Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00571-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00571-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2010-00571-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
17 de agosto de 2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / SENTENCIA ABSOLUTORIA / RECURSO DE CASACIÓN PENAL / EFECTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN PENAL / ALCANCE DEL RECURSO DE CASACIÓN / DECISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN PENAL / UNIDAD PROCESAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
En consonancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Sala considera que la Sentencia de primera instancia que absolvió al demandante adquirió firmeza en la fecha en que se resolvió el recurso extraordinario de casación, toda vez que, solo hasta ese momento, esa providencia adquirió ejecutoria material, con fundamento en el principio de unidad procesal. Si bien es cierto la impugnación versó sobre la situación de otros procesados, la decisión era susceptible de ser modificada, ante la posibilidad, por ejemplo, de una nulidad de la actuación, sin que se admita entonces ejecutorias parciales o fragmentarias de una misma decisión. Por lo anterior, la certeza sobre la absolución del demandante se obtuvo con la firmeza de la providencia que resolvió el recurso de casación y, a partir de este momento, debe contabilizarse el término para la presentación oportuna de la demanda de reparación directa.
NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la ejecutoria de las providencias, consultar providencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de 9 de septiembre de 2015, Exp. 46534; de 22 de agosto de 2018, Exp. 50980; y de la Corte Constitucional, sentencia C-641 de 2002. Con referencia al cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa en casos de privación injusta de la libertad en los que certeza sobre la absolución del demandante se obtuvo con la firmeza de la providencia que resolvió el recurso de casación, consultar providencias de 2 de mayo de 2016, Exp. 15001-23-31-000-2005-00705-01(40542), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; de 14 de marzo de 2019, Exp. 05001-23-31-000-2008-01166-01(48915), C.P. María Adriana Marín.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / INDICIO GRAVE / JUSTIFICACIÓN DEL INDICIO / EXISTENCIA DEL INDICIO / INDICIO NECESARIO / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PRIVACIÓN ILÍCITA DE LA LIBERTAD / DETENCIÓN ILEGAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DEBERES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / LABOR INVESTIGATIVA / FALLA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / EXISTENCIA DE LA FALLA EN EL SERVICIO / CONFIGURACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO / EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
La Sala observa que respecto al (…) [demandante] no existían indicios graves de responsabilidad que sugirieran su participación en el delito investigado. Si bien la simulación de operaciones que en realidad no se llevaron a cabo, pero que se incluían en el registro contable de la empresa mediante el uso de identificaciones de terceros, podría denotar una grave irregularidad, lo cierto es que la fiscalía sostuvo que el sindicado había participado en ese registro y conocía la ilicitud de esos comportamientos con base en elementos inciertos e imprecisos. (…) En todo caso, en la Sentencia absolutoria (…), el juez penal consideró que (…) no existían elementos de prueba que lo vincularan con el delito investigado, dado que el procesado, en su calidad de trabajador subordinado, solo ejerció las actividades para las cuales fue contratado en la empresa, pero, más allá de eso, no se demostró que hubiese tenido injerencia en las operaciones de falsificación y simulación de transacciones. Además, entre sus funciones, no estaba la de vigilar y controlar las operaciones realizadas por la empresa, por lo que la única conducta reprochable desplegada por el actor era la de no haber denunciado a su empleador, no obstante, en el proceso penal no se le acusó por ese hecho. (…) En síntesis, la Sala concluye que (…) [el demandante] estuvo privado de la libertad en virtud de una medida de aseguramiento que no cumplió con los requisitos legales, en un proceso en el que el Estado no pudo desvirtuar su presunción de inocencia. Por lo tanto, la Sala declarará la responsabilidad del Estado, a título de falla del servicio, por los daños causados a los demandantes. (…) El proceso penal (…) se adelantó en vigencia de la Ley 600 de 2000, por lo que, en atención a las etapas del proceso penal y lo previsto por el artículo 331, la Fiscalía General de la Nación era la autoridad competente para adelantar la etapa de instrucción. En este caso, la Fiscalía 10 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá impuso la medida de detención preventiva en contra del aquí demandante, la cual mantuvo hasta la fecha en que se profirió la decisión de revocatoria, lo cual ocurrió antes de proferir la Resolución de acusación, por lo que es la entidad llamada a responder por el daño causado a la parte actora.
FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 13 TRANSITORIO / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 14 TRANSITORIO / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 331 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 354 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 355 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 356 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 357 / CÓDIGO PENAL - ARTÍCULO 323
PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRESUPUESTOS DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN A LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA / PRESUNCIÓN DEL PERJUICIO MORAL / TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PRUEBA DEL PERJUICIO MORAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS
En relación con los perjuicios morales, la privación de la libertad, de acuerdo con las reglas de la experiencia, causa una afectación de índole moral, así como sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, tanto en la persona que sufre la detención como en su núcleo familiar y afectivo, por esta razón el perjuicio será reconocido a favor del demandante. (…) En este caso, (…) estuvo privado de la libertad durante 6 meses, lo cual, según lo establecido en la tabla indemnizatoria definida en la Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, nos ubicaría en el período de tiempo de 6 a 9 meses de prisión, con rangos de valores indemnizatorios de 50 a 70 SMLMV, de modo que, a la víctima directa le corresponderá una indemnización por 50 SMLMV.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento de perjuicios morales por privación injusta de la libertad, consultar providencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón (E).
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PERJUICIO INMATERIAL / MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO INMATERIAL / DAÑO AL BUEN NOMBRE / DERECHO AL BUEN NOMBRE / CONCEPTO DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / ALCANCE DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / PROTECCIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / RECTIFICACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / DISCULPA EN CEREMONIA PRIVADA / COMUNICACIÓN PRIVADA / PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD CONDENADA / DISCULPA PÚBLICA / PROCEDIBILIDAD DE LA MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA
[L]a Sala observa una afectación del derecho al buen nombre del demandante principal, el cual se encontró acreditado con el testimonio practicado en el proceso y las noticias sobre la investigación que fueron publicadas en un medio de comunicación. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, esta afectación se deriva siempre y necesariamente en un perjuicio sobre la reputación, o el concepto que de la persona tenían los demás, un deterioro de la apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su desempeño dentro de la sociedad. Este asunto, que podría parecer coyuntural, ha sido considerado en la jurisprudencia un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. De ahí la gravedad del perjuicio que debe repararse con ocasión del daño al buen nombre (…). Por tal motivo, se ordenará a la Fiscalía General de la Nación que emita un comunicado en el que se disculpe con la víctima por el daño antijurídico causado y reconozca que adelantó un proceso en el que se impuso y se mantuvo una medida de detención preventiva sin el cumplimiento de los requisitos legales. Asimismo, de acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, la entidad deberá concertar con el demandante si el documento solamente le será entregado en físico a él o si, además, se publicará en sus plataformas de comunicación y difusión.
NOTA DE RELATORÍA: Acerca del derecho al buen nombre, consultar providencias de la Corte Constitucional, de 2 de diciembre de 1990, Exp. T-977, M.P. Alejandro Martínez Caballero; de 26 de junio de 2002, Exp. C-489, M.P. Rodrigo Escobar Gil; de 24 de agosto de 2016, Exp. C-452, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PERJUICIO INMATERIAL / AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO / MEDIDA PECUNIARIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO / ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO INMATERIAL / DAÑO AL BUEN NOMBRE / DERECHO AL BUEN NOMBRE / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RECTIFICACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL
[L]a parte actora solicitó una indemnización por 500 SMLMV a favor de cada demandante por “perjuicios por violación a derechos fundamentales”. Respecto a esta petición, argumentó que la reclusión ocasionó una vulneración de los derechos a la libertad, la integridad, la honra, el buen nombre, la familia, la intimidad personal y familiar, el debido proceso, entre otros. No obstante, se observa que esas afectaciones son las que se han pretendido reparar tanto con el reconocimiento del perjuicio moral como con el resarcimiento al buen nombre del demandante, por lo que la solicitud será negada.
PERJUICIO INMATERIAL / CLASES DE PERJUICIO INMATERIAL / PERJUICIO FISIOLÓGICO / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL PERJUICIO INMATERIAL / DAÑO A LA SALUD / CAPACIDAD PSICOFÍSICA / CAPACIDAD SICOFÍSICA / DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA / RECONOCIMIENTO DEL DAÑO A LA SALUD / CONCEPTO DE DAÑO A LA SALUD / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL
En la demanda también se solicitó una indemnización por 100 SMLMV a favor de la víctima directa por “perjuicios fisiológicos”. La Sala recuerda que la denominación de dicha tipología de perjuicio -y similares- fue abandonada a partir de la Sentencia de unificación del 14 de septiembre del 2011, sin embargo, en aquellos casos en que se solicita se debe tener en cuenta la tipología vigente en la jurisprudencia, para indemnizar los perjuicios que resulten acreditados en el expediente y hayan sido alegados. En el presente asunto, la solicitud se fundamentó en que el actor principal “no pudo llevar una vida normal”, no obstante, la Sala encuentra que en este caso tampoco se acreditó una afectación diferente de aquella que se busca reparar con la indemnización por perjuicios morales reconocida anteriormente, tal como sería una afectación en la salud física o psicológica, por lo cual la solicitud será negada.
NOTA DE RELATORÍA: En relación con los parámetros para el reconocimiento del daño a la salud, consultar providencia de 14 de septiembre de 2011, 38222, C.P. Enrique Gil Botero.
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO EMERGENTE / HONORARIOS DEL ABOGADO / HONORARIOS DEL ABOGADO DEFENSOR / DEFENSA EN EL PROCESO PENAL / COBRO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO / PAGO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO / PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE / CARGA DE LA PRUEBA / FACTURA DE SERVICIOS / FALTA DE EXPEDICIÓN DE FACTURA / PRUEBA DEL PAGO / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / NEGACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
La parte demandante solicitó, por concepto de daño emergente, (…) por el pago de los honorarios profesionales al abogado que lo representó en el proceso penal. Al respecto, en la Sentencia de 18 de julio de 2019, la Sala Plena de la Sección definió como requisitos para el reconocimiento de este perjuicio los siguientes: i) la prueba de la real prestación de los servicios del abogado y ii) la factura o documento equivalente que registre el valor de los honorarios y la prueba de su pago. Así, la Sala negará esta petición, toda vez que, si bien se aportó el contrato de prestación de servicios, según el cual el abogado (…) se comprometió a representar al demandante en el proceso penal, lo cierto es que no es posible verificar que dicha defensa se ejerció efectivamente en esa actuación. Además, no se aportó la factura o documento equivalente que probara el pago efectivo de la suma solicitada.
NOTA DE RELATORÍA: En relación con los parámetros para acceder al reconocimiento del daño emergente en casos de privación injusta de la libertad, consultar providencia de 18 de julio de 2019, Exp. 44572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / SALARIO MÍNIMO LEGAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
[P]or concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, el demandante solicitó el pago (…) que dejó de percibir durante el tiempo que permaneció recluido en virtud del proceso penal. (…) Sobre este perjuicio, en la Sentencia de unificación (…), la Sección estableció como presupuestos para la procedencia de este perjuicio los siguientes: 1) que sea solicitado por la parte interesada y 2) que se pruebe suficientemente que, con ocasión de la detención, la persona privada de la libertad dejo o perdió la posibilidad de percibir sus ingresos. Adicionalmente, para la liquidación de esta tipología de perjuicio se exigió: 1) que se establezca un periodo indemnizable que, por regla general, es el tiempo de duración de la privación de la libertad y 2) que se pruebe el monto de los ingresos. (…) Con los testimonios practicados en el proceso y la información del proceso penal, la Sala encuentra acreditado que (…) [el demandante] se encontraba laboralmente activo y, a pesar de que las pruebas aportadas no permiten establecer, con certeza, el monto de sus ingresos, la Sala considera que estos debían ascender, por lo menos, a un salario mínimo legal mensual vigente, sin incluir el aumento del 25% equivalente a las prestaciones sociales del trabajador, por no haberse solicitado en la demanda. Además, considera que el tiempo a liquidar corresponde a los 6 meses que el procesado estuvo privado de la libertad, según las reglas de unificación establecidas por esta Sección (…).
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento y tasación del lucro cesante, consultar providencias, consultar providencia de 18 de julio de 2019, Exp. 44572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
NOTA DE RELATORÍA: La presente providencia cuenta con aclaración de voto del doctor Alexander Jojoa Bolaños (E).
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00571-01(49141)
Actor: ALFONSO FAJARDO ANGULO Y OTROS
Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)
Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad (Ley 600 de 2000) - Falla en el servicio - Ausencia de indicios graves de responsabilidad que sustentaran la medida de aseguramiento – Falta de justificación de la necesidad de la medida
Síntesis del caso: El demandante fue capturado por la presunta comisión del delito de lavado de activos, con ocasión de las actividades desempeñadas en la empresa Inversiones Sirius Ltda. La fiscalía, al momento de resolver su situación jurídica, impuso medida de detención preventiva en su contra. Posteriormente, el juez absolvió al procesado en aplicación del principio in dubio pro reo
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia de 16 de agosto de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, en la que se declaró probada la excepción de caducidad de la acción.
Esta Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación
Posición de la parte demandante
El 18 de agosto de 2010, Alfonso Fajardo Angulo, con su grupo familiar, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con la privación de su libertad, “desde el 14 de noviembre de 2002 hasta el 13 de mayo de 2003”. La medida de aseguramiento se impuso en el proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
En el escrito se solicitó como pretensión declarativa (se trascribe):
“Que LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-, es responsable administrativa y patrimonialmente de los perjuicios morales, materiales y daño a la vida en relación, que le fueron ocasionados a los demandantes, por la detención física, injusta, ilegal e inconstitucional de la que fue objeto el señor ALFONSO FAJARDO ANGULO por espacio de dos (2) años, cuatro (4) meses y doce (12) días, así: en detención intramural seis (6) meses: del 14 de noviembre de 2002 al 13 de mayo de 2003; con orden de captura desde el 7 de noviembre de 2003 hasta el 19 de septiembre de 2005 cuando se le concedió libertad provisional al proferirse la en su favor sentencia absolutoria por el Juzgado 7º Penal del Circuito Especializado de Bogotá con fecha 19 de septiembre de 2005 y adicionado en proveído del 21 del mismo mes y año, pero cuya zozobra jurídica perduró hasta el 19 de febrero de 2009, cuando la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, definió el caso definitivamente al quedar ejecutoriada la decisión absolutoria con motivo del pronunciamiento de cierre de la jurisdicción penal al decidir el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de segunda instancia”.
La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:
Perjuicio
Demandante
Calidad
Monto
Perjuicios morales
Alfonso Fajardo Angulo
Víctima directa
200 SMLMV
María Floralba Galindo Cifuentes
Cónyuge
100 SMLMV
Ana María Fajardo Galindo
Hija
100 SMLMV
Alfonso Fajardo
Padre
100 SMLMV
Dora Luz Fajardo Angulo
Hermana
100 SMLMV
Elizabeth Fajardo Angulo
Hermana
100 SMLMV
Perjuicios “por violación a derechos”
Alfonso Fajardo Angulo
Víctima directa
500 SMLMV
María Floralba Galindo Cifuentes
Cónyuge
500 SMLMV
Ana María Fajardo Galindo
Hija
500 SMLMV
Alfonso Fajardo
Padre
500 SMLMV
Dora Luz Fajardo Angulo
Hermana
500 SMLMV
Elizabeth Fajardo Angulo
Hermana
500 SMLMV
Perjuicios “fisiológicos”
Alfonso Fajardo Angulo
Víctima directa
100 SMLMV
Perjuicios materiales “Daño emergente”
Alfonso Fajardo Angulo
Víctima directa
$15.000.000
Perjuicios materiales “Lucro cesante”
Alfonso Fajardo Angulo
Víctima directa
$ 50.000.000
Adicionalmente, solicitó que, al momento de proferirse la sentencia, se actualizara la condena al valor real del monto y se diera cumplimiento a la providencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.
Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en síntesis, los siguientes hechos:
1) El 13 de noviembre de 2002, la Fiscalía 10 Especializada adscrita a la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos ordenó la vinculación de Alfonso Fajardo Angulo a la investigación adelantada en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Debido a lo anterior, profirió orden de captura en contra del sindicado, la cual se hizo efectiva el día siguiente.
2) El 5 de diciembre de 2002, el ente investigador, al momento de resolver la situación jurídica del sindicado, le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. No obstante, el 13 de mayo de 2003, la decisión fue revocada y el sindicado recuperó su libertad.
3) El 7 de noviembre de 2003, la fiscalía calificó el mérito del sumario, en el sentido de proferir Resolución de acusación en contra de Alfonso Fajardo. El abogado defensor interpuso recurso de apelación y, mediante Auto de 21 de mayo de 2004, la fiscalía confirmó la decisión.
4) El 19 de septiembre de 2005, el Juzgado 7 Penal del Circuito Especializado de Bogotá profirió sentencia absolutoria a favor del acusado, la cual fue adicionada el día 21 del mismo mes y año. El 25 de enero de 2007, al resolver el recurso de apelación, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, confirmó la decisión absolutoria.
5) Posteriormente, el 19 de febrero de 2009, la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso extraordinario de casación interpuesto por algunos de los coprocesados, en el cual decidió casar parcialmente la decisión.
De acuerdo con lo afirmado en la demanda, en el proceso penal se presentaron las siguientes actuaciones: 1) el 13 de noviembre de 2002, la fiscalía ordenó la vinculación de Alfonso Fajardo a la investigación adelantada en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos, por lo que, al día siguiente, el sindicado fue capturado; 2) el 5 de diciembre de 2002 se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra; 3) el 13 de mayo de 2003, la decisión anterior fue revocada, por lo que el sindicado recuperó su libertad; 4) el 7 de noviembre de 2003, la fiscalía profirió Resolución de acusación en su contra, la cual fue confirmada el 21 de mayo de 2004; 5) el 19 de septiembre de 2005, el juez penal profirió sentencia absolutoria a su favor, la cual fue confirmada el 25 de enero de 2007 por el Tribunal y casada parcialmente el 19 de febrero de 2009 por la Corte Suprema de Justicia.
Posición de la parte demandada
El 8 de noviembre de 2010, la Fiscalía General de la Nación presentó contestación a la demanda, en la que solicitó el rechazo de las pretensiones formuladas por la parte actora. En su escrito indicó que la entidad actuó en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, al investigar los hechos que revestían las características de un delito. Además, argumentó que en los casos de privación de la libertad debía aplicarse un régimen de falla en el servicio, por lo que, al no existir irregularidad o arbitrariedad en las decisiones adoptadas en el proceso penal, la actuación de la entidad no podía calificarse como contraria a derecho. Si bien es cierto dicho trámite culminó con sentencia absolutoria, esto no tornaba ilícitas las decisiones anteriores, ya que la ley exigía un grado de certeza distinto en cada etapa procesal. Por último, afirmó que el daño que eventualmente se pudo ocasionar al demandante se trataba de una carga que el ciudadano estaba obligado a soportar, en virtud del principio de colaboración con la administración de justicia.
Sentencia de primera instancia
El 16 de agosto de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, profirió Sentencia de primera instancia, en la que declaró configurada la excepción de caducidad de la acción. El a quo explicó que la Sentencia absolutoria de 19 de septiembre de 2005, confirmada mediante providencia de 25 de enero de 2007, quedó ejecutoriada el 2 de marzo de 2007, por lo que, en principio, el término de 2 años previsto por el artículo 136 del C.C.A. para la presentación oportuna de la demanda de reparación directa finalizaba el 5 de marzo de 2009. De manera que la solicitud de conciliación presentada el 11 de septiembre de 2009 y la demanda presentada el 18 de agosto de 2010 fueron extemporáneas. Además, se precisó que el término de caducidad no se contabilizó a partir de la fecha de expedición de la sentencia de casación, dado que el proceso penal culminaba con el agotamiento del recurso ordinario de apelación, pues así lo establecía el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, según el cual, “el recurso extraordinario de casación procedía contra las sentencias ejecutoriadas proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores de distrito judicial y el tribunal penal militar”.
Recurso de apelación
El 12 de septiembre de 2013, la parte demandante presentó recurso de apelación, en el que solicitó se revocara la Sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. En el escrito manifestó que el tribunal incurrió en un error al aplicar una norma –artículo 205 del C.P.P- que había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional -Sentencia C-252 de 2001-. Adicionalmente, afirmó que el proceso penal debía orientarse bajo el principio de unidad procesal, por lo que la decisión absolutoria solo podía quedar ejecutoriada cuando se resolvieran todos los recursos, incluso el recurso extraordinario de casación. Lo anterior, dado que el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria podía pronunciarse sobre la legalidad de la actuación procesal y modificar la situación de todos los sujetos procesales, incluso sobre aquellos que no hubieran presentado el recurso. Por lo anterior, explicó que, como la providencia que finalizó el proceso penal cobró ejecutoria el 19 de febrero de 2009, la demanda presentada el 18 de agosto de 2010 fue oportuna. En consecuencia, el caso debía estudiarse de fondo y accederse a las pretensiones formuladas en la demanda.
CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de la legalidad de la medida de aseguramiento; 2.4. Entidad a la que se le imputa el daño; 2.5. Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas
Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
El Tribunal, en la sentencia de primera instancia, declaró la caducidad de la acción. La parte demandante presentó recurso de apelación en el que solicitó la revocatoria de esa decisión, toda vez que, la demanda fue presentada dentro del término legal. En su criterio, el término para la presentación oportuna de la demanda debió contabilizarse desde la fecha de ejecutoria de la providencia que resolvió el recurso extraordinario de casación, ya que solo hasta ese momento la decisión absolutoria adquirió firmeza.
En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto porque encuentra reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, el 19 de septiembre de 2005, el juzgado de la causa dictó sentencia absolutoria a favor de Alfonso Fajardo Angulo, la cual fue confirmada el 25 de enero de 2007. Además, en contra de esta última providencia se interpuso recurso extraordinario de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de 19 de febrero de 2009, por lo que, de acuerdo con la legislación procesal penal, se entiende que este día quedó ejecutoriada. Así, al presentarse la demanda el 18 de agosto de 2010 se concluye que la acción se ejerció dentro del término previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A..
En consonancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Sala considera que la Sentencia de primera instancia que absolvió al demandante adquirió firmeza en la fecha en que se resolvió el recurso extraordinario de casación, toda vez que, solo hasta ese momento, esa providencia adquirió ejecutoria material, con fundamento en el principio de unidad procesal. Si bien es cierto la impugnación versó sobre la situación de otros procesados, la decisión era susceptible de ser modificada, ante la posibilidad, por ejemplo, de una nulidad de la actuación, sin que se admita entonces ejecutorias parciales o fragmentarias de una misma decisión. Por lo anterior, la certeza sobre la absolución del demandante se obtuvo con la firmeza de la providencia que resolvió el recurso de casación y, a partir de este momento, debe contabilizarse el término para la presentación oportuna de la demanda de reparación directa.
En el presente asunto está demostrado que, Alfonso Fajardo Angulo estuvo recluido, en centro carcelario, desde el 14 de noviembre de 2002 hasta el 15 de mayo de 2003, en razón de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta el 5 de diciembre de 2002 por la Fiscalía 10 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá, en el proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
También está acreditado que, el 19 de septiembre de 2005, el Juzgado 7 Penal del Circuito Especializado de Bogotá profirió Sentencia absolutoria a favor de Alfonso Fajardo, adicionada mediante providencia de 21 de septiembre de 2005, la cual fue confirmada el 25 de enero de 2007 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Asimismo, el 19 de febrero de 2009, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de varios de los procesados.
De acuerdo con lo anterior, en esta providencia, la Sala revocará la Sentencia de primera instancia que declaró la caducidad de la acción y, en su lugar, declarará la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de Alfonso Fajardo Angulo, dado que la medida de aseguramiento impuesta en su contra no cumplió con los requisitos sustanciales previstos en la norma procesal penal vigente para ese momento. Además, atribuirá la responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación, conforme a las reglas de competencia del proceso penal previstas por la Ley 600 de 2000, y la condenará al pago de los perjuicios causados a los demandantes, según se encuentren acreditados en el proceso.
Para la resolución del caso, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero, identificará que se acreditó un daño por la afectación del derecho a la libertad y otro por la vulneración al buen nombre del demandante. Luego, estudiará la legalidad de la medida de aseguramiento impuesta en contra del demandante y expondrá las razones por las cuales se considera que fue ilegal. Posteriormente, dado que en este caso no se evidenció la culpa de la víctima, imputará el daño a la entidad demandada. Finalmente, liquidará la indemnización de los perjuicios y declarará improcedente la condena en costas.
Identificación del daño
a. Daño consistente en la afectación del derecho a la libertad
La Sala encuentra probado que, Alfonso Fajardo Angulo sufrió un daño derivado de la privación de su libertad, la cual ocurrió desde el 14 de noviembre de 2002 hasta el 15 de mayo de 2003. No obstante, la parte demandante adujo que la detención se produjo desde el 14 de noviembre de 2002 hasta el 13 de mayo de 2003, es decir, 6 meses, por lo que este será el periodo que se tendrá en cuenta como daño a indemnizar.
Debe aclararse que, a pesar que en el acápite de las pretensiones de la demanda se indicó que la detención se prolongó por 2 años, 4 meses y 12 días, lo cierto es que, en el acápite de los hechos, se precisó que la detención se prolongó solo por 6 meses, es decir “desde el 14 de noviembre de 2002 hasta el 13 de mayo de 2003”, y que, en el tiempo restante, es decir “desde el 7 de noviembre de 2003 hasta el 19 de septiembre de 2005”, se libró orden de captura en contra del aquí demandante. No obstante, se considera que una orden de captura que no se hizo efectiva no puede originar el daño alegado en la demanda, puesto que, en ese segundo periodo no existió una afectación del derecho a la libertad, de manera que la Sala omitirá realizar cualquier pronunciamiento al respecto.
b. Daño consistente en la afectación del derecho al buen nombre
En la demanda, la parte actora adujo que la privación de la libertad de Alfonso Fajardo causó en él y en su familia un traumatismo como consecuencia de la estigmatización negativa de su imagen, lo cual se agravó por la publicación que sobre ese hecho se realizó en varios medios de comunicación.
Al respecto, la Sala considera que toda privación injusta de la libertad trae consigo una intensa vulneración del derecho al buen nombre de quien la padeció. En efecto, cuando la sociedad tiene conocimiento de la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de un ciudadano, asume que el Estado tenía serios y razonables indicios de su responsabilidad. Además, entiende que dicha persona no podía defenderse de esos cargos estando en libertad, como quiera que su conducta o posición específica ponía en riesgo el proceso o a la propia comunidad. Por tanto, la reclusión de Alfonso Fajardo Angulo también generó un daño consistente en el menoscabo en su reputación y la afectación de su imagen en su entorno social.
2.3. Estudio de la legalidad de la medida de aseguramiento
Por la fecha de los hechos denunciados, la investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 600 de 2000. De acuerdo con el artículo 354 de dicha normativa, la situación jurídica se define solo en aquellos casos en que es procedente la detención preventiva. Asimismo, de conformidad con los artículos 355 al 357 ibidem, la detención preventiva se impondrá cuando se trate de un delito que tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de 4 años; cuando el delito imputado esté dentro del listado indicado en el numeral 2 del artículo 357 del mismo código; o cuando estuviere vigente sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso o preterintencional que tenga pena de prisión. Además, si aparecen, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad, de acuerdo con las pruebas recopiladas legalmente en el proceso y si resulta necesaria para el cumplimiento de alguno de sus fines.
En el presente caso, la Sala advierte que, en el artículo 323 del Código Penal, el delito de lavado de activos tenía prevista una pena de prisión cuyo mínimo excedía de 4 años, por lo que en este caso procedía la detención preventiva, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 357 del C.P.P. Adicionalmente, el mencionado delito se trataba de una conducta de conocimiento de los jueces especializados, de modo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 y 14 transitorios del C.P.P., procedía la definición de la situación jurídica y la imposición de medida de aseguramiento. No obstante, la fiscalía no contaba con los 2 indicios graves de responsabilidad exigidos por la norma procesal penal y tampoco justificó debidamente la necesidad de la detención, por lo que la medida de aseguramiento fue ilegal.
En la Resolución de 5 de diciembre de 2002, la Fiscalía 10 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá resolvió la situación jurídica de Alfonso Fajardo Angulo y 8 personas más. En la providencia, el ente investigador señaló que la investigación se inició dado que se advirtieron algunas irregularidades en los negocios realizados por Arturo Delgado, los cuales, al parecer, buscaban dar apariencia de legalidad a dineros obtenidos ilícitamente. Así, se identificaron como algunas de estas actividades: la compra y venta de divisas, la transferencia en el exterior de cuantiosas sumas de dinero, el cambio de cheques de gran monto, la simulación de operaciones con el uso de documentos de terceros sin su autorización, entre otras.
Como hechos relevantes en contra de Alfonso Fajardo, la fiscalía expuso que se trataba de un empleado de la empresa Inversiones Sirius Ltda., una de las empresas de propiedad de Arturo Delgado involucrada en las operaciones ilícitas, en la que se desempeñaba como técnico en sistemas e instructor de los programas adquiridos por la sociedad y que, además, colaboraba en asuntos de la oficina y ventanilla. La fiscalía sostuvo que, en desarrollo de esas funciones, Alfonso Fajardo había falsificado los registros de las operaciones realizadas por la empresa mediante el uso de documentos de identidad de personas relacionadas con otro establecimiento de comercio dedicado a la venta de tarjetas telefónicas, el cual funcionaba en el mismo edificio. Bajo el criterio de la fiscalía, lo anterior se encontraba acreditado con las conversaciones telefónicas interceptadas, en las que el sindicado evidenció su conocimiento acerca de cómo debía registrar las operaciones, fraccionar las facturas y los topes de ventas, así como utilizar los documentos de identidad que le eran enviados.
La Sala observa que respecto a Alfonso Fajardo no existían indicios graves de responsabilidad que sugirieran su participación en el delito investigado. Si bien la simulación de operaciones que en realidad no se llevaron a cabo, pero que se incluían en el registro contable de la empresa mediante el uso de identificaciones de terceros, podría denotar una grave irregularidad, lo cierto es que la fiscalía sostuvo que el sindicado había participado en ese registro y conocía la ilicitud de esos comportamientos con base en elementos inciertos e imprecisos.
En la resolución de situación jurídica, la fiscalía afirmó que se encontraba probado que el sindicado tenía entre sus funciones registrar las operaciones de la empresa; no obstante, no señaló a partir de qué pruebas llegó a esa conclusión. Además, refirió que el procesado tenía conocimiento y comprendía la ilicitud de su conducta, a partir de las conversaciones telefónicas que fueron interceptadas, en las que supuestamente Alfonso Fajardo admitió ese conocimiento. Sin embargo, al analizar el contenido de esas llamadas, no se observa que ese hecho esté probado.
Al respecto, la fiscalía señaló lo siguiente (se trascribe): “Sobre el conocimiento que tenía del origen de los documentos con los que se hacían los registros, obra como prueba la transcripción de dos llamadas del 13 de diciembre de 2001, entre la oficina de ARTURO DELGADO y el local de INVERSIONES SIRIUS. En la primera LUIS CARLOS FERIA -que estaba en la oficina de DELGADO- llama a ALFONSO FAJARDO y le comenta que le bajaron unos “papelitos” del cuarto piso – la comercializadora de tarjetas telefónicas- y que tan pronto pueda se los lleva. Sobre esos papelitos dijo ALFONSO que eran los cheques que llevaban de PREPAGO JM, sin embargo, tal como está probado dentro del proceso, quien suministraba cheques era ARTURO DELGADO a JM y no lo contrario, además la alusión que hace a que eran los comprobantes de ese cambio se desvirtúa con las llamadas que sigue dentro de las grabaciones, en la que ESPERANZA ROMERO -desde la oficina- le comunica a GILDARDO su esposo que le estaba enviando las copias de treinta cédulas. No es difícil concluir que ambas llamadas se refieren a lo mismo”.
Como se observa, Alfonso Fajardo recibió una llamada en la que se le informó que se le haría entrega de “unos papelitos”, no obstante, se desconoce de qué documentos se trataba, por lo que a partir de dicha información no es posible aseverar, como lo hizo la fiscalía, que Alfonso Fajardo recibiría un paquete con documentos de identidad de terceras personas. Además, al preguntársele por el origen de esos documentos, el sindicado indicó que se trataba de unos comprobantes de cheques emitidos por la empresa, por lo que, a partir de la anterior afirmación, no es posible sostener que el sindicado admitió que se trataba de documentos de identidad, aun menos que los utilizaría para simular registros de la empresa. Finalmente, si bien en la segunda llamada se habla del envío de 30 cédulas de ciudadanía, lo cierto es que Alfonso Fajardo no participó en esa conversación, tampoco se le mencionó, por lo que no resulta razonable concluir que todos los involucrados tenían conocimiento sobre el tráfico de esa documentación.
La fiscalía también refirió que existían otras conversaciones que comprometían la responsabilidad de Alfonso Fajardo, entre ellas, “la conversación que sostuvo con LUIS CARLOS FERIA el 3 de enero de 2002” y “la charla que tuvo con ARTURO DELGADO el 14 de febrero de 2002 y el 20 de abril de 2002”. No obstante, no se indicó el contenido de esas conversaciones, así como tampoco las razones por las cuales se consideró que en ellas se evidenció que Alfonso Fajardo conocía sobre la simulación de las operaciones de la empresa.
Por otra parte, respecto a la necesidad de la medida de aseguramiento de detención preventiva, en la resolución se indicó que la detención preventiva era necesaria para garantizar la comparecencia de los procesados y el posterior cumplimiento de la pena, ya que “son personas que, en su mayoría, tienen facilidades y capacidad económica para eludir la acción de la justicia, conocen la manera como pueden hacer desplazamientos dentro y fuera del país, los controles de migración, los itinerarios, los controles policiales y de aduanas, todo lo cual les permitiría evadirse”. Además, “por la posibilidad de construir o destruir pruebas a su amaño, contactar a quienes por estimulo económico, solidaridad o cualquier otro motivo declaren en su favor” y debido a “la posibilidad de que continúen delinquiendo es alta”.
La Sala considera que, por una parte, la fiscalía generalizó la situación de todos los sindicados y justificó la medida sin explicar las razones que motivaban la decisión para cada uno de ellos. En efecto, pese a que los investigados tenían cargos diferentes y, por lo tanto, desempeñaban funciones distintas para la empresa, la fiscalía asumió que todos los involucrados tenían la misma potestad para intervenir en las operaciones que se presumían ilícitas, que tenían la misma situación económica y que poseían iguales influencias, de manera que para todos ellos era necesaria la detención preventiva.
Por otra parte, la decisión se fundamentó en la mera sospecha de que el procesado podía no comparecer a la justicia, que incidiría negativamente en el material probatorio o reincidiría en la conducta; no obstante, no se expusieron los hechos o razones que permitían inferir, de manera seria, ese actuar contrario a derecho. Es decir, en la decisión no se señalaron las pruebas o indicios a partir de los cuales se podía sostener que Alfonso Fajardo, en efecto, evadiría a las autoridades, ocultaría, destruiría o deformaría las pruebas, continuaría delinquiendo o causaría una afectación a la comunidad. En el mismo sentido, no se precisaron cuales eran las actuaciones que amenazaban la recolección o práctica de pruebas, así como tampoco sobre qué pruebas el procesado podía llegar a ejercer –o ejercía- una incidencia negativa. Por el contrario, las razones expuestas para explicar la necesidad de la imposición de la medida de aseguramiento fueron suposiciones y meras sospechas sobre la conducta que asumiría el sindicado en caso de no ser recluido.
En todo caso, en la Sentencia absolutoria de 19 de septiembre de 2005, el juez penal consideró que en contra de Alfonso Fajardo no existían elementos de prueba que lo vincularan con el delito investigado, dado que el procesado, en su calidad de trabajador subordinado, solo ejerció las actividades para las cuales fue contratado en la empresa, pero, más allá de eso, no se demostró que hubiese tenido injerencia en las operaciones de falsificación y simulación de transacciones. Además, entre sus funciones, no estaba la de vigilar y controlar las operaciones realizadas por la empresa, por lo que la única conducta reprochable desplegada por el actor era la de no haber denunciado a su empleador, no obstante, en el proceso penal no se le acusó por ese hecho.
En síntesis, la Sala concluye que Alfonso Fajardo Angulo estuvo privado de la libertad en virtud de una medida de aseguramiento que no cumplió con los requisitos legales, en un proceso en el que el Estado no pudo desvirtuar su presunción de inocencia. Por lo tanto, la Sala declarará la responsabilidad del Estado, a título de falla del servicio, por los daños causados a los demandantes.
Entidad a la que se le imputa el daño
La Sala no advierte la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, causal eximente de responsabilidad posible en materia de privaciones injustas de la libertad. El demandante, en efecto, no desplegó ninguna actuación de la cual se pueda predicar su incidencia en la causación del daño.
El proceso penal en contra de Alfonso Fajardo Angulo se adelantó en vigencia de la Ley 600 de 2000, por lo que, en atención a las etapas del proceso penal y lo previsto por el artículo 331, la Fiscalía General de la Nación era la autoridad competente para adelantar la etapa de instrucción. En este caso, la Fiscalía 10 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá impuso la medida de detención preventiva en contra del aquí demandante, la cual mantuvo hasta la fecha en que se profirió la decisión de revocatoria, lo cual ocurrió antes de proferir la Resolución de acusación, por lo que es la entidad llamada a responder por el daño causado a la parte actora.
Liquidación de perjuicios
Perjuicios inmateriales
En relación con los perjuicios morales, la privación de la libertad, de acuerdo con las reglas de la experiencia, causa una afectación de índole moral, así como sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, tanto en la persona que sufre la detención como en su núcleo familiar y afectivo, por esta razón el perjuicio será reconocido a favor del demandante.
En este caso, Alfonso Fajardo estuvo privado de la libertad durante 6 meses, lo cual, según lo establecido en la tabla indemnizatoria definida en la Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, nos ubicaría en el período de tiempo de 6 a 9 meses de prisión, con rangos de valores indemnizatorios de 50 a 70 SMLMV, de modo que, a la víctima directa le corresponderá una indemnización por 50 SMLMV.
Asimismo, acreditado el interés que les asiste a los demás demandantes, la Sala reconocerá una indemnización por: 50 SMLMV a favor de María Floralba Galindo Cifuentes -cónyuge-; 50 SMLMV a favor de Ana María Fajardo Galindo -hija-; 50 SMLMV a favor de Alfonso Fajardo -padre-, por encontrarse en el primer grado de parentesco; 25 SMLMV a favor de Dora Luz Fajardo Angulo -hermana- y 25 SMLMV a favor de Elizabeth Fajardo Angulo -hermana-, por encontrarse en el segundo grado de parentesco en relación con la víctima directa.
Por otra parte, como se advirtió en párrafos anteriores, la Sala observa una afectación del derecho al buen nombre del demandante principal, el cual se encontró acreditado con el testimonio practicado en el proceso y las noticias sobre la investigación que fueron publicadas en un medio de comunicación. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, esta afectación se deriva siempre y necesariamente en un perjuicio sobre la reputación, o el concepto que de la persona tenían los demás, un deterioro de la apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su desempeño dentro de la sociedad. Este asunto, que podría parecer coyuntural, ha sido considerado en la jurisprudencia un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. De ahí la gravedad del perjuicio que debe repararse con ocasión del daño al buen nombre de Alfonso Fajardo Angulo.
Por tal motivo, se ordenará a la Fiscalía General de la Nación que emita un comunicado en el que se disculpe con la víctima por el daño antijurídico causado y reconozca que adelantó un proceso en el que se impuso y se mantuvo una medida de detención preventiva sin el cumplimiento de los requisitos legales. Asimismo, de acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, la entidad deberá concertar con el demandante si el documento solamente le será entregado en físico a él o si, además, se publicará en sus plataformas de comunicación y difusión.
Además, la parte actora solicitó una indemnización por 500 SMLMV a favor de cada demandante por “perjuicios por violación a derechos fundamentales”. Respecto a esta petición, argumentó que la reclusión ocasionó una vulneración de los derechos a la libertad, la integridad, la honra, el buen nombre, la familia, la intimidad personal y familiar, el debido proceso, entre otros. No obstante, se observa que esas afectaciones son las que se han pretendido reparar tanto con el reconocimiento del perjuicio moral como con el resarcimiento al buen nombre del demandante, por lo que la solicitud será negada.
En la demanda también se solicitó una indemnización por 100 SMLMV a favor de la víctima directa por “perjuicios fisiológicos”. La Sala recuerda que la denominación de dicha tipología de perjuicio -y similares- fue abandonada a partir de la Sentencia de unificación del 14 de septiembre del 2011, sin embargo, en aquellos casos en que se solicita se debe tener en cuenta la tipología vigente en la jurisprudencia, para indemnizar los perjuicios que resulten acreditados en el expediente y hayan sido alegados. En el presente asunto, la solicitud se fundamentó en que el actor principal “no pudo llevar una vida normal”, no obstante, la Sala encuentra que en este caso tampoco se acreditó una afectación diferente de aquella que se busca reparar con la indemnización por perjuicios morales reconocida anteriormente, tal como sería una afectación en la salud física o psicológica, por lo cual la solicitud será negada.
Perjuicios materiales
La parte demandante solicitó, por concepto de daño emergente, la suma de $15.000.000 a favor de Alfonso Fajardo, por el pago de los honorarios profesionales al abogado que lo representó en el proceso penal. Al respecto, en la Sentencia de 18 de julio de 2019, la Sala Plena de la Sección definió como requisitos para el reconocimiento de este perjuicio los siguientes: i) la prueba de la real prestación de los servicios del abogado y ii) la factura o documento equivalente que registre el valor de los honorarios y la prueba de su pago. Así, la Sala negará esta petición, toda vez que, si bien se aportó el contrato de prestación de servicios, según el cual el abogado Jeiner Guilombo Gutiérrez se comprometió a representar al demandante en el proceso penal, lo cierto es que no es posible verificar que dicha defensa se ejerció efectivamente en esa actuación. Además, no se aportó la factura o documento equivalente que probara el pago efectivo de la suma solicitada.
Por último, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, el demandante solicitó el pago de $50.000.000 que dejó de percibir durante el tiempo que permaneció recluido en virtud del proceso penal.
Sobre este perjuicio, en la Sentencia de unificación antes citada, la Sección estableció como presupuestos para la procedencia de este perjuicio los siguientes: 1) que sea solicitado por la parte interesada y 2) que se pruebe suficientemente que, con ocasión de la detención, la persona privada de la libertad dejo o perdió la posibilidad de percibir sus ingresos. Adicionalmente, para la liquidación de esta tipología de perjuicio se exigió: 1) que se establezca un periodo indemnizable que, por regla general, es el tiempo de duración de la privación de la libertad y 2) que se pruebe el monto de los ingresos.
Con los testimonios practicados en el proceso y la información del proceso penal, la Sala encuentra acreditado que Alfonso Fajardo se encontraba laboralmente activo y, a pesar de que las pruebas aportadas no permiten establecer, con certeza, el monto de sus ingresos, la Sala considera que estos debían ascender, por lo menos, a un salario mínimo legal mensual vigente, sin incluir el aumento del 25% equivalente a las prestaciones sociales del trabajador, por no haberse solicitado en la demanda. Además, considera que el tiempo a liquidar corresponde a los 6 meses que el procesado estuvo privado de la libertad, según las reglas de unificación establecidas por esta Sección. Por lo anterior, la Sala, por concepto de lucro cesante, reconocerá la suma de $5.517.914,93.
Costas
En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto por el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la constitución y la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, la Sentencia de 16 de agosto de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, en la que se declaró probada la excepción de caducidad de la acción.
SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación responsable del daño ocasionado a los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad de Alfonso Fajardo Angulo por el periodo de 6 meses.
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar, a título de reparación por los perjuicios morales, los siguientes valores:
Demandante
Indemnización
Alfonso Fajardo Angulo
50 SMLMV
María Floralba Galindo Cifuentes
50 SMLMV
Ana María Fajardo Galindo
50 SMLMV
Alfonso Fajardo
50 SMLMV
Dora Luz Fajardo Angulo
25 SMLMV
Elizabeth Fajardo Angulo
25 SMLMV
CUARTO: ORDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación que emita, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, un comunicado en el cual reconozca el daño antijurídico que causó y pida perdón por la afectación al buen nombre de Alfonso Fajardo Angulo, en los términos expuestos en esta decisión.
QUINTO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar, a título de reparación por los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $5.517.914,93.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: NO CONDENAR en costas.
OCTAVO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
NOVENO: EXPEDIR copia de la Sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá lo previsto por el artículo 362 del C.P.C.
DÉCIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente a la Corporación de origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
Magistrado (E)
Con aclaración de voto
ACLARACIÓN DE VOTO DEL DOCTOR ALEXANDER JOJOA BOLAÑOS (E)
DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CAUSALES DE EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / HECHO DE LA VÍCTIMA / CONDUCTA DE LA VÍCTIMA / CULPA DE LA VÍCTIMA
[E]l análisis de la culpa de la víctima se realizó solo desde el momento en que la persona investigada fue vinculada al proceso penal, sin tener en cuenta las conductas que la persona realizó antes de que se impusiera la medida de aseguramiento, y que, desde el punto de vista civil, son gravemente culposas o dolosas y que dan lugar a que se configure el eximente de responsabilidad; las que, en el caso bajo estudio, no se configuraron.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la culpa de la víctima y como esta puede darse desde el punto de vista pre procesal, consultar al respecto providencia de 11 de abril de 2012, Exp. 23513, C.P. Mauricio Fajardo Gómez
ACLARACIÓN DE VOTO
Con el acostumbrado respeto por la Corporación, aclaro mi voto respecto de la decisión adoptada en proveído del 17 de agosto de 2021, en el proceso de la referencia, pues, aunque comparto la decisión de la mayoría, difiero de algunos argumentos expuestos en la misma, aspecto que también manifesté en las decisiones en las cuales he sido ponente.
En la sentencia, el análisis de la culpa de la víctima se realizó solo desde el momento en que la persona investigada fue vinculada al proceso penal, sin tener en cuenta las conductas que la persona realizó antes de que se impusiera la medida de aseguramiento, y que, desde el punto de vista civil, son gravemente culposas o dolosas y que dan lugar a que se configure el eximente de responsabilidad; las que, en el caso bajo estudio, no se configuraron.
En los anteriores términos, aclaro mi voto.
Cordialmente,
ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
Magistrado (E)
De acuerdo con lo expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ). Folios 6 al 28 del cuaderno del Tribunal No. 1. En la demanda se solicita una indemnización “como resarcimiento del daño o perjuicio extrapatrimonial causado como consecuencia de la violación de los derechos fundamentales a: la libertad, la integridad, la honra y el buen nombre, la familia, el trabajo, la intimidad personal y familiar, el debido proceso, como consecuencia del error jurisdiccional y la detención injusta y arbitraria de la que fuera objeto pasivo el señor ALFONSO FAJARDO ANGULO”. Por los gastos en que incurrió en su defensa en el proceso penal. Por los salarios dejados de percibir durante el tiempo de la detención. Folios 34 al 43 del cuaderno del Tribunal No. 1. Folios 107 al 110 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 112 al 121 del cuaderno del Consejo de Estado. En ese pronunciamiento, la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “ejecutoriadas” de la citada norma, debido a que desconocía el objeto del recurso de casación, que era corregir los eventuales errores judiciales plasmados en la sentencia de última instancia. El artículo 187 de la Ley 600 de 2000 dispone lo siguiente “(…) La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto 46534 de 9 de septiembre de 2015. Posición reiterada en Auto No. 50980 de 22 de agosto de 2018. Lo anterior, en coherencia con la sentencia de la Corte Constitucional C-641 de 2002, que declaró la exequibilidad condicionada de dicha disposición, según la cual “es pertinente concluir que la norma es constitucional en el sentido de que efectivamente dichas sentencias y providencias interlocutorias quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas por el funcionario correspondiente. Sin embargo, como la notificación de las mismas es indispensable y solamente a partir de dicho conocimiento, es posible imponer voluntaria o coactivamente el cumplimiento de las ordenes proferidas en la decisión judicial, la Corte considera que la ejecutoria de dichas sentencias y providencias no produce efectos jurídicos mientras no se surta su notificación”, Por tanto, habida cuenta que una decisión judicial resuelve de manera definitiva el asunto sometido a su conocimiento cuando queda en firme (con independencia de sus efectos jurídicos), se entiende que, en este caso, la sentencia cobró ejecutoria en la fecha en que la Corte Suprema de Justicia suscribió la providencia que resolvió el recurso extraordinario de casación. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2016, Exp. 15001-23-31-000-2005-00705-01(40542). Posición reiterada en Sentencia del 14 de marzo de 2019, Exp. 05001-23-31-000-2008-01166-01(48915). El Juzgado 7 Penal del Circuito Especializado de Bogotá certificó que el demandante “estuvo privado de la libertad desde el 14 de noviembre de 2002 hasta el 13 de mayo de 2003”. Folios 376 del cuaderno No. 2. Además, el INPEC certificó que “ALFONSO FAJARDO ANGULO, identificado con la Cédula de Ciudadanía N. 79.381.154, TD N. 114319550, estuvo recluido en este Establecimiento Carcelario, desde el 13 de Diciembre de 2002, hasta el 15 de Mayo de 2003, sindicado por el delito de Lavado de Activos y Falsedad en Documento Privado a órdenes de la Unidad delegada ante Tribunal Nacional de Bogotá, dentro del radicado N. 635, autoridad que le concedió la libertad, mediante Boleta No. 9316 del 13 de Mayo de 2003”. Folio 6 del cuaderno No. 2. Dicha información coincide con la certificación expedida por la misma entidad que obra en el folio 369 y 377 del cuaderno No. 2.
Resolución que resuelve situación jurídica. Folios 301 a 366 del cuaderno No. 2. Sentencia penal de primera instancia. Folios 21 a 113 del cuaderno No. 1. Providencia que adiciona sentencia penal. Folios 114 a 118 del cuaderno No. 2. Sentencia penal de segunda instancia. Folios 119 a 282 del cuaderno No. 2. Sentencia de casación. Folio 284 a 299 del cuaderno No. 2. Ley 599 de 2000, artículo 323. “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)”. Ley 600 de 2000, artículo 13 transitorio. “En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados, recibida la indagatoria, el fiscal definirá la situación jurídica dentro de los diez (10) días siguientes, si aquella hubiere sido recibida por un fiscal de sede distinta a la suya. Si es necesaria la práctica de alguna prueba y el término anterior resultare insuficiente, el término para definir la situación jurídica será de veinte (20) días”. Ley 600 de 2000, artículo 14 transitorio. “En los procesos por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados es obligatorio resolver situación jurídica, y en caso de darse los presupuestos del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0600_2000_pr008.html" \l "356" 356 de este código procede detención preventiva”. En el expediente no obra la resolución por medio de la cual se revocó la medida de aseguramiento impuesta a Alfonso Fajardo. No obstante, a partir del recuento procesal realizado en la sentencia absolutoria, se evidencia que, el 8 de mayo de 2003, la fiscalía resolvió el recurso de apelación presentado por los abogados defensores en contra de la resolución de situación jurídica y concedió la libertad provisional a Alfonso Fajardo. Posteriormente, el 7 de noviembre de 2003, la fiscalía calificó el mérito del sumario. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 36149. Se aplicó la siguiente fórmula: Y= A (X-C) + D
B
Donde A es el dinero que corresponde al período dentro del cual se ubica la privación en el caso concreto. Como en este caso, según la tabla, entre 6 y 9 meses de privación, el tope mínimo es de 50 SMLMV y el tope máximo es de 70 SMLMV, la diferencia es de 20 salarios y este último valor es el que se tendrá en cuenta para la aplicación de la fórmula. B es el número de días del período. En este caso, como el rango es de 6 a 9 meses, dicha variable equivale a 3 meses, es decir, 90 días. X es el número de días de efectiva privación de la libertad, es decir, 180 días. C es el día inicial del período de tiempo. En este caso, como el rango empieza en 6 meses, esa variable será de 180. Y D es el monto mínimo en salarios mínimos que corresponde al inicio del período, en este caso, corresponde a 50. La anterior operación nos da el valor de 50 SMLMV. Registro civil de matrimonio. Folio 2 del cuaderno No. 2. Registro civil de nacimiento de Ana María Fajardo Galindo. Folio 3 del cuaderno No 2. Registro civil de nacimiento de Alfonso Fajardo Angulo. Folio 1 del cuaderno No. 2.
Registro civil de nacimiento de Dora Luz Fajardo Angulo. Folio 4 del cuaderno No. 2. Registro civil de nacimiento de Elizabeth Fajardo Angulo. Folio 5 del cuaderno No. 2. La testigo Myriam Achury Guarín manifestó que “a raíz de todos esos inconvenientes [a Alfonso Fajardo] le embargaron el apartamento, le hicieron mala publicidad en los medios de comunicación por lo que no ha podido conseguir un trabajo”. Asimismo, al expediente se aportaron algunas copias de noticias publicadas en el periódico “El Tiempo” realizadas el 30 de noviembre de 2003, 25 de julio de 2005 y 10 de diciembre de 2008. Folio 368 del cuaderno No. 2. Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002. Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016. Corte Constitucional. Sentencia T-977 de 1999. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 14 de septiembre de 2011. Exp. 38222. M.P. Enrique Gil Botero. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de julio de 2019, Exp. 44572. Contrato de prestación de servicios. Folios 7 a 9 del cuaderno No. 2. La testigo Myriam Achury Guarín, al preguntársele por la actividad económica de Alfonso Fajardo al momento de la detención, declaró “Él tenía un buen trabajo, trabajaba en Conalvidrios, tenía una posición económica estable. Luego trabajó en una casa de cambios que fue cuando a él lo involucraron al problema de lavado de activos”. Folio 368 del cuaderno No. 2. Adicionalmente, cabe recordar que, en el proceso penal, al individualizar al procesado, se señaló que este laboraba como técnico en sistemas en la sociedad Inversiones Sirius Ltda. y, precisamente, debido a su vinculación con esa empresa y el cargo que ocupaba fue investigado. En la Sentencia de unificación de 18 de julio de 2019, Exp. 44572, se explicó: “Cuando se acredite suficientemente que la persona privada injustamente de la libertad desempeñaba al tiempo de su detención una actividad productiva lícita que le proporcionaba ingresos y que no pudo continuar desempeñando por causa de la detención, pero se carezca de la prueba suficiente del monto del ingreso devengado producto del ejercicio de tal actividad lícita o la privada de la libertad haya sido una ama de casa o la persona encargada del cuidado del hogar, la liquidación del lucro cesante se debe hacer teniendo como ingreso base el valor del salario mínimo legal mensual vigente al momento de la sentencia que ponga fin al proceso de reparación directa”. Sentencia de Unificación proferida por esta Sección el 18 de julio de 2019, Exp. 44572. Dicho monto se calculó según la formula se muestra a continuación: S = Ra (1+ i)n - 1
i
S = $ 908.526 x (1+ 0.004867)6, - 1
0.004867
S= $5.517.914,93
Sobre la culpa de la víctima y como esta puede darse desde el punto de vista “pre procesal” se pueden consultar al respecto las sentencia Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 11 de abril de 2012, Exp. No. 23513. M.P Mauricio Fajardo Gómez
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