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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05986-00

Fecha
7 de marzo de 2023
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05986-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, buen nombre, honra y mínimo vital invocados por el señor Germán 16 Constitución Política, artículo 2°. 12 Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05986-00 Actor: Germán López Guerrero López Guerrero, por las razones expuestas en las consideraciones. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05986-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

7 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-05986-001
Actor : Germán López Guerrero
Demandados : Magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos
constitucionales fundamentales a la igualdad, buen nombre,
honra y mínimo vital

A manera de anotación preliminar, se impone explicar que la razón del cambio
de ponente en el presente asunto se debe a que el proyecto primigenio de
sentencia presentado a consideración de la Sala, no alcanzó el quórum
necesario para su aprobación.

Por tanto, procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda
dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor
Germán López Guerrero contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo del Cauca, por la presunta vulneración de sus derechos
constitucionales fundamentales a la igualdad, buen nombre, honra y mínimo
vital.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. El señor Germán López Guerrero, quien actúa
en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de que se le protejan las
garantías superiores a las que se hizo referencia, presuntamente quebrantadas
por los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el auto de 12 de
septiembre de 2022, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Cauca
negó la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta al actor, en calidad de
director de sanidad del Ejército Nacional, dentro del incidente de desacato
promovido por el señor José Jairo Cabrera Giménez (expediente 19001-23-33-
002-2015-00432-00); en su lugar, se ordene a la autoridad accionada acoger el
precedente judicial sobre la materia y, en consecuencia, inaplique ese
correctivo.

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05986-00
Actor: Germán López Guerrero

1.2 Hechos. Relata el accionante que entre el 29 de diciembre de 2015 y el
16 de enero de 2019 se desempeñó como director de sanidad del Ejército
Nacional, durante cuya gestión surgió «un alza inesperada de acciones de
tutela» que desbordó la capacidad de respuesta oportuna por parte de la
institución.

Que se promovieron varios incidentes de desacato en su contra, entre ellos, el
trámite 19001-23-33-002-2015-00432-00, en el que el Tribunal Administrativo
del Cauca, a través de auto de 16 de enero de 2019, lo sancionó con multa
equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), por
incumplimiento al fallo de tutela de 22 de septiembre de 2015, que le ordenó
realizar valoración médica «por las especialidades de fisiatría, algesiología,
psicología, neuropsicología y psiquiatría» al señor José Jairo Cabrera
Giménez, con el propósito de que se le practicara una nueva junta médico-
laboral «[…] dentro de un plazo improrrogable de seis meses»; decisión
confirmada el 8 de marzo de esa anualidad, en sede de consulta, por el Consejo
de Estado (sección cuarta).

Dice que el 30 de noviembre de 2021 y 6 de abril, 7 de julio y 2 de agosto de
2022 deprecó del referido Tribunal «[…] la inaplicación de la sanción […] por
cumplimiento efectivo del fallo», para lo cual adujo que al accionante se le
efectuó «el soporte de activación […] al Subsistema de Salud de las Fuerzas
Militares, con el fin de recibir tratamiento integral por la patología de Estrés
Postraumático, además, se señalaron las citas asignadas y autorizadas […],
relacionando días de asistencia o no asistencia, el listado de medicamentos
dispensados, asimismo, se consultó con el grupo de viáticos de la Dirección de
Sanidad, encontrando que pese a que la atención médica fue dada en las
ciudades de Popayán y Cali, el accionante nunca diligenció ni radicó las
planillas de solicitud de viáticos […]» (sic). También indica que el 31 de julio
de 2019 se celebró la junta médico-laboral militar, cuya acta 10431 fue
debidamente notificada al señor Cabrera Giménez.

Que el 12 de septiembre de 2022 la anterior solicitud fue negada, al estimar que
«desde el amparo de los derechos fundamentales del [señor José Jairo Cabrera
Giménez] concurrió un interregno razonable frente a la petición de
inaplicación de la sanción, desconociendo así el carácter perentorio de la
orden, [además,] en el curso del trámite incidental por medio de [proveído] del
26 de noviembre de 2018, la dependencia fue requerida de cara al
cumplimiento del fallo de tutela, no obstante, en tanto subsistió el [desacato]
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05986-00
Actor: Germán López Guerrero

se sancionó […]», y para la época en que acató la orden de amparo (2019), ya
había sido sancionado.

Afirma que el plazo otorgado en el trámite constitucional 19001-23-33-002-
2015-00432-00 no contempló que para efectuar la junta médico-laboral militar,
se deben agotar una serie de procedimientos administrativos y médicos, que
«[…] dependen de la responsabilidad conjunta entre el accionante y la
valoración médica que para cada caso realice el galeno», razón por la cual no
fue posible el cumplimiento de dicha orden de manera oportuna.

Por último, aduce que la providencia censurada desconoce el criterio de la
Corte Constitucional2, Corte Suprema de Justicia3 y Consejo de Estado4, según
el cual se debe inaplicar la sanción en el evento en que se acredite el
acatamiento tardío de las órdenes judiciales, toda vez que el objeto del incidente
no es reprender, sino satisfacer lo dispuesto por el juez.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través
de auto de 22 de noviembre de 2022, admitió la presente acción, ordenó
notificar a los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca y
dispuso vincular a los señores Ministro de Defensa Nacional, director de
sanidad del Ejército Nacional y José Jairo Cabrera Giménez, en los términos
del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 El señor José Jairo Cabrera Giménez pide acceder al amparo deprecado,
por cuanto «ya se culminó todo el procedimiento médico con la elaboración de
[la] junta médica laboral en donde [fue] pensionado por invalidez […] [y] no
existe justificación para que se limite el derecho a la IGUALDAD, BUEN
NOMBRE, HONRA, MÍNIMO VITAL por la sanción de desacato y la negación
de aplicación del levantamiento de la sanción […] por el simple hecho de que
incumplió una acción de tutela, que en este momento está plenamente
satisfecha».

2.1.2 Los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca, Ministro
2
Sentencias T-68 de 1991, T-321 de 1998, T-171 de 2009, SU-424 de 2016 y SU-34 de 2018.
3
Sentencias de (i) 18 de diciembre de 2013, M. P. Fernando Giraldo Gutiérrez; y (ii) 14 de febrero y 11 de
abril de 2014, M. P. Jesús Vall de Ruten Ruiz.
4
Sentencia de 30 de octubre de 2014, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05986-00
Actor: Germán López Guerrero

de Defensa Nacional y director de sanidad del Ejército Nacional guardaron
silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

2.2 Designación de conjuez. El 19 de enero de 2023 el señor consejero de
Estado a cargo del despacho al que le fue asignada por reparto la tutela de la
referencia presentó la correspondiente ponencia, pero como no alcanzó el
quórum necesario para ser aprobada por la Sala, ese mismo día dispuso enviar
el expediente5 al ponente de esta providencia, quien sigue en turno.

No obstante, comoquiera que no se encontraba integrada la Sala para decidir
esta acción de tutela, dado que el señor exmagistrado William Hernández
Gómez finalizó su período el 10 de febrero de 2023 y el 15 siguiente la demanda
fue repartida a este despacho para emitir la correspondiente sentencia, por lo
que habría empate al momento de discutirse su sentido, mediante proveído de
21 de los mismos mes y año, se ordenó realizar el sorteo de conjuez para dirimir
el aludido empate.

En cumplimiento de lo anterior, por medio de acta de 23 de febrero de 2023,
los señores presidente de la sección segunda de la subsección B de esta
Corporación, junto con el secretario general, realizaron el correspondiente
sorteo, en el que quedó designado el conjuez Héctor Santaella Quintero.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
el accionante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales a la igualdad, buen nombre, honra y mínimo vital.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro

5
Que el 1º de marzo de 2023 ingresó al despacho para que se elaborara un nuevo proyecto de fallo.
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05986-00
Actor: Germán López Guerrero

medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción
de tutela examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar el proveído de 12 de septiembre de 2022,
por cuyo conducto el Tribunal Administrativo del Cauca negó una petición de
inaplicación de la sanción impuesta al actor, en calidad de director de sanidad
del Ejército Nacional, dentro del incidente de desacato promovido por el señor
José Jairo Cabrera Giménez (expediente 19001-23-33-002-2015-00432-00); y,
en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores a la igualdad,
buen nombre, honra y mínimo vital invocadas en la solicitud de amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda
en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre
cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente
para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii)
defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv)
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05986-00
Actor: Germán López Guerrero

defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05986-00
Actor: Germán López Guerrero

procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales6, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20127, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con

6
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
7
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
7

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05986-00
Actor: Germán López Guerrero

anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos8.

3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i)
el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, buen
nombre, honra y mínimo vital del actor; (ii) contra el proveído censurado no
procede recurso alguno, toda vez que se decidió una petición de inaplicación
de la sanción por desacato9; (iii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial atacada se
profirió el 12 de septiembre de 2022 y la solicitud de amparo se instauró el 11
de noviembre siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (2 meses); y
(v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.

3.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:

a) El señor José Jairo Cabrera Giménez incoó acción de tutela contra el señor
director de sanidad del Ejército Nacional (expediente 19001-23-33-002-2015-
00432-00), con el propósito de que se ampararan sus derechos constitucionales
fundamentales de vida digna, integridad física, igualdad, debido proceso y
salud y se ordenara al accionado (i) realizarle una nueva valoración médica por
las especialidades de «fisiatría, algesiología, psicología, neuropsicología y
psiquiatría»; y (ii) practicarle una nueva junta médico-laboral militar.

b) Del asunto constitucional conoció el Tribunal Administrativo del Cauca, que
el 2 de septiembre de 2015 la admitió y el 22 de los mismos mes y año amparó
las garantías superiores invocadas por el allí tutelante y le ordenó al señor
director de sanidad del Ejército Nacional que surtiera las actuaciones

8
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
9
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, auto de 26 de agosto de 2019, C. P. Carmelo Perdomo
Cuéter, expediente 11001-03-15-000-2018-00126-01: «[L]as disposiciones que regulan la acción de tutela y
el incidente de desacato no contemplan la posibilidad de recurrir la providencia que desesti[me] una petición
de inaplicar [una] sanción […]».
8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05986-00
Actor: Germán López Guerrero

pertinentes para que (i) dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la
decisión, reactivara en el sistema de salud al accionante, para garantizarle el
acceso efectivo, periódico e ininterrumpido de los controles de medicina
general y especializada y el tratamiento integral al que deba someterse,
incluidos la autorización y el suministro de los medicamentos, procedimientos,
valoraciones y hospitalización que requiera; y (ii) realizara valoración médica
por las especialidades de «fisiatría, algesiología, psicología, neuropsicología
y psiquiatría» y, una vez emitidos los correspondientes conceptos, practicara
una nueva junta médico-laboral militar, en un plazo de 6 meses.

c) Se celebró junta médico-laboral militar, mediante acta 108431 de 31 de julio
de 2019, en cumplimiento a la referida orden de tutela, en la que, en atención a
las valoraciones realizadas por los especialistas sobre las condiciones clínicas
del señor José Jairo Cabrera Giménez, se determinó que padece «[…]
INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. NO APTO» (sic) del 57.38%.

d) Resolución 2481 de 29 de abril de 2020, por cuyo conducto el Ministerio de
Defensa Nacional reconoció pensión de invalidez al señor Cabrera Giménez, a
partir del 5 de noviembre de 2012, pero con efectos fiscales desde el 24 de
enero de 2017 por prescripción.

e) Escrito de 30 de noviembre de 2021, por medio del cual el actor solicitó del
Tribunal Administrativo del Cauca la inaplicación de la sanción impuesta en su
contra, en calidad de director de sanidad del Ejército Nacional, dentro del
incidente de desacato promovido por el señor José Jairo Cabrera Giménez
(expediente 19001-23-33-002-2015-00432-00), «teniendo en cuenta que ya se
dio cabal cumplimiento al fallo de tutela». Dicho pedimento fue reiterado el 6
de abril, 7 de julio y 2 de agosto de 2022.

f) Auto de 12 de septiembre de 2022, a través del cual el citado Tribunal negó
la solicitud anterior, al estimar que la Corte Constitucional ha indicado que la
sanción por desacato procede cuando hay incumplimiento de las órdenes
judiciales que amparan las garantías fundamentales de las personas, por tanto,
al haberse acreditado la renuencia del actor para el acatamiento oportuno del
mandato de tutela, se aplicó dicho correctivo.

De igual modo, se anotó que se desconoció el carácter perentorio de la orden,
por lo que «[…] no resulta admisible que los servidores pasen por alto los
derechos fundamentales de los accionantes, de suerte que estos se vean

9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05986-00
Actor: Germán López Guerrero

compelidos a impetrar las acciones constitucionales, y, que pese a que se
profieran las órdenes respectivas, persista la vulneración de los derechos […];
cumpliendo lo ordenado bajo un actuar caprichoso en la oportunidad que a
bien consideren y desconociendo las oportunidades procesales».

Por último, agrega que para la época en que se dio cumplimiento al fallo (julio
de 2019), ya había sido sancionado, pues dicho correctivo se impuso el 16 de
enero de 2019, confirmado el 8 de marzo siguiente por el Consejo de Estado
(sección cuarta).

3.5.2 Desconocimiento del precedente. El desconocimiento del precedente
tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela
contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii)
como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La
primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente
de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia10, y
la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del
precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a
concluir que la providencia incurre en defecto sustantivo11 conforme a los
principios del debido proceso, igualdad y buena fe12.

En el asunto sub examine el demandante afirma que la providencia cuestionada
desconoce el criterio de la Corte Constitucional13, Corte Suprema de Justicia14
y Consejo de Estado15, según el cual se debe inaplicar la sanción en el evento
en que se acredite el acatamiento de las órdenes de tutela, así sea de manera
tardía.

10
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias
de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional
a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
11
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
12
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M.
P. Jorge Iván Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13
Sentencias T-68 de 1991, T-321 de 1998, T-171 de 2009, SU-424 de 2016 y SU-34 de 2018.
14
Sentencias de (i) 18 de diciembre de 2013, M. P. Fernando Giraldo Gutiérrez; (ii) 14 de febrero y 11 de abril
de 2014, M. P. Jesús Vall de Ruten Ruiz.
15
Sentencia de 30 de octubre de 2014, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05986-00
Actor: Germán López Guerrero

Ahora bien, aunque la Corte Constitucional ha indicado que la sanción por
desacato solo es procedente cuando hay renuencia (derrotero acogido en
algunos fallos de tutela por parte del Consejo de Estado y la Corte Suprema de
Justicia), esa premisa no fue ignorada en la providencia acusada, pues
justamente indicó que requirió del señor director de sanidad del Ejército
Nacional el cumplimiento de la orden de tutela emanada el 22 de septiembre
de 2015, consistente en que dentro de los 6 meses siguientes le practicara al
señor Cabrera Giménez una nueva junta médico-laboral militar, con base en los
conceptos definitivos elaborados por algunos especialistas en la salud, lo cual
no ocurrió dentro del lapso concedido, sino 3 años después.

De igual manera, se precisa que la sanción objeto de reproche por parte del
actor se le impuso antes de que se observara el fallo de tutela, dado que, como
quedó anotado, dicho correctivo se emitió el 16 de enero de 2019 (confirmado
el 8 de marzo siguiente), y la junta médico-laboral militar que se le practicó al
señor José Cabrera acaeció el 31 de julio de esa anualidad.

Al respecto, cabe aclarar que el demandante no adosó al trámite incidental
documento alguno que pusiera en conocimiento del juez constitucional el
acatamiento de la orden por él emanada, pues ello lo realizó el 30 de noviembre
de 2021 (2 años después de la celebración de la junta médico-laboral militar),
cuando solicitó la inaplicación de la sanción, por consiguiente, al haber actuado
con negligencia y demostrado la desatención de la orden judicial, habilitaba a
los demandados a sancionarlo dentro del trámite constitucional, conforme a la
mencionada jurisprudencia constitucional.

En relación con la aseveración en la que el demandante funda el
desconocimiento del precedente (consistente en que se inobservó el criterio
según el cual se debe inaplicar una sanción por desacato cuando se acredita el
cumplimiento de la orden de tutela), se advierte que en el auto censurado se
expuso que si bien era cierto que el actor había acatado la orden de tutela,
también lo era que ello ocurrió después de que feneciera el término otorgado
para ese efecto, pues se concedieron 6 meses para tal propósito y lo hizo hasta
3 años después, razón por la cual «[…] no resulta admisible que los servidores
pasen por alto los derechos fundamentales de los accionantes […], y, que pese
a que se profieran las órdenes respectivas, persista la vulneración de los
derechos […]; cumpliendo lo ordenado bajo un actuar caprichoso en la
oportunidad que a bien consideren y desconociendo las oportunidades
procesales».
11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05986-00
Actor: Germán López Guerrero

De acuerdo con lo expuesto, la Sala evidencia que la providencia acusada
contraría la mencionada regla jurisprudencial fijada por la Corte
Constitucional, sin embargo, ello no configura el desconocimiento del
precedente alegado por el actor, pues los señores magistrados del Tribunal
Administrativo del Cauca plantearon argumentos suficientes para apartarse de
la postura de ese alto tribunal, los cuales son razonables, toda vez que pretenden
evitar que las órdenes de tutela se obedezcan tardíamente, en afectación de los
derechos constitucionales fundamentales de quien obtuvo una orden de tutela
en su favor y la eficacia de los mandatos judiciales.

Tal posición de los aludidos señores magistrados resulta plausible, pues no
puede aceptarse que la autoridad, cuyo primer deber funcional es «servir a la
comunidad»16, se «tome su tiempo» para acatar los fallos judiciales y por esta
vía soslayar así instituciones procesales tan sensibles y de orden público como
la seguridad jurídica, la cosa juzgada y el debido proceso. Aceptarlo sería, ni
más ni menos, permitir que la acción de tutela, uno de los mayores logros
civiles y políticos de la Carta Política de 1991, se convierta en un trámite
inoficioso y vacío, cuyas órdenes, así comporten la salvaguarda de derechos
fundamentales, puedan ser satisfechas al arbitrio y disposición de quien no solo
debe obedecerlas, sino garantizarlas.

En ese orden de ideas, como son razonables y suficientes los planteamientos
consignados en el auto de 12 de septiembre de 2022 para apartarse de la postura
de la Corte Constitucional, la inobservancia de esta no vulnera garantías
superiores.

A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que el proveído censurado
no incurre en desconocimiento del precedente, la Sala negará el amparo
deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la
igualdad, buen nombre, honra y mínimo vital invocados por el señor Germán

16
Constitución Política, artículo 2°.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05986-00
Actor: Germán López Guerrero

López Guerrero, por las razones expuestas en las consideraciones.

2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS HÉCTOR SANTAELLA QUINTERO
Con salvamento de voto Conjuez

13

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