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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2023-00104-01

Fecha
19 de julio de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2023-00104-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de mayo de 2023, dictada por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Cauca que tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del Amarildo Correa Obando. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2023-00104-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

19 de julio de 2023

Demandante: Amarildo Correa Obando
Demandados: Juzgado Tercero (3°) Administrativo del
Circuito Judicial de Popayán
Radicado: 19001-23-33-000-2023-00104-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 19001-23-33-000-2023-00104-01
Demandante: AMARILDO CORREA OBANDO
Demandado: JUZGADO TERCERO (3°) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE POPAYÁN

Temas: Tutela contra incidente de desacato - solicitud de inaplicación
de la sanción – confirma amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionada contra la
sentencia de 19 de mayo de 2023, por medio de la cual la Sala Segunda de Decisión
del Tribunal Administrativo del Cauca tuteló los derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa del actor.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Amarildo Correa Obando, en calidad de secretario de educación y cultura del
departamento del Cauca, presentó acción de tutela1 contra el Juzgado Tercero (3°)
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
providencia de 2 de mayo de 2023, a través de la cual el Juzgado Tercero (3°)
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán resolvió negar la solicitud de
inaplicación de la sanción que le fue impuesta en el trámite del incidente de desacato
que inició la señora Normandía Estupiñán Quezada, por el incumplimiento de las
órdenes de tutela impartidas en la acción de tutela 19001-33-33-003-2022-00032-00.

1 Con escrito presentado el 8 de mayo de 2023, a través del buzón electrónico
ofjudpop@cendoj.ramajudicial.gov.co.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Amarildo Correa Obando
Demandados: Juzgado Tercero (3°) Administrativo del
Circuito Judicial de Popayán
Radicado: 19001-23-33-000-2023-00104-01

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

PRIMERO: Proteger el derecho fundamental al debido proceso y derecho al defensa
trasgredido por la configuración de una vía de hecho o defecto sustancial con la decisión
contenida en el auto 257 del dos (2) de mayo de dos mil veintitrés

SEGUNDO: Se conceda la acción de tutela y se orden al JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN a estudiar la solicitud de inaplicación
de la sanción acorde a la línea jurisprudencial de la Honorable Corte Constitucional
respecto a la finalidad del incidente de desacato y de acuerdo con el marco normativo y
las competencias que tiene cada entidad en el trámite de las prestaciones de los
docentes y a la luz de lo ordenado en fallo de tutela No. 154 del 18 de octubre de 2022
y en ese sentido no se de aplicación a la sanción por desacato impuesta mediante Auto
No. 166 de 17 de marzo de 2023 y confirmada por el Tribunal Administrativo del Cauca,
a través de Auto No. 101 de 29 de marzo de 2023.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:

La señora Normandía Estupiñán Quezada presentó una acción de tutela contra el
departamento del Cauca, la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca y la
Fiduprevisora S.A., con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales,
para que se ordenara el pago del retroactivo pensional y su inclusión en la nómina de
pensionados.

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito
Judicial de Popayán que, mediante sentencia de 10 de marzo de 2022, amparó los
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de la
señora Normandía Estupiñán Quezada y le ordenó al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag) a la Fiduprevisora S.A. y al departamento del Cauca
– Secretaria de Educación que incluyeran a la actora en la nómina de pensionados.

Contra esta decisión se interpuso la respectiva impugnación que fue resuelta por el
Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia del 21 de abril de 2022, en la
que se dispuso confirmar la decisión de primer grado y, además se agregó lo siguiente:

SEGUNDO: Señalar que en el término máximo de dos (2) días contadas (sic) a partir de
la notificación de esta providencia, el apoderado de la señora Normandía Estupiñán
Quezada, aportará la copia de la sentencia que fue echada de menos en el trámite
administrativo, ante la Secretaría de Educación y Cultura del departamento del Cauca.
Esto deberá ser acreditado en debida forma ante el Juzgado de Conocimiento.

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Luego, la señora Estupiñán Quezada interpuso un incidente de desacato por el
presunto incumplimiento de las órdenes impartidas en la acción de tutela. Allí, la
Secretaría de Educación y Cultura del Cauca presentó un informe en el que indicó que
la entidad no contaba con los documentos necesarios para el estudio de la liquidación,
por lo que requirió a la tutelante para que subsanara el requerimiento.

No obstante, mediante auto de 17 de marzo de 2023, el Juzgado Tercero (3°)
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán declaró que el secretario de educación
y cultura del departamento del Cauca, Amarildo Correa Obando, el gobernador del
Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, el director de Prestaciones Económicas (e) de la
Fiduprevisora S.A., Carlos Gildardo Cortés Acuña y el vicepresidente del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), Edwin Alfredo González
Rangel, incurrieron en desacato por el incumpliendo de lo dispuesto en la sentencia
de 10 de marzo de 2021 y les impuso una sanción de multa de 5 smlmv.

Esta providencia fue conocida en grado jurisdiccional de consulta por el Tribunal
Administrativo del Cauca que, en auto de 29 de marzo de 2023, decidió confirmar la
decisión de primera instancia, pero modificó los ordinales primero y segundo, en el
sentido de declarar que únicamente el secretario de educación y cultura del
departamento del Cauca, Amarildo Correa Obando y el director de Prestaciones
Económicas de la Fiduprevisora S.A., Carlos Gildardo Cortés Acuña, incurrieron en el
desacato de las órdenes impartidas el 10 de marzo de 2022 y mantuvo la sanción.

En cumplimiento de la sentencia, mediante Resolución 0289-04-2023, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) reconoció y ordenó el pago
de la pensión de jubilación a la señora Normandía Estupiñán Quezada, acto
administrativo que fue notificado a la interesada, así como a la Fiduprevisora S.A. para
que la incluyera en nómina de pensionados y se realizara el respectivo pago.

El 24 de abril de 2023, el actor de esta acción constitucional y el director de
Prestaciones Económicas de la Fiduprevisora S.A. solicitaron la inaplicación de la
sanción que les fue impuesta por las autoridades accionadas, en atención a que las
órdenes constitucionales ya habían sido atendidas.

Sin embargo, con auto de 2 de mayo de 2023, el Juzgado Tercero (3°) Administrativo
del Circuito Judicial de Popayán resolvió negar la referida solicitud, al señalar lo
siguiente:

Pues bien, para esta Judicatura tales argumentos no tienen vocación de prosperidad,
en la medida que, si bien es cierto que ambos funcionarios han adelantado las acciones
pertinentes con el fin de materializar el fallo de tutela que protegió los derechos
fundamentales de la actora, a saber, la expedición del acto administrativo por medio del
cual se hace efectivo el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de la
incidentante, y la consecuente inclusión en nómina de pensionados, también lo es que
tales acciones solo se concretaron con ocasión del trámite incidental iniciado por la
señora Estupiñán Quezada, es decir, al ser requeridos por una autoridad judicial.

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De igual modo, no debe perderse de vista que las diligencias hechas por el extremo
pasivo de la litis, se concretaron por fuera del término otorgado por el Juez
Constitucional para cumplir la orden de tutela emanada en marzo de 2022, incluso, fue
necesario que la señora Normandía acudiera al trámite del incidente de desacato en
varias oportunidades, con el fin de poder materializar la protección a sus derechos
fundamentales. A saber: […]

Luego entonces, mal haría esta Judicatura en inaplicar la sanción que le fue impuesta
al secretario de educación del departamento del Cauca y al director de prestaciones
económicas de la Fiduprevisora, en razón de que es evidente que el cumplimiento a la
orden de tutela fue tardío, pues la misma fue proferida en marzo de 2022, lo que implica
una clara transgresión a los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital
y vida digna de la actora.

En ese orden, “no puede aceptarse que la autoridad, cuyo primer deber funcional es
«servir a la comunidad» se «tome su tiempo» para acatar los fallos judiciales y por esta
vía soslayar así instituciones procesales tan sensibles y de orden público como la
seguridad jurídica, la cosa juzgada y el debido proceso. Aceptarlo sería, ni más ni
menos, permitir que la acción de tutela, uno de los mayores logros civiles y políticos de
la Carta Política de 1991, se convierta en un trámite inoficioso y vacío, cuyas órdenes,
así comporten la salvaguarda de derechos fundamentales, puedan ser satisfechas al
arbitrio y disposición de quien no solo debe obedecerlas, sino garantizarlas”.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora indicó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales, al proferir la decisión de 2 de mayo de 2023, pues incurrió en el defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional.

Al respecto, precisó que la autoridad judicial se apartó de la línea jurisprudencial del
alto tribunal constitucional que ha señalado que la finalidad del desacato no es la
imposición de una sanción, sino lograr el cumplimiento de la respectiva sentencia y
que avala que se inaplique una sanción por desacato cuando se demuestre el
cumplimiento de la orden judicial sin importar la instancia en la que se encuentre.

Igualmente, agregó que:

Otro presupuesto que no tuvo en cuenta el Despacho al momento de resolver aplicar la
sanción es que: “‘todo desacato implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento
conlleva a un desacato’ ya que puede ocurrir que el juez de tutela constate, de forma
objetiva, la falta de acatamiento de la sentencia de tutela pero ello no se deba a la
negligencia del obligado -responsabilidad subjetiva-. En este caso, no habría lugar a la
imposición de las sanciones previstas para el desacato sino a la adopción de ‘todas las
medidas necesarias para el cabal cumplimiento’ del fallo de tutela mediante un trámite
de cumplimiento.”

Explicó que, en el auto de 2 de mayo de 2023, el Juzgado Tercero (3°) Administrativo
del Circuito Judicial de Popayán acertó al decir que el departamento del Cauca había
dado cumplimiento a la orden de tutela, pero incurrió en una vía de hecho porque negó
la solicitud de inaplicación de la sanción que le fue impuesta.

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Resaltó que la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca no está dotada con la
capacidad legal para llevar a cabo la inclusión en nómina de la actora ni para hacer el
pago de su pensión, dado que ello corresponde a la Fiduprevisora S.A., quien
administra los recursos.

Precisó que su función como entidad territorial termina con la emisión y debida
notificación del acto administrativo que reconoce y ordena el pago de la pensión, lo
cual fue acreditado en el presente caso ante el Juzgado Tercero (3°) Administrativo
del Circuito Judicial de Popayán para solicitar la inaplicación de la multa. No obstante,
el citado despacho negó la petición, se apartó del precedente judicial y no sustentó en
debida forma tal decisión.

Respecto a la procedencia de la acción de tutela contra la providencia que resuelve un
incidente de desacato, consideró que se cumplen con los requisitos para su
interposición, comoquiera que no se cuenta con otro medio de defensa o impugnación
para debatir las decisiones por las que fue sancionado y la que negó el levantamiento
de la multa, pues el grado jurisdiccional de consulta ya se surtió.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 9 de mayo de 2023, el magistrado ponente de la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Cauca admitió la acción de tutela y dispuso
tener como autoridad judicial accionada al Juzgado Tercero (3°) Administrativo del
Circuito Judicial de Popayán. Además, vinculó al trámite al señor Carlos Gildardo
Cortés Acuña, en su condición de director de Prestaciones Económicas (E) de la
Fiduprevisora S.A. y negó la medida provisional solicitada.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibió el siguiente
informe:

1.6.1. Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Popayán

El titular del despacho solicitó que se desestimen las pretensiones contra el juzgado
que preside, porque no se ha incurrido en alguna violación de los derechos
fundamentales del accionante.

Sobre los hechos de la acción de tutela, destacó que el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio tiene un funcionamiento descentralizado, por lo
que las Secretarías de Educación de las entidades territoriales funcionan como sus
agentes y no como intermediarios. Por lo tanto, la actuación de la Secretaría de
Educación del departamento del Cauca se entiende como efectuada por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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Ahora bien, en cuanto a la presunta vía de hecho que invoca el actor, precisó lo
siguiente:

Lo sostenido por el accionante corresponde efectivamente a criterios jurisprudenciales
sobre la finalidad del desacato encaminado a lograr el cumplimiento de los fallos de
tutela. Nótese, empero, que allí relata incidencias que corroboran que los trámites para
el cumplimiento de la orden judicial se adelantaron con ocasión y en razón del desacato;
y se anteponen situaciones administrativas que no deben ser soportadas por la persona
que tiene a su favor un fallo de tutela que le protege sus derechos fundamentales; por
lo cual, lo dicho como sustento de la vía de hecho, únicamente confirma que se incurrió
en una demora injustificada para emitir el acto administrativo de ejecución del fallo.

De aquí se sigue que el cumplimiento de la orden se logró luego de impuesta la sanción
por desacato que fue debidamente confirmada por el Tribunal Administrativo del Cauca;
de manera que se cumplió la finalidad del desacato. Distinto es cuando el cumplimiento
del fallo de tutela se materializa en el trámite del incidente de desacato, donde se
considera que no hay lugar a imponer la sanción. Pero en este caso en particular, dicho
cumplimiento solo se logró con la imposición de la sanción y su confirmación por el
superior jerárquico.

En este supuesto es justificado mantener la sanción por desacato como bien se
argumentó en el auto que así lo dispuso por este Juzgado, con sustento en la
jurisprudencia allí mencionada.

1.7. Sentencia de primera instancia2

Con fallo de 19 de mayo de 2023, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Cauca tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y a la
defensa del actor y, en consecuencia, ordenó lo siguiente:

PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y defensa del
señor AMARILDO CORREA OBANDO, identificado con la C.C. 76.263.484, conforme a
lo expuesto.

SEGUNDO.- DEJAR sin efectos el auto No. 257 del 2 de mayo del 2023, proferido por
el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN (CAUCA),
conforme a lo expuesto.

TERCERO.- ORDENAR al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE POPAYÁN (CAUCA) que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la comunicación de esta decisión, profiera una nueva providencia en la que se
resuelva sobre la inaplicación de la sanción impuesta a los señores AMARILDO
CORREA OBANDO y CARLOS GILDARDO CORTEZ (sic) ACUÑA, teniendo en cuenta
lo analizado en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO.- EXTENDER los efectos de esta sentencia al señor CARLOS GILDARDO
CORTEZ (sic) ACUÑA.

2 Notificada vía electrónica el 24 de mayo de 2023.

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En primer lugar, citó la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial dictada en el trámite de
un incidente de desacato, particularmente la sentencia SU-034 del 2018, para
establecer que se cumplió con el primer requisito determinado por la corte, dado que
contra el auto de 2 de mayo del 2023 no procede recurso ordinario o extraordinario y
el trámite incidental ya finalizó pues incluso se surtió el grado jurisdiccional de consulta.

Luego de hallar probados los demás requisitos generales de procedibilidad y de no
encontrar configurados los defectos orgánico, procedimental absoluto y fáctico, pasó
a estudiar el defecto sustantivo invocado por el actor.

Al respecto, consideró que la autoridad accionada sí incurrió en este, al desconocer la
posición unificada de la Corte Constitucional, pues pese a que en el proceso el juzgado
ratificó el cumplimiento de la orden contenida en la sentencia de 10 de marzo del 2021,
desconoció la naturaleza y finalidad de la medida sancionatoria del artículo 52 del
Decreto 2591 de 1991 y la transformó en una medida punitiva.

Finalmente, sobre los derechos de la señora Normandía Estupiñan Quezada señaló:

[…] sin desconocerse la mora en el cumplimiento de la orden de tutela, también debe
advertirse que las órdenes estaban orientadas para cumplirse conjuntamente por parte
del DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL y la FIDUPREVISORA S.A., fiduciaria que administra al FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO; con todo, como se ha
indicado, lo resuelto ya se cumplió, con soporte en los memoriales allegados al proceso
con radicación No. 1900133330003202200032005, lo que se traduce en la
reivindicación de los derechos fundamentales de la señora NORMANDÍA ESTUPIÑAN
QUEZADA.

1.8. Impugnación

Con escrito radicado oportunamente el 29 de mayo de 2023, el juez Tercero (3°)
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán solicitó que se revoque el fallo de tutela
de primera instancia y que, en su lugar, se nieguen las pretensiones del actor.

Explicó que de conformidad con la Sentencia SU-573 de 14 de septiembre de 2017,
no le asiste razón al a quo al mencionar que con el auto de 2 de mayo de 2023 se
incurrió en un defecto sustantivo, pues lo que se pretendió con la providencia fue
garantizar la vigencia y materialización de la Constitución y la ley y que la autoridad no
soslayara la acción de tutela y burlara caprichosamente la orden emanada por el juez
constitucional, al cumplirla de forma tardía.

Reiteró que lo que pretendía era salvaguardar las garantías de la señora Normandía
Estupiñán Quezada, a quien «en el año 2018 le fue reconocida una pensión de
jubilación por parte del Tribunal Administrativo del Cauca, decisión que fue confirmada
en el año 2020 por parte del Consejo de Estado», pero que al no haberse hecho la
inclusión en nómina de pensionados, en 2022 presentó la acción de tutela contra las
entidades que conforman el extremo activo de la litis.
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Informó que ante el actuar negligente frente a la orden judicial, la señora Estupiñán
Quezada presentó 4 incidentes de desacato, en abril, julio y noviembre de 2022, y en
febrero de 2023. Es decir que, ella tuvo que esperar 3 años desde el reconocimiento
pensional y 1 año desde la orden de tutela, para poder ver materializados sus
derechos, lo cual es inconstitucional porque se trata de un sujeto de especial
protección, al ser una mujer de 73 años de edad

Alegó que no le asiste razón al tribunal cuando indicó que se transformó la sanción por
desacato en una medida punitiva y que se desconoció su naturaleza y finalidad, pues
el auto tuvo sustento en la sentencia de 7 de marzo de 2023, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del expediente 2022-05986,
demandante Germán López Guerrero contra los magistrados del Tribunal
Administrativo del Cauca. Al respectó, explicó:

En dicha providencia se avaló el hecho de que los magistrados del Tribunal
Administrativo del Cauca se apartaran de la regla jurisprudencial fijada por la Corte
Constitucional (según la cual, una vez se acredite el cumplimiento a la orden de tutela,
se debe inaplicar una sanción por desacato), al considerar que los argumentos de la
decisión fueron razonables, en la medida que con ello se pretendía evitar que las
órdenes judiciales se cumplieran tardíamente, en desmedro de las garantías
fundamentales de quien acude a la acción de tutela.

1.9. Trámite en segunda instancia

Mediante auto de 23 de junio de 2023, el magistrado sustanciador de esta providencia
ordenó a la Secretaría General de la corporación que pusiera en conocimiento de los
señores Normandía Estupiñán Quezada, Elías Larrahondo Carabalí, en su calidad de
gobernador del departamento del Cauca, y Edwin Alfredo González Rangel, quien
funge como vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Fomag)3, la nulidad saneable que se presentaba en el proceso de la
referencia, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación: (a) la
alegaran si a bien lo tenían; (b) se pronunciaran sobre la solicitud de amparo sin
invocar la nulidad; o, (c) guardaran silencio. Sin embargo, guardaron silencio, por lo
cual se entiende saneada la nulidad.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo
de tutela de 19 de mayo de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca,
de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3 del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo
80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

3 El Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Popayán informó que «la dirección de
notificación personal de la señora Normandía Estupiñán Quezada, es
oficinakonradsotelo@hotmail.com», dirección a la que fue notificada en la presente acción.
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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 19 de mayo de 2023 proferida por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Cauca, a través de la cual se tutelaron los derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa del actor.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato; (iii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de
tutela de la referencia y de encontrarse superados; (iv) el estudio del caso concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20124 unificó
la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Amarildo Correa Obando
Demandados: Juzgado Tercero (3°) Administrativo del
Circuito Judicial de Popayán
Radicado: 19001-23-33-000-2023-00104-01

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato8

Esta Sala ha considerado que la naturaleza jurídica del incidente de desacato
corresponde a la de un trámite sancionatorio, por lo que contra las decisiones que se
adopten en el mismo procede excepcionalmente la acción de tutela, cuando se
pretenda obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado
en el trámite del incidente de desacato.

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de la siguiente
manera:

[…] Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el
curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte ha
establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre
verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que, por
medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que
pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo
procedente de forma excepcional la acción de tutela debe tenerse presente que durante
el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi,
ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como
fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de
tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la
conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna
del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo
tránsito a cosa juzgada […]9.

De manera que, el desacato es incidental por ser un instrumento sancionatorio de
creación legal, cuyo procedimiento se surte previa petición de la parte interesada y
requiere un análisis de la responsabilidad subjetiva.

Es así como mientras el cumplimiento implica un análisis objetivo, el incidente de
desacato va más allá y estudia la responsabilidad subjetiva del funcionario encargado
de cumplir el fallo, esto es, las razones que lo llevan a omitir el deber de atender la
orden judicial.

En todo caso, el incumplimiento de una providencia judicial proferida dentro de un
trámite incidental por no acatar una orden judicial es una violación sistemática de la
Constitución Política, por cuanto frustra la consecución de los fines esenciales del
Estado, por lo que es evidente que la obligación primordial del juez constitucional es
hacer cumplir íntegramente la orden judicial de protección.

8 Ver postura de la Sala en la providencia de 24 de septiembre de 2020, expediente No. 11001-03- 15-

000-2020-03234-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
9 Corte Constitucional, sentencia T - 482 de 2013.

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Al respecto, la Corte Constitucional señaló que «[…] [e]s el desacato un ejercicio del
poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una
responsabilidad subjetiva […]»10 en tal sentido, se prohíbe la responsabilidad objetiva,
en tanto que para sancionar por el incumplimiento de una orden judicial es necesario
que esta sea el resultado de una acción u omisión ejecutada dolosa o culposamente
del agente.

La mencionada corporación ha considerado, en eventos relacionados, lo siguiente:

[…] las razones que el peticionario exponga en su escrito de tutela deben ser coherentes
con los argumentos esgrimidos durante el incidente y que las pruebas que pretenda
hacer valer hayan sido solicitadas, conocidas o analizadas en la etapa incidental porque
de lo contrario la tutela no sería procedente en tanto que ésta no puede ser utilizada
como un remedio procesal ante la desidia o negligencia del interesado […]11.

El parámetro que se debe tener en cuenta para sancionar, lo establece la orden
impartida, esto es, debe existir certeza acerca de la conducta esperada y la forma
específica en que esta debe materializarse y esa orden es la que el juez debe verificar
de manera rigurosa.

Por tanto, durante el trámite incidental de desacato debe garantizarse al funcionario el
derecho al debido proceso en todas las actuaciones, por lo que de advertirse una
conducta positiva por parte del mismo, de la cual pueda inferirse que ha obrado de
buena fe y no con el ánimo de evadir los mandatos de la orden judicial, no hay lugar a
la imposición de sanciones12.

Así las cosas, ante estos eventos el juez constitucional que conoce de una tutela contra
providencias dictadas en el trámite del incidente de desacato se encuentra limitado a
establecer:

i) Si el juez del desacato actuó de conformidad con la orden de amparo proferida,

ii) si se respetó el debido proceso de las partes y,

iii) si la sanción impuesta, de ser el caso, resulta arbitraria, sin que con ello se
pueda reabrir el debate de fondo ni cambiar la protección concedida o el alcance y
contenido de aquella.

10 Sentencia T-763 de 1998.
11 Sentencia T-343 de 5 de mayo de 2011.
12 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-939 de 2005 ha considerado: «…Conforme a la

naturaleza sancionatoria del desacato, cualquier medida proveniente de éste debe estar soportada por
la garantía del debido proceso respecto de cada uno de los disciplinados y precedida por la
comprobación probatoria de cada uno de sus elementos, es decir, el incumplimiento de la orden y la
responsabilidad subjetiva de cada uno de sus destinatarios. De no reunirse cualquiera de los
presupuestos mencionados, conforme al reglamento que rige la acción de tutela y la jurisprudencia de
esta Corporación, no será posible impartir sanción alguna, pero si ello llegare a ocurrir, procederá el
examen de las decisiones a partir de los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales».
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2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a
la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las
pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora
solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa,
ante la posible configuración del defecto de sustantivo por desconocimiento del
precedente jurisprudencial dictado por la Corte Constitucional.

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos
fundamentales alegados por la parte actora, en tanto que se interpreta que la autoridad
judicial incurrió en el defecto sustantivo, por lo que se evidencia que trasciende un
estudio de lo meramente legal.

De igual manera, se destaca que el escrito de tutela cumple con las reglas establecidas
por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.

En el referido fallo la alta corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta
circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial».

Igualmente, en el citado fallo unificatorio se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional.

En esta oportunidad, como quedó establecido se involucra un debate jurídico que gira
en torno al contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales al debido proceso
y a la defensa del actor y no se refiere a un asunto meramente legal y/o económico;
pues aun cuando se trata de una providencia en la que se negó el levantamiento de
una multa impuesta en un incidente de desacato, lo cierto es que se está invocando el
desconocimiento de unas reglas jurisprudenciales que al parecer permiten al
sancionado pedir la revocatoria de los efectos, incluso concluido el grado jurisdiccional
de consulta.

2.5.2. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia no
se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia
judicial que censura la parte accionante fue dictada en el marco del incidente de
desacato identificado con el número de radicado 19001-33-33-003-2022-00032-00,
que se promovió con el propósito que el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del
Circuito Judicial de Popayán exigiera el cumplimiento de lo ordenado por él en la

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sentencia de 10 de marzo de 2022, confirmada por el Tribunal Administrativo del Cauca
mediante sentencia del 21 de abril de 2022.

2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia que
cuestiona el accionante fue dictada el 2 de mayo de 2023, por el Juzgado Tercero (3°)
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, mientras que la solicitud de amparo se
presentó el 8 de mayo de 2023, de manera que, sin necesidad de establecer la fecha
de ejecutoria, se observa que su interposición se hizo en un término que a juicio de la
Sala es razonable, por cuanto fue antes de transcurridos seis (6) meses de la
providencia de segunda instancia.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201413, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200514 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.

2.5.4. En lo que se refiere al agotamiento de los mecanismos judiciales, esta
colegiatura encuentra que, en el caso concreto, la providencia controvertida
corresponde al auto de 2 de mayo de 2023, dictado en el marco del incidente de
desacato identificado con el radicado 19001-33-33-003-2022-00032-00, razón por la
cual contra las providencias controvertidas no procede recurso alguno conforme con
lo dispuesto en Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 2067 del mismo año y tampoco los
recursos ordinarios ni extraordinarios15.

Al respecto, cabe precisar que únicamente se consagró como recurso admisible en el
trámite de la acción constitucional, la impugnación del fallo de primera instancia, la cual
está regulada en el artículo 31 del mencionado Decreto 2591 de 1991, así como el
grado jurisdiccional de consulta, para los autos dictados en un incidente de desacato
mediante los cuales se imponga una sanción, consagrado en el artículo 52 ejusdem.
Por otra parte, se estableció un sistema de revisión de los fallos de tutela, el cual es
realizado por la Corte Constitucional, de conformidad con el artículo 33 del referido
decreto16.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.

Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
14 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.”
15 Corte Constitucional, sentencia T-553 de 18 de julio de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
16 Ver postura de la Sala en la providencia de 22 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15- 000-

2020-03180-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
13

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Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de
resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, y la protección
de derechos de terceros.

2.6. Generalidades de los defectos alegados

2.6.1. Frente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional17 ha explicado
que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable
al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”18.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente19 o porque ha sido derogada20, es inexistente21,
inexequible22 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
legislador23.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma24.

c) La disposición aplicada es regresiva25 o contraria a la Constitución26.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición27.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma28 .

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

17 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
18 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
24 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101

del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.

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Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.

2.6.2. En relación con el defecto de desconocimiento del precedente, resulta
importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de precedente, el cual se
sinteriza en los siguientes términos:

[…] es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que debe
pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en sus
presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye
la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentid.29

Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos30 explicó que el concepto
de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la
decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al
número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique
una regla o subregla de derecho.

Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho creadas
por las altas cortes cuando actúan como órganos de cierre, encuentra su fundamento
en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma superior y a la garantía
de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del
ordenamiento jurídico.

2.7. Caso concreto

2.7.1. Como se ha mencionado, el señor Amarildo Correa Obando, en calidad de
secretario de educación y cultura del departamento del Cauca, consideró vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa por el Juzgado Tercero
(3°) Administrativo del Circuito Judicial de Popayán que, mediante auto de 2 de mayo
de 2023, resolvió negar la solicitud de inaplicación de la sanción que le fue impuesta
en el marco del incidente de desacato que se identificó con el radicado 19001-33-33-
003-2022-00032-00.

En sentencia de 19 de mayo de 2023, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Cauca tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y a la
defensa del actor y, en consecuencia, dejó sin efectos el auto de 2 de mayo del 2023
y le ordenó a la autoridad judicial accionada que profiriera una nueva providencia en
la que se resolviera sobre la inaplicación de la sanción impuesta a los señores Amarildo
Correa Obando y Carlos Gildardo Cortez Acuña.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de

febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
30 Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.

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Lo anterior, al considerar que el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito
Judicial de Popayán incurrió en un defecto sustantivo por desconocer la posición
unificada de la Corte Constitucional, así como la naturaleza y finalidad de la medida
sancionatoria de desacato del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y transformarla en
una medida punitiva, pues pese a que en el proceso el juzgado ratificó el cumplimiento
de la orden contenida en la sentencia de 10 de marzo del 2021, resolvió negar el
levantamiento de la multa que le fue impuesta.

Inconforme con esta decisión el juez Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial
de Popayán la impugnó y solicitó que se revoque para que, en su lugar, se nieguen las
pretensiones del actor, pues de conformidad con la sentencia SU-573 de 14 de
septiembre de 2017, no se incurrió en un defecto sustantivo.

Explicó que lo que se pretendió con la providencia de 2 de mayo de 2023, fue
garantizar la vigencia y materialización de la Constitución y la ley y que la autoridad no
soslayara la acción de tutela y burlara caprichosamente la orden emanada por el juez
constitucional, al cumplirla de forma tardía. Máxime cuando la señora Estupiñán
Quezada es un sujeto de especial protección, por ser una mujer de 73 años de edad,
quien tuvo que esperar más de 3 años para que se le materializara su derecho
pensional.

Finalmente, destacó que el auto reprochado estuvo sustento en la sentencia de 7 de
marzo de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
dentro del expediente 2022-05986, demandante Germán López Guerrero contra los
magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca.

2.7.2. Revisadas las pruebas allegadas al plenario, la Sala observa que, en sentencia
de 10 de marzo de 2021, el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial
de Popayán tuteló los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y
vida digna de la señora Normandía Estupiñán Quezada y, en consecuencia, dispuso:

SEGUNDO: ORDENAR al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO -FOMAG-, FIDUPREVISORA S.A. Y AL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
– SECRETARIA DE EDUCACIÓN, a través del Director/ Representante Legal o quien
haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de la presente providencia, si aún no lo ha hecho, procedan a incluir en nómina de
pensionados a la señora NORMANDIA ESTUPIÑAN QUEZADA, Identificada con cedula
de ciudadanía No. 25.591.955 de Balboa – Cauca, efectuando los tramites
correspondiente y a cargo de cada una de las entidades, en virtud de las solicitudes
efectuadas en fecha 13 de octubre de 2020 y 19 de mayo de 2021 Del cumplimiento
preciso y oportuno de lo aquí ordenado la entidad accionada dará inmediato aviso a esta
judicatura.

Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Cauca, que en
providencia de 21 de abril de 2022, agregó:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia N° 24 del 10 de marzo de 2021(sic) proferida por
el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán, por lo expuesto.

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SEGUNDO: Señalar que en el término máximo de dos (2) días contadas a partir de la
notificación de esta providencia, el apoderado de la señora Normadía Estupiñán
Quezada, aportará la copia de la sentencia que fue echada de menos en el trámite
administrativo, ante la Secretaría de Educación y Cultura del departamento del Cauca.
Esto deberá ser acreditado en debida forma ante el Juzgado de Conocimiento.

TERCERO: Advertir que la protección constitucional concedida es exclusivamente para
la inclusión en nómina de la accionante, cesando así la vulneración a su mínimo vital.
Lo referente al pago del retroactivo pensional y demás sumas que deban ser
reclamadas, en caso de no pago, se efectuará a través del mecanismo ordinario y no
por esta acción constitucional.

Luego, la demandante en dicho proceso inició el respectivo incidente de desacato, el
cual fue resuelto en providencia de 17 de marzo de 2023, por el Juzgado Tercero (3°)
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, quien dispuso:

PRIMERO.- DECLARAR que los señores AMARILDO CORREA OBANDO (secretario
de educación y cultura del departamento del Cauca); ELÍAS LARRAHONDO CARABALÍ
(gobernador del Cauca y superior jerárquico del anterior); CARLOS GILDARDO
CORTÉS ACUÑA (en calidad de Director de Prestaciones Económicas (e) de
FIDUPREVISORA S. A y EDWIN ALFREDO GONZÁLEZ RANGEL, superior jerárquico
de aquel, en su calidad de vicepresidente del FOMAG, incurrieron en desacato por
incumplimiento de la Sentencia de Tutela No. 24 del 10 de marzo de 2021, y confirmada
por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se dispuso el amparo los
derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida digna de la señora
NORMANDÍA ESTUPIÑÁN QUEZADA, según lo expuesto.

SEGUNDO.- IMPONER los señores AMARILDO CORREA OBANDO (secretario de
educación y cultura del departamento del Cauca); ELÍAS LARRAHONDO CARABALÍ
(gobernador del Cauca y superior jerárquico del anterior); CARLOS GILDARDO
CORTÉS ACUÑA (en calidad de Director de Prestaciones Económicas (e) de
FIDUPREVISORA S. A y EDWIN ALFREDO GONZÁLEZ RANGEL por ser el superior
jerárquico de aquel, en su calidad de vicepresidente del FOMAG, sanción de multa en
cuantía cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, respectivamente.

Esta decisión fue confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Cauca,
que en providencia de 29 de marzo de 2023, señaló:

PRIMERO.- MODIFICAR los ordinales PRIMERO Y SEGUNDO del Auto interlocutorio
N° 166 del 17 de marzo de 2023, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Popayán, los cuales quedaran así:

Primero.- Declarar que el secretario de Educación y Cultura del departamento del Caca
(sic), señor Amarildo Correa Obando y el director de Prestaciones Económicas de la
Fiduprevisora S.A., señor Carlos Gildardo Cortés Acuña, incurrió en desacato por
incumplimiento de la Sentencia de Tutela N°024 del 10 de marzo de 2022, mediante el
cual este Juzgado dispuso el amparo a los derechos fundamentales de la señora
Normandía Estupiñán Quezada.

Segundo.-Imponer a los señores Amarildo Correa Obando, Secretario de Educación y
al señor Carlos Gildardo Cortés Acuña, como director de prestaciones económicas de
la Fiduprevisora, sanción de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada
uno de ellos.”

SEGUNDO.- CONFIRMAR en lo demás la providencia consultada, por lo expuesto.
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Ahora bien, la providencia que se reprocha a través de esta acción constitucional fue
la dictada el 2 de mayo de 2023, por la autoridad judicial accionada, para lo cual resulta
procedente trascribir las consideraciones que se plasmaron en ese proveído para
negar la solicitud de inaplicación que realizaron el actor y el director de Prestaciones
Económicas de la Fiduprevisora S.A.:

Pues bien, para esta Judicatura tales argumentos no tienen vocación de prosperidad,
en la medida que, si bien es cierto que ambos funcionarios han adelantado las acciones
pertinentes con el fin de materializar el fallo de tutela que protegió los derechos
fundamentales de la actora, a saber, la expedición del acto administrativo por medio del
cual se hace efectivo el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de la
incidentante, y la consecuente inclusión en nómina de pensionados, también lo es que
tales acciones solo se concretaron con ocasión del trámite incidental iniciado por la
señora Estupiñán Quezada, es decir, al ser requeridos por una autoridad judicial.

De igual modo, no debe perderse de vista que las diligencias hechas por el extremo
pasivo de la litis, se concretaron por fuera del término otorgado por el Juez
Constitucional para cumplir la orden de tutela emanada en marzo de 2022, incluso, fue
necesario que la señora Normandía acudiera al trámite del incidente de desacato en
varias oportunidades, con el fin de poder materializar la protección a sus derechos
fundamentales. A saber: […]

Luego entonces, mal haría esta Judicatura en inaplicar la sanción que le fue impuesta
al secretario de educación del departamento del Cauca y al director de prestaciones
económicas de la Fiduprevisora, en razón de que es evidente que el cumplimiento a la
orden de tutela fue tardío, pues la misma fue proferida en marzo de 2022, lo que implica
una clara transgresión a los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital
y vida digna de la actora.

En ese orden, “no puede aceptarse que la autoridad, cuyo primer deber funcional es
«servir a la comunidad» se «tome su tiempo» para acatar los fallos judiciales y por esta
vía soslayar así instituciones procesales tan sensibles y de orden público como la
seguridad jurídica, la cosa juzgada y el debido proceso. Aceptarlo sería, ni más ni
menos, permitir que la acción de tutela, uno de los mayores logros civiles y políticos de
la Carta Política de 1991, se convierta en un trámite inoficioso y vacío, cuyas órdenes,
así comporten la salvaguarda de derechos fundamentales, puedan ser satisfechas al
arbitrio y disposición de quien no solo debe obedecerlas, sino garantizarlas”.

Para fundamentar su decisión, citó la sentencia de 7 de marzo de 2023, con ponencia
del magistrado del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Carmelo
Perdomo Cuéter, dentro del expediente: 11001-03-15-000-2022-05986-00.

Como se ha mencionado, el actor alegó que la autoridad judicial se apartó de la línea
jurisprudencia del alto tribunal constitucional que ha señalado que la finalidad del
desacato no es la imposición de una sanción, sino lograr el cumplimiento de la
respectiva sentencia y que avala que se inaplique una sanción por desacato cuando
se demuestre el cumplimiento de la orden judicial sin importar la instancia en la que se
encuentre.

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Demandante: Amarildo Correa Obando
Demandados: Juzgado Tercero (3°) Administrativo del
Circuito Judicial de Popayán
Radicado: 19001-23-33-000-2023-00104-01

Si bien, el tutelante no mencionó las providencias de unificación que alega como
desconocidas por la autoridad judicial accionada, lo cierto es que en su escrito de tutela
trascribió algunos de los apartes, que se citan a continuación:

[…] auténtico propósito del desacato, es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de
tutela pendiente de ser ejecutada; “de suerte que no se persigue reprender al renuente
por el peso de la sanción en sí misma, sino que ésta debe entenderse como una forma
para inducir que aquel encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una
medida de reconvención cuya (sic) objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la
acción impetrada y, con ella, la reivindicación de los derechos quebrantados”. En
consecuencia, cuando en el curso del incidente de desacato el accionado se persuade
a cumplir la orden de tutela, no hay lugar a la imposición y/o aplicación de la sanción:
[…]

Igualmente, agregó el siguiente extracto jurisprudencial:

[…]todo desacato implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un
desacato’ ya que puede ocurrir que el juez de tutela constate, de forma objetiva, la falta
de acatamiento de la sentencia de tutela pero ello no se deba a la negligencia del
obligado -responsabilidad subjetiva-. En este caso, no habría lugar a la imposición de
las sanciones previstas para el desacato sino a la adopción de ‘todas las medidas
necesarias para el cabal cumplimiento’ del fallo de tutela mediante un trámite de
cumplimiento.

Ahora bien, revisado el contenido de las citas trascritas, la Sala advierte que estas
fueron plasmadas en la sentencia SU-034 de 2018, por lo cual la Sala estudiara el
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencias que invoca el
actor, a la luz de esta providencia de unificación.

2.7.3. El alto tribunal constitucional en la sentencia SU-034 de 2018, revisó la acción
de tutela interpuesta por la señora Paula Gaviria Betancur, en calidad de directora
general de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, en contra del Juzgado Civil del Circuito de Los Patios (Norte de
Santander) y de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, al
considerar que sus garantías constitucionales fueron vulneradas con las decisiones de
negar el levantamiento de unas sanciones que se le impusieron durante el trámite de
unos incidentes de desacato.

En dicha oportunidad, la Corte Constitucional tuteló los derechos a la libertad y al
debido proceso de la actora, al considerar que las autoridades accionadas
desconocieron que el fin perseguido con el incidente de desacato es conminar al
obligado a que cumpla y no castigar con una sanción:

Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de vieja
data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es que, si bien una
de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición de sanciones
por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es lograr el

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Circuito Judicial de Popayán
Radicado: 19001-23-33-000-2023-00104-01

cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada31; de suerte que
no se persigue reprender al renuente por el peso de la sanción en sí misma32, sino que
ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su conducta
hacia el cumplimiento, a través de una medida de reconvención cuya objetivo no es otro
que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación de los
derechos quebrantados33.

Más adelante, determinó que el juez encargado de conocer el incidente de desacato
no puede negar la inaplicación de una sanción, bajo el argumento que las providencias
sancionatorias están en firme:

Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento de las sanciones con
argumentos como que las mismas se encontraban en firme y que el desacato es un
dispositivo para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina desarrollada de
forma pacífica por esta Corte en cuanto a que el propósito perseguido por la sanción es
conminar al obligado como medio para garantizar el goce efectivo del derecho tutelado
mediante sentencia, mas no sancionar por sancionar.
Bajo esa óptica, ante las solicitudes de inaplicación de las sanciones, el Juzgado Civil
del Circuito de Los Patios estaba llamado a incorporar en su razonamiento la
jurisprudencia consolidada por esta Corte y aplicar el mandato constitucional de
prevalencia de lo sustancial (que en este caso sería la constatación de las acciones
positivas orientadas al cumplimiento), para con base en ello reconsiderar si se justificaba
mantener las medidas coercitivas impuestas.

Estos argumentos han sido reiterados por esta Sección al resolver solicitudes de
inaplicación de sanciones impuestas por desacato a órdenes de tutela. Así, por
ejemplo, en auto de 18 de agosto de 2022, dictado en el proceso identificado con el
radicado número 11001-03-15-000-2021-00414-0134, la Sección Quinta del Consejo
de Estado reiteró lo dispuesto en la sentencia de 25 de febrero de 2021, proferida en
el marco de la acción de tutela número 11001-03-15-000-2021-00212- 00, y consideró
lo siguiente:

Del citado texto, se colige que la autoridad judicial accionada no aplicó el criterio fijado
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-034 de 2018, incluso tampoco la
postura de esta Corporación transcrita anteriormente, al momento de resolver las
solicitudes de inaplicación de las sanciones del 18 de junio, 6 de septiembre y 18 de
noviembre de 2019 impuestas a la señora Adriana María Velásquez Arango, en
condición de representante legal suplente, correspondientes al arresto de tres (3) días
y multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

31 Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González

Cuervo
32 Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés

Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio
González Cuervo,
33 Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia

C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz
34
M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Lo anterior, si se tiene en cuenta que en los informes allegados por Savia Salud EPS se
pusieron de presentes las actuaciones que desplegó esa entidad en aras de garantizar
la prestación de los servicios de salud que requiere el joven Betancur Cardona, así fuera
de manera tardía y, con base en ello, reconsiderar si se justificaba mantener tales
medidas coercitivas.

De ahí, la importancia de que el juzgado cuestionado se detenga a revisar los hechos
expuestos en los memoriales que se presentaron luego del auto de 20 de enero de 2020,
pues puede evidenciar circunstancias nuevas que le permitan analizar el caso desde
una óptica diferente y que evidencien un cumplimiento parcial de la orden de tutela.
(Negrillas del texto original)

En aplicación de las anteriores consideraciones, la Sala estima que el Juzgado Tercero
(3°) Administrativo del Circuito Judicial de Popayán vulneró el derecho al debido
proceso del señor Amarildo Correa Obando, al no aplicar el criterio fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-034 de 2018, cuando resolvió las solicitudes de
inaplicación de la multa que le fue impuesta mediante los autos de 17 y 23 de marzo
de 2023, según el cual la finalidad que se persigue con la figura del incidente de
desacato no es sancionar a la autoridad respectiva, sino el cumplimiento de lo
dispuesto por el juez de tutela para alcanzar el fin que justificó la solicitud de amparo
de asegurar el goce efectivo de los derechos de los actores.

Ahora, si bien el citado juzgado explicó que la decisión de 2 de mayo de 2023, la fundó
en la sentencia de 7 de marzo de 2023, del magistrado del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, Carmelo Perdomo Cuéter, dentro del expediente: 11001-03-
15-000-2022-05986-00, lo cierto es que este es un fallo de tutela que no tiene la
connotación de unificación, razón por la cual para esta Sala de Decisión la autoridad
judicial accionada debió resolver la solicitud de inaplicación de la sanción elevada por
el señor Amarildo Correa Obando, a la luz de lo dispuesto por la Corte Constitucional
en la SU-034 de 2018.35

Por lo tanto, esta Sala confirmará la sentencia de 19 de mayo de 2023, por medio de
la cual la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Cauca tuteló los
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del Amarildo Correa
Obando.

2. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

35 Se reitera posición de la Sala adoptada en sentencia de 22 de septiembre de 2022, dentro de la acción

de tutela 11001-03-15-000-2022-02574-01, M. P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Circuito Judicial de Popayán
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FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de mayo de 2023, dictada por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Cauca que tuteló los derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa del Amarildo Correa Obando.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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