Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02639-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02639-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02639-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
24 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-02639-001
Actor : Carlos Evelio Grajales Quirama
Demandados : Magistrados de la sala segunda del Tribunal Administrativo
de Antioquia
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales de acceso a la administración de justicia,
dignidad humana y unidad familiar
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Carlos Evelio
Grajales Quirama contra los señores magistrados de la sala segunda del
Tribunal Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de sus
derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de
justicia, dignidad humana y unidad familiar.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. El señor Carlos Evelio Grajales Quirama, en
nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de que se le protejan las
garantías superiores a las que se hizo referencia, presuntamente quebrantadas
por los señores magistrados de la sala segunda del Tribunal Administrativo de
Antioquia.
Como consecuencia de lo anterior, pide se dejen sin efectos el auto de 6 de
mayo de 2022, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Antioquia
(sala segunda) confirmó el de 17 de mayo de 2021, con el que el Juzgado
Séptimo (7º) Administrativo de Medellín rechazó por caducidad el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el
municipio de Envigado (expediente 05001-33-33-007-2021-00139-00); en su
lugar, se ordene a las autoridades accionadas admitir la demanda y continuar
con el correspondiente trámite procesal.
1.2 Hechos. Relata el actor que el 13 de mayo de 2016 la oficina de control
interno disciplinario de Envigado inició actuación disciplinaria en su contra
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02639-00
Actor: Carlos Evelio Grajales Quirama
«2013-063 (acum. 2015-027/039, 2016-005/006, 2017-028)», por hechos
ocurridos entre los años 2013 y 2015, cuando se desempeñaba como docente de
la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel de Envigado, trámite en el que el
4 de junio de 2020 se le declaró disciplinariamente responsable de las faltas que
se le endilgaban 2 y se le «[…] impuso sanción de destitución e inhabilidad
general por el término de quince (15) años […]»3.
Que inconforme con la mencionada determinación, interpuso recurso de
apelación, con fundamento, entre otras irregularidades, en que no hubo
imparcialidad por parte del funcionario que adelantó el procedimiento
disciplinario y, en todo caso, se debían anular las actuaciones allí surtidas,
comoquiera que se omitió la oportunidad para «[…] solicitar, decretar o
practicar pruebas»; desatado por el señor alcalde de Envigado, con Resolución
5222 de 3 de agosto de 2020, en el sentido de confirmar la sanción impuesta en
primera instancia, al considerar que fue «[...] producto de un análisis racional
del material probatorio allegado al proceso […]» y no se configuraron las
anomalías señaladas por el actor en su escrito de alzada.
Dice que, por lo anterior, el 22 de septiembre de 2020 instauró demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Envigado
(expediente 05001-33-33-002-2020-00210-00), encaminada a obtener la
anulación de las aludidas decisiones disciplinarias, la cual fue repartida al
Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Medellín que, a través de auto de 9 de
octubre siguiente, la inadmitió, con el propósito de que se aportara la
constancia de la conciliación prejudicial, no obstante, su apoderado el 27 de los
mismos mes y año la retiró para realizar el trámite requerido por ese despacho
judicial, lo cual hizo el 17 de noviembre de ese año.
Que el 19 de abril de 2021 promovió nuevamente ese medio de control
(expediente 05001-33-33-007-2021-00139-00), el cual le correspondió al
Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Medellín, que el 17 de mayo de 2021
lo rechazó por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad, habida
cuenta de que para tal efecto «[...] el plazo […] corrió entre los días 7 de
agosto de 2020 (día siguiente a la notificación) y el 7 de diciembre de[l mismo
año], [es decir], venció el día hábil siguiente esto es, el 9 de diciembre de [...]»
2
Entre otras, las enunciadas en los numerales 1 y 2 de los artículos 35 y 38 de las Leyes 734 de 2002 y 996 de
2005, en su orden.
3
Sanción que no fue ejecutada, puesto que el actor para esa época ya había culminado su vinculación como
profesional universitario de la secretaría de educación de Envigado.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02639-00
Actor: Carlos Evelio Grajales Quirama
esa anualidad, no obstante, el correspondiente escrito introductorio se presentó
el 19 de abril de 2021, determinación confirmada el 6 de mayo de 2022 con
base en similares argumentos.
Aduce que el auto atacado quebranta sus garantías superiores, toda vez que las
autoridades accionadas no tuvieron en cuenta que el término, previsto en la
letra d del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se suspendió
con ocasión de la presentación de la primera demanda. Además, fue víctima de
la negligencia de su abogado, quien no la radicó nuevamente en forma
oportuna, pese a que conocía el lapso del que disponía para ello.
Que la decisión enjuiciada vulnera sus derechos fundamentales, puesto que fue
sancionado de manera arbitraria en la actuación disciplinaria que se adelantó en
su contra y los magistrados accionados le impiden el acceso a la administración
de justicia por las omisiones de su abogado, lo que desconoce sus años de
labores como docente en las que obtuvo calificaciones de servicio
sobresalientes, pues, en atención a la inhabilidad impuesta, no ha podido volver
a trabajar, lo que ocasionó que perdiera «[…] el poder adquisitivo con el que
sostenía [a su] familia la cual se tuvo que desintegrar con la separación de
cuerpos [y] [su] única hija hoy tiene dos años y medio […]», a quien siquiera
puede suministrarle una cuota alimentaria.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través
de auto de 17 de mayo de 2022, admitió la presente acción, ordenó notificar a
los señores magistrados de la sala segunda del Tribunal Administrativo de
Antioquia y dispuso vincular al señor alcalde de Envigado, en los términos
previstos en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El señor alcalde de Envigado, por conducto de apoderada, se opone a la
presente acción y sostiene que «[...] la tutela no está concebida para debatir
cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial, y tampoco presupone
una tercera instancia», por lo que pide se declare su improcedencia.
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02639-00
Actor: Carlos Evelio Grajales Quirama
2.1.2 Los señores magistrados de la sala segunda del Tribunal Administrativo
de Antioquia guardaron silencio en la oportunidad procesal prevista para el
efecto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas
de reparto de la acción de tutela, previstas en el Decreto 1382 de 2000,
determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por el
accionante, quien aduce vulneración de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y
1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los
derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario,
la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o
vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede
como mecanismo transitorio.
3.2 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje
constitucional fundamental que pueda comportar el auto de 6 de mayo de 2022,
por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala segunda)
confirmó el de 17 de mayo de 2021, con el que el Juzgado Séptimo (7º)
Administrativo de Medellín rechazó por caducidad el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el tutelante contra el
municipio de Envigado (expediente 05001-33-33-007-2021-00139-00); y, en
caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores de acceso a la
administración de justicia, dignidad humana y unidad familiar invocadas en la
solicitud de amparo.
3.3 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02639-00
Actor: Carlos Evelio Grajales Quirama
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02639-00
Actor: Carlos Evelio Grajales Quirama
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez.
(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que la actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02639-00
Actor: Carlos Evelio Grajales Quirama
la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 4 , rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20125, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos6.
Por último, en el fallo de 5 de agosto de 20147, proferido por la sala plena de lo
contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de
que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio
de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y
específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el
de inmediatez y subsidiariedad.
3.4 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, dignidad humana y unidad familiar del actor; (ii)
4
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
5
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
6
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
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Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014,
C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02639-00
Actor: Carlos Evelio Grajales Quirama
contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a
que fue emitida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la
determinación judicial atacada fue emitida el 6 de mayo de 2022 y la solicitud
de amparo se instauró el 12 siguiente, es decir, dentro de un término prudencial
(6 días); y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el
fondo del asunto de acuerdo con la causal específica denominada defecto
sustantivo, habida cuenta de que, aunque el actor no identificó el vicio que le
endilga a la providencia reprochada, se advierte que su inconformidad atañe a
la manera como las autoridades accionadas interpretaron la letra d numeral 2
del artículo 164 del CPACA, lo que comporta configuración de dicho defecto.
3.5.1 Defecto sustantivo. Sea lo primero anotar que el artículo 230 de la
Constitución Política prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio
de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades judiciales deben decidir
las controversias de acuerdo con las normas que regulan la materia, como
expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional 8 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque
fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene
relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica
o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una
falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de
interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido
al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de
la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione
la efectividad de los derechos constitucionales9.
8
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
9
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02639-00
Actor: Carlos Evelio Grajales Quirama
En el sub lite se advierte que el actor sostiene que la providencia reprochada
incurre en defecto sustantivo, puesto que no tuvo en cuenta que el término
previsto en la letra d del numeral 2 del artículo 164 del CPACA para instaurar
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, debía interrumpirse
cuando la presentó por primera vez. Además, fue víctima de la negligencia de
su abogado, quien no la formuló oportunamente, pese a que conocía del plazo
del que disponía para tal efecto, lo que quebranta sus garantías superiores,
porque impide que se estudie la legalidad de la sanción disciplinaria que le fue
impuesta de manera injusta y arbitraria por parte de la oficina de control interno
disciplinario de Envigado.
Para dilucidar este asunto resulta necesario precisar que la caducidad es una
institución jurídico-procesal que tiene como fin regular el tiempo con el que
cuentan las personas para ejercer el derecho de acción, es decir, para acudir
ante la administración de justicia en aras de dirimir controversias, con lo que se
materializa el principio de seguridad jurídica, porque evita que un conflicto
permanezca sin solución indefinidamente. Esta se configura cuando no se
instauran los medios judiciales dentro del término otorgado en la normativa, lo
que imposibilita al juez decidir de fondo el asunto10.
Por su parte, la letra d del numeral 2 del artículo 164 del CPACA preceptúa que
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho debe presentarse dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo que se pretende anular, motivo por el cual
si se promueve luego de dicho lapso, acontece la caducidad. La mencionada
norma prevé:
La demanda deberá ser presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la
demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
10
Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 21 de febrero de 2011, C. P. Olga Mélida
Valle de De La Hoz, expediente: 52001-23-31-000-2010-00214-01 (39360).
9
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02639-00
Actor: Carlos Evelio Grajales Quirama
ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales;
De igual modo, el artículo 13 de la Ley 1285 de 200911 señala que cuando las
controversias que se ventilan a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, entre otros mecanismos judiciales, son
transigibles, la conciliación «siempre constituirá requisito de procedibilidad»,
por lo que su agotamiento está sujeto a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
640 de 200112, el cual estipula que la presentación de la solicitud de aquella
suspende la caducidad hasta cuando concurra alguno de los presupuestos allí
previstos. Dicho precepto consagra:
La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante
el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el
caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de
conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido
por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el
artículo 2[13]. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3)
meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta
suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.
En virtud del citado mandato, una vez se configure alguna de esas situaciones,
se reanuda el término para instaurar la demanda contencioso-administrativa de
nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que esta debe incoarse antes de
que el período computable para la caducidad sume más de cuatro (4) meses,
plazo que está constituido por los interregnos comprendidos entre la fecha de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo
acusado y la presentación de la solicitud de conciliación, y desde el momento
en que acontece alguno de los sucesos enunciados en la norma transcrita y la
interposición del escrito inicial.
11
«Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia».
12
«Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones».
13
«El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación de la
solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto
objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo.
2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse
expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere.
3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que
se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse dentro de
los 10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud.
En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados. Los
funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y los
conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro de conciliación para su archivo».
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02639-00
Actor: Carlos Evelio Grajales Quirama
Ahora bien, en el evento en que los cuatro (4) meses de que trata la letra d del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA finalicen un día feriado o vacante, el
medio de control debe promoverse el primer día hábil siguiente, tal como lo
autoriza el artículo 6214 del Código de Régimen Político y Municipal.
Por otra parte, resulta necesario destacar que, en razón a las diversas
interpretaciones jurisprudenciales, respecto del momento a partir del cual debe
computarse el término para que se formulen de manera oportuna las demandas
de nulidad y restablecimiento del derecho, encaminadas a discutir la legalidad
de actos administrativos sancionatorios de carácter disciplinario, la sección
segunda de esta Corporación unificó criterios en la materia15, en los siguientes
términos:
En primer lugar se tiene que por regla general y a la luz de lo dispuesto en el
artículo 136 del C.C.A., el término de caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho comienza a contabilizarse a partir del acto de
ejecución de la sanción disciplinaria.
Sin embargo, debe precisarse que este criterio no es absoluto ni resulta
aplicable a todos los casos, toda vez que en los eventos en que la sanción no es
ejecutada en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 172 de la Ley 734 de
2002, o cuando dicho acto no implica la materialización de la sanción, el
cómputo del término de caducidad debe realizarse a partir de la ejecutoria del
acto que resolvió la situación jurídica particular, esto es, del fallo mediante el
cual se dio por concluida la actuación administrativa disciplinaria.
[…]
Es evidente entonces que en los casos en los cuales la sanción disciplinaria es
ejecutada según el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, y solamente cuando el
correspondiente acto de ejecución materialice la terminación o suspensión del
vínculo laboral del servidor público, se presenta la concurrencia de dos
momentos que de conformidad con el artículo 136 num. 2 del C.C.A., podrían
ser tenidos en cuenta a fin de computar del término de caducidad de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, i) el de la ejecutoria del acto
sancionatorio y ii) el de la ejecución del mismo.
La cuestión radica en establecer cuál de estos dos momentos debe prevalecer
14
«[…] En plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y
de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si
el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil».
15
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, auto de 25 de febrero de 2016,
expediente 11001-03-25-000-2012-00386-00 (1493-2012). Criterio que se ha adoptado de manera subsiguiente
por la sección segunda de esta Corporación en autos de 4 de octubre de 2018 y 18 de septiembre de 2019,
expedientes 18001-23-40-000-2017-00161-01(0237-18) y 68001-23-33-000-2015-00948-01 (0656-2018),
respectivamente, entre otros.
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02639-00
Actor: Carlos Evelio Grajales Quirama
para efectos de la contabilización del término de caducidad de la acción ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
[…]
Sentado lo anterior, la Sala encuentra que en el caso específico de los actos
administrativos de carácter disciplinario que impliquen el retiro temporal o
definitivo del servicio, en los que exista un acto de ejecución que cumpla con
las condiciones señaladas previamente, el artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo admitía dos interpretaciones igualmente válidas: i) que el
término de caducidad comience a correr desde el momento en que la persona es
notificada del acto mediante el cual se le impuso una sanción disciplinaria, y ii)
que dicho término sea contabilizado a partir de la ejecución de los actos
disciplinarios.
A juicio de esta Corporación, es claro que en principio y sin perjuicio de las
situaciones que puedan presentarse en cada caso concreto, para el administrado
resulta más favorable que el término de caducidad comience a contabilizarse a
partir del acto de ejecución de la sanción disciplinaria, en la medida en que esta
actuación se realiza con posterioridad a la emisión del respectivo fallo
disciplinario.
[…]
De esta forma, una interpretación más amplia del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo concede a la persona la oportunidad de ejercer de
forma idónea los derechos fundamentales al acceso a la administración de
justicia y a la defensa, por lo que en principio, una interpretación en este
sentido debe ser preferida en los eventos en los que en el caso concreto haya
sido emitido un acto ejecutando la sanción de retiro temporal o definitivo del
servicio.
[…]
En definitiva, es claro que en aquellos casos en los que haya sido emitido un
acto ejecutando una sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo del
servicio, y éste materialice la situación laboral del servidor público, debe
preferirse la interpretación según la cual el término de caducidad de la acción
contenciosa debe computarse a partir del acto de ejecución, en la medida en que
ésta constituye una garantía para el administrado y una forma de facilitar el
control de los actos de la administración.
Distinto ocurre cuando no se presenta el escenario antes descrito, esto es,
cuando o bien no existe un acto que ejecute la sanción disciplinaria de retiro del
servicio, o cuando dicho acto no tiene relevancia frente a los extremos
temporales de la relación laboral, situaciones que impiden aplicar el criterio
expuesto en esta providencia y frente a las cuales debe contarse el término de
caducidad a partir de la ejecutoria del acto definitivo que culminó el proceso
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02639-00
Actor: Carlos Evelio Grajales Quirama
administrativo disciplinario.
En ese orden de ideas, resulta claro que el momento a partir del cual debe
computarse el plazo estipulado por el ordenamiento jurídico para instaurar
demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando se controvierte la
legalidad de actos administrativos sancionatorios de carácter disciplinario, es
desde el acto de ejecución de la sanción disciplinaria cuando: (i) impliquen el
retiro temporal o definitivo del servicio, (ii) haya sido emitido un acto de
ejecución y (iii) este materialice la suspensión o terminación de la relación
laboral administrativa, y en los casos en los que la sanción no es ejecutada,
como en el sub lite, dicho lapso debe contarse a partir «[…] de la ejecutoria
del acto que resolvió la situación jurídica particular, esto es, del fallo
mediante el cual se dio por concluida la actuación administrativa
disciplinaria».
Revisada la providencia censurada se tiene que los magistrados accionados
concluyeron:
En este caso, como se presentó la terminación del vínculo laboral [del
actor con la alcaldía de Envigado] de manera previa a la ejecutoria de la
sanción disciplinaria, esto es, el 31 de mayo de 2020, el término de
caducidad para la nulidad de los actos administrativos que sancionan
disciplinariamente, se cuenta a partir de la ejecutoria de los mismos.
En este caso, como la Resolución No. 0005222 del 3 de agosto de 2020,
proferida por el Alcalde del municipio de Envigado, por la cual se
confirma en su integridad el fallo de primera instancia, le fue notificada
al demandante de forma personal el 6 de agosto de 2020, a partir de esta
fecha inicia el conteo del término de caducidad del medio de control.
En consecuencia, a partir del día siguiente, es decir del 7 de agosto de
2020, el demandante contaba con cuatro (4) meses para presentar la
demanda, hasta el 7 de diciembre [siguiente] término que se interrumpió
con la solicitud de conciliación prejudicial radicada en la Procuraduría
116 Judicial II para Asuntos Administrativos el 17 de noviembre de
2020 cuando habían transcurrido 3 meses y 10 días, hasta el 10 de
febrero de 2021, cuando le restaban veinte (20) días para radicar la
demanda, hasta el 2 de marzo [siguiente].
Como la demanda fue presentada el 19 de abril de 2021 ya había
operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de la
referencia.
13
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02639-00
Actor: Carlos Evelio Grajales Quirama
En este caso no se expidió acto de ejecución de la sanción puesto que el
demandante no se encontraba laborando. En gracia de discusión aún
considerando la fecha en que se notificó a la Procuraduría General de la
Nación de la sanción impuesta en oficio que se recibió el 21 de agosto de
2020, también habría operado la caducidad por lo siguiente:
A partir del día siguiente, es decir del 22 de agosto de 2020, el
demandante contaba con cuatro (4) meses para presentar la demanda,
hasta el 22 de diciembre de [ese mismo año], término que se
interrumpió con la solicitud de conciliación prejudicial radicada en la
Procuraduría 116 Judicial II para Asuntos Administrativos el 17 de
noviembre de 2020 cuando habían transcurrido 2 meses y 25 días, hasta
el 10 de febrero de 2021, cuando le restaban un (1) mes cinco (5) días
para radicar la demanda, hasta el 15 de marzo [siguiente] sin embargo la
demanda se radicó el 19 de abril de 2021.
Afirma el demandante que la demanda inicialmente se radicó ante los
Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín el 22 de septiembre
de 2020, que fue retirada el 27 de octubre de 2020, y que a partir de esa
fecha se vuelve a contar el término de caducidad.
Al respecto debe precisarse que el término de caducidad se interrumpe
con la presentación de la demanda, y es facultativo del demandante
retirar la demanda, pero si lo hace no se interrumpen los términos, ni se
empieza a contar nuevamente el término de caducidad.
Si se retira la demanda como lo hizo en este caso el demandante, el
término de caducidad se cuenta desde la ejecutoria del acto
administrativo demandado. La presentación y retiro de una demanda no
tiene como efecto la interrupción del término de caducidad, dicha
interrupción sólo opera en los casos expresamente señalados en la ley.
De lo expuesto se advierte que (i) la alcaldía de Envigado, por conducto de
Resolución 5222 de 3 de agosto de 2020, confirmó la sanción disciplinaria
impuesta al accionante por la oficina de control interno de ese ente territorial,
consistente en «[…] destitución e inhabilidad general por el término de quince
(15) años»; (ii) dicho acto se le notificó el 6 de los mismos mes y año a aquel,
la cual no se ejecutó, puesto que su vínculo laboral se había terminado con
anterioridad; (iii) el tutelante el 22 de septiembre siguiente instauró demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Envigado
(expediente 05001-33-33-002-2020-00210-00), no obstante, el 27 de octubre de
esa anualidad la retiró; (iv) el 17 de noviembre siguiente presentó solicitud de
conciliación prejudicial, la cual se declaró fallida el 10 de febrero de 2021; y
(v) el 19 de abril de ese año promovió nuevamente el mismo medio de control
(expediente 05001-33-33-007-2021-00139-00), el cual fue rechazado el 6 de
14
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02639-00
Actor: Carlos Evelio Grajales Quirama
mayo de 2022 por los magistrados accionados, con fundamento en que había
operado el fenómeno de la caducidad.
En ese orden de ideas, los 4 meses que tenía el tutelante para acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativa, en virtud de la letra d del numeral 2
del artículo 164 del CPACA y de la fecha en que se le notificó el acto
administrativo sancionatorio de segunda instancia (6 de agosto de 2020),
trascurrieron entre el 7 de agosto y el 7 de diciembre de 2020, sin embargo,
como presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 17 de noviembre de ese
mismo año, se suspendió dicho término por el tiempo restante, es decir, 20 días,
que se reanudaron el 11 de febrero de 2021 (toda vez que la audiencia de
conciliación se celebró y se declaró fallida el día anterior), por lo que ese lapso
venció el 2 de marzo siguiente, no obstante, comoquiera que el 19 de abril del
mismo año instauró la demanda, resulta evidente que lo hizo de manera
extemporánea, por tanto, operó el fenómeno jurídico de la caducidad.
De lo citado se colige que la providencia reprochada no adolece de defecto
sustantivo, habida cuenta de que, contrario a lo sostenido por el actor, los
magistrados accionados consideraron que el lapso oportuno para promover el
medio de control de su interés era a partir de la fecha en la que se le notificó la
sanción disciplinaria de segunda instancia (comoquiera que no era factible su
ejecución, dado que para esa época carecía de vínculo laboral con la
Administración), lo que corresponde a la postura vigente en esta Coporación al
respecto y no comporta una interpretación arbitraria o caprichosa de la
configuración del fenómeno de la caducidad.
Asimismo, se evidencia que, además, en el proveído acusado, con el fin de
garantizar el acceso a la administración de justicia y en gracia de discusión,
efectuaron el conteo a partir del día en el que se le informó de dicha sanción a
la Procuraduría General de la Nación (21 de agosto de 2020), sin embargo,
tampoco en ese escenario el escrito introductorio se instauró en tiempo.
Por otra parte, en relación con el argumento de que se desconoció que el 22 de
septiembre de 2020 había formulado, en una primera oportunidad, la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, encaminada a obtener la anulación
de los actos administrativos sancionatorios, carece de asidero jurídico, puesto
que los magistrados accionados sí advirtieron su presentación, diferente es que
hayan considerado que dicha actuación no interrumpía la configuración de la
15
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02639-00
Actor: Carlos Evelio Grajales Quirama
caducidad, al no estar enunciado tal evento en el ordenamiento jurídico,
comoquiera que ello acaece con la solicitud de conciliación extrajudicial, la
cual fue tenida en cuenta para determinar la presentación oportuna del medio
de control, al estimar que la interrupción, en virtud de esa petición, ocurrió
entre el 17 de noviembre de 2020 y el 10 de febrero de 2021.
Cabe anotar que en virtud de los principios de autonomía e independencia
judicial no corresponde al juez constitucional cuestionar la interpretación
normativa que realiza el juez natural para desatar un asunto sometido a su
consideración, siempre y cuando ello no comporte una decisión arbitraria, lo
cual, como se explicó, no ocurre en el sub lite. Sobre el particular, la
jurisprudencia constitucional16 dijo:
[…] la interpretación de la ley es un campo en el que se manifiestan con
especial intensidad los principios de independencia y autonomía judicial.
En efecto, en la tarea de aplicación de las normas, el juez se enfrenta a
diversas posibilidades hermenéuticas que derivan de la interpretación de
las disposiciones normativas, y no corresponde al juez constitucional
señalar cuál es la “correcta”, o la más conveniente para la resolución de un
caso específico, porque con fundamento en el artículo 230 de la
Constitución Política, el funcionario judicial al administrar justicia goza de
una libertad interpretativa, producto del respeto de la independencia y la
autonomía judicial, que lo ponen a salvo de injerencias indebidas que
afecten su imparcialidad y la sujeción al orden jurídico, y que únicamente
encuentran límite en la desviación caprichosa y arbitraria de la ley […].
Por último, en cuanto a la inconformidad del actor, según la cual no se tuvo en
cuenta que su apoderado en las diligencias ordinarias fue negligente, al no
promover la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de su interés
en los términos estipulados en el ordenamiento jurídico, se advierte que esta no
es la instancia para discutir el cumplimiento del mandato otorgado a ese
profesional del derecho, puesto que, en caso de que así lo considere, se
encuentra en la posibilidad de formular la correspondiente queja por la
desatención de sus deberes como abogado ante la respectiva comisión
seccional de disciplina judicial, con el fin de que se estudien sus reproches en
ese sentido.
A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que la providencia
censurada no incurre en el defecto sustantivo invocado, la Sala negará el
16
Corte Constitucional, sentencia T-1
92 de 2015, M. P. María Victoria Calle Correa.
16
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02639-00
Actor: Carlos Evelio Grajales Quirama
amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales de
acceso a la administración de justicia, dignidad humana y unidad familiar
invocados por el señor Carlos Evelio Grajales Quirama, por las razones
expuestas en las consideraciones.
2º. Notifíquese este auto a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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