Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02734-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02734-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02734-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
23 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02734-00
Demandante: Rosaura Garavito Leal y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-02734-00
Demandante ROSAURA GARAVITO LEAL Y OTROS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B Y
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA CUARTA DE
DESCONGESTIÓN.
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales de
procedibilidad. La relevancia constitucional. Medio de control de
reparación directa. Error jurisdiccional. Orden de comiso de
vehículo en el curso de un proceso penal. Caducidad de la
acción.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Rosaura Garavito Leal y otros, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de mayo de 20221, las señoras Rosaura Garavito Leal, Mayerly Rincón
Garavito y Dianny Alejandra Rincón Garavito interpusieron acción de tutela contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Descongestión, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones2:
“1. Declarar que la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo, al proferir la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2021
respecto del proceso identificado con radicado nro. 05001-2331-000-2011-01592-01
(49991), mediante la cual declaró la caducidad de la acción de reparación directa
interpuesta por los accionantes, incurrió en violación de los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad de las
accionantes; al igual que -en su momento- lo hizo el Tribunal Administrativo de Antioquia
Sala Cuarta de Descongestión al proferir la sentencia de fecha 25 de septiembre de 2013
respecto del proceso identificado con radicado nro. 05001-2331-000-2011-01592-01.
2. Amparar los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad de las accionantes.
3. Dejar sin valor ni efecto la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2021 (…) y, en
consecuencia, dejar sin valor ni efecto la sentencia del 25 de septiembre de 2013,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en relación con la prosperidad de la
excepción de caducidad que propuso la Nación- Rama Judicial- Consejo Superior de la
Judicatura.
1 La acción de tutela se radicó en la ventanilla de la Secretaría General según consta en el sello del
documento. SAMAI (índice 2).
2 Páginas 53 y 54 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
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Demandante: Rosaura Garavito Leal y otros
4. Declarar la procedencia de la demanda acción de reparación directa interpuesta por las
accionantes para obtener la reparación- indemnización integral de los daños antijurídicos
que sufrieron con ocasión de la emisión, ejecución y confirmación de la orden de
decomiso que fue declarada ilegal por parte de la Corte Suprema de justicia mediante
sentencia de tutela (…)de fecha 29 de julio de 2009, indicando -específicamente que no
operó la caducidad porque las accionantes interpusieron la demanda dentro del término
previsto para el ejercicio de la acción de reparación directa.
5. Ordenar la reparación indemnización integral de los daños antijurídicos que sufrieron las
accionantes, sin limitarse el señor Juez Constitucional a la reparación de los daños
expuestos inicialmente en la demanda, sino a todos los daños que encuentre probados.
Lo anterior con independencia de la clasificación de los daños que las accionantes hayan
realizado, y de acuerdo con la valoración de las pruebas aportadas y las indexaciones
que se deban realizar según corresponda.
De no ser posible que el Juez Constitucional ordene la reparación- indemnización integral
de los daños antijurídicos: Ordenar a la entidad competente que profiera una nueva
sentencia, en la cual se haga una interpretación adecuada de la norma de acuerdo con
las reglas jurisprudenciales vigentes a la presentación de la demanda, los hechos y el
material probatorio aportado, bajo los lineamientos los principios pro damnato y pro
action; procediendo con la valoración del material probatorio y la reparación-
indemnización integral de las accionantes aplicando las indexaciones que corresponden
según derecho.
6. Ordenar a la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo, que cese la vulneración de los derechos constitucionales
fundamentales de las accionantes.” (sic para toda la cita)
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 29 de julio de 2011, Rosaura Garavito Leal, Mayerly Rincón Garavito y
Dianny Alejandra Rincón Garavito incoaron medio de control de reparación
directa contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura-
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. Pretendían la
declaración de la responsabilidad administrativa y patrimonial de estas
entidades y la condena al pago de perjuicios, con ocasión del error judicial o
jurisdiccional que se concretó con la inmovilización del vehículo Chevrolet
DMAX de servicio público.
2.2. Según los antecedentes del proceso de reparación directa, Rosaura Garavito
Leal adquirió la tenencia del vehículo en comento a través de contrato de
leasing, el 10 de noviembre de 2006.
El 20 de junio de 2007, en el marco de un proceso penal seguido en contra de
Alejandro Rincón por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
agravado, se dispuso, como medida cautelar, la suspensión de la capacidad
dispositiva de la camioneta en comento, porque allí fueron hallados
psicotrópicos.
El 6 de noviembre de 2007, ante el Juez 30 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías, se levantó la medida cautelar que había sido impuesta
sobre el vehículo y le fue entregado a Rosaura Garavito Leal, dado que
acreditó la tenencia.
En sentencia del 28 de diciembre de 2007, el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Antioquia condenó al procesado y, en el numeral cuarto, ordenó el
comiso del vehículo de su propiedad, que fue utilizado en la comisión del ilícito.
El 7 de marzo de 2008, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia,
confirmó la decisión de primera instancia.
La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 18 de noviembre de 2008, casó
oficiosa y parcialmente el fallo del 7 de marzo de 2008, en el sentido de
imponer al procesado la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de
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derechos y funciones públicas, por 20 años. Mantuvo incólumes los demás
puntos de la sentencia.
El 7 de marzo de 2009, agentes del CTI inmovilizaron la camioneta en
cumplimiento de la orden judicial contenida en la sentencia del 28 de diciembre
de 2007.
El 10 de marzo de 2009, Rosaura Garavito Leal, a través de apoderado judicial,
presentó derecho de petición ante la autoridad penal a efectos de que revocara
la orden de comiso.
Posteriormente, interpuso acción de tutela y, en fallo del 29 de julio de 2009,
la Corte Suprema de Justicia amparó su derecho al debido proceso. En
consecuencia, dejó sin efectos el numeral 4° de la sentencia del 28 de
diciembre de 2007 y ordenó que se restablecieran sus derechos. El vehículo
fue decomisado del 7 de marzo de 2009 al 3 de agosto de 2009
2.3. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Descongestión, bajo el radicado
Nro. 05001-23-31-000-2011-001592-00.
En sentencia del 25 de septiembre de 2013, el Tribunal negó las pretensiones
de la demanda en razón a que encontró probada de oficio la excepción de
caducidad de la acción. Como fundamento de su decisión, expuso que, se
pretendía la reparación integral por el daño consistente en la orden de comiso
del vehículo de propiedad de la demandante, que se concretó el 7 de marzo
de 2009. Luego, debió incoar la pretensión de reparación directa dentro de los
dos años siguientes a esa fecha; no obstante, lo hizo hasta el 29 de julio de
2011.
Precisó que la caducidad no podía computarse desde la sentencia de tutela
que dejó sin efectos la orden de comiso del vehículo, porque el daño se
materializó en una fecha determinada: 7 y 10 de marzo de 2009. La primera
fecha, cuando se hizo efectiva la orden del juez penal y, la segunda, cuando,
a través de apoderado judicial, y en ejercicio del derecho de petición la señora
Rosaura Garavito requirió a la autoridad penal para que revocara la orden de
incautación dada su ilegalidad.
2.4. Los demandantes interpusieron recurso de apelación. Como argumento
principal advirtieron que la caducidad debía computarse desde la sentencia de
tutela proferida el 29 de julio de 2009, por la Corte Suprema de Justicia, dado
que determinó el daño antijurídico.
2.5. En sentencia del 18 de noviembre de 2021, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia.
Con ocasión de los hechos probados en el proceso, en primer lugar, concluyó
que el daño ocurrió el 7 de marzo de 2009 cuando personal del CTI inmovilizó
la camioneta, en cumplimiento de una orden judicial. Acto seguido, despachó
desfavorablemente las tesis de cómputo de caducidad propuestas por la parte
demandante con la indicación de los argumentos que sustentaban la decisión.
La notificación de la providencia se surtió el 14 de diciembre de 20213.
3. Fundamentos de la acción
Las accionantes consideran que la sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
3 Índice 16 del histórico de actuaciones relativos al proceso Nro. 05001-2331-000-2011-01592-01. Samai.
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Demandante: Rosaura Garavito Leal y otros
de Estado, materializan defecto sustantivo y defecto fáctico que se traducen en la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia, por las siguientes razones:
(i) Las autoridades judiciales interpretaron de manera errónea la norma procesal
aplicable y desconocieron las reglas jurisprudenciales vigentes al momento en
que se presentó la demanda, así como las pruebas aportadas al proceso y los
principios pro actione y pro damnato.
Expusieron que la jurisprudencia pacífica de la Sección Tercera del Consejo
de Estado señala que en el análisis de la caducidad de la acción es
indispensable considerar el momento en que la víctima tuvo certeza del daño
antijurídico, pues ese es el momento en que debe iniciar el cómputo. En esa
línea, precisaron que: existe una diferencia clara entre el mero conocimiento de un hecho
dañino y el pleno conocimiento y certeza de un hecho dañino antijurídico.”
(ii) Las providencias imponen cargas excesivas e irracionales a las accionantes,
dado que inician el cómputo de la caducidad antes de que se tuviera
conocimiento pleno sobre la ilegalidad de la orden de comiso y, en
consecuencia, sobre la antijuridicidad del hecho dañino. Luego, la accionada
desconoció la realidad procesal del asunto y la presunción de legalidad de las
providencias judiciales.
Agregó que las accionadas desconocieron que la ilegalidad de una orden
judicial no es determinada por los ciudadanos, sino por autoridad judicial
competente. En esa medida, la ejecutoria de la providencia judicial que declara
la ilegalidad de la orden contenida en la sentencia penal es la que marca el
parámetro, para iniciar el cómputo de la caducidad de la acción.
“las accionantes no tenían posibilidad de imputar responsabilidad al Estado sino hasta
el momento en que la administración declaró la ilegalidad de lo ordenado por el Juez
Primero Penal (…); es decir, hasta la ejecutoria de la sentencia de tutela por la que la
Corte Suprema de Justicia tuteló los derechos constitucionales fundamentales de [las
hoy accionantes]”
(iii) Se declaró la caducidad de la acción antes de que se cumplieran los dos años
dispuestos en la norma procesal para acudir a la jurisdicción.
En un segundo acápite del escrito de tutela, la parte accionante precisó que el daño
antijurídico, se concreta en: “los perjuicios morales, materiales y lucro cesante que no debían
soportar y que sufrieron, por la emisión, ejecución y confirmación de una orden de comiso que fue
declarada ilegal por parte de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de tutela.” Dijeron
que la conducta que se reprocha a la entidad demandada, Rama judicial, era la de
haber ordenado, ejecutado y confirmado una orden de comiso sobre un vehículo
que no era de propiedad del procesado penalmente.
Relativo al cómputo de la caducidad respecto de las demandas en la que se
pretende la indemnización derivada de la imposición de la medida cautelar sobre un
bien, advirtieron que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que “el
conteo del término debe iniciar a partir de la decisión que ordena la entrega del bien, en tanto la
ilegalidad de la orden se evidencia a partir del momento en que queda sin sustento la medida
cautelar”. Como soporte de esta afirmación citó apartes de la sentencia del 16 de julio
de 2021, proferida dentro del expediente nro. 76001-23-31-000-2005-04448-01
(49718).
Además, relacionaron las siguientes providencias, para soportar su tesis de
cómputo de la caducidad de la acción:
(i) Sentencia del 30 de marzo de 2017, proferida dentro del proceso de reparación
directa con radicado interno 28252, ponencia del consejero Ramiro Pazos Guerrero.
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Demandante: Rosaura Garavito Leal y otros
Se reclamaba la indemnización por el deterioro del taxi que fue decomisado a los
demandantes y que les fue devuelto totalmente deteriorado.
(ii) Sentencia del 27 de marzo de 2014, proceso de reparación directa con radicado
interno 2885, ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth. Se reclamaba la
destrucción y fraccionamiento de la empresa Recasol Ltda., daño que, a su juicio,
continúa causándose en la medida en que no se le devolvió la totalidad de los bienes
incautados y la empresa no fue entregada en las condiciones en las que se
encontraba en el momento en que se iniciaron las diligencias judiciales.
(iii) Sentencia del 15 de junio de 2019, proceso de reparación directa con radicado interno
43100, ponencia de la magistrada Adriana Marín. En este caso, la demandante
reclamó que la demandada incurrió en error judicial al haberla condenado a pesar de
que para el momento en que se dictó el fallo de segunda instancia se había
materializado el fenómeno extintivo de la prescripción de la acción penal.
(iv) Sentencia del 19 de junio de 2019, proceso de reparación directa con radicado interno
43725, ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata. En la demanda, se solicitó la
responsabilidad por los daños y perjuicios que sufrió el demandante como
consecuencia de la orden de retención de un automotor, su posterior de comiso y
declaratoria de extinción del dominio.
(v) Sentencia del 9 de abril de 2021, proceso de reparación directa con radicado interno
66539, ponencia de la magistrada Adriana Marín. Sentencia relativa la caducidad de
las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa
humanidad.
Frente a la caducidad de la pretensión de reparación directa cuando el daño deriva
de un error judicial, manifestaron que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
sido consistente en indicar que el cómputo debe iniciar desde que la providencia
que contiene el yerro se encuentre en firme.
Por lo anterior, concluyeron: “se debe iniciar el conteo del término de caducidad a partir de la
ejecutoria de la providencia judicial que corrige el error judicial o que revoca la sentencia contentiva
del error judicial, y que resuelve de manera definitiva el tema, pues después de esta- se tiene certeza
tanto de la existencia del error judicial, como de su firmeza o irreversibilidad del daño.”
Finalmente, en lo que respecta al defecto fáctico indicaron que la accionada
fundamentó su decisión en una suposición arbitraria derivada de la errada
valoración del material probatorio que la llevó a concluir que la interposición de los
recursos de ley para recuperar el vehículo, daban cuenta del conocimiento del daño
antijurídico desde que los agentes del CTI lo inmovilizaron.
Primera adición a la acción de tutela. Las accionantes presentaron réplica frente
al informe que presentó la Dirección Ejecutiva de Administración judicial de
Medellín. En su consideración, el contenido de la respuesta pretende inducir en error
al juez de tutela al señalar que las accionantes no agotaron los recursos ordinarios
para controvertir la sentencia contentiva del error judicial ni tuvieron interés en las
resultas del proceso, declaraciones que desconocen la realidad de los hechos, tal
como puede evidenciarse en el desarrollo del proceso penal que hace parte del
expediente de reparación directa.
De otra parte, aclararon que, contrario a lo expuesto por la Rama Judicial, se
cumplió con el deber de anexar al proceso contencioso de reparación directa y al
proceso constitucional de tutela, las providencias contentivas del error judicial.
Posteriormente, la parte actora presentó su análisis frente a cada una de las
providencias que fueron relacionadas por la Dirección Ejecutiva Seccional para
sustentar la tesis de mantener incólume las decisiones proferidas en el curso del
proceso de reparación directa. Concluyó que la argumentación de la entidad
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desconoce las sentencias que citó para defender su tesis. En lo demás reiteró los
argumentos expuestos en el escrito inicial de tutela.
Segunda adición a la acción de tutela. Las accionantes presentaron réplica frente
al informe de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, nivel central.
En primer lugar, precisaron que la acción de tutela fue radicada dentro de un término
razonable, dado que no pasaron más de 6 meses entre la notificación de la
sentencia de segunda instancia dentro del proceso de reparación directa y la
radicación de la solicitud de amparo. También aclararon que la acción de tutela
cumple con el requisito de subsidiariedad porque las interesadas no contaban con
otro mecanismo ordinario o extraordinario de defensa para procurar la protección
de sus derechos.
Llamaron la atención en que la autoridad confundió el caso objeto de análisis con
una privación injusta de la libertad y dirigió muchos de sus argumentos a descartar
la ocurrencia de ese hecho, sin percatarse que no era lo que se discutía en la tutela.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 24 de mayo de 2022, el despacho ponente admitió la acción de
tutela interpuesta por las señoras Rosaura Garavito Leal, Mayerly Rincón
Garavito y Dianny Alejandra Rincón Garavito contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B y contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia. Vinculó, en calidad de tercero con interés, a la Nación, Rama
Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Juzgado 1° Penal del Circuito
Especializado de Antioquia, autoridad que fue demandada en el proceso
ordinario de reparación directa.
4.2. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
conducto del ponente de la decisión, dijo que la sentencia acusada contiene
los argumentos y elementos necesarios para que el juez constitucional tome
la decisión que en derecho corresponda.
4.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Medellín,
por conducto de apoderada judicial, solicitó que se nieguen las pretensiones
de la acción de tutela, dado que las providencias acusadas fueron proferidas
conforme los parámetros legales y jurisprudenciales pertinentes.
Destacó que el asunto ya fue sometido al conocimiento de la jurisdicción
especializada y competente y que lo que pretenden las accionantes es
procurar una nueva instancia en la que pueda discutir las decisiones que no
fueron favorables a sus pretensiones. Adicionalmente, expuso las siguientes
razones para negar la solicitud de amparo:
(i) No se allegaron las providencias respecto de las cuales se predica el
error judicial, ni las subsiguientes del proceso penal.
(ii) La demandante tiene el deber de agotar los recursos ordinarios que la
ley le pone a su disposición, para controvertir las decisiones judiciales,
pues de lo contrario estaría obteniendo un beneficio de su propia culpa.
(iii) En este caso se concretó el fenómeno de caducidad de la acción,
conforme lo dispone el artículo 136 del CCA, pues el error judicial alegado
se concretó en la providencia del 28 de diciembre de 2007, la cual quedó
en firme el 22 de agosto de 2008.
No obstante, se reconoció que la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha aceptado que la caducidad, en el caso de error judicial, se compute
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desde “ (…) el momento en que debió tener conocimiento y como en este caso la
señora ROSAURA GARAVITO, tuvo conocimiento desde el 07 de marzo del 2009 (…)
este es el momento a partir del cual (…) debe contabilizarse la caducidad de la acción.”
(iv) La demanda de reparación directa se presentó sin que se hubiera surtido
el requisito de conciliación prejudicial.
4.4. El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a través de abogado de la División de Procesos de
la Unidad de Asistencia Legal, solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela debido a que no cumplía con el requisito de inmediatez. Esto,
considerando que la acción de tutela se radicó cuando habían pasado siete
meses de haberse proferido la sentencia de segunda instancia en el proceso
de reparación directa sub examine.
Dijo que el litigio propuesto por la parte accionante ya fue resuelto por el juez
natural de la causa en dos instancias y que tal determinación hizo tránsito a
cosa juzgada.
Agregó que las sentencias relacionadas por la parte accionante no constituyen
precedente en casos de privación injusta de la libertad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales.
Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Por esto, la
jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5 y especiales6 que
deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales
y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será
procedente.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de
4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.
6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
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unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Por tratarse de una acción de tutela contra providencias judiciales, en primer lugar,
se surtirá el examen general de procedibilidad para determinar si la solicitud de
amparo supera los requisitos generales desarrollados por la jurisprudencia
constitucional, en especial, el de relevancia constitucional.
De superarse este análisis preliminar, pasará a la Sala establecer si las sentencias
del 25 de septiembre de 2013 y del 18 de noviembre de 2021, proferidas en primera
y segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia y por la Subsección
A de la Sección Tercera de Consejo de Estado 29 de julio de 2021, en el marco del
medio de reparación directa tramitado bajo el radicado Nro. 05001-23-31-000-2011-
01592-00/01, comportan defecto sustantivo y defecto fáctico.
4 El presupuesto de relevancia constitucional: alcance y su análisis en el
caso individual
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel
puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la
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vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”7. Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.
4.2. En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, debe estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se
profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela
son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.
En caso de que se trate de los mismos argumentos y de que estos hayan sido
estudiados por el juez de la causa, es probable que el juez de tutela concluya
que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia
adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es
insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de
que el juez de tutela, a diferencia del juez de la causa, sí acceda a sus
pretensiones.
4.3. Estudiados los antecedentes del caso individual, la Sala considera que las
violaciones alegadas por las accionantes carecen de relevancia constitucional
y por ello no se justifica el amparo invocado. Se advierte que la parte actora
toma la acción de tutela como una tercera instancia para exponer su
desacuerdo con las decisiones de los jueces que conocieron del proceso de
reparación directa sub examine, pero sus reproches no exponen un real
escenario de vulneración iusfundamental atribuible a las accionadas.
Recuérdese que el principal argumento de la parte accionante contra las
providencias que declararon la caducidad del medio de control de reparación
directa refiere a que el parámetro para iniciar el cómputo era la sentencia de
tutela del 29 de julio de 2009, por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia
dejó sin efectos la orden de comiso sobre el vehículo, que había impuesto el
juez penal. Esta tesis la respaldó en la jurisprudencia de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que fue relacionada en el acápite de fundamentos de
la acción (Supra 3) y en la aplicación de los principios pro actione y pro
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Demandante: Alpina
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damnato. Destacó que el término de caducidad inicia cuando se adquiere “pleno
conocimiento y certeza de un daño antijurídico”.
4.4. Al comparar estos argumentos con los del recurso de apelación que interpuso
la parte demandante contra la providencia de primera instancia, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, evidencia la Sala que son coincidentes.
Incluso, los argumentos que defienden que la sentencia de tutela de la Corte
Suprema de Justicia es el parámetro para el cómputo de caducidad de la
acción, ya habían sido expuestos por la parte demandante en los alegatos de
conclusión de primera instancia.
Al respecto, en los alegatos de conclusión8 de la parte demandante se lee:
“(…) según su conteo matemático [el de la Rama Judicial] se contaría desde la
ejecutoria de la providencia donde se cometió el error, es decir desde el 19 de marzo
de 2008 (…) teorema que no es aplicable a nuestro caso hasta que no se estableciera
cual funcionario entorpeció caprichosamente la entrega del precitado vehículo, en forma
pacífica y reiterada, la jurisprudencia de la Corporación ha considerado que en aquellos
en los cuales no resulte clara la observancia del término de caducidad, debe computarse
desde el conocimiento del hecho dañoso y no a partir de su ocurrencia (…). En el asunto
puesto a consideración de la Sala y luego de efectuar una lectura sistemática de los
supuestos fácticos relatados en la demanda, se infiere que el daño por cuya
indemnización reclama el actor, si bien pudo tener como antecedente los diferentes
episodios que se presentaron entre los días 28 de diciembre de 2007 y 22 de Agosto
de 2008, fácil es concluir que la acción se ejerció dentro del término de caducidad
previsto en la Ley para tal efecto, con la decisión de la Corte Suprema de justicia al
tutelar el derecho de mi prohijada (…), el 29 de Julio de 2009.
El principio pro actione y pro damato, La contabilización del término de caducidad se
realiza a partir del momento en que alguno de aquéllos tenga ocurrencia, debe conducir
al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante
conoció la existencia del hecho dañoso, pues no había certeza, ni quien tenía la razón
o quien violaba el derecho fundamental, para poder impetrar la acción, por la sencilla
razón de que solo a partir de esa fecha tiene un interés actual para acudir a la
jurisdicción hasta que por vía de tutela se dirimió el conflicto.
No resulta ajustado a la lógica de lo razonable que la víctima hubiera instaurado la
acción contra la administración, cuando no conoció ni la gravedad, ni los efectos del
evento, ni qué funcionario originó el daño (…)”. (Sic para toda la cita)
De otra parte, en el escrito de apelación9 la parte demandante indicó:
“(…) reiteramos al honorable magistrado que la caducidad no opera en el presente caso.
En este caso la caducidad debe calcularse teniendo en cuenta que el daño se dio por
un error judicial. Ese error judicial queda subsanado cuando en la resolución de la tutela
se decide que en ese caso existió vía de hecho. Dicha tutela, como se mencionó antes,
fue interpuesta el 29 de mayo de 2009 y resuelta el 29 de julio de 2009 por la Corte
Suprema de Justicia. Entonces, a partir del 29 de julio empezó a contar el término de
caducidad.
Se afirma lo anterior considerándose que en el momento en que la Corte Suprema de
Justicia revisa la tutela interpuesta y concede las pretensiones es cuando se agotan las
etapas procesales y se adquiere el derecho sobre el bien mueble. Por ende, se debe
empezar a contar el término de caducidad desde la fecha en que la última instancia en
derecho es resuelta, negando o concediendo las pretensiones, porque en ese momento
se surte la resolución de la última acción procesal. ”
4.5. Establecido lo anterior, la Sala observa que estos cargos, ya fueron resueltos
tanto por la Sala Cuarta de Descongestión del Tribunal Administrativo de
8 Página 261 del Cuaderno nro. 1 expediente digitalizado del medio de control de reparación directa Nro.
05001-23-31-000-2011-01592-00/01. Samai, índice 20.
9 Páginas 24 y siguientes del cuaderno nro. 2 del expediente digitalizado del medio de control de reparación
directa Nro. 05001-23-31-000-2011-01592-00/01. Samai, índice 20.
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Antioquia, como por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, tal como pasará a demostrarse:
4.5.1. En la sentencia de 25 del septiembre de 2013, el Tribunal accionado
dijo que, según la demanda, el error judicial consistió en que el juzgado
penal demandado ordenó ilegalmente el comiso del vehículo de
propiedad de la señora Rosaura Garavito Leal, pues la medida no fue
solicitada por la Fiscalía General de la Nación y porque el juez con
función de control de garantías, en audiencia del 6 de noviembre de
2007, ya había ordenado el levantamiento de la medida cautelar de
suspensión del poder dispositivo con fines de comiso sobre el
vehículo, dado que se demostró que el procesado no era el propietario
y que la señora Rosaura no estaba vinculada a la comisión del delito
investigado.
Debido a lo anterior, estimó que la providencia contentiva del alegado
error judicial era la sentencia penal de primera instancia proferida el
28 de diciembre de 2007 por el Juzgado Primero Penal Especializado
de Antioquia, cuyo trámite procesal culminó con la sentencia del 18 de
noviembre de 2008, en la que la Corte Suprema de Justicia casó
parcialmente la sentencia de primera instancia en el sentido de
modificar la pena impuesta al procesado.
Establecido lo anterior, coligió que la señora Rosaura Garavito
ignoraba la medida de comiso que fue impuesta en la sentencia penal
de primera instancia al vehículo de su propiedad. En consecuencia,
estimó que, aunque la regla general es que la caducidad en eventos
de error judicial se cuenta desde que queda ejecutoriada la
providencia que contiene el yerro, esa regla no podía aplicarse al caso
concreto, dado que la perjudicada desconocía la decisión. Por lo que
debía aplicarse la regla, según la cual el cómputo debía iniciar cuando
la demandante “conoció de la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón
de que sólo a partir de esa fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción.”
Así pues, consideró que a efectos de computar la caducidad en el caso
concreto, resultaban útiles los siguientes medios de prueba: (i) el acta
de inmovilización del vehículo que data del 7 de marzo de 2009,
gestión que se adelantó en cumplimiento de la sentencia del juez 1°
Penal del Circuito Especializado de Antioquia y (ii) el derecho de
petición del 10 de marzo de 2009, dirigido a esa misma autoridad
judicial penal, suscrito por el apoderado de la señora Rosaura Garavito
Leal, en el que solicita que revoque la solicitud de incautación del
vehículo de su propiedad, por ser ilegal.
Finalmente, frente al fenómeno de caducidad de la acción el Tribunal
señaló:
“(…) puede concluirse que si bien la actora sufrió un daño con ocasión de la orden
de COMISO, el mismo solo se hizo efectiva (sic) el día 7 de marzo de 2009 en que
fue inmovilizado el automotor, de tal manera que fue en esa fecha en que la
demandante conoció y tuvo certeza del daño, hasta el punto que el 9 de marzo de
2009 a través de apoderado judicial solicitó su devolución siendo esa la fecha límite
inicial para contabilizar el término de caducidad de dos años, por lo que se tiene que
la demanda presentada el 29 de julio de 2011, fue muy posterior al finalizar el bienio
dentro del cual podía accionar por los perjuicios causados (…).
(…) en sentir de la Sala no puede pretenderse que el término de caducidad, se
contabilice desde el 29 de julio de 2009 con la decisión de la Corte Suprema de
Justicia al tutelar los derechos de la demandante, porque : i) la acción de tutela está
encaminada a proteger derechos fundamentales (…) y de manera alguna puede
revivir términos de caducidad; ii) el daño se materializó y fue conocido por la
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demandante el 7 y 10 de marzo de 2009 cuando se hizo efectiva la medida de
comiso, pues el vehículo fue inmovilizado y en consecuencia la perjudicada solicitó
a través de apoderado la devolución del mismo.” 10
4.5.2. En sentencia del 18 de noviembre de 2021, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó en integridad la
decisión de primera instancia, acogiendo en su mayoría los
argumentos sobre el momento en que inició a correr el término de
caducidad en el caso concreto.
En cuanto a la tesis defendida por la parte demandante, según la cual
el cómputo de la caducidad en el caso concreto debía iniciar desde el
29 de julio de 2009, fecha en que, mediante fallo de tutela, la Corte
Suprema de Justicia amparó su derecho fundamental al debido
proceso, la autoridad de segunda instancia expuso las siguientes
consideraciones:
(i) “El daño se conoció y fue cierto, de acuerdo con el acta de inmovilización, desde
el 7 de marzo de 2009, cuando se materializó la decisión del Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Antioquia y, en consecuencia, inmovilizaron
el vehículo (…). Su certeza, no dependía de la decisión de amparo de tutela por
parte de la Corte Suprema de Justicia.”
(ii) “(…) dado el conocimiento de lo acontecido con su vehículo, 3 días después,
mediante escrito radicado el 10 de marzo de 2009, ante el Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Antioquia, la parte demandante solicitó que
se revocara la solicitud de incautación (…). Ello muestra que la demandante
conocía del daño, de su configuración y del error cometido por el Juzgado desde
antes de la Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia dentro de la
acción de tutela 42.600.” (Destaca la Sala)
(iii) “Si bien, la Sentencia de tutela fue favorable a su petición de amparo, para la
Sala la misma no le permitió a la demandante conocer el daño, sino que
constituyó una herramienta extraordinaria para proteger su derecho
fundamental al debido proceso y, en consecuencia, restablecer la tenencia del
vehículo. Pensar lo contrario es entender que, en caso de que no se hubiera
otorgado el amparo constitucional, no habría conocido el daño, entendimiento
que razonablemente no tiene cabida.”
(iv) “Pretender que la caducidad se cuente a partir de la Sentencia de tutela, es
intentar usar esa acción constitucional para prolongar el término de caducidad
comoquiera que, en este caso, queda en evidencia que la señora Rosaura
Garavito desde el momento en que le inmovilizaron su vehículo conoció el daño
y supo que se ejecutaba una providencia que contenía un error.”11
4.6. Como se ve, la tesis relativa a que se tuviera como parámetro para el cómputo
de caducidad de la acción en el caso concreto, la sentencia de tutela del 29 de
julio de 2009 fue propuesta en el curso del proceso y despachada
desfavorablemente en cada una de las instancias del medio de control de
reparación directa sub examine. Además, en las providencias, cada una de las
autoridades de instancia expuso los argumentos jurídicos, jurisprudenciales y
fácticos que determinaban el momento en que la señora Rosaura Garavito
Leal adquirió conocimiento del hecho dañoso y los motivos por los que se
debía rechazar la tesis por ella propuesta.
Luego, aunque la parte accionante alega la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia, lo cierto es que lo que en realidad pretende es que se reabra el debate
relativo al parámetro de inicio de caducidad de la acción en el caso concreto
10 Páginas 19 a 21 del cuaderno nro. 2 del expediente digitalizado del medio de control de reparación directa
Nro. 11001-03-15-000-2021-00225-00. 05001-23-31-000-2011-01592-00/01. Samai, índice 20.
11 Páginas 70 y siguiente del cuaderno nro. 2 del expediente digitalizado del medio de control de reparación
directa Nro. 11001-03-15-000-2021-00225-00. 05001-23-31-000-2011-01592-00/01. Samai, índice 20.
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e, incluso, que se acceda a las pretensiones de la demanda de reparación
directa, tal como queda evidenciado en la petición número 5 de la acción de
tutela12.
Relativo a las providencias que se referenciaron en la demanda de tutela para
indicar que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado
había sido pacífica al indicar que en los eventos en que se pretenda la
reparación derivada de la imposición de la medida cautelar sobre un bien
mueble, el término de caducidad inicia con la entrega del bien, debe precisarse
que esa ha sido la regla en los casos en los que el daño deriva del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia13, no cuando el título es el error
judicial, como el caso concreto. Por lo que ese argumento, carece de
relevancia en tanto no se acompasa con la ratio de las decisiones que se
cuestionan.
4.7. Dicho esto, es pertinente recordar que la jurisprudencia constitucional ha
establecido que la acción de tutela contra providencias judiciales no se
instituyó como un análisis de las mejores razones entre las expuestas en la
decisión atacada y la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no
obedece a su naturaleza y propósito.
De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un juez
mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios
de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin
de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin
efectos y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de
los requisitos generales señalados jurisprudencialmente, incluyendo la
relevancia constitucional.
5 Por las razones expuestas, la Sala concluye que en el caso individual la
solicitud de amparo no satisface el requisito de relevancia constitucional y, en
consecuencia, declarará la improcedencia de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
12 Ordenar la reparación indemnización integral de los daños antijurídicos que sufrieron las accionantes, sin
limitarse el señor Juez Constitucional a la reparación de los daños expuestos inicialmente en la demanda,
sino a todos los daños que encuentre probados. Lo anterior con independencia de la clasificación de los
daños que las accionantes hayan realizado, y de acuerdo con la valoración de las pruebas aportadas y las
indexaciones que se deban realizar según corresponda.
De no ser posible que el Juez Constitucional ordene la reparación- indemnización integral de los daños
antijurídicos: Ordenar a la entidad competente que profiera una nueva sentencia, en la cual se haga una
interpretación adecuada de la norma de acuerdo con las reglas jurisprudenciales vigentes a la presentación
de la demanda, los hechos y el material probatorio aportado, bajo los lineamientos los principios pro damnato
y pro action; procediendo con la valoración del material probatorio y la reparación-indemnización integral de
las accionantes aplicando las indexaciones que corresponden según derecho.
13 Al respecto son ilustrativas la siguiente providencia: sentencia del 26 de abril de 2018. Proceso de reparación
directa Nro. 52001-23-31-000-2010-00674-01(45270). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Demandante: Rosaura Garavito Leal y otros
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por Rosaura
Garavito Leal, Mayerly Rincón Garavito y Dianny Alejandra Rincón Garavito,
conforme las razones expuestas en esta providencia
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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