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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02716-00

Fecha
16 de junio de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02716-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Procuraduría 143 Judicial II Administrativa de Medellín. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. EPM contra el Tribunal Arbitral convocado por INTEGRAL S.A. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del artículo 6º del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02716-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

16 de junio de 2022

Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P. EPM
Demandado: Tribunal Arbitral promovido por INTEGRAL S.A.
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02716-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02716-00
Demandante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. EPM
Demandado: TRIBUNAL ARBITRAL PROMOVIDO POR INTEGRAL S.A.

TEMAS: Tutela contra providencia judicial – agotamiento de los medios de
defensa judicial – declara la improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del asunto de la
referencia ejercido por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. EPM contra el Tribunal
Arbitral promovido por INTEGRAL S.A., de conformidad con los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. EPM,1 por conducto de apoderado judicial,
presentó acción de tutela2 contra el Tribunal Arbitral promovido por INTEGRAL S.A.,3
con el fin de que se proteja su derecho fundamental al debido proceso.

La mencionada garantía constitucional la estimó vulnerada con ocasión de la
providencia de 2 de mayo de 2022, mediante la cual el referido tribunal, al resolver los
recursos de reposición,4 confirmó el auto N° 16 de 21 de abril de 2022 con el cual
declaró su propia competencia para conocer del trámite identificado con el radicado
001-2021.

1
Antes Empresas Públicas de Rionegro S.A.A E.S.P. EPRIO
2
Con escrito presentado el 17 de mayo de 2022 a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado.
3 Conformado por María Andrea Calero Tafur, Ester Claudia Londoño Velásquez y Mauricio Velásquez

Fernández.
4
Promovidos por el Procurador 143 Judicial II y Empresas Públicas de Medellín E.S.P. EPM.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P. EPM
Demandado: Tribunal Arbitral promovido por INTEGRAL S.A.
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02716-00

1.2. Pretensiones

La parte accionante presentó las siguientes:

“- Declarar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso y su principio integrador
del juez competente.

• Por lo tanto, sírvase declarar que el Tribunal Arbitral, en el caso específico, no es
competente para tramitar ni decidir las controversias que se sometieron a su decisión.

• Se deje sin efecto la declaratoria de competencia que hiciera el Tribunal Arbitral y se
remita a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que debe conocer de esta
controversia según lo establecido en la parte final de la cláusula citada”.

1.3. Hechos

La sociedad accionante sustentó la solicitud de amparo en los siguientes hechos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

Indicó que el 5 de abril de 2018, Empresas Públicas de Rionegro S.A.A E.S.P. –
EPRIO, hoy Empresas Públicas de Medellín e INTEGRAL S.A., suscribieron un contrato
de consultoría en las siguientes condiciones:

“PRIMERA. OBJETO. Contrato de contrato de Consultoría para realizar el catastro de
redes, diagnóstico, análisis de alternativas y diseño detallado de las obras priorizadas
para la optimización de los sistemas de acueducto, alcantarillado sanitario, combinado y
pluvial dentro del área de operación y zona de expansión de E.P. RÍO en el Municipio de
Rionegro Antioquia. SEGUNDA. PLAZO. El contrato tendrá como plazo para su ejecución
dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del mismo y
suscripción de acta de inicio. PARÁGRAFO: Para el inicio del contrato deberá presentar el
cronograma de trabajo, que deberá ser validado por el supervisor del contrato.

(…)

DÉCIMA CUARTA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia que
surja de este contrato en relación a su ejecución y liquidación, se resolverá en primera
instancia directamente por las partes o en su defecto ante el Centro de Conciliación de la
Cámara de Comercio de Oriente con domicilio en la ciudad de Rionegro, el cual actuará
conforme al Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgánico de los sistemas alternos de
solución de conflictos y demás normas concordantes; si la controversia no se puede
resolver por vía conciliatoria, dentro de los tres meses siguientes a su ocurrencia, las
partes podrán acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, previo
agotamiento de los requisitos de procedibilidad”.

Adujo que, el 9 de marzo de 2021, EPRIO hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria a
INTEGRAL S.A., con fundamento en una serie de incumplimientos contractuales,
circunstancia que “desató la controversia que hoy se persigue dirimir en la sede arbitral (…)
gracias a la demanda presentada por INTEGRAL S.A.”.

2
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Mediante auto N° 16 dictado en la primera audiencia de trámite celebrada el 21 de abril
de 2022, el Tribunal Arbitral conformado por María Andrea Calero Tafur, Ester Claudia
Londoño Velásquez y Mauricio Velásquez Fernández, declaró su competencia para
conocer del asunto pese al salvamento de voto del último árbitro, y a la oposición
manifestada por E.P.M. como excepción y en el recurso de reposición contra la medida
cautelar.

El recurso de reposición promovido por EPM fue resuelto en la continuación de la
primera audiencia de trámite llevada a cabo el 2 de mayo de 2022, registrada en el Acta
N° 15, en el sentido de confirmar en su integridad la decisión recurrida.

1.4. Fundamentos

La parte tutelante consideró que, contrario a la postura mayoritaria del tribunal
censurado expuesta en las providencias de 21 de abril y 2 de mayo de 2022, «no existen
razones que le permitan afirmar a dicho Tribunal Arbitral - como en efecto lo hizo – que las
partes el litigio si (sic) renunciaron al juez natural desde el momento mismo en el que
suscribieron el contrato de consultoría que incluyó esa mal denominada “cláusula
compromisoria”».

Ello, por cuanto, a su juicio, el contrato no contiene una manifestación clara de pacto
arbitral, razón por la cual no es dable inferirse a partir de la interpretación o ejercicio
hermenéutico que incluso se aparta del criterio contenido en las sentencias invocadas
como fuente en el caso concreto, por cuanto ello implica sustituir el texto suscrito,
máxime, cuando se genera un detrimento de los derechos fundamentales e intereses
públicos subyacentes en este tipo de contratos, en los que debe estar estipulado de
manera expresa e inequívoca la renuncia al juez natural.

Agregó que, si en gracia de discusión se aceptara que la cláusula compromisoria le
otorga competencia a la autoridad cuestionada, lo cierto es que en esta se estableció
que si la controversia sometida al arbitramento no se solucionaba dentro de los 3
meses siguientes a su ocurrencia, las partes pueden acudir ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, término que expiró el 9 de junio de 2021, al haber surgido el
desacuerdo con la carta de cobro y de exigibilidad de la cláusula penal pecuniaria que
EPM remitió a INTEGRAL el 9 de marzo de 2021.

Resaltó que el tribunal reprochado no fue coherente, comoquiera que debió dar por
terminado el conocimiento de la contienda una vez se declaró fallida la conciliación,
para darle vía libre a las partes para que acudieran ante la autoridad judicial en
consonancia con lo señalado en la referida cláusula.

Por lo anterior, aseguró que, en el marco del debido proceso los extremos de la litis
tienen derecho a ser juzgados por el juez natural de la causa, garantía que al no ser
observada configura el defecto orgánico según lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, lo cual claramente denota la existencia de una vía de hecho.
3
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1.5. Trámite de la acción

Con auto de 23 de mayo de 2022, este despacho admitió la tutela; dispuso la
notificación de las partes, así como la vinculación de INTEGRAL S.A., de la
Procuraduría 143 Judicial II Administrativa de Medellín y del Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño
[sede en donde se desarrolla el trámite arbitral].

Finalmente, se requirió a la abogada Piedad Evangelina Herrera Rodríguez para que
aportara el poder especial que la acreditara como apoderada de la parte demandante
en el asunto de la referencia, así como el certificado de existencia y representación de
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. EPM., lo cual se cumplió mediante correo
allegado el 27 de mayo de 2022.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes, fueron allegadas las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Tribunal Arbitral

Con informe presentado el 26 de mayo de 2022, María Andrea Calero Tafur y Ester
Claudia Londoño Velázquez, en calidad de miembros del tribunal censurado
manifestaron que en el trámite adelantado se han respetado las garantías y las etapas
procesales de las partes, agotadas hasta el momento.

Agregaron que no existe la vulneración de derechos alegada por la parte actora, y que
las razones jurídicas y fácticas se encuentran debidamente soportadas en las
providencias cuestionadas.

Refirieron que, en cuanto al requisito de subsidiariedad en el marco de tutela contra
providencia judicial, “es claro para el Tribunal (sic) que en el presente asunto este aspecto no
se supera, ante la existencia de la segunda de la primera (sic) de las causales aplicables al
recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, en los términos del artículo 41.1 de la
Ley 1563 de 2012”.

Finalmente, señalaron que este mecanismo constitucional es especialmente
excepcional en tratándose de decisiones proferidas dentro de procesos arbitrales,
máxime, si se tiene en cuenta que el debate propuesto obedece a un desacuerdo de
criterio meramente legal entre la postura de la autoridad demandada y la entidad
accionante.

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1.6.2. INTEGRAL S.A.

Mediante escrito radicado el 26 de mayo de 2022, como primera medida, expuso que la
solicitud de amparo de la referencia no cumple con el requisito de relevancia
constitucional por el hecho de que la decisión del tribunal no sea la que EPM esperaba.

Adicionalmente, adujo que tampoco se satisface la exigencia de la subsidiariedad en
atención a que el mecanismo idóneo para debatir si la autoridad reprochada tenía o no
la competencia para asumir el conocimiento de la controversia, es el recurso
extraordinario de anulación, máxime, por cuanto aún se encuentra en trámite el asunto.

Puntualmente, en cuanto a la competencia del tribunal, indicó que de entrada descarta
la vulneración de derecho alegada, debido a que el proceso arbitral tiene por objeto
resolver el desacuerdo derivado del contrato de consultoría N° CC 004-2018 suscrito
por INTEGRAL S.A. y EPRIO – hoy EPM – el 5 de abril de 2018, en el cual se incluyó la
obligación décimo cuarta, esto es, la cláusula compromisoria.

Agregó que, a partir de tal estipulación contractual, se evidencia que de manera
expresa e inequívoca las partes se obligaron a someter sus disidencias al arbitraje en
los términos del artículo 3° de la Ley 1563 de 2012 y, que se sujetarían a lo establecido
en el Decreto 1818 de 1998 que fue derogado con la expedición de la Ley 1563 de
2012, la cual regula los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en particular,
el arbitraje.

Resaltó que el Consejo de Estado ha manifestado que en los eventos en que no exista
claridad en la cláusula compromisoria respecto al otorgamiento del consentimiento,
deben aplicarse los artículos 1618 a 1624 del Código Civil.

Arguyó que la cláusula compromisoria fue redactada e incluida por EPM en el contrato
de consultoría, por tanto, la presunta falta de claridad en el texto obedecería a la
omisión de dicha entidad, razón por la cual debe soportar la interpretación realizada
independientemente de que no sea favorable a sus intereses.

Por último, concluyó que, con base en la argumentación efectuada por el tribunal
reprochado el pacto arbitral sí existe y es válido al considerar los siguientes
argumentos:

“(i) la denominación de la cláusula, (ii) la delimitación de la cláusula a las controversias
relativas a la ejecución y liquidación del contrato, (iii) la arbitrabilidad de la materia objeto
de la controversia, (iv) el efecto útil de la cláusula, (v) la imposibilidad de conciliar ante
una entidad distinta de la Procuraduría General de la Nación, (vi) la no exigencia de
renuncia expresa a la jurisdicción ordinaria del Estado; y (vii) la interpretación en favor del
deudor y en contra del estipulante o predisponente”.

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1.6.3. Procuraduría 143 Judicial II Administrativa de Medellín

A través de memorial allegado el 26 de mayo de 2022, el procurador solicitó que se
desvincule a la entidad del asunto de la referencia por carecer de legitimación en la
causa por pasiva, comoquiera que los fundamentos de la acción de tutela están
dirigidos a cuestionar las decisiones del tribunal arbitral, lo cual claramente escapa de
su esfera funcional.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la solicitud de amparo
presentada por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. EPM contra el Tribunal Arbitral
promovido por INTEGRAL S.A., de conformidad con lo establecido por el artículo
2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. La Procuraduría 143 Judicial II Administrativa de Medellín advirtió que, carece de
legitimación en la causa por pasiva debido a que los reproches consignados en el
escrito de tutela están dirigidos contra las decisiones del Tribunal Arbitral convocado
por INTEGRAL S.A., en consecuencia, solicitó la desvinculación del asunto de la
referencia.

Al respecto, la Sala anuncia que despachará negativamente la anterior petición, en
atención a que la vinculación de dicha entidad a este proceso no se hizo en calidad de
demandada sino como tercero con interés en la decisión que se adopte por parte de
esta Colegiatura.

2.2.2. De otro lado, se advierte que, si bien la acción de tutela se dirige contra las dos
providencias proferidas por el tribunal censurado, lo cierto es que, en el evento de
proceder el análisis del fondo del asunto, se haría respecto del auto de 2 de mayo de
2022 por cuanto con este se puso fin a la actuación.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se vulneraron los derechos
fundamentales de la parte accionante con ocasión de la providencia de 2 de mayo de
2022 dictada por el Tribunal Arbitral promovido por INTEGRAL S.A., al presuntamente
incurrir en un defecto orgánico.

6
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Para resolver el interrogante planteado, se estudiarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) la tutela contra
decisiones dictadas en un proceso arbitral; (iii) el estudio de los requisitos de
procedibilidad adjetiva y, en el caso de encontrarse superados; (iv) las generalidades
del defecto invocado; y (v) el análisis del caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. La acción de tutela contra decisiones dictadas en un proceso arbitral

La Corte Constitucional en sentencia T-790 2010 previó la posibilidad de que la acción
de tutela pudiera dirigirse a atacar decisiones adoptadas por Tribunales Arbitrales. En
aquella oportunidad la máxima autoridad Constitucional indicó que, de conformidad con
el artículo 116 de la Constitución Política y la Ley 1563 de 2012, el arbitramento es un
mecanismo alternativo para dirimir controversias mediante el cual las partes
involucradas resuelven voluntaria y libremente sustraer de la justicia estatal la solución
de un conflicto, a fin de que un tercero particular, revestido temporalmente de función

5
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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jurisdiccional, adopte una decisión de carácter definitivo y vinculante para los
interesados.

Los árbitros se pronuncian sobre los hechos que dieron lugar a la controversia,
resuelven las pretensiones, practican y valoran las pruebas, resuelven el litigio con
fundamento en los mandatos constitucionales y legales o atendiendo a los principios de
equidad, y sus fallos hacen tránsito a cosa juzgada.

En virtud de lo anterior, la jurisprudencia constitucional considera que las
decisiones arbitrales son eminentemente jurisdiccionales y equivalen a una
providencia judicial.

En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha resaltado que la justicia arbitral está
sujeta a las reglas básicas de todo proceso, como el respeto por los derechos
fundamentales de las partes, especialmente los derechos al debido proceso, a la
defensa y al acceso a la administración de justicia, y el acatamiento de las normas de
orden público que reglamentan las actuaciones de los árbitros y de los extremos.

2.6. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a
la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las
pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora
solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso.

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de la garantía
alegada por el extremo accionante, en tanto que a su juicio, la autoridad censurada
incurrió en un defecto orgánico, por lo que se evidencia que trasciende un estudio de lo
meramente legal.

2.6.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la
misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censuró la parte accionante
fue proferida en el marco del proceso arbitral promovido por INTEGRAL S.A. contra
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. EPM, el cual se identificó con el radicado 001-
2021.

2.6.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia
censurada fue proferida el 2 de mayo de 2022 por el Tribunal Arbitral convocado por
INTEGRAL S.A., y la solicitud de amparo se presentó el 17 del mismo mes y año, razón
por la cual, sin que sea necesario establecer la fecha de notificación y ejecutoria de la
referida decisión, resulta ser un término que a juicio de la Sala es razonable, es decir,
antes de transcurridos 6 meses.

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Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20149, en la que la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200510, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y reiteró que seis
(6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.6.4. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los medios judiciales, la
Sala advierte que este requisito no se satisface11 en el asunto objeto de análisis, en
atención a que la providencia que se cuestionó a través de este mecanismo
constitucional es la proferida el 2 de mayo de 2022 por el Tribunal Arbitral promovido
por INTEGRAL S.A., mediante la cual confirmó su decisión de 21 de abril de la misma
anualidad consistente en determinar que sí es competente para resolver la controversia
contractual suscitada entre la convocante y Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
EPM.

Lo anterior encuentra fundamento en que el proceso arbitral aún se encuentra vigente
y, de conformidad con lo estipulado en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 12, la parte
actora cuenta con el recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral que se dicte
en el referido proceso especial, por las siguientes causas:

“ARTÍCULO 41. CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN. Son causales del
recurso de anulación:

1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> La inexistencia, invalidez absoluta o inoponibilidad
del pacto arbitral.
2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia.
3. No haberse constituido el tribunal en forma legal.
4. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación, o falta de
notificación o emplazamiento, siempre que no se hubiere saneado la nulidad.
5. Haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de
practicar una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere
alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella pudiera
tener incidencia en la decisión.
6. Haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección
después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral.

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es,
de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.”
11
Ver sentencia de 30 de septiembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-04137-01, M.P. Rocío
Araújo Oñate.
12
“Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones.”
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02716-00

7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.
8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por
omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en
la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el
tribunal arbitral.
9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber
concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.
Las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el recurrente hizo valer los motivos
constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de
competencia.
La causal 6 no podrá ser alegada en anulación por la parte que no la hizo valer
oportunamente ante el tribunal de arbitramento, una vez expirado el término.” (Énfasis
del texto)

En virtud del artículo 40 ejusdem, este mecanismo debe proponerse ante el mismo
tribunal dentro de los 30 días siguientes a la notificación del laudo y, luego del traslado
correspondiente a la contraparte, el secretario deberá remitir los escritos junto con el
expediente a la autoridad competente para que se pronuncie respecto de las causales
invocadas por el recurrente.

“ARTÍCULO 40. RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN. Contra el laudo
arbitral procede el recurso extraordinario de anulación, que deberá interponerse
debidamente sustentado, ante el tribunal arbitral, con indicación de las causales
invocadas, dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación o la de la providencia
que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición. Por secretaría del tribunal se
correrá traslado a la otra parte por quince (15) días sin necesidad de auto que lo ordene.
Vencido aquel, dentro de los cinco (5) días siguientes, el secretario del tribunal enviará los
escritos presentados junto con el expediente a la autoridad judicial competente para
conocer del recurso.”

En ese orden, es claro que los argumentos propuestos por Empresas Públicas de
Medellín E.S.P. EPM radican llanamente en: (i) la inexistencia de pacto arbitral por
cuanto a su juicio, la cláusula compromisoria no es clara e inequívoca en señalar que
las partes renunciaron de forma expresa a someter sus controversias ante el juez
natural; y (ii) la falta de competencia de la autoridad reprochada para conocer y definir
el desacuerdo jurídico puesto en su conocimiento, además, en consideración a que, en
gracia de discusión, la cláusula compromisoria se encontraba sujeta a una condición
temporal de tres meses que ya feneció, lapso dentro del cual debía llegarse a una
conciliación o, de lo contrario podrían acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

Tales argumentos sobre los cuales Empresas Públicas de Medellín E.S.P. EPM cimentó
la defensa de su derecho fundamental al debido proceso, evidentemente encuadran en
las causales Nos. 1ª y 6ª del citado artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, “La
inexistencia, invalidez absoluta o inoponibilidad del pacto arbitral”, y “Haberse proferido el
laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección después del vencimiento del
término fijado para el proceso arbitral”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02716-00

El debate jurídico propuesto por la entidad tutelante es de tal envergadura, que al juez
de tutela no le es posible desconocer e intervenir en asuntos propios de la esfera
funcional de los jueces ordinarios, habida cuenta que se desnaturalizaría el sentido
subsidiario de la acción de amparo.

En este punto, es preciso resaltar que la Corte Constitucional13 ha señalado que el
recurso de anulación de laudos arbitrales14 se constituye, por regla general, en el medio
de defensa judicial idóneo para corregir las eventuales vulneraciones de derechos
fundamentales que hayan tenido lugar con ocasión del trámite arbitral, en ese orden, la
acción de tutela se puede interponer una vez el órgano judicial competente falle el
recurso de anulación.15

La excepción a la referida regla, se circunscribe a que el asunto se encuadre en alguno
de los siguientes presupuestos: (i) que el reproche no esté enlistado en las causales del
recurso de anulación; y (ii) la tutela se interponga como mecanismo transitorio para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, lo cual no se advierte en el sub lite.

Así las cosas, de conformidad con lo anterior y en consonancia con las pretensiones y
los argumentos formulados por la parte actora, esta Sala considera que lo solicitado
está íntimamente relacionado con los asuntos propios de la inexistencia del pacto
arbitral y de la competencia del juez natural, los cuales puede invocar una vez se
profiera el laudo arbitral a través del recurso de anulación, razón por la cual no se
encuentra superado el requisito que se analiza.

Al respecto, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a
la solicitud de amparo.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos,
no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico,

13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-951 del 04.12.14., M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez. Expediente: PE-041
14
Artículo 40 y siguientes de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional).
15
Sentencia T-244 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), sentencia SU- 500 de 2015 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez), entre otras.
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ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que
conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia16.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la
protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben
buscar la defensa de aquellos.

Es por ello que, la Sala recalca que en el marco de esta acción no se pueden desplazar
o suplantar los medios judiciales con los que cuentan los ciudadanos, máxime cuando
estos son idóneos y eficaces.

En conclusión, la solicitud de amparo no constituye un mecanismo alternativo a los
recursos de defensa consagrados en la ley, ni puede convertirse en un espacio en el
que se pueda recurrir con el fin de controvertir argumentos que deben ser materia de
estudio por el juez natural, pues de permitir tal posibilidad se desconocería que la
acción de tutela es de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales.

En atención a los argumentos expuestos, resulta evidente que en el sub examine no
procede la intervención del juez constitucional, por tanto, habrá de declararse la
improcedencia del trámite de la referencia por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad.

2.7. Conclusión

La Sala declarará la improcedencia de la petición de amparo promovida por Empresas
Públicas de Medellín E.S.P. EPM contra el Tribunal Arbitral convocado por INTEGRAL
S.A., comoquiera que no se satisfizo el requisito adjetivo de procedencia concerniente
al agotamiento de los recursos judiciales.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

16
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la
ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento
de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada
de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las
mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las
jurisdicciones.”
12
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FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Procuraduría 143 Judicial II
Administrativa de Medellín.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Empresas
Públicas de Medellín E.S.P. EPM contra el Tribunal Arbitral convocado por INTEGRAL
S.A.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del artículo 6º del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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