Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03178-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03178-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2017-03178-00
Consejero ponente: Hernándo Sánchez Sánchez
8 de marzo de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ANÁLISIS DE MATERIAL PROBATORIO BAJO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Inexistencia de prueba de nexo causal / AFECTACIÓN DE CULTIVOS POR ASPERSIÓN AÉREA DE GLIFOSATO - Ausencia de acreditación / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
En su escrito de tutela el accionante señaló que es errónea la siguiente apreciación que hizo el Tribunal: “[…] la aspersión no ocurrió estrictamente sobre el predio del demandante, sino a una distancia de 409,54 metros del polígono de acción (…) Para la Sala la valoración realizada por parte del Tribunal no fue irrazonable, dado que la información de las coordenadas que dieron cuenta de la distancia de 409,54 metros del polígono de acción entre la ubicación del predio del accionante y el lugar donde recayó la aspersión fue suministrada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, además que fue un medio de prueba allegado legalmente al proceso. Por lo tanto el Tribunal basándose en dichos datos que fueron suministrados por una autoridad competente que estudió el caso (…) llegó a la conclusión de que el predio del accionante no fue afectado por la aspersión. El accionante adujo que es equivocada la apreciación que el Tribunal hizo frente al informe de visita ocular realizado al predio en cuestión, por parte del técnico [H.Q.H.] y firmada por el Ingeniero [J.C.R.] con el argumento de que no puede dársele valor probatorio a un documento donde quien lo suscribe es una persona diferente al que realizó la visita (…) Para la Sala, a pesar de lo anterior, el propio Tribunal decidió abordar el análisis de dicho medio probatorio y estableció que se podía evidenciar que los quinientos árboles de plátano, los veinte árboles de cedro, las doscientas matas de cacao y las seiscientas palmas africanas existentes en el predio del accionante, resultaron afectadas, pero que no se demostró que haya sido por causa de la aspersión.
PRUEBA PERICIAL - No logró acreditar el origen y daño causado / APRECIACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL - Bajo las reglas de la sana crítica / PRUEBA TESTIMONIAL - No tiene incidencia en la decisión adoptada / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL - Aplicación
Con respecto a la prueba pericial (…) Para la Sala (…) en el presente caso lo valorado por el Tribunal no fue irrazonable ni mucho menos arbitrario al establecer que dentro de concepto emitido por el perito no se logró acreditar el daño causado al predio del accionante porque el perito no hizo presencia en el lugar. En ese orden de ideas, era importante que el perito por los conocimientos especiales que posee, hubiera estado presente en el lugar para aplicar dichos conocimientos y evidenciar directamente el grado de afectación de los daños causados al predio del accionante, lo cual no ocurrió. Con base en lo anteriormente expuesto, del análisis de la prueba pericial efectuado por el Tribunal, no se logró acreditar el nexo causal, como elemento estructural para imputar responsabilidad al Estado. En el escrito de tutela, el actor señaló que el Tribunal no se pronunció y mucho menos valoró todo el material probatorio (…) dejando de lado la prueba testimonial (…) La Sala al hacer el análisis y estudio de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal, evidencia que efectivamente no hizo mención alguna a dichos medios de prueba testimonial para efectos de motivar su decisión. Sin embargo, para la Sala esta actuación por parte del Ad- quem no constituyó defecto fáctico, toda vez que en su providencia y teniendo en cuenta los demás medios probatorios obrantes en el expediente, que como ya quedó expuesto en la parte motiva de esta sentencia, fueron valorados razonablemente por parte del juez, en donde se debe resaltar que en este tipo de procesos como lo es la imputación de responsabilidad del Estado, la prueba relevante para acreditar el nexo causal es la pericial y no la testimonial. En ese orden de ideas, para la Sala las pruebas testimoniales que no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal en nada incidían para cambiar el sentido del fallo, es decir, que dentro de la autonomía y la discrecionalidad de la que goza el tribunal dentro del marco de la valoración de las pruebas no eran relevantes para ser tenidas en cuenta al momento de justificar la tesis que adoptó.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 226
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNÁNDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03178-00(AC)
Actor: PABLO FAUSTINO ARIZALA ANGULO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, SALA PRIMERA DE DECISIÓN DEL SISTEMA ESCRITURAL
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Pablo Faustino Arizala Angulo contra la Sala Primera de Decisión del Sistema Escritural del Tribunal Administrativo de Nariño, por considerar que la providencia de 17 de mayo de 2017 vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
La presente providencia tiene las siguientes partes i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
El señor Pablo Faustino Arizala Angulo, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra la Sala Primera de Decisión del Sistema Escritural del Tribunal Administrativo de Nariño, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en que, a su juicio, incurrió la Sala Primera de Decisión del Sistema Escritural del Tribunal Administrativo de Nariño al proferir la sentencia de 17 de mayo de 2017, dentro del proceso de reparación directa con radicado nro. 520013331004-2010-00247-00, mediante la cual resolvió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.
Hechos
El actor fundamentó la solicitud de amparo en los siguientes hechos:
1.2.1 Adujo que es poseedor de una finca de aproximadamente 4.8 hectáreas, que se encuentra dentro del título colectivo del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, reconocido mediante Resolución nro. 000046 de 21 de julio de 2003, expedida por el INCORA. Señaló que dicho Consejo se rige conforme a lo establecido por la Ley 70 de 27 de agosto de 1993 y el Decreto 1745 de 12 de octubre de 1995, mediante el cual se adjudicaron en calidad de tierras a las comunidades negras, los terrenos baldíos ocupados colectivamente por esta comunidad organizada dentro del Consejo Comunitario del Bajo Mira y Frontera, ubicados en el Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño.
1.2.2 Expresó que, mediante contrato de promesa de compraventa, celebrado el día 30 de abril de 2003, adquirió un lote de terreno ubicado en la Vereda Guachal “ Las Brisas” Río Mira, Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño, el cual hace parte del título colectivo antes descrito y que fue adquirido fruto de sus grandes esfuerzos económicos, para instalar sus cultivos agrícolas.
1.2.3 Manifestó que en los últimos años en la región de Tumaco del Departamento de Nariño, comenzó a ser objeto de constantes fumigaciones con herbicida glifosato, efectuadas por avionetas de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, con el fin de destruir las grandes plantaciones de coca sembradas en la región por diversas personas, trayendo como consecuencia la destrucción de cultivos ilícitos, pero este químico venenoso ya sea en forma directa o por acción del viento, causó también la destrucción total de los cultivos lícitos.
1.2.4 Señaló que el día 6 de agosto de 2008, su propiedad, ubicada en la Vereda Guachal “ Las Brisas” Río Mira, Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño, fue objeto de aspersión aérea con herbicida glifosato, por aeronaves pertenecientes a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional; este líquido causó destrucción total de los siguientes cultivos productivos: 600 plantas de palma africana o palma de aceite (4 hectáreas), 200 matas de cacao (0.2 hectáreas), 500 plantas de plátano (0.45 hectáreas), y 20 árboles de cedro (0.13 hectáreas); trayendo como consecuencia alteraciones en su vida personal, social, familiar y económica por la falta de ingresos económicos, afectando su calidad de vida.
1.2.5 El señor Pablo Faustino Arizala Angulo, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Polícia Nacional, con el fin de que se declarara la responsabilidad extracontractual del Estado por el daño antijurídico causado por la aspersión aérea del herbicida glifosato sobre los cultivos de su propiedad, lo que trajo como consecuencia su destrucción.
1.2.6 Sentencia en primera instancia en el proceso de acción de reparación directa con radicación nro. 520013331004-2010-00247-00
El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, mediante sentencia de 11 de febrero de 2015, dirimió la controversia puesta a su conocimiento en el siguiente sentido:
“[…] PRIMERO: DECLÁRESE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL responsable administrativa y patrimonialmente por los perjuicios materiales e inmateriales sufridos por el señor PABLO FAUSTINO ARIZALA ANGULO, a causa de la destrucción de sus cultivos de palma africana, cacao, cedro y plátano, sembrados en el predio sobre el cual ejerce posesión ubicado en la Vereda Guachal-Río Mira, del municipio de Tumaco (N), como consecuencia de las fumigaciones aéreas con glifosato realizadas por la Polícia Nacional – Dirección de Antinarcóticos el día 06 de agosto de 2008 y de conformidad con el análisis realizado en la parte motiva de la presente providencia […]”.
El Juzgado, con fundamento en jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, hizo referencia a la figura jurídica del daño antijurídico y a la régimen de imputación dentro del marco de la responsabilidad del Estado como lo es el riesgo especial.
El a quo adujo que en el caso concreto el régimen de imputación aplicable era el de riesgo excepcional, dado que la fumigación con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha entendido como una actividad peligrosa de carácter legítimo.
Frente a la imputación del daño expresó que:
“ […] De las pruebas recaudadas se puede establecer claramente que el día de los hechos, es decir el 06 de agosto de 2008, se presentaron operaciones de aspersión de herbicida, por otro lado de los testimonios transcritos en el acápite de hechos probados se puede identificar que las aspersiones que tuvieron cabida en la fecha mencionada recayeron sobre el predio en donde el demandante ejerce posesión. Frente a lo aducido por la demandada en sus alegatos de conclusión, en cuanto a estimar la ausencia de nexo causal debido a la distancia, superior a 400 metros frente al predio mencionado, con la cual se realizaron las operaciones de fumigación, este Despacho encuentra que estas afirmaciones no son de recibo ya que, existen las pruebas suficientes para que, bajo las reglas de la sana crítica, se pueda establecer que los hechos suscitados por la demandada generaron un daño al accionante.
Si bien es cierto que dentro del plenario no existe prueba científica que determine la extinción de los cultivos a causa de la aspersión, existen los suficientes indicios para determinar la ocurrencia del hecho imputable al Estado. […]”.
Expresó que del acervo probatorio se puede evidenciar la existencia de varios hechos indicadores, que analizados bajo parámetros de la sana crítica y las máximas de la experiencia, permiten establecer la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. En ese orden de ideas, del informe de inspección ocular presentado por la Oficina de Desarrollo Rural y del Ambiente (UMATA) de la Secretaría de Planeación Municipal de la Alcaldía de Tumaco (N) llevado a cabo el día 28 de agosto de 2008, corroborado por medio de los testimonios de los señores Hander Quiñones Hurtado, Luis Angel Guerrero Sinistierra y Jaime Ramiro Palma Rodríguez, se pudo acreditar la existencia del perjuicio ocasionado por causa de la aspersión; Además, de la certificación rendida por el grupo de aspersión adscrito a la Dirección de Antinarcóticos, se estableció que el día 6 de agosto de 2008 efectivamente se habían realizado operaciones de fumigación y erradicación de cultivos en el Municipio de Tumaco.
1.2.7 Apelación de la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, dentro del proceso de reparación directa con radicado nro. 520013331004-2010-00247-00
La Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional impugnó la sentencia proferida en primera instancia, solicitando revocar el fallo y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
Expresó que el Juzgado se apartó de la prueba técnica que se encuentra dentro del expediente, bajo el radicado nro. 8382 DIRAN, por medio del cual se dio a conocer el auto de decisión de fondo nro. 7637/ ARECI-GRAQA-44 de 17 de diciembre de 2009, que denegó la compensación económica al accionante, toda vez que se pudo evidenciar la existencia de reportes de SIMCI sobre la detección de cultivos de coca en su predio verificados con la visita técnica al área, evento además, en la que se evidenció la no afectación por causa de operaciones de aspersión sobre la cobertura vegetal.
Adujo que:
“[…] mediante acta de grupo de queja número 40 del 20 de octubre de 2009, se dejó constancia que respecto a la queja que fue objeto de la visita se decidía rechazarla porque no hay fundamento en la reclamación toda vez que al efectuar la revisión de la información se constató que las operaciones de aspersión se realizaron a 409 metros del polígono del predio y se realizaron sobre cultivos de coca detectados por SIMCI, además no se observa afectación sobre cobertura vegetal y/o vegetación circundante, lo que mismo permite concluir que no se pudo haber causado el daño reportado por el quejoso en consecuencia la queja NO PROCEDEN LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA. ( Resolución 7637 del 17 de diciembre de 2009 y que obra en el expediente a folio 261 y sgtes).
Por otra parte, quiero hacer saber al despacho que el punto reportado por el quejoso, ahora demandante Vereda Guachal “ las Brisas” Río Mira, es objeto de estudio por parte de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, cruzando las coordenadas suministradas por el quejoso con las líneas de aspersión realizadas para la fecha y los polígonos georreferenciados con datos Bogotá WGD84 en extensión SHP levantados y entregados por Naciones Unidas a la Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos y se deja constancia que respecto de la queja que fue objeto de visita se decidía rechazarla porque no hay fundamento en la reclamación, toda vez que revisada la información que reposa en el Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos podemos decir que:
En el punto suministrado por el quejoso no se presentaron operaciones de aspersión aérea.
El área reportada por el quejoso y el lote asperjado fue objeto de erradicación manual por parte de la fuerza pública durante 2007.
Es importante manifestar que la aspersión se ubicó al SUROESTE del punto reportado por el quejoso a una distancia superior a 409 metros […]”
1.2.8. Sentencia en segunda instancia en el proceso de reparación directa con radicación nro. 520013331004-2010-00247-00
La Sala Primera de Decisión del Sistema Escritural del Tribunal Administrativo de Nariño, dispuso en la parte resolutiva:
“[…] PRIMERO. Revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
SEGUNDO: Denegar las pretensiones de la demanda […]”.
El Tribunal hizo referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados a cultivos ilícitos con las aspersiones de glifosato.
Al resolver el caso concreto estableció que:
“[…] De este presupuesto no existe duda alguna, puesto que la entidad demandada aceptó que el día seis (6) de agosto de dos mil ocho (2008) realizó operaciones de aspersión en el Municipio de Tumaco, conforme a documento que obra a folio 249.
Sin embargo, del documento que obra a folio 250 se tiene que según la queja presentada por el demandante, su predio se ubica en las coordenadas No. 01º 33’58.04” W 078º 46’08.80” y la aspersión se realizó en las coordenadas No. 01º34’08.89” W 078º46’22.50”, a una distancia de 409,54 metros del polígono de acción, es decir, por fuera del perímetro de acción, lo cual evidenciaría que pese a haberse demostrado que la entidad demandada adelantó labores legítimas de fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, la misma no tuvo efectos sobre el medio ambiente […]”.
El ad quem afirmó que para efectos de acreditar la existencia del perjuicio ocasionado, el accionante allegó a la demanda el respectivo documento donde consta la visita ocular llevada a cabo por el señor Hander Hurtado al predio del demandante, técnico de la UMATA, pero que en realidad fue suscrita por el señor Julio Cesar Rivera, Coordinador de dicha Unidad en la que se dio cuenta de que:
“[…] El día 28 de Agosto-2008, se desplazaron los técnicos HANDER HURTADO funcionario de la oficina Desarrollo rural y de ambiente “UMATA”, con el fin de atender queja elevada por el señor PABLO FAUSTINO ARIZALA ANGULO dueño de la finca ubicada en la vereda GUACHAL LAS BRISAS referente a posible fumigación por aspersión aérea con GLISOFATO por las avionetas de la DIRAN.
Se efectuó inspección ocular de daños causados, encontrándose AFECTADAS seiscientas palmas africanas, doscientas matas de cacao, veinte árboles de cedrón, quinientos árboles de plátano.
No se encontró vestigios de cultivos ilícitos
Se tomaron las siguientes coordenadas PLANAS
N 81.19.38 E 66.50.88
N 81.19.35 E 66.50.26
N.81.15.82 E 66.49.40
N 81.15.81 E 66.50.14
Anexo
Formulario diligenciado
Declaración extraproceso de propiedad
Fotocopia cédula
Fotografía daños causados
ING JULIO CESAR RIVERA
Coordinador Oficina dearrollo Rural y de Ambiente “ UMATA” […]”.
El Tribunal adujo que frente a esta prueba surgen dudas toda vez que quien llevó a cabo la inspección a la finca de propiedad del accionante, fue el técnico de la UMATA el señor Hander Hurtado; sin embargo, quien realmente lo suscribió fue el ingeniero Julio Cesar Rivera, Coordinador de la Oficina de Desarrollo Rural y del Ambiente “ UMATA”. En ese orden de ideas, una persona fue quien realizó la inspección y otra persona fue quien certificó los resultados de dicha inspección.
Señaló que el ingeniero Julio Cesar Rivera no podía hacer constar unos hechos que no fueron percibidos por él, sino por el señor Hander Hurtado, a quien le correspondía la suscripción del informe, haciendo énfasis en que fue él quien practicó la respectiva visita.
Sin embargo, el Tribunal adujo que de superarse las anteriores irregularidades, la prueba en cuestión evidenciaría que los quinientos árboles de plátano, los veinte árboles de cedro, las doscientas matas de cacao y las seiscientas palmas africanas existentes en el predio del señor Pablo Faustino Arizala Angulo, resultaron afectadas mas no destruidas, y menos aún que fue por causa de la aspersión.
De igual manera, el Tribunal con respecto al concepto pericial rendido por el señor Lucio España Pantoja Ingeniero Agrónomo, expresó que el término utilizado por este, dada su ambigüedad y simpleza, no permite establecer la magnitud de la afectación; Además, tampoco permite dicho calificativo suponer que el material vegetal referenciado fue destruido por acción del glifosato.
Manifestó que:
“[…]
Quiere decir lo anterior que no puede considerarse, sin dubitación alguna, que quien rindió el concepto pericial haya verificado de manera personal los daños en la finca de la propiedad del demandante, afirmación que se corrobora del cotejo de la prueba con la siguiente:
Al diligenciar el formulario para reclamar en sede administrativa los perjuicios ocasionados – folio 236-, el demandante consignó, en cuanto al estado de los cultivos, la siguiente información:
“TODOS LOS CULTIVOS EN PLENA PRODUCCIÓN”
Sin embargo, en el concepto pericial, sobre el mismo aspecto, se consigna lo siguiente:
EN CUANTO A LA EDAD DE LOS CULTIVOS, SE PUEDE DECIR QUE ERAN MUY JÓVENES, ESTABAN EN LA ETAPA VEGETATIVA O DE CRECIMIENTO, EL CULTIVO DE CACAO, ESTABA INICIANDO SU ETAPA PRODUCTIVA, HASTA CUANDO OCURRIÓ LA FUMIGACIÓN…”
Como se observa, existe una palmaria contradicción entre lo informado por el propio demandante y lo conceptuado por el perito, de allí que la Sala desestime, en punto de la prueba de la existencia de los cultivos, del estado en el que se encontraban y en el de la afectación sufrida por efecto del glifosato, la experticia analizada, teniendo en cuenta que la evidente contradicción revela que el señor perito no hizo presencia en los predios del demandante, para verificar el daño y las consecuencias del mismo.
Además, la Sala estima que el concepto pericial se rindió en punto de la liquidación de los perjuicios materiales causados, para lo cual se tomó en cuenta el número y especies de plantas que el acta de la UMATA reveló “afectadas” pero, se reitera, no puede tomarse tal concepto como prueba de la existencia del daño, por cuanto, para la Sala, tal documento no revela la percepción directa del perito de los supuestos daños ocasionados a los cultivos del demandante.
[…]”.
El Tribunal frente al nexo de causalidad entre la actividad legítima de la administración y los efectos de la lesión ambiental concretada en un daño antijurídico, estableció que, si bien es cierto, no se requiere una prueba científica que demuestre que la respectiva afectación de los cultivos de las que informó el técnico de la UMATA, tuvo como causa la aspersión con glifosato, lo evidente es que del precario acervo probatorio y que se limita al acta de visita ocular, no se logra acreditar tal relación de causalidad.
Expresó que:
“ […]
En efecto, y como ya se advirtió, el técnico de la UMATA que realizó la visita ocular, tan sólo informó al Coordinador que suscribió la respectiva acta de la afectación de un número de plantas, pero no describió minuciosamente en que consistía dicha afectación, lo cual permite elucubrar sobre este aspecto, al punto de que la misma pudo tener origen, por lo menos en cuanto a la afectación de las palmas africanas se refiere, en una situación fitosanitaria como la que tuvo lugar en grandes extensiones de palma africana en el Municipio de Tumaco, reconocida a través de Resolución 03087 del 18 de agosto de 2009 del Instituto Agropecuario ICA, situación que entre otras dio origen a una acción de grupo, la No. 2010-0003 (1107), fallada en primera instancia a través de la sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil catorce (2014), la cual se encuentra en esta Corporación para decidir el recurso de apelación contra ella interpuesto; y frente al cultivo de plátano, también podrían existir otros sinnúmero de causas que hubiesen provocado tal afectación, incluso, las fotografías que se anexan con la demanda, de considerarse con virtud probatoria, muestran un cultivo de plátano con las hojas ennegrecidas, efecto que podría corresponder al característico de la plaga conocida como sigatoka negra producida por el hongo Ascomycete Mycosphaerella Fijiensis Morelet.
[…]”.
El Tribunal concluyó manifestando que, con fundamento en el auto de decisión de fondo nro. 7637/ARECI-GRAQZ-44 del 17 de diciembre de 2009, la reclamación administrativa reclamada por el señor Pablo Faustino Arizala Angulo fue rechazada, al establecerse que los cultivos de su propiedad se ubicaban por fuera del rango de acción de la aspersión y, además, porque se informó de la existencia de cultivos ilícitos.
1.3. La solicitud de tutela
1.3.1. Pretensiones
El señor Pablo Faustino Arizala Angulo, obrando mediante apoderado especial, solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Primero. Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, de defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia y los demás derechos fundamentales que se consideren vulnerados a mi poderdante con el estudio de la presente acción.
Segundo. En consecuencia ordenar al Honorable Tribunal Administrativo de Nariño-Sala de Decisión del Sistema Escritural, analice y le de valor probatorio a todas y cada una de las pruebas aludidas en los hechos de la presente acción, las cuales reposan en el proceso de la referencia, pruebas mediante las cuales se demuestra la legitimación en la causa de mi representado, daños causados a los cultivos de propiedad de mi representado y causa del daño […]”.
1.3.2. Actuación
El Despacho, por auto de 4 de diciembre de 2017, admitió la acción de tutela y dispuso notificar a los magistrados de la Sala Primera de Decisión del Sistema Escritural del Tribunal Administrativo de Nariño, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
De igual manera, dispuso vincular al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de Colombia, concediéndoles el mismo término de tres (3) días para rendir el informe.
1.3.3. Informes de la parte accionada y las partes vinculadas
1.3.3.1. La Magistrada Ana Beel Bastidas Pantoja, de la Sala Primera de Decisión del Sistema Escritural del Tribunal Administrativo de Nariño, mediante escrito aportado el 12 de diciembre de 2017, solicitó no acceder a las pretensiones del amparo.
Expresó que en la decisión objeto de reproche se analizó en forma correcta y juiciosa cada uno de los requisitos que debía acreditar el accionante para lograr que se declarara la responsabilidad de la administración, en donde el Tribunal de manera acertada, concluyó que del acervo probatorio obrante en el expediente no se lograban acreditar dichos requisitos.
1.3.3.2 El Secretario General de la Policía Nacional, mediante escrito aportado el 12 de diciembre de 2017, solicitó no acceder a las pretensiones del amparo.
Adujo que la entidad no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del accionante, dado que con fundamento en la Constitución Política de 1991 y las demás normas jurídicas que regulan las actividades de la Policía Nacional, las funciones y la misión de la entidad son totalmente diferentes de la toma de decisiones judiciales.
Frente al caso concreto expresó que:
“ […] De lo referenciado, se evidencia que los argumentos del accionante no tienen fundamento jurídico, pues claramente el despacho judicial de segunda instancia ya analizó lo referente a este derrotero, al señalar que no se le puede dar valor probatorio a un medio de prueba donde existe una incongruencia entre la persona que presuntamente fue a realizar la inspección y la persona que consigna los hechos en el pluricitado documento, en consecuencia al ser un asunto ya debatido en la instancia natural de la causa, la acción constitucional se torna inoperante para revivir una discusión de índole probatoria ya fenecida.
Ahora bien, a pesar de irregularidades presentes en el documento donde constaba la visita ocular, el despacho judicial de segunda instancia también esgrimió que de este medio de prueba no se dilucidaba en ningún momento la destrucción de los diferentes cultivos y mucho menos fueran afectados por el uso del glifosato, por lo tanto se evidencia que el órgano colegiado si efectuó un análisis concreto y sistematizado de la situación objeto del litigio, sin que exista evidencia de alguna actuación ostensible y manifiesta en el análisis probatorio […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia de la Sala
Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto nro. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
2.2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
2.3. Problemas Jurídicos
En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sala Primera de Decisión del Sistema Escritural del Tribunal Administrativo de Nariño, al proferir la sentencia de 17 de mayo de 2017, incurrió en defecto fáctico al no haber valorado correctamente los medios de prueba relevantes allegados al expediente, lo que trajo como consecuencia que no se reconociera el daño antijurídico, y de esta manera la acreditación de la responsabilidad del Estado dentro del marco del proceso de reparación directa con radicado nro. 520013331004-2010-00247-00.
Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto fáctico como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y finalmente, la v) solución del caso concreto.
2.5 Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
2.6. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales
Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.
Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
2.7. Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
Antes de que la Sala haga un análisis de fondo, la Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.
En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, ya que: i) es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del señor Pablo Faustino Arizala Angulo al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; ii) cumplió con el principio de inmediatez, pues se interpuso dentro de un plazo razonable después de notificada la providencia de 17 de mayo de 2017, proferida por la Sala Primera de Decisión del Sistema Escritural del Tribunal Administrativo de Nariño, iii) no existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales el accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados; iv) en la acción de tutela no se alegó un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) el señor Pablo Faustino Arizala Angulo identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y vi) no se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
2.8. El caso concreto
El señor Pablo Faustino Arizala Angulo, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra la Sala Primera de Decisión del Sistema Escritural del Tribunal Administrativo de Nariño, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en que, a su juicio, incurrió la Sala Primera de Decisión del Sistema Escrito del Tribunal Administrativo de Nariño al proferir la sentencia de 17 de mayo de 2017, dentro del proceso de reparación directa con radicado nro. 520013331004-2010-00247-00, mediante la cual resolvió revocar la sentencia de primera instancia, y en su lugar denegar las pretensiones de la demanda.
La Sala debe determinar si, en efecto, la Sala Primera de Decisión del Sistema Escritural del Tribunal Administrativo de Nariño, incurrió en un defecto fáctico por no haber valorado correctamente los medios de prueba relevantes allegados al expediente.
Para determinar si, en efecto, la Sala Primera de Decisión del Sistema Escritural del Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en defecto fáctico por no haber valorado correctamente los medios de prueba relevantes allegados al expediente, la Sala hará los siguientes análisis: i) defecto fáctico, reiteración jurisprudencial y finalmente, ii) analizará el caso en concreto.
2.8.1 Defecto factico -reiteración jurisprudencial-
Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de procedibilidad por defecto fáctico:
“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia ha determinado que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez;” mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.”[...]“.
En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del acervo probatorio.
Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial.
Además, con fundamento en los principios constitucionales de independencia y autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la valoración de las pruebas.
Dijo la Corte:
“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales […]”
iii) Análisis del caso en concreto
En el presente caso, se advierte que el señor Pablo Faustino Arizala Angulo pretende que se deje sin efecto la sentencia de 17 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal, dentro del medio de control de reparación directa radicado bajo el nro. 520013331004-2010-00247-00, por medio de la cual se revocó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Segundo (2) Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, que había accedido a las pretensiones de la demanda.
Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
2.8.2 Acervo y análisis probatorios
Teniendo en cuenta las sentencias citadas en precedencia, uno de los fundamentos de la existencia del defecto fáctico es la falta apreciación del material probatorio anexado al expediente, que se constituye cuando el juez falla sin tener en cuenta las pruebas que hacen parte del plenario.
Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros dictados por la Corte Constitucional respecto al defecto fáctico, a fin de determinar si, efectivamente, la entidad accionada incurrió en el yerro en mención, para lo cual revisará el acervo probatorio:
Auto decisión de fondo nro. 7637 de 17 de diciembre de 2009, expedido por el Jefe del Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Dirección de Antinarcóticos.
Concepto pericial de daños y perjuicios causados a los bienes del señor Pablo Faustino Arizala, suscrito por el Ingeniero Agrónomo, Lucio España Pantoja.
Respuesta al oficio nro. 0848 expedida por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, dando cuenta de las actuaciones y procedimientos suscitados frente a la queja interpuesta por el demandante.
Copia del Informe de visita ocular de fecha 28 de agosto de 2008, suscrito por el coordinador de la oficina de Desarrollo Rural y del Ambiente “ UMATA”.
Testimonio rendido por el señor Jaime Ramiro Palma.
Testimonio rendido por el señor Luis Angel Guerrero.
Testimonio rendido por el señor Hander Quiñones Hurtado.
2.8.1 Análisis del caso concreto y resolución del problema jurídico
2.8.1.1 En su escrito de tutela el accionante señaló que es errónea la siguiente apreciación que hizo el Tribunal: “[…] como obra a folios 250, la aspersión no ocurrió estrictamente sobre el predio del demandante, sino a una distancia de 409,54 metros del polígono de acción. Es decir que no tuvo efectos sobre el predio demandante […]”.
Manifestó que el predio afectado se encuentra ubicado en la Vereda Guachal las Brisas, del Municipio de Tumaco y el hecho de que la respectiva fumigación no se haya dirigido directamente sobre su predio, el cual está a 400 metros del polígono georreferenciado de fumigación, no impide que el impacto de los vientos, que ocurren en esa zona, afecten la precisión de las aspersiones aéreas.
El Tribunal, en su providencia, estableció que el predio del accionante se ubicaba en las coordenadas nro. 01º 33’58.04” W 078º 46’08.80” y la aspersión se realizó en las coordenadas nro. 01º34’08.89” W 078º46’22.50”, a una distancia de 409,54 metros del polígono de acción, es decir, por fuera del perímetro de acción.
Para la Sala la valoración realizada por parte del Tribunal no fue irrazonable, dado que la información de las coordenadas que dieron cuenta de la distancia de 409,54 metros del polígono de acción entre la ubicación del predio del accionante y el lugar donde recayó la aspersión fue suministrada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, además que fue un medio de prueba allegado legalmente al proceso. Por lo tanto el Tribunal basándose en dichos datos que fueron suministrados por una autoridad competente que estudió el caso y con fundamento en los principios de autonomía e independencia judicial con que cuentan los jueces para darle pleno valor a los medios de prueba obrantes en el expediente dentro del marco de los postulados de la sana crítica y las reglas de la lógica, llegó a la conclusión de que el predio del accionante no fue afectado por la aspersión.
2.8.1.2 El accionante adujo que es equivocada la apreciación que el Tribunal hizo frente al informe de visita ocular realizado al predio en cuestión, por parte del técnico Hander Hurtado y firmada por el Ingeniero Julio Cesar Rivera, con el argumento de que no puede dársele valor probatorio a un documento donde quien lo suscribe es una persona diferente al que realizó la visita.
Frente a lo anterior afirmó que:
“[…] En principio es necesario precisar que el Ing. JULIO CESAR RIVERA rinde el informe visible a folios 37 como Coordinador de la UMATA, no como operario; en el informe hace conocer lo que el técnico de la UMATA señor HANDER HURTADO en calidad de operario, le informó. El ingeniero allí no rinde informe sobre hechos que el haya presenciado, porque esa es una actividad del resorte del operario, es claro en señalar que quien se desplazó al lugar de los hechos es el señor HANDER HURTADO […]”.
Por su parte el Tribunal en su providencia expresó que:
“ […] el documento analizado no puede tomarse como una visita ocular en estricto sentido, puesto que este tipo de prueba se corresponde con la constancia que de una realidad fáctica hace quien la percibió y no otro. En este orden, no podía el señor Julio Cesar Rivera, hacer constar unos hechos que no fueron percibidos por él sino por Hander Hurtado, a quien le era exigible la suscripción del informe puesto que, se reitera, fue la persona que practicó la visita […]”.
Para la Sala, a pesar de lo anterior, el propio Tribunal decidió abordar el análisis de dicho medio probatorio y estableció que se podía evidenciar que los quinientos árboles de plátano, los veinte árboles de cedro, las doscientas matas de cacao y las seiscientas palmas africanas existentes en el predio del accionante, resultaron afectadas, pero que no se demostró que haya sido por causa de la aspersión.
2.8.1.3 Con respecto a la prueba pericial, el accionante adujo que el Tribunal consideró que dicho medio probatorio presentaba inconsistencias en donde i) no se evidencia que el perito se haya desplazado a la finca del demandante; y ii) no da cuenta del día, de la fecha y de la hora en que se realizó tal desplazamiento.
Expreso que:
“ […] Es importante resaltar que el concepto pericial aportado por objeto la cuantificación del daño, el cual se calcula conforme a las proyecciones técnicas, no se trata de un perito que haya realizado o no verificación de campo, pues el objeto del peritaje no es para demostrar los hechos, sino el quantum de los daños.
En tal sentido es sumamente equivocada la apreciación que hace el ad – que (sic). Por consiguiente no interesa si el perito se desplazó o no al lugar de los hechos, fecha y hora de tal desplazamiento porque eso no es materia de valoración o discusión; es más el peritaje se acompaña con la demanda y por ende se entiende que los hechos tuvieron ocurrencia mucho tiempo atrás a la confección de la demanda a la cual se acompañó el concepto […]”.
Por su parte, el Tribunal en sus consideraciones jurídicas indicó que:
“[…] Quiere decir lo anterior que no puede considerarse, sin dubitación alguna, que quien rindió el concepto pericial haya verificado de manera personal los daños en la finca de la propiedad del demandante, afirmación que se corrobora del cotejo de la prueba con la siguiente:
Al diligenciar el formulario para reclamar en sede administrativa los perjuicios ocasionados – folio 236-, el demandante consignó, en cuanto al estado de los cultivos, la siguiente información:
“TODOS LOS CULTIVOS EN PLENA PRODUCCIÓN”
Sin embargo, en el concepto pericial, sobre el mismo aspecto, se consigna lo siguiente:
EN CUANTO A LA EDAD DE LOS CULTIVOS, SE PUEDE DECIR QUE ERAN MUY JÓVENES, ESTABAN EN LA ETAPA VEGETATIVA O DE CRECIMIENTO, EL CULTIVO DE CACAO, ESTABA INICIANDO SU ETAPA PRODUCTIVA, HASTA CUANDO OCURRIÓ LA FUMIGACIÓN…”
Como se observa, existe una palmaria contradicción entre lo informado por el propio demandante y lo conceptuado por el perito, de allí que la Sala desestime, en punto de la prueba de la existencia de los cultivos, del estado en el que se encontraban y en el de la afectación sufrida por efecto del glifosato, la experticia analizada, teniendo en cuenta que la evidente contradicción revela que el señor perito no hizo presencia en los predios del demandante, para verificar el daño y las consecuencias del mismo.
Además, la Sala estima que el concepto pericial se rindió en punto de la liquidación de los perjuicios materiales causados, para lo cual se tomó en cuenta el número y especies de plantas que el acta de la UMATA reveló “afectadas” pero, se reitera, no puede tomarse tal concepto como prueba de la existencia del daño, por cuanto, para la Sala, tal documento no revela la percepción directa del perito de los supuestos daños ocasionados a los cultivos del demandante […]”. ( Subrayado por la Sala).
La Sala al revisar el expediente nota que el Tribunal hizo una valoración razonable de dicho medio probatorio, en donde realizó el respectivo análisis del concepto rendido por el señor Lucio España Pantoja Ingeniero Agrónomo.
Dentro del margen de apreciación con que cuenta el Tribunal para valorar las pruebas, adujo que el respectivo perito no verificó de manera personal los daños en la finca de la propiedad del demandante. Recuérdese, que a diferencia de lo sostenido por señor Pablo Faustino Arizala Angulo, la prueba pericial tiene como objetivo principal la demostración de hechos dentro del marco de un proceso.
El artículo 226 del Código General del Proceso establece:
“[…] La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.
Sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito […]”.
Como lo afirmó el Tribunal, al valorar dicho medio probatorio:
“[…] se rindió frente a la liquidación de los perjuicios materiales causados, para lo cual se tomó en cuenta el número y especies de plantas que el acta de la UMATA reveló “afectadas” pero, se reitera, no puede tomarse tal concepto como prueba de la existencia del daño, por cuanto, para la Sala, tal documento no revela la percepción directa del perito de los supuestos daños ocasionados a los cultivos del demandante […]”.
Para la Sala, teniendo en cuenta que los peritos que se utilizan dentro de un proceso para la producción de una prueba pericial gozan de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, en el presente caso lo valorado por el Tribunal no fue irrazonable ni mucho menos arbitrario al establecer que dentro de concepto emitido por el perito no se logró acreditar el daño causado al predio del accionante porque el perito no hizo presencia en el lugar. En ese orden de ideas, era importante que el perito por los conocimientos especiales que posee, hubiera estado presente en el lugar para aplicar dichos conocimientos y evidenciar directamente el grado de afectación de los daños causados al predio del accionante, lo cual no ocurrió.
Con base en lo anteriormente expuesto, del análisis de la prueba pericial efectuado por el Tribunal, no se logró acreditar el nexo causal, como elemento estructural para imputar responsabilidad al Estado.
2.8.2. En el escrito de tutela, el actor señaló que el Tribunal no se pronunció y mucho menos valoró todo el material probatorio que lograba acreditar el cumplimiento de todos los requisitos para declarar la responsabilidad del Estado por los daños causados, dejando de lado la prueba testimonial.
Ahora bien, además de lo anterior, el accionante resaltó que tres testimonios que fueron allegados e incorporados legalmente al proceso, no se tuvieron en cuenta.
En primer lugar, hacer referencia al testimonio del señor Jaime Palma Rodríguez, quien manifestó que conoce al señor Pablo Faustino Arizala Angulo y le consta que es propietario de una finca de aproximadamente 5 hectáreas, ubicada en la Vereda Guachal “Las Brisas”. Frente a los hechos del caso, expresó que:
“ […] … en el año 2006 me llamó a que le ayude a trabajar yo le ayudaba hacer limpia a los cultivos y recolectar las cosechas por eso me pagaba 25.000 pesos el jornal o sea el día, pero todo esto se perdió a causa de la fumigación con glifosato efectuada un 06 de agosto de 2008, cuando avionetas de los antinarcóticos fumigaron su predio, ese día de la fumigación estábamos con Pablo en la finca cosechando fruto de palma, cuando miramos que echaron el veneno nos tocó refugiarnos debajo de unas palmas y taparnos si nos hubiera caído nos hubiéramos quemado, los antinarcóticos van echando ese químico sin tener en cuenta las personas, cultivos y las fuentes de agua, después que pasó la fumigación con Pablo y unos vecinos de unas fincas que llamo el, empezamos a limpiar los cultivos bañados con glifosato ese líquido chorreaba por las palmas era como aceitoso y olía feo […]”.
En segundo lugar, cita el testimonio del señor Luis Ángel Guerrero Sinisterra quien manifestó que:
“ […] La fumigación fue el 6 de agosto de 2008, cuando unas avionetas de antinarcóticos de la policía fumigó por la zona donde tiene su tierra el señor PABLO ARIZALA, fumigó con ese líquido llamado glifosato. Esta tierra se encontraba sembrada de palma africana, plátano, chocolate y árboles maderables y a raíz de la fumigación todos esos cultivos se murieron. De esto me doy cuenta porque soy colindante de la Finca de Pablo. Después que se le murieron todos sus cultivos don Pablo presentó denuncia ante la UMATA y ellos fueron a la finca y se percataron de todos los daños causados por la fumigación. Don Pablo buscó ayuda técnica para tratar de salvar los cultivos pero todo fue en vano porque ese veneno fue muy violento […]”.
En tercer lugar, referencia el testimonio del señor Hander Quiñones Hurtado quien manifestó que:
“ […] El señor PABLO ARIZALA presentó a la Alcaldía municipal una queja por daños causados por la fumigación, el técnico HANDER QUIÑONES me dirigí a la zona de la afectación y en encontré que la finca del señor PABLO ARIZALA si estaba afectada por la fumigación de glifosato, en los cuales su tierra estaba cultivada de palma, cacao, plátano y algunos maderables y frutales acabando la fumigación con todos sus productos que tenía sembrado el señor Pablo Arizala. La fumigación se hizo el 6 de agosto de 2008 y la visita se hizo en el mismo mes […]”.
Debe preguntarse la Sala si la omisión por parte del Tribunal de no haber tenido en cuenta dichas pruebas testimoniales para efectos de motivar y justificar su decisión, trajo como consecuencia que incurriera en un ostensible defecto fáctico.
Con respecto al defecto fáctico por irregularidades en la apreciación del material probatorio ha dicho la Corte Constitucional:
“[…] De hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la realidad probatoria del proceso” Por lo anterior, ha señalado que el vicio fáctico debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial, de modo que, de no concurrir ese error manifiesto, la sentencia hubiera adoptado un sentido distinto. Quiere ello decir que, el yerro debe ser relevante, no solo en términos de protección del derecho al debido proceso, sino también respecto a la controversia jurídica materia de la decisión judicial […]”.
En otros pronunciamientos frente al defecto fáctico, también ha dicho la Corte:
“[…] También la jurisprudencia Constitucional ha precisado que en la circunstancia de alegarse la posible existencia de un defecto fáctico, el juez de tutela debe restringirse a un ámbito muy limitado de análisis ya que no puede dejar de lado la discrecionalidad y autonomía judicial cobijadas por la sana crítica del juez ordinario. En palabras de la Corte: “la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez natural al material probatorio es extremadamente reducida, pues el respeto por los principios de autonomía judicial, juez natural, e inmediación, impide que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio”.
No obstante, el operador judicial ostente un amplio margen de valoración probatoria sobre el cual fundamentará su decisión y formará libremente su convencimiento, “inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (Arts. 187 CPC y 61 CPL)”, esta facultad nunca podrá ser ejercida de manera arbitraria, pues dicha valoración lleva intrínseca “la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.”[…]”.
En ese orden de ideas, el juez constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto fáctico debe respetar la autonomía, independencia y discrecionalidad con que cuenta el juez ordinario para valorar el acervo probatorio amparadas por la sana crítica. Su intervención con respecto al manejo dado por el juez natural al material probatorio es extremadamente reducida.
La Sala al hacer el análisis y estudio de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal, evidencia que efectivamente no hizo mención alguna a dichos medios de prueba testimonial para efectos de motivar su decisión. Sin embargo, para la Sala esta actuación por parte del Ad- quem no constituyó defecto fáctico, toda vez que en su providencia y teniendo en cuenta los demás medios probatorios obrantes en el expediente, que como ya quedó expuesto en la parte motiva de esta sentencia, fueron valorados razonablemente por parte del juez, en donde se debe resaltar que en este tipo de procesos como lo es la imputación de responsabilidad del Estado, la prueba relevante para acreditar el nexo causal es la pericial y no la testimonial.
En ese orden de ideas, para la Sala las pruebas testimoniales que no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal en nada incidían para cambiar el sentido del fallo, es decir, que dentro de la autonomía y la discrecionalidad de la que goza el tribunal dentro del marco de la valoración de las pruebas no eran relevantes para ser tenidas en cuenta al momento de justificar la tesis que adoptó.
La Sala debe hacer énfasis que para la configuración del defecto fáctico por irregularidades en la apreciación del material probatorio, la actuación del operador judicial deber ser ostensible, manifiesta y flagrante, en donde además dicha irregularidad debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial, es decir, que, de no configurarse dicho error manifiesto, la sentencia hubiera adoptado un sentido totalmente distinto, lo que a juicio de la Sala no aconteció en el presente caso.
Conclusión de la Sala
Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Nariño i) valoró correctamente los medios de prueba que fueron objeto de reproche por parte del accionante y ii) no incurrió en defecto fáctico al no haber valorado las pruebas testimoniales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo interpuesto por el señor Pablo Faustino Arizala, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del ocho (8) de marzo de 2018.
HERNÁNDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
"Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”.
"Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades Negras" y se dictan otras disposiciones"
Folio 56 del cuaderno de tutela.
Folio 60 del cuaderno de tutela.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2012. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Exp. nro. 11001-03-15-000-2009-01328-02. M.P. María Elizabeth García González.
Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
La Sala encuentra acreditado dentro del expediente, que la providencia fue notificada el 1 de junio de 2017, y la presente acción de tutela fue presentada el 24 de noviembre de 2017.
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional, Sentencia T-204/08, MP: Dr. Hernando Herrera Vergara).
Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 2012. M.P.: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 2011. M.P.: Dr. Mauricio González Cuervo y T-535 de 2015, M.P.: Dr. Alberto Rojas Ríos.
Corte Constitucional.
Ibídem.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de 2017. Magistrado ponente: Roberto Augusto Serrano Valdés, Rad. 11001-03-15-000-2017-00420-00.
Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 2013. Magistrado ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Los datos de las coordenadas fueron tomadas del informe de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.
Ley 1564 de 12 de julio de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
Corte Constitucional, Sentencia T-121 de 2016. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
T-107-2014
Ibídem
Corte Constitucional, Sentencia SU-448 de 2016. Magistrado ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Cfr. Sentencia T-214 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.
Cfr. sentencia SU-1300 del 6 de diciembre de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”.
Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.
Cfr. sentencia T-538 del 29 de noviembre 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal.
Sentencia SU-159 del 5 de marzo de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
Se trata de los testimonios de los señores Jaime Ramiro Palma Rodríguez, Luis Angel Sinistierra y Hander Quiñones.
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