Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04790-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04790-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04790-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
20 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C, 20 de febrero de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04790-01
Demandante: María Victoria Girón Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la sentencia mediante la cual se revocó
la decisión de primera instancia que declaró la nulidad del acto administrativo
demandado y ordenó el reconocimiento y pago de los puntos salariales por años de
servicio, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, tras inaplicar por inconstitucionales los acuerdos colectivos
de trabajo que reconocían tal pago.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia proferida
el 4 de octubre de 2022 por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud
de amparo.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 5 de septiembre de 20222, María Victoria Girón Gutiérrez, por
conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso
y acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados
con ocasión de la Sentencia de 3 de marzo de 2022, proferida por la
autoridad judicial demandada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 54001-33-33-005-2013-00786-01.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Cabe precisar que el accionante radicó la tutela el 2 de septiembre de 2022 a las 5:06 pm, es decir, por fuera
del horario laboral, de manera que, en lo sucesivo, se entenderá como fecha de presentación el día siguiente
hábil, a saber, el 5 de septiembre de 2022.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04790-01
Demandante: María Victoria Girón Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma - improcedencia
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERA: que se tutelen los derechos fundamentales de mi poderdante
MARIA VICTORIA GIRON GUTIERREZ a la igualdad, al debido proceso, y al
acceso a la administración de justicia.
SEGUNDA: Se ordene dejar sin efectos las providencias de fecha 03 de marzo
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del
proceso de Nulidad y restablecimiento del derecho de radicado No.
54001333300520130078600, promovido por la señora MARIA VICTORIA GIRON
GUTIERREZ contra Universidad Francisco de Paula Santander.
TERCERA: que se ordene a la entidad accionada Proferir un nuevo fallo en el
que tenga en cuenta los fundamentos expuestos en la demanda, en los
alegatos y en esta acción, y en efecto se confirme la sentencia de primera
instancia.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El 1 de marzo de 1976, María Victoria Girón Gutiérrez fue vinculada
a la Universidad Francisco de Paula Santander, en el cargo de auxiliar
administrativa grado 10.
5. 2) El 9 de noviembre de 2001, la Universidad Francisco de Paula
Santander y la Organización Sindical SINTRAUNICOL suscribieron el Acuerdo
Colectivo de Trabajo No. 64, cuyo artículo 18 regló el reconocimiento de
puntos salariales por año de servicio3, disposición que fue ratificada en el
artículo 4 del Acuerdo No. 49 de 19 de julio de 2005.
6. 3) El 21 de junio de 2011, la señora Girón Gutiérrez reclamó la
liquidación y pago retroactivo de los puntos por año de servicio
correspondientes a los años 2007, 2008, 2009 y 2010, pero la universidad
guardó silencio.
7. 4) Por lo anterior, el 18 de diciembre de 2013, la señora Girón Gutiérrez
presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del
acto administrativo presunto y, en consecuencia, se ordenara el
reconocimiento y pago de los puntos reclamados por servicios
universitarios.
3 “Artículo 18. RECONOCIMIENTO DE PUNTOS POR AÑO DE SERVICIO. A partir de la vigencia del presente acuerdo
colectivo de trabajo, la Universidad Francisco de Paula Santander, reconocerá un incremento anual por servicios
universitarios que se sumará al salario básico correspondiente al cargo que desempeñe, para el personal
administrativo (diferente al personal docente) vinculado a la universidad así: treinta y cinco puntos (35) puntos
por cada año cumplido de servicio para el personal administrativo no profesional; sesenta (60) puntos por cada
año de servicio para el personal administrativo con título de tecnólogo y cien (100) puntos por cada año de
servicio cumplido para el personal administrativo con título profesional. (…)”
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Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma - improcedencia
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8. 5) El 17 de septiembre de 2018, el Juzgado 5 Administrativo de Cúcuta
accedió a las pretensiones de la demanda4. Decisión contra la cual, la
institución universitaria formuló recurso de apelación.
9. 6) Mediante Sentencia de 3 de marzo de 2022, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander revocó la decisión apelada y, en su
lugar, negó las pretensiones, al considerar que los Acuerdos No. 64 y 49
debían ser inaplicados por inconstitucionales, ya que (se trascribe) “la
Universidad Francisco de Paula Santander se extralimitó en su
competencia al reconocer beneficios salariales a sus empleados públicos,
comoquiera que dicha competencia la atribuyó en forma exclusiva la
Constitución de 1991 al Legislador y al Gobierno Nacional en forma
concurrente”. Adicionalmente, precisó que no era posible hacer extensivos
los beneficios de las convenciones colectivas a los empleados públicos.
10. Para la parte actora, el fundamento de la vulneración radicó en que
la decisión cuestionada vulneró sus derechos fundamentales porque el
tribunal demandado no se pronunció sobre la vigencia de los Acuerdos
No. 64 de 2001 y No. 49 de 2005 y resolvió inaplicarlos cuando, ni siquiera
habían sido revocados por la universidad ni por la autoridad competente.
Además, porque negó sus pretensiones pese a que en otros procesos
adelantados por empleados de la universidad no lo hizo, para el efecto,
citó las sentencias que profirió en los procesos con radicado No. 54001-33-
31-0002-2012-00079-01, demandante: Gredytais Garcerant Fuentes y No.
54001-33-31-704-2012-00102-01, demandante: Nory Elvira Cáceres Rubio.
11. Alegó un defecto sustantivo por la interpretación errónea de los
artículos 28, 29 y 57 de la Ley 30 de 1992 y el artículo 150, numeral 19, literal
e) de la Constitución Política que, según indicó, establecían la autonomía
universitaria de arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional, de manera que era procedente
el reconocimiento de los puntos por año de servicios.
12. Refirió que el marco normativo en el que se basó el tribunal fue
expedido con posterioridad a la fecha en la que la señora Girón Gutiérrez
4 El juzgado resolvió (se trascribe) “PRIMERO: (…) Decrétese la nulidad del acto ficto o presunto negativo
derivado de la petición presentada el 21 de junio de 2011, ante la Universidad Francisco de Paula Santander, en
cuanto negó el reconocimiento y pago de los puntos por servicios universitarios a la señora MARÍA VICTORIA
GIRÓN GUTIÉRREZ. SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, Condénese a la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER a que: (A) Efectué la reliquidación de
los sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás prestaciones que fueron pagados a la señora MARÍA
VICTORIA GIRÓN GUTIÉRREZ, incluyendo en la base de liquidación los 60 puntos por año de servicios universitarios,
a partir del 21 de junio de 2008, inclusive. Facúltese a la Universidad Francisco de Paula Santander para que
realice los descuentos por los aportes de las mayores sumas que resulten en cumplimiento del presente fallo, si
hubiere lugar a ello. (B) Cancele a la señora MARÍA VICTORIA GIRÓN GUTIÉRREZ (…), las diferencias que existan
entre las sumas canceladas y los valores que arroje la liquidación (…). TERCERO: Declárese probada la
excepción de prescripción de las diferencias adeudadas dentro del período comprendido entre el año 2007 y el
20 de junio de 2008(…)”.
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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma - improcedencia
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adquirió su derecho, a saber, antes de la Constitución de 1991 y de la Ley 4
de 1992, ya que los puntos fueron otorgados mediante Acuerdo No. 38 de
1984, con retroactividad desde el 1 de enero de 1980, lo cuales fueron
prorrogados a través de los Acuerdos No. 64 de 2001 y No. 49 de 2005,
cuya vigencia era indefinida, de manera que, como no establecían fecha
de terminación y no habían sido revocados por parte de la universidad u
otra autoridad competente, resultaban de obligatorio cumplimiento y
constituían derechos adquiridos (artículo 5 de la Ley 1919 de 2002).
13. Por otra parte, refirió que el tribunal tenía razón en que los beneficios
colectivos no eran aplicables a los empleados públicos, pero que, en su
caso, los puntos por años de servicios estaban estipulados en un acuerdo y
no en una convención colectiva.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
14. Mediante Sentencia de 4 de octubre de 2022, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado determinó que no se satisficieron
los requisitos de relevancia constitucional e identificación razonable de los
hechos que supuestamente generaron la vulneración alegada y, en
consecuencia, declaró improcedente la acción de tutela.
15. El fundamento de la decisión anterior radicó en que (se trascribe) “la
parte accionante se limita, de manera muy puntual en insistir en
argumentos de legalidad propuestos en la demanda y en los alegatos de
conclusión, sin hacer apreciación alguna de cara a las consideraciones
expuestas en la decisión que acusa, es decir, únicamente, deja ver su
desacuerdo con lo resuelto, sin explicar, ni siquiera de forma sumaria, las
razones de hecho o de derecho que soporten su decir”.
16. Sostuvo que el reparo de que el tribunal, en oportunidades
anteriores, decidió asuntos similares de forma favorable, había sido objeto
de pronunciamiento en la decisión enjuiciada, en el sentido que se acogió
la tesis de que el principio de autonomía universitaria no era absoluto y, por
ende, debían sujetarse a las normas que reglan lo relacionado con el
régimen laboral y prestacional de los empleados públicos. Así, concluyó
que adoptar, de manera motivada, una postura diferente no implicaba el
desconocimiento de derechos fundamentales.
17. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó su
revocatoria. En su escrito cuestionó el hecho de que el juez de tutela de
primera instancia hubiera considerado que no existía relevancia
constitucional. Al respecto, precisó que tal requisito se acreditaba por la
violación al derecho de igualdad de la señora Girón Gutiérrez, habida
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cuenta de que sus derechos fueron negados y, en cambio, los de otros
empleados de la Universidad Francisco de Paula Santander, quienes,
igualmente, solicitaron el reconocimiento y pago de los puntos por año de
servicio, sí fueron concedidos. Además, reiteró que los acuerdos que
otorgaron dichos puntos no habían sido revocados, hecho sobre el cual no
se pronunció el juez de alzada.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
2.2. Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial5
18. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, por falta
de relevancia constitucional, toda vez que logró advertir, como lo hizo en
su momento la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que la parte demandante pretendió obtener que su controversia
sea sometida a una nueva instancia.
19. De conformidad con la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez
[de tutela] no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”6.
20. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para
el juez de tutela7; que la solicitud de amparo no se presente con objeto de
obtener una nueva instancia8; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad9.
5 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-066 de 2019.
6 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
7 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El
primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el
asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
8 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia
procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
9 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
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21. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional10.
22. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que el
accionante (1) no cumplió con la carga argumentativa necesaria para
determinar los motivos por los cuáles este asunto tenía trascendencia
constitucional y (2) pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre
la aplicación de los acuerdos colectivos de trabajo producto del proceso
de negociación entre la Universidad Francisco de Paula Santander y el
Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia –
SINTRAUNICOL, la interpretación de normas (Constitución Política y Ley 30
de 1992) y la inobservancia de sentencias que la autoridad judicial
demandada profirió en los procesos con radicado No. 54001-33-31-0002-
2012-00079-01 y No. 54001-33-31-704-2012-00102-01, en perjuicio del
derecho a la igualdad. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se
estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir, utilizarla como una
instancia adicional.
23. Lo anterior obedece a que, si bien, la parte actora indicó en el
escrito de tutela11 que la cuestión discutida era de relevancia
constitucional, en razón a que (se trascribe) “el pago de los puntos por año
de servicio universitario (…) son derechos adquiridos de la actora, y los
mismos han sido reconocidos a otros empleados de la Universidad”, y,
luego, en la impugnación12, afirmó que tal requisito se acreditaba por estar
ante la violación del derecho a la igualdad de la señora Girón Gutiérrez,
ya que (se trascribe) “los derechos que le fueron negados a la accionante
le fueron otorgados y/o reconocidos a otros empleados de la Universidad
Francisco de Paula Santander, donde los casos eran muy similares”, lo
cierto es que tal argumento no resulta suficiente para explicar por qué es
necesaria la intervención del juez de tutela, más allá de la vulneración
referida.
24. Además, aunque la parte accionante encuadró sus reparos en un
defecto sustantivo y en la presunta violación del derecho a la igualdad, la
Sala considera que, tal como lo advirtió en su momento el juez
constitucional de primera instancia, los reparos contenidos en el escrito de
tutela se presentan, en efecto, como una reiteración de lo que ya había
10 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
11 Tal como consta en la página 11 del escrito de tutela que obra en SAMAI, en el índice 2 del proceso de la
referencia.
12 Tal como consta en la página 1 del escrito de tutela que obra en SAMAI, en el índice 18 del proceso de la
referencia.
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sido expuesto tanto en la demanda13 como al descorrer traslado de las
excepciones14 y al presentar los alegatos de conclusión15 del proceso
13 En la demanda, la parte actora argumentó (se trascribe): (…) la autoridad nominadora no sujetó sus
atribuciones a los cánones supralegales, al suspender unos pagos de unos puntos por servicios universitarios que
habían entrado al patrimonio del trabajador vulnerando los derechos adquiridos como derecho fundamental.
(…) Teniendo en cuenta el pronunciamiento del Consejo de Estado, a mis mandantes les asiste derecho a
reclamar los puntos por servicios contemplados en el acuerdo 064 de 2021 por cuanto este tiene vigencia y no
ha sido declarado nulo por autoridad administrativa competente.” Folio 7 y 8 del expediente del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 54001-33-33-005-2013-00786-00.
14 “En cuanto a la inexistencia de la nulidad del acto administrativo. Esta excepción no es aplicable al presente
caso, teniendo en cuenta que el decreto 1919 del año 2002, no le daba facultades a las autoridades
administrativas para que vulneraran derechos adquiridos, es más, esta misma norma respeta tales derechos tal y
como se dispuso en su artículo 5° (…). Como quiera que los puntos por años de servicios universitarios fueron
reconocidos con un acuerdo que tenía vigencia antes de entrar a regir el decreto 1919, y sus valores habían
ingresado al patrimonio del trabajador, estos no podían ser afectados de forma directa por el empleador, sino
que debieron hacer [era demandar] su propio acto para dejarlo sin ningún efecto jurídico, situación que no ha
ocurrido en el presente caso”. Folio 124 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 54001-33-33-005-2013-00786-00.
15 En los alegatos de primera instancia, la parte actora argumentó (se trascribe):” Tal y como se manifestó en los
hechos de la demanda, el Acuerdo No. 064 del 9 de noviembre de 2001, "por el cual se reconoce el Acuerdo
Colectivo de Trabajo suscrito entre la Universidad Francisco de Paula Santander y el Sindicato de Trabajadores y
Empleados Universitarios de Colombia "SINTRAUNICOL, Seccional Cúcuta", expedido por el Consejo Superior de la
Universidad Francisco de Paula Santander, se encuentra vigente, igualmente está ratificado por el acuerdo 049
de 2005, cuya vigencia es indefinida por cuanto no se especificó fecha de terminación. Estos acuerdos no han
sido revocado por parte de la universidad, ni por otra autoridad competente, por lo tanto, mientras no sea
revocado es de obligatorio cumplimiento, constituyen derechos adquiridos y en consecuencia no deben ser
desconocidos por la Universidad Francisco de Paula Santander.(…) Por lo anteriormente expuesto, estamos
frente a un derecho adquirido por mi poderdante, ya que, como se ha reiterado, los puntos por año de servicios
vienen siendo reconocidos mediante el acuerdo 038 de 1984, con retroactividad desde 1980, como lo establece
el mismo acuerdo y fueron prorrogables en el tiempo, como se observa en las resoluciones antes mencionadas,
por lo tanto este derecho no puede ser afectado, como también lo menciona el decreto 1919 de 2002: (…). Respecto a la excepción propuesta como inexistencia del acto administrativo presunto, me permito manifestar
que la Universidad Francisco de Paula Santander es un ente autónomo que puede (…) ‘establecer, arbitrar y
aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de función institucional (…) conforme a la Ley 30
de 1992, la cual consagra en su artículo 28, 29 y 57: (…). Los puntos por años de servicios que aquí se pretenden
están estipulados en un acuerdo (acuerdo 064 de 2001 y acuerdo 049 de 2005) y no en una convención
colectiva, y como se mencionó anteriormente, estos fueron adquiridos mediante el acuerdo 038 de 1984, con
retroactividad desde 1980 y fueron prorrogados en el tiempo, ya que la ley no lo prohibía. De la misma manera,
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander ya se pronunció en un caso muy similar, donde resuelve
confirmar la sentencia del 27 de febrero de 2015, proferida dentro del proceso de radicado
54001333100220120007900 por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Cúcuta, la cual otorgaba los puntos por años de servicios y las demás pretensiones de la demanda. El Honorable
Tribunal confirma la sentencia basándose en la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la
Constitución Política y en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, y también refiere que la demandante, en este
caso GREDYTAIS GARCERANT FUENTES, tenía un derecho adquirido consagrado en el artículo 5 de la ley 1919 de
2002, ya que los puntos fueron reconocidos mediante el acuerdo 038 de 1984”. Folios 204 a 210 del del
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 54001-33-33-005-2013-00786-00. Además,
en los alegatos de segunda instancia, la parte demandante adujo (se trascribe) “Tal y como se manifestó en los
alegatos de primera Instancia, el Acuerdo No. 064 del 9 de noviembre de 2001, ‘por el cual se reconoce el
Acuerdo Colectivo de Trabajo suscrito entre la Universidad Francisco de Paula Santander y el Sindicato de
Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia "SINTRAUNICOL, Seccional Cúcuta"’, expedido por el
Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander, se encuentra vigente, igualmente está
ratificado por el acuerdo 049 de 2005, cuya vigencia es indefinida por cuanto no se especificó fecha de
terminación. Estos acuerdos no han sido revocados por parte de la universidad, ni por otra autoridad
competente, por lo tanto, mientras no sea revocado es de obligatorio cumplimiento, constituyen derechos
adquiridos y en consecuencia no deben ser desconocidos por la Universidad Francisco de Paula Santander.
La
parte demandante [en realidad es demandada] alega en el recurso de apelación que los empleados públicos
no pueden presentar pliego de peticiones ni adelantar convenciones colectivas, y tiene razón conforme a la
legislación colombiana; pero los puntos por años de servicios que aquí se pretenden están estipulados en un
acuerdo (acuerdo 064 de 2001 y acuerdo 049 de 2005) y no en una convención colectiva, y como se mencionó
anteriormente, estos fueron adquiridos mediante el acuerdo 038 de 1984, con retroactividad desde 1980 y fueron
prorrogados en el tiempo, ya que la ley no lo prohibía. Me permito manifestar que el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander ya se pronunció en un caso muy similar, donde resuelve confirmar la sentencia del 27 de
febrero de 2015, proferida dentro del proceso de radicado 54001333100220120007900 por el Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cúcuta, la cual otorgaba los puntos por años de
servicios y las demás pretensiones de la demanda. El Honorable Tribunal confirma la sentencia basándose en la
autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política y en los artículos 28 y 29 de la Ley
30 de 1992, y también refiere que la demandante, en este caso GREDYTAIS GARCERANT FUENTES, tenía un
derecho adquirido consagrado en el artículo 5 de la ley 1919 de 2002, ya que los puntos fueron reconocidos
mediante el acuerdo 038 de 1984; y recientemente también se pronunció mediante providencias de fecha 28
de febrero de 2019 dentro de los procesos de radicado 54001333170420120010200-01 y radicado
54001333170120120010200-01 de las demandantes GLADYS NUBIA BERDUGO Y NORY ELVIRA CACERES RUBIO
respectivamente, casos muy similares al que nos ocupa”. Folios 270 y 271 ibidem.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04790-01
Demandante: María Victoria Girón Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma - improcedencia
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ordinario, y como una mera discrepancia interpretativa con la decisión del
juez natural, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 54001-33-33-005-2013-00786-00/01.
25. Tales argumentos fueron abordados y resueltos por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, el cual, de cara a los cargos
planteados, revocó la sentencia apelada, tras concluir que (se trascribe):
“(…) se precisa por la Sala que, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado,
de la lectura del artículo 416 del Código Sustantivo de Trabajo se infiere que
no es posible hacer extensivos los beneficios de las convenciones colectivas a
los empleados públicos, (…) por lo que los acuerdos con los cuales se
fundamentó la demanda al haber sido expedidos con ocasión de una
convención colectiva suscrito con el Sindicato de Trabajadores y Empleados
Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL, tampoco le era aplicable a la
señora María Victoria Girón Gutiérrez.
Finalmente, señala la Sala que en anteriores casos similares al presente, se
había confirmado el reconocimiento de los puntos por año de servicio, sin
embargo, en esta oportunidad esta Sala de Oralidad acoge la tesis adoptada
recientemente por esta Corporación16, en la que para casos similares al
presente, se ha señalado que el principio de autonomía universitaria no es
absoluto y, por tanto, las universidades están en la obligación de sujetarse a
las normas que regulan lo relacionado con el régimen laboral y prestacional
de los empleados públicos.
La Sección Segunda en providencia del 22 de abril de 2021 proferida dentro
del Radicado número: 11001-03-25-000-2019-00894-00(6439-19), con ponencia
del Consejero Rafael Francisco Suárez Vargas, ratificó el aludido precedente
[Sentencia de 7 de noviembre de 019, radicación No. 08001-23-31-000-2006-
02657-03 (0859-16] recordando que el legislador impuso, en el régimen
especial que expidió para las universidades públicas, sin distinción alguna, un
límite a su libertad de acción, a su autonomía, en materia salarial y
prestacional, que hace que el régimen de sus docentes en esas materias le
corresponda fijarlo al gobiemo nacional, conforme lo siguiente:
‘(…) resulta importante precisar que el principio de autonomía universitaria,
previsto en el artículo 69 de la Constitución política y desarrollado en los
artículo 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, no faculta a los órganos directivos de las
universidades públicas para diseñar o establecer su propio régimen
prestacional, puesto que tal competencia radica, de manera compartida, en
el Congreso de la República y el gobierno nacional, en los términos del artículo
150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política; y en cumplimiento de
dicha función, el artículo 77 de la Ley 30 de 1992(…)’.
(…)
Pese a que la anterior norma se refirió al régimen salarial y prestacional de los
profesores, y no al del cuerpo administrativo, ha de entenderse que se hace
extensiva esta normativa a los segundos, pues así se precisó por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 19 de abril de 2007,
radicado 444-2005.
(…)
Así las cosas, esta Sala estima que tales Acuerdos [No. 64 de 9 de noviembre
de 2001 y No. 49 de 19 de julio de 2005] deben inaplicarse por
inconstitucionales, ya que el Consejo Superior de la Universidad Francisco de
Paula Santander, carecía de competencia para proceder a reconocer
beneficios salariales a sus empleados públicos, pues la autonomía de que
16 Sentencia del 11 de noviembre de 2021, proferida por la Sala de oralidad No. 01, dentro del proceso radicado
540013333004-2013-00873-01, actor Doris Rocío Uribe Díaz, demandado la Universidad Francisco de Paula
Santander.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04790-01
Demandante: María Victoria Girón Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma - improcedencia
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están revestidas las instituciones universitarias, no incluye la potestad para los
Consejos Superiores de tales entes, para fijar el régimen salarial y prestacional
de sus empleados o trabajadores. (…), por lo que se reitera que en el caso sub
examine al inaplicarse los referidos Acuerdos, el derecho que reclama la
demandante se queda sin sustento jurídico alguno, por lo cual lo procedente
es negar las súplicas de la demandada.17”
26. En virtud de lo anterior, debe señalarse que se comparte la
determinación de la primera instancia de declarar improcedente la tutela,
ya que la parte actora no sustentó ni tampoco se evidenció la necesidad
de la intervención del juez de tutela. Al contrario, la Sala advierte que, la
parte accionante pretende reabrir la discusión sobre el reconocimiento y
pago de puntos salariales por año de servicio, pese a que ya fue objeto de
pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, el cual, de manera motivada, reconoció que en casos
anteriores sí había accedido a las pretensiones relacionadas con dicho
tema, pero que ahora acogía la tesis consistente en que la autonomía
universitaria no era absoluta y, por tanto, las universidades estaban en la
obligación de sujetarse a las normas que regulan lo relacionado con el
régimen laboral y prestacional de los empleados públicos, tesis que lo
conllevó a inaplicar por inconstitucionales los acuerdos demandados. En
consecuencia, no se avizora la trasgresión de los derechos invocados y no
hay lugar a analizar nuevamente la controversia, pues eso sería someterla
a una instancia adicional.
27. En ese orden, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por
qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una
tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional18.
2.2. Conclusión
28. La Sala confirmará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, por no superarse el requisito de
relevancia constitucional.
17 Folio 392 a 397 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 54001-33-33-005-
2013-00786-01.
18 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04790-01
Demandante: María Victoria Girón Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma - improcedencia
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de tutela proferida el 4 de octubre
de 2022, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela
presentada por María Victoria Girón Gutiérrez.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19.
TERCERO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
19 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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