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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04797-00

Fecha
20 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04797-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación impetrada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, por lo expuesto. SEGUNDO: NEGAR el amparo a los derechos fundamentales reclamados por el señor Andrés Eduardo Dewdney Montero, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04797-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

20 de octubre de 2022

Demandante: Andrés Eduardo Dewdney Montero
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04797-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04797-00
Demandante: ANDRÉS EDUARDO DEWDNEY MONTERO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela de fondo –mora judicial justificada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a pronunciarse sobre la acción de tutela presentada por el señor
Andrés Eduardo Dewdney Montero, por la presunta mora judicial injustificada en el
trámite del proceso de simple nulidad que se adelanta en el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A.
I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 5 de septiembre de 2022, el señor Andrés Eduardo
Dewney Montero, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela en contra
del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, con el fin de que le sea
amparado el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

2. El accionante consideró vulnerada la referida garantía constitucional con ocasión
de la mora judicial derivada de la falta de fijación de la audiencia que trata el artículo
239 de la Ley 1437 de 2011. Esto, dentro del proceso de nulidad simple con
radicado N.º 11001-03-25-000-2014-01431-00 (4668-2014), en el cual se dictó el
auto del 7 de abril de 2022, que ordenó la suspensión de los efectos del Acuerdo N.º
1 del 23 de noviembre de 2021 y estableció la celebración de dicha audiencia sin
indicar la fecha de su realización.

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Demandante: Andrés Eduardo Dewdney Montero
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04797-00

3. Como fundamento de su petición solicitó el amparo de los derechos
fundamentales mencionados y, en consecuencia, requirió:

“(…) SE TUTELE MI DERECHO FUNDAMENTAL, AL ACCESO A LA JUSTICIA
ORDENANDO MEDIANTE SENTENCIA DE TUTELA A FIN DE
SALVAGUARDAR EL DERECHO FUNDAMENTAL TRANSGREDIDO, QUE SE
FIJE FECHA DE AUDIENCIA COMO LO ORDENA EL ARTICULO 239 DEL
CPACA.”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Pedro Leonardo Reyes Vega demandó en ejercicio del medio de control
de simple nulidad a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho con el fin que se
declarara nulo el Decreto 2054 del 16 de octubre de 20141 proferido por el Gobierno
Nacional, “por el cual se reglamenta el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de
1970”, relacionado con el derecho de preferencia para ocupar una notaría de igual
categoría que se encuentre vacante.

5. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A a través de sentencia
del 13 de mayo de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que
el referido decreto vulneraba la reserva legal conforme al artículo 131 de la
Constitución Política, en cuanto este no podía reglamentar ni modificar ningún
aspecto concerniente al nombramiento de los notarios en propiedad ni asunto alguno
derivado de la carrera notarial, “como son las obligaciones y derecho derivadas de este
sistema, por cuanto, como lo ha sostenido esta Sala, de tiempo atrás, sobre estas materias,
por mandato constitucional, existe reserva legal.”

6. Agregó que, los asuntos del servicio público que prestan los notarios, entre ellos
los aspectos de la carrera notarial, no pueden ser regulados mediante decretos
reglamentarios ni resoluciones, únicamente mediante leyes expedidas por el

1
El decreto fue expedido por el presidente de la República, en ejercicio de la facultad reglamentaria
(numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política). Tuvo como objeto y ámbito de aplicación
(artículo 1) reglamentar el derecho de preferencia del numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960
de 1970, previsto para los notarios que han ingresado a la carrera notarial. En las disposiciones
generales del capítulo II (artículos 2 a 4) se precisó que:
-Los notarios beneficiados con el derecho de preferencia son los posesionados y nombrados en
propiedad, es decir, lo que hubiesen superado todas las etapas del concurso;
-Para efectos del ejercicio del derecho de preferencia, la circunscripción político-administrativa, que
menciona la norma reglamentada, «corresponde al departamento o al Distrito Capital de Bogotá en el
cual se encuentre la notaría de la cual es titular el notario que ejerce el derecho»; y
-El derecho de preferencia se puede ejercer cuando exista una vacancia absoluta de un empleo de
notario, por cualquiera de las causales establecidas en la ley.

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Congreso o por medio de decretos con fuerza de ley, expedidos por el ejecutivo, “En
consecuencia, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, es necesario que las
prescripciones normativas que regulen materias reservadas a la ley, consten en
disposiciones que pertenezcan a cuerpos normativos de rango legal, de lo contrario
vulnerarían la Constitución.”

7. Posteriormente, los señores Andrés Eduardo Dewdney Montero y Ana María
Rojas, invocaron el artículo 239 del CPACA2 y solicitaron la suspensión provisional y
la nulidad del Acuerdo 1º del 23 de noviembre de 2021, expedido por el Consejo
Superior de la Carrera Notarial, “por el cual se establece el procedimiento operativo para
implementar el derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del
Decreto Ley 960 de 1970”, bajo la consideración de que el citado acuerdo reprodujo, en
esencia, el contenido del Decreto 2054 del 16 de octubre de 2014.

8. Así, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A mediante
providencia del 7 de abril de 2022 dispuso lo siguiente:

“Primero. Suspender de manera inmediata los efectos del Acuerdo 1 del 23 de
noviembre de 2021, expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial,
«[p]or el cual se establece el procedimiento operativo para implementar el
derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto
Ley 960 de 1970», por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo. Previo a convocar la audiencia de que trata el artículo 239 del
CPACA, por Secretaría, notificar personalmente el presente auto al jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro (quien
ejerce las funciones de la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera
Notarial), con copia del fallo del 13 de mayo de 2021 y de las solicitudes
presentadas por los señores Andrés Eduardo Dewdney Montero y Ana María
Rojas.

Tercero. Correr traslado de la presente actuación al Consejo Superior de la
Carrera Notarial, por el término de diez (10) días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la respectiva notificación, para que se pronuncie sobre lo que estime
pertinente.” (Negritas propias).

9. Como fundamento de su decisión acotó que, una vez verificado que los artículos
1, 4, 5, 6, 10 y 11 del Acuerdo 1 de 2021, aunque utilizando otros términos,
reprodujeron el contenido del Decreto 2054 de 2014, y que actualmente se
mantenían vigentes los fundamentos constitucionales que dieron lugar a la anulación
de este último, con lo cual consideró que “existe mérito suficiente para decretar la
suspensión de los efectos de los artículos citados.”

2
“ARTÍCULO 237. PROHIBICIÓN DE REPRODUCCIÓN DEL ACTO SUSPENDIDO O ANULADO. Ningún acto anulado
o suspendido podrá ser reproducido si conserva en esencia las mismas disposiciones anuladas o
suspendidas, a menos que con posterioridad a la sentencia o al auto, hayan desaparecido los
fundamentos legales de la anulación o suspensión.”

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10. El expediente retornó al despacho el 7 de julio de 2022, como consta en SAMAI,
para decidir acerca de la convocatoria de la audiencia de que trata el artículo 239 del
CPACA.

1.3. Fundamentos de la vulneración

11. El actor adujo que se vulneraron sus derechos fundamentales porque a la fecha
no se ha fijado la audiencia de que trata el artículo 239 de la Ley 1437 de 2011,
habiéndose presentado más de 6 impulsos procesales, por lo que “estamos en
presencia de una mora judicial para decidir definitivamente sobre la nulidad del Acuerdo
Número 01 del 23 de noviembre de 2.021,” lo que impide el disfrute efectivo del derecho
de acceso a la administración de justicia.

12. Concluyó que “ha visto defraudada las expectativas legitima de un proceso judicial
rápido y eficaz, frustrante tener que accionar para exigir vía tutela, que se den cumplimiento
a las normas procesales”.

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

13. Mediante auto del 23 de septiembre de 2022, la magistrada ponente admitió la
acción de tutela y ordenó su notificación al Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A, como autoridad judicial accionada. De otra parte, vinculó como
terceros con interés a los señores Pedro Leonardo Reyes Vega, Blanca Elvira
Herrera Castro, a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Consejo Superior
de la Carrera Notarial, Superintendencia de Notariado y Registro y a la Procuraduría
Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, quienes participaron en el proceso
ordinario.

14. Por último, se aceptó la coadyuvancia de la señora Ana María Rojas en el
presente trámite constitucional al considerar que cumplía con las exigencias
previstas en el Decreto 2591 de 1991 y lo establecido jurisprudencialmente por la
Corte Constitucional.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:

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1.5.1. Superintendencia de Notariado y Registro

15. Solicitó negar las pretensiones de la demanda porque a su juicio, no se cumple
ninguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia, debido a que el
accionante no es un sujeto de especial protección constitucional, aunado a que los
plazos transcurridos desde el momento de radicación de la solicitud de suspensión
provisional y nulidad hasta la fecha no han sido excesivos.

16. Agregó que, de ninguna manera se encuentra latente la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, “ya que no fue probado con las pruebas aportadas al presente
trámite constitucional.”

17. Concluyó el Consejo Superior de la Carrera Notarial a través del Acuerdo 1 de
2021 diseñó un procedimiento estrictamente operativo para el ejercicio del derecho
de preferencia, “sin que reglamentara elementos estructurales de este derecho. Agregó que
en efecto, al analizar el alcance del acuerdo, este no pretendía atribuirse las facultades de
reserva legal del Congreso de la República, sino generar un simple procedimiento en el cual
se reflejara transparencia, objetividad y la garantía del ejercicio del derecho de preferencia,
entendido como uno de los derechos de los notarios de carrera.”

1.5.2. Ministerio de Justicia y del Derecho

18. Requirió declarar su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por
pasiva. Adujo que la tutela no está relacionado con actuación alguna por parte de
dicha cartera ministerial, “sino en la mora judicial que se afirma se ha generado dentro de
un proceso en el cual interviniente este Ministerio durante el trámite propio de una
reproducción de acto declarado nulo, en el cual se decretó la suspensión del Acuerdo 1 de
2021 del Consejo Superior de la Carrera Notarial sobre derecho de preferencia en la carrera
notarial y se dispuso que antes de convocar a la audiencia de que trata la respectiva norma
procesal se notificara a las partes involucradas.” (Sic)

19. En cuanto al fondo del asunto adujo que, “el auto que decretó la suspensión del
Acuerdo 1 de 2021 y dispuso notificar la decisión antes de convocar a la audiencia
respectiva, fue proferido el 7 de abril de 2022 y notificado a las partes el 9 de mayo de 2022,
de manera que habiendo pasado hasta ahora largos cuatro meses de haberse proferido la
decisión, no se advierte con fundamento en el precedente jurisprudencial citado, que se haya
generado una mora injustificada por incumplimiento de un término razonable, por lo cual la
tutela tampoco resulta procedente.”

1.5.3. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A

20. Luego de hacer un recuento de las actuaciones procesales surtidas al interior del
proceso ordinario, aclaró que en la providencia del 7 de abril de 2022 no se convocó
a la audiencia prevista en el artículo 239 del CPACA, razón por la cual no se definió

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la fecha y la hora para su realización. Agregó que lo que se dispuso, como trámite
previo antes de convocar a la audiencia, fue notificar a la Oficina Asesora Jurídica de
la Superintendencia de Notariado y Registro para que se pronunciara sobre el trámite
de reproducción del acto anulado.

21. Refirió que se debía tener en cuenta que el citado artículo 239 del CPACA no
prevé un término en el que se deba convocar y realizar la audiencia correspondiente,
ni establece que en el auto en virtud del cual se corre el traslado también se tenga
que realizar la convocatoria a la referida diligencia.

22. Adicionalmente, puso de presente que de las actuaciones procesales registradas
en la plataforma SAMAI, el expediente retornó al despacho el 7 de julio de 2022,
luego de que venciera el término de traslado de 10 días hábiles concedido a la
Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, mientras
que la acción de tutela fue radicada el 5 de septiembre de 2022. Así las cosas,
concluyó que “los tiempos que se han observado dentro del trámite previsto en el artículo
239 del CPACA no resultan injustificados ni desproporcionados.”

23. Aclaró que, sin descuidar que en el país existe un grado importante de
congestión judicial y el cúmulo de procesos que se tramitan ante dicha corporación
ocasiona que las controversias deban observar un término prudencial para su
análisis y definición, lo cual, por sí solo, no comporta una negligencia de la
administración de justicia ni un desconocimiento del derecho fundamental invocado
por el accionante, sino que es el reflejo de una situación estructural ocasionada por
distintos factores.

24. Acotó que el artículo 18 de la Ley 446 de 19983 establece una regla para definir
el orden en que se deciden los procesos judiciales, comúnmente conocida como
sistema de la cola o la fila, que consiste en evacuar los procesos de acuerdo con el
orden de ingreso a los despachos judiciales; dicho parámetro, de acuerdo con la
Corte Constitucional, garantiza el derecho de acceso a la administración de justicia
en condiciones de igualdad y con apego al debido proceso.

25. Los demás sujetos vinculados, pese a haber sido debidamente notificados no
rindieron informe alguno.

3
“es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan
pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los
casos de sentencia anticipada o de prelación legal…”.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

26. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor Dewdney Montero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 7° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del
Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A.

2.2. Solicitud de desvinculación

27. Se tiene que el Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó su desvinculación
del presente trámite constitucional pues, a su juicio, carece de legitimación en la
causa. No obstante, dicha petición será negada ya que su vinculación al proceso se
hizo en calidad de tercero, en atención al interés que le asiste en las resultas del
presente trámite, dado que fungió como parte pasiva en el proceso de simple
nulidad, respecto del cual se adujo la mora judicial injustificada

2.3. Problema jurídico

28. Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la
demanda de tutela el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A incurrió
en mora judicial injustificada derivada de la falta de fijación de la audiencia que trata
el artículo 239 de la Ley 1437 de 2011. Esto, dentro del proceso de nulidad simple
con radicado N.º 11001-03-25-000-2014-01431-00.

2.4. Razones jurídicas de la decisión

29. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
las generalidades de la acción de tutela; (ii) mora judicial injustificada; (iii) derecho
de acceso a la administración de justicia y (iv) el caso concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

30. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

31. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que
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la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable4.

2.6. La mora judicial injustificada

32. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso
de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de diligencia y en la omisión
sistemática de sus deberes por parte de los mismos 5.

33. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que “atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales
no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales” 6.

34. Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene que:

“… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable
al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo,
no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012,
luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta
Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra
justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración
de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden
la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en
los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación
injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y
que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones”.

35. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición

4
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
5
Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
6
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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reiterada en relación con la existencia de mora judicial 7, según la cual sólo se predica
si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del
juez, que de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un
proceso.

2.7. Derecho de acceso a la administración de justicia

36. Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución 8, del derecho fundamental al debido
proceso9 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia 10.

37. El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva “[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con
el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a
derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]”11.

38. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía “[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los
jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de
los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad
y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador
acerca de los hechos materia de su decisión […]”12.

7
Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-2012-
01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
8
“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará
en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
9
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
10
Sentencia T-006 de 1992.
11
Sentencia T-476 de 1998.
12
Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
9

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39. Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el “[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una respuesta
rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y garantías”13, y de otro lado,
“la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las
condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio
público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no
logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la
necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]”14.

40. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia15 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una
sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las
partes.

41. Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que “[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial que
aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se proyecta
más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su
responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez
que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas
imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material […]”16.

2.8. Caso concreto

41. Así, se observa que la pretensión del accionante está orientada a que se ampare
su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, el cual considera
vulnerado porque no se ha fijado fecha para realizar la audiencia prevista en el
artículo 239 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en el marco de la cual se debe definir si se decreta o no la nulidad del
Acuerdo 1 del 23 de noviembre de 2021, expedido por el Consejo Superior de la
Carrera Notarial.

13
Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
14
Ibídem.
15
Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y
lograr y mantener la concordia nacional”.
16
Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.

10

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42. Se tiene que en el referido proceso, el despacho profirió el auto del 7 de abril de
2022, por medio del cual i) decretó la suspensión inmediata de los efectos jurídicos
del Acuerdo 1 del 23 de noviembre de 2021; y ii) antes de convocar a la audiencia
de que trata el artículo 239 del CPACA, dispuso notificar personalmente a la
Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro,
dependencia que cumple las funciones de la Secretaría Técnica del Consejo
Superior de la Carrera Notarial, a la cual se le corrió traslado por el término de 10
días hábiles, para que se pronunciara sobre lo que estimara pertinente.

43. Igualmente, una vez revisado el referido expediente digital en el aplicativo
SAMAI, el cual se identifica con el radicado N.º 11001-03-25-000-2014-01431-00, se
evidenció que efectivamente el proceso pasó al despacho del magistrado Suárez
Vargas el 7 de julio de 2022, como se observa:

“CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA SAECCIÓN SEGUNDA

Proceso: 4668-2014
Actor : PEDRO LEONARDO REYES VEGA

Hoy 7 –JULIO - 2022 remito el proceso de la referencia al despacho del (a) H. Magistrado (a)
Dr. (a) RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS, informando lo siguiente:

Notificada y ejecutoriada providencia obrante a índice 78 de la plataforma SAMAI.”

44. En consecuencia, la Sala entrará a analizar si efectivamente la autoridad judicial
accionada vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, frente a lo cual
anticipa que negará las pretensiones de la demanda, por las razones que pasan a
explicarse:

45. Como se mencionó en los acápites precedentes relativos a la mora judicial,
“atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los
términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”17, por ello, se
ha considerado que en los eventos en los que “la tardanza no es imputable al actuar del
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”.

46. Resulta necesario aclarar que, como lo indicó la autoridad judicial accionada en
su contestación, en la providencia del 7 de abril de 2022 no se convocó a la
audiencia prevista en el artículo 239 del CPACA, razón por la cual no se definió la
fecha y la hora para su realización. Por el contrario, lo que se dispuso fue que, antes

17
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
11

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de convocar a dicha diligencia, se notificara a la Oficina Asesora Jurídica de la
Superintendencia de Notariado y Registro y se le corriera traslado para que se
pronunciara sobre el trámite de reproducción del acto anulado, como lo ordena el
citado artículo del CPACA.

47. En su informe, la Sección Segunda - Subsección A adujo que el expediente
retornó al despacho el 7 de julio de 2022, luego de que venciera el término de
traslado de 10 días hábiles concedido a la Oficina Asesora Jurídica de la
Superintendencia de Notariado y Registro, por lo que a su juicio no se configuraba
una mora judicial injustificada teniendo en cuenta que: la tutela se radicó el 5 de
septiembre de 2022 y el despacho había adelantado todas las actuaciones de
manera diligente, esto si se tenía en cuenta que el artículo 239 del CPACA no previa
un término en el que se deba convocar y realizar la audiencia correspondiente, ni
establece que en el auto en virtud del cual se corre el traslado también se tenga que
realizar la convocatoria a la referida diligencia.

48. Ahora bien, esta Sala evidencia que, si bien hasta la fecha no se ha convocado la
audiencia de que trata el articulo 239 del CPACA, a cuya dilación hace referencia la
parte actora, lo cierto es que ello ha obedecido a que se debían surtir algunas
actuaciones procesales previas, como lo explicó la autoridad judicial accionada,
como lo fue la notificación a la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de
Notariado y Registro y se le corriera traslado para que se pronunciara sobre el
trámite de reproducción del acto anulado.

49. La Corte Constitucional ha indicado que, la dilación injustificada que configura la
violación de derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos
señalados en la ley para adelantar actuación por parte del funcionario competente;
(ii) la omisión en el cumplimento de las obligaciones en el trámite de los procesos a
cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo razonable y prueba de que la
demora obedece a circunstancias que no se pueden contrarrestar.

50. Es así que, desde la fecha en que ingresó el expediente al despacho (7 de julio
de 2022) a la fecha en que impetró la presente acción constitucional (5 de
septiembre de 2022), no se advierte que hubiese transcurrido un lapso de tiempo
excesivo o desproporcionado, que evidencien la ocurrencia de alguno de los
requisitos que permitan establecer que se trata de una mora judicial injustificada. Por
el contrario el proceso ordinario ha obedecido al normal desarrollo de sus etapas
procesales, pues los tiempos que se han observado dentro del trámite previsto en el
artículo 239 del CPACA no resultan injustificados ni desproporcionados. Al respecto
dicha norma prevé:
“Artículo 239. Procedimiento en caso de reproducción del acto anulado: El
interesado podrá pedir la suspensión provisional y la nulidad del acto que
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reproduce un acto anulado, mediante escrito razonado dirigido al juez que
decretó la anulación, con el que acompañará la copia del nuevo acto.

Si el juez o Magistrado Ponente considera fundada la acusación de reproducción
ilegal, dispondrá que se suspendan de manera inmediata los efectos del nuevo
acto, ordenará que se dé traslado de lo actuado a la entidad responsable de la
reproducción y convocará a una audiencia, con el objeto de decidir sobre la
nulidad.

(…).”

51. En tal sentido, se reitera que no se advierte alguna negligencia u omisión en el
ejercicio de las funciones de la autoridad judicial accionada pues en efecto i) el citado
artículo 239 del CPACA no prevé un término en el que se deba convocar y realizar la
audiencia correspondiente y ii) desde la fecha en que ingresó el proceso al despacho
para decidir no se avizora que haya transcurrido un tiempo extenso o
desproporcionado.

52. Aunado a lo anterior, resulta importante destacar que a pesar de que la autoridad
accionada no señaló ni el turno ni la carga laboral que tiene, es un hecho notorio 18
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, especializada en temas laborales
tiene una significativa carga representada por más de 17.000 expedientes, según el
informe de rendición de cuentas y que han efectuado un significativo esfuerzo para
resolver los asuntos a su cargo.

53. Así, al no encontrarnos frente a una dilación injustificada no cabe amparar el
derecho del accionante, pues ordenar que se resuelva su caso sin atender el orden
que le corresponde podría implicar la afectación de los turnos que tiene establecidos
el despacho para fallar, y así el derecho fundamental a la igualdad de aquellos
usuarios que de manera previa al accionante acudieron a la administración de
justicia.

54. Por lo anterior, esta Sala de Decisión negará el amparo deprecado ya que no
evidencia una situación de dilación injustificada o indebida, pues no se observa que
el funcionario judicial accionada haya actuado de manera negligente o que su
comportamiento sea el resultado de una omisión en el cumplimento de sus
funciones, tampoco se advierte que el tiempo haya sido excesivo para resolver sobre
el asunto.

18
Sentencia de 17 de febrero de 2022; Rad: 11001-03-15-000-2021-04956-01; Sección Quinta del
Consejo de Estado; Magistrada Ponente Rocío Araújo Oñate; accionante: Augusto Ramírez Zuluaga;
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”.

13

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2.9. Conclusión

55. Por lo expuesto, se negará el amparo deprecado, ya que como se demostró, no
se advirtió una situación de dilación caprichosa u omisión en las actuaciones
desplegadas por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A al interior
del medio de control de nulidad simple al que se ha hecho alusión con antelación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación impetrada por el Ministerio de
Justicia y del Derecho, por lo expuesto.

SEGUNDO: NEGAR el amparo a los derechos fundamentales reclamados por el
señor Andrés Eduardo Dewdney Montero, de conformidad con la parte considerativa
de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04797-00

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

15

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