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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00026-01

Régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las universidades oficiales: aplicación del régimen de los…

Fecha
25 de abril de 2019
Consejero ponente
César Palomino Cortés
Citada por
16 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00026-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- REVOCÁSE la sentencia proferida el veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015) proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, que accedió a las súplicas de la demanda promovida por el señor GUSTAVO ADOLFO LINERO REDONDO en contra de la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, con excepción al numeral primero (1). En su lugar, se dispone: SEGUNDO.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2015-00026-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

25 de abril de 2019

RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS UNIVERSIDADES OFICIALES – Aplicación del régimen de los empleados públicos del orden nacional / PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES OFICIALES – Improcedencia / BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN PARA LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES OFICIALES – Improcedencia

Es posible concluir que los servidores vinculados a los entes universitarios autónomos se encuentran sujetos a la regulación general que para efectos salariales y prestacionales, expida el Gobierno Nacional, en el marco de la competencia concurrente que comparte con el Congreso de la República, en atención a lo dispuesto por el artículo 150 de la Constitución Política. (…). La Sala estima que el actor, en su condición de docente de la Universidad del Atlántico, no tiene derecho a continuar recibiendo el pago de la prima de antigüedad que venía siendo reconocida por la institución hasta el mes de agosto de 2006, por cuanto desde la fecha en que fue creado este beneficio salarial para los docentes de la universidad, ninguna de las disposiciones que la desarrollaron le permitían acceder a su reconocimiento. (…). Por otro lado, en lo referente a la bonificación por compensación, tampoco se puede reconocer, en cuanto esta fue concebida a través del Decreto 1758 de 1997, exclusivamente para los empleados y/o funcionarios del orden nacional, condición que no ostentó el señor Gerardo Adolfo Linero Redondo dada su vinculación con la Universidad del Atlántico.

NOTA DE RELATORÍA: En relación con el régimen salarial y prestacional de los servidores de las universidades oficiales, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 15 de abril de 1998, radicación: 1076, y Corte constitucional, sentencia C-173 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el alcance de la autonomía universitaria, ver: Corte constitucional, sentencia C-053 de 1998, M.P.: Fabio Morón Díaz. En relación con la inaplicación de convenciones colectivas de trabajo a los empleados públicos, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 29 de septiembre de 2011, radicación: 2434-10, C.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila.

FUENTE FORMAL: LEY 30 DE 1992 – ARTÍCULO 16 / LEY 30 DE 1992 – ARTÍCULO 57 / LEY 30 DE 1992 – ARTÍCULO 77 / DECRETO 1042 DE 1978 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 1042 DE 1978 – ARTÍCULO 49 / DECRETO 1758 DE 1997 – ARTÍCULO 2 / LEY 4 DE 1992 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 80 DE 1980 – ARTÍCULO 93

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 08001-23-33-000-2015-00026-01(2108-16)

Actor: GUSTAVO ADOLFO LINERO REDONDO

Demandado: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Prima de Antigüedad y Bonificación por
Compensación
Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011

Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015), por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Atlántico, accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

I. ANTECEDENTES

Demanda

Gustavo Adolfo Linero Redondo, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad del Oficio R – 388 – 06 del 30 de agosto de 2006 proferido por la Rectora de la Universidad del Atlántico y dirigido al Vicerrector Administrativo y de Servicios, a través del cual ordena excluir de la nómina, el pago de la bonificación por compensación para todos los funcionarios de la institución y el de la prima de antigüedad, únicamente para los empleados públicos, administrativos y docentes de la Universidad. Así mismo pretende la nulidad del Oficio VAYS – 0449 del 31 de agosto de 2006, a través del cual el Vicerrector Administrativo y de Servicios de la Universidad remite copia del acto administrativo R-388-06 a la Directora de Recursos Humanos, para que dé cumplimiento inmediato a la instrucción allí contenida.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a reconocer, liquidar y pagar la prima de antigüedad y la bonificación por compensación desde el 1 de septiembre de 2006, fecha en que fueron excluidos de la nómina y hasta cuando se dé cumplimiento al fallo; que se realicen los reajustes y las diferencias salariales y prestacionales derivados de la relación laboral dejadas de cancelar como consecuencia de la exclusión de los mencionados emolumentos, dineros que deberán estar debidamente indexados; que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.; y se condene en costas a la entidad demandada.

Hechos

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda (ff. 1 – 10), en síntesis son los siguientes:

El demandante prestó sus servicios a la Universidad del Atlántico desde el 2 de agosto de 1976 (sic). Mediante el Acuerdo 005 de 1970, el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico expidió el Estatuto de Profesorado. Luego, a través del Acuerdo 003 de 1975 se estableció una prima de antigüedad equivalente al 5% del salario básico por cada año de servicio, prima que estuvo vigente hasta el mes de agosto de 2006, “fecha en que por vía de hecho y de manera arbitraria e ilegal le fue dejada de cancelar” junto con la bonificación por compensación, siendo estos derechos adquiridos por el demandante.

Afirmó que el Gobierno Nacional mediante la expedición del Decreto 1758 del 9 de junio de 1997, creó la bonificación por compensación con carácter permanente ý retroactivo a partir del enero de dicho año, concepto que junto con la prima de antigüedad venía percibiendo el demandante.

La Rectora de la Universidad del Atlántico a través del Oficio R – 388 – 06 del 30 de agosto de 2006 y dirigido al Vicerrector Administrativo ordenó la exclusión de la nómina de servidores administrativos y docentes de los valores por concepto de prima de antigüedad y bonificación por compensación, entre quienes se encontraba el demandante, por tratarse de beneficios convencionales.

Alegó que se le trasgredió el derecho de defensa y audiencia “al darle un carácter de acto no administrativo a dicho oficio al suspender definitivamente los factores salariales denominados Prima de Antigüedad y Bonificación por compensación (…) e impedir la posibilidad de que dicho acto fuese notificado personalmente, siendo este acto ilegal (…).”

Resaltó que la prima de antigüedad fue creada por el Consejo Superior del ente universitario mediante la expedición del Acuerdo 005 de septiembre 1970, modificado posteriormente por el Acuerdo 003 del 8 de julio de 1975.

Normas violadas

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:

Los artículos 25, 29 y 53 de la Constitución Política; Ley 100 de 1993; Acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico Nos. 005 de 1970 y 003 de 1975; Decreto 1758 de 1997.

Contestación de la demanda

La Universidad del Atlántico a través de apoderado judicial contestó la demanda en memorial visible a folios 59 a 70 del expediente, en el cual se opuso a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que la prima de antigüedad u la bonificación por compensación fue dispuesta por la Convención Colectiva de 1976 suscritas entre la organización sindical ASPU y SINTRAUA y el ente universitario, los cuales fueron transcritos por error en los estatutos de la universidad, por cuanto no le está atribuido a la Universidad del Atlántico reconocer derechos salariales y prestacionales distintos a los dispuestos por la ley.

Alegó que al demandante no le asiste el derecho a percibir dichos emolumentos por cuanto es un servidor público conforme lo establece el Decreto 3135 de 1968 y por cuanto el ente universitario le canceló al momento de la desvinculación todos los conceptos laborales causados hasta el momento de su declaratoria de insubsistencia.

Afirmó que la naturaleza del vínculo laboral de los empleados públicos de la Universidad del Atlántico, no son titulares ni beneficiarios de los derechos derivados de una convención colectiva.

Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, carencia de acción, prescripción, buena fe, caducidad de la acción y cobro de lo no debido.

Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2015 (ff. 136 – 150), se inhibió para emitir pronunciamiento de fondo con relación al oficio VAYS – 0449 – 06 del 31 de agosto de 2006, declaró la nulidad del Oficio Rectoral R – 388 – 06 del 30 de agosto de 2006 y como restablecimiento del derecho le ordenó a la Universidad del Atlántico a pagar al demandante los valores por concepto de prima de antigüedad y bonificación por compensación dejados de percibir desde el 13 de septiembre de 2008 y el 31 de octubre de 2009, ordenó reliquidar las prestaciones sociales y las cesantías del demandante teniendo en cuenta dichos conceptos y declaró la prescripción de los derechos anteriores al 13 de septiembre de 2008.

Consideró que el Oficio VAYS – 0449 – 06 del 31 de agosto de 2006 no constituye un acto administrativo definitivo, sino de ejecución, razón por la cual se escapa del conocimiento de la jurisdicción contenciosa, teniendo en cuenta que su finalidad es comunicar una decisión, motivo por el cual se inhibido de conocer del mismo.

Sentando lo anterior, procedió a referirse a la prima de antigüedad y la normatividad que la consagra, para establecer que desde el año 1970 la Universidad del Atlántico cancela a todos los empleados públicos docentes y de cerrera, una prima de antigüedad conforme a lo dispuesto en el Decreto 1042 de 1978, como parte de la retribución del servicio, en forma periódica, pacífica, permanente y habitual, es decir con el carácter salarial y prestacional. Conforme con lo anterior, afirmó que “el actor tiene en la prima de antigüedad que durante largos años ha recibido como parte integrante de su sueldo, un derecho adquirido de suyo irrenunciable e inquebrantable, emanado de la Ley y al que las altas Cortes han reconocido y ratificado a favor del trabajador, por ser parte del salario.” Conforme con lo anterior, la prima de antigüedad no podía ser desconocida por la entidad demandada, bajo el pretexto de la celebración del acuerdo de reestructuración de pasivos establecidos en la Ley 550 de 1990.

Afirmó que el demandante también es beneficiario de la prima de antigüedad, por aplicación extensiva del artículo 3 de la Convención Colectiva del Trabajo, suscrita por los trabajadores de la Universidad del Atlántico, pues si bien a los empleados públicos les está vedado percibir beneficios prestacionales y salariales extralegales, lo cierto es que la convención se encuentra vigente.

Sostuvo que la prima de antigüedad no podía ser desconocida por la entidad demandada, bajo el pretexto de la celebración del acuerdo de reestructuración de pasivos amparado en la Ley 550 de 1990, motivo por el cual el acto acusado es ilegal, cuando con él se pretende extinguir un derecho, sin que los beneficiarios tuvieran la oportunidad de ejercer su derecho de audiencia o defensa.

Respecto a la bonificación por compensación sostuvo que fue establecido por el Decreto 1758 de 1997 para los entes universitarios autónomos, por lo que su otorgamiento tiene origen legal, motivo suficiente para que no sea desconocida al no estar incorporada en las previsiones del Decreto 1919 de 2002.

Afirmó que la desmejora salarial del demandante correspondió a una decisión unilateral de la entidad demandada, la cual debió ser adoptada previo el agotamiento de una actuación administrativa con arreglo a lo dispuesto en el CCA, que le permitirá al interesado la oportunidad de conocer la decisión desde el inicio y controvertirla por los medios legales.

Con fundamento en lo anterior, procedió a declarar la nulidad del acto administrativo demandado, ordenando el reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prima de antigüedad y bonificación por compensación dejó de percibir el demandante entre el 13 de septiembre de 2008 y el 31 de octubre de 2009 aplicando el fenómeno de la prescripción en consideración a la solicitud presentada el 13 de septiembre de 2011 y por haberse desvinculado del servicio el 1 de noviembre de 2009, por haberse pensionado.

Fundamento del recurso de apelación

La Universidad del Atlántico, a través de apoderado judicial, formuló recurso de apelación en contra de la providencia de 25 de septiembre de 2015, solicitando se revoque la sentencia apelada y se nieguen las pretensiones de la demanda, con las siguientes consideraciones (ff. 168 a 184 del expediente):

Sostuvo que la Universidad del Atlántico no tiene competencia para establecer factores salariales o prestacionales distintos a los establecidos en las normas de empleados públicos departamentales o suscribir derechos adicionales derivados de la convención colectiva de 1975, por la restricción constitucional y legal.

Destacó que respecto de los empleados públicos no resulta aplicable la convención colectiva de trabajo de la Universidad del Atlántico y en cualquier caso, este documento no puede estipular elementos salariales ni prestacionales para los empleados públicos porque la competencia exclusiva para fijar estos regímenes recae en el Gobierno, dentro del marco que determina el legislador.

Manifestó que la expedición del acto administrativo que niega la restitución de la prima de antigüedad y la bonificación por compensación fue proferido teniendo en cuenta la viabilidad y sostenibilidad financiera exigida por el Ministerio de Educación Nacional.

5. Alegatos de conclusión

Vencido el término para presentar alegatos de conclusión de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y dispuesto mediante auto de fecha 1 de marzo de 2017 (f. 208), las partes y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, se resume en establecer si el señor Gustavo Adolfo Linero Redondo tiene derecho a continuar recibiendo el pago de la prima de antigüedad y de la bonificación por compensación en su condición de docente de la Universidad del Atlántico, o en su defecto, la entidad demandada no está obligada al mismo por cuanto dichos emolumentos no tienen fundamento legal que los soporte.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la sentencia del 25 de septiembre de 2015, accedió a las pretensiones de la demanda.

2.3. Análisis de la Sala

Naturaleza jurídica de la Universidad del Atlántico y vinculación al servicio docente de la Universidad

La Universidad del Atlántico es una universidad pública, creada por medio de Ordenanza 42 del 15 de junio de 1946, expedida por la Asamblea Departamental.

En el desarrollo de sus competencias como entidad de educación superior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política, la Universidad del Atlántico cuenta con una autonomía universitaria, es decir, que ella misma crea su propio reglamento, estatutos y directivas, en los siguientes términos:

“(…) Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior (…)”.

El legislador para desarrollar el régimen especial de autonomía de las universidades públicas, profirió la Ley 30 de 28 de diciembre de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”, y estableció que el grado de autonomía se vería reflejado en aspectos tales como: “(i) darse y modificar sus estatutos; (ii) designar sus autoridades académicas y administrativas; (iii) crear, organizar y desarrollar programas académicos; (iv) definir y organizar labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales; (v) conferir los títulos a sus egresados; (vi) seleccionar los profesores; (vii) admitir a los alumnos y adoptar sus regímenes; y, (viii) establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y la función institucional (Artículos 28 y 29) (…) este régimen de autonomía de las universidades oficiales se desarrolla dentro de los límites generales que ha dispuesto el ordenamiento jurídico, pues ello no representa que la autorregulación y el autogobierno signifique el desconocimiento del carácter unitario del Estado Colombiano que se propugna en el artículo 1º de la Constitución Política de 1991”.

El artículo 16 de la Ley 30 de 1992, dispone:

“Son Instituciones de Educación Superior:

Instituciones Técnicas Profesionales.
Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas.
Universidades.”.

Y, el artículo 57 ibídem establece:

“Las Universidades Estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo.

Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características; personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden...”

Parágrafo.- Las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que no tengan el carácter de universidad según lo previsto en la presente ley, deberán organizarse como Establecimientos Públicos del orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal.”

Según lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Superior 004 del 15 de febrero de 2007 “por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad del Atlántico”, la universidad es un ente autónomo de educación superior, el que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política, en armonía con la Ley 30 de 1992 y el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, no hace parte de ninguna de las ramas del poder público, ni es un establecimiento público, es un ente jurídico con régimen especial de carácter público creado por ordenanza del departamento, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo referente a las políticas y planeación del sector educativo.

Mediante el Acuerdo 001 de 30 de enero de 1997, expedido por el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, en ejercicio de sus facultades legales, y en especial de las que le confieren los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992 y el literal e) del Artículo 18 del Estatuto General de la Universidad (Acuerdo 001 de febrero 25 de 1994), se reglamentó el estatuto docente de la Universidad del Atlántico en el que se estableció:

“La vinculación del profesor universitario con la Institución, según los artículos 71, 73 y 74 de la Ley 30 de 1992, puede ser: a) de carrera y, b) de vinculación especial” (artículo 9).

“Son profesores de carrera aquellos de planta que, estando debidamente nombrados, se encuentran inscritos y clasificados en una de las categorías contempladas en el escalafón docente, de acuerdo con las normas que establece el presente Acuerdo” (artículo 10).

Son profesores de vinculación especial aquellos que, sin pertenecer a la carrera docente de la Universidad, se vinculen temporalmente a ella, así: a) catedráticos (…); b) ocasionales (…); c) visitantes (…) d) ad – honorem; y e) expertos (…) (artículo 11).

“Los profesores universitarios de carrera tienen la siguiente dedicación laboral: a) dedicación exclusiva (…) Durante el tiempo de la dedicación exclusiva, el profesor recibirá una asignación adicional equivalente al 34% sobre el sueldo básico de la categoría de tiempo completo o sobre la asignación que le corresponda a quien se le aplica el régimen contenido en el Decreto 1444 de 1992. Esta asignación adicional dejará de cancelarse una vez concluya la actividad que motivó la exclusividad y sin que ello constituya desmejora salarial. Este derecho también se pierde cuando el profesor realice otras actividades remuneradas de carácter profesional con personas de derecho público o privado o se dedique a la docencia entre otras instituciones; b) Tiempo Completo (…) c) Medio Tiempo (…).” (artículo 12).

“Los profesores de la Universidad, según la categoría en el escalafón y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley 30 de 1992, pueden ser: a) Auxiliares, b) Asistentes, c) Asociados, d) Titulares. PARÁGRAFO. Para la Universidad del Atlántico, la categoría de profesor asociado equivale a la de adjunto” (artículo 13).

De conformidad con el artículo 77 de la Ley 30 de 1992 “El régimen salarial y prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4ª de 1992, los Decretos Reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan”.

La Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto de 15 de abril de 1998 (Rad. 1076), precisó en materia de competencia sobre el régimen salarial y prestacional de los empleados administrativos y docentes de los entes universitarios autónomos que: “La fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y de los trabajadores oficiales de las universidades del Estado, tanto docentes como administrativos es competencia del Gobierno Nacional, que lo hace con estricto cumplimiento de los criterios y objetivos contenidos en la respectiva ley marco dictada por el Congreso, hoy la ley 4ª de 1992”.

La Corte Constitucional ha explicado el alcance del límite impuesto por el legislador a la autonomía universitaria, en los siguientes términos:

“Es decir, que el legislador impuso, en el régimen especial que expidió para las universidades públicas, sin distinción alguna, un límite a su libertad de acción, a su autonomía, en materia salarial y prestacional, que hace que el régimen de sus docentes en esas materias le corresponda fijarlo al gobierno nacional, previas las asignaciones que en el rubro de gastos de funcionamiento para el efecto haga el legislador a través de la ley anual de presupuesto, y que por lo tanto a ellas les sea aplicable la restricción impuesta en la norma impugnada, la cual, además de no impedir ni obstruir el ejercicio de la autonomía de dichas instituciones, que pueden cumplir sus funciones y actividades sin que el mandato en cuestión las interfiera, contribuye a un manejo racional, armónico y equilibrado de dichos recursos por parte del Estado, y a la consolidación de una política macroeconómica que contribuya a un manejo racional y al saneamiento y optimización en el manejo de las finanzas públicas”.

De esta manera es posible concluir que los servidores vinculados a los entes universitarios autónomos se encuentran sujetos a la regulación general que para efectos salariales y prestacionales, expida el Gobierno Nacional, en el marco de la competencia concurrente que comparte con el Congreso de la República, en atención a lo dispuesto por el artículo 150 de la Constitución Política.

El régimen de la prima de antigüedad

El artículo 49 del Decreto 1042 de 1978 regula los incrementos de salario por antigüedad, en los siguientes términos:

“Las personas que a la fecha de expedición de este decreto estén recibiendo asignaciones correspondientes a la 3a. o 4a. columna salarial del Decreto 540 de 1977, por razón de los incrementos de antigüedad establecidos en disposiciones legales anteriores, continuarán recibiendo, hasta la fecha en la cual se produzca su retiro del respectivo organismo, la diferencia entre sueldo básico fijado para su empleo en la segunda columna de dicho decreto y el de la tercera o cuarta columna, según el caso.

(…)

Los incrementos salariales de que trata este artículo no se perderán cuando los funcionarios cambien de empleo dentro del mismo organismo, trátese de nuevo nombramiento, ascenso, traslado o encargo.

(…)

El retiro de un organismo oficial no implicará la pérdida de los incrementos salariales por antigüedad cuando el respectivo funcionario se vincule, sin solución de continuidad, a cualquiera de las entidades enumeradas en el artículo 1o. del presente Decreto.

(…)

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.

(…)

Los funcionarios que perciban incrementos de remuneración por concepto de antigüedad deberán manifestar esta circunstancia al hacer su solicitud de empleo en otra entidad oficial”.

Estos incrementos constituyen factor salarial, por expresa disposición del artículo 42 del citado decreto. Sin embargo, observa la Sala que en el artículo 1 de esa normatividad se define el campo de aplicación del decreto de la siguiente manera: “El sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos que se establece en el presente Decreto regirá para los empleados públicos que desempeñen las distintas categorías de empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional”.

El Régimen de la bonificación por compensación

Mediante el Decreto 1758 de 1997 el Gobierno Nacional creó la bonificación por compensación para los empleados públicos del orden nacional, con carácter permanente, la cual constituirá factor salarial para efectos de determinar las primas de navidad, vacaciones y servicios, auxilio de cesantía, pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes.

En el artículo 2 ibídem, estableció que se “aplicará a los empleados públicos del orden nacional a que se refiere el Decreto 31 del 10 de enero de 1997, con excepción de los entes universitarios autónomos y a los pertenecientes al Departamento Nacional de Planeación, incluida la Unidad Administrativa Especial de Desarrollo Territorial; Área Técnica Científica de Ingeominas, Área Técnica Científica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom; Presidencia de la República, incluida la Red de Solidaridad y la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer, Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil; Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, Instituto de Seguros Sociales, ISS, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA; Departamento Administrativo de Seguridad, DAS; Empresas Industriales y Comerciales del Estado de que trata el Decreto 68 de 1997; Docentes delas Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Colegios Mayores; Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec; Contraloría General de la República, incluido la Auditoría y el Fondo de Bienestar Social; Registraduría Nacional del Estado Civil; empleados de la Planta Administrativa del Congreso Nacional fijada por las leyes 5 de 1992 y 186 de 1995.”

El Gobierno Nacional y las organizaciones sindicales de los empleados públicos celebraron un acuerdo laboral el 18 de febrero de 1997 en el cual se acordó el reconocimiento de una bonificación por compensación para los docentes universitarios equivalente a la diferencia entre el aumento efectuado del 11.5% para 1997 y el 16%. Con la expedición del Decreto 74 de 1998 “por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional para los empleados públicos docentes y administrativos de las universidades estatales u oficiales” se fijó el valor del punto para los empleados públicos docentes a quienes se les aplica el Decreto 1444 de 1992 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen, en cuatro mil seiscientos ochenta y dos pesos ($4.682) moneda corriente, en el cual se encuentra incorporado el valor de la bonificación por compensación a partir del 1 de enero de 1998.

Luego mediante el Decreto 153 de 1998 se aclara el Decreto 74 de 1998, en el sentido de “que el valor del punto para los empleados públicos docentes a quienes se les aplica el Decreto 1444 de 1992, en el cual se encuentra incorporado el valor de la bonificación por compensación, corresponde a cuatro mil setecientos sesenta y tres pesos ($4.763.00) moneda corriente y no como allí aparece.”, es decir, a los empleados de las universidades del orden nacional.

2.4. Del caso concreto

El señor Gustavo Adolfo Linero Redondo se vinculó a la Universidad del Atlántico el 11 de mayo de 1976 como Investigador del Departamento de Investigaciones Económicas mediante la Resolución del Consejo Directivo 076 del 27 de abril de 1976. Luego, a través de la Resolución 95 del 17 de mayo de 1978 fue contratado como docente de tiempo completo, en la categoría de Auxiliar en la Facultad de Administración, y a partir del 26 de octubre de 1978 se le promovió a la categoría de Asistente. Por medio de la Resolución de Rectoría 000548 del 19 de septiembre de 1986 fue nombrado en la Dirección del Departamento de Administración y Finanzas, cargo del cual tomó posesión el 24 de septiembre de 1986 y mediante la Resolución 000197 del 7 de abril de 1989, fue designado como Director del Departamento de Administración y Finanzas.

A través de la Resolución de Rectoría 000292 del 4 de julio de 1991 fue reintegrado al cargo de docente de tiempo completo adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas.

Mediante la Resolución de Rectoría 001441 del 28 de septiembre de 2009, se produce el retiro definitivo con ocasión del reconocimiento de la pensión por parte del Instituto de Seguros Sociales, a partir del 1 de noviembre de 2009 (ff. 92 – 93).

A folio 20 del expediente, obra certificación de salario base, en el cual se observa que el demandante percibió la prima de antigüedad y la bonificación por compensación.

A través de la Resolución 018633 del 1 de septiembre de 2008, el Seguro Social le reconoció la pensión de vejez al demandante, la cual quedó en suspenso el ingreso a nómina hasta tanto se acredite en debida forma el retiro del servicio (ff. 87 – 91).

El Acuerdo 5 de 15 de septiembre de 1970 por “el cual se expide el Estatuto del Profesorado de la Universidad del Atlántico”, proferido por el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, en uso de sus facultades legales y sus atribuciones estatutarias, estableció en el artículo 3 que el personal docente de la Universidad se divide en “personal Docente de Carrera, Personal Docente Especial y Personal Visitante”. En el capítulo VIII referido a remuneraciones y bonificaciones, dispuso lo siguiente:

“32º.- Establécense para el pago del personal docente o de carrera (de dedicación exclusiva o Tiempo Completo) el sistema de salarios básicos y bonificaciones.

33º.- El salario básico a partir del 1º. de Enero de 1971 es el de profesor Auxiliar:[…]

34º.- Establécense las siguientes bonificaciones para el personal docente de carrera:
a) Prima de especialización : 30% del salario básico de la categoría, por doctorado, 20% del salario básico de la categoría al Magister, 10% del salario básico de la categoría a los que hayan hecho cursos de Post-grado no inferiores a un año.
b) Prima de Antigüedad: equivalente al 5% del salario básico de la respectiva categoría. Esta prima no podrá ser superior al 30%.
c) Por trabajos meritorios 5% del salario básico al que realice una obra de alto valor científico a juicio del Comité de Evaluación.

Estas primas se comenzarán a pagar a partir del 1º de junio de 1975. La antigüedad se empezará a contar desde el 30 de Junio de 1974.

[…]

ARTÍCULO 35º.- (…)
PARÁGRAFO.- Los Catedráticos gozarán de las mismas bonificaciones de que trata el artículo anterior” (Resalta la Sala).

Por su parte, la Convención Colectiva de Trabajo de la Universidad, suscrita el 6 de abril de 1977, estableció en cuanto al régimen salarial, lo siguiente:

“ARTÍCULO 1º.- […]
PARÁGRAFO 2º.- La prima de los Profesores de dedicación exclusiva será de un 34%, calculada sobre el sueldo del Profesor de tiempo completo de la respectiva categoría […].

ARTÍCULO 3º.- La Universidad del Atlántico pagará a todos sus Trabajadores una Prima de la Antigüedad, liquidada mensualmente con el salario, de acuerdo con la siguiente tabla:

De dos (2) a Cinco (5) años, Dos (2) días de salario.
De seis (6) a Ocho (8) años, Tres (3) días de salario.
De Nueve (9) a Once (11) años, Cuatro (4) días de salario.
De Doce (12) a Trece (13) años, Cinco (5) días de salario.
De Catorce (14) a Quince (15) años, Seis (6) días de salario.
De Dieciséis (16) y más años, Siete (7) días de salario.

Para los Profesores, como se contempla en el Estatuto de Profesorado (Acuerdo No. 5 de Septiembre de 1.970), emanado del Consejo Superior de la misma Institución, la antigüedad se empezará a contar desde el 30 de junio de 1.974. Las primas que por este concepto adeuda la Universidad del Atlántico al Profesorado, se harán efectivas en su totalidad a partir de la vigencia de la presente Convención.

Esta Prima, para los Profesores, se pagará por nómina mensualmente a partir del mes de Abril.” (Resalta la Sala).

De acuerdo con lo establecido en el Oficio R-388-06 de 31 de agosto de 2006, a partir del 1 de septiembre de 2006, se excluyó del pago de la nómina la prima de antigüedad a los empleados públicos administrativos y docentes de la Universidad del Atlántico, exceptuando a los trabajadores oficiales en quienes solamente recaen los beneficios convencionales. De la misma forma se dispuso la exclusión de la bonificación por compensación a todos los empleados del ente universitario.

En oficio radicado el 13 de septiembre de 2011, el señor Gustavo Adolfo Linero Redondo solicitó a la Universidad del Atlántico que “se reintegre a mi nómina mensual que devengo como docente de la universidad del Atlántico la prima de antigüedad y Bonificación por compensación excluidos de mi salario desde el 1 de septiembre de 2006, debido a la expedición del Acto Administrativo R – 388 (…).” Mediante documento visible a folios 17 a 19, la Rectora de la Universidad del Atlántico da respuesta negativa a la solicitud presentada por el actor.

Conforme con lo anterior, la Sala estima que el señor Gustavo Adolfo Linero Redondo, en su condición de docente de la Universidad del Atlántico, no tiene derecho a continuar recibiendo el pago de la prima de antigüedad que venía siendo reconocida por la institución hasta el mes de agosto de 2006, por cuanto desde la fecha en que fue creado este beneficio salarial para los docentes de la universidad, ninguna de las disposiciones que la desarrollaron le permitían acceder a su reconocimiento. Lo anterior por las siguientes razones:

1.- Sobre la competencia del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico para crear la prima de antigüedad mediante Acuerdo 5 de 1970, debe decirse que, de acuerdo con el artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al Congreso “dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (…) e) fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos (…) f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales”.

En ejercicio de esta facultad, fue proferida la Ley 4ª de 1992, que autorizó al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos que describe en su artículo primero: “a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico; b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; c) Los miembros del Congreso Nacional, y d) Los miembros de la Fuerza Pública”.

También dispone, en el artículo 12, que el Gobierno Nacional fijará el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales, sin que las corporaciones públicas territoriales puedan arrogarse tal facultad.

La Corte Constitucional ha señalado que en materia salarial y prestacional de los empleados de las entidades del nivel territorial existe una competencia concurrente, que opera en función del principio del Estado unitario frente a la autonomía de dichas entidades, a través de una fórmula de armonización: “De acuerdo con esta fórmula, es al Congreso al que le corresponde proferir una ley marco que determine el régimen salarial y prestacional de los servidores del Estado, a partir de la cual el Gobierno Nacional determinará los aspectos particulares y concretos de dicho régimen. Estos presupuestos normativos sirven de marco legal para que los órganos de representación popular de las entidades territoriales, ejerzan la competencia constitucional de definir las escalas salariales de los empleos correspondientes”.

2.- La Convención Colectiva de Trabajo de la Universidad del Atlántico suscrita el 6 de abril de 1977, fecha para la cual estaba vinculado el actor, mantuvo el beneficio de la prima de antigüedad para los profesores en los términos que se habían señalado en el Estatuto de Profesorado, esto es, en el Acuerdo 5 de 1970 suscrito por el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico. El entendimiento de la norma de la Convención prevista en el artículo 3 es el que garantiza, a partir del principio hermenéutico de la especialidad, que para los profesores se mantuvieran las condiciones fijadas en su propio estatuto.

3.- Mas allá de establecerse en el presente caso: (i) si la exclusión del pago de la prima de antigüedad en la nómina del actor podía efectuarse sin su consentimiento, y (ii) si el reconocimiento y pago de la prima de antigüedad es manifiestamente inconstitucional e ilegal por tener como fuente el Acuerdo 05 de 1970 proferido por el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, y la Convención Colectiva de Trabajo de la Universidad, suscrita el 6 de abril de 1977, lo que se evidencia es que el señor Gustavo Adolfo Linero Redondo, en su condición de docente, nunca tuvo el derecho a percibir la prima de antigüedad. Esta prima fue creada en favor de los docentes de carrera, de dedicación exclusiva o tiempo completo, en los términos señalados en el mencionado Acuerdo 05 de 1970. La prima de antigüedad no se estableció sino en favor de esta categoría de docentes, y no incluyó la de “docente de tiempo completo”. De acuerdo con el artículo 93 del Decreto 80 de 1980 “Los docentes son de tiempo completo, de tiempo parcial o de cátedra […] Cuando la dedicación es entre quince y veinticinco horas semanales, el docente es de tiempo parcial […]”.

4. La actuación de la administración al reconocer el pago en favor del demandante de una prima de antigüedad a la cual no tenía derecho, desconoció el principio de legalidad. En este caso se produjo un pago sin título que lo legitimara, lo que se traduce en una situación jurídica contraria a derecho. Por lo tanto, la entidad demandada al disponer la exclusión de dicho concepto salarial de la nómina del demandante, ajustó su actuación al régimen jurídico que rige la situación salarial y prestacional en su condición de servidor público docente de una universidad oficial.

5. Tampoco puede hablarse de un derecho adquirido, pues si bien el pago ingresó en el patrimonio de la persona, no existía justo título o causa legal que legitimara su reconocimiento.

6.- De otra parte, no deja de señalar la Sala, que el estatuto del profesorado de la Universidad del Atlántico, que estableció la prima de antigüedad para los docentes fue un instrumento proferido por el Consejo Superior de la Institución, entidad que no tenía competencia para crear factores salariales a favor de los empleados públicos, puesto que como se explicó anteriormente, el régimen salarial y prestacional de estos funcionarios debe ser fijado por el Gobierno Nacional, conforme a los criterios generales que determina el Congreso, según la competencia otorgada por el artículo 150 de la Constitución Política.

Para la fecha de expedición del citado Acuerdo, esto es, el 15 de septiembre de 1970, la Constitución de 1886, luego de la modificación introducida por el Acto Legislativo 1 de 1968, únicamente otorgó a las asambleas departamentales y a los concejos municipales la facultad de fijar escalas salariales, pero fijó en el Congreso la competencia para “determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales”.

Desde ese momento se ha construido la noción de una competencia compartida entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional para fijar el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos, que se sostuvo, con algunos matices en la Constitución de 1991:

“La Constitución de 1991, por su parte, al regular lo relativo a las atribuciones del Congreso de la República, estableció en el artículo 150, numeral 19, literal e), que a este le corresponde dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular, entre otras materias “el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública”. El Constituyente de 1991, entonces, conservó el concepto que venía desde la reforma constitucional de 1968, en relación con la necesidad de la existencia de una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo en la regulación de determinadas materias, una de ellas la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros servidores del Estado, en donde la función del primero se debe limitar a establecer unos marcos generales, unos lineamientos que le circunscriban al segundo la forma como éste ha de desarrollar su actividad reguladora para los asuntos específicamente señalados por la propia Constitución. 3.2. En relación con la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, a diferencia de lo que acontecía en vigencia de la Constitución de 1886, en donde el Congreso era quien señalaba la escala de remuneración de los distintos empleos, hoy, el legislador debe simplemente fijar los principios y los parámetros que el Gobierno ha de tener en cuenta para establecer no sólo la escala de remuneración sino los demás elementos que son propios de un régimen salarial y prestacional”.

En este orden se tiene entonces que, ni aún en vigencia de la Constitución Política de 1886, particularmente el Acto Legislativo 1 de 1968, se otorga la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos a cualquier autoridad distinta al Gobierno Nacional, conforme a las directrices que determine el legislador.

Bajo el mismo criterio, en cuanto a las disposiciones de la convención colectiva de trabajo, la jurisprudencia ha sostenido de manera pacífica que las mismas no son aplicables a los empleados públicos:

“La convención colectiva de trabajo en este caso surgió por la negociación contractual y consensual celebrada entre el sindicato y los directivos de la Universidad, quienes tenían autonomía administrativa y presupuestal, pero que, como se precisó en consideraciones precedentes, no podían regular salarios y prestaciones de sus empleados porque esto le correspondía al legislador”.

Por otro lado, en lo referente a la bonificación por compensación, tampoco se puede reconocer, en cuanto esta fue concebida a través del Decreto 1758 de 1997, exclusivamente para los empleados y/o funcionarios del orden nacional, condición que no ostentó el señor Gerardo Adolfo Linero Redondo dada su vinculación con la Universidad del Atlántico.

De acuerdo con las razones expuestas, y como quiera que el demandante nunca tuvo el derecho a percibir la prima de antigüedad y la bonificación por compensación, en su condición de docente de la Universidad del Atlántico, el actos administrativo demandado mantiene su presunción de legalidad y por tanto, debe ser revocada la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

III. DECISIÓN

Atendiendo la normatividad en cita y el acervo probatorio, la Sala concluye que la decisión de primera instancia deberá ser revocada, con excepción al numeral primero (1) respecto a inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo respecto del Oficio VAYS – 0449 – 06 del 31 de agosto de 2006, teniendo en cuenta que tal y como así lo estableció el Tribunal, el mismo no constituye acto administrativo definitivo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO.- REVOCÁSE la sentencia proferida el veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015) proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, que accedió a las súplicas de la demanda promovida por el señor GUSTAVO ADOLFO LINERO REDONDO en contra de la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, con excepción al numeral primero (1).

En su lugar, se dispone:

SEGUNDO.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

“ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
(…) 4. Admitido el recurso o vencido el término probatorio si a él hubiere lugar, el superior señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días. Si el Magistrado Ponente considera innecesaria la celebración de audiencia ordenará, mediante auto que no admite recurso alguno, la presentación de los alegatos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de los veinte (20) días siguientes. Vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente. (…).”.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

Ordenanza 42 de 1946 (Junio 15) Artículo 1 “Fúndase la Universidad del Atlántico”. HYPERLINK "https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/info-general/historia" https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/info-general/historia

Así se precisó en sentencia de siete (7) de septiembre de dos mil quince (2015) Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Consejera ponente: Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez Radicación número: 13001-23-33-000-2014-00343-01 Actor: Alfonso Álvarez Reales y Otros Demandado: Universidad de Cartagena

HYPERLINK "https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/pdf/arc_4886.pdf" https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/pdf/arc_4886.pdf

Corte Constitucional. Sentencia C-053 de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz.
Artículo 1° del Decreto 74 de 1998

El artículo 4 define el personal Docente de Carrera y en el artículo 5 se señala que el personal docente de carrera es el que ejerce funciones de enseñanza, investigación o de ambas al servicio de la Universidad en algunas dedicaciones: a) Dedicación exclusiva; b) Tiempo completo; c) Medio Tiempo y d) Catedrático.
Folios 14 a 16.
Corte Constitucional. Sentencia C-173 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Normativa vigente para la fecha de vinculación del actor a la Universidad del Atlántico.
“Artículo 57.- El Artículo 187 de la Constitución Nacional quedará así:
Corresponde a las Asambleas, por medio de ordenanzas: (…) 5. Determinar, a iniciativa del Gobernador, la estructura de la administración departamental, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo”.
“Artículo 62.- El Artículo 197 de la Constitución Nacional quedará así: Son atribuciones de los Concejos, que ejercerán conforme a la ley, las siguientes: (…) 3. Determinar la estructura de la administración municipal, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos”.
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 11 de septiembre de 2003 Radicación: 1.518. 15. C.P.: Susana Montes de Echeverri.
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 29 de septiembre de 2011. Radicación 08001-23-31-000-2005-02866-03 (2434-10). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

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