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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04956-01

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04956-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Fiscalía General de la Nación. SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 17 de septiembre de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C”, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, con respecto al derecho de petición. TERCERO: NEGAR la solicitud de protección constitucional del derecho de acceso a la administración de justicia. CUARTO: EXHORTAR a la autoridad accionada para que en lo posible resuelva el recurso de apelación interpuesto por el actor en el proceso ejecutivo instaurado en contra de la Fiscalía General de la Nación. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-04956-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

17 de febrero de 2022

Demandante: Augusto Ramírez Zuluaga
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “B”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-04956-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2021-04956-01
Demandante: AUGUSTO RAMÍREZ ZULUAGA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “B”

Temas: Tutela de fondo – Análisis de la mora judicial – Derecho a un
proceso sin dilaciones injustificadas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia
del 17 de septiembre de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera – Subsección “C”, que declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado, respecto de la solicitud de amparo presentada por el actor.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Mediante escrito remitido por correo electrónico a la Secretaría General del
Consejo de Estado el 29 de julio de 2021, el ciudadano Augusto Ramírez Zuluaga,
actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela1 en contra del Consejo de
Estado, Sección Segunda - Subsección “B”, para solicitar la protección de sus
derechos fundamentales de petición y de acceso a la administración de justicia,
que consideró vulnerados por la falta de respuesta a la solicitud que radicó el 22
de mayo de 20212, con el fin de obtener la prelación de fallo, en el marco del
proceso ejecutivo con número de radicado 19001-23-33-000-2017-00384-01 (293-
2019), en el que actúa como parte demandante.

1.2. Pretensiones

2. El actor incluyó la siguiente pretensión:

1 Archivo electrónico identificado con certificado D8FC096B0A24312E 9FE9F14F71E392ED
285BCDF3DE209A0A 4B2CDCA6A7FBC740 en el expediente digital.
2 Archivo electrónico identificado con certificado 572E4C1AB679F245 F7DAF02275778D18
876504E7EC0429D6 A8C655089B7CFD94 en el expediente digital.

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Demandante: Augusto Ramírez Zuluaga
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “B”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-04956-01

“Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones
expuestas, respetuosamente solicito a los honorables magistrados ordenar al
Doctor CARMELO PERDOMO CUETER, Magistrado Ponente, Sección
Segunda Consejo de Estado dar prelación de fallo, alterando el turno para el
mismo, procediendo a resolver de inmediato las apelaciones dentro del
proceso con radicado 19001233300020170038401, proceso ejecutivo
singular de AUGUSTO RAMIREZ ZULUAGA contra FISCALIA GENERAL
DE LA NACION.” (Sic para todo lo transcrito)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

3. Con el fin de hacer efectivas las obligaciones contenidas en la sentencia
condenatoria dictada el 3 de marzo de 20153, por el Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión No. 20, en el recurso extraordinario de revisión que decidió
infirmar la sentencia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho de carácter laboral que el señor Augusto Ramírez Zuluaga instauró en
contra de la Fiscalía General de la Nación, el mismo presentó demanda en
ejercicio de la acción ejecutiva ante el Tribunal Administrativo del Cauca, que se
tramita bajo el radicado No. 190012333003201700038400.

4. En el proceso se ordenó continuar la ejecución según providencia del 18 de
enero de 2019, en relación con la cual la parte actora afirma que “en la actualidad
se encuentra en apelación ante el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
MAGISTRADO PONENTE doctor CARMELO PERDOMO CUÉTER”.

5. No obstante la afirmación del actor, el auto que se encuentra en apelación en el
despacho del referido magistrado, es la providencia del 25 de julio de 20184, que
decretó una medida cautelar de embargo sobre las sumas de dinero que tenga la
entidad demandada en cuentas bancarias, según consta en el Sistema de Gestión
Judicial.

6. El 21 de mayo de 2021 el accionante le solicitó al despacho del magistrado que
tiene a su cargo la sustanciación del proceso en segunda instancia que le diera

3 En la sentencia se declaró la nulidad de la Resolución 0-918 del 2 de mayo de 1996, mediante la cual el

Fiscal General de la Nación declaró insubsistente el nombramiento del actor en el cargo de Fiscal Delegado
ante los Jueces Penales Municipales y Promiscuos de la Dirección Seccional de Fiscalías de Popayán. A título
de restablecimiento del derecho dispuso el reintegro en el cargo y el pago de salarios, primas, bonificaciones,
subsidios, vacaciones y demás prestaciones dejadas de percibir desde que se produjo el retiro hasta cuando
sea efectivamente reintegrado. Con posterioridad la Corte Constitucional, en la sentencia SU-354 de 2017
ordenó descontar todo lo que durante el período de desvinculación haya percibido el demandante como
retribución por cualquier concepto laboral público o privado, dependiente o independiente.
4 En las pruebas allegadas al proceso no obra el auto referido por lo que solo se tiene conocimiento de que el

mismo se pronunció sobre las medidas cautelares solicitadas.

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“prelación inmediata al fallo de segunda instancia pendiente de proferirse en el proceso
ejecutivo singular.”, sin que a la fecha de presentación de la acción de tutela -29 de
julio de 2021- se hubiera resuelto la petición.

1.4. Sustento de la vulneración

7. La parte actora argumentó que el proceso ordinario en el que se dictó la
sentencia condenatoria que constituye el título ejecutivo tardó más de veinte (20)
años en trámite y que el ejecutivo que tuvo que instaurar –ante el no pago de la
condena por parte de la Fiscalía General de la Nación–, ha durado más de cinco
años, “para un total de más de un cuarto de siglo en trámite”.

8. Señaló que actualmente cuenta con 71 años5 y padece diabetes mellitus no
insulinodependiente, hipotiroidismo primario, alergia, polimatosis intestinal,
discopatía cervical, dislipemia, insuficiencia venosa de miembros inferiores6, por lo
que considera que si la duración del proceso se extiende por más tiempo no podrá
disfrutar del dinero objeto de cobro.

1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. Auto admisorio de la demanda

9. Mediante auto de ponente, dictado el 3 de agosto de 2021, se admitió la
demanda de tutela y se ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado
– Sección Segunda – Subsección “B”, como autoridad judicial accionada.

1.5.2. Intervención de la autoridad accionada - Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección “B”

10. El magistrado que tiene a su cargo la sustanciación del proceso ejecutivo, en
escrito remitido el 10 de agosto de 2021, informó que el día anterior -9 de agosto
de 2021- requirió al Tribunal Administrativo del Cauca “información respecto de la
medida cautelar de embargo decretada en el referido asunto y rechazó la petición de
prelación de fallo formulada por el actor (cuyo texto puede ser consultado en la página
electrónica de la Rama Judicial), decisión notificada hoy y en la hora actual está en
secretaría el respectivo expediente.”

1.5.3. Sentencia de primera instancia

11. El Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C” dictó sentencia el 17
de septiembre de 2021, en la que declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado.

5 El demandante nació el 16 de junio de 1950, según consta en el registro civil de nacimiento que allegó al

proceso.
6 La parte actora allegó la historia clínica para acreditar los padecimientos que enlistó.

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12. Lo anterior, al considerar que, en este caso no cabe hacer el análisis de la
vulneración de los derechos invocados, ante la falta de respuesta a la petición
elevada el 21 de mayo de 2021, puesto que el 9 de agosto de la citada anualidad,
el despacho del magistrado ponente del referido proceso ejecutivo dictó auto
mediante el cual resolvió la solicitud en el sentido de rechazarla, en los siguientes
términos:

“Por otro lado, con escrito de 21 de mayo de 2021, el ejecutante pide se dé «[…]
prelación inmediata al fallo de segunda instancia […]», no obstante, se advierte que
lo discutido en el sub lite es la apelación formulada contra el auto que decretó la
medida cautelar de embargo, que de conformidad con el artículo 243 (parágrafo 1º) 7
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) fue concedido en efecto devolutivo, lo que no impide al a quo continuar
con el curso del proceso. De igual manera, se precisa que revisada la página de la
Rama Judicial (https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida), se
observó que la Nación – Fiscalía General de la Nación desistió de la alzada contra
la sentencia de primera instancia de 21 de enero de 2019, lo que le fue aceptado
por el Tribunal, motivo por el cual se rechazará tal solicitud por improcedente”8.

13. Con fundamento en lo anterior, concluyó que, “con posterioridad a que el señor
Ramírez Zuluaga hiciera uso de este mecanismo constitucional, la autoridad judicial
contra la que se dirige esta acción, resolvió la solicitud que el actor presentó el 22 (sic) de
mayo de 2021 y cuya respuesta reclamó en sede de tutela. En consecuencia, no cabe
hacer un análisis de fondo sobre la cuestión planteada y, en su lugar, corresponde
declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado.”

14. La sentencia de tutela fue notificada por medios electrónicos a las partes e
intervinientes el 12 de octubre de 2021, según consta en el Sistema de Gestión
Judicial - SAMAI.

1.5.4. Impugnación

15. Mediante escrito remitido por correo electrónico 15 de octubre de 2021 a la
Secretaría General del Consejo de Estado, el accionante impugnó el fallo de
primera instancia, con el fin de que se revocara y se accediera a la petición de
amparo constitucional.

7 «ARTÍCULO 243. APELACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo

texto es el siguiente:> Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en
la misma instancia:
1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo
[…]
4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.
5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar
[…]
PARÁGRAFO 1o. El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1
a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá
en el efecto devolutivo […]».
8 Archivo electrónico identificado con certificado 9B0811F1AB82F720 06259CFB9B7AE6D5

8B5A9E3FA7081186 CEC8E6F5D0DA1A57 en el expediente digital del proceso ejecutivo identificado con
número de radicado 19001-23-33-000-2017-00384-01 (293- 2019).

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16. La parte recurrente precisó que el recurso de alzada lo interpuso en contra del
auto del 3 de agosto de 2018, que decretó un embargo, habiendo sido concedido
el 6 de noviembre de 2018, sin que a la fecha de ejercicio de la acción de tutela se
hubiera resuelto.

17. Señaló que, ante la falta de decisión del recurso solicitó que se le diera
prelación al fallo. En esta oportunidad hizo referencia a un segundo recurso
pendiente de ser resuelto por la misma autoridad judicial, que corresponde al que
interpuso la Fiscalía General de la Nación en contra del auto que modificó la
liquidación del crédito.

1.5.5. Auto que decretó la nulidad saneable y decreto oficioso de pruebas

18. El 24 de enero de 2022 se decretó una nulidad de carácter saneable, por
cuanto en el proceso se omitió vincular al Tribunal Administrativo del Cauca,
autoridad judicial que tramita la primera instancia del proceso ejecutivo objeto
revisión, y a la Fiscalía General de la Nación, que es la entidad demandada.

19. En la misma providencia, se decretaron de oficio las siguientes pruebas:

“1) Oficiar a la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
con el fin de que informe el trámite dado a la segunda instancia del proceso
ejecutivo al que se refiere la acción de tutela de la referencia, indicando
claramente cuáles son las providencias que son objeto del recurso de
apelación, el efecto en el cual se concedió el mismo y las actuaciones
realizadas tanto en el despacho del magistrado sustanciador como en la
secretaría.

Indicará igualmente el turno que le corresponde para fallo y el número de
procesos que lo anteceden en este, así como la carga laboral del despacho
que tiene asignada la competencia para proferir la decisión.

2) Oficiar al Tribunal Administrativo del Cauca con el fin de que remita –en
forma digital– las actuaciones realizadas en el proceso ejecutivo objeto de la
presente acción de tutela e indique el estado actual del mismo.

La autoridad indicará el efecto en el cual se concedieron los recursos de
apelación, los autos sobre los cuales recayó tal medio de impugnación y si el
proceso ha continuado su trámite en la primera instancia, en caso afirmativo
qué medidas se han adoptado para garantizar el acceso efectivo a la
administración de justicia de la parte ejecutante en punto del derecho al
cumplimiento de los fallos judiciales que forma parte del contenido
constitucionalmente vinculante del mismo.

3) Oficiar a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que informe el
trámite que se le ha dado al cobro administrativo de la sentencia dictada el 3
de marzo de 2015, por el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No.
20, en el recurso extraordinario de revisión en el que se decidió infirmar la
sentencia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de
carácter laboral que el señor Augusto Ramírez Zuluaga instauró, cuya
demanda ejecutiva se tramita en el Tribunal Administrativo del Cauca, bajo el
radicado No. 190012333003201700038400.”

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1.5.6. Informe rendido por la Fiscalía General de la Nación

20. La entidad, por intermedio de la Coordinadora de la Sección de Pagos de
Sentencias y Acuerdos Conciliatorios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Fiscalía General de la Nación informó que el beneficiario de la condena solicitó su
pago, cumpliendo la totalidad de los requisitos exigidos, por lo que se le asignó el
turno para su cancelación el 21 de septiembre de 2015.

21. Afirmó que, con posterioridad a ello, el actor inició proceso ejecutivo, el cual se
encuentra en trámite y que la entidad no ha hecho efectiva la condena impuesta,
por razones presupuestales.

22. Se refirió ampliamente a las normas que regulan la materia y al sistema de
turnos establecido para realizar los pagos, el cual –en su sentir– garantiza el
derecho a la igualdad de los beneficiarios, indicando que los giros que realiza el
Ministerio de Hacienda, para el pago de sentencias y conciliaciones, ha resultado
insuficiente.

23. Un segundo informe fue presentado por la Jefe del Departamento de
Jurisdicción Coactiva y Competencia Residual en el que formuló la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva, por considerar que no existe relación
de causalidad entre las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y la
presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

1.5.7. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “B” y del Tribunal
Administrativo del Cauca

24. Las dos autoridades a las cuales se les requirió informe en segunda instancia
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

25. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte
actora en contra de la sentencia del 17 de septiembre de 2021, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C”, que declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado, respecto de la solicitud de amparo
presentada por el actor, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de
2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 así como en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

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2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Relacionada con la falta de legitimación en la causa alegada por la
Fiscalía General de la Nación

26. La Fiscalía General de la Nación realizó dos intervenciones en sede de tutela,
en una de las cuales solicitó que se declarara probada la falta de legitimación en la
causa por pasiva, por considerar que no es la entidad señalada por la parte actora
como vulneradora de sus derechos fundamentales.

27. Al respecto, la Sala precisa que, tal como se señaló en la providencia por
medio de la cual se decretó la nulidad de carácter saneable, la entidad no fue
vinculada como accionada, sino como tercero con interés jurídico en el resultado
del proceso, por tener la calidad de parte demandada en el juicio ejecutivo de cuyo
trámite se predica la vulneración.

28. Cabe destacar que, adicionalmente, según las pruebas obrantes en la
foliatura, uno de los recursos de apelación que no han sido resueltos fue
interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, de lo cual se concluye que tiene
interés legítimo en el resultado del proceso y, en esa medida, su vinculación
pretende garantizar sus derechos fundamentales.

29. En ese orden, se declarará no probada la excepción de falta de legitimación
alegada por la entidad vinculada.

2.2.2. Relacionada con el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía
General de la Nación sobre el auto que modificó la liquidación del crédito en
el proceso ejecutivo

30. La Sala destaca que en el escrito inicial el accionante únicamente puso de
presente que no le había sido contestada la solicitud de prelación de “fallo” que
presentó con respecto a la resolución del recurso de apelación interpuesto por él
en el proceso ejecutivo, el cual no identificó debidamente, pero de los anexos de la
demanda el juez constitucional pudo establecer que correspondía al auto dictado
por el Tribunal Administrativo del Cauca el 25 de julio de 2018, por medio de cual
se decretaron medidas cautelares, según consta en el numeral quinto del acápite
de hechos probados de esta providencia.

31. En ese orden, es claro que la dilación a la cual se refiere el actor en sede de
impugnación sobre la resolución del recurso de apelación interpuesto por la
Fiscalía General de la Nación con respecto al auto que modificó la liquidación del
crédito, constituye un hecho nuevo introducido en el escrito de impugnación en
relación con el cual la parte accionada no tuvo oportunidad de pronunciarse ni de
realizar al interior del proceso ejecutivo las actuaciones encaminadas a superar la
vulneración.

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32. Tampoco el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C”, que dictó
la sentencia impugnada tuvo oportunidad de examinar el trámite que se le ha
impartido a este segundo recurso de apelación, por lo que la Sala, en aras de
salvaguardar el debido proceso de la parte accionada y de los terceros
intervinientes y, además, por no haberse aportado medio de convicción alguno, no
se pronunciará sobre esta alegación.

2.3. Problemas jurídicos

33. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia del 17 de septiembre de 2021, proferida en la acción de tutela del
vocativo de la referencia, instaurada por el accionante con el fin de reclamar el
amparo de sus derechos fundamentales de petición y de acceso a la
administración de justicia.

34. En consecuencia, con fundamento en el examen de la situación fáctica
expuesta por la parte actora, de la valoración del material probatorio recaudado y
de los argumentos expuestos en el libelo introductorio y en la impugnación, el
primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en determinar si
operó el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado.

35. En caso de no comprobarse la ocurrencia de tal fenómeno, se analizará si el
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B” vulneró los derechos
fundamentales del accionante con ocasión de la solicitud de dar prelación al
proceso y por no haber dado trámite al recurso de apelación interpuesto por el
demandante en el proceso ejecutivo objeto de análisis.

36. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) panorama general de la acción de tutela; ii) derecho al cumplimiento de los fallos
judiciales; y iii) el análisis del caso concreto con fundamento en los argumentos
expuestos en la demanda de tutela y en el escrito de impugnación.

2.4. Razones jurídicas de la decisión.

2.4.1. Panorama general de la acción de tutela

37. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

38. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del

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derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

39. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.

40. La acción se reglamentó por medio del Decreto Legislativo 2591 de 1991, el
cual en su artículo 6º consagra las siguientes causales de improcedencia de la
acción cuando: i) existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable;
ii) para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus; iii) se
pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás
mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política; iv) sea evidente que la
violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción
u omisión violatoria del derecho; v) se trate de actos de carácter general,
impersonal y abstracto.

2.4.2. Derecho de acceso efectivo a la administración de justicia en punto del
cumplimiento de fallos judiciales

41. El accionante manifestó que sus derechos fundamentales continúan siendo
conculcados, por cuanto no solo no le han pagado la sentencia judicial que le fue
favorable –no obstante haber transcurrido más de seis años– y se encuentran
pendiente de resolver el recurso de apelación que interpuso en el proceso
ejecutivo y una solicitud de prelación de fallo que radicó.

42. Esta alegación impone reiterar la estrecha relación que existe entre el derecho
de acceso a la administración de justicia y el efectivo cumplimiento de las
providencias judiciales9, que ha sido destacado por la Corte Constitucional en
innumerables sentencias, planteándolo en los siguientes términos:

“El acceso a la justicia no se agota en la posibilidad de acudir ante la
administración de justicia para plantear un problema jurídico, ni en su
resolución, sino que implica, también, que “se cumpla de manera efectiva lo

9 El artículo 229 de la Constitución Política establece que el derecho de acceso a la justicia es la facultad que

tiene toda persona de acudir, en igualdad de condiciones, a los jueces y tribunales y, en este sentido, poner
en marcha la actividad jurisdiccional del Estado, con el fin de obtener la protección de sus derechos
sustanciales, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías previstas en las leyes –debido proceso–. En cuanto a las obligaciones del Estado en materia de
acceso a la administración de justicia, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención (…) y, en consecuencia, corresponde al
Estado “garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya
estimado procedente el recurso.”
En la misma dirección, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que
“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: (…) Las autoridades
competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”

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ordenado por el operador jurídico y se restablezcan los derechos
lesionados”. Dada la relevancia del cumplimiento de las providencias
judiciales para el derecho fundamental de acceder a la justicia, en algunas
oportunidades este tribunal lo ha amparado por medio de la acción de tutela,
“bajo el entendido de que la administración de justicia, además de
expresarse en el respeto a las garantías establecidas en el desarrollo de un
proceso, se manifiesta en el hecho de que las decisiones que se tomen
dentro del mismo tengan eficacia en el mundo jurídico y que la providencia
que pone fin al proceso produzca todos los efectos a los que está
destinada”.10

43. Siguiendo la misma línea de pensamiento, la Corte Constitucional ha
considerado que cumplir las providencias judiciales es un imperativo del Estado
Social y Democrático de Derecho11 y que el acceso a la justicia implica, para ser
real y efectivo, que se cumpla lo ordenado, por lo que su desconocimiento acarrea
sanciones pecuniarias, penales y disciplinarias para quienes desconocen el
mandato contenido en un fallo judicial ejecutoriado.

2.4.3. Caso concreto

44. En el presente caso se encuentra acreditado que, en el trámite del proceso
ejecutivo adelantado por el actor en contra de la Fiscalía General de la Nación, el
ejecutante interpuso recurso de apelación en contra del auto dictado el 25 de julio
de 2018, por el Tribunal Administrativo del Cauca que decretó el embargo de
algunas sumas de dinero.

45. El proceso fue asignado por reparto al despacho del Magistrado Carmelo
Perdomo Cuéter el 30 de enero de 2019.

46. En consideración a que no se le había impartido trámite alguno al recurso, el
21 de mayo de 2021 el accionante le solicitó al despacho del magistrado que tiene
a su cargo la sustanciación del proceso en segunda instancia que le diera
“prelación inmediata al fallo de segunda instancia pendiente de proferirse en el proceso
ejecutivo singular.”

47. Durante el curso de la primera instancia de la acción de tutela, el Consejo de
Estado, Sección Segunda – Subsección “B” dictó el auto interlocutorio del 9 de
agosto de 2021, el cual tiene el siguiente contenido:

“Previo a decidir el recurso de apelación interpuesto por el solicitante (ff. 234
a 238 c. 2) contra el auto de 25 de julio de 2018 (ff. 205 a 215 c. 2), mediante
el cual el Tribunal Administrativo del Cauca decretó el embargo de unas
cuentas corrientes que la Nación – Fiscalía General de la Nación posee en
los Bancos Popular y de Bogotá, se ordenará, a través de secretaría de la
sección, requerir del aludido Tribunal que, en el lapso de cinco (5) días
siguientes al recibo de la respectiva comunicación, informe si en el presente
asunto ya se realizó el levantamiento de dicha medida cautelar, por cuanto

10 Corte Constitucional, Sentencia C-367 del 11,06.2014, M.P. Mauricio González Cuervo
11 Ob. Cit. Ver igualmente las Sentencias T-1686 de 2000 y C-1006 de 2008

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no fue dable determinarlo por la página de la Rama Judicial, sin embargo, se
evidenció que el 21 de enero y el 23 de julio de 2019 se dictó sentencia y se
dispuso la entrega de títulos al demandante, respectivamente, aspecto que
resulta de destacada relevancia para decidir la alzada.

Por otro lado, con escrito de 21 de mayo de 202112, el ejecutante pide se dé
«[…] prelación inmediata al fallo de segunda instancia […]», no obstante, se
advierte que lo discutido en el sub lite es la apelación formulada contra el
auto que decretó la medida cautelar de embargo, que de conformidad con el
artículo 243 (parágrafo 1º)13 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA) fue concedido en efecto devolutivo,
lo que no impide al a quo continuar con el curso del proceso. De igual
manera, se precisa que revisada la página de la Rama Judicial
(https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida), se
observó que la Nación – Fiscalía General de la Nación desistió de la alzada
contra la sentencia de primera instancia de 21 de enero de 2019, lo que le
fue aceptado por el Tribunal, motivo por el cual se rechazará tal solicitud por
improcedente.

En consecuencia, se

DISPONE

1º. Por secretaría de la sección, requerir del Tribunal Administrativo del
Cauca que, en el término de cinco (5) días siguientes al recibo de la
respectiva comunicación, allegue información respecto del levantamiento de
la medida cautelar de embargo, conforme a lo indicado en la motivación.

2º. Rechazar la petición formulada por el señor Augusto Ramírez Zuluaga,
de acuerdo con la parte motiva.

3º. Vencido el término anterior, vuelva el expediente al despacho para
continuar con el respectivo trámite.”

47. El auto fue notificado por estado el 10 de agosto de 2021 y con fundamento en
este se remitió el Oficio No.8185 al Tribunal Administrativo del Cauca el cual dio
respuesta al requerimiento, según comunicación del 26 de agosto siguiente, en el
cual certificó que no ha sido levantado el embargo que se ordenó sobre los
dineros de la Fiscalía General de la Nación en los Bancos Popular y Bogotá.

48. El proceso ingresó nuevamente al despacho del magistrado para resolver el
recurso el 5 de noviembre de 2021, sin que se hayan registrado actuaciones
adicionales, según se evidencia en el SAMAI:

12 Folios 270 a 301 c. 2.
13 «ARTÍCULO 243. APELACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo

texto es el siguiente:> Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en
la misma instancia:
1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo
[…]
4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.
5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar
[…]
PARÁGRAFO 1o. El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1
a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá
en el efecto devolutivo […]».

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49. Cabe destacar que la omisión en la resolución del recurso de apelación sobre
la medida cautelar no es óbice para la continuación del proceso en primera
instancia, porque la apelación fue concedida en efecto devolutivo.

50. Tan así es que el trámite continuó con el proferimiento del auto que ordenó
seguir la ejecución, la liquidación del crédito y la orden de entregar al demandante
los dineros consignados a órdenes del proceso.

51. De las actuaciones procesales cuyo recuento se realizó resulta evidente que
durante el trámite de la acción de tutela la autoridad judicial accionada le contestó
al tutelante la solicitud de prelación y le aclaró el estado del proceso, al tiempo que
requirió del a quo del juicio ejecutivo una certificación que consideraba necesaria
para poder desatar el recurso de apelación interpuesto.

52. Siendo ello así, le asiste razón al a quo constitucional al concluir que, sin
analizar la vulneración de los derechos, se configura la carencia actual de objeto
por hecho superado, en lo que se refiere a la respuesta reclamada por el actor
sobre la solicitud de prelación, sin que haya lugar a determinar si la edad del actor
o sus condiciones de salud tornaban posible una determinación diferente.

53. Sin embargo, la Sala evidencia que aún no se ha resuelto el recurso de
apelación, a cuya dilación hace referencia la parte actora, y que ha transcurrido un
tiempo que supera el término legal y el plazo razonable, toda vez que el
expediente ingresó al despacho del magistrado el 30 de enero de 2019 y, con
ocasión de la solicitud del actor radicada el 21 de mayo de 2021, el 9 de agosto
siguiente se dictó una providencia encaminada a obtener información del proceso,
siendo esta la única actuación realizada, sin que se resolviera el recurso.

54. De lo expuesto se puede concluir que han transcurrido más de tres años sin
que se haya decidido la alzada, lo cual sin lugar a duda afecta el núcleo esencial
al debido proceso del accionante a un proceso sin dilaciones, especialmente
cuando de lo que se trata es de lograr el cumplimiento de una sentencia judicial.

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55. Esta Sala aclara que el extenso lapso que ha transcurrido sin que se adopte la
decisión de fondo no constituye mora judicial, por cuanto no es injustificado, en la
medida en que, a pesar de que la autoridad accionada no señaló ni el turno ni la
carga laboral que tiene, es un hecho notorio que la Sección Segunda del Consejo
de Estado, especializada en temas laborales tiene una significativa carga laboral
representada por más de 17.000 expedientes, según el informe de rendición de
cuentas14 y que han efectuado un significativo esfuerzo para resolver los asuntos a
su cargo.

56. Al no encontrarnos frente a una dilación injustificada no cabe amparar el
derecho del accionante, pues ordenar que se resuelva su caso sin atender el
orden que le corresponde podría implicar la afectación de los turnos que tiene
establecidos el despacho para resolver.

57. Al ser imposible impartir una orden encaminada a proteger el derecho del
accionante, la Sala se limitará a exhortar a la autoridad accionada para que, en la
medida de sus posibilidades, dicte la providencia cuya decisión se reclama.

2.5. Conclusión

58. Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala concluye que
efectivamente existe carencia actual de objeto por hecho superado con respecto a
la respuesta dada a la petición de prelación de fallo que formuló el accionante.

59. No obstante, se encontró acreditado que existe una dilación en el trámite del
recurso de apelación interpuesto por el ejecutante, en la medida en que se
encuentra vencido el término legal y el plazo razonable al haber transcurrido más
de tres (3) años desde la asignación del expediente por reparto al magistrado
ponente, sin que la misma se pueda calificar como injustificada.

60. Por lo anterior se confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia
que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con el
derecho de petición y se negará la solicitud de protección constitucional con
respecto al derecho de acceso a la administración de justicia, lo cual no es óbice
para exhortar a la autoridad accionada para que en lo posible adopte la decisión
que corresponda en sede de apelación.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

14 https://m.consejodeestado.gov.co/webconsejoprueba/wp-
content/uploads/2021/04/RendicionCuentas_2020.pdf

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FALLA:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Fiscalía General de la Nación.

SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 17 de septiembre
de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “C”,
que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, con respecto al
derecho de petición.

TERCERO: NEGAR la solicitud de protección constitucional del derecho de
acceso a la administración de justicia.

CUARTO: EXHORTAR a la autoridad accionada para que en lo posible resuelva
el recurso de apelación interpuesto por el actor en el proceso ejecutivo instaurado
en contra de la Fiscalía General de la Nación.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

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