Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00894-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00894-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00894-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00894-00 (6439-2019)
Demandante: Herney de Jesús Ortiz Moncada, procurador 157 Judicial II para
Asuntos Administrativos
Demandada: Universidad Tecnológica de Pereira
Temas: Falta de competencia de las entidades públicas para regular,
modificar o adicionar las prestaciones sociales establecidas por el
legislador.
Decisión: Declarar la nulidad de las disposiciones demandadas.
1. La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5,
7 y 8 de la Resolución 368 del 21 de febrero de 20121, el parágrafo del artículo 5 del
Acuerdo 13 del 8 de mayo de 20192 y los acápites 7.2.1 y 8 – párrafo segundo – del Plan
de Bienestar Social Laboral de la Universidad Tecnológica de Pereira (en adelante,
UTP)3.
I. DEMANDADA
Disposiciones demandadas
Resolución 368 del 21 de febrero de 2012
ARTÍCULO PRIMERO: Incluir en los programas de Bienestar Universitario un programa de
subsidio de incapacidad por enfermedad general para los funcionarios de la Universidad,
el cual será administrado por la División de Personal o quien haga sus veces, con cargo al
Fondo de Bienestar Universitario a que se refiere la parte motiva.
PARÁGRAFO: La Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario hará el
seguimiento, análisis y control del programa a que se refiere el presente acto y rendirá los
informes anuales de resultados del mismo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El programa creado por la presente resolución consiste en el
reconocimiento de un subsidio económico por incapacidad médica a los funcionarios
Docentes (Planta, Transitorios y Hora Cátedra), Administrativos (Planta y transitorios) y en
general de todo funcionario por el cual la Universidad aporte al Sistema General de
1 Por medio de la cual se creó el programa de subsidio de incapacidad por enfermedad general para los
funcionarios de la Universidad Tecnológica de Pereira.
2 Por medio del cual se adoptó el Plan de Bienestar Social Laboral de la Universidad Tecnológica de
Pereira.
3 Este plan de bienestar es un anexo que hace parte del Acuerdo 13 del 8 de mayo de 2019.
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Demandante: Herney de Jesús Ortiz Moncada
Seguridad Social en Salud, equivalente a la diferencia entre: El auxilio que reconoce la
Entidad Promotora de Salud por enfermedad general, y el ingreso mensual que
corresponda al cargo que desempeñe el funcionario en el momento en que la incapacidad
se certifique.
PARÁGRAFO: Se exceptúan del cálculo del ingreso mensual de que trata este artículo, los
pagos por concepto de auxilio de transporte, subsidio de alimentación, horas extras, trabajo
suplementario y los estímulos que se cancelan previa certificación del jefe inmediato.
ARTÍCULO TERCERO: Los aportes al Sistema General de Seguridad Social para los
funcionarios beneficiarios del subsidio de incapacidad por enfermedad general, se
calcularán con base en el ingreso mensual de que trata el artículo anterior durante el tiempo
que dure la incapacidad.
ARTÍCULO CUARTO: Es obligación de los funcionarios reportar a la División de Personal las
incapacidades a través del procedimiento establecido para tal fin, con el objeto de que
desde la Institución se puedan tramitar los recobros respectivos y otorgar los beneficios del
programa de subsidio de incapacidad por enfermedad general.
PARÁGRAFO: Para las incapacidades reportadas con fecha posterior a la liquidación de la
nómina mensual, el subsidio en mención se hará efectivo al mes siguiente.
ARTÍCULO QUINTO: En los casos en que la División de Personal en el cruce de información
con las Entidades Promotoras de Salud detecte incapacidades no reportadas, se solicitará
a los funcionarios la devolución de los recursos pagados de más por la no liquidación de la
incapacidad.
Los dineros en mención podrán ser rembolsados a través del programa de subsidio
siempre y cuando el funcionario surta el procedimiento para el reporte de la incapacidad,
sin perjuicio de la amonestación, llamado de atención o sanción a que haya lugar para el
funcionario y para el jefe inmediato en los casos en los que este último no reporte la
novedad a la División de Personal y certifique como laborado el mes completo para el
funcionario incapacitado.
PARÁGRAFO: Es responsabilidad de los funcionarios informar a la División de Personal sobre
la expedición de la calificación citada y el avance en los trámites de la pensión por invalidez
en los casos en los que esta aplique.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La División de Personal reportará toda la información sobre el
funcionamiento del programa a la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar
Universitario para el análisis, seguimiento a resultados y los ajustes a que haya lugar.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y su
implementación en cada vigencia queda sujeta a la disponibilidad de recursos provenientes
del fondo patrimonial y determinados para el financiamiento del programa de subsidio.
Acuerdo 13 del 8 de mayo de 2019:
ARTÍCULO 5: (…) PARÁGRAFO: El financiamiento del programa denominado Beneficio Pro -
salud del eje temático Calidad de Vida, es exclusivamente con recursos propios
provenientes de los rendimientos financieros que genere el fondo para el financiamiento de
los programas de bienestar universitario; por lo tanto, se mantendrá en la medida en que
se cuente con la fuente de ingresos para su sostenimiento.
Plan de Bienestar Social Laboral de la UTP
7.2.1 Beneficio Pro Salud
2
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Este programa busca minimizar el impacto generado al poder adquisitivo de los colaboradores
durante los períodos de incapacidad por enfermedad general; consistente en otorgar
reconocimiento económico al personal que presta sus servicios a la Institución y que
presenten incapacidad médica, el cual corresponde a la diferencia entre el auxilio por
incapacidad que reconoce la Entidad Promotora de Salud y el ingreso mensual básico
percibido por la persona vinculada a la Institución, de manera que pueda recibir el total de
salario básico devengado; el mismo se paga hasta los 180 días continuos o discontinuos de
incapacidad asociada a la misma patología. Este beneficio permite minimizar el impacto de la
economía familiar del colaborador y contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del
mismo.
8. FINANCIACIÓN
[…] El financiamiento del programa denominado Beneficio Pro – Salud del eje temático
Calidad de Vida, es exclusivamente con recursos propios provenientes de los rendimientos
financieros que genere el fondo para el financiamiento de los programas de bienestar
universitario; por lo tanto, se mantendrá en la medida en que se cuente con la fuente de
ingresos para contar con los recursos para su sostenimiento.
Concepto de la violación
2. Para la parte demandante las disposiciones normativas demandadas incurrieron
en las causales de nulidad establecidas en el artículo 137 del CPACA de falta de
competencia y violación de las normas superiores en que debían fundarse.
3. Para desarrollar el cargo de falta de competencia explicó que el artículo 150,
numeral 19, literal e) de la Constitución Política le atribuyó al Congreso de la República
la facultad de dictar las normas generales y señalar los objetivos y criterios que debe
observar el gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos. En este orden, adujó que los consejos directivos de las
universidades o sus rectores no tienen competencia para regular las prestaciones
sociales de sus empleados.
4. Sostuvo que los docentes vinculados a las universidades estatales están regidos
en materia salarial por la Ley 4 de 1992, por expreso mandato del artículo 77 de la Ley
30 de 1992, y en materia de seguridad social por la Ley 100 de 1993. Así las cosas,
considera que con la expedición de los actos demandados se presentó una usurpación
de las competencias del legislador porque el subsidio de incapacidad por enfermedad
general otorgado por la demandada a sus empleados es una remuneración, beneficio o
subsidio extralegal con cargo al presupuesto de la UTP.
5. En relación con la causal de nulidad de violación de las normas superiores, el
demandante afirmó que las disposiciones controvertidas desconocieron el artículo 42 del
Estatuto de Presupuesto de la UTP (Acuerdo 22 del 2 de noviembre de 2004), cuyo tenor
literal es el siguiente:
ARTÍCULO 42. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social
no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones,
sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o
estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores
públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. Los
3
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Demandante: Herney de Jesús Ortiz Moncada
programas de capacitación y bienestar social, que autoricen las disposiciones
legales, incluirán los apoyos necesarios para llevarlos a cabo.
6. En criterio del demandante, el beneficio Pro-Salud creado y regulado por las
disposiciones controvertidas es un subsidio extralegal expresamente prohibido por el
Estatuto de Presupuesto de la universidad demandada.
Contestación de la demanda
7. La UTP se opuso a las pretensiones de la demanda porque consideró que las
disposiciones normativas demandadas fueron expedidas al amparo del principio de
autonomía universitaria, garantía establecida en el artículo 69 de la Constitución Política
de 1991 y en la Ley 30 de 1992. Sostuvo que en virtud de este principio las universidades
pueden darse sus propios estatutos y establecer las condiciones de bienestar para la
comunidad académica.
8. En ese sentido, afirmó que si bien es cierto el régimen salarial y prestacional de
los empleados es competencia concurrente entre el legislador y el gobierno Nacional, el
subsidio económico que se demanda solo es un complemento o apoyo económico
adicional al riesgo de salud regulado por la Ley 100 de 1993. Por ende, alegó que el
subsidio por incapacidad médica no tiene la naturaleza de prestación social, sino que es
un complemento propio de bienestar universitario.
9. Así las cosas, el ente universitario alegó tener competencia para regular los
asuntos relacionados con el bienestar universitario de la comunidad académica, lo que
en su criterio incluye las ayudas o subsidios complementarios a los pagos del sistema de
seguridad social.
Trámite en única instancia
10. Mediante auto del 2 de junio de 2022 se dispuso el trámite de sentencia anticipada,
en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la concurrencia de las causales
previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de dicha disposición. Para el efecto, se
resolvió sobre el decreto de pruebas y se fijó el litigio.
11. Posteriormente, en auto del 31 de agosto de 2023, se negó la solicitud de nulidad
presentada por el sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia
(SINTRAUNICOL). Luego, en decisión del 12 de septiembre de 2024, se corrió traslado
a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
Alegatos de conclusión
12. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
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13. De conformidad con los cargos formulados por el demandante, los argumentos de
defensa expuestos por la entidad accionada y el auto que fijó el litigio, los problemas
jurídicos que la Sala deberá resolver son los siguientes:
• Las disposiciones normativas controvertidas deben declararse nulas porque la
entidad universitaria demandada no tenía competencia para regular el régimen de
la seguridad social de sus empleados. Para disipar el problema planteado se
deberá determinar la naturaleza jurídica del subsidio por incapacidad creado y
regulado en las normas demandadas, es decir, se deberá establecer si es una
prestación propia de la seguridad social.
• Las disposiciones normativas demandadas desconocieron el artículo 42 del
Estatuto de Presupuesto de la UTP que prohíbe que mediante las políticas de
bienestar universitario se establezcan o incrementen los salarios, bonificaciones,
sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o
estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los
servidores públicos.
Análisis de los problemas jurídicos
14. La Sala accederá a las pretensiones de la demanda y declarará la nulidad de las
disposiciones normativas demandadas porque la UTP no tenía competencia para regular
asuntos relacionados con la seguridad social en salud, cuestión que por expreso mandato
constitucional le corresponde al legislador.
La competencia como presupuesto de validez del acto administrativo
15. La competencia es una de las manifestaciones del principio de legalidad y, a su
vez, una limitación al ejercicio del poder como consecuencia del sometimiento del Estado
al derecho. Según este concepto, establecido en los artículos 6, 121 y 123 de la
Constitución Política de 1991, mientras que los particulares pueden hacer todo lo que
expresamente no les está prohibido, la Administración solo puede hacer aquello que le
es permitido por el ordenamiento.
16. En ese orden, para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otros,
que a la autoridad de quien emana, le haya sido atribuida vía constitucional, legal o
reglamentaria la facultad de tomar dicha decisión4. Así, la competencia administrativa se
determina a partir de la identificación de los deberes, responsabilidades, obligaciones y
facultades que el ordenamiento jurídico asignó a los servidores y a los particulares que
ejercen funciones públicas. Esto supone verificar las normas vigentes al momento de
ejercer la labor administrativa para determinar si se cuenta con competencia para realizar
esa función.
17. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la competencia permite que las
decisiones de la Administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto
4
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencias del 2 de julio de 2020. Exp. 11001-03-
25-000-2017-00032-00 (0098-17) y del 14 de octubre de 2021. Exp. 11001032500020180030200 (1046-
2018). C.P. Wiiliam Hernández Gómez.
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administrativo estará viciado de nulidad cuando se profiere por un sujeto sin una
competencia atribuida por el ordenamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
137 del CPACA.
La autonomía universitaria y la determinación del régimen de seguridad social
18. El artículo 69 de la Constitución Política estableció el principio de autonomía
universitaria de la siguiente manera:
Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.
El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y
ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las
personas aptas a la educación superior.
19. De acuerdo con la disposición citada, las universidades son independientes y
pueden decidir en virtud de esa autonomía quiénes serán sus autoridades y establecer
sus propios estatutos. La autonomía que trata el artículo 69 constitucional tiene como
finalidad garantizar que la enseñanza que se imparta en dichos centros educativos sea
libre y esté alejada de cualquier tipo de intervención del poder político en todos sus
ámbitos: ideológico, administrativo o financiero5. La consagración de la autonomía
universitaria responde a la necesidad de preservar un espacio institucional libre de
injerencias externas que garantice el desarrollo pleno de la función educativa,
investigativa y crítica propia de las instituciones de educación superior.
20. En efecto, dicha autonomía constituye un presupuesto para la vigencia efectiva de
libertades fundamentales como la libertad de enseñanza, de cátedra y de investigación,
en tanto permite que las universidades definan sus orientaciones académicas y científicas
sin sujeción a presiones políticas, ideológicas o administrativas que puedan distorsionar
su misión. Asimismo, este principio resulta esencial para asegurar la producción de
conocimiento independiente, el debate plural y la formación de ciudadanos en un entorno
de pensamiento libre, lo cual redunda en el fortalecimiento del Estado social de derecho.
21. Lo anterior no significa que las universidades no estén sometidas al imperio de la
ley, ya que, aunque entes autónomos, al pertenecer a un Estado de Derecho se rigen por
el régimen constitucional y legal establecido para ellas6. En ese sentido, la autonomía no
es absoluta y el legislador puede determinar límites a esa libertad a través de la ley,
siempre que esto no signifique una interferencia en el tipo y métodos de enseñanza y los
temas objeto de investigación científica7.
5 Corte Constitucional, sentencia T-492 de 1992.
6 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 26 de marzo de 2014, expediente
11001-03-06-000-2014-00026 00.
7 Corte Constitucional, sentencia C-220 de 1997.
6
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22. El legislador expidió la Ley 30 de 1992 con el objeto de establecer el marco legal
de las universidades estatales y en cuanto a la autonomía universitaria dispuso lo
siguiente:
Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia
y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y
modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear,
organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores
formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y de su función institucional.
Artículo 29. La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de
las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de
acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos:
a) Darse y modificar sus estatutos.
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los
correspondientes títulos.
d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales
y de extensión.
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos.
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función
institucional.
23. A su vez, el artículo 57 de la referida ley definió que las universidades deben
organizarse como entes autónomos que gozan de personería jurídica, autonomía
administrativa, académica, financiera, patrimonio independiente y tienen la facultad de
elaborar su presupuesto. Igualmente, la norma señaló que «[e]l carácter especial del
régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá la organización y
elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las
universidades estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y
control fiscal y su propia seguridad social en salud».
24. Del anterior recuento normativo se puede advertir que ni la Constitución Política ni
la ley otorgaron a las universidades la posibilidad de fijar su régimen salarial, prestacional
o las prestaciones sociales de sus empleados.8 En esa medida, sus servidores están
regidos por las normas que regulan esas materias para los demás funcionarios del
Estado.
25. En este orden, de conformidad con los literales e) y f) del numeral 19 del artículo
150 de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República hacer las leyes
por medio de las cuales dicta normas generales y señala en ellas los objetivos y criterios
8 En ese sentido se pueden consultar las siguientes providencias: i) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 6 de marzo de 2008,
expediente 70001-23-31-000-2000-00118-01(5624-03), M.P., Bertha Lucia Ramírez de Páez; ii) Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 31 de
mayo de 2018, expediente 68001-23-33-000-2014-00329-01(4655-15), M.P., Sandra Lisset Ibarra Vélez; y
iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
providencia del 25 de abril de 2019, expediente 08001-23-33-000-2015-00026-01(2108-16), M.P., César
Palomino Cortés.
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a los cuales debe sujetarse el Gobierno para, entre otros efectos, fijar el régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos. A su vez, el artículo 48 de la Carta Superior
establece que la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará en los términos que establezca la ley.
26. En virtud de lo anterior, la Carta Política reservó al legislador la competencia de
establecer los elementos propios del régimen salarial y de la seguridad social de los
empleados y trabajadores del país. En consonancia con lo anterior, el artículo 10 de la
Ley 4 de 19929 prohíbe a las entidades públicas arrogarse la facultad de fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados vinculados a las respectivas entidades.
27. Por otra parte, la Ley 100 de 1993 definió el sistema de seguridad social integral
como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que disponen las
personas y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento
progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para
proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que
menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional.
28. Dicho sistema se encaminó a asegurar los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez
y muerte a los que se encuentran expuestas las personas. Sobre la seguridad social, el
Consejo de Estado ha señalado:
Ahora bien, las prestaciones sociales a diferencia del salario, han sido establecidas por
el legislador para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador originadas a lo largo de
la relación laboral que no retribuyen directamente el servicio prestado. Estas pueden
estar representadas en dinero, servicios u otros beneficios con los cuales se busca
amparar las contingencias a que suele verse sometida la persona que labora al servicio
de un empleador10.
29. Según lo establecido en la Ley 100 de 1993, el riesgo de enfermedad de los
servidores públicos y trabajadores privados pasó a ser asumido de manera universal y
obligatoria por el Sistema de Seguridad Social Integral con el objetivo de garantizar el
acceso efectivo, universal y progresivo al servicio público esencial de salud, orientado a
la protección del derecho fundamental a la salud, bajo los principios de eficiencia,
universalidad, solidaridad, integralidad y sostenibilidad.
30. En consecuencia, las prestaciones derivadas de la contingencia de la enfermedad
se encuentran actualmente cubiertas por este régimen, a través de un plan de beneficios
en salud establecido por las Leyes 100 de 1993 y 1751 de 2015. Este plan cubre los
servicios de promoción y prevención, la atención médica integral, el diagnóstico, el
tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos, la salud mental y otras cuestiones
económicas como las incapacidades médicas.
9 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales
y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales
e) y f) de la Constitución Política».
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2014, radicado
05001-23-31-000-2004-05402-01 (2085-2010).
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31. En ese contexto, al estar plenamente cubierto el riesgo de la enfermedad por el
Sistema de Seguridad Social, las entidades públicas no tienen competencia para
modificar, disminuir o ampliar el marco de protección de este régimen. Por lo tanto, no
pueden establecer pagos adicionales por incapacidad médica, diferentes a los
reconocidos por el legislador. Así las cosas, con las disposiciones demandadas la UTP
reguló un asunto previamente definido por el legislador como el pago por las
incapacidades médicas.
32. En ese sentido, no puede invocarse el principio de autonomía universitaria para
justificar la creación de beneficios adicionales en materia de seguridad social en salud,
pues, como se explicó, dicha autonomía se circunscribe a los ámbitos académico,
administrativo y financiero, sin extenderse a la regulación de prestaciones que hacen
parte de un sistema de cobertura universal definido por el Congreso de la República.
Admitir lo contrario implicaría desconocer la reserva legal en esta materia y permitir la
fragmentación de un régimen que, por mandato constitucional, debe ser uniforme y de
aplicación general para todos los habitantes del territorio nacional.
33. En definitiva, cualquier disposición que pretenda reconocer prestaciones
económicas adicionales derivadas de contingencias cubiertas por el Sistema de
Seguridad Social en Salud, como la enfermedad y las incapacidades médicas, no solo
desconoce el marco normativo que rige la materia, sino que comporta una extralimitación
de la competencia de la entidad que la expide. En consecuencia, tales previsiones
resultan contrarias al ordenamiento jurídico y carecen de validez, en la medida en que
invaden una órbita de regulación que ha sido atribuida de manera exclusiva al legislador
y al Gobierno nacional.
34. Así las cosas, como se declarará la nulidad de las disposiciones normativas
demandadas porque está plenamente acreditado que la entidad demandada no tenía
competencia para establecer un plan de beneficios económico adicional para proteger a
sus servidores en caso de incapacidad médica, la Sala se abstendrá de estudiar el
segundo cargo relativo al desconocimiento del artículo 42 del Estatuto de Presupuesto
de la UTP.
Condena en costas
35. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma no significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia. La pretensión del legislador fue instar la condena en
costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente
en asuntos de interés público; creando así una excepción a la regla general, según la
cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
36. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no
habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario cuando la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma hace referencia
9
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a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular al abordar asuntos de
provecho general o común que pueden ser promovidos por cualquier persona y no
persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en favor de un sujeto determinado.
37. En el caso concreto, se tiene que la acción fue incoada en ejercicio del medio de
control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general al abordar asuntos
de interés común que pueden ser promovidos por cualquier persona y no persigue el
reconocimiento de derecho subjetivo alguno. Adicionalmente, no se advierte que la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal, toda vez que se accederá
a las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. Declarar la nulidad de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 de la Resolución 368
del 21 de febrero de 2012, el parágrafo del artículo 5 del Acuerdo 13 del 8 de mayo de
2019 y los acápites 7.2.1 y 8 – párrafo segundo – del Plan de Bienestar Social Laboral
de la Universidad Tecnológica de Pereira.
SEGUNDO. No condenar en costas en el presente proceso.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, realizar las
anotaciones correspondientes y archivar el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
10
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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