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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2007-00789-02

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2007-00789-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Inaplicar por inconstitucional la expresión «[…] y que estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia. Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 30 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2007-00789-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-25-000-2007-00789-02 (5805-2023)
Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Demandada: Luz Marina Torres Rodríguez

Tema: Reconocimiento pensión jubilación. Situaciones pensionales
amparadas por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
Beneficiaria régimen de transición - Ley 33 de 1985

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 30 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas1 presentó demanda2 en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo3, en orden a que se
declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución 060 del
14 de marzo de 2002, por la cual el rector de la institución educativa le reconoció

1 En adelante Universidad Distrital.
2 Expediente físico, visible a folios 26 a 34.
3 En adelante CCA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25000-23-25-000-2007-00789-02 (5805-2023)
Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

la pensión de jubilación a Luz Marina Torres Rodríguez, de conformidad con el
Acuerdo 024 de 1989; y ii) Resolución 100 del 15 de marzo de 2002, a través de la
cual el director administrativo de la Universidad Distrital ordenó el pago de la
prestación a partir del 31 de diciembre de 2001, en cuantía de $5.426.514.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reintegro de las mesadas pensionales pagadas a partir del 31 de
diciembre de 2001; ii) la indexación de las sumas que resultaren; y iii) la condena
en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Luz Marina Torres Rodríguez nació el 9 de agosto de 1951.

3.2. Prestó sus servicios como docente en la facultad de ciencias de la educación, a
partir del 29 de septiembre de 1975.

3.3. Para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 [el 30 de junio de 1995]
contaba con 44 años de edad, por lo cual era beneficiaria del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la referida ley, y le es aplicable la Ley 33 de
1985.

3.4. Mediante la Resolución 060 del 14 de marzo de 2002, le reconoció la pensión
de jubilación con fundamento en el Acuerdo 24 de 1989, el cual estableció el
procedimiento de liquidación de las prestaciones sociales para los empleados
públicos docentes de la Universidad Distrital.

3.5. A través de la Resolución 100 del 15 de marzo de 2002, se ordenó el pago de
la prestación a partir del 31 de diciembre de 2001, en cuantía de $5.426.514.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4.Como tales, se señalaron los artículos 150, numeral 19, de la Constitución
Política; 1 de la Ley 33 de 1985; 7 de la Ley 71 de 1988; 36 de la Ley 100 de
1993; 8 del Decreto 2709 de 1994; y 1 del Decreto 1158 de 1994.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos4:

5.1. Losactos acusados vulneraron los postulados constitucionales y legales,
porque se reconoció la pensión de jubilación con el 100% de lo devengado en el
último año de prestación de servicio, con la inclusión de factores extralegales de
primas semestral, de vacaciones, de navidad, quinquenio y vacaciones, de

4 Expediente físico, visible a folios 29 a 31.

2

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Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

conformidad con el Acuerdo 24 de 1989 proferido por la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.

5.2. No obstante, la demandada era beneficiaria del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, en consecuencia, le era aplicable la Ley 33 de 1985, la cual
establece como requisitos para acceder a la prestación 55 años de edad y 20 años
de servicio, liquidada con el 75% de lo devengado en el último año de servicio, y
los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994.

5.3. En tal sentido, en los actos demandados se reconoció la pensión de jubilación
con un régimen del cual no ea beneficiaria Luz Marina Torres Rodríguez.

1.2. Coadyuvante

6. La Contraloría de Bogotá D.C. intervino como coadyuvante de la Universidad
Distrital, con los siguientes argumentos5:

6.1. De acuerdo con el inciso 2° del artículo 146 del CCA modificado por el artículo
48 de la Ley 446 de 1998, «[e]n los procesos de nulidad y restablecimiento, el derecho
a intervenir como parte coadyuvante o impugnadora, a quien en la oportunidad prevista en
el inciso anterior demuestre interés directo en las resultas del proceso».

6.2. El interés del ente de control se fundamenta en lo previsto en los artículos 268
y 272 de la Constitución Política, el Decreto 1421 de 1993, y los Acuerdos
distritales expedidos por el Concejo de Bogotá.

6.3. Con el Acuerdo 24 de 1989 proferido por la Universidad Distrital se estableció
el régimen de prestaciones sociales para los docentes públicos, «de conformidad
con sus propias decisiones» sin tener en cuenta lo previsto en el Decreto Ley 80 de
1980, y las Leyes 33 y 62 de 1985.

6.4. En tal sentido, los actos acusados vulneraron los postulados legales; además,
con el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, se generó un detrimento
al erario.

1.3. Contestación de la demanda

7. Luz Marina Torres Rodríguez no contestó la demanda pese a que esta le fue
notificada6.

1.4. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
en sentencia proferida el 30 de junio de 2023 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la demandada,

5 Expediente físico, visible a folios 69 a 82.

6 Expediente físico, visible a folios 122 y 123.

3

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Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

con sustento en los siguientes argumentos7:

8.1. De las pruebas documentales aportadas se demostró que Luz Marina Torres
Rodríguez nació el 9 de agosto de 1951 y se vinculó como docente en la
Universidad Distrital desde el 29 de septiembre de 1975. Para el 30 de junio de
1997, tenía 45 años, 10 meses y 21 días de edad, y un tiempo de servicio de 21
años, 9 meses y 1 día, por lo cual cumplió con este requisito, pero no con el
exigido para la edad.

8.2. En tal sentido para el 30 de junio de 1997, no cumplió con los requisitos
previstos en el Acuerdo 24 de 1989, y no quedó convalidada su situación
pensional por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, por lo que no tiene derecho a
la prestación en aplicación del Acuerdo.

8.3. Luz Marina Torres Rodríguez es beneficiaria del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para el 30 de junio de 1995 contaba
con más de 35 años de edad, esto es, 43 años 10 meses y 21 días [nació el 9 de
agosto de 1951], y más de 15 años de servicios, toda vez que completó para esa
fecha 19 años, 9 meses, 1 día, por lo que tiene derecho a que su pensión de
jubilación sea reconocida y liquidada de conformidad con las Leyes 33 y 62 de
1985.

8.4. A través de auto del 2 de agosto de 2007, decretó la suspensión provisional
parcial de los actos administrativos demandados, en lo que se refiere al pago de la
pensión en un porcentaje superior al 75% de los factores de liquidación pensional
autorizados por la ley, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado
mediante providencia del 10 de octubre de 2019.

8.5. En tal sentido, declaró la nulidad parcial de las Resoluciones 060 del 14 de
marzo de 2002 y 100 del 15 de marzo de 2002, en virtud de las cuales la
Universidad Distrital reconoció y ordenó pagar la pensión de jubilación; no
obstante, ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación, para que se continúe
pagando de acuerdo con las disposiciones legales, con el monto y factores
salariales previstos en las Leyes 33 y 62 de 1985 y las reglas de la Ley 100 de
1993.

8.6. Respecto
con la devolución de los dineros pagados por concepto de las
mesadas pensionales, «el legislador expresamente consagró (artículos 136 del Decreto
01 de 1984 y 164 de la Ley 1437 del 2011) que en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad, no habrá lugar a la recuperación
de las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; ello, guardando correspondencia
con la presunción contenida en el canon 83 de la Constitución Política.».

8.7. En efecto, no se demostró que la demandada haya realizado una maniobra
para generar errores ante la administración, tampoco que hubiera allegado

7 Expediente físico, visible a folios 325 a 338.

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Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

documentos falsos, por lo cual no se desvirtuó la buena fe, y no es procedente el
reintegro de los dineros de las mesadas pensionales pagadas.

1.5. El recurso de apelación

9. La parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual sustentó así8:

9.1. El tribunal, no tuvo en cuenta «que el régimen al cual se encontraba afiliada la
profesora LUZ MARINA TORRES RODRIGUEZ, estuvo definido por la entidad patronal, a
través de actos administrativos, todos vigentes en el momento del otorgamiento del
derecho, e incluso, vigentes aún en el momento de la presentación de la demanda.».

9.2. Losactos administrativos acusados fueron proferidos de acuerdo con los
postulados legales, porque es beneficiaria del régimen previsto en el Acuerdo 24
de 1989, «en el cual se encontraba afiliada al momento de la expedición de la Ley 100 de
1993».

9.3. El Acuerdo 24 de 1989, se encontraba vigente en el momento en que prestó
sus servicios en la Universidad Distrital, y «se retiró siendo empleada pública de
Régimen Especial, según las condiciones establecidas en el artículo 130 del Decreto Ley
80 de 1980, retiro que se presentó justamente cuando cumplió con los requisitos
establecidos por la entidad patronal para el reconocimiento del Derecho a la pensión de
vejez.»

9.4. Cumplió los requisitos exigidos por el Acuerdo 24 de 1989 para acceder a la
prestación, y el cual fue proferido como resultado de convenciones colectivas,
pactos y negociaciones firmados entre la Universidad y sus trabajadores docentes;
y percibió la mesada pensional desde hace diez años, por lo cual adquirió su
derecho a la pensión de jubilación.

9.5. El monto de la pensión de jubilación, es un beneficio complementario y no
contrario a la Ley; pues es el resultado de la concertación entre los trabajadores y
la universidad, «que se originó precisamente cuando la profesora LUZ MARINA
TORRES RODRIGUEZ, era trabajadora oficial y su mutación a empleado público de
ninguna manera significó pérdida de sus derechos salariales ni prestacionales, tal y como
ha sucedido recientemente con los funcionarios del Instituto de los Seguros Sociales, ISS,
que eran trabajadores oficiales y fueron declarados como empleados públicos, claro que
especiales, pues gozan de condiciones especiales en salarios y prestaciones sociales,
mientras mantengan su vinculación con la entidad.»

9.6. El derecho a la pensión de jubilación «es un medio de supervivencia a las
personas que previo al cumplimiento de los requisitos establecidos adquieren los medios
económicos para suplir sus gastos cuando se ha disminuido o perdido la capacidad
laboral y que implícitamente se encuentra adherido a la seguridad social, no solo del
Demandado, sino de su familia, máxime si tenemos en cuenta que la profesora LUZ
MARINA TORRES RODRIGUEZ, dedicó su vida a la educación y al desarrollo

8 Samai Tribunal, índice 36, archivo 57_RECIBEMEMORIALES_RECURSODEAPELACION(.docx)

NroActua 36.

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Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

institucional de la UNIVERSIDAD DISTRITAL, al cumplimiento de los fines de la Entidad y
del Estado, buscando siempre preparar a los jóvenes para que se constituyeran en
grandes forjadores del desarrollo del país.»

9.7. Sobrelos factores incluidos en la pensión de jubilación, es equivalente al
promedio de lo devengado durante el último año de servicios, de conformidad con
el Acuerdo 24 de 1989.

9.8. En el trámite administrativo actuó bajo el principio de la buena fe, pues no
coaccionó a las directivas de la universidad, con la finalidad de que le fuera
reconocida la pensión de jubilación con la aplicación del Acuerdo 24 de 1989;
además ha percibido el pago de las mesadas pensionales con el convencimiento
de que es beneficiara del régimen extralegal, por lo tanto, no es procedente el
reintegro de dineros recibidos.

9.9. Por lo anterior, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, y se
negaran las pretensiones de la demanda.

1.6. Intervenciones en segunda instancia

10. De conformidad con el artículo 212 del CCA, modificado por el artículo 67 de la
Ley 1395 de 2010, se corrió traslado a las partes para que presentaran los
alegatos de conclusión, con los siguientes argumentos:

10.1. LaUniversidad Distrital solicitó que fuera confirmada parcialmente la
sentencia de primera instancia, y que se accediera a la solicitud de la devolución
de dineros por el pago de las mesadas pensionales9.

10.2. LuzMarina Torres Rodríguez solicitó que fuera revocada la sentencia de
primera instancia y reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación10.

1.7. El Ministerio Público

11. Por medio de la Secretaría de la sección se corrió el traslado al Ministerio
Público, pero el procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó
concepto11.
2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

2.2.1. Tránsito normativo en cuanto al término de caducidad

12. Mediante memorial del 12 de febrero de 202512, la apoderada de la demandada
solicitó la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

9 Samai, índice 13 y 14.
10 Samai, índice 15.
11 Samai, índice 16.
12 Samai, índice 19.

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Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

13. Se precisa, que la caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace
referencia a «aquel fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio
de la seguridad jurídica, implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones
judiciales para reclamar los derechos individuales y subjetivos como consecuencia del
vencimiento del plazo establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto procesal
se configura como una sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita e invalida la
posibilidad de acudir al aparato jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios
de control por ejercerlos de manera tardía»13.

14. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en cualquier
tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del CPACA. Sin
embargo, esta disposición fue modificada por el legislador a través del artículo 86
de la Ley 2381 de 202414, disposición según la cual:

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a los cuales se hayan
ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya
decidido, podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual
se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.» [Se resalta]

15. De acuerdo con la norma transcrita, el asunto en estudio debe ser analizado bajo
el aparte según el cual «[a] las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado
acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de
esta ley»; por lo que, la Sala debe determinar si hay lugar a declarar la caducidad del
presente medio de control, puesto que la pensión objeto de discusión fue reconocida
mediante las resoluciones 060 del 14 de marzo de 2002 y 100 del 15 de marzo de
2002, esto es, hace más de 5 años.

16. Al
respecto, se advierte que la disposición en comento fue expedida con
fundamento en las funciones asignadas al Congreso de la República en el artículo
150 de la Constitución Política, sin embargo, como lo ha señalado la Corte
Constitucional15 esta atribución que le permite «regular los procedimientos, las
etapas, los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,

proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
14 «Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez,

invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».
15
Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.

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Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

general» tiene como límite la materialización de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, a través del
establecimiento de «reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el
equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio
del Estado Social de Derecho».

17. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe
propender por la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese
sentido se pronunció la Corte Constitucional al señalar:

«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando
tenga en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado
tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los
derechos fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar
derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia
(artículos 13, 29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad en la definición de las formas y iv) que permita la realización material
de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas
(artículo 228 C.P.).»

18. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es la
institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio
para el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del
derecho de acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento
en principios constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que
impone una consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma
tardía a la jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.

19. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 entró a regir a partir de la fecha
de su sanción [16 de julio de 2024]16 y que, de acuerdo con el mencionado artículo
85, en los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional
que se encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de esa
ley]», la Sala considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está
ante un tránsito legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 40 de la Ley 153 de 188717, según la cual:

«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las
leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se
iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

16 Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y

Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del
1° de julio de 2025.
17 Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.

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Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad.»

20. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de
la seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra
legitimado para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas
de juego que se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el
legislador en ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se
establezca un régimen o parámetros de transición que protejan y le permitan
efectivizar sus derechos fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la
administración de justicia. Lo contrario conllevaría a desconocer estas garantías
fundamentales de manera arbitraria y sin justificación alguna.

21. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el
término de caducidad como presupuesto para acceder a la administración de
justicia se enmarcan en aquellas leyes que establecen las reglas de « sustanciación
y ritualidad de los juicios», por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe regir por aquellas
disposiciones que se encontraban vigentes cuando empezaron a correr los
términos. Así las cosas, en situaciones como la del sub judice, en la que el término
de caducidad inició y la demanda se presentó dentro de los términos procesales
que se encontraban vigentes en ese momento, se entiende que este presupuesto
procesal se debe analizar a la luz de las normas que se hallaban vigentes en esa
data, esto es, el artículo 136 numeral 2 del CCA, según el cual, el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se pretenda la nulidad
de los actos con los que se reconozcan prestaciones periódicas podía presentarse
en cualquier tiempo.

22. Se precisa que la interpretación de las normas que rigen la caducidad cuando se
está ante un cambio normativo, deben estudiarse en cada caso, puesto que la
lectura puede variar, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que el
reconocimiento pensional se efectuó con anterioridad a la modificación de la norma
procesal, pero la demanda se presentó cuando ya se encontraba en vigor, puesto
que, esta Subsección no desconoce la premisa de la que parte el referido artículo 40,
según la cual, las «leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir».

23. Empero, en casos como el que nos ocupa, en los que la demanda se presentó
cuando estaba vigente la disposición según la cual se podía acudir al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo18, y en virtud
de ella se admitió la demanda, se adelantó el trámite pertinente, se profirió sentencia

18 CCA «ARTÍCULO 136. Caducidad de las acciones. […] 2. La de restablecimiento del derecho

caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación,
notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración
o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de
buena fe».

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Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

de primera instancia y se dio trámite al recurso de apelación contra esa sentencia,
resultaría una vulneración del debido proceso entender que el tránsito legislativo
impactó en el asunto al punto de desconocer que las puertas de la administración de
justicia ya se habían abierto y se había permitido que se adelantara el juicio de
legalidad propuesto.

24. Adicional a lo expuesto, en tanto la caducidad del medio de control se constituye
en la extinción del derecho sustancial de acceso a la administración de justicia, como
consecuencia del actuar negligente de quien se encuentra legitimado para accionar
la jurisdicción, sería contrario al principio de legalidad y a la constitución aplicar esta
consecuencia desfavorable a quien, amparado en el ordenamiento jurídico acudió a
demandar sus derechos dentro del término previsto por el legislador, con sustento en
una reforma normativa, puesto que, no se podría predicar dicha conducta negligente
frente a reglas que no existían en ese momento, es decir que se expidieron con
posterioridad. Esto cobra mayor relevancia, cuando el ejercicio del presente medio
de control se motivó en un interés general, propio de la función pública, esto es,
propender por la estabilidad financiera del sistema pensional.

2.2. El problema jurídico

25. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 19, los
problemas jurídicos se contraen a establecer:

25.1. ¿Si Luz Marina Torres Rodríguez, era beneficiaria del régimen previsto por el
Acuerdo 24 de 1989 de la Universidad Distrital, y por ende su pensión de
jubilación debió reconocerse y liquidarse en los términos del régimen extralegal? o

25.2. ¿Si es beneficiaria de la transición de la Ley 100 de 1993, en consecuencia,
de la Ley 33 de 1985; y ¿se desvirtuó la presunción de buena fe que ampara a la
demandada, para el reintegro de los dineros por concepto de mesadas
pensionales?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre la autonomía universitaria y el régimen salarial y prestacional de
los empleados de las universidades públicas20

26. Enel artículo 69 de la Constitución Política se estableció el principio de
autonomía universitaria así:

«Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse
sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

19 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
20 De acuerdo con la sentencia del 6 de junio de 2024, proferida en el expediente con radicado

25000-23-42-000-2015-00953-01 (5512-2022), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas
y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las
personas aptas a la educación superior.»

27. De acuerdo con lo anterior, las universidades son entidades autónomas, por lo
cual pueden determinar sus propias directivas y estatutos, asimismo tendrán un
régimen especial, establecido por el legislador. De otra parte el artículo 113 de la
norma constitucional, fijó la estructura del Estado, en la cual precisó que, además
de las tres ramas del poder público estaría integrado por otros órganos
«autónomos e independientes», dentro de los que se incluyen las universidades.

28. Lo anterior no significa que las universidades, aun cuando son entes
autónomos, puedan desligarse por completo del Estado, en la medida que al
pertenecer a un estado de derecho están sometidas también al régimen
constitucional y a las leyes. En ese sentido, la autonomía no es absoluta y el
legislador puede determinar límites a esa libertad de acción a través de la ley,
siempre que estos no se extiendan hasta desvirtuarla o impedir su ejercicio.

29. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-547 del 1° de diciembre de
1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz, precisó que:

«[…] Haciendo un análisis sistemático de las normas constitucionales que rigen
este asunto, se concluye que la autonomía universitaria no es absoluta, puesto
que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; y a la
ley establecer las condiciones requeridas para la creación y gestión de los
centros educativos, y dictar las disposiciones con arreglo a las cuales las
universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus estatutos.[…]»

30. Ahora bien, en los artículos 28 y 29 la Ley 30 de 1992 con la cual se desarrolló
el artículo 69 de la Constitución Política, se dispuso que las universidades públicas
pueden darse sus propios estatutos, designar a las autoridades administrativas y
académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de programas académicos,
definir y organizar labores formativas, académicas, docentes, científicas y
culturales, conferir los títulos a sus egresados y seleccionar los profesores, admitir
a los alumnos y adoptar sus regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos
para el cumplimiento de su misión social y la función institucional.

31. A su vez, el artículo 57 de la Ley 30 de 1992 dispone que las universidades
deben organizarse como entes autónomos y gozan de personería jurídica,
autonomía administrativa, académica y financiera, patrimonio independiente y
tienen la facultad de elaborar su presupuesto. Además que «el carácter especial del
régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá la organización y
elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las
universidades estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y
control fiscal y su propia seguridad social en salud».

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Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

32. Ahora bien, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en
providencia del 25 de abril de 2019, expediente 08001-23-33-000-2015-00026-
01[2108-16], M.P., César Palomino Cortés precisó que la ni Constitución Política ni
la ley otorgaron a las universidades la posibilidad de fijar su propio régimen salarial
y prestacional, ni siquiera en ejercicio de su especial autonomía; por lo tanto, sus
servidores públicos están regidos por las normas que regulan a los demás
empleados del Estado, en todo caso las universidades deben respetar las
competencias asignadas por el numeral 19, literal e), del artículo 150 de la Carta
política y la Ley 4 de 1992, según las cuales es facultad exclusiva del gobierno
nacional la de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos
bajo los objetivos y criterios determinados por el legislador.

33. Por lo anterior, las instituciones universitarias cuando implementen un beneficio
salarial y prestacional para sus servidores públicos deberán regirse por dicha
normativa, por lo cual la autonomía universitaria se limita respecto de la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, y debe acatar lo
previsto por el gobierno nacional en los términos de la Ley 4 de 1992.

2.3.2. Del régimen pensional de la Universidad Distrital

34. El Acuerdo 24 de 198921, proferido por el Consejo Superior de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, «por el cual se normaliza el procedimiento de
liquidación de prestaciones sociales para los empleados públicos docentes y se fijan otros
derechos salariales», en el artículo 6 estableció el régimen pensional especial para
los docentes así:

«ARTICULO 6. La Universidad Distrital "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS" reconocerá
y pagará a los docentes que hayan cumplido cincuenta (50) años o más de edad y
veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos la pensión de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio devengado
durante los últimos doce meses (12).
PARÁGRAFO 1. A partir de enero de 1990 la Universidad Distrital "FRANCISCO JOSÉ
DE CALDAS" pagará como pensión de jubilación el ochenta por ciento (80%) del
salario promedio devengado durante los últimos doce (12) meses a los profesores que
hayan servido quince (15) o más años continuos o discontinuos a la Universidad
Distrital.
b. A partir del 1 de enero de 1992 la Universidad Distrital "FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS" pagará como pensión de jubilación el noventa por ciento (90%) del salario
promedio devengado durante los doce (12) últimos meses a los profesores que hayan
servido veinte (20) años o más continuos o discontinuos a la Universidad Distrital.
c. A partir del 1 de enero de 1994 la Universidad Distrital "FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS" pagará como pensión de jubilación el ochenta y cinco por ciento (85%) para
quienes tengan quince (15) años o más de servicios continuos o discontinuos a la
Universidad y el cien por ciento (100%) a los que tengan veinte (20) o más de servicios
continuos o discontinuos a la Universidad Distrital.
PARÁGRAFO 2. Para el reconocimiento y pago del valor de la pensión de jubilación de
que trata el presente Artículo no se considera límite alguno.»

35. Ahorabien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección Tercera, Sala de Descongestión, mediante sentencia del 21 de

21 Expediente físico, visible a folios 9 a 12

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octubre de 2004, la cual fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en fallo del 19 de abril de 2007, C.P. Margarita Olaya
Forero, en el proceso con radicado 25000-23-25-000-2002-12046-01(4252-05),
declaró la nulidad del Acuerdo 24 de 1989 con los siguientes argumentos:

«Frente a la facultad para señalar el régimen salarial, prestacional y pensional de las
universidades oficiales, la Sala advierte, en primer lugar, que en múltiples
oportunidades ha sido reiterativa esta Corporación en expresar que ni antes de la
Constitución de 1991, ni a partir de su vigencia, los entes universitarios, a través de sus
directivas, están facultados para ello.
Según la Constitución de 1886, dicha función era asignada al Congreso y a partir de la
nueva Carta Política, es ejercida en forma concurrente por el Gobierno y el Congreso
que expide la Ley cuadro (art. 150.19 lit e). Esta facultad es indelegable en otras
autoridades sin que ninguna autoridad pueda arrogársela.
Por tanto, las universidades estatales u oficiales no tienen competencia para emitir su
propio régimen salarial y prestacional, extrañas a las normas generales, como quiera
que la Constitución no le atribuyó esa competencia. Siendo ello así, los acuerdos
universitarios no son el instrumento normativo apto para reglamentar lo atinente a
estos temas.
Por ello el artículo 77 de la ley 30 de 1992, ratifica la competencia exclusiva del
Congreso y del Gobierno Nacional cuando prescribe que "el régimen salarial y
prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la
Ley 4a de 1992, los Decretos Reglamentarios y las demás normas que la adicionan y
complementan”.». [sic]

36. La anterior decisión, implicó que la norma extralegal que constituyó el régimen
pensional de los profesores de la Universidad Distrital desapareció del mundo
jurídico, pues la sentencia que declaró la nulidad tiene efectos ex tunc.

37. Se precisa que los efectos de la sentencia que declara la nulidad de un acto
administrativo general, son ex tunc [retroactivos]; lo que no implica que las
situaciones particulares derivadas de un acto general, que con posterioridad es
anulado se mantengan incólumes, pues si es objeto de control de legalidad el acto
administrativo individual podrá declararse su nulidad.

2.3.4. De las situaciones pensionales definidas por disposiciones
municipales, departamentales y por convenciones colectivas suscritas por
sindicatos de empleados públicos en vigencia de la Ley 100 de 199322

38. Conforme con lo dispuesto en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Constitución Política23 corresponde al Congreso de la República expedir las leyes
por medio de las cuales el gobierno nacional debe fijar el régimen salarial y

22 De acuerdo con la sentencia del 14 de noviembre de 2024 proferida en el proceso con radicado

76001-23-33-009-2015-00780-01 (2958-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
23 «Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes

funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y la Fuerza Pública».

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prestacional de los empleados públicos. Esa competencia se reiteró con la
expedición de la Ley 4ª de 1992, la cual dispuso:

«Artículo 1o. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su
sector, denominación o régimen jurídico;
b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la
República;
c) Los miembros del Congreso Nacional, y
d) Los miembros de la Fuerza Pública.

Artículo 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los
siguientes objetivos y criterios:

a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por
parte del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su
servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las
limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades
y las calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles
profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama
Ejecutiva y de la Organización Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales
y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la
equidad, productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de
localización, de vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para
la Rama Legislativa.

[…]

Artículo 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos.

Artículo 12. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE>24 El régimen prestacional de los
servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional,
con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.

24Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-315-95 de 19 de julio de 1995, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz: «siempre que se

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En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad.

Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores
guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional».

39. De acuerdo con lo anterior, le corresponde al Congreso de la República dictar
las normas generales y establecer en ellas los objetivos y criterios los cuales debe
sujetarse el gobierno nacional al momento de fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos; es decir que «se presenta una competencia
compartida entre el legislador y el ejecutivo para efectos salariales y prestacionales, en
tanto que el Congreso de la República determina, mediante la ley marco, los parámetros
generales con los cuales el gobierno nacional habrá de fijar todos los elementos propios
del régimen salarial y prestacional respecto de los empleados públicos. Lo anterior, en
atención a lo dispuesto en los artículos 48 y 150, numeral 19 literales e) y f) de la
Constitución Política»25.

40. Así las cosas, resultan contrarias al ordenamiento constitucional y legal, las
disposiciones de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales,
resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o
departamentales, que regulen el régimen prestacional de los empleados públicos,
así como las normas de orden convencional.

41. No se desconoce que el artículo 55 de la Constitución Política 26 garantiza el
derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales; no
obstante, esa prerrogativa no aplica para los empleados públicos. Al respecto, la
Corte Constitucional en la sentencia C-110 de 1994, consideró que una de las
excepciones al derecho a la negociación colectiva es el caso de los empleados
públicos.

42. Con todo, en la sentencia C-1234 de 2005, la Corte concluyó que los
empleados públicos i) tienen derecho a realizar negociaciones colectivas, pues
gozan del ejercicio del derecho de presentar peticiones y consultas, y ser oídos y
tenidos en cuenta, con el objeto de alcanzar una concertación voluntaria y libre de
las condiciones de trabajo, a fin de garantizar la participación de todos en las
decisiones que los afectan; y ii) si bien no gozan de los plenos derechos de
asociación y convención colectiva, como ocurre con los trabajadores oficiales, de
acuerdo con las normas de orden constitucional y en atención a lo dispuesto en

entienda que las facultades conferidas al gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación del
régimen prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de los
trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las
entidades territoriales».
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de noviembre de 2021,

radicado 76001 23 31 000 2010 01286 02 (6097-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
26 Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones

laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación
y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo [Resalta la
Sala].

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los Convenios 151 y 154 de la OIT, incorporados en la legislación interna a través
de las Leyes 411 de 1998 y 524 de 1999, a estos servidores sí se les permite
participar en la determinación de sus condiciones de empleo, siempre y cuando se
entienda que la decisión final corresponde al gobierno nacional.

43. No obstante, en el nivel territorial existían regímenes prestacionales
extralegales contrarios al ordenamiento superior, lo que impuso que, con el fin de
salvaguardar derechos laborales consolidados, la Ley 100 de 1993 resolviera dejar
a salvo las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a
su entrada en vigencia, en desarrollo del artículo 58 constitucional que ampara los
derechos adquiridos. Así, el artículo 146 de la aludida ley dispuso lo siguiente:

«Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones
municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual
definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones Municipales o
Departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de
empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades
territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con
anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido los requisitos exigidos en
dichas normas.

Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a
que se refiere este artículo.

Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente
Ley».

44. Ahorabien, la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del
mencionado artículo, en la sentencia C- 410 del 28 de agosto de 1997, concluyó:

«El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos
constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política,
según el cual ‹se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores›.

En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos
adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han
consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran
garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras,
basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.

Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las
situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.

[…]

De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los
pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de
1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones
municipales y departamentales, deben continuar vigentes.

Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así
como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con

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arreglo a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de
jubilación extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo
hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la
garantía de los derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse
de situaciones adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de
seguridad social (ley 100 de 1993).

No sucede lo mismo con la expresión contenida en el citado inciso segundo acusado,
en virtud de la cual tendrán igualmente derecho a pensionarse con fundamento en las
disposiciones señaladas, quienes cumplan ‹dentro de los dos años siguientes› los
requisitos exigidos en dichos preceptos para pensionarse. A juicio de la Corte, ello
quebranta el ordenamiento superior, ya que equipara una mera expectativa con un
derecho adquirido. Ello impide que los que están próximos a pensionarse -es decir,
dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la ley- y que tan solo
tienen una mera expectativa de adquirir el derecho, puedan hacerse acreedores a los
beneficios propios de la ley 100 de 1993»27. [subrayado fuera de texto]

45. En línea con lo expuesto, se concluye que la Ley 100 de 1993 protegió los
derechos de quienes se pensionaron o cumplieron con los requisitos para ello con
regímenes territoriales con anterioridad a su vigencia, pese a su origen extralegal.

46. Ahora bien, valga señalar que la jurisprudencia ha considerado que los
reconocimientos pensionales individuales sustentados en convenciones colectivas
también están comprendidos dentro de los supuestos establecidos en el aludido
artículo. Particularmente, esta corporación, en sentencia de unificación de 29 de
septiembre de 201128 dispuso:

«[…] la negociación colectiva es una manifestación particular del diálogo social, y está
considerado como un derecho fundamental básico integrante de la libertad sindical,
que en su momento se dio por el convencimiento errado de que la Autonomía
Universitaria incluía la potestad de darles un régimen salarial y prestacional a sus
empleados y que el Legislador en su libertad configurativa, que no fue declarada
inconstitucional la validó o refrendó.

Ahora bien, la seguridad jurídica, es un principio del Derecho según el cual los
ciudadanos tienen la certidumbre de que el derecho a aplicar, es el previsto en las
normas jurídicas y por ello, el Estado debe acatar las normas legales que regulan, en
nuestro caso, las relaciones laborales para garantizar los derechos de los asociados.

En otras palabras, la aplicación de las normas legales en materia pensional constituyen
la realización de la seguridad jurídica pues los empleados públicos tienen que tener la
certeza de quién, cómo y cuándo obtener sus derechos para que entren a formar parte
de su patrimonio y puedan denominarse ‹derechos adquiridos›.

En ese sentido, existe un derecho adquirido cuando hay situaciones individuales y
subjetivas que se han definido bajo el imperio de la ley, de manera que deban ser
respetados por las leyes posteriores; sin embargo, en el asunto sub judice ocurrió fue
lo contrario, pues el derecho sólo se adquirió a partir de que la ley lo garantizó, antes
no estaba cobijado bajo este manto; es más, puede decirse que el derecho sólo se
consolidó a partir de la declaración que sobre el derecho se profiera y en los demás
asuntos que están sub júdice.

27 Corte Constitucional, sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997. M.P. Hernando Herrera
Vergara.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, expediente

08001-23-31-000-2005-02866-03 (2434-2010) M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

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[…]

Por lo mismo, el juez no puede alterar la voluntad del legislador, en la aplicación del
principio de la confianza legítima, pues el beneficiario de las prestaciones pensionales,
inicialmente extralegales, recibe el aval del competente para continuar percibiendo los
dineros necesarios para su jubilación, situación que conlleva, también a un derecho
adquirido.

En síntesis, aun cuando la Convención Colectiva fue emanada de autoridades
incompetentes para la regulación del régimen pensional de los empleados públicos,
dicha situación fue convalidada por expresa disposición del legislador a través del
referido artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por el
Órgano que de conformidad con la Constitución Política de 1991 es el encargado de
mantener la guarda e integridad del ordenamiento superior».

47. Así las cosas, resulta claro que en materia pensional el legislador previó la
protección especial para aquellas personas que con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 hubiesen adquirido el derecho acorde con
disposiciones municipales y territoriales, incluidas las regulaciones contenidas en
convenciones colectivas de trabajo.

2.3.5. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 33 de 198529

48. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales»,
es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que
quienes acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían
acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el
último año de servicio.

49. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado
por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los
siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso
«las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se
liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los
aportes».

50. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos
o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por
la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicio.

29De acuerdo con la sentencia 30 de enero de 2025, proferida en el expediente con radicado
11001-03-25-000-2020-00269-00 (0530-2020), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial
de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial,
podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la
edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el
Gobierno.

(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley» (se resalta).

51. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales
que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicio prestados de
manera continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las
normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no
completarlos, tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años
de edad para acceder a la pensión.

52. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley
3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la
Ley 6a de 194530 , que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así
como a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «(a) pesar de que
la Ley 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, (…) en este aspecto
se debe aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al
demandante»31; este último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es
mujer»32.

53. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 33, esta corporación34
señaló que si el servidor era del orden nacional se aplicará el Decreto Ley 3135 de
1968 y si era del orden territorial se acudiría a la Ley 6 de 1945, ello en cuanto a la
edad de jubilación. Así se indicó:

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008,
radicado 25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,

radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
32 Artículo 27.

33 Expediente 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).

34 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

del 24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.

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Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194535 se aplicó para efectos de las
prestaciones sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así
como a los servidores públicos del nivel territorial (…).
(…)
El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual
se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el
sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de
jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y
tuviera 55 años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley
33 consagró un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a
la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince
(15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las
disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente
ley» (se destaca), que para el caso de los servidores públicos del orden nacional
era el Decreto 3135 de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945»
(se resalta).

54. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6.ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación
acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior
y de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló, entre otras, en las sentencias
del 19 de noviembre de 200936 y del 16 de diciembre de 200937, en las que se
indicó lo siguiente:

«(…) El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición
consistente en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la
fecha de expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen
anterior de pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 (…).
Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
(…)
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de
hacerlo así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza
se pueden tomar para poder establecer la base de liquidación (…).

Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto en
el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas

35 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,

radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:

250002325000200200474 01(1754-06).

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Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión,
como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”
que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales (…)» (se subraya).

55. El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del
Consejo de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los
principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y
favorabilidad en materia laboral», y que, en consecuencia, «la Ley 33 de 1985 no indica
en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional,
sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de
servicios»38.

2.3.6. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado39

56. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201840 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley
33 de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

57. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que
«una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de
transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el
previsto en el inciso 3 de dicha norma».

58. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de
estos para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional
«[t]ales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto
señaló la Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100
de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que
cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos
que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de

38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-

25-000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
39 De acuerdo con la sentencia 30 de enero de 2025, proferida en el expediente con radicado

11001-03-25-000-2020-00269-00 (0530-2020), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
40 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.

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Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura
del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas.
[…]
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables […]».

59. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho de acuerdo con las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y
tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«[…] - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]».

60. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los
siguientes argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el
tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones […]».

61. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para

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quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso tercero del
artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas
personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

62. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como
instrumento de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban
próximos a pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de
la norma anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas,
y tasa de retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son
definidos a partir de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

63. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio41 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución
tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

64. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

64.1. Luz Marina Torres Rodríguez nació el 9 de agosto de 195142.

64.2. Laboró en la Universidad Distrital desde el 29 de septiembre de 1975 hasta el
31 de diciembre de 2001, como docente adscrita a la facultad de ciencias y
educación43.

64.3. Acuerdo 24 de 198944 proferido por el Consejo Superior de la Universidad
Distrital, a través del cual «se normaliza el procedimiento de liquidación de prestaciones
sociales para los empleados públicos docentes y se fijan otros derechos salariales»; y
estableció los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.

41 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y
jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados
no conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución
les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de
aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento
de determinadas condiciones (…)».
42 Expediente físico, visible a folio 13 en la cédula de ciudadanía.
43 Expediente administrativo físico, visible a folio 14 y 15, en la Resolución 060 del 14 de marzo de

2002.
44 Expediente administrativo físico, visible a folios 9 a 12.

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64.4. Durante el último año de servicio devengó los siguientes factores salariales45:

Periodo [1/enero/2001 – 1/diciembre /2001]
Concepto
Si No
Sueldo básico X
Gastos Representación X
Prima técnica X
Sobresueldo X
Subsidio transporte X
Prima alimentación X
Prima antigüedad X
Horas extras y recargo nocturno X
Prima semestral X
Prima vacaciones X
Prima navidad X
Sueldo vacaciones X
Quinquenio X

64.5. Certificado del 13 de diciembre de 200646, suscrito por el jefe de división de
recursos humanos de la Universidad Distrital, en el cual se indicó:

«Que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ha cancelado a la señora LUZ
MARINA TORRES RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No.
41.518.816 de Bogotá, desde el 31 de diciembre de 2.001, fecha en que se le
reconoció la pensión de jubilación, hasta el 30 de noviembre de 2006, las cantidades
de dinero que a continuación relaciono:

1. Por concepto de mesada pensional: $390.210.624
2. Por concepto de mesada adicional junio: $26.827.500
3. Por concepto de mesada adicional diciembre: $25.768.865»

64.6. Mediante la Resolución 060 del 14 de marzo de 200247, expedida por el rector
de la Universidad Distrital se le reconoció la pensión de jubilación a partir del 31 de
diciembre de 2001, en los siguientes términos:

«Que la docente LUZ MARINA TORRES RODRÍGUEZ, identificada con cédula de
ciudadanía 41.518.816 de Bogotá, se vinculó a la Universidad Distrital según
Resolución 741/75 y neta de posesión a partir del 29 de septiembre de 1975, como
docente adscrita a la Facultad de Ciencias y Educación.

Que analizado por parte de la División de Recursos Humanos el tiempo de servicios y
la edad se constató que a 24 de octubre del año 2001, la docente acumulaba un
tiempo computable para pensión de jubilación de 26 años y 13 días y una edad de 50
años.

Que de acuerdo con lo anterior se estableció que la mencionada docente es
beneficiaria del régimen de transición establecido en el Artículo 11 concordante con el
Articule 36 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario 813 de 1994, es evidente
que al momento de entrar en vigencia en el Distrito Capital el sistema general de
pensiones (30 de junio de 1995) la docente tenía más de 35 años de edad y más de 15
años de servicio a la Universidad Distrital

45 Expediente físico, visible a folio 18.
46
Expediente físico, visible a folio 19.
47 Expediente físico, visible a folios 14 y 5.

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Que el Artículo 3º del Decreto 813 de 1994 reglamentario de la Le 100 de 1993.
dispuso que las personas que cumplan algunos de los requisitos para el régimen de
transición, tendrán derecho al reconocimiento de la pensión de vejes o jubilación
cuando cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semana
cotizadas establecidos en las disposiciones del régimen que se les venía aplicando que
el monto de dichas pensiones será el que se establecía en el respectivo régimen que
en su caso es el Acuerdo 024 de 1989.

Que realizado el estudio pensional conforme a las disposiciones anteriores estableció
que la docente tiene derecho a pensionarse con el porcentaje indicado en dichas
normas y sin que su monto supere el límite de los veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales, tal como lo ordena el Decreto 314 de 1994.

Que mediante Resolución 398 del 28 de diciembre, se le acepta la renuncia presentada
por la docente, a partir del 31 de diciembre de 2001, al cargo de docente de tiempo
completo.

Que uno de los requisitos para entrar a gozar de la pensión de jubilación es el retiro del
servicio.»

64.7. Con la Resolución 100 del 15 de marzo de 200248, expedida por el director
administrativo de la Universidad Distrital, ordenó pagar la pensión de jubilación a
partir del 31 de diciembre de 2001, en cuantía de $5.426.514, así:

«Que mediante Resolución de Rectoría 060 del 14 de marzo de 2002, se le reconoció
la pensión de jubilación a la señora LUZ MARINA TORRES RODRÍGUEZ, identificada
con cédula de ciudadanía 41.518.816 de Bogotá.

Se le concedió estatus pensional con derecho a una mesada equivalente al cien por
ciento (100%) del salario promedio devengado durante el último años servicios.

Que la División de Recursos Humanos liquidó la mesada pensional aplicando el límite
de veinte (20) salarios mínimos legales vigentes a 31 de diciembre de 2001, arrojando
un total de $ 5.426.514 M/cte.

Que la Sección de Presupuesto expidió la disponibilidad presupuestal para tal fin.»

2.4.2. Análisis sustancial

65. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda pues consideró que Luz
Marina Torres Rodríguez no consolidó su situación pensional para el 30 de junio
de 1997, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 024 de 1989, por lo cual
no quedó convalidada por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, y en el acto que
reconoció la prestación no se podía aplicar ese Acuerdo.

66. No obstante, es beneficiaria de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, pues para la entrada en vigencia de la norma, contaba con 35 años
de edad y 15 años de servicios, por lo que tiene derecho a que su pensión de
jubilación sea reconocida y liquidada de conformidad con las leyes 33 y 62 de
1985.

48 Expediente físico, visible a folios 14 y 5.

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67. La demandada presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la
decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, porque acreditó los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación de acuerdo con el régimen
especial de la Universidad Distrital.

68. De acuerdo con los argumentos de la apelación, se advierte que el objeto del
presente asunto es la aplicación del régimen pensional de los docentes de la
Universidad Distrital, contenido en el Acuerdo 24 de 1989 expedido por el Consejo
Superior de esa institución de educación superior.

69. Al respecto, las pensiones extralegales quedaron salvaguardadas siempre que
se hubieren definido, reconocido o causado antes de los 2 años siguientes a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para el sector territorial, esto es, el 30
de junio de 199549.

70. Además, de acuerdo con el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 se preservaron
las situaciones pensionales definidas con anterioridad a la entrada en vigencia de
esa norma con fundamento en disposiciones de carácter municipal o
departamental, a pesar de su inconstitucionalidad e ilegalidad, lo cual se extendió
hasta el 30 de junio de 1997.

71. Por lo tanto, con el fin de amparar la situación pensional de acuerdo con la
convalidación prevista en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, se debe verificar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen extralegal hasta el 30
de junio de 1997.

72. Ahora bien, de las pruebas documentales aportadas se evidencia que la
demandada nació el 9 de agosto de 1951, y por tanto, al 30 de junio de 1997,
fecha en la que se definía su derecho pensional de acuerdo con el artículo 146 de
la Ley 100 de 1993, acumulaba 21 años, 9 meses, 1 día de servicio y tenía 45
años de edad.

73. Por lo tanto, se observa que, para el 30 de junio de 1997, la demandada no
cumplió el requisito de 50 años de edad, establecido para los docentes de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de conformidad con lo previsto en
el artículo 6 del Acuerdo 24 de 1989, pues para consolidar su estatus pensional
debía acreditar los dos requisitos, estos son 15 años de servicio y 50 años de edad.

74. En tal sentido, en el reconocimiento pensional no era aplicable el Acuerdo 24
de 1989, pues la situación pensional no quedó consolidada antes del 30 de junio
de 1997, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Ley 100 de
1993.

75. Por lo anterior, la situación pensional de la demandada se regía por las
disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985, el cual conservó por cuanto se
49 Decreto 691 de 1994 «[P]or el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de

pensiones y se dictan otras disposiciones.»

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encontraba dentro de los supuestos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, puesto que a su entrada en vigor en el sector territorial el 30 de junio de
1995, contaba 43 años de edad y 19 años, 9 meses y 1 día de servicio en la
Universidad Distrital.

76. En suma, se evidencia que la demandante adquirió el estatus pensional en
vigencia de la Ley 100 de 1993, por cuanto cumplió 55 años de edad en el año
2006, y era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, por lo cual tenía derecho a la pensión de jubilación de acuerdo
con la Ley 33 de 1985 en cuanto a la edad, tiempo y tasa de reemplazo.

77. La prestación se debía liquidar de acuerdo con las subreglas de la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena de esta
Corporación, esto es, tomando la tasa de reemplazo del 75% sobre un ingreso de
liquidación IBL equivalente «(i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE»; y los factores salariales previstos en el
Decreto 1158 de 1994.

78. En consecuencia, en los actos acusados se reconoció la pensión de jubilación
con el Acuerdo 24 de 1989, por lo cual la entidad no reconoció la prestación de
acuerdo con el régimen aplicable a Luz Marina Torres Rodríguez.

79. De otra parte, en los alegatos de conclusión la Universidad Distrital argumentó
que es procedente la devolución de dineros pagados por concepto del
reconocimiento pensional, por lo cual la Sala resalta que en todos los actos de los
particulares y de las autoridades se presume la buena fe, razón por la cual ha
debido probarse que la obtención del derecho prestacional se hizo con
desconocimiento de los postulados de la buena fe. Además, en el presente asunto
no se probó el actuar doloso o de mala fe por parte de la demandada para obtener
el pago de su pensión.

80. Tampoco se desconoce la aptitud legal de Luz Marina Torres Rodríguez frente
al reconocimiento pensional, sino que se da como consecuencia de un error de la
entidad que efectuó el reconocimiento, que no es atribuible a la demandada.

81. Así las cosas, esta Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la
Universidad Distrital.

2.5. Costas

61.La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que dispuso:

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25000-23-25-000-2007-00789-02 (5805-2023)
Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

«ARTÍCULO 55. Condena en costas. El artículo 171 del Código Contencioso
Administrativo, quedará así: "Artículo 171. Condena en costas. En todos los procesos,
con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta
asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente
o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil."».

62. No existieron acciones temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento y de verificar que en el
expediente aparezca probado si se causaron esas costas.

63.En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar
en costas.

3. Conclusión

64. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Luz Marina Torres
Rodríguez, no cumplió con los requisitos necesarios para acceder a la pensión de
jubilación extralegal, prevista en el Acuerdo 24 de 1989 expedido por la
Universidad Distrital.

65. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 30 de junio de 2023
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

66.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Inaplicar por inconstitucional la expresión «[…] y que estén en curso […]»,
prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, de conformidad con lo expuesto
en las consideraciones de esta providencia.

Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 30 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase

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25000-23-25-000-2007-00789-02 (5805-2023)
Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000
2020-00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KGO

29

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