RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04983-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04983-01

Fecha
6 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04983-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, con la que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, denegó la acción de tutela de la referencia, conforme a la motivación. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04983-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

6 de noviembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04983-01
Demandante: Ada Lía Ramos Doval

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 6 de noviembre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04983-01
Demandante ADA LÍA RAMOS DOVAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE DECISIÓN
A.

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial que denegó en segunda
instancia las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho relacionada con reliquidación salarial y
prestacional de una empleada de la Universidad del Atlántico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia del 11
de septiembre de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, decidió:

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por la señora Ada Lía Ramos Doval por conducto de
apoderado, por los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 12 de agosto de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la señora Ada Lía Ramos Doval pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad.

A juicio de la demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de la sentencia del 23 de mayo de 2025, con la que el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión A, denegó en segunda instancia las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-012-2019-00187-00/01.

2. Pretensiones

La tutelante formuló de las siguientes pretensiones:
Solicitamos muy respetuosamente a su señoría: Se tutele el derecho fundamental de mi poderdante de
Igualdad y DEBIDO PROCESO, y en consecuencia se ordene a la entidad accionada ordenar la cesación
de la violación del mismo.

1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-04983-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04983-01
Demandante: Ada Lía Ramos Doval

3. Hechos

Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente y en el aplicativo de gestión
judicial Samai, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1 Actuación administrativa

El 14 de mayo de 1997, la demandante se posesionó como odontóloga de la Universidad
del Atlántico, cargo que pertenecía a la planta de personal del centro educativo y al que
se le tenía asignado un auxilio de transporte en virtud de las convenciones colectivas de
trabajo de 1975 y 1976.

El mencionado auxilio le fue reconocido a la demandante2 hasta agosto de 2002, sin que
la Universidad del Atlántico le informara previamente la interrupción del pago del
emolumento, motivo por el cual el 19 de marzo de 2019 la accionante le pidió al claustro
universitario incluir nuevamente el auxilio en sus prestaciones, lo que fue desestimado
con Oficio 20196040025871 del 26 de abril de 2019 por cuanto aquel no tenía la condición
de factor salarial fijado por el Gobierno Nacional.

3.2 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

El 14 de agosto de 2019 la tutelante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Universidad del Atlántico (a la que se le asignó el número de radicación
08001-33-33-012-2019-00187-00/01), con el fin de obtener la nulidad del Oficio
20196040025871 del 26 de abril de 2019 y la orden de reliquidar sus prestaciones desde
septiembre de 2002 con inclusión del auxilio de transporte, habida cuenta de que ese
emolumento era catalogado como factor salarial por las convenciones colectivas de
trabajo de 1975 y 1976, por el artículo 50 del Decreto 1042 de 1978 y por el Decreto 1919
de 2002, y no se atendieron los artículos 283, 734 y 745 del Código Contencioso
Administrativo (CCA) antes de dejárselo de pagar.

El asunto le fue asignado por reparto al Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla,
que el 23 de agosto de 2019 lo admitió y el 19 de septiembre de 2022 dictó sentencia de
primera instancia, en la que accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que
antes de dejar de pagarle el auxilio de transporte a la accionante, la Universidad del
Atlántico debió agotar los procedimientos señalados en los artículos 28, 73 y 74 del CCA,
pero como no lo hizo vulneró su derecho de defensa.

La anterior decisión fue apelada por la parte allí demandada, al estimar (i) que la
accionante era empleada pública y, por ende, no era destinataria de los beneficios
convencionales; (ii) que era el Gobierno Nacional el competente para fijar los salarios de
esos servidores y no los diferentes entes públicos del orden territorial; y (iii) no debió
pedirle consentimiento a la accionante para dejar de pagarle el auxilio de transporte.

Con sentencia del 23 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de

2 Quien el 16 de enero de 2007 fue retirada del servicio por supresión del cargo, pero el 2 de agosto de 2007, al decidir

la tutela 08001-31-04-004-2007-00202-00/01, el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó reintegrarla porque era
madre cabeza de familia y le ordenó que promoviera demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que la
misma Corporación declaró la nulidad del acto administrativo que la retiro y ordenó reintegrarla y pagarle los
correspondientes emolumentos.
3 Esa norma contempla el deber de comunicar la actuación administrativa iniciada de oficio.
4 Que señala la necesidad de contar con el consentimiento del administrado antes de revocar actos administrativos.
5 Señala el procedimiento para revocar actos administrativos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04983-01
Demandante: Ada Lía Ramos Doval

Decisión A, revocó la decisión de primera instancia para denegar las pretensiones de la
demanda, por cuanto el auxilio de transporte pretendido contrariaba el ordenamiento
jurídico, pues el artículo 150 de la Constitución Política de 1991 le otorgó de manera
exclusiva al Gobierno Nacional la facultad de fijar el régimen salarial de los empleados
públicos y ese emolumento se había creado en unas convenciones colectivas de trabajo.

Que el Decreto 1919 de 2002 estableció que «los empleados públicos de entidades del nivel
central y descentralizado de la rama ejecutiva gozarían del régimen de prestaciones sociales
señalado para los de la rama ejecutiva del orden nacional», sin embargo, esa norma no hizo
referencia a las prestaciones salariales, de ahí que aunque el auxilio de transporte
estuviere previsto como factor salarial en el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, no
resultara aplicable a los empleados de las universidades públicas.

Por último, señaló que no era necesario agotar el trámite de la revocatoria de un acto
administrativo, porque el auxilio de transporte estaba estipulado en unas convenciones
colectivas y no en una decisión administrativa, máxime cuando la actora no era titular del
derecho a devengarlo.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La tutelante no expuso las razones por las que la acción de tutela cumplía los requisitos
generales de procedibilidad contra providencia judicial.

Sobre el fondo del asunto, la demandante sugirió que la providencia cuestionada incurría
en violación directa de la Constitución Política y defecto sustantivo6, porque no
advirtió que en virtud del artículo 29 superior debió ser convocada para que ejerciera su
prerrogativa de defensa antes de que se le suspendiera el pago del auxilio de transporte,
máxime cuando así también lo exigían los artículos 28, 73 y 74 del CCA, lo cual no
aconteció.

Que la sentencia censurada también adolecía de desconocimiento del precedente, por
cuanto inobservó que el Tribunal Administrativo del Atlántico había emitido varios
pronunciamientos7 en lo que indicó que a los empleados públicos de la Universidad del
Atlántico les asistía el derecho a recibir los auxilios de origen convencional.

5. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A, ponente
de la sentencia cuestionada, pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo,
ya que la demandante la empleaba con la finalidad de reabrir un debate debidamente
finalizado y obtener un nuevo pronunciamiento sobre aspectos que desestimó.

Que, si en gracia de discusión se aceptara que la tutela colmaba las exigencias generales
de procedibilidad, se debían denegar las pretensiones cuanto en el fallo reprochado se
efectuó un análisis normativo en virtud del cual se concluyó que el régimen salarial de los
empleados públicos lo fija el Gobierno Nacional, por tanto, las universidades estatales
carecían de competencia para establecer factores salariales de sus empleados, tal como
ya lo había precisado el Consejo de Estado8.

6 Es de anotar que si bien la accionante no invocó de manera expresa alguna causal específica de procedibilidad, los

argumentos expuestos en la solicitud de amparo comportan las señaladas por la Sala.
7 Sentencias del (i) 22 de septiembre de 2017, expediente 08001-33-33-001-2015-00109-02; (ii) 8 de septiembre de

2017, expediente 08001-33-33-001-2015-00076-01; y (iii) 21 de julio de 2023, expediente 08001-33-33-011-2015-
00105-03.
8 Sentencia del 8 de octubre de 2020 (no se identificó el expediente ni la sección que profirió la decisión).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04983-01
Demandante: Ada Lía Ramos Doval

La Universidad del Atlántico, a través de apoderado, afirmó que la decisión judicial
censurada «estuvo debida y razonadamente sustentada en una de las interpretaciones posibles
del artículo 302 del Código General del Proceso y de Procedimiento Civil». Además, el artículo
150 de la Constitución Política previó que el Gobierno Nacional era el encargado de fijar
el régimen salarial de los empleados públicos, en atención a las directrices dadas por el
Congreso de la República, en consecuencia, los centros educativos públicos carecían de
competencia para crear factores salariales a favor de sus empleados, por tanto, el auxilio
de transporte objeto de controversia, consignado en unas convenciones colectivas de
trabajo, desconocía el ordenamiento jurídico, de ahí que no debiera ser sufragado.

Que, si bien el Decreto 1042 de 1978 disponía que el auxilio de transporte era factor
salarial, esa disposición no aplicaba a los empleados de universidades públicas, en
atención al artículo 1º del Decreto 1919 de 2002, que estableció que el régimen de
prestaciones sociales de los empleados públicos era el mismo, empero la norma no hizo
alusión a aspectos salariales, de ahí que la demandante no fuera titular del derecho a
recibir el aludido emolumento.

El Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla guardó silencio, a pesar de que se le
notificó el auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 11 de
septiembre de 2025, denegó las pretensiones de amparo al considerar que la providencia
cuestionada no incurrió en los defectos invocados por la demandante, toda vez que resultaba
razonable la afirmación de que ella no le asistía derecho a recibir el auxilio de transporte
porque no había sido fijado por el Gobierno Nacional (encargado por el artículo 150 de la
Constitución Política de establecer el régimen salarial de los empleados públicos), sino en
unas convenciones colectivas de trabajo.

Que los pronunciamientos en virtud de los cuales la accionante funda el cargo de
desconocimiento del precedente decidieron asuntos con contornos fácticos diferentes a los
discutidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-012-2019-
00187-00/01, pues concernieron a docentes de la Universidad del Atlántico.

7. Impugnación

La tutelante impugnó el fallo de primera instancia, pero no planteó argumentos en contra
de esa decisión.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión preliminar.

En el escrito de impugnación que la Sala desata, la actora no expuso argumento alguno
contra la sentencia que decidió en primera instancia el trámite constitucional de la
referencia.
No obstante, dicha omisión no impide que la Sala estudie los fundamentos fácticos y
jurídicos del aludido fallo, toda vez que el artículo 319 del Decreto 2591 de 1991 solo
exige que el escrito de impugnación se presente manera oportuna, es decir, dentro de
9 «Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el

solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento
inmediato […]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04983-01
Demandante: Ada Lía Ramos Doval

los 3 días siguientes a la notificación de la determinación judicial, lo cual aconteció,
porque la sentencia impugnada se comunicó electrónicamente el 16 de septiembre de
2025 y la demandante allegó el escrito de impugnación el 18 del mismo mes y año.

Cabe advertir que, en virtud del principio de informalidad de la tutela, el ordenamiento
jurídico no exige que en la impugnación se expliquen los motivos de inconformidad con
la sentencia de primera instancia, sino que sea presentada oportunamente, lo cual, se
reitera, aconteció10.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
que denegó la acción de tutela promovida por la señora Ada Lía Ramos Doval contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A.

La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, comoquiera que la providencia
cuestionada no incurrió en los defectos invocados por la demandante, sino que obedeció
a una interpretación razonable de las normas que regulaban los aspectos salariales de los
empleados públicos y aplicación de la jurisprudencia sobre la materia.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales11 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos12 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que de
demostrarse los defectos invocados por la accionante se afectarían las garantías
superiores señaladas en el escrito de tutela, pues la indebida aplicación del
ordenamiento jurídico en materia salarial podría quebrantar las prerrogativas de los
trabajadores, protegidas por el sistema normativo superior, lo que amerita la intervención
del juez constitucional.

10 Al respecto, ver sentencia T-538 de 2017.
11 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
12 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04983-01
Demandante: Ada Lía Ramos Doval

Asimismo, se constata que la discusión planteada por la tutelante es constitucional y no
netamente legal o económica, comoquiera que concierne a aspectos prestaciones de los
empleados públicos protegidos por el ordenamiento jurídico superior. Asimismo, no se
evidencia que la tutela se utilice como un instrumento para reiterar argumentos, ya que
la accionante no contó con la posibilidad de pronunciarse sobre las cuestiones que
reprochan en esta instancia porque conciernen a la sentencia que decidió en segunda
instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-012-2019-
00187-00/01.

La demanda también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con la
verificación del expediente 08001-33-33-012-2019-00187-00/01 el correo electrónico con
el que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 18 de junio de 2025, por lo
que se entiende notificada el 20 del mismo mes y año, de conformidad con el numeral 2
del artículo 20513 del CPACA, y la tutela fue presentada el 12 de agosto de 2025 (un mes
y 22 días después), es decir, cuando no habían transcurrido los 6 meses
jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para formular la acción de
tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que
contra la sentencia cuestionada no procedía recurso por proferirse en segunda instancia.
Además, los cargos tampoco comportan alguna de las causales de procedibilidad del
recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de violación
directa de la Constitución Política, defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la tutelante ataca una
providencia emitida en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

5. Análisis del caso concreto

En la solicitud de amparo la demandante afirma que la sentencia cuestionada incurre en
violación directa de la Constitución Política y defecto sustantivo, porque no advirtió
que en aras de salvaguardar la garantía superior al debido proceso la Universidad del
Atlántico debió contar con su consentimiento para dejar de pagarle el auxilio de
transporte, conforme lo preveían los artículos 28, 73 y 74 del CCA, lo cual no aconteció.

La demandante también asevera que la providencia censurada adolecía de
desconocimiento del precedente por inobservar el criterio del Tribunal Administrativo
del Atlántico14, según el cual a los empleados públicos de la Universidad del Atlántico les
asistía el derecho a recibir los emolumentos previstos en las respectivas convenciones
colectivas de trabajo.

De las pruebas allegadas a este trámite constitucional, la Sala evidencia que mediante
la Resolución 89 del 24 de mayo de 1997, la rectoría de la Universidad del Atlántico
nombró a la accionante como odontóloga, cargo en el que se posesionó ese mismo día.

13«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al

envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
14 Sentencias del (i) 22 de septiembre de 2017, expediente 08001-33-33-001-2015-00109-02; (ii) 8 de septiembre de

2017, expediente 08001-33-33-001-2015-00076-01; y (iii) 21 de julio de 202, expediente 08001-33-33-011-2015-00105-
03.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04983-01
Demandante: Ada Lía Ramos Doval

En virtud de las convenciones colectivas de 1975 y 1976 de la Universidad del Atlántico,
a la accionante se le pagaba el auxilio de transporte, pero se suspendió en agosto de
2002, por lo que el 19 de marzo de 2019 ella le pidió al claustro universitario reajustar su
salario y prestaciones con inclusión del aludido emolumento, lo que le fue negado con el
Oficio 20196040025871 del 26 de abril de 2019, en razón a que dicho auxilio no era un
factor salarial para ella.

La accionante promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-
33-33-012-2019-00187-00/01 contra la Universidad del Atlántico, con el fin de obtener la
anulación del Oficio 20196040025871 del 26 de abril de 2019 y la orden de realizar el
reajuste pedido en sede administrativa, toda vez que se le vulneró su derecho de defensa
al no contar con su consentimiento para interrumpirle el pago del auxilio de transporte,
pese a que así los exigían los artículos 28, 73 y 74 del CCA, pese a que le asistía derecho
a devengarlo.

Con sentencia del 19 de septiembre de 2022, el Juzgado Doce Administrativo de
Barranquilla accedió a las mencionadas pretensiones, al estimar que la Universidad del
Atlántico debió contar con el beneplácito de la accionante antes de interrumpirle el pago
del auxilio de transporte, y como ello no aconteció, se le quebrantó su prerrogativa al
debido proceso.

La anterior decisión fue apelada por la parte allí demandada y revocada el 23 de mayo
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A, para denegar las
pretensiones de la demanda, en razón a que el artículo 150 de la Constitución Política
preveía que el Gobierno Nacional era el competente para fijar el régimen salarial de los
empleados públicos, en atención a los parámetros fijados por el Congreso de la
República, de ahí que a la accionante no le asistiera el derecho a recibir el auxilio de
transporte pretendido porque estaba contemplado en unas convenciones colectivas de
trabajo, de manera que era procedente interrumpir su pago sin contar con el respectivo
consentimiento, máxime cuando esto era propio de la revocatoria de actos
administrativos y aquellas no tenían esa condición.

Que el Decreto 1919 de 2002 disponía que «los empleados públicos de entidades del nivel
central y descentralizado de la rama ejecutiva gozarían del régimen de prestaciones sociales
señalado para los de la rama ejecutiva del orden nacional», no obstante, esa norma no
contemplaba las prestaciones salariales, por tanto, el auxilio de transporte señalado como
factor salarial en el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 no aplicaba para los empleados
de las universidades estatales.

5.1 Violación directa de la Constitución Política y defecto sustantivo

Con el propósito de determinar si la providencia cuestionada adolece de violación directa
de la Constitución Política y de defecto sustantivo, debe advertirse que el literal e del
numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política prevé que al Gobierno Nacional le
asiste el deber de «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos […]», en
atención a los parámetros previstos por el Congreso de la República. Dicho numeral
también contempla, en su litera g), que esas «funciones en lo pertinente a prestaciones oficiales
son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y estas no podrán arrogárselas».

Los parámetros que debía tener en cuenta el Gobierno Nacional al fijar el régimen salarial
y prestaciones de los empleados públicos fueron consignados por el Congreso de la
República en la Ley 4ª de 1992, en cuyo artículo 10 se estipuló:

ARTÍCULO 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04983-01
Demandante: Ada Lía Ramos Doval

contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma,
carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

Ahora bien, la Universidad del Atlántico fue creada por la Asamblea de ese departamento,
a través de la Ordenanza 42 del 15 de junio de 1946, y es catalogada por el Consejo de
Estado como un «ente Universitario departamental de carácter público»15, motivo por el cual la
fijación del régimen salarial de sus empleados (como de cualquier universidad del Estado)
le compete al Gobierno Nacional16, de ahí que «resultan ilegales las normas de carácter local,
como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos
bien sean nacionales o del orden departamental, que regulen la materia, y las convenciones
colectivas en las que se consagren prerrogativas contra legem»17.

Efectuado en anterior recuento normativo, en el caso concreto la Sala constata que, como
lo indicó la autoridad accionada en la providencia cuestionada, la fijación del régimen
salarial de los empleados públicos de las universidades del Estado es competencia del
Gobierno Nacional, de manera que el auxilio de transporte que devengaba la actora en la
Universidad del Atlántico resultaba contrario al ordenamiento jurídico, pues no fue creado
por el presidente de la República sino por unas convenciones colectivas de trabajo.

Además, aunque en el artículo 42 del Decreto 1072 de 1978 se establece el auxilio de
transporte como factor salarial, este aplica «para los empleados públicos que desempeñen las
distintas categorías de empleos de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden
nacional», y aunque el Decreto 1919 de 2002 dispuso que las Instituciones de Educación
Superior, entre otros entes, gozan del «régimen de prestaciones sociales señalado para los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional», esa
prerrogativa no comprende el régimen salarial.

En ese orden de ideas, se evidencia que, como lo concluyó la autoridad judicial
demandada, el auxilio de transporte que devengaba la actora era ilegal por no haber sido
fijado por el Gobierno Nacional, por ende, no tenía la condición de derecho adquirido en
virtud del artículo 1018 de la Ley 4ª de 1992, de ahí que la Universidad del Atlántico no
debiera contar con el consentimiento de aquella para cesar el pago del emolumento, tal
como se concluyó en la sentencia cuestionada, situación por lo que las ritualidades
previstas en los artículos 28, 73 y 74 del CCA no resultaban aplicables a la controversia,
máxime cuando allí no hubo revocatoria de actos administrativos.

Así las cosas, la Sala concluye que la sentencia cuestionada no incurre en violación directa
de la Constitución Política ni en defecto sustantivo, porque, como lo indicó la autoridad
accionada, no era menester que la Universidad del Atlántico condicionara la interrupción
del pago del auxilio de transporte a la demandante a la comunicación de esa decisión ni a
contar con su consentimiento (trámites previstos en las normas invocadas) por ser ilegal,
de ahí que no haya acontecido desconocimiento de la garantía superior al debido proceso.

15 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de octubre de 2012, M. P. Víctor Hernando Álvaro Ardila,
expediente 08001-23-31-000-2007-00339-01.
16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1076 del 15 de abril de 1998: «La fijación del régimen

salarial y prestacional de los empleados públicos y de los trabajadores oficiales de las universidades del Estado, tanto
docentes como administrativos es competencia del Gobierno Nacional […]».
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de mayo de 2020, M. P. César Palomino

Cortés, expediente 08001-23-33-000-2012-00342-00.
18 «Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente

Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará
derechos adquiridos».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04983-01
Demandante: Ada Lía Ramos Doval

5.2 Desconocimiento del precedente

La demandante sostiene que la sentencia cuestionada desconoció el criterio que expuso
el Tribunal Administrativo del Atlántico en otros pronunciamientos en los que se discutía el
reconocimiento de factores salariales de empleados de la Universidad del Atlántico
consignados en convenciones colectivas de trabajo, a saber, (i) sentencia del 22 de
septiembre de 2017, expediente 08001-33-33-001-2015-00109-02; (ii) sentencia del 8 de
septiembre de 2017, expediente 08001-33-33-001-2015-00076-01; y (iii) sentencia del 21
de julio de 2023, expediente 08001-33-33-011-2015-00105-03.

Sobre el particular la Sala debe precisar que, cuando se trata de precedente horizontal,
la observancia no es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues,
es apenas comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de igual
nivel funcional existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos
análogos.

En otras palabras, cuando el precedente invocado no fue proferido por el superior
funcional (precedente vertical) ni por el propio funcionario (precedente horizontal propio),
la autoridad judicial puede decidir libremente el asunto, conforme con su criterio, que, en
todo caso, debe enmarcarse dentro de los límites de la razonabilidad. Al respecto, la
Corte Constitucional ha dicho que «cuando el término de comparación no está dado por los
propios precedentes del juez sino por el de otros despachos judiciales, el principio de
independencia judicial no necesita ser contrastado con el de igualdad. El juez, vinculado tan sólo
al imperio de la ley (CP art. 230), es enteramente libre e independiente de obrar de conformidad
con su criterio».

Así las cosas, la Sala evidencia que la posición a la que alude la demandante fue acogida
por la Sala de Decisión B del Tribunal Administrativo del Atlántico, es decir, una Sala
diferente a la aquí demandada, por tanto, el hecho de que la Sala de Decisión A haya
concluido lo contrario, no comporta desconocimiento del precedente horizontal, el cual
acontece cuando, se reitera, un juez desconoce sus propios pronunciamientos19.

En ese orden de ideas, no es reprochable que la Sala de Decisión A del Tribunal
Administrativo del Atlántico haya acogido una postura diferente a la de la Sala de Decisión
B de esa Corporación, máxime cuando sobre el particular el Consejo de Estado ya había
dicho que las interrupciones de pagos de sumas señaladas en las convenciones colectivas
de trabajo en la Universidad del Atlántico no contrariaban el ordenamiento jurídico (criterio
que sí era de obligatoria observancia, y que acogió la demandada), así:

Es posible concluir que los servidores vinculados a los entes universitarios autónomos se encuentran
sujetos a la regulación general que para efectos salariales y prestacionales, expida el Gobierno Nacional,
en el marco de la competencia concurrente que comparte con el Congreso de la República, en atención a
lo dispuesto por el artículo 150 de la Constitución Política.

La Sala estima que el actor, en su condición de docente de la Universidad del Atlántico, no tiene derecho
a continuar recibiendo el pago de la prima de antigüedad que venía siendo reconocida por la institución
hasta el mes de agosto de 2006, por cuanto desde la fecha en que fue creado este beneficio salarial para
los docentes de la universidad, ninguna de las disposiciones que la desarrollaron le permitían acceder a
su reconocimiento.20

19 Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021, M. P. Diana Fajardo Rivera.
20 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de abril de 2019, M. P. César Palomino Cortés, expediente 08001-

23-33-000-2015-00026-01.
Esa postura fue reiterada en sentencia del 15 de mayo de 2020, M. P. César Palomino Cortés, expediente 08001-23-
33-000-2012-00342-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04983-01
Demandante: Ada Lía Ramos Doval

En ese orden de ideas, como no había una postura uniforme dentro del Tribunal
Administrativo del Atlántico sobre la posibilidad de suspender los pagos de emolumentos
convencionales a los empleados de la Universidad del Atlántico y ello había sido avalado
por el Consejo de Estado, la Sala concluye que la providencia cuestionada no incurre en
desconocimiento del precedente.

En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que la providencia cuestionada no incurre en
violación directa de la Constitución Política, defecto sustantivo ni en desconocimiento del
precedente, motivo por el cual se confirmará la sentencia impugnada, con la que el a quo
denegó el amparo pretendido por la señora Ada Lía Ramos Doval.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, con la que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, denegó la acción de tutela de la referencia, conforme a la
motivación.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.