Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03111-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03111-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03111-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
1 de agosto de 2024
Demandantes: Héctor Eduardo Tautiva Cinturia y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03111-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., primero (1) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03111-00
Demandantes: HÉCTOR EDUARDO TAUTIVA CINTURIA Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por
no acreditar el requisito de la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Héctor Eduardo Tautiva Cinturia, en representación de su hija
Andrea Tautiva Cinturia, y su grupo familiar2, actuando por conducto de
apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el Consejo de Estado –
Sección Cuarta y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera
• Subsección A. Con la solicitud de amparo pretende la protección a sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad
y «prevalencia del derecho sustancial».
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas, de conformidad las
pruebas obrantes en el expediente, con ocasión de la sentencia proferida el 11
de marzo de 20243 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Tercera - Subsección A en el proceso de reparación directa de radicado 11001-
33-064-2018-00365-00 y el auto dictado por la Sección Cuarta del Consejo de
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 Mónica María Pérez Giraldo, Juan Diego Tautiva Pérez, Julián Eduardo Tautiva Pérez, Mónica
Juliana Tautiva Pérez, David Eduardo Tautiva Castro, José Rafael Tautiva Cinturia, Lilia Aurora
Tautiva Cinturia, Ángel Roberto Tautiva Cinturia y Pedro Jorge Tautiva Cinturia.
3 Esta sentencia se dictó en reemplazo de la que inicialmente se profirió en el mencionado
proceso de reparación directa, con ocasión del fallo de tutela proferido el 12 de febrero de 2024
por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. Exp. 11001-03-15-000-2023-
06572-01.
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Demandantes: Héctor Eduardo Tautiva Cinturia y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03111-00
Estado el 26 de abril de 2024 dentro del trámite de incidente de desacato de la
acción de tutela de radicado 11001-03-15-000-2023-06572-02.
1.2. Pretensiones
3. De conformidad con el escrito de subsanación, se extrae que lo pretendido
por el grupo actor es que se dejen sin efecto las providencias judiciales
cuestionadas. Esto es, la sentencia de reemplazo del 11 de marzo de 2024
proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el auto del 26 de abril de 2024, dictado por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado4.
1.3 Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes, de conformidad con el
escrito de tutela, la subsanación y los informes de las autoridades accionadas,
de la siguiente manera:
5. El señor Héctor Tautiva Cinturia y su grupo familiar ejercieron el medio de
control de reparación directa por error judicial contra la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Lo anterior, con ocasión de una
decisión judicial expedida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, en la que se declaró la caducidad del medio de control promovido
por la presunta privación injusta de la libertad a la que se vio sometido el
mencionado ciudadano.
6. Mediante sentencia del 5 de mayo de 2022, el Juzgado 64 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda. Para
fundamentar su decisión, consideró que el cómputo del término de caducidad en
casos de privación injusta de la libertad se contabiliza desde el día siguiente a la
ejecutoria de la providencia absolutoria o que declaró la preclusión de la
investigación, como en efecto lo determinó el Consejo de Estado en la sentencia
en la que basa el supuesto error judicial.
7. La anterior decisión fue apelada por el grupo actor y la alzada fue resuelta
por la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 27 de julio de 2023, en el sentido de confirmar el fallo de primer
grado bajo los mismos argumentos.
8. La parte actora interpuso acción de tutela contra las sentencias proferidas
en el proceso de reparación directa por error jurisdiccional. Consideró que
4 Se aclara que el escrito de tutela inicialmente presentado coincidía con el que dio lugar a la
tutela de radicado 11001-03-15-000-2023-06572-00/01 tramitada por la Sección Cuarta y la
Sección Tercera – Subsección B del Consejo de Estado, respectivamente. Sin embargo, tras la
inadmisión del presente mecanismo constitucional, la parte actora precisó que las providencias
que objeta en esta oportunidad son las referidas en el párrafo 2, sin que especificara lo que
pretende.
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Demandados: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03111-00
incurrieron en un defecto sustantivo5 y desconocimiento del precedente6.Al
mecanismo constitucional se le asignó el radicado número 11001-03-15-000-
2023-06572-00 y le fue repartido a la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Esta
autoridad judicial, mediante sentencia del 13 de diciembre de 2023, declaró
improcedente la tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional.
9. La decisión de tutela de primer grado fue impugnada por los actores. En
consecuencia, la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación,
mediante sentencia proferida el 14 de febrero de 2024, amparó el derecho
fundamental al debido proceso y ordenó la expedición de una sentencia de
reemplazo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A7.
10. En cumplimiento del fallo de tutela, la Sección Tercera, Subsección A del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó la providencia de reemplazo el 11
de marzo de 2024.Sin embargo, la parte accionante solicitó que se abriera
incidente de desacato del fallo de tutela del 14 de febrero de 2024. Lo anterior
porque considera que la sentencia de reemplazo no fue acorde con lo ordenado
por el juez de tutela.
11. Mediante auto del 26 de abril de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado se abstuvo de abrir el incidente de desacato. Expuso que el Tribunal no
solo cumplió con la emisión de la providencia de remplazo, sino que hizo un
nuevo análisis de las normas y parámetros jurisprudenciales vigentes, pero
encontró que correspondía confirmar la decisión de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda, por no encontrar configurado el error
jurisdiccional.
1.4 Sustento de la vulneración
12. Tras la inadmisión de la tutela en la que se pidió claridad frente a las
providencias cuestionadas, la parte actora advirtió que se encuentra inconforme
con la sentencia del 11 de marzo de 2024 y el auto del 26 de abril de 2024. No
obstante, ni del escrito de tutela, ni de la subsanación se extraen reproches contra
dichas decisiones más allá del querer del actor que se dejen sin efectos.
5 Por presunto desconocimiento de los artículos 197 y 223 del Decreto 2700 de 1991, así como
los artículos 178, 180 y 187 de la Ley 600 del 2000.
6 De conformidad con las tesis de las sentencias T-075 de 2014, SU-659 de 2015 y T-026 de
2022 de la Corte Constitucional así como las siguientes sentencias de esta Corporación: (i) del 3
de agosto de 2016, con radicado 25000-23-26-000-2005-00170-01 (35352) de la Sección Tercera
• Subsección C, (ii) del 14 de marzo de 2019, radicado 05001-23-31-000-2008-01166-01 (48915)
de la Sección Tercera, Subsección A, (iii) del 24 de abril de 2020, radicado 25000-23-23-26-000-
2010-00156-01 (44550) de la Sección Tercera – Subsección A, y (iv) del 17 de agosto de 2021,
radicado 25000-23-26-000-2010-00571-01 (49141) de la Sección Tercera – Subsección B.
7 El juez constitucional determinó en esta oportunidad que «el tribunal no fundamentó su decisión
en la normativa aplicable al caso y pasó por alto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que han interpretado las reglas de ejecutoria de
las providencias penales de conformidad con la Ley 600 de 2000, el cual resultaba ser el estatuto
procesal penal vigente y aplicable».
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1.5 Trámite de la tutela
13. Por auto del 19 de julio de 2024, el Despacho ponente de esta decisión
inadmitió la solicitud de amparo. En consecuencia, requirió al apoderado para
que: i) allegara el poder conferido por cinco integrantes de la parte actora y, ii)
aclarara cuáles son las providencias judiciales que reprocha en esta oportunidad.
14. Mediante memorial, el apoderado de la parte actora adjuntó los poderes
faltantes y explicó que las autoridades accionadas son el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y la Sección Cuarta del
Consejo de Estado. Asimismo, que la finalidad de la solicitud de amparo es que
se dejen sin efectos la providencia proferida el 11 de marzo de 2024 en la que se
dictó sentencia de remplazo y el auto del 26 de abril de 2024.
15. En consideración a lo anterior, mediante auto del 12 de julio de 2024 se
admitió la solicitud de amparo y se ordenó notificar como demandados al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A y la Sección
Cuarta del Consejo de Estado. Asimismo, se dispuso vincular como terceros con
interés del trámite tutelar al Juzgado 64 Administrativo de Bogotá y a la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
1.6. Intervenciones
1.6.1 Consejo de Estado - Sección Cuarta
16. La magistrada ponente rindió informe en el que indicó que, de conformidad
con el expediente, pese a que en la subsanación del escrito de tutela la parte
actora aclaró que una de las autoridades judiciales accionadas era su despacho
por la providencia proferida el 26 de abril de 2023 dentro del trámite en el que se
abstuvo de abrir el incidente de desacato solicitado y declaró el cumplimiento de
la orden de tutela emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado8, lo cierto
es que no se evidenció un cuestionamiento concreto en relación con esta decisión
que le permita pronunciarse sobre los motivos que, según el criterio de la parte
actora, conllevan a la vulneración de sus derechos fundamentales.
17. Asimismo, señaló que el trámite incidental se inició en virtud de una acción
de tutela interpuesta por la parte actora contra las decisiones proferidas por el
Juzgado 64 Administrativo de Bogotá y la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negaron las pretensiones de la demanda
de reparación directa por error judicial.
18. Teniendo en cuenta lo anterior, expuso que la presente acción de tutela es
improcedente por no superar el requisito de relevancia constitucional, pues la
parte actora no expuso las razones por las cuales consideró transgredidos sus
8Radicado número 11001-03-15-000-2023-06572-02
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derechos fundamentales.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera -
Subsección A
19. El titular del despacho rindió informe en el que manifestó que el
mecanismo constitucional no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
pues la parte actora pretende que esta acción sea una instancia adicional en el
proceso de reparación directa por error judicial y en el trámite del incidente de
desacato.
20. Además, consideró que no indicó de manera concreta las razones por las
cuales consideró que se le vulneraron los derechos fundamentales invocados,
pues sus argumentos se orientan a reiterar fundamentos de índole legal y no
constitucional.
21. Resaltó que el escrito de tutela está dirigido en contra de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado por no abrir el incidente de desacato, y en ese sentido, la
sentencia SU-034 del 3 de mayo del 2018 proferida por la Corte Constitucional
indicó que para su procedibilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: i) la
decisión dictada en el trámite de desacato debe estar ejecutoriada, ii) debe
acreditar los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y, por lo
menos, una de las causales específicas y, iii) los argumentos del promotor de la
acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado en el incidente de
desacato, es decir, no puede traer a colación alegatos nuevos ni puede solicitar
nuevas pruebas.
22. En ese sentido, también referenció providencias de la Sección Quinta del
Consejo de Estado que indican que el juez constitucional solo está autorizado
para examinar la observancia del debido proceso al interior del trámite, sin que
se pueda modificar la decisión de tutela que sirvió como base para promover el
incidente9.
23. Teniendo en cuenta lo anterior, consideró que no es de recibo que la parte
actora pretenda controvertir la decisión que negó la apertura del incidente de
desacato, pues su procedencia es excepcional y además no se evidenció la
vulneración de un derecho fundamental. Por el contrario, encontró demostrado
que el tribunal cumplió con la orden y el grupo actor presentó una mera
inconformidad con la decisión.
1.6.3. El Juzgado 64 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la
Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
pese a ser debidamente notificados, guardaron silencio.
9Radicados con número 11001-03-15-000-2024-00548-01 y 19001-23-33-000-2023-00104-01.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
24. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A y el Consejo de Estado -
Sección Cuarta. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto
2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.
2.2. Legitimación en la causa
25. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
26. La Sala advierte que Héctor Eduardo Tautiva Cinturia y su grupo familiar
están legitimados en la causa por activa porque fueron la parte actora en el
proceso de reparación directa cuya sentencia de segunda instancia se reprocha
por esta vía, y a la vez que promovieron el incidente de desacato que en su sentir
transgrede las garantías constitucionales invocadas.
27. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A está legitimado en la causa por
pasiva por haber proferido la sentencia de remplazo del 11 de marzo de 2024
reprochada mediante esta acción de tutela.
28. Asimismo, el Consejo de Estado - Sección Cuarta está legitimado en la
causa por pasiva por haber proferido el auto del 26 de abril de 2024 en el que se
abstuvo de abrir el incidente de desacato.
2.3. Problema jurídico
29. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?
30. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:
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● ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera -
Subsección A y el Consejo de Estado - Sección Cuarta vulneraron los derechos
fundamentales al al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a
la igualdad con las providencias proferidas el 11 de marzo y 26 de abril de 2024?
31. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) estudio de la legitimación en
la causa por activa, de resultar acreditado el presupuesto, (iii) los requisitos
generales de procedibilidad del mecanismo constitucional bajo estudio, y de
superarse, (iv) el caso concreto.
2.4. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional
32. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional10.
33. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
34. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
35. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».
36. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
37. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta corporación.
2.4.1. Estudio del requisito de la relevancia constitucional en el caso
concreto
38. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, y de
conformidad con el escrito de subsanación que aclaró las autoridades judiciales
accionadas, la parte actora cuestiona las decisiones proferidas: i) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A el 11 de marzo
de 2024, en la que se dictó sentencia de remplazo de conformidad con la orden
de tutela dada dentro del expediente 2023-06572-00/1, y ii) por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado el 26 de abril de 2024, en la que se abstuvo de abrir el
incidente de desacato formulado por el grupo actor.
39. De acuerdo con lo expuesto en el fundamento de la vulneración, la parte
actora si bien mostró su inconformidad con la sentencia de reemplazo y con
ocasión de ello pretendió iniciar un incidente de desacato, lo cierto es que no
brindó fundamento alguno del cual pueda extraerse algún tipo de vulneración. En
otras palabras, se limitó a afirmar que se vulneraron los derechos fundamentales
cuya protección solicita, sin ningún tipo de carga argumentativa.
40. En ese sentido, la Sala advierte que, del análisis integral del escrito de
tutela y el memorial que contiene la subsanación, no se evidencian cargos frente
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a las providencias que especificó el actor frente a las cuales se dirige la presente
acción constitucional. En ese sentido, no es posible realizar un estudio de fondo
del asunto en cuestión.
41. Además, resulta evidente que el propósito de la acción de tutela objeto de
análisis no es la interpretación del alcance de un derecho fundamental, sino que
recae en discrepancias con las decisiones reprochadas sin que se explique de
alguna forma en qué consistió la transgresión de las garantías constitucionales
invocadas.
42. Así las cosas, para la Sala lo que propone la parte tutelante se circunscribe
a meras inconformidades frente al análisis efectuado por los jueces del proceso
ordinario. Máxime, si se tiene en cuenta que sus argumentos no cuentan con una
carga argumentativa frente a los hechos y circunstancias que la conllevaron a
considerar que las providencias reprochadas transgredieron sus derechos
fundamentes, pues frente a estas no se observó reproche alguno. Además, los
argumentos planteados no contenían un enfoque constitucional.
43. Por lo anterior, para la Sala, lo que pretende la parte actora por esta vía
cae en que se reabra el debate jurídico zanjado por los jueces naturales de la
causa, sin que sustente de qué forma le vulneraron sus derechos fundamentales.
Por ende, se debe declarar improcedente este mecanismo judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
9
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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
10
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