Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02656-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02656-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02656-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
16 de junio de 2022
Demandante: Gladys Torres de Pedroza
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02656-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02656-00
Demandante: GLADYS TORRES DE PEDROZA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela de fondo –mora judicial justificada.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a pronunciarse sobre la acción de tutela presentada por la señora
Gladys Torres de Pedroza contra la Sección Segunda – Subsección A del Consejo
de Estado, por la presunta mora judicial injustificada en el trámite del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que adelanta.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito recibido en el Despacho ponente el 16 de mayo del 2022 1 , la señora
Gladys Torres de Pedroza, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela
contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, con el fin de
garantizar sus derechos fundamentales de “acceso a la justicia, tutela judicial y tutela
jurisdiccional efectiva y cualquier otro derecho fundamental que aparezca demostrado”.
2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de la demora injustificada del Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A en resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia
del 25 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda. Lo anterior, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado N.° 25000-23-42-000-2015-03574-01,
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Enviado el 13 de marzo de 2022 al correo de la Secretaría General del Consejo de Estado y recibido al despacho ponente
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Demandante: Gladys Torres de Pedroza
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
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instaurado contra la Nación – Ministerio de Defensa - Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares -Cremil-.
3. Como fundamento de su petición solicitó el amparo de los derechos
fundamentales mencionados y, en consecuencia, requirió:
“(…) se ordene a la sección segunda oral del Consejo de Estado, proceda a
resolver el recurso de alzada en un término razonable a objeto que realice la
audiencia de fallo en el Tribunal de Cundinamarca, dado que este proceso lleva
siete años de trámite”
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El 14 de julio de 2014 la señora Gladys Torres de Pedroza demandó a la Nación –
Ministerio de Defensa - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil- y solicitó la
nulidad de la Resolución N.° 906 del 2 de abril de 2003, que le negó la sustitución
pensional por la muerte de su esposo pero se la otorgó a la señora Luz Angela
Bocanegra, quien alegó ser su compañera permanente, proceso que fue admitido el
3 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda.
5. Posteriormente, el citado tribunal mediante auto del 25 de noviembre de 2019
resolvió la medida cautelar solicitada por la demandante y ordenó “decretar la
suspensión provisional en un 50% de la sustitución pensional”.
6. Contra la anterior medida, la apoderada de la señora Bocanegra interpuso recurso
de reposición y en subsidio apelación, no obstante la autoridad judicial mediante
providencia del 26 de agosto de 2020 dispuso “negar el recurso de reposición y concede
el recurso de apelación ante el Consejo de Estado”.
7. Con oficio remisorio del 25 de marzo de 2021, se envió el proceso a la Sección
Segunda del Consejo de Estado e ingresó al despacho del magistrado Gabriel
Valbuena Hernández el 5 de mayo de 2021.
1.3. Fundamentos de la vulneración
8. La señora Torres de Pedroza consideró vulneradas sus garantías constituciones
debido a la dilación del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A en
resolver el recurso de apelación que se interpuso contra la providencia del 25 de
noviembre de 2019.
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9. Adujo que desde el 5 de mayo de 2021 ha estado pendiente del proceso y ha
solicitado impulsos procesales, sin embargo a la fecha no se ha resuelto el recurso
impetrado, por lo que lleva al despacho un año, “perjudicando mis intereses, dado que
no es posible que se requieran 7 años , sin que se resuelva una solicitud de sustitución y
menos aún que dicha situación se dé por tardar tanto tiempo en resolver unas medidas
cautelares , agregado al hecho que dicha apelación se interpuso con el único objetivo de la
dilación del proceso, dado que beneficia a la presunta compañera permanente y perjudica
mis intereses.”
10. Concluyó que lleva 7 años esperando su derecho a la sustitución pensional y en
tal sentido, “la justicia también debe velar por la situación de nosotros los ciudadanos de a
pie que acudimos al Estado para que se nos resuelvan nuestra situación prontamente y no
colocarnos en este tortuoso camino de tantos años para acceder a una prestación
económica.”
1.4. Trámite de la acción de tutela
1.4.1. Auto admisorio
11. Mediante auto del 23 de mayo de 2022, la magistrada ponente admitió la acción
de tutela y ordenó su notificación al Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A, como autoridad judicial accionada. De otra parte, vinculó como
terceros con interés al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda,
a la Nación – Ministerio de Defensa - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil-
y a la señora Luz Ángela Bocanegra.
1.5. Intervenciones
12. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
las siguientes intervenciones:
1.5.1. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
13. El magistrado ponente aseguró que debido al cúmulo de procesos que
actualmente cursan en la Sección Segunda del Consejo de Estado, los procesos se
tramitan de acuerdo con el turno de entrada al despacho para su trámite y resolución.
14. Indicó que adicional a esto, debido a la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del COVID-19, el Consejo Superior de la Judicatura decretó la suspensión
de términos judiciales a partir el día 16 de marzo de 2020, y, a su vez, la Presidencia
del Consejo de Estado determinó el cierre de las dependencias de esta Alta Corte,
situación que generó un retraso en el trámite de los procesos.
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15. Agregó que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno a la señora Gladys
Torres de Pedroza, debido a que una situación excepcional como la vivida por el
COVID-19, afectó el plazo normal para la toma de decisiones.
16. Concluyó que el expediente 25000-23-42-000-2015-03574-01 se encuentra en
turno de decisión y una vez se profiera la providencia respectiva, esta se notificará a
través de los mecanismos previstos en la ley.
1.5.2. Nación – Ministerio de Defensa - Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -
Cremil-.
17. La apoderada judicial de la entidad solicitó rechazar por improcedente la acción
de tutela ante la ausencia de vulneración de derechos fundamentales de la señora
Gladys Torres de Pedroza.
18. Adujo que no puede entrar a apoyar a alguno de los extremos de la litis, toda vez
que con ello se violarían las garantías a las partes en conflicto, siendo el objeto de la
entidad el de reconocer y pagar la asignación de retiro al personal de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares que acrediten tal derecho, de acuerdo con lo
establecido en el Acuerdo 08 de 2016, “es por ello que el presente memorial, es una
intervención coyuntural dentro del proceso.”
Los demás sujetos vinculados, pese a haber sido debidamente notificados no
rindieron informe alguno.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
19. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Gladys Torres de Pedroza, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral
7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del
Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y, en tal sentido, debe
aplicarse el numeral 7° de la referida norma.
2.2. Problema jurídico
20. Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la
demanda de tutela el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A incurrió
en mora judicial injustificada en resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
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providencia del 25 de noviembre de 2019, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado N.° 25000-23-42-000-2015-03574-01.
2.3. Razones jurídicas de la decisión
21. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
las generalidades de la acción de tutela; (ii) mora judicial injustificada; (iii) derecho
de acceso a la administración de justicia y (iv) el caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
22. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
23. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable2.
2.5. La mora judicial injustificada
24. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso
de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de diligencia y en la omisión
sistemática de sus deberes por parte de los mismos 3.
25. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que “atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales
no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales” 4.
26. Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene que:
“… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
2
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
3
Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
4
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable
al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo,
no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012,
luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta
Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra
justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración
de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden
la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en
los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación
injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y
que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones”.
27. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de mora judicial5, según la cual sólo se predica
si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del
juez, que de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un
proceso.
2.6. Derecho de acceso a la administración de justicia
28. Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución 6, del derecho fundamental al debido
proceso7 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia 8.
29. El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva “[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con
5
Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-2012-01093-00(AC). Actor:
Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto
Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014, Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz.
Demandado: Procuraduría General de la Nación.
6
“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá
hacerlo sin la representación de su abogado”.
7
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho
a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido
proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
8
Sentencia T-006 de 1992.
6
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el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a
derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]”9.
30. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía “[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los
jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de
los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad
y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador
acerca de los hechos materia de su decisión […]”10.
31. Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el “[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una respuesta
rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y garantías”11, y de otro lado,
“la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las
condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio
público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no
logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la
necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]”12.
32. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia13 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una
sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las
partes.
33. Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que “[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial que
aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se proyecta
más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su
responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez
que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas
9
Sentencia T-476 de 1998.
10
Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
11
Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
12
Ibídem.
13
Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada
por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas,
con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional”.
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imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material […]”14.
2.7. Caso concreto
34. Esta Sala de Decisión en aplicación de sus políticas de transparencia acogerá y
reiterará algunas consideraciones expuestas en la providencia del 17 de febrero de
202215 mediante la cual se resolvió un caso con similares supuestos fácticos y
jurídicos al aquí planteado, en el que la parte actora consideró que la Sección
Segunda – Subsección B del Consejo de Estado había incurrido en mora judicial
injustificada por la tardanza en resolver el recurso de apelación que interpuso en el
marco de un proceso ejecutivo.
35. Así, la señora Torres de Pedraza adujo que existe una dilación del Consejo de
Estado – Sección Segunda – Subsección A en el trámite del recurso de apelación
interpuesto contra la providencia del 25 de noviembre de 2019, que resolvió la
medida cautelar solicitada por la demandante y ordenó “decretar la suspensión
provisional en un 50% de la sustitución pensional”.
36. En consecuencia, la Sala entrará a analizar si efectivamente la autoridad judicial
accionada vulneró los derechos fundamentales de la actora, frente a lo cual anticipa
que negará las pretensiones de la demanda, por las razones que pasan a explicarse:
37. Tal como se mencionó en los acápites precedentes relativos a la mora judicial,
“atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los
términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales” 16, por ello, se
ha considerado que en los eventos en los que “la tardanza no es imputable al actuar del
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”.
38. Una vez revisado el referido expediente digital en el aplicativo SAMAI, el cual se
identifica con el radicado N.º 25000-23-42-000-2015-03574-01, se evidenció que
efectivamente el proceso pasó al despacho del magistrado Valbuena Hernández el 5
de mayo de 2021, como se observa:
14
Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
Sentencia de 17 de febrero de 2022; Rad: 11001-03-15-000-2021-04956-01; Sección Quinta del Consejo de Estado;
Magistrada Ponente Rocío Araújo Oñate; accionante: Augusto Ramírez Zuluaga; Demandado: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “B”.
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Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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39. La Sala evidencia que aún no se ha resuelto el recurso de apelación, a cuya
dilación hace referencia la parte actora, y que ha transcurrido un tiempo que supera
el término legal y el plazo razonable, toda vez que, se reitera, el expediente ingresó
al despacho del magistrado el 5 de mayo de 2021, y se han radicado varias
solicitudes de impulso procesal, sin que se resolviera el recurso.
40. De lo expuesto se puede concluir que ha transcurrido más de 1 año sin que se
haya decidido la alzada, lo cual sin lugar a duda afecta el núcleo esencial al debido
proceso de la accionante a un proceso sin dilaciones, especialmente cuando de lo
que se trata es de obtener la nulidad de un acto administrativo que negó su derecho
a la sustitución pensional.
41. No obstante, esta Sala aclara que el extenso lapso que ha transcurrido sin que se
adopte la decisión de fondo no constituye mora judicial, por cuanto no es
injustificada, en la medida en que, a pesar de que la autoridad accionada no señaló
ni el turno ni la carga laboral que tiene, es un hecho notorio17 que la Sección
Segunda del Consejo de Estado, especializada en temas laborales tiene una
significativa carga laboral representada por más de 17.000 expedientes, según el
informe de rendición de cuentas y que han efectuado un significativo esfuerzo para
resolver los asuntos a su cargo.
17
Sentencia de 17 de febrero de 2022; Rad: 11001-03-15-000-2021-04956-01; Sección Quinta del Consejo de Estado;
Magistrada Ponente Rocío Araújo Oñate; accionante: Augusto Ramírez Zuluaga; Demandado: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “B”.
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42. Igualmente, y conforme al informe que rindió la autoridad judicial accionada, esta
Sala de Decisión encuentra que el incumplimiento del término procesal para dictar la
providencia de segunda instancia en el caso concreto se entiende justificado, pues,
se expuso que debido a la congestión judicial actual y a la contingencia que se derivó
de la pandemia por el Covid – 19, las etapas de los procesos están retrasadas,
debido a la suspensión de los términos judiciales desde el 16 de marzo de 2020 al 1º
de julio del mismo año, por consiguiente, la tutelante deberá esperar su respectivo
turno, debido a la congestión que presentan en la actualidad los despachos judiciales
del país.
43. Al no encontrarnos frente a una dilación injustificada no cabe amparar el derecho
de la accionante, pues ordenar que se resuelva su caso sin atender el orden que le
corresponde podría implicar la afectación de los turnos que tiene establecidos el
despacho para fallar.
44. Al ser imposible impartir una orden encaminada a proteger el derecho de la
señora Torres de Pedroza, la Sala se limitará a exhortar a la autoridad accionada
para que, en la medida de sus posibilidades, dicte la providencia cuya decisión se
reclama.
2.8. Conclusión
45. La Sala concluye que se encontró acreditado que existe una demora en resolver
el recurso de apelación interpuesto contra la providencia del 25 de noviembre de
2019, toda vez que ha transcurrido más de 1 año desde la asignación del expediente
por reparto al magistrado ponente, sin que la misma se pueda calificar como
injustificada, por las razones mencionadas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo a los derechos fundamentales reclamados por la
señora Gladys Torres de Pedroza, de conformidad con la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: EXHORTAR a la autoridad accionada para que en lo posible resuelva el
recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 25 de noviembre de 2019, en
el marco del proceso nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N.° 25000-
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Demandante: Gladys Torres de Pedroza
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02656-00
23-42-000-2015-03574-01, instaurado contra la Nación – Ministerio de Defensa -
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil-.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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