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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2016-00235-01

Fecha
1 de febrero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2016-00235-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALL A PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada del treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar, SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 14019 del 31 de marzo de 2016, por medio de la cual se negó el reconocimiento de la pensión gracia y la RDP 24762 del 30 de junio de la misma anualidad que resolvió en forma negativa la apelación. TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de «prescripción» respecto de las mesadas causadas a favor de la demandante anteriores al 10 de noviembre de 2012; y a su vez, no probadas las demás formuladas por la entidad accionada. CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la señora Leonilde Jiménez Jiménez, ello en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados en el año anterior a la configuración del estatus, comprendido entre el 17 de marzo de 2009 y el 16 de marzo de 2010, efectiva desde el 17 de marzo de 2010, pero con efectos fiscales a partir del 10 de noviembre de 2012, por prescripción trienal de mesadas. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38 Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018) La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de Estado, según la cual: R= RH Índice Final Índice inicial En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice vigente a la fecha en que la parte demandante obtuvo el estatus pensional. Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por mes. QUINTO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2016-00235-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

1 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., primero (1. °) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)
Demandante: Lyda Julio San Martín
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio en
plazas del orden territorial. Períodos de labor mediante la
modalidad de hora cátedra computables solo si se dan mediante
vinculaciones territoriales o nacionalizadas. Incorporación no
cambia la naturaleza de la relación legal y reglamentaria.
Aplicación de sentencias de unificación del 22 de enero de 2015,
21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022. REVOCA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) por
el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora LYDA JULIO SAN MARTÍN instauró demanda en contra de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES 1

Que se declare la nulidad de la Resolución RDP 14019 del 31 de marzo de 2016,
por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor

1 Folio 1.

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1

Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

de la demandante y, de la Resolución RDP 24762 del 30 de junio de 2016, que
resolvió en forma desfavorable el recurso de apelación presentado en contra del
acto inicial.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la prestación, según lo previsto en la Ley 114 de 1913, con los
reajustes anuales, y el retroactivo indexado de las mesadas adeudadas por dicho
concepto, así como los respectivos intereses moratorios.

Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a las previsiones de los artículos
192 y 195 del CPACA y se condene en costas a la parte accionada.

HECHOS 2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que la demandante laboró inicialmente como docente interina en la Escuela Rural
del Corregimiento de Palo Alto del municipio de San Onofre en el departamento de
Sucre, al realizar una licencia de maternidad por 56 días, entre el 26 de agosto y el
20 de octubre de 1980.

Que se vinculó al servicio del departamento de Bolívar, mediante horas cátedra a
través de las Resoluciones 800 del 18 de marzo de 1986 (8 de abril -30 de
noviembre); 801 del 9 de marzo de 1987 (21 de abril- 30 de noviembre); 836 del 20
de marzo de 1988 (28 de abril – 30 de noviembre); 650 del 18 de abril de 1989 (27
de abril -30 de noviembre), las cuáles dan un total de 1.584 horas laboradas.

Que se desempeñó como docente del departamento de Sucre mediante horas
cátedra, a través de las autorizaciones de prestación de servicios; 132 del 17 de
septiembre de 1990, 51 del 13 de marzo de 1991, 14 del 27 de marzo de 1992, 24
del 25 de marzo de 1993, todas desempeñadas entre el 1. ° de febrero al 30 de
noviembre de cada año, las cuales suman 3.520 horas laboradas.

La incorporaron a la planta de personal del departamento de Sucre mediante el
Decreto 320 del 22 de julio de 1994, cargo del que tomó posesión desde el 3 de
agosto del mismo año y el 22 de noviembre de 2010 adquirió el estatus pensional
al cumplir 20 años de servicios.

Que solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, prestación que
fue negada mediante la Resolución RDP 14019 del 31 de marzo de 2016, decisión
confirmada al resolver el recurso de apelación mediante la Resolución RDP 24762

2 Folios 2 vuelto y 5.

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2

Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

del 30 de junio de 2016.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 11 de octubre de 20163, y notificada a
la UGPP4, quien presentó memorial de contestación 5 en el que se opuso a las
pretensiones de la demanda al argumentar que la demandante, no cumplió con los
requisitos previstos para el reconocimiento de la pensión gracia.

Propuso las excepciones que denominó; improcedencia de lo pretendido por no
reunir los requisitos legales y prescripción.

En la audiencia inicial 6 el tribunal señaló que las excepciones propuestas no podían
ser consideradas como previas, por tanto, serían resueltas en la sentencia. En esta
diligencia se fijó el litigio en el sentido de determinar si la actora cumplía con los
requisitos para ser acreedora de la pensión gracia. Señaló que no existía ánimo
conciliatorio, declaró saneado el proceso y ordenó el decreto de las pruebas
requeridas por la demandada.

En audiencia de pruebas 7 puso en conocimiento de las partes los documentos
debidamente allegados y al no existir contradicción ordenó incorporarlos; prescindió
de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, para ordenar la presentación de los
alegatos de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN 8

El Tribunal Administrativo de Sucre dictó sentencia el 30 de noviembre de 2017, a
través de la cual negó las pretensiones de la demanda, al sostener que la docente
no cumplió con el requisito de los 20 años de servicios con una vinculación territorial
o nacionalizada.

Como sustento de lo anterior, al analizar los tiempos desempeñados por la señora
Lyda San Martín, encontró que prestó sus servicios a la Institución Educativa Palo
Alto de San Onofre; inicialmente por medio de la Resolución 328 del 17 de
septiembre de 1980, luego a través de autorizaciones de prestación de servicios
(132 del 17 de enero de 1990; 51 del 13 de marzo de 1991; 14 del 27 de marzo de
1992; 24 del 25 de marzo de 1993) y, finalmente incorporada a la planta del
departamento mediante los Decretos 320 del 22 de julio de 1994 y 16 del 1.° de
marzo de 2000, en esta última a cargo del situado fiscal.

3 Folios 85 a 86.
4 Folio 92.
5 Folios 127 a 131.
6 Folios 144 a 148.
7 Folios 179 a 181.
8 Folios 168 a 173.

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3

Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

Que se desempeñó como docente de cátedra desde 1986 hasta 1989, según las
Resoluciones 800 del 18 de marzo de 1986; 801 de 1987; 836 del 30 de marzo de
1988 y 650 de 1989.

Para agotar el requisito, precisó que la señora Lyda Julio fue docente a favor del
departamento de Sucre entre el 17 de septiembre y el 20 de octubre de 1980 y del
27 de abril al 30 de noviembre de 1989, conforme a los actos de nombramiento y
posesión debidamente allegados al plenario, para un total de 7 meses y 3 días (213
días).

También reconoció los tiempos de docente de hora cátedra, en el ejercicio de la
jurisprudencia vigente y según la formula prevista para la equivalencia de las horas,
que dio una suma de 2.601 horas trabajadas, para un total de (650.4 días).

Que la señora Lyda Julio fue vinculada a la nómina del departamento de Sucre
desde el 3 de agosto de 1994 hasta el 29 de febrero de 2000, es decir, por un tiempo
de 5 años, 6 meses y 26 días (2.006 días) y que el tiempo posterior, no podía
computarse al haber sido «incorporada a la nómina del situado fiscal».

Como resultado de la sumatoria de los tiempos desempeñados por la accionante,
arrojó 2.902,4 días, esto es, 8 años y 22 días, tiempo insuficiente para la causación
del derecho a la pensión gracia.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La demandante en su escrito solicitó revocar la sentencia y en su lugar, conceder
las pretensiones al argumentar que cumple con todos los requisitos para ser
beneficiaria de la pensión gracia y sobre los 20 años de servicios precisa que el a
quo al argumentar que «la sumatoria del tiempo laborado mediante hora Cátedra y la
legal reglamentaria, no alcanza el tiempo exigido para la causación de la pensión gracia,
esto es, 20 o más años de servicio» únicamente reconoce el tiempo que prestó como
docente departamental de Sucre entre el 3 de agosto de 1994 y el 29 de febrero de
2000 porque a partir del « 1.° de marzo de 2000 fue incorporada a la nómina del situado
fiscal y por ende no se le tendrá en cuenta el periodo laborado a partir de dicha fecha».

Que la situación descrita no es óbice para desconocer el derecho de la accionante
porque tal como lo ha previsto la jurisprudencia del Consejo de Estado, los dineros
girados a las entidades territoriales provenientes del situado fiscal, hoy Sistema
General de Participaciones hacen parte de los recursos propios del ente y por ello
la situación de financiado o cofinanciado durante el tiempo alegado, le permitía ser
beneficiaria del derecho.

9 Folios 177 a 179.

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Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante10 y demandada11 presentaron escrito de alegaciones finales
en los que reiteraron los argumentos expuestos en la demanda, contestación y en
el recurso de apelación.

El procurador Tercero Delegado ante esta Corporación 12, solicitó revocar la
sentencia para en su lugar reconocer el derecho a la parte accionante, toda vez que
el tribunal no incluyó los tiempos prestados a partir del 2000 al considerar que fueron
con cargo a recursos nacionales. Sin embargo, del material probatorio allegado al
plenario puede comprobarse que la señora Lyda Julio se desempeñó por más de
20 años al servicio del departamento de Sucre.

Esto, de forma discontinua entre los departamentos de Sucre y Bolívar mediante
una vinculación territorial y que agotó el requisito de la vinculación previo al 31 de
diciembre de 1980 donde prestó sus servicios a favor del Municipio de San Onofre
con la misma calidad.

Que la jurisprudencia ha resuelto que los recursos del Sistema General de
Participaciones hacen parte de la autonomía de la autoridad que los administra y en
razón a que la señora Lyda San Martín laboró por aproximadamente 35 años, con
una vinculación territorial, debía ser destinataria de la pensión gracia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial
o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, ello al contabilizar incluso los
tiempos desempeñados bajo la modalidad de hora cátedra, sumado a que tuvo dos
incorporaciones a la planta de personal docente de una entidad territorial en virtud
del proceso de descentralización del servicio educativo.

Para resolver este problema jurídico, la Sala hará referencia a: i) los aspectos
generales de la pensión gracia aplicables al caso concreto, ii) las implicaciones de
la incorporación del personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación y finalmente, iii) resolverá el caso concreto.

Marco normativo y jurisprudencial

a. Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su
acceso

10 Folios 234 a 235.
11 Folios 240 a 242.
12 Folios 243 a 254.

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Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»13. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

(..)
2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 14 señaló que,

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.

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Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 15
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,

15Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.

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certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir entre otros observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,16 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o

16 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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9

Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento» .

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos.

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

b. Sobre el cómputo de tiempos de servicio como docente de hora cátedra
según la sentencia de unificación del 22 de enero de 2015

Al respecto se precisa que, el Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el
22 de enero de 2015 dentro del proceso radicado número 25000-23-42-000-2012-
02017-01, mediante la cual abordó, entre otros temas, el relacionado con la
contabilización de los períodos de labor de los docentes vinculados por hora
cátedra.

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10

Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

Para los efectos, la sentencia en comento precisó que el Decreto 259 del 6 de
febrero de 1981 17 indicó en relación con el ascenso de un docente, que aquel debía
certificar el tiempo de servicio, respecto del cual se previó también que en los casos
en que se tratara de un maestro oficial que no fuera de tiempo completo, el
certificado tendría que especificar el número de horas cátedra, lo que permitía
concluir que era posible el cómputo del lapso de servicio como educador bajo dicha
modalidad de trabajo.

Igualmente, se resaltó que el artículo 1º, parágrafo 1º de la Ley 33 de 1985 dispuso
que para determinar el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación
sería computable como jornada completa de trabajo docente aquella compuesta por
cuatro (4) horas diarias y, además, se indicó la fórmula a aplicarse para el cálculo
de dicho tiempo, así.

«[…] PARÁGRAFO 1º. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión
de jubilación o vejez, solo se computarán como jornadas completas de trabajo las de
cuatro (4) o más horas diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo
empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo
real y dividiéndolas por cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como el
de días laborados y se adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones,
conforme a la ley. […]»

Sobre el punto, en la referida providencia también se planteó lo siguiente.

«Con relación al cómputo del tiempo de servicio docente por hora cátedra, la Corte
Constitucional en sentencia C-517 de 1999, dijo lo siguiente:

“(…) Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables
al docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple funciones
similares en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a acreditar
iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la
ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus
propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el
derecho de los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las prestaciones
sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o
privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado. (…)”

Sobre el particular la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 24
de agosto de 2001 indicó que era posible tener en cuenta el(sic) para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia el tiempo de servicio prestado como docente
hora cátedra y señaló que para su cálculo se daría aplicación al parágrafo 1º del
artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

Posteriormente en sentencia de 8 de agosto de 2003 18 dictada por esta Corporación
se ratificó el anterior criterio, para lo cual se concluyó que,

17 «Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Extraordinario 2277 de 1979, en lo relacionado con la

inscripción y ascenso en el Escalafón».
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2003, Expediente 0396-

03.

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Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

“(…) En lo que tiene que ver con el cómputo de tiempo de servicio que da lugar a la
pensión de jubilación, el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985 señala
que sólo se computaran como jornadas completas de trabajo las de cuatro horas
diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan
a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas
por cuatro, el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y
se adicionará con los del descanso remunerado y de vacaciones conforme a la ley.

En estas condiciones como el personal docente oficial labora de lunes a viernes y
los sábados y los domingos corresponden a días de descanso remunerados, se
deberán adicionar estos días, al igual que los días de vacaciones escolares de
semana santa (1 semana) y de vacaciones intermedias (4 semanas) de conformidad
con el numeral 2° del artículo 3° del Decreto 0174 de 1982 modificado por el artículo
3° del Decreto 1235 de 1982 en armonía con el artículo 58 del Decreto
Reglamentario 1860 de 1994. Así las cosas deben(sic) entenderse que cuatro horas
diarias de labor académica deberán computarse como una jornada completa de
trabajo, lo que significa que veinte horas semanales suman ochenta mensuales.
(…)”

[…] En el sub judice, la demandante prestó sus servicios como docente de tiempo
completo en propiedad durante los siguientes periodos:

[…] El anterior tiempo de servicio como docente de tiempo completo da un total de
17 años, 4 meses y 23 días, el cual resulta insuficiente para acceder a la prestación
reclamada, sin embargo, la actora acreditó que durante el periodo comprendido
entre el 5 de junio de 1985 al 30 de septiembre de 1993 se vinculó como docente
externa de cátedra con el Departamento de Sucre. Encontrando la Sala acreditado
que dictó las siguientes horas:

[…] De conformidad con la Ley 33 de 1985, artículo 1º, parágrafo 1º, el total de las
horas dictadas se dividen por 4 para establecer los días laborados, de la siguiente
manera: 6.548,106/4 = 1.637,0265 días laborados (equivalentes a 4,485 años
laborados, es decir a 4 años, 5 meses y 24 días). […]».

En cuanto a la inclusión de los días de descanso remunerados y las vacaciones, en
jurisprudencia de esta Corporación 19 se precisó,

«[…] En relación con las vacaciones para el personal docente, el Decreto 2277 de
1979, dispone:

“Artículo 67. VACACIONES. Los docentes al servicio oficial tendrán derecho a las
vacaciones que determine el calendario escolar.”

De conformidad con los artículos 8o del Decreto 174 de 1982, 4 del decreto 1235 de
1982, 1º del decreto 1786 de 1985, 61 del Decreto 1278 de 200241, y artículo
2.4.3.4.1 del Decreto1075 de 2015; los docentes y directivos docentes estatales
disfrutan de vacaciones colectivas por espacio de siete (7) semanas en el año,
incluida Semana Santa […]».

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de marzo de 2018, radicado: 76001 -

23-33-000-2012-00681-01 (4794-15), reiterado en sentencia del 19 de enero de 2023, radicado: 08001-23-33-
000-2016-00149-01 (4526-2021).

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12

Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

De lo expuesto se concluye que la jurisprudencia vigente considera posible el
cómputo del tiempo servido como docente por hora cátedra a efectos de satisfacer
el requisito de tiempo exigido para acceder a la pensión gracia, que no es otro que
el de cumplir 20 años de servicio y que, se recuerda, deben ser con una vinculación
del orden territorial o nacionalizado, tal y como se expuso en acápite precedente.

c. Docente interino

Según el criterio ampliamente decantado por el órgano de cierre Vértice de la
Jurisdicción Contencioso Administrativo los tiempos prestados como docente en
interinidad también deben contabilizarse para efectos de la pensión. Así, en
sentencia del 14 de noviembre de 2015 20, se precisó:

«Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse
que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de
jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad
docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas
en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para
efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20
años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la
vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley.
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta
Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el
mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar
con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas
instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos. Lo
anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto
es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso del señor (…)» (Negrillas y
subrayas fuera de texto original).

d. Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación

En atención a la descentralización planteada en la Constitución de 1991, el
Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, que dispuso la desarticulación
del proceso de nacionalización que imperaba para la prestación del servicio
educativo, para que los entes territoriales se encargaran de la cobertura y la calidad
del servicio.

En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los bienes
del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual manera,

20 Radicado: 52001233300020130005801 (2636-2014)

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13

Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.

En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:

« […] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales
sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la
Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de
vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de
la respectiva entidad territorial. […]» (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

A partir de lo expuesto, las plantas de personal serían parte de las respectivas
entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en consecuencia, se
debía adelantar un proceso de incorporación, pues los docentes con la condición de
nacionales o nacionalizados, debían migrar a los departamentos, municipios o
distritos, y el régimen prestacional que regiría tanto a los docentes que se
incorporaran como a los que se vincularan después, sería el establecido en la Ley
91 de 1989.

Aunque como se manifestó la intención de la norma era que más municipios se
hicieran cargo de la administración del servicio de educativo, la legislación solo
habilitó a los municipios certificados (con una población superior a 100 mil
habitantes) para trasladar directamente los recursos relacionados con el sistema
educativo para invertirse con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del
artículo 16 ibidem:

«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o superior
a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la aprobación del
Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas otorgar a estos municipios
autonomía para la prestación del servicio de educación y la asunción de las
obligaciones correspondientes en las mismas condiciones de los distritos.»

De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación del
país generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras a «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su autonomía
administrativa como operadores de la organización de los servicios de educación
[…]», se expidió la Ley 715 de 2001.

Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en
sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió expresamente

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Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Tales normas
disponen:

«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el
artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]

ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a
los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y
que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo. […]»

En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los docentes
incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación que
ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar
el derecho a la pensión gracia.

No obstante, en el asunto bajo estudio deberá enfocarse dicho análisis en el
entendido de que los motivos de inconformidad del apelante único (los cuales
circunscriben por congruencia la competencia de decisión en esta instancia), se
centran y limitan en verificar si la naturaleza jurídica de las vinculaciones de la
demandante como docente oficial, fueron del orden territorial o nacionalizado que le
permitan acumular los 20 años de servicio necesarios para consolidar el derecho
pensional en litigio.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado relacionado con la edad, se
observa que la señora Lyda Julio San Martín nació el 26 de mayo de 195821, de
modo que cumplió los 50 años el 26 de mayo de 2008.

21 De conformidad con la copia de la cédula visible a folio 39.

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Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

En cuanto al segundo requisito a la acumulación de 20 años de servicio de la
demandante como docente territorial o nacionalizada (punto de debate en esta
instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados en
esta causa judicial.

-Del 23 de septiembre de 1980 al 18 de noviembre de 1980 - Interina Territorial

Del material allegado al plenario puede evidenciarse que la docente fue vinculada
por el departamento de Sucre en calidad de interina con ocasión a una licencia de
maternidad, nombrada por el secretario de Educación mediante la Resolución 328
de 1980 para el cargo de docente en la Escuela Rural del Corregimiento de Palo
Alto y debidamente posesionada por el alcalde municipal de San Onofre, tal como
se observa:

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Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

Los anteriores actos fueron expedidos por las respectivas autoridades
departamentales y municipales, además pese a que el nombramiento fue durante
el proceso de nacionalización, no existió ninguna participación en la decisión por
parte de algún delegado del Ministerio de Educación Nacional o de un representante
del Fondo Educativo Regional sin que pueda asumirse que la plaza ocupada
interinamente fue creada en virtud de los presupuestos de la Ley 43 de 1975.

La anterior situación se ajusta a lo previsto en el artículo 1. ° de la Ley 91 de 1989
en el que dispuso «Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975», condición que fue desarrollada en
el mismo sentido por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ2-
011-18 del 21 de junio de 2018, según la cual es territorial la plaza creada de forma
exclusiva por el distrito, departamento o municipio respectivo, y cuyos gastos se
cubran con cargo a su propio presupuesto.

Por tanto, el periodo desempeñado por la señora Lyda Julio San Martín entre el 23
de septiembre y el 18 de noviembre de 1980 (56 días), en calidad de Territorial
debe ser incluido a efectos de acumular el tiempo de servicio para satisfacer el
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Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

requisito de 20 años contemplado en la Ley 114 de 1913 en orden de consolidar el
derecho a la pensión gracia, pues tal como lo ha reiterado la jurisprudencia, la
interinidad en nada influye o distorsiona la naturaleza de la relación legal y
reglamentaria, así como tampoco el efectivo desempeño de funciones como
educador que son las que finalmente otorgan el derecho.

-Horas cátedra laboradas mediante acto administrativos de nombramiento
entre los años 1986 22, 198723, 198824 y 198925- Nacionalizada y Territorial.

Obran en el plenario los actos administrativos de nombramiento efectuados a la
docente Lyda Julio, a través de los cuales prestó sus servicios a favor del
departamento de Bolívar, mediante el sistema de horas cátedra en el Colegio
Concentración Educativa Alberto Elías Fernández Baena, de los cuales puede
observarse que para los años 1986, 1987 y 1988 fueron suscritos por el gobernador
del departamento en ejercicio de sus facultades legales y en calidad de presidente
de la Junta Administradora del Fondo Educativo Regional, FER, tal como se
observa:

22 Resolución 800 del 18 de marzo de 1986 (8 de abril – 30 de noviembre de 1986) Folio 44.
23 Resolución 801 del 9 de marzo de 1987 (21 de abril – 30 de noviembre de 1987). Folio 45.
24 Resolución 836 del 30 de marzo de 1988 (28 de abril – 30 de noviembre de 1988). Folio 46.
25 Resolución 650 del 18 de abril de 1989 (27 de abril – 30 de noviembre de 1989). Folio 47

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Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

De los actos descritos puede observarse que la plaza desempeñada fue originada
en virtud de la Ley 43 de 1975, situación que se ajusta a la regla jurisprudencial
interpretativa en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 cuando se indicó
lo siguiente,

«[…] se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial antes
del 1.° de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con la
expedición de la Ley 43 de 1975; y (i) los que a partir de esa fecha se hayan
vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del
aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento
de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en
la Nación. […]».

En tal sentido, con base en las precisiones en comento y conforme a los precitados
actos entre 1986, 1987 y 1988, es dable estimar que la vinculación de la docente
bajo estudio lo fue en calidad de nacionalizada, toda vez que de los decretos de
nombramiento allegados existió intervención del delegado del FER y el gobernador
del departamento actúo en calidad de presidente de la Junta de las FER, resulta
adecuado concluir que la plaza asignada fue creada o transformada en vigencia y
en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados del
artículo 6.° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para atender el proceso
de nacionalización serían administrados por los FER con sujeción a los planes que
en su momento debía establecer el Ministerio de Educación.

Ahora, aunque para el año 1989 no se aportó el acto de nombramiento, sino copia
del acta de posesión 26 de la cual puede observarse que fue nombrada mediante la
Resolución 650 del mismo año, como docente de hora cátedra a favor del municipio
de Turbaco, así:

26 Folio 47.

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Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

Este último tiempo se tendrá como territorial, en el sentido de que pese a haberse
desarrollado bajo el proceso de nacionalización, no existe prueba que permita
corroborar la vinculación, por el contrario, como fue posesionada ante el alcalde
municipal de Turbaco, con un nombramiento emanado de la Gobernación de Sucre,
es decir, departamental, y sin intervención alguna del Ministerio de Educación
Nacional ni de sus delegados, es posible advertir su carácter territorial.

Ahora bien, al margen del tipo de vinculación que se hubiese demostrado en este
período, lo cierto y definitivo es que aquella no sería del orden nacional, sino
eventualmente territorial o nacionalizado, lo cual, en cualquiera de estos dos
eventos, no cambia ni afecta la inclusión y cómputo de tales tiempos de servicio
para el reconocimiento de la pensión gracia, pues ambos permiten colmar el
requisito bajo estudio.

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Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

Los anteriores actos de nombramiento y posesión quedaron relacionados en el
certificado27 suscrito por el profesional de la unidad de atención al ciudadano de la
Secretaría de Educación Departamental, del cual pueden derivarse los extremos
temporales de cada período laborado bajo la modalidad de hora cátedra.

Una vez reconocido que la señora Lyda Julio San Martín fue contratada por el
departamento de Bolívar y el municipio de Turbaco como docente de horas cátedra,
procederá esta Sala a computarlas tal y como lo ha expuesto el parágrafo primero
del artículo 1. ° de la Ley 33 de 1985 28, 33 de la Ley 100 de 199329 y la jurisprudencia
del Consejo de Estado30, así:

27 Folio 43.
28 El cálculo se realiza al sumar las horas de trabajo prestadas y dividirlas en 4, resultado equivalente a los

días laborados y sumados con los días de descanso remunerado (sábados y domingos) y de vacaciones (7
semanas al año).
29 Parágrafo 2 del artículo 33 «se entiende por semana cotizada el período de siete (7) días calendario»
30 «[…]Así, si para el salario mensual se toma en cuenta el mes de 30 días, lo que multiplicado por los doce (12)

meses que componen un año equivale a 360 días al año […]».
«[…] para efectos de laborales los meses corresponden a períodos de 30 días calendario por lo cual resulta
forzoso concluir que para estos mismos efectos el año estará conformado por 360 días. En este orden de ideas
y dentro del contexto antes referido, el año consta de 51.42 semanas, número resultante de dividir los 360 días
que conforman el año para efectos laborales, entre el número de días que integran una semana, es decir siete
(7) días […]».

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Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

# DE
# DE # DE HORAS SEMANA DÍAS
# DE HORAS DÍAS
HORAS AL MES S # DE DÍAS LABORADOS +
LABORADAS (#DE LABORADOS
TOTAL CÁTED # DE MESES (#HORAS LABORA DE DÍAS DE
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS MESES * #HORAS (#HORAS
DÍAS RA (DÍAS / 30) CÁTEDRA * DAS VACACIONE DESCANSO
LABORADAS AL CÁTEDRA
SEMA 4,29 PARA S REMUNERADO Y
MES) LABORADAS)/4)
NALES SEMANAS) VACACIO VACACIONES
NES
8/04/1986 30/11/1986 0 7 22 236 13 7,86666667 55,77 438,724 109,681 4,588888 32,1222222 141,8032222
889 2

21/04/1987 30/11/1987 0 7 9 223 16 7,43333333 68,64 510,224 127,556 4,336111 30,3527777 157,9087778
111 8

28/04/1988 30/11/1988 0 7 3 216 16 7,2 68,64 494,208 123,552 4,2 29,4 152,952

27/04/1989 30/11/1989 0 7 4 217 9 7 38,61 279,279 69,81975 4,219444 29,5361111 99,35586111
444 1

430,6087 552,0198
TOTAL DE DÍAS LABORADOS 5 611

Ahora del anterior cálculo, al realizar la conversión de los 552 días aproximados 31,
la señora Lyda Julio prestó las horas cátedras con vinculación nacionalizada en la
Concentración Educativa Alberto Elia Fernández Baena de Cartagena y en el
Instituto Docente de Turbaco, durante (1 año, 6 meses y 12 días), tiempos que
ameritan ser incluidos en el reconocimiento de la pensión.

Situación que resultó desacertada por parte del tribunal al desconocer la validez de
las pruebas allegadas por la parte demandante respecto del mencionado lapso,
(porque únicamente incluyó el comprendido entre el 27 de abril y el 30 de noviembre
de 1989), al argumentar que no habían sido allegadas las respectivas actas de
posesión, pero tal como se constató anteriormente de las pruebas allegadas, podía
corroborarse el tipo de vinculación y la condición mediante la cual ejerció la docencia
la parte actora.

Muy a pesar que el fallo acusado fue proferido previo a la sentencia de unificación
del 21 de junio de 2018, los argumentos ahora expuestos quedan ratificados al
referir que procede la valoración integral de las pruebas en el reconocimiento de
calidad de los docentes territoriales para determinar la vinculación y la plaza
ocupada, aspectos que de igual manera se extienden en el estudio de las demás

Entre otras, ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero
de 2023, radicado 08001-23-33-000-2016- 00149-01 (4526-2021); 4 de marzo de 1999, radicado 12503;10 de
octubre de 2016, radicado 05001-23-33-000- 2014-01754-01 (5073-15). Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014) y
sentencia del 30 de noviembre de 2023, radicado: 63001-23-33-000-2018-00192-01 (3049-2019).
31 Por aplicación de regla de 3, en el equivalente de 1 año (360 días) y 1 mes (30 días).

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vinculaciones que hayan ejercido, bien sea nacionalizada o nacional, condición que
ha sido reiterada por esta Sala en su jurisprudencia.

Por lo expuesto, será incluido el lapso de 1 año, 6 meses y 12 días que desempeñó
la demandante en calidad de docente de hora cátedra territorial y nacionalizada,
para el reconocimiento de la prestación alegada.

• Órdenes de autorización laboral desde 1990 hasta 1993 (Territorial y
Nacionalizada).

En su historia laboral, la señora Lyda Julio San Martín fue nombrada como docente
por el sistema de horas cátedra externa del Colegio Corporativo de Palo Alto del
municipio de San Onofre en el departamento Sucre mediante las órdenes de
autorización 132 de 1990 32, 51 de 1991 33, 14 de 1992 34 y 24 de 1993 35, las cuales
se adjuntan:

32 Folio 49.
33 Folio 50.
34 Folios 51 a 52.
35 Folio 53.

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Las anteriores autorizaciones 132 de 1990, 14 de 1992 y 24 de 1993 fueron
expedidas por decisión autónoma y directa del gobernador de Sucre, lo que indica
que tal vínculo lo fue en calidad de docente territorial del orden departamental,
esto al encontrarse que la financiación de los contratos fueron a cargo del
presupuesto del departamento y además porque en la parte motiva de los actos no
se indicó que la plaza fue creada y ocupada en cumplimiento del artículo 10 de la
Ley 43 de 1975, ni bajo los postulados del artículo 6° de dicha norma, en virtud del
cual los recursos para atender el proceso de nacionalización serían administrados
por los FER con sujeción a los planes que en su momento debía establecer el
Ministerio de Educación, intervención que tampoco se encuentra en los decretos
referidos previamente.

Ahora, contrario a ello, la orden 51 de 1991, que de igual manera fue suscrita por
el gobernador del departamento de Sucre, distingue de manera precisa que los
recursos son «con cargo al presupuesto del F.E.R» y, pese a que no suscribieron
las autorizaciones los delegados del Ministerio de Educación del Fondo Educativo
Regional de Sucre, tal condición permite concluir que la plaza para ese año, fue
ocupada en virtud de los presupuestos de la Ley 43 de 1975 y se relaciona con el
carácter de nacionalizado.

En consecuencia, los anteriores contratos realizados cumplen con la condición
necesaria para colmar el requisito del tiempo de servicio de qué trata la Ley 114 de
1913, toda vez que la modalidad de trabajo por hora cátedra es una formalidad que
no enerva el tipo de servicio prestado sustancialmente, el cual para el caso de la
actora efectivamente fue el de docente oficial, situación que se ajusta perfectamente

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a los postulados desarrollados en la sentencia de unificación sobre la materia,
proferida por esta Corporación el 22 de enero de 2015.

Así entonces, los tiempos descritos fueron relacionados en el certificado expedido
por la Secretaría de Educación Departamental de Sucre 36 donde valida que la
demandante laboró durante los siguientes extremos temporales:

En concordancia con lo expuesto, se procederán a computar los tiempos que prestó
la docente efectivamente, de acuerdo con la normativa y jurisprudencia aplicable a
las horas cátedra, así:

# DE
# DE # DE HORAS SEMANA DÍAS
# DE HORAS DÍAS
HORAS AL MES S # DE DÍAS LABORADOS +
LABORADAS (#DE LABORADOS
TOTAL CÁTED # DE MESES (#HORAS LABORA DE DÍAS DE
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS MESES * #HORAS (#HORAS
DÍAS RA (DÍAS / 30) CÁTEDRA * DAS VACACIONE DESCANSO
LABORADAS AL CÁTEDRA
SEMA 4,29 PARA S REMUNERADO Y
MES) LABORADAS)/4)
NALES SEMANAS) VACACIO VACACIONES
NES
1/02/1990 30/11/1990 0 9 29 302 19 10,0666667 80 805,3333333 201,3333333 5,872222 41,1055555 242,4388889
222 6

1/02/1991 30/11/1991 0 9 29 302 19 10,0666667 80 805,3333333 201,3333333 5,872222 41,1055555 242,4388889
222 6

1/02/1992 30/11/1992 0 9 30 303 19 10,1 80 808 202 5,891666 41,2416666 243,2416667
667 7

1/02/1993 30/11/1993 0 9 30 302 19 10 80 805,3333333 201,3333333 5,872222 41,1055555 242,4388889
222 6

36 Folio 48.

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Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

970,5583
TOTAL DE DÍAS LABORADOS 806
333

Resulta acertado sustentar que el tiempo de servicio desempeñado entre los años
1990 y 1993, en la conversión de 970 días (aproximados) arrojan (2 años, 8 meses
y 10 días), fue de carácter nacionalizado para el año 1991 y para los años 1990,
1992 y 1993 territorial, esto aun cuando el tribunal no distinguió las vinculaciones
como tal, resultó acertada la decisión relacionada con su inclusión.

Ahora, al tener presente que todos los tiempos debieron ser incluidos para el
computo de la pensión gracia y, realizar la sumatoria de las horas cátedra
desempeñadas por la señora Lyda Julio San Martín, con las vinculaciones que
desempeñó de manera legal y reglamentaria, así como las órdenes de autorización
laboral resulta la siguiente sumatoria:

Tiempo laborado Subtotal
Resoluciones 800 de 1986, 801
de 1987, 836 de 198 y 650 de 1 AÑOS, 6 MESES Y 12 DÍAS
1989
Órdenes de autorización 132 de
1990, 51 de 1991, 14 de 1992 y 2 AÑOS, 8 MESES Y 10 DÍAS
24 de 1993
TOTAL HORAS CÁTEDRA
4 AÑOS, 2 MESES Y 22 DÍAS
LABORADAS

En suma, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo laborado por
la demandante como maestra oficial de horas cátedra durante los lapsos
transcurridos entre 1986 y 1989 y de 1990 a 1993, con vinculaciones territorial y
nacionalizada, concluye la Sala que aquellos debieron incluirse para cumplir 20
años al servicio estatal.

-Del 3 de agosto de 1994 al 29 de febrero de 2000- Incorporación parágrafo
primero del artículo 6 de la Ley 60 de 1993

La docente Lyda Julio San Martín venía desempeñándose en el sistema de horas
cátedra a 1993 con vinculación territorial y mediante el Decreto 320 del 22 de julio
de 1994, el gobernador de Sucre en ejercicio de sus facultades legales ordenó
incorporar a la planta de personal del departamento como docente del Colegio
Cooperativo Palo Alto del municipio de San Onofre a la demandante, tal como se
adjunta:

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27

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[…]

[…]

La demandante tomó posesión del referido cargo el 3 de agosto de 1994 37. Para
mayor ilustración se pone en evidencia el documento proferido durante la
diligencia:

37 Folio 57.

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28

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De los anteriores actos, en primer lugar, se precisa que el Decreto 320 de 1994, fue
expedido en virtud del artículo 6° de la Ley 60 de 1993, esto, en relación con el
parágrafo 1. °, que reguló la situación de aquellos docentes vinculados de manera
temporal, los cuales podrían ser incorporados a la planta de los departamentos o
distritos, situación que aconteció en vigencia de la norma mencionada. La anterior
disposición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-
555 de 1994, pero, como este acto no fue controvertido legalmente, se presume
válido además porque al momento en que fue expedido, la norma no había salido
del ordenamiento jurídico.

También del mencionado acto puede advertirse que como incorporó a los docentes
que venían contratados a junio de 1993 y ordenó el pago a cargo del presupuesto
departamental, sin intervención alguna por parte del Ministerio de Educación
Nacional, la vinculación se dio en los términos de la Ley 91 de 1989 que en su

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Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

artículo 1º consagró «Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Líneas intencionales).

En tal sentido, con base en las precisiones efectuadas y conforme a los actos
administrativos indicados previamente, es dable estimar que la plaza docente bajo
el tiempo objeto de estudio se entiende como territorial, pues así se manifestó
expresa e inequívocamente en dichos documentos.

Ahora, para determinar el extremo procesal, la Secretaría de Educación del
Departamento, allegó certificado en el que precisa que, una vez nombrada la
docente en el plantel del Colegio Palo Alto, se desempeñó hasta el 29 de febrero de
2000,

[…]

Como se observa, los tiempos desempeñados fueron bajo nombramientos suscritos
por el departamento de Sucre de manera autónoma, con cargo a sus propios
recursos y sin intervención del Ministerio de Educación y han de computarse para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, pues para todos los efectos se
considera una relación legal y reglamentaria territorial del 3 de agosto de 1994 al
29 de febrero de 2000 (5 años,6 meses y 26 días) válidos para el cómputo de la
pensión gracia, tal como lo advirtió el a quo.

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-1. ° de marzo de 2000 al 4 de junio de 2015 38 (territorial)- Incorporación Ley 60
de 1993

El departamento de Sucre, en virtud del proceso de descentralización educativa,
especialmente conforme a lo regulado en el artículo 3 de la Ley 60 de 1993, expidió
el Decreto del 27 de diciembre de 2004, donde incorporó a la planta de cargos
adoptada en el Decreto 116 de 2000, al personal docente, dentro del cual, se incluyó
a la señora Lyda Julio San Martín, tal como se adjunta:

De lo anterior, el citado Decreto 116 de 2000, incorporó a la planta de personal de
docentes de los municipios no certificados a la planta global de cargos adoptada por
el departamento de Sucre con recursos del Situado Fiscal ahora, Sistema General
de Participaciones, estando en el listado, la demandante.

Obsérvese que si bien es cierto que la descentralización educativa en Colombia
conllevó el traslado e incorporación del personal docente a las entidades territoriales
certificadas en educación, y que por lo tanto la administración del servicio y d e
dichos empleados terminó radicada en las referidas autoridades, tales condiciones
no generaron un cambio en la naturaleza de la vinculación inicial de los educadores
que habían sido nombrados con anterioridad a dicho proceso, particularmente para
aquellos que continuaron su relación legal y reglamentaria sin interrupción como es

38 Extremo temporal tomado de la fecha de expedición del certificado de historia laboral, momento en el que la

docente continuaba vinculada al departamento, ver folio 48.

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el caso de la actora, quién continúo con su vinculación de carácter territorial
(departamental).

Esto halla sustento en virtud del artículo 6° de la Ley 60 de 1993 que planteó lo
siguiente:

«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91
de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones
o cualesquiera otras clases de remuneraciones. […]».

En tal sentido, es claro que el fenómeno en comento no es un fundamento válido
para afirmar que en virtud de las denominadas incorporaciones (que no
corresponden a nuevos vínculos derivados de relaciones legales diferentes), los
docentes que desde el principio eran territoriales y nacionalizados y continuaron en
ejercicio de su cargo sin solución de continuidad en las plantas de personal de las
mismas entidades, pueden modificar la naturaleza de su primera y única vinculación
con desconocimiento de las características y condiciones jurídicas que se
configuraron para ellos desde el mismo instante en que fueron nombrados por una
autoridad en ejercicio de su facultad nominadora como lo es, por ejemplo, el
departamento de Sucre39.

Así para el caso de la demandante, si bien se observa que tuvo una incorporación
a la planta de personal del referido ente, ello en cumplimiento del artículo 6 de la
Ley 60 de 1993, lo cierto es que esta no generó el cambio en la naturaleza de su
relación legal y reglamentaria original generada con la autoridad territorial, pues la
plaza ocupada seguía siendo la misma durante los extremos temporales baj o
estudio.

Adicionalmente, el tribunal de origen asegura que este periodo no puede ser tenido
en cuenta en la medida en que la incorporación se concretó en una plaza financiada
con recursos del entonces situado fiscal, pero se recuerda que a la luz de los
lineamientos fijados por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia
de unificación del 21 de junio de 2018, el pago de las acreencias laborales de los
educadores territoriales y nacionalizados con cargo «[…]a las rentas endógenas de
la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— […] hoy sistema
general de participaciones.», no implica que los recursos que enmarcan la
prestación del servicio sean de naturaleza nacional y por consiguiente le otorguen
dicha calidad a la plaza que el educador oficial ostenta.

39 Como respaldo de este postulado pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sección Segunda,

Subsección B del 5 de agosto de 2010, radicación 2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de
marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación
68001233100020040276201.

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Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

En el mismo sentido, si se plantea que con motivo de la mencionada incorporación
el centro de costos para asumir las acreencias laborales del personal docente
corresponde al SGP a través del FER, debe precisarse que como se adujo en la
aludida providencia, el origen de los recursos destinados a financiar los pagos de
los maestros oficiales no es criterio suficiente ni indispensable para determinar la
calidad del vínculo laboral de aquellos, pues para el efecto lo que resulta necesario
es identificar cómo fue el nombramiento del educador en lo que respecta a la entidad
que lo haya designado como tal, así como la plaza materialmente ocupada por este,
de manera que tampoco sería adecuado afirmar que se dio un cambio de relación
legal por las anteriores razones, habida cuenta de que como quedó demostrado en
esta causa judicial.

Esta Sala 40 al resolver un asunto similar en relación con el origen de los recursos
resaltó: «[…] que el a quo desestimó el referido tiempo en consideración a que los salarios
fueron financiados por la Nación; sin embargo, conforme se expuso en acápites anteriores,
esta corporación unificó su criterio en el sentido de indicar que tal argumento no podía
oponerse para reconocer la prestación en comento, toda vez que los dineros provenientes
del entonces situado fiscal -ahora sistema general de participaciones- «le pertenecía[n] de
forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas endógenas y exógenas […]».

Por tanto, le asiste razón al argumento de la demandante al advertir en la apelación
que el tribunal erró al no incluir los tiempos aquí analizados al financiarse sus
salarios a cargo de los recursos del Situado Fiscal (Sistema General de
Participaciones).

Conforme a lo expuesto, estos lapsos comprendidos entre el 1. ° de marzo de 2000
al 4 de junio de 2015 (15 años, 3 meses y 3 días) por corresponder a una
vinculación territorial de la demandada, resultan válidos para efectos del
reconocimiento pensional pretendido y habrá que revocarse la sentencia porque al
reconocerse el tiempo analizado, la actora resulta beneficiaria de la pensión gracia.

Con base en el referido recuento probatorio, esta Sala concluye que los tiempos de
labor oficial de la señora Lyda Julio San Martín en plazas como docente interina,
territorial y nacionalizada, a través de horas cátedra y mediante docencia de tiempo
completo mediante relación laboral y reglamentaria, se acreditaron de la siguiente
forma:

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de octubre de 2022, radicado: 52001-23-33-000-2014-
00540-01 (2892-2016).

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DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS VINCULACIÓN
23/09/1980 18/11/1980 0 1 26 Interina Territorial
Resolución 328 de
1980
8/04/1986 30/11/1986 1 6 12 Nacionalizada
Horas Cátedra –
21/04/1987 30/11/1987 Resoluciones
800 de 1986;
28/04/1988 30/11/1988 801 de 1987;
836 de 1988 y
27/04/1989 30/11/1989 650 de 1989

1/02/1990 30/11/1990 2 8 10 Territorial y
Nacionalizada
1/02/1991 30/11/1991 Horas Cátedra-
Órdenes de
1/02/1992 30/11/1992 autorización
132 de 1990, 51 de
1/02/1993 30/11/1993 1991, 14 de 1992 y 24
de 1993
3/08/1994 29/02/2000 5 6 26 Territorial
Decreto 320 del 22 de
julio de 1994
1/03/2000 4/06/2015 15 3 3 Territorial
Decreto 116 de 2000

TOTAL 23 24 77

En suma, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo laborado por
la demandante como maestra oficial durante el lapso transcurrido desde el 1.° de
marzo de 2000 en adelante, observa la Sala que aquella satisfizo el requisito de
cumplir 20 años al servicio estatal como educador tanto del orden territorial como
nacionalizado.

Seguidamente, sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar
alguna vinculación en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas
con anterioridad, ello previo al 31 de diciembre de 1980, quedó demostrado al
corroborar que la actora efectivamente se desempeñó como docente interina al
servicio del departamento de Sucre mediante la Resolución 328 de 1980 y en
adelante como docente en el sistema de horas cátedra y docente de tiempo
completo con distintas vinculaciones, tal como quedó expuesto, es decir, en un
período anterior a la primera fecha en comento, por lo que se encuentra colmada la
exigencia objeto de análisis.

En punto de cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la demandante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en la primera instancia ni mucho menos mediante el recurso de

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apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.

Según lo expuesto, se estima que no fue acertado el estudio del tribunal de primera
instancia en el fallo apelado para denegar el reconocimiento de la prestación
solicitada por la actora y, en su lugar, habrá de revocarse dicha providencia para
acceder a las pretensiones de la demanda. Por lo mismo, también se hace
necesario efectuar un examen sobre el fenómeno prescriptivo de las mesadas
reclamadas.

Análisis de la prescripción

El Consejo de Estado41 ha señalado que la estructuración de la mentada figura
requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se hayan ejercido
las acciones correspondientes para reclamar los derechos que considera
vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se haya hecho
exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso igual, tal como
lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al presente caso.

Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 17
de marzo de 201042 cuando la actora acreditó los 20 años de servicio, esto es,
posterior al cumplimiento de los 50 años de edad (26 de mayo de 2008), pues ese
primer momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para consolidar la

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15

de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
42 Resultado al sumar el cálculo del tiempo relacionado en la tabla de la prestación del servicio hasta esta fecha

de configuración, así:
Desde Hasta Año Mes Día

23/09/1980 18/11/1980 0 1 26

8/04/1986 30/11/1986 1 6 12

21/04/1987 30/11/1987

28/04/1988 30/11/1988

27/04/1989 30/11/1989

1/02/1990 30/11/1990 2 8 10

1/02/1991 30/11/1991

1/02/1992 30/11/1992

1/02/1993 30/11/1993

3/08/1994 29/02/2000 5 6 26

1/03/2000 17/03/2010 10 0 16

TOTAL 20 AÑOS 18 21 90

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prerrogativa bajo estudio.

Ahora bien, tal como se verifica en la parte considerativa de la Resolución PAP
18645 del 13 de octubre de 2010 43, la señora Lyda Julio presentó una primera
petición ante la UGPP, el 8 de abril de 2009 y fue resuelta en forma negativa por la
administración, fecha para la cual, no había cumplido los requisitos y no puede
entenderse que interrumpió la prescripción.

Sin embargo, la actora presentó por segunda vez el 10 de noviembre de 2015 una
petición tendiente al reconocimiento de la pensión, tal como lo señaló la UGPP en
la Resolución RDP 14019 del 31 de marzo de 20144, lo que generó una
interrupción hasta el 10 de noviembre de 2018.

En este caso se observa que la señora Lyda Julio San Martín radicó la demanda el
29 de agosto de 201645, esto es, por fuera del término de los 3 primeros años
contados a partir de la fecha estatus, pero dentro del lapso de interrupción de la
segunda petición (del 10 de noviembre de 2015 al 10 de noviembre de 2018), razón
por la cual se declarará probada la prescripción respecto de las mesadas causadas
a su favor anteriores al 10 de noviembre de 2012.

De hecho, sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, encuentra
sustento en lo dispuesto por esta Corporación 46, en el entendido que una vez se
haga exigible el derecho y ante la presentación de la reclamación administrativa, la
parte interesada debe presentar en el término de los 3 años la demanda judicial, de
lo contrario, se somete a la activación del término prescriptivo y la pérdida del
derecho de las prestaciones periódicas causadas.

Es decir, que al considerarse la pensión gracia como una prestación que se causa
periódicamente, el análisis de la prescripción deberá realizarse de acuerdo al
término de interrupción que se genere en con la última petición al momento de
reclamar el derecho, máxime cuando estas sean presentadas en tiempos distantes
a la configuración del estatus y sobre las cuáles haya operado esta figura como
ocurre en el presente asunto.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se revocará la sentencia apelada y,
en su lugar, se declarará la nulidad de los actos acusados para ordenar el
reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada por la parte activa, ello en
cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados por la
demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,

43 Folios 33 a 35.
44 Folios 9 a 11.
45 Según acta de reparto visible a folio 83.

46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-33-
000-2016-00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-2016).

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comprendido entre el 17 de marzo de 2009 y el 16 de marzo de 2010, efectiva a
partir del 17 de marzo de 2010, pero con efectos fiscales a partir del 10 de noviembre
de 2012, por prescripción trienal de mesadas.

La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional».47

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

Condena en costas de segunda instancia

Sin perjuicio de lo anterior, respecto de la imposición de la referida carga en esta
oportunidad se recuerda que la jurisprudencia de la Subsección A del Consejo de
Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188
del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez procederá a su reconocimiento
cuando encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal
intencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida
obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias

47 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)

del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).

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proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentados por la parte demandada no
presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas.

Contrario a ello, ambos extremos del litigio manifestaron planteamientos razonables
para la defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se impondrá
condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALL A

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada del treinta (30) de noviembre de dos
mil diecisiete (2017) que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar,

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 14019 del 31 de
marzo de 2016, por medio de la cual se negó el reconocimiento de la pensión gracia
y la RDP 24762 del 30 de junio de la misma anualidad que resolvió en forma
negativa la apelación.

TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de «prescripción»
respecto de las mesadas causadas a favor de la demandante anteriores al 10 de
noviembre de 2012; y a su vez, no probadas las demás formuladas por la entidad
accionada.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
señora Leonilde Jiménez Jiménez, ello en cuantía del 75% del promedio de los
factores salariales devengados en el año anterior a la configuración del estatus,
comprendido entre el 17 de marzo de 2009 y el 16 de marzo de 2010, efectiva
desde el 17 de marzo de 2010, pero con efectos fiscales a partir del 10 de
noviembre de 2012, por prescripción trienal de mesadas.

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Radicado: 70001-23-33-000-2016-00235-01 (1270-2018)

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte demandante obtuvo el estatus pensional.
Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes
por mes.

QUINTO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandada según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.

SEXTO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Ómar Andrés Viteri Duarte,
portador de la tarjeta profesional 111.852 del Consejo Superior de la Judicatura, en
calidad de apoderado general de la UGPP conforme al poder conferido mediante
escritura pública visible en el índice 38 de la plataforma SAMAI.

SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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