Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04739-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-04739-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04739-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04739-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
28 de septiembre de 2023
Demandante: Lyda Julio San Martín
Demandado: Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04739-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04739-00
Demandante: LYDA JULIO SAN MANRTÍN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela de fondo. Presunta mora judicial. Niega solicitud de
amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora Lyda
Julio San Martín contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Lyda Julio San Martín, en nombre propio, presentó acción de tutela1
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A con el fin de
obtener el amparo de su derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia.
La referida garantía constitucional la consideró transgredida con ocasión de la
presunta mora de la autoridad demandada en dictar la sentencia de segunda
instancia a través de la cual resuelva el recurso de apelación que se encuentra
pendiente dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la señora Lyda Julio San Martín contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, expediente que se identifica con el radicado 70001-23-33-000-
2016-00235-01.
1 Con escrito presentado el 30 de agosto de 2023.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Lyda Julio San Martín
Demandado: Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04739-00
1.2. Pretensiones
La parte accionante presentó las siguientes:
Solicito a este honorable juzgado, tutelarme los derechos citados en los artículos
2 y 229 de la Constitución Política de Colombia, y a pesar que en mi caso no se
configura un perjuicio irremediable por ser docente y pensionada, peso si la
afectación moral de poder ver en vida el restablecimiento de mi derecho legal
transgredido a la pensión gracia, y en consecuencia ordenarle a la SECCIÓN
SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO (Consejero Dr JORGE IVAN DUQUE
GUTIERREZ, ponente de Apelación de Sentencia de proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho. Radicado 70001233300020160023501. Número
Interno 1270-2018), que expida cuanto antes la sentencia de segunda instancia
dado el tiempo extenso que en el despacho lleva el expediente para fallo2.
1.3. Hechos
La parte actora fundó su petición de tutela en los siguientes:
La señora Lyda Julio San Martín informó que, el 21 de marzo de 2018 interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia de 3 de
noviembre de 2017 dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el marco
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.3.
Adujo que, el proceso ordinario identificado con el radicado 70001-23-33-000-
2016-00235-01 tuvo las siguientes actuaciones: (i) el 4 de mayo de 2018 se
admitió el mecanismo de alzada; (ii) el 25 de octubre de 2018 el expediente
ingresó al despacho; (iii) el 20 de mayo de 2021 el proceso pasó al despacho
nuevamente.
Finalmente, informó que las partes han presentado varios memoriales de
impulso procesal y a la fecha, después de haber transcurrido más de cuatro
años contados desde el 25 de octubre de 2018 que el expediente ingresó al
despacho, aún no se ha dictado fallo de segunda instancia.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora alegó la vulneración de su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, debido a la tardanza de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en resolver el mecanismo de alzada
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 70001-23-33-000-2016-00235-01.
Para el efecto, citó apartes de las sentencias T-715 de 2012 y T-799 de 2011 en
las cuales la Corte Constitucional precisó el alcance del derecho contenido en el
artículo 229 superior.
2 Transcrito del texto original, con posibles errores.
3 «[…] al considerar que violó el principio de selección objetiva» en un proceso de licitación.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Lyda Julio San Martín
Demandado: Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04739-00
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 1. ° de septiembre de 2023, el magistrado ponente de esta
decisión admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A para que, si lo
consideraban del caso, intervinieran en el presente proceso en calidad de
demandados. En calidad de tercero con interés, se vinculó al Tribunal
Administrativo de Sucre [autoridad de primera instancia en los procesos
ordinarios].
Finalmente, se ordenó a la oficina de sistemas de la Corporación que realizara
la publicación de la información relativa al proceso de la referencia en la página
del Consejo de Estado.
1.6. Contestación
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados
por vía electrónica, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
solicitó que se deniegue la solicitud de amparo constitucional.
La anterior petición obedeció a que, a su juicio, no ha incurrido en alguna acción
u omisión que constituya la causa de la vulneración de los derechos invocados
por la señora Lyda Julio San Martín, en atención a que el magistrado ponente
asumió el cargo el 26 de abril de 2023 e informó que el despacho tiene a su
cargo un total de 1.436 procesos activos.
Por último, precisó que, de la revisión de expediente ordinario advirtió «que el
recurso interpuesto fue radicado el 21 de marzo de 2018, por lo que atendiendo
a la carga de procesos que tiene este despacho no puede predicarse la mora
alegada. Sin embargo, en aras de agilizar el trámite pendiente se procederá a
decidir lo pertinente en el proceso objeto de la acción de tutela».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de
tutela presentada por la señora Lyda Julio San Martín contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde determinar si, en el caso concreto, se presenta una vulneración al
derecho de acceso administración de justicia de la señora Lyda Julio San Martín
por parte del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por
presuntamente haber incurrido en una tardanza injustificada en resolver la
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Lyda Julio San Martín
Demandado: Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04739-00
segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 70001-23-33-000-2016-00235-01.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) las generalidades de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia; (iii) la mora judicial
justificada; y (iv) el análisis del caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de
los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo
anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es
decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se
promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.
2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución5, del derecho fundamental al
debido proceso6 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el
carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia7.
Los derechos mencionados ofrecen al individuo la garantía de acudir ante el
juez para que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
4 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
5 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
6 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
7 Sentencia T-006 de 1992.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Lyda Julio San Martín
Demandado: Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04739-00
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en
la ley […]»8.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de
llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a
la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria
que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los
hechos materia de su decisión […]»9.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de
la Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de
protección de sus derechos y garantías”10, y de otro lado, “la obligación
correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las
condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho
servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las
actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que
el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces
deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un
avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»11.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia12 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el
juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con
el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para
terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos
fundamentales de las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor
vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el
pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas
8 Sentencia T-476 de 1998.
9 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
10 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
11 Ibídem.
12 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública
que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los
derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la
convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Lyda Julio San Martín
Demandado: Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04739-00
imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la
verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material
[…]»13.
2.5. La mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es
originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes.14
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo
la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los
términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»15.
En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable
al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo,
no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012,
luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta
Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra
justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración
de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden
la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en
los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación
injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y
que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de mora judicial16, según la cual solo se
predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la
competencia del juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye
violación al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al
debido proceso de las partes en un proceso.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio
Palacio.
14 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
15 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
16 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-
2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio
2014, Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz.
Demandado: Procuraduría General de la Nación.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Lyda Julio San Martín
Demandado: Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04739-00
2.6. Caso concreto
2.6.1. En el sub examine, la señora Lyda Julio San Martín alegó que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró su
derecho de acceso administración de justicia por presuntamente haber incurrido
en una tardanza injustificada en dictar la sentencia de segunda instancia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
70001-23-33-000-2016-00235-01.
2.6.2. Al revisar el expediente digital del proceso ordinario en el sistema de
gestión judicial Samai, se advierte la siguiente información:
(i) El proceso 70001-23-33-000-2016-00235-01 ingresó al despacho el 26 de
octubre de 2018 para dictar fallo.
(ii) Con auto registrado el 16 de enero de 2021, se tuvo por recibida una
información relativa al cambio de direcciones para las notificaciones, y se dio
respuesta a una solicitud de impulso procesal en el sentido de indicar que los
procesos están sujetos a un procedimiento reglado y se señaló que el despacho
presenta una alta carga laboral, razón por la cual, el asunto ordinario sería
objeto de pronunciamiento en el momento en que le correspondiera según el
turno asignado.
(iii) El 18 de mayo de 2021 el expediente ingresó nuevamente al despacho para
proferir sentencia.
(iv) Entre el 6 de julio de 2022 y el 29 de junio de 2023 se recibieron múltiples
memoriales de las partes con solicitudes de impulso procesal y de información
respecto a las razones por las cuales no se ha resuelto el recurso de apelación.
2.6.3. En este punto del análisis, se anuncia que se negará la solicitud de
amparo elevada por la señora Lyda Julio San Martín por cuanto este juez
constitucional no advierte la vulneración alegada.
Itera17 la Sala que en este caso no se constituye mora judicial, en atención a
que no ha transcurrido un tiempo que traspase el plazo razonable con que
cuenta la autoridad judicial censurada para resolver los procesos promovidos
por el tutelante, puesto que es un hecho notorio que la Sección Segunda del
Consejo de Estado, especializada en temas laborales, tiene una significativa
carga representada por más de 17.000 expedientes según el informe de
rendición de cuentas,18 y que han efectuado un significativo esfuerzo para
resolver los asuntos a su cargo.
17 Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia de 17 de febrero de 2022, expediente
11001-03-15-000-2021-04956-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia de 20 de octubre de
2022, expediente 11001-03-15-000-2022-04797-00, M.P. Rocío Araújo Oñate
18 https://www.consejodeestado.gov.co/webconsejoprueba/wp-
content/uploads/2021/04/RendicionCuentas_2020.pdf.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Lyda Julio San Martín
Demandado: Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04739-00
Es por ello que la aludida transgresión no puede predicarse de manera
automática en los eventos en que los plazos legales se extienden, comoquiera
que el volumen que actualmente presentan los diferentes despachos judiciales
a nivel nacional es indicativo de una problemática estructural de la Rama
Judicial por ser insuficiente para atender la activa demanda del servicio de
administración de justicia, lo que de plano escapa de las manos de los
funcionarios judiciales.
Ahora, es preciso poner de presente que el hecho de estar vinculada a un
proceso judicial promovido por la actora con miras a que se debata la legalidad
de los actos que le negaron el reconocimiento de una prestación, es la razón
por la que la señora Lyda Julio San Martín Vega está en el deber de soportar la
carga que a todos los ciudadanos les corresponde cuando someten sus
controversias ante los jueces de la República de Colombia.
En ese contexto, es precisó traer a colación el artículo 18 de la Ley 446 de
199819, el cual dispone:
ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces
dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los
expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los
casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de
conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá
modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del
Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.
Adicionalmente, del escrito de tutela no se evidencia algún motivo o explicación
argüida por la accionante a partir de la cual se pueda establecer que la señora
Julio San Martín se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 63A de la Ley 270 de 199020, con fundamento en lo cual, el juez de
19 «Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de
1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de
1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia».
20 «ARTÍCULO 63A. DEL ORDEN Y PRELACIÓN DE TURNOS. <Artículo
CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de
2009. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando existan razones de seguridad nacional o para
prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los
derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia
social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la
Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados
y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador
General de la Nación.
Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y
del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por
carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener
repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.
Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo
Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia,
podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.
Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del
Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Lyda Julio San Martín
Demandado: Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04739-00
tutela se vea compelido a dictar una orden tendiente a que se altere el orden
asignado al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 70001-23-33-
000-2016-00235-01.
En ese sentido, al no encontrarnos frente a una dilación injustificada o un
perjuicio irremediable, no hay lugar a amparar el derecho de la accionante, pues
ordenar que se resuelva su caso sin atender el orden que le corresponde podría
implicar la afectación de los derechos de las partes de aquellos asuntos que
ingresaron con anterioridad al despacho para fallo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela promovida por la señora Lyda Julio San
Martín contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán
determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los
proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo
los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones
de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio.
PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo 18 de la Ley
446 de 1998.
PARÁGRAFO 2o. El reglamento interno de cada corporación judicial señalará los días y horas
de cada semana en que ella, sus Salas y sus Secciones, celebrarán reuniones para la
deliberación de los asuntos jurisdiccionales de su competencia, sin perjuicio que cada Sala
decida sesionar con mayor frecuencia para imprimir celeridad y eficiencia a sus actuaciones.
PARÁGRAFO 3o. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará
los turnos, jornadas y horarios para garantizar el ejercicio permanente de la función de control
de garantías. En este sentido no podrá alterar el régimen salarial y prestacional vigente en la
Rama Judicial».
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Lyda Julio San Martín
Demandado: Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04739-00
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.