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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02683-00

Fecha
17 de junio de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02683-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR las pretensiones del amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 27 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02683-00 Actores: Olga Regina Meléndez Romero y otros

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02683-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

17 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02683-00
Actores: Olga Regina Meléndez Romero y otros1
Demandado: Sala de Decisión núm. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar

Tema: Defecto fáctico/alcance

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los actores contra la Sala de
Decisión núm. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 28 de mayo de 2021, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
130013333002201400429-01, vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1. Los actores, obrando mediante apoderado, presentaron solicitud de tutela contra
la Sala de Decisión núm. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar, porque, a su
juicio, al proferir la sentencia de 28 de mayo de 2021, dentro del medio de control

1 Iván Antonio Franco Meléndez, Celina Ester Franco Meléndez, Gloria Edith Mercado Morelo, Olga María

Morelo de Mercado, Maylin Moreno Mercado y Diomedes de Jesús Moreno Mercado.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02683-00
Actores: Olga Regina Meléndez Romero y otros

de reparación directa identificado con el número único de radicación
130013333002201400429-01, vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Expresaron que el 25 de abril del 2005, miembros de la Policía Nacional
capturaron a Olga Meléndez Romero, Iván Antonio Franco Meléndez, Tomás
Arzuza Meléndez, Gloria Mercado Morelos y Miguel Angel Franco Meléndez, por
la posible comisión del delito de hurto de dos motocicletas.

4. Adujeron que la Fiscalía Quinta Seccional de Cartagena, con fundamento en el
artículo 331 de la ley 600 del 2000, mediante auto del 26 de abril del 2005, abrió la
investigación penal por el delito de receptación, vinculando mediante indagatoria a
Olga Meléndez Romero, Iván Antonio Franco Meléndez, Tomás Arzuza Meléndez,
Gloria Mercado Morelos y Miguel Angel Franco Meléndez.

5. Manifestaron que mediante resolución del 4 de mayo del 2005, la Fiscalía Quinta
Seccional de Cartagena resolvió la situación jurídica imponiendo medida de
aseguramiento de detención preventiva a Olga Meléndez Romero y Gloria Mercado
Morelos en calidad de cómplices y a Miguel Angel Franco Meléndez en calidad de
autor.

6. Agregaron que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena profirió
sentencia absolutoria el 26 de abril de 2012 a favor de Olga Meléndez Romero y
Gloria Mercado Morelos.

7. Los actores presentaron demanda contra la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio
del medio de control de reparación directa, con el fin de que se les declarara
administrativamente responsable por los daños y perjuicios por la privación injusta

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Actores: Olga Regina Meléndez Romero y otros

de la libertad de la que fueron víctimas la señoras Olga Meléndez Romero y Gloria
Mercado Morelos.

8. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante
sentencia de 6 de abril de 2017, resolvió acceder parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

Sentencia proferida el 28 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar dentro del proceso de reparación directa identificado con el número
único de radicación 130013333002201400429-01

9. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia de 28 de mayo de 2021
resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVÓCASE la sentencia apelada y en su lugar DECLÁRASE
oficiosamente la “CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA”, por las razones expuestas
en la parte motiva […]”.

10. Consideró que:

“[…] Es evidente que lo que se definió en primera instancia fue la aplicación del
régimen objetivo de responsabilidad que otrora tuvo lugar en nuestra jurisprudencia,
y con base en el cual, no importaba la legalidad o ilegalidad de la medida que
disponía la privación de la libertad, o de las conductas de las autoridades judiciales,
sino que efectivamente se hubiese privado de la libertad y posteriormente no se
terminara el proceso penal con una sentencia condenatoria.

Para resolver comiéncese aclarando que (como bien se dejado sentado supra), dicho
paradigma cambia a partir de la sentencia de unificación del 15 de agosto del 2018,
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado9, por la cual se consideró el
apartamiento del aludido régimen objetivo, pues se tuvo en cuenta que no sólo se
venían produciendo condenas cuando el hecho no existió, o no constituyó delito, o
la persona privada de la libertad no lo cometió, sino también en todos los demás
eventos en los que se dispuso la detención preventiva, pero el proceso penal no
culminaba con una condena.

Las razones del cambio jurisprudencial se debieron a que se encontró fundamento,
en el entendido que bajo la línea anterior (la prohijada por el a quo), bastaba con la
privación de la libertad, y que el proceso penal no culminara con condena, cualquiera
que fuera la razón, para que quien la padeciera se hiciera merecedor de recibir una
indemnización, así la medida de aseguramiento de la que fue objeto se hubiese
ajustado a derecho y a pesar, incluso, de las previsiones de los artículos 90 de la
Constitución Política, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 68
de la Ley 270 de 1996, esto es, sin importar que el daño producto de la privación

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fuera o no antijurídico, es decir, partiendo de que la misma per se es antijurídica y
casi que sin reparar si fue la conducta del investigado la que llevó a su imposición.

Ciertamente, bajo el alero de la nueva reconfiguración dogmática, la participación o
incidencia de la conducta del demandante en la generación del daño alegado resulta
preponderante, y en ese entendimiento, se hace necesario – se itera - que el juez
verifique ab initio (incluso de oficio), si quien fue privado de la libertad actuó, desde
el punto de vista civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del
proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención
preventiva.

Así pues, debe abandonarse el criterio objetivo de responsabilidad del Estado en
escenarios de privación injusta de la libertad e indagar esencialmente por la falta de
cumplimiento de los deberes y exigencias convencionales, constitucionales y legales
que corresponden al Estado para privar provisionalmente de la libertad a una
persona, así como sobre la participación o incidencia de la conducta del demandante
en la generación del daño.

Como bien se expone en el fallo unificatorio, hora no basta con acreditar simplemente
la existencia de la privación de la libertad y la ausencia de una condena, pues de ser
así, se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada
de su libertad y considerase en forma subjetiva, aun de mala fe, que su detención
fue injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave
lesión para el patrimonio del Estado. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que
se examina y la consecuente declaración de responsabilidad estatal a propósito de
la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y
teniendo en consideración el análisis razonable y proporcionado de las
circunstancias en que se ha producido la detención […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

11. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERA: Sírvase TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de
OLGA REGINA MELÉNDEZ ROMERO; IVÁN ANTONIO FRANCO MELÉNDEZ;
CELINA ESTER FRANCO MELÉNDEZ; GLORIA EDITH MERCADO MORELO;
OLGA MARÍA MORELO DE MERCADO; MAYLIN MORENO MERCADO y de
DIOMEDES DE JESÚS MORENO MERCADO.

SEGUNDA: Sírvase DEJAR SIN EFECTOS la SENTENCIA DE SEGUNDA
INSTANCIA de fecha 28 de mayo de 2021 proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR - SALA DECISIÓN No. 001 dentro del MEDIO DE
CONTROL de REPARACIÓN DIRECTA, RADICADO No. 13-001-33-33-002- 2014-
00429-01.

TERCERA: Sírvase ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR -
SALA DECISIÓN No. 001 que dentro del término de diez (10) días contados a partir
de la notificación del fallo de tutela, profiera la decisión como en derecho corresponda

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debidamente motivada y que la notifique y comunique en debida forma a todos los
intervinientes […]”.

12. Los actores en su escrito de tutela señalaron que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto fáctico al haber valorado indebidamente las pruebas
obrantes en el expediente.

Actuación

13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 23 de mayo de 2022; i) admitió la
acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Bolívar y iii) vinculó al Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cartagena, a la
Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial en
calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días
para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

14. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena señaló que:

“[…] Es de advertir que luego de haberse sustanciado las etapas del proceso
ordinario, el Juzgado dictó sentencia el 6 de abril de 2017, declarando la
responsabilidad administrativa y patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por
el daño antijurídico causado a Olga Meléndez Romero y Gloria Mercado Morelo,
como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fueron víctimas y,
como consecuencia, condenó a dicta entidad a pagar perjuicios morales al grupo de
demandantes y perjuicios morales [lucro cesante] a favor de las señoras Olga
Meléndez Romero y Gloria Mercado Morelo y denegó las demás pretensiones
planteadas en la demanda

Contra la anterior decisión fue presentado oportunamente recurso de apelación por
parte de la Fiscalía General de la Nación y, en virtud de ello, se concedió, en efecto
suspensivo, la alzada, mediante auto del 29 de agosto de 2017, proferido en la
audiencia de que trata el art. 192 del CPACA.

El expediente fue enviado al Tribunal Administrativo de Bolívar, corporación que a
través de su Sala de Decisión No. 1 y con ponencia de la magistrada Marcela de
Jesús López Álvarez, profirió sentencia el 28 de mayo de 2021, revocando la
decisión de primera instancia, con fundamento en los razonamientos de orden legal
y jurisprudencial allí expuestos […]”.

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15. La Fiscalía General de la Nación manifestó que:

“[…] Sirvan los argumentos hasta aquí expuestos, para demostrar a su Despacho
que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno a la señora Olga Regina
Meléndez Romero y su grupo familiar, y que, en todo caso, la tutela impetrada a
través de apoderado es a todas luces improcedente, razón por la cual se solicita
respetuosamente se despachen desfavorablemente las pretensiones invocadas, por
cuanto no se cumplen las causales generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, así como tampoco se cumple con el requisito de
subsidiariedad […]”.

16. El Tribunal Administrativo de Bolívar y la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a

2 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

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falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

19. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sala
de Decisión núm. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar, al proferir la sentencia
de 28 de mayo de 2021 dentro del proceso de reparación directa identificado con
el número único de radicación 130013333002201400429-01, incurrió en defecto
fáctico, lo que trajo como consecuencia que no declarara la responsabilidad del
Estado por la privación injusta de la libertad del que fueras víctimas las señoras
Olga Meléndez Romero y Gloria Mercado Morelos.

20. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto fáctico; v)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vi)
análisis del caso concreto y finalmente las vii) conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

21. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello4, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

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que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

22. Esta Sección5 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

23. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

24. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”6.

25. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
6Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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26. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos
parámetros.

27. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

28. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

29. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional.

30. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedibilidad, así:

7 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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30.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración del derecho fundamental de los
actores al debido proceso.

30.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación del
derecho fundamental citado supra, y además, ii) los actores cumplieron con la carga
argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial accionada incurrió en un posible defecto fáctico.

30.3. Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se justifica, toda
vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la
informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas procesales9, en el escenario del amparo contra
providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa
juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada
de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica
del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e
irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.

30.4. Cumplió con el principio de inmediatez10.

30.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales los actores puedan lograr la protección del derecho
invocado;

30.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;

9 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
10 Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 25

de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

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30.7. Los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

30.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-

31. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de
procedibilidad por defecto fáctico:
11

“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia12 ha determinado que
se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria
o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las
que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y,
c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas
resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que
las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la
autonomía e independencia propias del juez natural.

El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la
negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez;”13 mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no
ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución.”14[…]“. 15

32. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de
manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios
debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió

11 “En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera

arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y
legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de
aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el
ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que
ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional,
Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
12 Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre

el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de
20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
13 Corte Constitucional.
14 Ibídem.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de

2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.

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haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del
acervo probatorio.

33. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en
cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y
que con fundamento en los principios constitucionales de independencia y
autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la
valoración de las pruebas. La Corte dijo:

“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de
autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al
momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a
las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder
comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede
lesionar derechos fundamentales […]”16

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

34. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

35. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
17

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas

16 Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
17 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Análisis del caso en concreto

36. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

37. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por los
actores en su respectivo escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

38. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el siguiente
documento:

38.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de Decisión
núm. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar, el 28 de mayo de 2021.

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Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto fáctico

39. Los actores en su escrito de tutela indicaron que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto fáctico por haber valorado indebidamente las pruebas
obrantes en el expediente. En ese orden de ideas, expresaron lo siguiente:

“[…] Lo que se reclama es que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
incurrió en DEFECTO FÁCTICO por cercenamiento de pruebas, es decir, no valoró
las indagatorias de las actoras en su integridad; por no valorar todas las pruebas
existentes dentro del medio de control contencioso administrativo, tales como la
ampliación de indagatoria de las actoras, la renuncia a la prescripción de la acción
penal; por indebida valoración probatoria al no valorar las pruebas en conjunto; toda
vez que de no haber incurrido en los defectos señalados y que se explicarán in
extenso al momento de explicar los requisitos específicos de procedencia de la
presente acción, la conclusión necesariamente hubiera sido que las actoras con su
conducta no dieron motivo para ser privadas de su libertad y por no haber existido los
indicios graves en su contra al momento de adoptar la medida de aseguramiento se
torna injusta la privación de su libertad; en razón de todo lo anterior la SENTENCIA
DE SEGUNDA INSTANCIA de fecha 28 de mayo de 2021 proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR viola el derecho fundamental de los ACTORES al
debido proceso (Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia), por lo tanto la
cuestión discutida es constitucionalmente relevante […]”.

[…]

“[…] El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR - SALA DE DECISIÓN No. 001
en la SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA de fecha 28 de mayo de 2021 dentro
del MEDIO DE CONTROL de REPARACIÓN DIRECTA RADICADO No. 13-001-33-
33-002-2014-00429-01 incurrió en DEFECTO FÁCTICO por cercenamiento de
prueba, toda vez que NO valoró las indagatorias de las actoras en su integridad;

Pues aun cuando hace referencia a la Indagatoria de OLGA REGINA MELÉNDEZ
ROMERO de 27-04-2005, (ver folios 52 a 55 cuaderno No. 1 del expediente
escaneado), al momento de valorarla la cercena, por cuanto deja de valorar otras
manifestaciones que deben ser valoradas; se deja constancia que el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR parafrasea una parte de dicha indagatoria y
transcribe otra parte de la misma, dejando de mencionar y valorar la parte restante,
es decir no valora la prueba en su integridad y tampoco en conjunto con los demás
medios probatorios. La parte dejada de valorar es importante teniendo en cuenta que
ésta constituye una declaración de parte la cual debe ser tenida en cuenta y valorada,
no solamente en lo desfavorable sino también en lo favorable, especialmente para
dar por establecido los hechos que a continuación se trascriben y que fueron omitidos
por el Juzgador violando con ello el derecho fundamental al debido proceso:

…PRGUTNADO (sic). Sabía usted que la moto encontrada en su residencia había
sido hurtada días antes al señor RAUL ENRIQUE VERGARA GUERRERO.
CONTESTO. Si yo hubiera sabido que esa moto era robada, en ningún momento
hubiera permitido que mi hijo me hubiera metido un artículo de esa magnitud en mi

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casa. PREGUNTADO. Se le recrimina a usted el ilícito de Receptación. El cual se le
hace lectura. Indique al despacho que tiene que decir al respecto. CONTESTO. Que
yo me enteré de eso fue el día que me detuvieron, y no creo haberlo cometido, porque
siempre he cuidado la imagen mía y la de mis hijos ante la justicia, tan así es que a
ningún nos han encontrado anotaciones por ningún delito. PREGUNTADO. Diga si
tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a lo dicho por usted en esta
diligencia. Quiero agregar si por cualquier circunstancia mi hijo mayor MIGUEL
ANGEL FRANCO tuvo la osadía de mentirme esa noche al ingresar ese vehículo a
mi casa me duele pedir esto porque es mi hijo, pero si mi hijo se equivocó debe
prepararse para recibir la corrección de su equivocación. NO siendo otro el motivo de
la presente diligencia se da por terminada y se firma por todas las que en ella hemos
intervenido, después de leída y aprobada en todas sus partes H. 4:00 p.m. (negrillas
propias).

(ver folios 52 a 55 cuaderno No. 1 del expediente escaneado)

En igual sentido, hace referencia a la Indagatoria GLORIA EDITH MERCADO
MORELO de 27-04-2005 (ver folios 56 a 59 cuaderno No. 1 del expediente
escaneado) pero al momento de valorarla la cercena, por cuanto deja de valorar otras
manifestaciones que deben ser valoradas; se deja constancia que el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR parafrasea una parte de dicha indagatoria y
transcribe otra parte de la misma, dejando de mencionar y valorar la parte restante,
es decir no valora la prueba en su integridad y tampoco en conjunto con los demás
medios probatorios. La parte dejada de valorar es importante teniendo en cuenta que
ésta constituye una declaración de parte, la cual debe ser tenida en cuenta y valorada,
no solamente en lo desfavorable sino también en lo favorable, especialmente para
dar por establecido los hechos que a continuación se trascriben y que fueron omitidos
por el Juzgador violando con ello el derecho fundamental al debido proceso:

…PREGUNTADO: Diga si sabe los motivos por los cuales se encuentra privada de la
libertad. En caso afirmativo nos hará un relato breve de los hechos. CONTESTO. El
día lunes 25 de abril del cursante, siendo aproximadamente las 7 de mañana, me
encontraba barriendo el patrio de mi casa, y de pronto salí un momento a la puerta
para ver si en sobrino mió (sic) 6 años había llegado al colegio, cuando vi a unos
agentes de policía, me pregunte (sic) que pasaba por allí, en eso se me acerco (sic)
un policía y me dijo doña usted es la dueña de la casa? yo le respondí: No, es mi
mama (sic), me dijo que si le podía dar un permiso para entrar a mi casa y le dije que
para que? Me dijo que le habían hecho una llamada, yo le dije una llamada de que,
el me dijo quera sobre una moto, yo le dije, esta es mi habitación que se encuentra
mi hijo acostado, él entró vio a mi hijo acostado y salió cerrando la puerta, después
fuimos a la habitación siguiente y no consiguio (sic) tampoco nada, después a la
habitación da mi cuñada y tampoco consiguió nada, después ellos me señalaron el
cuarto de mis dos hermanos y les dije como usted esta (sic) revisando bien puede
verlos, nos encontramos con el hecho que habían unos sacos debajo de la cama, yo
dije Dios mío esto que es, ya que me impresionó ver esas cosas allí, ellos sacaron los
sacos y estaban los pedazos de la moto desbalijadas, ellos me dijeron que le hicieran
el favor y los acompañaran porque no se encontraban la dueña de la casa. Yo señora
Fiscal si yo se que esas cosas están alli (sic) seria (sic) la primera que llamarla a la
policía, porque no puedo quedarme tranquila viendo como una de esas cosas
perjudican a mi mama, mi hijo y a mi persona. PREGUNTADO. Diganos (sic) los
nombre (sic) de sus hermanos que duermen en la habitación donde encontraron el
saco con las partes de la moto. CONTESTO. DAVID MERCADO MORELO y RODER
MERCADO MORELO… PREGUTNADO. Se le da lectura al informe suscrito por el
CAI MOVIL DE LOMA FRESCA, Que tiene decir al respecto. CONTESTO. No tengo
nada que decir, ya que no sabia (sic) nada de esa moto. Si es verdad que la

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encontraron en la habitación de mis hermanos DAVID y RODER. PREGUNTADO.
Sabia (sic) usted que esa moto fue robada al señor JOSE BALSEIRO TORRES, el
día 24 de los cursantes. CONTESTO. No se, y como dije anteriormente yo no sabia
(sic) que se encontraba esos pedazos de moto en el cuarto de mi hermano.
PREGUNTADO. Se le recrimana (sic) a usted el delitos de RECEPTACION, plasmada
en el articulo (sic) 447 del C.P. el cual se le da lectura. Que tiene que decir al respecto.
CONTESTO: Que puedo decir, si yo no sabía que eso estaba dentro de la casa de mi
madre. PREGUTNADO. Tiene algo mas que agregar corregir o enmendar a lo dicho
por usted en esta diligencia. CONTESTO: No, más nada. Sin ser otro el objeto de la
presente diligencia se da por terminada y se firma por todas las que en ella hemos
intervenido, después de leída y aprobada en todas sus partes. 15:50pm. (negrillas
propias) […]”.

[…]
“[…] Pero como las indagatorias fueron cercenadas, escindidas, segadas, mutiladas,
seccionadas por el Juzgador entonces la conclusión es errada, porque de las mimas
indagatorias se desprende lo contrario, que las actoras OLGA REGINA MELÉNDEZ
ROMERO y GLORIA EDITH MERCADO MORELO negaron enfáticamente tener
conocimiento del origen ilícito de las motos halladas en los inmuebles en que residían,
es más, manifestaron que de haberlo sabido, su conducta hubiera sido denunciar,
inclusive a sus propios familiares.

25.2. POR NO VALORAR TODAS LAS PRUEBAS EXISTENTES

El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR - SALA DE DECISIÓN No. 001 en la
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA de fecha 28 de mayo de 2021 dentro del
MEDIO DE CONTROL de REPARACIÓN DIRECTA RADICADO No. 13-001-33- 33-
002-2014-00429-01 incurrió en DEFECTO FÁCTICO por no valorar todas las pruebas
existentes, toda vez que NO tuvo en cuenta ni valoró las siguientes pruebas que
fueron aportadas con la demanda:

1. AMPLIACIÓN DE INDAGATORIA de OLGA REGINA MELÉNDEZ ROMERO, de
16-05-2005 obrante en el expediente (ver folios 97 a 99 cuaderno No. 1 del expediente
escaneado) […]”.

[…]

“[…] AMPLIACIÓN DE INDAGATORIA de GLORIA EDITH MERCADO MORELO de
16-05-2005 obrante en el expediente (ver folios 100 a 101 cuaderno No. 1 del
expediente escaneado) […]”.

[…]

“[…] La relevancia de las pruebas omitidas es que de la ampliación de las indagatorias
de OLGA REGINA MELÉNDEZ ROMERO y GLORIA EDITH MERCADO MORELO
se aclaró el hecho de que no existía vinculo de amistad entre ambas familias, sino
que simplemente se conocían por la cercanía de sus residencias, eran vecinos y que
al tal IVÁN al que se hacía referencia que frecuentaba la casa donde residía GLORIA
respondía al nombre de IVÁN ANTONIO FRANCO HOYOS que había fallecido y que
frecuentaba la casa de GLORIA porque le compraba la comida que ella vende.

También OLGA REGINA MELÉNDEZ ROMERO aclaró la aparente contradicción de
su versión sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ingresó la
moto a su casa, con la versión dada por su hijo IVÁN ANTONIO FRANCO MELÉNDEZ
y su sobrino TOMÁS ARZUZA MELÉNDEZ y la propia versión de su hijo MIGUEL

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ANGEL FRANCO MELÉNDEZ, quedando claro que las versiones de TOMÁS e IVÁN
son versiones de oídas, porque no fueron testigos presenciales de los hechos y que
la versión de OLGA REGINA MELÉNDEZ ROMERO no se contradice con la de su
hijo MIGUEL ANGEL FRANCO MELÉNDEZ, porque sus declaraciones corresponden
a dos tiempos y espacios diferentes, es decir, OLGA REGINA MELÉNDEZ ROMERO
no presenció en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar le fue entregado a su hijo
MIGUEL ANGEL FRANCO MELÉNDEZ la moto, así como tampoco le consta que
éste hubiere estado tomando en la casa el día de los hechos, es más afirma
categóricamente, para que no exista lugar a dudas que ninguno de los ocupantes de
la casa que resultaron capturados (OLGA, TOMÁS o IVÁN) pudo haber visto la
entrega de la moto o que MIGUEL estuviera tomando en la casa porque todos estaban
durmiendo y que ella se levantó cunado MIGUEL ANGEL le toca la puerta para entrar.
Además, afirma que si MIGUEL ANGEL estaba tomando como dice él en la casa,
debió haber sido de puertas para afuera, pero no le consta […]”.

40. Por su parte, la autoridad judicial accionada en sus consideraciones jurídicas,
indicó que:

“[…] En el expediente obra el siguiente material probatorio, con el que la Sala
encuentra probados los siguientes hechos […]”.

[…]

“[…] La señora OLGA REGINA MELENDEZ (sic) ROMERO fue indagada el 27 de
abril del año 2005, en tiempo no superior a 2 días siguientes a su captura, y en dicha
diligencia manifestó el deseo de declarar. En dicha diligencia manifestó ser natural
de Cartagena, viuda y con tres hijos, estos son:

MIGUEL ANGEL FRANCO MELENDEZ, de 24 años de edad, CELINA ESTHER
FRANCO MELENDEZ, de 22 años de edad e IVAN ANTONIO FRANCO
MELENDEZ, de 18 años de edad, es decir, uno de los capturados y encartados.

Dijo ser ama de casa y pensionada de “Electrocosta y el Seguro Social” y ser
propietaria de la casa por sucesión que fue relacionada en el informe de captura.

Sobre los hechos indicó que cuando llegó a su casa el día de los acontecimientos
estaba llena de policías y le tenían esposado al sobrino, a quien identifico (sic) como
TOMAS ARZUZA MELENDEZ (otro de los capturados y encartados) e indicando que
lo había dejado durmiendo en su casa. Relató que posteriormente salió su hijo, esto
es, IVAN ANTONIO FRANCO MELENDEZ (sic) , acabado de levantar, y también fue
capturado, situación que la llevo a montarse en la camioneta para acompañar a su
hijo y a su sobrino, refiriendo que el final del trayecto los encerraron a los tres por
jaladores de motos.

Indagada sobre la moto encontrada en su casa refirió:

“Yo el domingo en la noche nos recogimos todos a dormir, digo todos sacando a mi
hijo MIGUEL ANGEL, él siempre llega tarde, él me llamó y yo fui abrirle la puerta,
cuando yo le abrí la puerta yo me di cuenta que el traía una moto, porque el foco de
la puerta estaba apagado, pero cuando yo vi el vehículo yo le pregunte a mi hijo que
de donde era eso y de donde lo había sacado, él me dijo no mami, esta me la dejó
un amigo que se la guardara porque se había quedado sin gasolina mientras iba a
buscar gasolina a la bomba, yo como escucho tanto robo de moto le dije cuidado que

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no me vaya a meter en problemas con esa moto, me dijo no mami quédate tranquila
que él fue a buscar la gasolina, y que cuando venga le eche su gasolina y que se le
lleve, él se puso a comer y se acostó y yo también me acosté, hasta en la mañana
que me avisan que la casa está llena de policías….(…)”

GLORIA MERCADO MORELO por su parte, contó en su indagatoria, el mismo día,
esto es, el 27 de abril del 2005 (14:47 pm):

“(….) el día lunes 25 de abril del cursante, siendo aproximadamente las 7 de la
mañana, me encontraba barriendo el patio de mi casa, y de pronto salí un momento
a la puerta para ver si el sobrino mío de 6 años había llegado al colegio, cuando vi a
unos agentes de policía, me pregunté que pasaba por allí, en eso se me acercó un
policía y me dijo doña usted es la dueña de la casa? yo le respondí: No, es mi mama
(sic), me dijo que si le podía dar un permiso para entrar a mi casa y le dije que para
que, me dijo que le habían hecho una llamada, yo le dije una llamada de que, el me
dijo que era sobre una moto, yo le dije esta es mi habitación que se encuentra mi
hijo acostado, el entró vio a mi hijo acostado y salió cerrando la puerta, después
fuimos a la habitación siguiente y no consiguió tampoco nada, después a la
habitación de mi cuñada y tampoco consiguió nada, después ellos me señalaron el
cuarto de mis dos hermanos y les dije como usted está revisando bien puede verlos,
nos encontramos con el hecho que habían unos sacos debajo de la cama, yo dije
dios mío esto que es, ya que me impresionó ver esas cosas allí, ellos sacaron los
sacos y estaban los pedazos de la moto desvalijada, ellos me dijeron que le hicieran
el favor y los acompañaran porque no se encontraba la dueña de la casa…(…)”

Agregó que sus hermanos, es decir, los que duermen en la habitación donde se
encontraron el saco con las partes de la moto son, DAVID MERCADO MORELO y
RODER MERCADO MORELO y cuando fue inquirida por OLGA MELENDEZ
ROMERO, IVAN ANTONIO FRANCO MELENDEZ y TOMAS ARZUZA MELENDEZ
indicó tenia años de conocerlos porque viven en la carretera por donde ella hace
transito todos los días, adicionado que IVAN frecuenta mucho su casa ya que es
amigo de sus dos hermanos, es decir, DAVID y RODER.

E inquirida por la ocupación de sus hermanos DAVID MERCADO y RODER
MERCADO contestó que DAVID se dedica a la electricidad, albañilería y hay vece
lava motos y RODER se dedica a lavar motos ya que tiene la casa por cárcel, así
que este no sale […]”.

[…]

“[…] Fueron, entre otras, tenidas en cuenta las siguientes consideraciones o
motivaciones, a efectos de sustentar la medida de aseguramiento:
“(….)
Tal es el caso, presentado como ejemplo en el lugar respectivo, del encubrimiento
llamado “real” que tiene por objeto ocultar o expender las cosas robadas, ayudando,
así, no solo a que el ladrón eluda la acción de las autoridades, o haciendo más difícil
la labor de estas, sino también contribuyendo a la consumación del delito al hacer
que el agente del mismo consiga plenamente sus fines y se agote, así la lesión al
derecho patrimonial afectado.

Con base en lo anterior revisamos la actuación para determinar si los hoy
investigados estructuran o no el tipo penal de receptación que a la letra dice:……..
Es el informe policivo a través del cual se inicia esta investigación, ya que al capturar
a los sindicados también encontraron el objeto de los hurtos denunciados, es decir,
las motocicletas, una en perfecto estado y la otra ya desvalijada.

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Por lo anterior, los agentes MIGUEL ANGEL MORENO DE ARCO, ROBLES
ROMERO AQUILES, y los patrulleros MURIELES BRUGOS HUGO y CASTILLO
GAMBIN RENE, inician la búsqueda ingresando a la residencia de al (sic) señora
GLORIA MERCADO MORELOS, donde encontraron una motocicleta…. y otros
elementos que correspondían a este rodante que había sido hurtado, marcados con
números de placas …..

Fue en la residencia de MERCADO MORELOS, donde se les informó a los agentes
que el motor de la moto desvalijada se podía encontrar en una casa cuya distancia
aproximada era 100 metros según la versión de HUGO MANUEL MURIELES
BURGOS ; al llegar al sitio encontraron la motocicleta ….. que había sido hurtada el
día 24/04/05 en el Barrio el Prado, a mano de dos sujetos que intimidaron con arma
blanca al señor RAUL ENRIQUE VERGARA GUERRERO y quien había denunciado
el hecho ante al Policía, por lo que capturaron a OLGA MELENDEZ (sic) ROMERO,
IVAN FRANCO MELENDEZ y ARZUZA MELENDEZ (sic) TOMAS […]”.

[…]

“[…] Existe un hilo psicológico que une la acción de ladrones y encubridores y unifica
el episodio desde un punto de vista subjetivo, son las mismas versiones encontradas
de los investigados las que nos permiten concluir que entre la familia de GLORIA
MERCADO MORELOS y la de OLGA MELENDEZ (sic) ROMERO si existía un grado
de amistad, no en vano IVAN FRANCO frecuentaba esa residencia, como amigo de
los hermanos de GLORIA y el conocimiento previo de que en aquella residencia
podían encontrar las piezas restantes de la moto.

Existe una contradicción en la versión suministrada por OLGA MELENDEZ (sic)
ROMERO como el de haber llegado su hijo con la moto y la versión vendida a su
hijo y sobrino de que dos sujetos le habían dejado la moto a su otro hijo MIGUEL
ANGEL.

Para el despacho existe un verdadero concierto para delinquir entre GLORIA
MERCADO MORELOS, OLGA MELENDEZ ROMERO y MIGUEL ANGEL FRANCO
MELENDEZ (sic), no existe la menor duda de que MIGUEL ANGEL FRANCO
MELENDEZ (sic) tenía pleno conocimiento de que estos elementos eran hurtados
………(…)

Destacase que la fiscalía fue incisiva en esta diligencia en evidenciar que entre las
señoras GLORIA MERCADO MORELOS y OLGA MELENDEZ ROMERO existía un
grado de amistad y que además aquella tenía conocimiento de la procedencia ilícita
de las partes de la moto halladas en su residencia, dado que no existía razón para
que de antemano supiera donde se encontraban las piezas restantes de la moto y
como quiera que fue la que guío a los agentes hasta la residencia de MELENDEZ
ROMERO donde precisamente fue encontrada otra moto hurtada, no así las piezas
faltantes; por lo que les endilgo la conducta criminal a título de cómplices.

Así se narró (se transcribe in extenso):

“Se nos informa que los agentes de policía MIGUEL ANGEL MORENO DE ARCO,
ROBLES ROMERO AQUILES y los patrulleros MURIELES BURGOS HUGO junto
con CASTILLO GAMBIN RENE, inician la búsqueda de un moto hurtada, que los
lleva a la residencia de la señora GLORIA MERCADO MORELOS donde
encontraron una motocicleta marca Auteco, Bajaj, un chasis de moto, una llanta
trasera con su aro, un cojín, un tanque para gasolina, una farola completa, un mofle,

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dos guardafangos, una parrilla, dos amortiguadores, un guardacadenas completo,
un stop, cuatro direccionales, un sprokers y otros elementos pequeños que no
correspondían al rodante hurtado, marcado con placas ZDF94D y chasis con No.
DFFBLC 96842.

Fue en la residencia de GLORIA MERCADO MORELOS, donde se les informó a los
agentes que el motor que era una de las piezas faltantes, de la moto desvalijada se
podía encontrar en una casa cuya distancia aproximada era de 100 metros, según
la versión suministrada por el agente HUGO MANUEL MURIELES BURGOS; al
llegar al sitio indicado no encontró motor sino una motocicleta en perfecto estado,
marca Auteco, Bajaj, baja (sic) 99, linea Boxer, color gris, de placas ZFA49A, modelo
95, con numero de motor DMMBL 867772, numero de chasis dffb93284, que había
sido hurtada el día 24/04/05 en el Barrio El Prado, a mano de dos sujetos que
intimidaron con arma blanca al señor ENRIQUE VERGARA GUERRERO para
quitarle el rodante, siendo este hecho ya denunciado ante la policía y fue esa la
razón por lo que capturaron a OLGA MELENDEZ ROMERO, IVAN FRANCO
MELENDEZ y TOMAS ARZUZA MELENDEZ.

Es allí donde los agentes se enteran que la persona que llevó la moto a esa casa
fue MIGUEL FRANCO MELENDEZ, justificando que unos sujetos se la habían
dejado a guardar porque se encontraba sin gasolina, cuando precisamente era la
misma persona que le habían encontrado en su poder a eso de las 10:30 am en
compañía de ANTONIO JESUS JARABA CARDENAS el motor que hacia (sic) parte
de las piezas halladas en la casa de GLORIA MERCADO.

Es evidente que OLGA REGINA MELENDEZ ROMERO, tía de TOMAS ARZUSA y
madre de IVAN ANTONIO FRANCO y MIGUEL ALGEL FRANCO, nos informa que
MIGUEL llego (sic) a altas horas de la noche con una moto a su casa.

A su turno, GLORIA MORELO nos ilustra que en la habitación donde duermen sus
hermanos DAVID MERCADO MORELO y RODER MERCADO MORELO
encontraron un saco con parte de una moto, sin precisar cómo llegaron allí.

IVAN ANTONIO FRANCO MELENDEZ, nos informa que en su casa encontraron
una moto armada, marta Auteco que llevaron unos muchachos como a las 11:30 de
la noche y su hermano MIGUEL ANGEL la recibió cuando estaba tomándose unos
tragos, según le conto su otro hermano porque el estaba durmiendo.

MIGUEL ANGEL FRANCO MELENDEZ solo admite que él se encontraba en su
casa con un amigo llamado JUAN CARLOS AVILA y unos muchachos de los cuales
hace la descripción física, le dejaron a guardar la moto; precisando que cuando llegó
al CAI se encontró a ANTONIO DE JESUS JARABA CARDENAS, quien tenía el
motor de la moto.

Ese mismo día a las 8:20 am, JOSE ALBERTO BALSEIRO TORRES denuncia ante
la Policía que a las 5:40 am se encontraba en la Bomba El Amparo con su moto, a
donde se le acercó un señor que le pidió lo transportara y más adelante junto con
otro, le hurtan la moto que se encuentra nueva y marcada por todas partes de
propiedad de CARMEN M. PEZA.

Ante la Fiscalía JOSE ANTONIO BALSEIRO TORRES, reitera su dicho anotando
que al mismo tiempo quitaron otra moto, recordando que uno era delgado un poquito
clarito y otro moreno grueso, de los cuales reconoció a uno en el CAI como
ANTONIO JESUS JARABA.

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Existe un hilo psicológico que une la acción de los ladrones y encubridores que
unifica el episodio desde el punto de vista subjetivo, son las mismas versiones
suministradas por los investigados que de forma contradictoria entre sí, permiten
concluir que entre la familia de GLORIA MERCADO MORELOS y la de OLGA
MELENDEZ ROMERO si existía un grado de amistad lo que condujo a través de su
información que los agentes continuar (sic) la búsqueda de las piezas restantes en
residencia de OLGA, como también que entre MIGUEL ANGEL y ANTONIO DE
JESUS existían vínculos previos que como bien lo anota su madre en ampliación de
indagatoria fue en CAI cuando escuchaba a su hijo reclamar a JARABA.

Anota el despacho que GLORIA MERCADO MORELOS tenía conocimiento de
la procedencia ilícita de las partes de la moto que hallaron en su residencia,
de lo contrario no tendría sentido el por qué fue ella precisamente la que
condujo a los agentes hasta la residencia de OLGA MELENDEZ (sic) ROMERO
y MIGUEL ANGEL FRANCO MELENDEZ; ahora, por las descripciones físicas
hechas por el denunciante BALSEIRO, la versión suministrada por el sindicado
MIUGEL ANGEL, llevan a concluir la relación existente con JARABA a quien le
encontraron el motor de la moto desvalijada.

El comportamiento desplegado por los señores (sic) OLGA MELENDEZ (sic)
ROMERO Y GLORIA MERCADO MORELOS son a título de cómplices pues sus
exculpaciones no son de recibo para el Despacho por falta de coherencia en su
relatos; la información que suministrara la madre de IVAN y la tía de TOMAS a ellos,
concuerda con la exculpación que MIGUEL ANGEL tenía programada y que
manifestó al Despacho, pero no con la versión suministrada por su progenitora.

Respecto de al (sic) conducta, diversas concreciones comportamentales expresa la
norma citada. Se trata de un verbo determinador compuesto alternativo “recepta
quien esconde o ayuda a esconder el objeto material de la infracción base y quien
se lucra del mismo. Implícitamente se observan dos finalidades. El auxilio para el
delincuente (ocultar o encubrir) y el lucro para el receptor (adquirir o trasmitir).

(…..)”

Finalmente, mediante sentencia proferida el 26 de abril del 2012 (véanse folios 150
a 170 ídem) por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena, ejecutoriada
el 13 de mayo del 2012 (véase folio 182 reverso ídem), fueron absueltas las
accionantes por falta de pruebas.

Destácanse las siguientes consideraciones:

“No obstante lo anterior, el juzgador advierte la pretermisión de requisitos exigidos
a la autoridades para proceder a limitar el principio constitucional de la inviolabilidad
del domicilio dentro del presente asunto, que a las claras desembocaron en las
características de pruebas ilícitas, como seguidamente se expondrá.

Antes, hay que advertir que sin duda alguna, en un caso de esta naturaleza el juez
se debate en un verdadero conflicto de valores, porque de un lado es consiente que
se encuentra frente a la realidad de una prueba ilícita, pero por el otro lado, percibe
igualmente que lo hallado en el allanamiento es constitutivo de delito, y que
eventualmente las personas capturadas pueden ser precisamente coautoras del
reato investigado.
(….)
Los hechos por las cuales la Fiscalía ha llamado a juicio a las señoras OLGA
MELENDEZ ROMERO y GLORIA MERCADO MORELOS, se concretan en que

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efectivos de la Policía Nacional, luego de ser informados por una llamada de la red
de cooperantes, la cual indicaba que en la residencia de las señoras, se encontraban
desvalijando una motocicleta que había sido hurtada. Luego de recibida la
información los funcionarios públicos de la Policía nacional procedieron a ingresar a
la casa en comento.

Capturada la hoy procesadas y luego de practicarle un registro minuciosos a sus
viviendas, donde fueron halladas las partes de la motocicleta que había sido
reportada como hurtada el día 24 de abril del 2005.
(…..)

Con base al anterior pronunciamiento jurisprudencial de la H. Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Penal, no le queda duda al despacho que el allanamiento
realizado a la vivienda de las señoras OLGA MELENDEZ (sic) y GLORIA
MERCADO MORELOS, por parte de los agentes de la policía, el día 25 de abril del
2005, fue ilícito, debido a que ingresaron a la morada donde se encontraba sin orden
judicial que así lo permitiese, quebrantándose el derecho fundamental a la intimidad
y como quiera que las partes de al (sic) motocicleta incautadas en las viviendas de
las señoras aquí procesadas le sirvieron de base al ente instructor para formular la
acusación, por el delito de receptación, el despacho la excluirá de la valoración
probatoria por ser ilícita, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución
Nacional, toda vez que se obtuvo con violación de los derechos fundamentales.

(…)

En razón de loa (sic) manifestado por la H. Corte Suprema de Justicia, en la
providencia citada, y como se había mencionado, el despacho excluirá de la
valoración probatoria, la prueba principal que existe en el presente asunto, que es
el informe policivo con los respectivos anexos donde se relatan los pormenores de
los hechos que dieron inicio a la investigación y donde se determina el supuesto
estado de flagrancia por medio del cual se realizó la capturar de las procesadas
OLGA MELENDEZ y GLORIA MERCADO, toda vez que la segunda de ella dio lugar
a la primera, se obtuvo con violación al derecho fundamental a la intimidad.
(…)

Ahora bien, como el despacho excluyó de las pruebas que obran en la actuación por
ilicitud de las mismas, en el proceso no queda medio probatorio alguno que desvirtué
la presunción de inocencia de las señora OLGA MELENDEZ (sic) ROMERO y
GLORIA MERCADO MORELOS, por lo que se proferirá sentencia absolutoria en
favor de las acusadas.

(…..)”

Valorado todo lo anterior, evidentemente se tiene por acreditado que las
señoras OLGA MELENDEZ (sic) ROMERO y GLORIA MERCADO MORELOS
estuvieron privadas de la libertad por orden de autoridad judicial, en este caso
la Fiscalía General de la Nación, quien así lo dispuso por ser competente bajo
el alero del régimen contenido en la ley 600 del 2000, vinculadas a una
investigación penal por el punible de RECEPTACIÓN y que posteriormente la
propia Fiscalía General de la Nación aceptó no encontrarse en posibilidad de
derribar la presunción de inocencia que las amparaba, por lo cual se vio
abocada a solicitar la sentencia absolutoria en su alegatos finales, la que en
efecto se profirió por el Juez Tercero Penal del Circuito de Cartagena.

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Con todo, y aun a pesar de los razonamiento del juez penal (transcritos supra),
los que no serán rebatidos pues no es competencia del juez de daños en lo
contencioso administrativo establecer responsabilidad penal y menos aún
confrontar la decisiones propias de esa especialidad de la jurisdicción, puede
colegirse que tenía razones el ente investigador del Estado, para no solo
legalizar la captura, sino disponer la medida de aseguramiento para las
citadas, pues materialmente se presentó una situación de agotamiento de una
conducta punible de la que presumiblemente eran participes las accionantes,
amen que la aprehensión se dio en flagrancia, según lo advirtió la Policía
Nacional en su informe, además se contaba con los testimonios de los agentes
del orden que acompañaron el procedimiento, que señalaban directamente a
los capturados (entre ellos las dos demandantes) como las personas
encontradas con los elementos hurtados dentro de sus propias residencias
luego, a no dudarlo, hasta ese momento esa era la dirección que debía dirigir
el accionar del ente investigador, en orden al cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 250 de la Constitución Política.

Lo anterior con mayor razón si se tiene en cuenta que, según se desprende del
dicho de la propia encartada GLORIA MERCADO MORELOS (véase
indagatoria), ella permitió el ingreso voluntario al inmueble de los policiales
que realizaron la búsqueda.

Aun a pesar de lo que en su momento concluyó el Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Cartagena en su sentencia absolutoria, para la Sala existen
evidencias de que, el comportamiento de las demandantes fue la causa
determinante de sus aprehensiones, y esto por cuanto, al margen de la
legalidad del allanamiento que propicio el hallazgo de las las (sic) motocicletas
hurtadas, posteriormente fue desquiciada por el juez penal, mandando así al
garete el resto del cardumen probatorio por aquello de la teoría del fruto del
árbol envenenado y con ello, quedándose sin pruebas la acusación y
conduciendo indefectiblemente a la absolución, en el contexto del derecho de
la responsabilidad extracontractual y administrativa, la valoración de dicho
aspecto deviene inocua ante la corroboración de la ocurrencia objetiva de la
causal de exoneración, esto es, de la culpa exclusiva de la víctima […]”.

41. La Sala, con base en lo anteriormente expuesto, considera que el Tribunal
Administrativo de Bolívar no incurrió en defecto fáctico, toda vez que para adoptar
la decisión judicial, valoró de manera razonable e integral las diferentes pruebas
obrantes en el expediente, entre ellas, las respectivas indagatorias rendidas por las
señoras Olga Meléndez Romero y Gloria Mercado Morelos, lo que le permitió
evidenciar que al interior del proceso penal existía material probatorio para que
se les impusiera la respectiva medida de aseguramiento al considerar la Fiscalía
General de la Nación, que posiblemente eran autoras del delito de receptación.

42. La Sala observa que el Tribunal Administrativo de Bolívar al valorar el i) informe
de captura rendido por la Policía Nacional y los ii) testimonios de los agentes que
acompañaron el procedimiento, le permitió evidenciar que las señoras Olga

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Meléndez Romero y Gloria Mercado Morelos fueron aprehendidas en flagrancia en
donde se les señaló como las personas encontradas con los elementos hurtados
dentro de sus propias residencias, en ese orden de ideas, era razonable que la
Fiscalía General de la Nación llevara a cabo la investigación penal y la respectiva
imposición de la medida de aseguramiento en su contra.

43. De igual manera, el Tribunal Administrativo de Bolívar al valorar de manera
razonable las respectivas indagatorias rendidas por las señoras Olga Meléndez
Romero y Gloria Mercado Morelos, le permitió evidenciar que tenían conocimiento
de la procedencia de las motocicletas y de las consecuencias adversas que se podía
generar. En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo de Bolívar concluyó
expresando que:

“[…] No en vano dijo MELENDEZ (sic) ROMERO en su indagatoria que había
advertido a su hijo que no se quería meter en problemas por la motocicleta,
pues la procedencia era dudosa, teniendo en cuenta la excusa esgrimida por
su hijo cuando ingreso a altas hora de la noche al inmueble con dicho
elemento, de la mano de que lisa y llamante se fue dormir aun cuando su hijo,
quien resultó condenado por el hurto de dicho automotor, le dijo que el
verdadero duelo no se tardaba ya que había ido por gasolina para abastecer la
moto para después llevársela, sin percatarse del cumplimento de dicha
promesa para desembarazarse de cualquier problema y yéndose a dormir sin
más, permitiendo el ingresó del automotor aun sabiendas de los posibles
problemas que podría causarle.

MERCADO MORELOS por su parte, no supo explicar de que manera llegó una
motocicleta desbaratada a sus aposentos, pero si indicó a los agentes del
orden el sitio donde probablemente se encontraba el motor de la moto
desvalijada encontrada en su casa, luego evidentemente estaba enterada que
la misma había sido desguazada y por obvias razones que se trataba del
producto de un ilícito, luego a no dudarlo, su comportamiento por demás
sospechoso también se enmarca dentro del concepto de culpa por grave
imprudencia.

Faltaron al deber objetivo de cuidado puesto que lisa y llanamente y en abierta
contradicción con los deberes exigidos por la sana prudencia, hicieron ojos
ciegos y oídos sordos cuando en su presencia se ejecutaba y agostaba una
conducta criminal asociada al hurto de dos motocicletas, permaneciendo en el
inmueble aun a sabiendas de la que podía ocurrir, y sin dar aviso a las
autoridades.

Así que, a juicio de la Sala, deviene razonable la privación de la libertad en el
sub lite e incuestionable que la misma no puede catalogarse como injusta,
pues al margen de que posteriormente se haya dado la absolución, incluso
admitiendo el ente investigador la incapacidad para derribar la presunción de
inocencia, la misma tuvo lugar, por una situación que a juicio del tribunal fue
propiciada directamente por las demandantes, que objetivamente las involucró

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en la comisión de un delito y que se enmarca en lo que se conoce como culpa
en materia civil en la modalidad de grave; en ese sentido no se le haya la razón
al a quo en su determinación y por ello impera la REVOCATORIA de la
sentencia, para en su lugar declarar la “culpa exclusiva de la víctima” y de
paso, negar las súplicas de la demanda […]”. (Resaltado por la Sala).

44. Esta Sección frente a la configuración del defecto fáctico dijo lo siguiente18:

“[…] En ese orden de ideas, el juez constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales por defecto fáctico debe respetar la
autonomía, independencia y discrecionalidad con que cuenta el juez ordinario
para valorar el acervo probatorio amparadas por la sana crítica. Su
intervención con respecto al manejo dado por el juez natural al material
probatorio es extremadamente reducida […]”. (Resaltado por la Sala).

45. La Sala debe hacer énfasis que para la configuración del defecto fáctico por
irregularidades en la apreciación del material probatorio, la actuación del operador
judicial deber ser ostensible, manifiesta y flagrante, en donde además dicha
irregularidad debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial,
es decir, que, de no configurarse dicho error manifiesto, la sentencia hubiera
adoptado un sentido totalmente distinto, lo que a juicio de la Sala no aconteció en
el presente caso.

46. En esa medida, los planteamientos realizados por los actores en el presente
asunto obedece a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó
la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el descontento con
la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus intereses, pero no se
advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el contrario, la actividad
intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia de valoración y
apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e independencia que tienen los
jueces de la República y, por consiguiente, ni las partes ni el juez constitucional
pueden imponer su criterio, interpretación y lógica sobre la del juez natural, como si
se tratara de un juez superior que pueda sustituir de manera arbitraria el juicio
valorativo del juez del proceso.

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 8 de marzo de
2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-03178-00.

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Conclusiones de la Sala

47. En suma, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto
fáctico, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y
ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera
o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos
fundamentales del actor.

48. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala negará las pretensiones del amparo frente al defecto
fáctico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones del amparo, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.

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Actores: Olga Regina Meléndez Romero y otros

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Ausente con permiso

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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