y Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Tunja, para lo de su competencia.
El señor Jaime Abril Morales alegó que estas decisiones vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al buen nombre, pues
desconocieron el precedente judicial establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-034 de 2018, que permite la inaplicación de una sanción cuando se
verifica el cumplimiento de la orden de tutela que la originó, inclusive después de
que se haya efectuado el grado jurisdiccional de consulta.
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Ahora bien, el Alto Tribunal Constitucional en la sentencia SU-034 de 2018, revisó
la acción de tutela interpuesta por la señora Paula Gaviria Betancur, en calidad de
directora general de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, en contra del Juzgado Civil del Circuito de Los
Patios (Norte de Santander) y de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, al considerar que sus garantías constitucionales fueron
vulneradas con las decisiones de negar el levantamiento de unas sanciones que
se le impusieron durante el trámite de unos incidentes de desacato.
En dicha oportunidad, la Corte Constitucional tuteló los derechos a la libertad y al
debido proceso de la actora, al considerar que las autoridades accionadas
desconocieron que el fin perseguido con el incidente de desacato es conminar al
obligado a que cumpla y no castigar con una sanción:
“Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de
vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es que, si
bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición
de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es
lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada22;
de suerte que no se persigue reprender al renuente por el peso de la sanción en sí
misma23, sino que ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel
encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una medida de
reconvención cuya objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción
impetrada y, con ella, la reivindicación de los derechos quebrantados24.
Más adelante, determinó que el juez encargado de conocer el incidente de
desacato no puede negar la inaplicación de una sanción, bajo el argumento que
las providencias sancionatorias están en firme:
“Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento de las sanciones
con argumentos como que las mismas se encontraban en firme y que el
desacato es un dispositivo para castigar al renuente, pues ello desconoce la
doctrina desarrollada de forma pacífica por esta Corte en cuanto a que el propósito
perseguido por la sanción es conminar al obligado como medio para garantizar el
goce efectivo del derecho tutelado mediante sentencia, mas no sancionar por
sancionar.
Bajo esa óptica, ante las solicitudes de inaplicación de las sanciones, el Juzgado
Civil del Circuito de Los Patios estaba llamado a incorporar en su razonamiento la
jurisprudencia consolidada por esta Corte y aplicar el mandato constitucional de
prevalencia de lo sustancial (que en este caso sería la constatación de las acciones
positivas orientadas al cumplimiento), para con base en ello reconsiderar si se
justificaba mantener las medidas coercitivas impuestas”. (Resalta la Sala).
22 Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González
Cuervo
23 Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés
Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge
Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.:
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.:
Mauricio González Cuervo,
24 Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la
sentencia C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz
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Estos argumentos han sido reiterados por esta Sección al resolver solicitudes de
inaplicación de sanciones impuestas por desacato a órdenes de tutela. Así, por
ejemplo, en auto de 18 de agosto de 2022, dictado en el proceso identificado con
el radicado número 11001-03-15-000-2021-00414-0125, la Sección Quinta del
Consejo de Estado reiteró lo dispuesto en la sentencia de 25 de febrero de 2021,
proferida en el marco de la acción de tutela número 11001-03-15-000-2021-00212-
00, y consideró lo siguiente:
“Del citado texto, se colige que la autoridad judicial accionada no aplicó el criterio
fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-034 de 2018, incluso
tampoco la postura de esta Corporación transcrita anteriormente, al momento de
resolver las solicitudes de inaplicación de las sanciones del 18 de junio, 6 de
septiembre y 18 de noviembre de 2019 impuestas a la señora Adriana María
Velásquez Arango, en condición de representante legal suplente, correspondientes
al arresto de tres (3) días y multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que en los informes allegados por Savia Salud
EPS se pusieron de presentes las actuaciones que desplegó esa entidad en aras
de garantizar la prestación de los servicios de salud que requiere el joven Betancur
Cardona, así fuera de manera tardía y, con base en ello, reconsiderar si se
justificaba mantener tales medidas coercitivas.
De ahí, la importancia de que el juzgado cuestionado se detenga a revisar los
hechos expuestos en los memoriales que se presentaron luego del auto de 20 de
enero de 2020, pues puede evidenciar circunstancias nuevas que le permitan
analizar el caso desde una óptica diferente y que evidencien un cumplimiento
parcial de la orden de tutela”. (Negrillas del texto original)
En aplicación de las anteriores consideraciones, la Sala estima que el Juzgado
Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja vulneró el derecho al
debido proceso del señor Jaime Abril Morales, al no aplicar el criterio fijado por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-034 de 2018, cuando resolvió las
solicitudes de inaplicación de la multa que le fue impuesta mediantes los autos de
12 y 20 de abril de 2021, según el cual la finalidad que se persigue con la figura
del incidente de desacato no es sancionar a la autoridad respectiva, sino el
cumplimiento de lo dispuesto por el juez de tutela para alcanzar el fin que justificó
la solicitud de amparo de asegurar el goce efectivo de los derechos de los actores.
Ahora bien, en cuanto a la consideración realizada por el juzgado accionado
relacionada con que ya se remitió a la División de Fondos Especiales y Cobro
Coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja la primera
copia que presta mérito ejecutivo de las providencias que sancionaron con multa
al actor, la Sala evidencia que en el ordinal quinto26 de la sentencia SU-034 de
2018, la Corte Constitucional ordenó al Juzgado Civil del Circuito de Los Patios
que oficiara a todas las autoridades a las que se encargó ejecutar las sanciones
por desacato de la señora Paula Gaviria Betancur y que les comunicara acerca de
25 M.P. Rocío Araújo Oñate.
26 “Sexto.- ORDENAR al Juzgado Civil del Circuito de Los Patios que, en el término de cinco (5)
días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, oficie a todas las autoridades a las que
encargó de ejecutar las sanciones por desacato referidas en el ordinal quinto de esta decisión,
comunicándoles acerca de la decisión adoptada por esta Corporación”.
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la decisión que tomó la Corte en el ordinal cuarto27 de esa providencia de levantar
tales sanciones.
En el caso de autos, la parte actora allegó copia del Oficio DESAJTUGCC22-75 de
2 de marzo de 2022, del Despacho No. 2 de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, expedido dentro del proceso No. 15001-12-90-000-2022-
00013-00, a través del cual se hace el cobro persuasivo del dinero por la multa
que le impuso el Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.
Por lo tanto, esta Sala de Decisión considera que lo procedente en este caso era
que el Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja consultara
el estado del proceso en la oficina de División de Fondos Especiales y Cobro
Coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja y
determinara si la multa ya había sido pagada, para posteriormente resolver la
solicitud de inaplicación de la multa, comoquiera que la jurisprudencia permite que
el juez constitucional deje sin efectos una sanción luego de ser consultada y
confirmada, sin perjuicio de que aquella ya se hubiere ejecutado28.
Por lo tanto, esta Sala revocará la sentencia de 16 de junio de 2022 y, en su lugar,
se amparará el derecho fundamental al debido proceso del actor, en calidad de
vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG).
En consecuencia, se dejarán sin efectos los autos de 30 de marzo y 19 de abril de
2022 y se ordenará al Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja proferir una nueva decisión mediante la cual resuelva la solicitud presentada
por el actor el 7 de mayo de 2022, en atención al precedente contenido en la
sentencia SU-034 de 2018 y a las consideraciones expuestas en precedencia.
3. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
27 “Quinto.- LEVANTAR las sanciones por desacato impuestas a las ciudadanas Paula Gaviria
Betancur, María Eugenia Morales Castro y Carolina Albornoz Herrán por el Juzgado Civil del
Circuito de Los Patios mediante autos del 3 de agosto y 25 de noviembre de 2015, las cuales
fueron confirmadas en sede jurisdiccional de consulta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cúcuta –Sala Civil-Familia– mediante autos del 12 de agosto y 9 de diciembre de 2015, dentro
de los incidentes de desacato promovidos por Víctor Manuel Contreras Ovalle (expediente 2014-
261) y María Hermelina Vargas Balaguera (expediente 2014-282), respectivamente”.
28 Ver por ejemplo Auto 181 del 13 de mayo de 2015 del Corte Constitucional que señaló: “(…) (v)
en el supuesto en que el juez haya adelantado todo el procedimiento incidental y decidido
sancionar por desacato al responsable, éste podrá evitar que se materialice la multa o el arresto
cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos fundamentales del actor. De este modo, si
se verifica el cumplimiento del fallo luego de consultada y confirmada la sanción, el juez de primera
o única instancia deberá declarar inmediatamente el cumplimiento de la sentencia y revocar o dejar
sin efecto la sanción impuesta y las actuaciones que dependan de ella, de conformidad con la
jurisprudencia de esta Corte y la competencia asignada por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991
que dispone que este “mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el
derecho o eliminadas las causas de la amenaza”. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que ya
se hubieren ejecutado”.
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FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de junio de 2022, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado para, en su lugar,
CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso del señor
Jaime Abril Morales.
SEGUNDO: DEJAR sin efectos los autos de 30 de marzo y 19 de abril de 2022,
proferidos por el Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial de Tunja,
en el marco del incidente de desacato identificado con el radicado 15001-33-33-
012-2020-00173-00/01.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito Judicial
de Tunja que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una nueva decisión mediante la cual resuelva la solicitud
presentada por el actor el 7 de mayo de 2022, en atención al precedente
contenido en la sentencia SU-034 de 2018 y a las consideraciones expuestas en
esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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