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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00030-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00030-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Negar la pretensión de la demanda de nulidad formulada contra el artículo 33 de la Resolución 4009 del 12 de noviembre de 2020 expedido por el rector de la UPTC, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Reconocer a la abogada Andry Tatiana Arias Méndez, quien se identifica con cédula de ciudadanía 5298135616 y Tarjeta Profesional 169127, como apoderada del Ministerio del Trabajo. Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00030-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020230003000 (0635-2023)
Demandante: José Alfredo Dueñas Rodríguez
Demandado: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Vinculado: Asociación Sindical de Profesores Universitarios-ASPU
SECCIONAL UPTC
Temas: Prima de servicios de docentes ocasionales de
universidades públicas
Decisión: Niega las pretensiones

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

1.
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por el señor José Alfredo Dueñas Rodríguez contra la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia1.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

2.
En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,2 el señor José Alfredo Dueñas Rodríguez, actuando en nombre propio,
interpuso demanda en orden a que se anule el artículo 33 de la Resolución 4009 del
12 de noviembre de 2020, «por la cual se establece las condiciones de empleo para
los empleados públicos docentes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, acordadas dentro del proceso de negociación del pliego de solicitudes
presentado por LA ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS
ASPU SECCIONAL UPTC, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de
2015».

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3.
El demandante alegó que el acto administrativo cuestionado vulneró los artículos
53, 55, 57,83, y 150-19 de la Constitución Política; 7 y 8 de la Ley 411 de 1997; 41

1
UPTC.
2
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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Radicado: 11001032500020230003000 (0635-2023)
Demandante: José Alfredo Dueñas Rodríguez

del Decreto 1279 de 2002; 14 del Decreto 160 de 2014; 2.2.2.4.10-10 del Decreto
1072 de 2015; el Convenio 151 de la OIT; las Leyes 30 y 4 de 1992 y el Decreto 1075
de 2015, conforme a los cargos formulados por la parte accionante.

4.
Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:

i) La disposición acusada fijó de manera unilateral el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, pese a que los entes universitarios
carecen de competencia para crear el régimen salarial y prestacional de su
personal docente, pues tal atribución solamente recae en el Congreso y el
presidente de la República.

ii) La resolución demandada extralimitó la autonomía universitaria, ya que
amplió el marco de aplicación de la prima de servicios a los docentes ocasionales
y varió las condiciones para su reconocimiento, dado que permitió el pago
proporcional y no por los 6 meses que prevé el ordenamiento superior.

iii) La sentencia C-006 de 1996, proferida por la Corte Constitucional, asimiló a
los docentes ocasionales con los de planta en materia salarial y prestacional. De
ahí que a unos y otros se les debe aplicar el artículo 41 del Decreto 1279 de 2002,
el cual prevé que tienen derecho al pago completo de la prima de servicios
siempre que estuvieran vinculados durante un año. Para «los que hayan estado
vinculados por tiempo inferior a un año y siempre que hubieran servido a la
universidad respectiva por lo menos seis meses se les liquidara
proporcionalmente a razón de una doceava parte por cada mes de servicio
completo, el tiempo para el reconocimiento comienza a contarse a partir del 1 de
junio».

iv) No es procedente el reconocimiento y pago proporcional de la prima de
servicios a los docentes ocasionales, en tanto no han servido a la UPTC durante
por lo menos 6 meses.

1.2. Contestación de la demanda

5.
La UPTC se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento a las
siguientes razones:

i) El acto administrativo enjuiciado se sustentó en un proceso previo de
negociación colectiva entre el ente universitario y una organización sindical, de
ese modo el rector de la institución era competente para expedir la determinación
en atención a las facultades residuales otorgadas por la ley a los entes
universitarios autónomos.

ii) En virtud de la negociación colectiva de carácter laboral, las partes

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2

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Demandante: José Alfredo Dueñas Rodríguez

convinieron asuntos no reglados en la normatividad general, en ese sentido,
derivado de la competencia residual del rector del plantel educativo, aquello que
no se encuentra pactado normativamente podrá ser objeto de negociación
colectiva con el límite establecido en la ley y la jurisprudencia respecto al
reconocimiento de prestaciones sociales de tiempos parciales de prestación de
servicios.

iii) El pacto adoptado en la decisión demandada atendió precedentes judiciales
relativos al reconocimiento parcial de prestaciones sociales de tiempos
efectivamente laborados, ciertamente fue trasladada la tesis a la negociación
colectiva y como consecuencia de ello se dispuso el reconocimiento proporcional
al tiempo efectivamente trabajado durante el año fiscal y no en los dos semestres
que integra cada anualidad.

6.
La Asociación Sindical de Profesores Universitarios-ASPU SECCIONAL
UPTC solicitó resolver desfavorablemente los cargos del medio de control, por
cuanto, el artículo 33 de la Resolución 4009 de 2020 incorporó el pago de derechos
salariales y prestacionales de los docentes ocasionales de la institución, pero no
creó aspectos salariales y prestacionales. Adicionalmente, formuló la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda.

7.
El Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo propusieron la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva o ausencia de interés

II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada

8.
Por auto del 8 de septiembre de 2021, se admitió la demanda.

9.
A través de providencia del 18 de julio de 2025, se negó la solicitud de medida
cautelar presentada por el demandante.

10.
Mediante auto del 9 de diciembre de 2025, el despacho evidenció la posibilidad
de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A
del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) prescindir de la audiencia inicial
prevista en el artículo 180 ibidem; b) resolver la excepción de ineptitud sustantiva de
la demanda; c) declarar probada la excepción de indebida representación de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia por parte del Ministerio de
Educación y el Ministerio del Trabajo; d) desvincular al Ministerio de Educación y el
Ministerio del Trabajo del trámite del expediente; e) resolver sobre las pruebas
aportadas y solicitadas; f) fijar el litigio; g) correr traslado a las partes y al Ministerio
Público para presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

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Demandante: José Alfredo Dueñas Rodríguez

2.2. Alegatos de conclusión

11.
La UPTC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. La
parte demandante guardó silencio.

2.3. Ministerio Público

12.
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

13.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Problema jurídico

14.
Le corresponde a la Sala determinar si el acto acusado quebrantó el
ordenamiento superior, conforme a los cargos de nulidad expuestos por el
demandante.

3.2. Texto de los actos demandados

15.
El demandante acusó la legalidad parcial de la Resolución 4009 del 12 de
noviembre de 2020, cuyo tenor es el siguiente:

RESOLUCIÓN 4009
(Tunja, 12 de noviembre de 2020)

Por la cual se establece las condiciones de empleo para los empleados públicos
docentes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, acordadas
dentro del proceso de negociación del pliego de solicitudes presentado por LA
ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ASPU
SECCIONAL UPTC, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA

En uso de las atribuciones legales y estatutarias, y en especial las consignadas en
la Ley 30 de 1992, el Decreto 1072 de 2015, el Acuerdo 066 de 2005, y

CONSIDERANDO
[…]

RESUELVE
ARTICULO 33. DEL RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL; DE LOS
PROFESORES CON VINCULACIÓN TEMPORAL DENOMINADOS
OCASIONALES, DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DE LOS PROFESORES
OCASIONALES, DE LOS PROFESORES CON VINCULACIÓN TEMPORAL
DENOMINADOS CATEDRÁTICOS, DEL VÍNCULO LABORAL, DEL

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Demandante: José Alfredo Dueñas Rodríguez

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS Y DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA
DOCENTE; se acuerda lo siguiente:
De los recursos asignados a la UPTC como resultado del Acuerdo suscrito entre el
Gobierno Nacional y el movimiento universitario en diciembre de 2018, la
administración se compromete a reconocer y pagar a los profesores ocasionales lo
siguiente:
A partir del 2020: Reconocimiento y pago de la prima de servicios la cual se liquida
proporcional a los meses de servicio prestados a la Universidad por parte de los
profesores ocasionales.
[…]
3.4. Autonomía universitaria para la determinación del régimen salarial y
prestacional de empleados de las universidades públicas
16.
El artículo 69 de la Constitución Política consagró que las Universidades tendrán
la facultad de darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo
con la ley.

17.
En línea con lo anterior, el artículo 29 de la Ley 30 de 1992 3 especificó que la
autonomía universitaria de las instituciones universitarias, entre otras cosas se
prédica en la posibilidad de darse y modificar sus estatutos.

18.
Complementariamente, el artículo 57 de la referida regulación determinó que «el
carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales,
comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y
administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen
financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad social en
salud […]».

19.
Las disposiciones citadas no contemplaron como potestad derivada de la
autonomía universitaria la relativa a determinar su régimen salarial y prestacional.
De esa manera, los empleados públicos que integran a las universidades públicas
se rigen por las prescripciones que gobiernan a los demás empleados públicos, por
ello, las autoridades administrativas deben atender las competencias conferidas por
el literal E del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política y la Ley 4ª de
1992, es decir, la regulación de dicho tema es competencia exclusiva del Gobierno
nacional con fundamento en los objetivos y criterios fijados por el legislador 4.
20.
La corporación ha explicado que los entes universitarios autónomos deben
respetar las disposiciones expedidas por el Gobierno nacional en virtud de las
facultades conferidas por la Ley 4ª de 1992, en efecto, consideró que «tales
disposiciones y su contenido son el marco que han de observar las instituciones

3
Artículo 29 de la Ley 30 de 1992. Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior. «La
autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas
profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes
aspectos: a) Darse y modificar sus estatutos. […]».
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2018. Expediente: 68001-
23-33-000-2014-00329-01(4655-15). CP Sandra Lisset Ibarra Vélez. En similar sentido, ver el fallo del 25 de
abril de 2019. Expediente: 08001-23-33-000-2015-00026-01(2108-16). CP César Palomino Cortés.

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universitarias a la hora de implementar algún tipo de beneficio salarial y prestacional
para sus servidores públicos. Empero, en ningún caso, les es dable crear otros
diferentes»5.

21.
La Corte Constitucional ha indicado que «el artículo 77 de la ley 30 de 1992 […]
contiene el régimen especial diseñado para las mismas en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 69 superior […]». A su vez, puntualizó que «el legislador
impuso, en el régimen especial que expidió para las universidades públicas, sin
distinción alguna, un límite a su libertad de acción, a su autonomía, en materia
salarial y prestacional, que hace que el régimen de sus docentes en esas materias le
corresponda fijarlo al gobierno nacional»6.

3.5. Régimen salarial y prestacional de los docentes ocasionales de
universidades públicas

22.
La Ley 30 de 1992 dispuso en su artículo 71 que «los profesores podrán ser de
dedicación exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo y de cátedra».

23.
Igualmente, conforme al artículo 74 ídem, son docentes ocasionales de las
universidades públicas «aquellos que con dedicación de tiempo completo o de
medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la entidad para un período
inferior a un año»; además, «no son empleados públicos ni trabajadores oficiales,
sus servicios serán reconocidos mediante resolución y no gozarán del régimen
prestacional previsto para estos últimos».

24.
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-006/96, declaró inexequible la
expresión resaltada en cursiva con fundamento a que es una forma de vinculación al
servicio docente que requiere protección del Estado y en virtud de ello es
procedente el reconocimiento de los derechos que les asiste como servidores del
Estado, pues las condiciones de trabajo de los profesores ocasionales son similares
a la que prestan los maestros de carrera.

25.
A partir de estas premisas, se concluyó que los docentes ocasionales tienen
derecho al reconocimiento proporcional de las prestaciones sociales que se le
aplican a los profesores de carrera. Esta interpretación también se extendió a los
catedráticos.

26.
Conforme al artículo 77 de la Ley 30 de 1992 «el régimen salarial y prestacional
de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4ª de
1992», asimismo, según el artículo 20 de la Ley 4ª de 1992 «los profesores de las

5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de agosto de 2020. Expediente: 11001-
03-25-000-2011-00456-00 (1750-2011). CP Rafael Francisco Suárez Vargas.
6
Sentencia C-053/98. MP Fabio Morón Díaz.

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universidades públicas nacionales tendrán igual tratamiento salarial y prestacional
según la categoría académica exigida, dedicación y producción intelectual».

27.
Posteriormente, el Decreto 1279 de 2002 reglamentó «el régimen salarial y
prestacional de los docentes de las Universidades Estatales».

3.6. El caso concreto. Análisis de los cargos de nulidad

28.
El accionante expresó que el acto administrativo cuestionado quebrantó el
ordenamiento superior en razón a que se arrogó una competencia en materia
salarial y prestacional que sólo está atribuida al legislador y al Gobierno nacional.
Específicamente, extendió la aplicación de la prima de servicios a los docentes
ocasionales y les permitió percibirla de manera proporcional y sin necesidad de
cumplir un mínimo de vinculación de 6 meses.

29.
El inciso tercero del artículo 33 de la Resolución 4009 del 12 de noviembre de
2020 estableció que a partir del 2020 se reconocerá la prima de servicios a los
profesores ocasionales, la cual se liquida proporcional a los meses de servicio
prestados a la UPTC.

30.
Lo anterior derivó de una mesa de negociación, en ejercicio del derecho a la
negociación colectiva regulado en los artículos 53 y 55 de la Constitución Política, el
Convenio 151 de la OIT,7 ratificado por la Ley 411 de 1997, y los Decretos 160 de
2014 y 1072 de 2015.

31.
En detalle, el pliego de peticiones del 27 de febrero de 20198 suscrito por la ASPU
SECCIONAL UPTC con destino al ente universitario autónomo, respecto a los
profesores con vinculación temporal denominados ocasionales, especificó lo
siguiente:

PETICIONES

CAPÍTULO I
SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
DOCENTES DE LA UPTC

ARTÍCULO 3. DE LOS PROFESORES CON VINCULACIÓN TEMPORAL
DENOMINADOS OCASIONALES. En aplicación del principio de igualdad
consagrado en el Preámbulo de la Constitución Nacional y los artículos 13, 25 y 53 de
la misma Carta Fundamental, la Rectoría de la UPTC dará estricta aplicación al
principio de “A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL", eliminando los factores de
discriminación existentes en la vinculación de los profesores ocasionales con relación
a los profesores de planta. Para tal efecto, la Rectoría de la universidad reconocerá y
pagará los salarios y prestaciones a que tienen derecho los profesores ocasionales de

7
Organización Internacional del Trabajo.
8
Visible en las páginas 2 a 26 del archivo titulado «047_47_MemorialWeb_Respuesta-
RESPUESTAAOFICION», índice 47 de Samai.

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7

Radicado: 11001032500020230003000 (0635-2023)
Demandante: José Alfredo Dueñas Rodríguez

la UPTC, según lo establecido en el Decreto 1279 de 2002 y en el Acuerdo 060 de
2002, en las Sentencias de la Corte Constitucional C-006 de 1996 y del Consejo de
Estado de junio 4 de 2009, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Radicación número 11001-
03-25-000-2005-00057.00 (1873-05).
[…]

32.
En línea con lo anterior, el 19 de octubre de 2020 se suscribió por parte de la
UPTC y los representantes de la organización sindical el acta final9 de los acuerdos
de la negociación colectiva, entre otros aspectos se registró:

ACTA FINAL DE ACUERDOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DEL PLIEGO
DE SOLICITUDES PRESENTADO POR LA ASOCIACIÓN SINDICAL DE
PROFESORES UNIVERSITARIOS (ASPU), SECCIONAL UPTC, A LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
[…]

3. ACUERDOS
[…]

Con relación a los artículos 2 (del régimen salarial y prestacional), 3 (de los profesores
con vinculación temporal denominados ocasionales, 4 (de la actividad docente de los
profesores ocasionales), 5 (de los profesores con vinculación temporal denominados
catedráticos), 6 (del vínculo labora), 16.4 (cumplimiento de sentencias), 19 (de la
ampliación de la planta docente), se acuerda lo siguiente:

Acuerdo:

La Universidad se compromete a:

De los recursos asignados a la UPTC como resultado del Acuerdo suscrito entre el
Gobierno Nacional y el movimiento universitario en diciembre de 2018, la
Administración se compromete a reconocer y pagar a los profesores ocasionales lo
siguiente:
A partir del 2020: Reconocimiento y pago de la prima de servicios la cual se liquida
proporcionalmente a los meses de servicio prestados a la Universidad por parte de los
profesores ocasionales.
[…]

33.
Teniendo en cuenta lo anterior, la UPTC expidió el inciso tercero del artículo 33 de
la Resolución 4009 del 12 de noviembre de 2020.

34.
Ahora bien, la Corte Constitucional en la Sentencia C-006 de 1996 declaró
inexequible la expresión resaltada en cursiva del artículo 74 de la Ley 30 de 1992 en
la cual establecía que los docentes ocasionales «no son empleados públicos ni
trabajadores oficiales, sus servicios serán reconocidos mediante resolución y no
gozarán del régimen prestacional previsto para estos últimos». De este
pronunciamiento se extraen las siguientes conclusiones relevantes para resolver el
cargo formulado:

9
Visible en las páginas 42 a 56 del archivo titulado «047_47_MemorialWeb_Respuesta-
RESPUESTAAOFICION», índice 47 de Samai.

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Demandante: José Alfredo Dueñas Rodríguez

i) Las modalidades de vinculación de docentes universitarios corresponden a:
1) los profesores empleados públicos ingresan mediante concurso de méritos; 2)
catedráticos, se vinculan como contratistas y atienden funciones o tareas
docentes de carácter especializado o coyuntural, que no exigen su dedicación de
medio tiempo o de tiempo completo; 3) docentes ocasionales, transitoriamente se
vinculan a la entidad con dedicación de medio tiempo o tiempo completo, para
realizar actividades inherentes a la naturaleza de la institución: docencia y/o
investigación.

ii) Los profesores ocasionales ejercen las mismas funciones que las de un
profesor de planta, además para su vinculación deben acreditar similares
requisitos de formación y experiencia, y tienen las mismas obligaciones que los
docentes empleados públicos; la diferencia con aquellos radica en la forma de
vinculación y en la temporalidad de la misma.

iii) La citada categoría subyace de las singularidades de las necesidades de las
instituciones universitarias y las características especiales de la actividad,
atribuibles a la universidad pública y no al trabajador que debe acreditar similares
condiciones de formación y experiencia, así como ejecutar labores parecidas a
las asignadas a los profesores que ingresan a través de concurso de méritos, a
quienes, si se les reconocen, como parte de su retribución, las prestaciones
sociales.

iv) La vinculación transitoria de los docentes ocasionales no es óbice para el
reconocimiento proporcional de las prestaciones por el tiempo laborado, de ahí
que no se podrá negar su reconocimiento pues se afectaría el principio a la
igualdad y el artículo 25 de la Constitución Política que dispone el «derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas», las cuales no se darían en un régimen
que establece similares obligaciones a los docentes y restringe las prerrogativas
de los profesores ocasionales que se ven privados del «derecho al descanso
remunerado, a las primas de servicios y de maternidad, a la cesantía».

35.
En ese sentido, la corporación concluyó que las condiciones de trabajo de los
profesores ocasionales son similares a las de sus homólogos de carrera,
especialmente por el elemento de la subordinación, por ende, un tratamiento
diferenciado en materia prestacional deviene discriminatorio y desconoce los
principios de igualdad y justicia.

36.
Adicionalmente, el Consejo de Estado mediante sentencia del 4 de junio de
200910 en atención al criterio expuesto en el fallo C-006 de 1996, indicó que como los
docentes ocasionales deben demostrar idénticas condiciones de formación y

10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de junio de 2009. Expediente: 11001-03-
25-000-2005-00057-00(1873-05). CP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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Radicado: 11001032500020230003000 (0635-2023)
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experiencia, así como ejecutar labores similares a las encomendadas a los
profesores que ingresaron por medio de concurso de méritos, no era posible
restringir el reconocimiento de las prestaciones sociales a pesar de la vinculación
transitoria y por ende éstas se reconocerían de forma proporcional por el término de
la misma.

37.
Posteriormente, la corporación en la decisión del 19 de septiembre de 2018 11
sostuvo que «no le asiste razón a la actora cuando alega que no resulta procedente
ordenar el pago de las prestaciones sociales de bonificación de servicios prestados
y prima de servicios a docentes catedráticos que tan solo laboran durante 4 meses
por periodo académico, pues la Corte Constitucional fue contundente en señalar la
viabilidad de efectuar dicho reconocimiento, tal como lo ordenó el ad quem, con
base en el derecho a la igualdad, la justicia, así como del trabajo en condiciones
dignas, en aplicación del principio de la irrenunciabilidad de los beneficios laborales.

38.
Nótese que, en la contestación de la demanda, la UPTC explicó que el rector
actuó con fundamento a la competencia residual en la negociación colectiva para
convenir asuntos no reglados en la normatividad general y enfatizó que se
atendieron los precedentes jurisprudenciales sobre la materia.

39.
Sin embargo, el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos
tiene como uno de sus límites la competencia de la entidad con la que se está
negociando12. Al respecto, el Decreto 160 de 2014 regula el procedimiento de
negociación colectiva de los empleados públicos y en su artículo 3 determinó los
siguientes límites para este tipo de acuerdos:

Artículo 3: Son reglas de aplicación de este decreto, las siguientes:

1. El respeto de la competencia constitucional y legal atribuida a las entidades y
autoridades públicas: la negociación debe respetar las competencias exclusivas que
la Constitución Política y la ley atribuyen a las entidades y autoridades públicas.

40.
Por ende, pese a que exista un acuerdo entre la autoridad y sus empleados, el
acto administrativo a través del cual se materialice dicha negociación, podría estar
viciado de nulidad si en este se implementan estipulaciones sobre los cuales la
autoridad administrativa no tenía competencia.

41.
Dicho lo anterior, es pertinente puntualizar que el artículo 44 del Decreto 1279 de
2002 reglamentó el reconocimiento de la prima de servicios de los docentes de las
Universidades estatales en los siguientes términos:

11
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de septiembre de 2018. Expediente: 11001-03-15-000-
2018-02550-00 (AC). CP María Elizabeth García González.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21
de julio de 2023. Expediente: 11001-03-24-000-2018-00147-00 (4065-2018) CP César Palomino Cortés.

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Radicado: 11001032500020230003000 (0635-2023)
Demandante: José Alfredo Dueñas Rodríguez

Los empleados públicos docentes tienen derecho a una Prima Anual de Servicios
equivalente a treinta (30) días de remuneración mensual, la que se paga completa a
quienes hayan estado vinculados durante un (1) año.

A los empleados públicos docentes de carrera que hayan estado vinculados por
tiempo inferior a un año y siempre que hubieren servido a la Universidad respectiva
por lo menos seis (6) meses, se les liquida proporcionalmente, a razón de una
doceava (1/12) parte por cada mes de servicio completo.

Esta Prima se cancela en la segunda quincena de junio del año respectivo y se liquida
con base en los siguientes valores:

a) La remuneración mensual que corresponda al docente a treinta (30) de abril del
año respectivo;

b) Una doceava (1/12) de la Bonificación por Servicios Prestados cuando ésta se
haya causado.

Parágrafo. El tiempo para el reconocimiento de la Prima de Servicios de que trata
este artículo, comienza a contarse a partir del 1° de junio de 1992.

42.
Es cierto que el reconocimiento del beneficio prestacional se determinó para los
docentes que estuvieren vinculados durante 1 año e incluyó un requisito temporal
para acceder a su pago en el evento en que el maestro se vincule por un tiempo
inferior a 1 año y superior a 6 meses.

43.
No obstante, a la disposición no se le puede dar una lectura independiente al
criterio establecido por la Corte Constitucional en el fallo C-006 de 1996 consistente
en que los docentes ocasionales tienen derecho al «reconocimiento proporcional de
las prestaciones sociales que se aplican a los profesores empleados públicos de
carrera, de que trata el artículo 72 de la citada ley 30 de 1992», reiterado por el
Consejo de Estado en la sentencia del 4 de junio de 2009.

44.
Ciertamente, conforme se observa en el pliego de peticiones aceptado por el ente
universitario autónomo, se instó a la dependencia a tener en cuenta las posiciones
jurisprudenciales plasmadas en las sentencias descritas previamente, incluido el
Acuerdo 060 de 2002 expedido por el Consejo Superior Universitario de la UPTC
que en su artículo 2 estableció el régimen salarial y prestacional de los docentes
ocasionales de la institución en el sentido de que «durante el tiempo que estén
vinculados a la Universidad, tendrá como parámetro de referencia las mismas
normas que regulan a los empleados públicos docentes de régimen especial. En el
régimen prestacional se reconocerá, proporcionalmente al tiempo de servicio:
vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, cesantías y la prima de
navidad. Las vacaciones se reconocerán en tiempo y colectivamente, en el período
libre entre los dos semestres académicos de mitad de año».

45.
Por ello, no es posible concluir que el rector del plantel educativo en el
procedimiento de negociación colectiva invadió materias con reserva de ley o de

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Radicado: 11001032500020230003000 (0635-2023)
Demandante: José Alfredo Dueñas Rodríguez

regulación específica por el Gobierno nacional en los términos del literal E del
numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, dado que, el ente
universitario autónomo no creó una acreencia laboral y el parámetro determinado en
la sentencia C-006 de 1996 que fue atendido por la autoridad administrativa en la
Resolución 4009 del 12 de noviembre de 2020 es de carácter erga omnes en virtud
de que a la luz del inciso primero del artículo 243 de la Constitución Política, «los
fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional»13.

46.
En consecuencia, los docentes ocasionales de los entes universitarios tienen
derecho al reconocimiento de la prima de servicios en forma proporcional al tiempo
laborado y sin necesidad de demostrar una vinculación de por lo menos 6 meses.

47.
Ahora bien, la Sala también ha considerado que para el reconocimiento de la
prima de servicio de los docentes catedráticos y ocasionales se requiere de la
designación mínima de 6 meses para su reconocimiento, dado que «en armonía con
lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política, a fin
de entender que los docentes ocasionales y catedráticos de las universidades
públicas pueden devengar las prestaciones sociales que perciben los profesores de
planta, siempre que satisfagan las exigencias requeridas para acceder a cada
prestación»14; sin embargo, el acto administrativo desarrolló el criterio sobre la
materia al momento de su expedición, 12 de noviembre de 2020 y se ajustó a los
parámetro interpretativos aplicados por la Corte Constitucional en la sentencia
C-006 de 1996 y el Consejo de Estado en el fallo del 4 de junio de 2009 proferido en
el expediente 1873-05.
48.
En todo caso, teniendo en cuenta que los profesores ocasionales realizan su
prestación del servicio en idénticas condiciones a las labores ejecutadas por los
docentes de carrera administrativa de las universidades públicas y se encuentran
sometidos a subordinación, afectaría el principio de «trabajo igual, salario igual»
desconocer que los maestros ocasionales que laboraron durante un período inferior
a 6 meses no tienen derecho al reconocimiento de la prima de servicios de forma
proporcional.
49.
Al respecto, en la sentencia C-006 de 1996 se puntualizó que, si la vinculación de
los docentes ocasionales es transitoria, «el reconocimiento de las prestaciones
sociales será proporcional al término de la misma, pero no se podrá negar, pues ello
además de contrariar el principio de igualdad que consagra la Constitución, atenta

13
Sobre el tema, en la sentencia C-600/98 se precisó que «la Corte Constitucional, en lo que hace a las normas
sometidas a su examen, define, con la fuerza de la cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.), su exequibilidad o
inexequibilidad, total o parcial, con efectos erga omnes y con carácter obligatorio general, oponible a todas las
personas y a las autoridades públicas, sin excepción alguna».
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2
de diciembre de 2021. Expediente: 25000-23-42-000-2017-05197-02 (0711-2021) CP Rafael Francisco Suárez
Vargas. Tesis reiterada en la decisión del 26 de mayo de 2022. Expediente: 41001-23-33-000-2016-00114-01
(0672-2019). CP William Hernández Gómez.

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Radicado: 11001032500020230003000 (0635-2023)
Demandante: José Alfredo Dueñas Rodríguez

contra lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta, en el sentido de que […] toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas».

50.
El artículo 25 de la Constitución Política establece que «el trabajo es un derecho y
una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección
del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y
justas».

51.
Dentro de las protecciones que emanan de ese postulado se encuentra el
principio de «a trabajo igual, salario igual», que a su vez concreta los pilares de
dignidad y justicia allí señalados. En el ámbito legal, el artículo 143 del Código
Sustantivo el Trabajo precisa los alcances de ese bastión en los siguientes términos:

Artículo 143. a trabajo de igual valor, salario igual. [Modificado por el artículo 7 de
la Ley 1496 de 2011]

1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia
también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los
elementos a que se refiere el artículo 127.

2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, género,
sexo nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales.

3. Todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración, se presumirá
injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación.

52.
A partir de estas precisiones, la Corte Constitucional 15 ha enfatizado que el
principio en cita se activa en la medida en que el interesado acredite que: i) ocupa el
mismo cargo; ii) desarrolla las mismas funciones y; iii) detenta las mismas
competencias y habilidades para cumplir con la tarea encomendada a otro
empleado, con la diferencia de que a éste se le reconoce y paga una asignación
salarial superior.

53.
En esa medida, como las condiciones de trabajo de los profesores ocasionales
son similares a las de sus homólogos de carrera, especialmente por el elemento de
la subordinación y deben demostrar similares requisitos de formación y experiencia
para el ejercicio de sus funciones, un tratamiento diferenciado en materia
prestacional deviene discriminatorio y desconoce los principios de igualdad y
justicia.
54.
Es importante aclarar que, el reconocimiento proporcional de la prima de
servicios a los docentes ocasionales con vinculación inferior a 6 meses no otorga un
trato privilegiado a éstos frente a los docentes de carrera administrativa que integran
la planta de personal del centro universitario, dado que, para los segundos el artículo
42 del Decreto 1279 de 2002 dispone el pago de 30 días de salario si contaron con

15
Sentencia T-369 de 2016. MP María Victoria Calle Correa.

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Radicado: 11001032500020230003000 (0635-2023)
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vinculación laboral de un año o de forma proporcional a aquellos que prestaron
servicios por un período igual o superior a 6 meses, es decir, como la vinculación del
docente que integra la planta de personal propende por la vocación de permanencia
con todos los beneficios que ello implica en la institución, no es posible predicar que
con el reconocimiento proporcional de la prima de servicios al docente ocasional se
genere un trato discriminatorio pues el objetivo de su pago es reconocer la
prestación social al docente ocasional que prestó sus servicios en igualdad de
condiciones que el maestro de planta.

3.6. Condena en costas

55.
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

56.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Negar la pretensión de la demanda de nulidad formulada contra el artículo
33 de la Resolución 4009 del 12 de noviembre de 2020 expedido por el rector de la
UPTC, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Reconocer a la abogada Andry Tatiana Arias Méndez, quien se identifica
con cédula de ciudadanía 5298135616 y Tarjeta Profesional 169127, como
apoderada del Ministerio del Trabajo.

Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

16
Certificado de Vigencia 989694.

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Demandante: José Alfredo Dueñas Rodríguez

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley y el art. 186 del CPACA

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