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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02727-00

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02727-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Doris Rocío Uribe Díaz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2022-02727-00 Demandante: Doris Rocío Uribe Díaz 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02727-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

23 de junio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02727-00
Demandante: Doris Rocío Uribe Díaz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-02727-00
Demandante DORIS ROCÍO URIBE DÍAZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER Y
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CÚCUTA
Temas Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Pago incentivo de incremento
salarial por servicios universitarios. Competencia para
establecer el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos. Defecto sustantivo. Requisito general de relevancia
constitucional.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Doris Rocío Uribe Díaz, de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 17 de mayo de 20221, por intermedio de apoderada, Doris Rocío Uribe Díaz
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cúcuta, por considerar
vulnerado su derecho fundamental del debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: que se tutelen los derechos fundamentales de mi poderdante DORIS ROCIO
URIBE DIAZ a la igualdad, al debido proceso, y al acceso a la administración de justicia.

SEGUNDA: Se ordene dejar sin efectos las providencias de fecha 11 de agosto de 2016 y
11 de noviembre de 2021 dictadas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Cúcuta y por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del proceso de Nulidad
y restablecimiento del derecho de radicado No. 54001333300420130087300, promovido por
la señora DORIS ROCIO URIBE DIAZ contra Universidad Francisco de Paula Santander

TERCERA: que se ordene a los togados accionados Proferir un nuevo fallo en el que se
conceda las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
impetrada por la señora DORIS ROCIO URIBE DIAZ en contra de la Universidad Francisco
de Paula Santander: […]”

1 Índice 2 Samai.
1

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Demandante: Doris Rocío Uribe Díaz

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Se informa que la señora Doris Rocío Uribe Díaz labora para la Universidad
Francisco de Paula Santander desde 23 de marzo de 1980, vinculada al
cargo de auxiliar administrativa grado 06.

2.2. El 9 de noviembre de 2001 se suscribió Acuerdo Colectivo de Trabajo 064
celebrado entre el representante legal de la Universidad Francisco de Paula
Santander y la Organización Sindical SINTRAUNICOL, agremiación de la
cual hace parte, que en su artículo 18 estableció un incremento salarial por
puntos por año de servicios “para el personal administrativo (diferente al
personal docente) vinculado a la universidad”, el cual fue ratificado por el
Acuerdo 049 del 19 de julio de 2005.

Que le cancelaron los puntos por año de servicio en el año 2002 y de manera
unilateral le fue suspendido el pago de los mismos desde junio del año 2003.

2.3. Motivo por el cual, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho solicitó la declaratoria de nulidad del acto
administrativo presunto y a título de restablecimiento del derecho se ordenara
a la Universidad Francisco de Paula Santander reconocerle y pagarle los
puntos por servicios universitarios causados durante los años 2007, 2008,
2009 y 2010, y “todas las sumas correspondientes a sueldos primas,
bonificaciones, vacaciones y demás teniendo en cuenta los puntos por servicios
universitarios, incluyendo el valor de los aumentos que se hubieren decretado para
el salario para el Gobierno Nacional”.

2.4. En primera instancia correspondió el conocimiento del proceso al Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Cúcuta, que mediante sentencia del 11
de agosto de 2016 no accedió a las súplicas de la demanda, en los
siguientes términos:
“1. Declarar que el en el presente caso operó la figura del silencio administrativo
negativo;
2. Declarar que prospera la excepción denominada inexistencia de la nulidad del
acto administrativo presunto;
3. Inaplicar por inconstitucional los acuerdos 064 de 2001 y 049 de 2005 proferidos
por la universidad Francisco de Paula Santander; 4. Denegar las pretensiones de
la demanda”.

El Juzgado inaplicó por inconstitucionales los Acuerdos 064 de 2001 y 049
de 2005, al considerar que infringen el numeral 19, literal e) del artículo 150
de la Constitución, los artículos 4º y 10 de la ley 4ª de 1992 y el artículo 16
del C.S. del T., por cuanto tales actos habían reconocido beneficios salariales
a empleados públicos cuando la competencia para fijar el régimen salarial le
corresponde al Congreso de la Republica y al Gobierno Nacional.

2.5. La actora interpuso recurso de apelación, alegando derechos adquiridos,
autonomía universitaria para establecer ese tipo de incrementos salariales y
que el marco normativo y jurisprudencial en el que se basó el juzgado fue
expedido con posterioridad a la fecha en que adquirió su derecho, ya que se

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le venía reconociendo el incremento salarial por puntos desde el Acuerdo
038 de 1984.

2.6. Mediante sentencia del 11 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander confirmó la sentencia de primera instancia. Estimó
que si bien es cierto las universidades públicas son autónomas, esa
autonomía no es absoluta, que no pueden fijar el régimen salarial de sus
empleados públicos porque esa es competencia del Congreso de la
Republica y del Gobierno Nacional; igualmente, determinó que no había
derecho adquirido por cuanto la constitución de 1886 también establecía que
la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos era del Congreso.

La sentencia se notificó por correo electrónico el 17 de noviembre de 2021
(así obra en el expediente digitalizado del proceso, índice 8 Samai).

3. Fundamentos de la acción

Sostiene la actora que en la providencia del 11 de agosto de 2016 del Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Cúcuta, y en la del 11 de noviembre de 2021,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander la confirmó, se
incurre en defecto sustantivo por interpretación errónea de los artículos 28, 29 y 77
de la Ley 30 de 1992, Ley 4ª de 1992, articulo 150 numeral 19 literal e) de la
Constitución Política.

Considera que bajo la autonomía universitaria que le otorga la Constitución
Política y la ley 30 de 1992, la Universidad Francisco de Paula Santander podía
utilizar de sus propios recursos para el reconocimiento de los puntos por años de
servicios que le fueron otorgados mediante el Acuerdo 038 de 1984, prorrogados
por los Acuerdos 064 del 2001 y 049 de 2005, ya que las universidades oficiales
tienen la autonomía de “Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional”.

Que el “marco normativo y jurisprudencial en la que se basó el señor Juez de primera
instancia para tomar la decisión fueron expedidas con posterioridad a la fecha en que [...]
adquirió el derecho, pues los puntos por año de servicios fueron adquiridos por la señora
Doris Rocío mucho antes de que se expidiera la Constitución de 1991 y de la expedición
de la ley 4° de 1992, ya que los puntos fueron otorgados mediante Acuerdo No. 038 de
1984”. Por esto afirma que tiene un derecho adquirido, ya que los puntos por año
de servicios se le venían reconociendo desde el Acuerdo 038 de 1984, que
dispuso que se reconocerían con retroactividad a partir de 1980, cuyos efectos
fueron prorrogados mediante los Acuerdos 064 de 2001 y 049 de 2005. Y que
conforme el artículo 5 del Decreto 1919 de 2002, ese derecho no podía ser
afectado.

Anota que tiene razón la autoridad judicial accionada en el sentido que los
beneficios colectivos no son aplicables a los empleados públicos, pero que los
puntos por años de servicios que se reclama están estipulados en acuerdos y no
en una convención colectiva.

Por último, manifiesta que en casos similares al suyo el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, basándose en la autonomía universitaria, ya había
confirmado fallos de primera instancia que ordenaron a la Universidad Francisco

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de Paula Santander reconocer los incrementos por puntos señalados en los
referidos acuerdos (menciona sentencia del 31 de marzo de 2016, radicado
54001333100220120007900, y otra del 28 de febrero de 2019, proferidas en
segunda instancia por el Tribunal).

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 24 de mayo de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a las partes. Asimismo, como tercero con interés, se dispuso
notificar a la Universidad Francisco de Paula Santander, parte demandada en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado Nro.
54001-33-33-004-2013-00873-00/01.

4.2. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, se pronunció por
intermedio del magistrado ponente de la providencia cuestionada. Solicitó
declarar improcedente la acción de tutela.

Dijo que no se dan los presupuestos para advertir una vía de hecho, por lo
que se remitía al texto de la providencia cuestionada, donde se encuentran
los fundamentos probatorios y jurídicos que se tuvieron en cuenta para
adoptar la decisión.

Que en el caso en estudio consideró la Sala que el Consejo Superior de la
Universidad Francisco de Paula Santander se extralimitó en su competencia
al reconocer beneficios salariales a sus empleados públicos, toda vez que la
autonomía de que están revestidas las instituciones universitarias no incluye
la potestad para sus Consejos Superiores para fijar el régimen salarial o
prestacional de sus empleados o trabajadores, conforme lo ha señalado la
reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, al atribuirle dicha
competencia al legislador y al gobierno en forma recurrente, bajo la
modalidad regulatoria de leyes generales o marco y decretos expedidos
dentro del marco trazado por el legislador.

4.3. La Universidad Francisco de Paula Santander se manifestó por conducto
de su rector. Dijo que se opone a las pretensiones porque los
pronunciamientos judiciales que se cuestiona no infringieron ninguno de los
derechos fundamentales de la actora

Que las razones de hecho y de derecho esgrimidas en la demanda y en las
dos instancias por la parte demandante fueron objeto de análisis y decisión
acorde con las normas vigentes y jurisprudencia del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional sobre la materia. Que los fundamentos de esta tutela
es la reiteración de lo argumentado en primera y segunda instancia del
proceso ordinario, que fueron debidamente analizados en las providencias
atacadas.

Cosa distinta, indicó, es que las decisiones proferidas no se correspondan
con las expectativas de la parte interesada, circunstancia que por sí sola no
constituye causa suficiente para lo que se pretende con la presente acción de
tutela, motivo por el cual solicitó no acceder a las pretensiones.

4.4. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cúcuta, no obstante
haber sido notificado, no se pronunció.

4

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso.

Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos
debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes
en el proceso.

3. Delimitación del análisis y planteamiento del problema jurídico

En primer lugar, se precisa que el análisis de los argumentos de la acción de tutela
se restringirá a la providencia de segunda instancia proferida en el curso del medio
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de
sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término
prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de
una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia
atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y
viii) defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
5

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de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado Nro. 54001-33-33-
004-2013-00873-01. Esta delimitación obedece a que las inconformidades contra
la providencia de primera instancia se deben plantear ante la autoridad
competente en ejercicio del recurso idóneo, para este caso, el de apelación. En
esta medida, es en la segunda instancia donde se define de manera definitiva la
controversia y en la que corresponde al juez de tutela concentrar el análisis de la
alegada vulneración iusfundamental.

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala, de manera preliminar,
determinar si se cumplen a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad,
en particular el de relevancia constitucional.

De superar dicho análisis, corresponderá a la Sala establecer si al proferir la
sentencia del 11 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander incurrió en el defecto alegado por la parte actora, al confirmar la
decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

4. El requisito de relevancia constitucional y su análisis en el caso
concreto

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales
vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En
ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez
natural.

Con base en esta premisa, uno de los requisitos generales para la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea
de evidente relevancia constitucional.

Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, la Sala Plena del Consejo
de Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018 han señalado algunos criterios
orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o
no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»6. Es necesario que el

6 Ibidem
6

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interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar
o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el
juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan
de importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera
exclusiva al juez natural7.

De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse
ante el juez de la causa.

En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que
el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé

7 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
7

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cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos”8.

4.2. Del análisis del caso concreto, encuentra la Sala que la controversia
propuesta no cumple el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la
parte actora utiliza la acción de tutela, que es un medio excepcional y
residual, como una instancia adicional del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 2013-00873-00/01.

La parte actora expone los mismos argumentos propuestos y decididos en la
segunda instancia del proceso ordinario, concretamente los que propuso en
el recurso de apelación para controvertir la decisión asumida en primera
instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cúcuta y que
hoy se presentan como argumentación para sustentar vulneración de
derechos fundamentales.

En efecto, tanto en el recurso de apelación (índice 8 Samai9), como en su
escrito de tutela (índice 2 Samai), adujó:

i) Que contrario a lo que estimó el juez de primera instancia, en virtud de la
autonomía que les otorga la Constitución Política y la Ley 30 de 1992, la
Universidad Francisco de Paula Santander, es un ente autónomo que puede
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, conforme lo establecido
en los artículos 28, 29 y 57 de la Ley 30 de 1992, por lo cual podía utilizar de sus
propios recursos para el reconocimiento de los puntos por años de servicios,
como lo hizo a través de los Acuerdos 064 de 2001 y 049 de 2005.

ii) Que las normas y jurisprudencia en la que se basó el a quo para tomar su
decisión fueron expedidas con posterioridad a la fecha en la que adquirió su
derecho, porque los puntos por año de servicio fueron adquiridos antes de que se
expidiera la Constitución de 1991 y la Ley 4ª de 1992, a través del Acuerdo No.
038 de 1984, que los estableció con retroactividad al 1º de enero de 1980, puntos
que fueron prorrogados mediante los Acuerdos 064 de 2001 y 049 de 2005.
Derecho adquirido que en los términos del artículo 5 del Decreto 1919 de 2002 no
podía desconocérsele.

iii) Que le asiste razón al a quo cuando señala que los beneficios colectivos no son
aplicables a los empleados públicos, pero que los puntos por año de servicios que
pretende están estipulados en un acuerdo, y no en una convención colectiva.

iv) Que el Tribunal, con fundamento en la autonomía universitaria, en caso similar al
suyo ya se había pronunciado, resolviendo confirmar la sentencia de primera
instancia proferida dentro del radicado número 54001-33-33-002-2012-00079-00,
que accedió a reconocer los puntos con fundamento en los mencionados
acuerdos.

4.3. Revisada la sentencia cuestionada (índice 8 Samai), observa la Sala que en
ella se despejaron las inconformidades planteadas en el recurso de apelación
y se expusieron las razones de hecho y de derecho por las cuales se
concluyó que, contrario a lo que alegó la demandante en su alzada, no le
asistía el derecho en su condición de empleada pública al reconocimiento y
pago de los incrementos salariales por puntos establecidos en los Acuerdos
064 de 2001 y 049 de 2005, ni se trataba de un derecho adquirido, por

8 Sentencia C-590 de 2005.
9 En el índice 8 Samai aparece el expediente digitalizado al proceso ordinario radicado 2013-00873-00/01
que allegó el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cúcuta.
8

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tratarse de una regulación salarial abiertamente contraria a la Constitución
Política.

Como problema jurídico, el Tribunal planteó lo siguiente:
“¿Se ajusta a la legalidad la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, el 11 de agosto de 2016, mediante
la cual negó las suplicas de la demanda, o por el contrario, la misma debe ser
revocada al tener derecho la señora Doris Rocío Uribe Díaz al reconocimiento y pago
de unos puntos de servicios universitarios causados durante los años 2007 a 2010?”.

Como tesis a ese planteamiento, asumió:
“Para esta Sala, se debe confirmar la sentencia de primera instancia que negó las
súplicas de la demanda, toda vez que después de analizar el ordenamiento jurídico
aplicable y las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que los Acuerdos 064
de 2001 y 049 de 2005 proferidos por el Consejo Superior de la Universidad Francisco
de Paula Santander, a través de los cuales la parte actora sustenta su derecho a los
puntos por año de servicio, infringen la Constitución al haber reconocido beneficios
salariales a empleados públicos, cuando la competencia para fijar el régimen salarial y
prestacional de tales empleados, incluso territoriales, es exclusivo del legislador y el
Gobierno Nacional, conforme lo ha reiterado el Consejo da Estado y la Corte
Constitucional”.

Para dilucidar el problema jurídico planteado y sustentar su tesis, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander inició analizando las normas relativas a
la autonomía universitaria. Allí trascribió lo que dispone el artículo 69 de la
Constitución Política y lo que ha dicho la Corte Constitucional en relación a
esa autonomía, en el sentido que no es absoluta. Agregó que en desarrollo
de esa norma constitucional se dictó la Ley 30 de 1992, que organizó el
servicio público de educación superior, de la que trascribió varios de sus
artículos (entre ellos el 28 y 29).

Que en virtud de la autonomía otorgada a las universidades pueden darse
sus propios estatutos, designar a las autoridades administrativas y
académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de programas
académicos, definir y organizar labores formativas, académicas, docentes,
científicas y culturales, conferir los títulos a sus egresados y seleccionar los
profesores, admitir a los alumnos y adoptar sus regímenes y establecer,
arbitrar y aplicar sus recursos para el desarrollo de su misión social y la
función institucional.

Pero sobre la autonomía universitaria y la facultad de los entes universitarios
para crear regímenes salariales y prestacionales, se apoyó en jurisprudencia
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se ha reiterado que
por mandato constitucional la competencia para establecer el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, incluidas las universidades
estatales u oficiales de los órdenes nacional, departamental, municipal y
distrital, es del Congreso de la República y del Gobierno Nacional atendiendo
las leyes marco sobre el particular.

Entre otras, trascribió apartes de las sentencias del 21 de agosto de 2008,
radicado 11001032500020020012101 (2549-02); del 7 de noviembre de
2019, radicado 08001-23-31-000-2006-02657-03(0859-16), CP. Carmelo
Perdomo Cuéter; y del 22 de abril de 2021, radicado11001-03-25-000-2019-
00894-00(6439-19), CP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Demandante: Doris Rocío Uribe Díaz

Que en la sentencia del 19 de abril de 2007, proceso radicado 444-2005, CP.
Alberto Arango Mantilla, la Sección Segunda expuso que pese a que el
artículo 77 de la Ley 30 de 1992 se refirió al régimen salarial y prestacional
de los profesores, y no al del cuerpo administrativo, ha de entenderse que se
hace extensiva esa norma a los segundos. Igualmente, se refirió a lo
dispuesto en los artículos 1 y 5 del Decreto 1919 de 2002.

Después ese análisis aludió a los puntos por servicios universitarios, donde
manifestó que mediante el Acuerdo 38 del 3 de julio de 1984 el Consejo
Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander estableció el
sistema de nomenclatura, clasificación y régimen de remuneración de los
empleados públicos de la universidad (trascribió los artículos 5 al 7). Que a
través del Acuerdo No. 064 del 9 de noviembre de 2001, el Consejo Superior
de la Universidad Francisco de Paula Santander adoptó el acuerdo pactado
entre la universidad y el Sindicato de Trabajadores y Empleados
Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL, Seccional Cúcuta (trascribió los
artículos 1, 4, 18 y 27); y que mediante el Acuerdo No. 049 del 19 de julio de
2005, el Consejo Superior reconoció el Acuerdo Colectivo de Trabajo suscrito
(trascribió su artículo 4).

Acto seguido, relacionó las pruebas relevantes en el expediente.

4.4. Dicho todo lo anterior, en el acápite “caso concreto” concluyó el Tribunal
que la Universidad Francisco de Paula Santander se extralimitó en su
competencia al reconocer beneficios salariales a sus empleados públicos,
porque su autonomía no incluye esa potestad, en consecuencia, procedía
inaplicar por inconstitucionales los Acuerdos 064 de 2001 y 049 de 2005.
Además de señalar que legalmente los empleados públicos no pueden
beneficiarse de acuerdos colectivos.

Dijo el Tribunal:
“Conforme los fundamentos legales y jurisprudenciales y los hechos probados,
considera la Sala que le asiste razón al A-quo al señalar que el Consejo Superior de la
UFPS, se extralimitó en su competencia al reconocer beneficios salariales a sus
empleados públicos, toda vez que la autonomía de que están revestidas las
Instituciones Universitarias, no incluye la potestad para los Consejos Superiores de
tales entes, para fijar el régimen salarial o prestacional de sus empleados o
trabajadores.
En efecto, ha sido reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha tratado el
tema de la autonomía universitaria, precisando su sentido y alcance en cuanto a que
no es absoluta, sino limitada para emitir su propio régimen salarial y prestacional,
ajenas a los cánones generales, como quiera que dicha competencia la atribuyó en
forma exclusiva la Constitución de 1991 al legislador y al gobierno en forma
concurrente, bajo la modalidad regulatoria de las leyes generales o marco y los
decretos expedidos dentro del marco trazado por el legislador.
Conforme lo señalado por el Consejo de Estado los centros públicos de enseñanza
superior carecen de competencia regulatoria para fijar el régimen salarial y
prestacional de sus empleados públicos, so pretexto de desarrollar su autonomía
académica, pues ello no sólo desbordaría el ámbito de la autonomía universitaria, sino
que entraría en abierta contradicción con lo dispuesto en el aparte e) del numeral 19
del artículo 150 Superior. Los estatutos universitarios no son, pues, el instrumento
normativo idóneo para reglamentar lo atinente a estos temas. En ese sentido, la
responsabilidad de fijar el régimen de salarios y prestaciones sociales de los
empleados públicos de las universidades oficiales fue asignada directamente por el
Constituyente al Congreso de la República y al Gobierno Nacional, bajo la tipología

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constitucional de las "normas generales" o "leyes marco o cuadro" y decretos dictados
con sujeción a las mismas, tema tratado por la Ley 4ª de 1992, por medio de la cual se
señalan las normas, objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para
fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y para la fijación de
las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales.
De acuerdo con lo anterior, para la Sala no resulta acertada la decisión del Consejo
Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander al disponer a través de los
Acuerdos Nos. 064 de 2001 y 049 de 2005 el reconocimiento de puntos por año de
servicio para el personal administrativo, pues ello, sin lugar a duda, tiene incidencia en
el salario base del citado personal materia que es de competencia exclusiva del
Congreso de la República y del Gobierno Nacional, razón por la cual, se comparte la
decisión del A-quo de inaplicar por inconstitucional los mismos, con lo cual queda sin
sustento jurídico las pretensiones de la demanda, lo que da lugar a confirmar la
sentencia apelada.
Además de lo anterior, tal y como lo indicó el A-quo conforme lo ha señalado el
Consejo de Estado de la lectura del artículo 416 del Código Sustantivo de Trabajo se
infiere que no es posible hacer extensivos los beneficios de las convenciones
colectivas a los empleados públicos, en cuanto esa norma, prohíbe la negociación
colectiva a los sindicatos de empleados públicos, por lo que los acuerdos con los
cuales se fundamentó la demanda al haber sido expedidos con ocasión de una
convención colectiva suscrito con el Sindicato de Trabajadores y Empleados
Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL, no le era aplicable a la demandante”.

En cuanto a que el marco normativo y jurisprudencial en el que se basó el
juez de primera instancia es posterior a la fecha en que la demandante
adquirió el derecho que data de mucho antes de que se expidiera la
Constitución de 1991 y la Ley 4ª de 1992, dijo el Tribunal:
“Al respecto, advierte la Sala que si bien es cierto conforme las pruebas obrantes en el
expediente, se tiene que la señora Doris Rocío Uribe Díaz labora en la entidad
demandada desde el año 1980 y conforme el Acuerdo 38 de 1984 por medio del cual,
el Consejo Superior estableció el sistema de nomenclatura, clasificación y régimen de
remuneración de los empleados de la universidad, dispuso en el artículo 5 un
incremento anual por servicios universitarios para el personal administrativo, no es
menos cierto que conforme lo señaló el Consejo de Estado en la sentencia ya citada,
"En vigencia de la Constitución de 1886 era función del Congreso definir el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos", es decir, que el único
cambio que en ese sentido se dio con la expedición de la nueva constitución que rige
en la actualidad es que esa facultad es ejercida en forma concurrente por el Gobierno
y el Congreso”.

En lo referente a los derechos adquiridos, indicó:
“En el caso bajo estudio, no podría hablarse de derechos adquiridos como lo sugiere
la parte actora, pues tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 1919 de 2002,
contemplaron claramente que todo régimen de prestaciones sociales que se
establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en las citadas disposiciones
carecerá de efecto y no creará derechos adquiridos”.

Por último, en relación a decisiones anteriores, expuso el Tribunal:
“La Sala no desconoce que este Tribunal en providencias de fechas 31 de marzo de
2016 con ponencia de la Magistrada Beatriz Helena Escobar Rojas, Radicado No.
54001-33-31-002-2012-00079-01 y 28 de febrero de 2019 con ponencia de la
Magistrada María Josefina Ibarra Rodríguez, Radicado No. 54001-38-31-704 2012-
00102-01, se confirmó el reconocimiento de los puntos por año de servicio ordenada
por los jueces de instancia, no obstante, en esta oportunidad esta Sala de Decisión
con fundamento en el ordenamiento jurídico y jurisprudencial que regula la materia
relacionada con que el principio de autonomía universitaria no es absoluto y, por tanto,
las universidades están en la obligación de sujetarse a las normas que regulan lo

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relacionado con el régimen laboral y prestacional de los empleados públicos,
considera que en el caso bajo estudio las súplicas de la demanda no están llamadas a
prosperar, razón por la cual se confirmará la sentencia apelada”.

4.5. Es claro que los argumentos en los que se funda el supuesto defecto
sustantivo y que se alegan como sustento en esta tutela, no son más que
reiteraciones de lo expuesto en el proceso ordinario.
Para la Sala resulta evidente que lo que pretende la parte actora es que se
realice un nuevo estudio de lo que de manera adecuada dentro de la órbita
de su autonomía y competencia analizó y definió el Juez natural de la causa,
esto es, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
En este sentido, dentro de los criterios orientadores para verificar si el asunto
reviste o no relevancia constitucional, se encuentra el que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional del proceso en el que fue proferida
la providencia acusada, de donde deriva la carga que se impone al
interesado de exponer “serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones
de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad”, justamente porque no debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el trámite ordinario, los cuales fueron
decididos por el juez natural.
Que la parte actora no comparta el análisis efectuado y la decisión adoptada
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, escapa a la órbita de
competencia del juez constitucional, la cual está dada en clave de derechos
fundamentales y no para dirimir diferencias de juicio o de opinión, pues no
debe olvidarse que la simple disparidad de criterio no constituye per se una
vulneración a los derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela como mecanismo excepcional de
protección de los derechos fundamentales.
Además, la jurisprudencia constitucional reiteradamente ha sostenido que,
cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia del amparo
está sujeta a que el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional
que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración grosera o de
bulto. Lo que no se aprecia en el presente caso.

5. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela de la referencia, por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales de
procedibilidad de este mecanismo contra providencias judiciales, específicamente
el de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Doris
Rocío Uribe Díaz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
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Demandante: Doris Rocío Uribe Díaz

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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