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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2005-04448-01

Privación injusta de la libertad

Fecha
16 de julio de 2021
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2005-04448-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la presente providencia, la Sentencia proferida el 31 enero de 2013 por el Tribunal Administrativo Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DECLARAR, de oficio, la caducidad de la acción respecto de la pretensión formulada por Sandra Jasmín Munevar. TERCERO: DECLARAR, de oficio, la caducidad de la acción sobre la pretensión relacionada con la presunta omisión de los deberes de conservación y custodia del bien que fue objeto de comiso especial. CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda. QUINTO: NO CONDENAR en costas. SEXTO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2005-04448-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

16 de julio de 2021

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCESO PENAL / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / DETENCIÓN PREVENTIVA / REPARACIÓN DEL DAÑO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SENTENCIA ABSOLUTORIA / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA

[Sobre la privación injusta de la libertad del señor (…) dentro del proceso penal adelantado en su contra] (…) [L]a providencia que finalizó el proceso penal quedó ejecutoriada el (…) y la demanda fue presentada el (…) por lo que se concluye que la acción se ejerció dentro del término previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A. (…) [Así mismo sobre la privación injusta de la libertad de la señora (…)] [S]e acreditó que (…) fue detenida el (…) que la Fiscalía (…) delegada ante la (…) emitió orden para mantenerla en los calabozos de la (…) hasta que rindiera su declaración, la cual se practicó el (…) y que no fue vinculada formalmente a la investigación. De modo que, al tratarse de una detención que cesó el (…) y dado que la lesión de su derecho se materializó con independencia de la decisión absolutoria dentro del proceso penal actuación a la cual no fue vinculada, por lo que dicha providencia no se pronunció respecto de su situación, la demandante contaba con el plazo de 2 años para reclamar la reparación del daño sufrido (…) Sin embargo, como quiera que la demanda se presentó el (…) el ejercicio de la acción excedió el término legal establecido. De modo que, la Sala encuentra configurada la caducidad de la acción respecto de esta pretensión.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 NUMERAL 8

DAÑO / COMISO ESPECIAL / ESTACIÓN DE SERVICIO / BIEN INMUEBLE / PROCESO PENAL / CUSTODIA DEL BIEN INCAUTADO / HECHO GENERADOR DEL DAÑO / SENTENCIA ABSOLUTORIA / ENTREGA DE BIEN INMUEBLE / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / BIEN INCAUTADO / CUSTODIA DEL BIEN INCAUTADO / ENTREGA DEL BIEN INCAUTADO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

[E]n relación con el daño reclamado por el comiso especial decretado por la fiscalía sobre la estación de servicio (…) la Sala advierte que la parte actora indicó dos hechos generadores del daño, esto es, de un lado, la vinculación del inmueble al proceso penal y, de otro, la indebida administración, cuidado y custodia del bien durante el tiempo que permaneció a cargo de la entidad. (…) [Sobre el primer hecho generador de daño] [L]a Sentencia absolutoria que desvinculó a (…) al tiempo que ordenó la entrega definitiva del bien a su propietario, cobró ejecutoria el (…) y dado que la demanda se presentó el (…) se concluye que la acción se ejerció de manera oportuna (…) No obstante, una situación distinta se presenta con la pretensión relacionada con el daño ocasionado con la omisión de los deberes de conservación y custodia. Esta Corporación ha sostenido, de manera uniforme, que cuando el daño alegado se concreta en el deterioro de bienes incautados, el término de caducidad debe contarse a partir del momento en que se conoce sobre la afectación o la pérdida del bien, la que, en principio, solo se evidencia cuando se hace la entrega material del mismo. Lo anterior, en efecto, ocurrió el (…) y, en atención a que la demanda no fue presentada sino hasta el (…) es evidente que el plazo de 2 años establecido para el ejercicio de la acción, ya había fenecido.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, exp. 20001-23-31-000-1996-2779-01(13392), C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 24930, C.P. Reiterada en otras sentencias, como las siguientes: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 30 de noviembre de 2017, Exp. 20001-23-31-000-2010-00210-01(42725); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 26 de abril de 2018, Exp. 52001-23-31-000-2010-00674-01(45270), entre otros pronunciamientos. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, M.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Expediente 22205. Reiterada en sentencia del 21 de enero de 2015, Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección B. C.P.: Danilo Rojas Betancourth. Radicación número: 73001-23-33-000-2013-00651-01(51643) y en sentencia del 14 de septiembre de 2016, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, número interno: 37354.

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CAPTURA / ORDEN DE CAPTURA / COMPARECENCIA AL PROCESO JUDICIAL / DETENCIÓN PREVENTIVA / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / DAÑO / IMPUTACIÓN / INEXISTENCIA DE DAÑO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

[En el caso concreto en relación con la privación injusta de la libertad] [L]a medida de aseguramiento que se le impuso al [señor (…) al] momento de resolver su situación jurídica no se hizo efectiva, y su captura no se materializo sino hasta el (…) esto es, trascurridos más de 5 años, cuando incluso, ya se contaba con resolución acusatoria. Además, pese a tener conocimiento del requerimiento judicial existente, prefirió no comparecer al proceso y solo rindió su versión de los hechos en la etapa de juicio. De manera que existían suficientes motivos para justificar la necesidad de mantener la detención del procesado durante la etapa de investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación. (…) [Y] en gracia de discusión, el daño tampoco le sería imputable a la entidad aquí demandada. (…) [L]a Sala negará las pretensiones formuladas en contra de la Fiscalía General de la Nación.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, ver, Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y sentencia C-248 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En el mismo sentido, consultar, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 18 de diciembre de 2000, M.P. Arturo solarte y sentencia de 5 de junio de 2019, exp. 54151, M.P. Eyder Patiño

DAÑO / COMISO ESPECIAL / ESTACIÓN DE SERVICIO / DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / INDICIO / BIEN INMUEBLE / DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE / DESTINACIÓN ILEGAL DE COMBUSTIBLE / APLICACIÓN DE LA LEY / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / JUEZ REGIONAL / BIEN INMUEBLE / CUSTODIA DE BIEN DECOMISADO / ENTREGA DEL BIEN / ENTREGA DEL BIEN INCAUTADO / SENTENCIA ABSOLUTORIA / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN PENAL
[
[El daño derivado del comiso especial de la estación de servicio no fue antijurídico] (…) [L]a fiscalía disponía de indicios serios sobre la destinación de este inmueble para la comercialización del combustible, sustancia respecto de la cual también existían elementos de conocimiento acerca de su presunta procedencia ilícita. (…) [C]on el cambio normativo introducido con la Ley 600 de 2000, la figura de comiso especial no estaba contemplada, por lo que debía aplicarse lo dispuesto en el artículo 67 sobre comiso general. Esta modificación fue observada por el Juzgado Penal de Descongestión (…) con base en la cual autorizó la entrega provisional de los bienes decomisados como quiera que, además, el conocimiento del asunto ya no correspondía a los jueces regionales (…) De manera que la decisión absolutoria a favor de (…) y la consiguiente desvinculación del bien del proceso penal adelantado en su contra, únicamente materializó la entrega definitiva del inmueble a su propietario, pero en ningún caso tornó en injusta la determinación inicial de la fiscalía, dado que, (…) la fiscalía disponía de los elementos suficientes para aplicar el comiso especial sobre la estación de servicio. En consecuencia, si bien la actuación judicial pudo hacer producido un menoscabo al demandante, este se encontraba justificado en razón del trámite de la respectiva investigación penal.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2700 DE 1991 – ARTÍCULO 339 / LEY 600 DE 2000 – ARTÍCULO 67

NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del Dr. Martín Bermúdez Muñoz

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 76001-23-31-000-2005-04448-01(49718)

Actor: SANDRA JASMÍN MUNEVAR Y OTRO

Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD (Decreto 2700 de 1991) – Análisis sustantivo: Declaratoria de persona ausente en el proceso penal – culpa exclusiva de la víctima - Decomiso especial - caducidad - ausencia de daño

Síntesis del caso: El demandante fue vinculado a la investigación penal adelantada por la presunta comisión del delito de hurto agravado. En el trascurso del proceso, la fiscalía lo declaró persona ausente. Posteriormente, le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, la cual fue cumplida inicialmente en centro de reclusión y luego fue sustituida por detención domicilia. Finalmente, en etapa de juicio, se profirió sentencia absolutoria a su favor, en aplicación del principio in dubio pro reo

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el 31 de enero de 2013 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación y trámite en segunda instancia

Posición de la parte demandante

El 25 de octubre de 2005, Sandra Jasmín Munevar y Jair Henao Castaño presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, para que se le declarara responsable por los perjuicios ocasionados por la privación injusta de su libertad y la incautación de la estación de servicio “La Portada”. Las anteriores decisiones fueron adoptadas dentro del proceso penal seguido en contra de Jair Henao Castaño por el delito de hurto agravado.

En la demanda se plantearon las siguientes pretensiones declarativas (se trascribe):

“Primero: Que se declare que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, representada legalmente por el Dr. Mario Iguarán es administrativamente responsable por los perjuicios materiales, morales y por el daño a la vida de relación causados al señor JAIR HENAO CASTAÑO por falla o falta del servicio de la administración por la detención injusta y consiguiente pérdida de la libertad, sufrida por este último, desde el día 30 de julio de 2002 hasta el día 11 de diciembre de 2003, por medio de la orden de captura de julio 7 de 1995, librada por una Fiscalía delegada ante Juez Regional.

Segundo: Que se declare que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, representada legalmente por el Dr. Mario Iguarán es administrativamente responsable de los perjuicios materiales, morales y por el daño a la vida de relación causados a la señora SANDRA JAZMÍN MUNEVAR, por falla o falta del servicio de la administración, por la detención injusta y consiguiente pérdida de la libertad, sufrida por este último, desde el día 25 de Marzo de 1995 hasta el día 27 de marzo de 1995.

Tercero: Que se declare que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, representada legalmente por el Dr. Mario Iguarán es administrativamente responsable de los perjuicios materiales, morales y por el daño a la vida en relación causados al señor JAIR HENAO CASTAÑO Y SANDRA JAZMÍN MUNEVAR, por falla o falta del servicio de la administración por la inspección judicial, el allanamiento y posterior incautación y comiso del AUTO SERVICIO LA PORTADA de propiedad de JAIR HENAO CASTAÑO, el día 25 de marzo de 1995 hasta el día 11 de diciembre de 2003”.

Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitó que se condenara a las entidades demandadas al pago de los siguientes perjuicios:

Perjuicio
Demandante
Calidad
Monto
Perjuicios morales
Jair Henao Castaño
Víctima directa
100 SMLMV
Sandra Jasmín Munevar
Víctima directa
100 SMLMV
“daño a la vida de relación”
Sandra Jasmín Munevar
Víctima directa
$20.000.000
+
“los que resulten probados dentro del proceso”
“reparación del daño vital”
Jair Henao Castaño
Víctima directa
100 SMLMV
Daño Emergente
Jair Henao Castaño
Víctima directa
$500.000.0000
+
“los que resulten probados dentro del proceso”
Lucro Cesante
Jair Henao Castaño
Víctima directa
“y daño a la vida de relación” que estimó en $840.000.000
+
“los que resulten probados dentro del proceso”

Como hechos que fundamentaron las pretensiones, la parte demandante expuso, en síntesis:

1) El 25 de marzo de 1995, miembros de la Policía Nacional inmovilizaron un vehículo tracto camión que transportaba 11.000 galones de combustible, al advertirse que se movilizaba con la autorización otorgada por guías aparentemente falsas. En dichas autorizaciones se registraba como destino la estación de servicio “La Portada”, de propiedad de Jair Henao Castaño.

2) Por lo anterior, la Fiscalía Regional delegada ante la Mecal adelantó la inspección judicial a dicho establecimiento. En desarrollo de esta diligencia, fueron hallados 4 tanques auxiliares de almacenaje, ubicados en la parte posterior que, al parecer, pretendían ocultarse a la vista del público. En la misma diligencia se procedió a la detención de Sandra Jasmín Munevar, administradora del establecimiento, quien fue liberada al día siguiente, una vez se practicó su declaración.

3) El 4 de agosto de 1995, la Fiscalía delegada ante el Juez Regional, en aplicación del artículo 339 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época, decretó el comiso especial de la estación de servicio “La Portada”, así como del carro tanque localizado en ese predio.

4) El 6 de septiembre de 1995, la fiscalía emplazó a Jair Henao Castaño y, al no obtener ninguna respuesta, el 10 de febrero de 1997 lo declaró persona ausente. Posteriormente, mediante Auto de 23 de abril de 1997, profirió medida de aseguramiento en su contra, la cual se hizo efectiva el 30 de julio de 2002.

5) El 6 de septiembre de 1999, la Fiscalía Especializada de Santiago de Cali, al calificar el mérito del sumario, profirió resolución de acusación en contra de Jair Henao por el delito de hurto agravado.   Al resolverse el recurso de apelación interpuesto en contra de esta decisión, el 27 de junio de 2000, la Fiscalía 4 delegada ante el Tribunal Superior del distrito judicial de Buga dispuso su confirmación.

6) El 7 de abril de 2003, el Juzgado Penal de Descongestión del Circuito Especializado de Buga sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario, por detención domiciliaria.

7) El 23 de julio de 2003, el mismo juzgado, ante la entrada en vigencia de la nueva normativa procesal penal –Ley 600 de 2000-, hizo entrega provisional de la estación de servicio y del vehículo automotor a su propietario, Jair Henao Castaño.

8) El 11 de diciembre de 2003, el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Buga profirió sentencia absolutoria a favor de Jair Henao Castaño, en aplicación del principio in dubio pro reo. En la misma decisión se ordenó la entrega definitiva de los bienes inicialmente decomisados.

De acuerdo con los hechos de la demanda, en el proceso penal se presentaron las siguientes actuaciones: 1) el 6 de septiembre de 1995, la fiscalía emplazó a Jair Henao Castaño dentro de la investigación adelantada en su contra por el delito de hurto agravado; 2) el 10 de febrero de 1997 fue declarado persona ausente; 3) el 23 de abril de 1997 se profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra; 4) el 6 de septiembre de 1999 se dictó resolución de acusación en su contra; 5) el 30 de julio de 2002 se hizo efectiva su captura; 6) el 7 de abril de 2003 se sustituyó la aludida medida de aseguramiento, por detención domiciliaria y 7) el 11 de diciembre de 2003 se profirió sentencia absolutoria a su favor.

Asimismo, se tiene que 1) el 4 de agosto de 2005 se decretó el comiso especial de la estación de servicio “La Portada” y un vehículo hallado en ese predio; 2) el 23 de julio de 2003 se hizo entrega provisional de estos bienes a su propietario, Jair Henao Castaño y 3) el 11 de diciembre de 2003 se ordenó su entrega de manera definitiva.

Posición de la parte demandada

El 27 de febrero de 2006, la Fiscalía General de la Nación contestó la demanda, en la que indicó no constarle los hechos expuestos y se opuso a las pretensiones allí formuladas. Al respecto, aseguró haber actuado en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales, como quiera que la ley penal permite, en ciertos casos, “la retención de las personas, el allanamiento, la requisa, la detención preventiva”, de modo que el daño alegado por los demandantes no era antijurídico. Por lo anterior, advirtió la inexistencia de negligencia u omisión alguna en sus actuaciones, así como tampoco la configuración de un error jurisdiccional o un defectuoso funcionamiento en la administración de justicia. De otro lado, puso de presente que los elementos probatorios recaudados permitieron la construcción de los indicios graves de responsabilidad para sustentar la medida de aseguramiento y, posteriormente, la acusación, por lo que la absolución final del procesado obedeció al principio de progresividad de la prueba. Por último, propuso las excepciones de “falta de causa para demandar” y la “innominada”.

Sentencia de primera instancia

El 31 de enero de 2013, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca profirió Sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, al considerar que el presente asunto no se adecuaba a los supuestos establecidos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, adelantó su análisis bajo un régimen subjetivo de responsabilidad, según el cual le correspondía a la parte actora acreditar la deficiencia o la falla en la actuación jurisdiccional. De modo que, al no comprobarse que las decisiones censuradas fueron “notoriamente injustas o por fuera de la ley”, la alegada falla en la prestación del servicio no se configuró. De otro lado, negó las pretensiones fundadas en la presunta privación de la libertad de Sandra Jasmín Munevar, pues no encontró que esta se hubiese materializado. Al respecto, sostuvo que “no hubo pronunciamiento judicial que así lo definiera sino una mera detención consecuente con la captura”, situación que tampoco permitía encuadrar la responsabilidad administrativa, de conformidad con el artículo 414 en mención.

Recurso de apelación y trámite en segunda instancia

El 28 de agosto de 2013, la parte demandante interpuso y sustentó el recurso de apelación en contra de la Sentencia de primera instancia. En su escrito insistió en la ocurrencia de una falla en la prestación del servicio, de un lado, por la privación injusta de libertad de Jair Henao Castaño, así como de Sandra Jasmín Munevar y, de otro, por la improcedencia del “allanamiento, comiso y decomiso o incautación de los bienes del demandante”, al igual que por el incumplimiento de los deberes de custodia, conservación, administración y restitución de la misma. En este sentido, explicó que los elementos de conocimiento aludidos por la fiscalía y que supuestamente indicaban la participación de los demandantes en la comisión de la conducta punible eran insuficientes. Además, esas pruebas fueron calificadas de falsas por el mismo ente acusador –como sucedió con la guías de transporte de combustible-, por lo que si justificaron las condiciones de almacenaje del combustible y, por el contrario, descartaron que lo contenido en ellas hubiese sido producto de actividades ilegales.

CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de la culpa de la víctima; 2.4. El daño derivado del comiso especial de la estación de servicio no fue antijurídico; 2.5. Costas

Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

La parte demandante solicitó la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de Jair Henao Castaño y Sandra Jasmín Munevar, así como el comiso de la estación de servicio “La Portada”, dentro del proceso penal que se siguió en contra del primero de los mencionados por el delito de hurto de hidrocarburos. En esta instancia, la misma parte alegó que las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación no contaban con el respaldo probatorio adecuado y que, además, esta entidad habría omitido el cumplimiento de sus deberes de custodia, administración y conservación de los bienes incautados. Por ello, habría incurrido en una falla en la prestación del servicio.

En consideración a las pretensiones formuladas, la Sala observa la concurrencia de daños distintos, esto es, 1) la privación injusta de la libertad de Jair Henao Castaño dentro del proceso penal adelantado en su contra; 2) la detención de Sandra Jasmín Munevar mientras se dispuso la práctica de su declaración y 3) el derivado del comiso especial decretado sobre la estación de servicio “La Portada”.

En relación con el primero de ellos, y con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentra acreditado que Jair Henao Castaño fue vinculado a un proceso penal por la presunta comisión del delito de hurto de hidrocarburos. Por lo anterior, se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual fue cumplida en la modalidad intramural, desde el 30 de julio de 2002 al 21 de abril de 2003, y, en domiciliaria, desde el 22 de abril hasta el 11 de diciembre de 2003. Además, está probado que el procesado no fue condenado por los delitos imputados, toda vez que, el 11 de diciembre de 2003, el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Buga profirió sentencia absolutoria a su favor, en aplicación del principio in dubio pro reo.

En consecuencia, la Sala decidirá el fondo de dicha cuestión al estar reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, la providencia que finalizó el proceso penal quedó ejecutoriada el 11 de diciembre de 2003 y la demanda fue presentada el 25 de octubre de 2005, por lo que se concluye que la acción se ejerció dentro del término previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

Respecto del segundo, se acreditó que Sandra Jasmín Munevar fue detenida el 26 de marzo de 1995, que la Fiscalía Regional delegada ante la Mecal emitió orden para mantenerla en los calabozos de la SIJIN MECAL hasta que rindiera su declaración, la cual se practicó el 27 de marzo siguiente y que no fue vinculada formalmente a la investigación. De modo que, al tratarse de una detención que cesó el 27 de marzo de 1995, y dado que la lesión de su derecho se materializó con independencia de la decisión absolutoria dentro del proceso penal -actuación a la cual no fue vinculada, por lo que dicha providencia no se pronunció respecto de su situación-, la demandante contaba con el plazo de 2 años para reclamar la reparación del daño sufrido, a partir de la última fecha indicada. Sin embargo, como quiera que la demanda se presentó el 25 de octubre de 2005, el ejercicio de la acción excedió el término legal establecido. De modo que, la Sala encuentra configurada la caducidad de la acción respecto de esta pretensión.

Ahora, en relación con el daño reclamado por el comiso especial decretado por la fiscalía sobre la estación de servicio “La Portada”, la Sala advierte que la parte actora indicó dos hechos generadores del daño, esto es, de un lado, la vinculación del inmueble al proceso penal y, de otro, la indebida administración, cuidado y custodia del bien durante el tiempo que permaneció a cargo de la entidad.

En efecto, de los documentos aportados al proceso, se constató que, una vez practicada la diligencia de inspección judicial en la cual se impusieron los avisos de sellamiento del establecimiento de comercio, la Fiscalía delegada ante el Juez Regional, mediante Auto de 4 de agosto de 1995, decretó el comiso especial del inmueble, en aplicación del artículo 339 del C.P.P. Posteriormente, el 23 de julio de 2003, el Juzgado Penal de Descongestión del Circuito Especializado de Buga, ante la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000 y la modificación de la figura del comiso especial, hizo entrega provisional de la estación de servicio a Jair Henao Castaño, quien acreditó ser su propietario. Finalmente, el 11 de diciembre de 2003, el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Buga, al emitir la decisión absolutoria, dispuso su entrega definitiva.

Sobre el momento a partir del cual se debe contabilizar el término de caducidad respecto del primer hecho generador del daño, es decir, el que se derivó de las órdenes, materiales y jurídicas, dictadas sobre un bien mueble o inmueble dentro de un proceso penal, la jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que “sólo cuando queda ejecutoriada la providencia que determina la desvinculación del propietario de los bienes afectados a la etapa preliminar, se torna en irregular la tenencia del bien y surge la obligación a cargo de la autoridad correspondiente de devolverlo a su propietario. O lo que es lo mismo, cuando se profiere la decisión que ordena la devolución del bien se tiene por estructurado el daño causado”, entendida esta, como una decisión definitiva.

De manera que, la Sentencia absolutoria que desvinculó a Jair Henao Castaño, al tiempo que ordenó la entrega definitiva del bien a su propietario, cobró ejecutoria el 11 de diciembre de 2003, como se indicó anteriormente, y dado que la demanda se presentó el 25 de octubre de 2005, se concluye que la acción se ejerció de manera oportuna, por lo que se procederá a estudiar de fondo esta pretensión.

No obstante, una situación distinta se presenta con la pretensión relacionada con el daño ocasionado con la omisión de los deberes de conservación y custodia. Esta Corporación ha sostenido, de manera uniforme, que cuando el daño alegado se concreta en el deterioro de bienes incautados, el término de caducidad debe contarse a partir del momento en que se conoce sobre la afectación o la pérdida del bien, la que, en principio, solo se evidencia cuando se hace la entrega material del mismo. Lo anterior, en efecto, ocurrió el 8 de agosto de 2003 y, en atención a que la demanda no fue presentada sino hasta el 25 de octubre de 2005, es evidente que el plazo de 2 años establecido para el ejercicio de la acción, ya había fenecido.

De acuerdo con lo anterior, la Sala anuncia que modificará la sentencia de primera instancia, porque encuentra: 1) la consolidación de la caducidad de la acción respecto de algunas de las pretensiones formuladas, tal como se explicó previamente; 2) la configuración de la causal de exoneración de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, respecto de la alegada privación injusta de la libertad y 3) la ausencia de antijuridicidad del daño derivado del comiso especial sobre el bien de propiedad del demandante. Con este fin, la Sala abordará los siguientes asuntos: identificará que se acreditó un daño derivado de la afectación del derecho a la libertad y otro del comiso especial decretado; luego, analizará las razones por las cuales se considera configurada la mencionada causal exonerativa de responsabilidad y se pronunciará respecto del daño relacionado con el decomiso especial del bien. Finalmente, declarará improcedente la condena en costas.

2.2. Identificación del daño

La Sala encuentra probado que, Jair Henao Castaño sufrió un daño derivado de la privación de su libertad, la cual se cumplió en 2 periodos, el primero, en detención intramural, desde el 30 de julio de 2002 hasta el 21 de abril de 2003 (262 días) y, el segundo, desde el momento en que se sustituyó la medida para ser cumplida en su domicilio, el cual se prolongó hasta el 11 de diciembre de 2003 (230 días), para un total de 16 meses y 12 días (492 días).

También está probado que, la estación de servicio “La Portada” fue objeto de comiso especial, medida que fue ordenada el 4 de agosto de 1995 por la Fiscalía delegada ante Juez Regional. Además, su entrega definitiva al propietario se materializó el 11 de diciembre de 2003, cuando el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Buga profirió fallo absolutorio y dispuso la desvinculación del inmueble del proceso penal.

2.3. Análisis de la culpa de la víctima

Al expediente se aportó copia del proceso penal adelantado en contra de Jair Henao Castaño, y otros sujetos, por el delito de hurto agravado, a partir del cual se advierte que, el 25 de marzo de 1995, por orden del fiscal regional delegado ante la Mecal, se llevó a cabo la inspección judicial a la estación de servicio “La Portada”, luego de haberse inmovilizado un vehículo que transportaba combustible, al parecer, de procedencia ilegal. En la diligencia fueron hallados (se trascribe) “en la parte de atrás se pueden apreciar cuatro válvulas, que al parecer son de cuatro tanques con aproximadamente tres mil galones de gasolina, ya que estos se encuentran llenos de combustible (…) los cuales se encuentran tapados con balastro y esto reciente pues se puede observar que al parecer fueron tapados en el día de hoy, ya que al momento de hacer arribo a este establecimiento este despacho, un menor de edad del cual se desconoce su nombre manifestó que en ese lugar hay cuatro tanques de gasolina, los cuales fueron tapados con buldoser”.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fiscal instructora, se adelantó la ampliación de la inspección judicial los días 17, 18, 19, 23, 30 de mayo y 15 de junio de 1995, durante la cual se tomaron muestras del combustible almacenado en los 4 tanques ordinarios del establecimiento, los 4 tanques auxiliares y ocultos a la vista del público, así como a 2 más contenidos en un vehículo cisterna aparcado en la estación de servicio. Asimismo, se procedió al sellamiento del establecimiento de comercio.

Mediante Resolución de Sustanciación No. 9623 de 7 de julio de 1995, la Fiscalía delegada ante el Juez Regional libró orden de captura en contra de Jair Henao Castaño, al considerar la presencia de “elementos de juicio serios que comprometen su responsabilidad en el hecho punible”. Así se expidió la orden de captura No. 661, con fecha de 10 de julio de 1995, la cual fue reiterada el 18 de julio y el 14 de agosto de 2001.

Debido a que el investigado no acudió al proceso y, hasta esa fecha la orden de captura no se pudo hacer efectiva, el 6 de septiembre de 1995, la misma fiscalía publicó edicto emplazatorio, en el que requirió a Jair Henao para que compareciera a las instalaciones de la entidad con el fin de rendir indagatoria en la investigación penal. No obstante, ante la no comparecencia del imputado, el 10 de febrero de 1997 fue declarado persona ausente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356 del C.P.P.

Posteriormente, el 23 de abril de 1997, al resolver la situación jurídica del sindicado, la fiscalía dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, por el delito de hurto agravado. Esta medida fue confirmada por la Fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional el 22 de octubre de 1998.

El 6 de septiembre de 1999, la Fiscalía Especializada de Santiago de Cali, al calificar el mérito del sumario, acusó al procesado por el delito de hurto agravado y, en la misma providencia, impuso nuevamente medida de aseguramiento en contra de Jair Henao. En sus consideraciones, además de aquellas relacionadas con la estructuración de la responsabilidad penal del acusado, expuso:

“(…) amerita tener en cuenta el hecho de la contumacia en la cual se ha venido manteniendo el sindicado al punto que fue necesario vincularlo por el medio extraordinario de la declaratoria de persona ausente. Desde luego que su actitud no constituye indicio de responsabilidad presunta penal, pero si deja entrever ello cierto compromiso frente al hecho investigado en la medida que en el decurso del ciclo instructivo no compareció a explicar la circunstancia fáctica que generó el ejercicio de la acción penal, como tampoco se aportó los soportes documentales y contables que justificaran la tenencia y procedencia ilícita de la gran cantidad de hidrocarburo incautado y en particular el cuestionado que diera lugar a concluir con la defensa técnica y el Ministerio Público que este es completamente ajeno a la ilicitud reveladas (…)”.

La Fiscalía 4 delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga confirmó el escrito acusatorio, mediante resolución de 27 de junio de 2000, oportunidad en la que aludió a una posible fuga del procesado, lo que “bien p[podía] ser teniendo en general como indicio de delincuencia” .

Además, la Sala observa que la víctima directa tenía conocimiento de la existencia de la investigación penal adelantada con el objeto de establecer el origen y legalidad del combustible que era trasportado bajo guías alteradas, hecho a partir del cual, el establecimiento de comercio de su propiedad fue vinculado. Así se evidencia con el poder especial otorgado el 23 de junio de 1995 a su abogado de confianza Jhon Emir Guerrero, para que “reclam[ara] los bienes de [su] propiedad decomisados en el proceso de la referencia”. Además, es posible inferir que el sindicado también fue enterado que la fiscalía instructora requería su comparecencia dentro del proceso, tal como se evidencia de los subsiguientes mandatos de representación judicial suscritos a favor de varios abogados, los cuales fueron presentados para que “asum[ieran] [su] defensa” el 10 de julio de 1995, el 26 de octubre de 1995, el 21 de febrero de 1996 y el 31 de octubre de 1996. Todos ellos, antes de su declaratoria como persona ausente.

Adicionalmente, se debe anotar que, tanto el procesado como su defensa técnica sabían que se había impuesto medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Jair Henao, dado que su defensor formuló una solicitud de libertad provisional, con fundamento en el numeral 5 del artículo 365 de C.P.P., la cual fue resuelta el 13 de agosto de 2001 por el Juzgado Penal de Circuito especializado de Buga. En este sentido, el juzgado precisó que aunque era evidente que desde la ejecutoria del pliego de cargos había transcurrido más de un año sin que se haya celebrado la audiencia, “no [era] solo el transcurso del tiempo el presupuesto que verifica[ba] positivamente la causal libertaria deprecada, [sino que ]también el procesado deb[ía] encontrase privado de su libertad”, situación que no se había hecho efectiva y su “vinculación devi[no] de la declaración de persona ausente”.

La anterior decisión fue recurrida en apelación, por lo que, el 26 de septiembre de 2001, el Tribunal Superior del Distrito judicial de Buga confirmó la negativa de conceder la libertad provisional del procesado, por similares razones a las expuestas por el Juzgado. Además, agregó: “si ha sido el encausado –como en el caso examinado- el que por sustraerse al requerimiento de la justicia ha tenido que ser procesado en contumacia, desaparece su derecho a obtener la libertad provisional por vencimiento de término regulado por el numeral 5 del artículo 365 de CPP, pues en este caso ha sido por esa conducta renuente a comparecer ante los estrados, y no por culpa del Estado, que debe soportar la captura, precisamente por estar huyendo, escogiendo ese modo de vivir como libre desarrollo de su personalidad”.

La declaratoria de persona ausente ha sido entendida por la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, como el último recurso que tiene la autoridad competente para vincular a una persona al proceso penal que se sigue en su contra, ante la imposibilidad cierta de ubicarla y lograr que comparezca personalmente a la actuación. Es decir, no se trata de “la regla general” en el proceso penal –solo supletoria o residual-, dado que la diligencia de indagatoria siempre será “el instrumento óptimo de vinculación”, con el fin de que el sindicado ejerza plenamente sus derechos de defensa y debido proceso. Por esto, la Corte Constitucional ha sostenido que “la legalidad de dicha declaratoria, presupone la rebeldía o (…) la ausencia real del procesado”.
En este caso, la medida de aseguramiento que se le impuso al momento de resolver su situación jurídica no se hizo efectiva, y su captura no se materializo sino hasta el 30 de julio de 2002, esto es, trascurridos más de 5 años, cuando incluso, ya se contaba con resolución acusatoria. Además, pese a tener conocimiento del requerimiento judicial existente, prefirió no comparecer al proceso y solo rindió su versión de los hechos en la etapa de juicio. De manera que existían suficientes motivos para justificar la necesidad de mantener la detención del procesado durante la etapa de investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

De todas maneras, y en gracia de discusión, el daño tampoco le sería imputable a la entidad aquí demandada. En efecto, la resolución de acusación dictada por la entidad demandada quedó ejecutoriada el 27 de junio de 2000, una vez fue resuelto el recurso de apelación por parte de la respectiva fiscalía delegada ante el tribunal, por lo que desde este momento, la Fiscalía General de la Nación perdió la competencia del proceso. Por tanto, cuando se concretó su captura, el proceso ya se encontraba en etapa de juicio, a cargo del juzgado especializado de Buga, autoridad que podía adoptar las respectivas decisiones en torno a la libertad del procesado, incluida su revocatoria, como así lo hizo al disponer, por ejemplo, la sustitución de la medida de detención preventiva por detención domiciliaria.

Por lo anterior, la Sala negará las pretensiones formuladas en contra de la Fiscalía General de la Nación.

El daño derivado del comiso especial de la estación de servicio no fue antijurídico

El 4 de agosto de 1995, la Fiscalía delegada ante el Juez Regional decretó el comiso especial de la estación de servicio “La Portada”, de conformidad con lo previsto por el artículo 339 del Decreto 2700 de 1991 –vigente para la época de los hechos-, al considerar que el inmueble en mención había sido instrumentalizado para la distribución de combustible hurtado.

Para el efecto, la fiscalía consideró los hallazgos presentados en la diligencia de inspección judicial, esto es, la presencia de 4 tanques de almacenamiento de combustible con la pretensión de permanecer ocultos, dado que sobre ellos fue arrojado balastro y se ubicó un “buldoser”. Además, se contaba con el examen técnico que dio cuenta de la presencia de combustible cuya distribución no había sido autorizada, en atención a la naturaleza del mismo, pues su destinación era exclusiva para el abastecimiento de aeronaves. Por tanto, la fiscalía disponía de indicios serios sobre la destinación de este inmueble para la comercialización del combustible, sustancia respecto de la cual también existían elementos de conocimiento acerca de su presunta procedencia ilícita.

En este punto, la Sala debe advertir que la medida patrimonial de comiso especial procedía sobre “los inmuebles, (…) y en general los derechos y beneficios económicos o efectos vinculados a los procesos por los delitos cuyo conocimiento se atribuye a los jueces regionales”, y que dichos bienes quedarían “fuera del comercio a partir de su aprehensión, incautación u ocupación hasta que quede ejecutoriada la providencia sobre entrega o adjudicación definitiva”. Es decir, una vez la fiscalía decretó el comiso especial de la estación de servicio, la legislación no preveía la posibilidad de una entrega provisional, y la entrega solo sería definitiva “cuando se paguen o garanticen en cualquier momento procesal los daños materiales o morales, fijados mediante avalúo pericial, o cuando se dicte sentencia absolutoria, cesación de procedimiento o resolución de preclusión definitiva de la instrucción”.

Posteriormente, con el cambio normativo introducido con la Ley 600 de 2000, la figura de comiso especial no estaba contemplada, por lo que debía aplicarse lo dispuesto en el artículo 67 sobre comiso general. Esta modificación fue observada por el Juzgado Penal de Descongestión de Buga, con base en la cual autorizó la entrega provisional de los bienes decomisados como quiera que, además, el conocimiento del asunto ya no correspondía a los jueces regionales.

De manera que la decisión absolutoria a favor de Jair Henao y la consiguiente desvinculación del bien del proceso penal adelantado en su contra, únicamente materializó la entrega definitiva del inmueble a su propietario, pero en ningún caso tornó en injusta la determinación inicial de la fiscalía, dado que, como se explicó con antelación, la fiscalía disponía de los elementos suficientes para aplicar el comiso especial sobre la estación de servicio. En consecuencia, si bien la actuación judicial pudo hacer producido un menoscabo al demandante, este se encontraba justificado en razón del trámite de la respectiva investigación penal.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto por el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la presente providencia, la Sentencia proferida el 31 enero de 2013 por el Tribunal Administrativo Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DECLARAR, de oficio, la caducidad de la acción respecto de la pretensión formulada por Sandra Jasmín Munevar.

TERCERO: DECLARAR, de oficio, la caducidad de la acción sobre la pretensión relacionada con la presunta omisión de los deberes de conservación y custodia del bien que fue objeto de comiso especial.

CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

QUINTO: NO CONDENAR en costas.

SEXTO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección

Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
Magistrado (E)

De acuerdo con lo expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ).

Folios 2173 a 2187 del Cuaderno No. 1. Folios 2210 al 2217 del Cuaderno No. 1. Folios 2315 al 2328 del Cuaderno Principal. Folios 2330 al 2343 del Cuaderno Principal. Los cuales precisó en “la Estación de servicio La Portada, el combustible almacenado, los productos que comercializaba y el vehículo cisterna”. Es preciso advertir que el comiso especial recayó, además, sobre un vehículo cisterna de propiedad de Jair Henao Castaño, sin embargo, en relación con este bien, la parte actora no formuló ninguna pretensión. Auto de apertura de instrucción -folios del 101 a 102 del Cuaderno No. 5- y acta de diligencia de indagatoria -folios 93 al 101 del Cuaderno No. 6-. Resolución que resuelve la situación jurídica del sindicado. Folios 237 al 288 del cuaderno No. 1. Así se constata con el acta de derechos del capturado de 30 de julio de 2002 - folio 1340 del Cuaderno No. 5-; la solicitud de octubre de 2002 dirigida por el secretario de Gobierno Municipal y el director de la Cárcel Municipal de Pradera – Valle al director regional occidental del INPEC, para que permitiera el traslado de Jair Henao Castaño a sus instalaciones desde el lugar de reclusión donde se encontraba en ese momento –Cárcel del Distrito Judicial de Cali, Villa Hermosa-, folio 1439 del Cuaderno No. 5; y el Oficio No. 291 de 6 de marzo de 2003 librado por el Juzgado Penal de Descongestión del Circuito Especializado de Buga, en el que solicitó al director de la Cárcel Municipal de Pradera el traslado y custodia de Jair Henao Castaño, para garantizar su asistencia a la audiencia preparatoria, folio 1468 del Cuaderno No. 5. Asimismo, obra el acta de compromiso que Jair Henao Castaño suscribió para concesión de la sustitución de la medida de aseguramiento por detención domiciliaria. Folio 1513 del Cuaderno No. 5. Notificación practicada el 11 de diciembre de 2003 a Jair Henao Castaño, en la que se comunicó la expedición de la Sentencia absolutoria a su favor y la concesión de su libertad condicional. Además, obra acta de compromiso suscrita en la misma fecha. Folios 1643 y 1647 del Cuaderno No. 5. Folios 1618 al 1642 del Cuaderno No. 5. Constancia de ejecutoria emitida por la Secretaría del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Buga. Folio 1651 del Cuaderno No. 5. Según se constata en el acta de derechos de la capturada, de 26 de marzo de 1995, la orden de custodia librada al Comandante de la SIJIN MECAL, por el Fiscal Regional Delegado ante la MECAL y la declaración que rindió la detenida ante el fiscal en mención , el 27 de marzo de 1995. Folios 38, 40 y 47 a 49 del Cuaderno No. 4. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp. 20001-23-31-000-1996-2779-01(13392). Al respecto: “‘[L]a Sala encuentra necesario para la resolución del presente caso precisar que para efectos de determinar el cómputo del término de caducidad cuando se pretenda la indemnización por los daños causados por el decreto y ejecución de medidas cautelares sobre bienes muebles o inmuebles dentro de un proceso penal, la Sala considera pertinente seguir el criterio desarrollado respecto de la caducidad de la acción de reparación cuando se pretende la declaratoria de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, pues, el pretendido daño antijurídico alegado sólo es posible configurarlo a partir de la ejecutoria de la decisión de la jurisdicción ordinaria en su especialidad penal que absuelve de responsabilidad penal al actor , pues, consecuentemente con esa declaración se revocarán las medidas cautelares que pesaban sobre los bienes muebles e inmuebles de propiedad del afectado. Lo anterior, dado que sólo hasta esta oportunidad se cuentan con los elementos probatorios necesarios para adelantar ante esta jurisdicción el juicio de responsabilidad administrativa por los daños causados a quien padeció la aplicación de tales medidas jurisdiccionales” - Sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 24.930.

Reiterada en otras sentencias, como las siguientes: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 30 de noviembre de 2017, Exp. 20001-23-31-000-2010-00210-01(42725); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 26 de abril de 2018, Exp. 52001-23-31-000-2010-00674-01(45270), entre otros pronunciamientos. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, M.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Expediente 22205. Reiterada en sentencia del 21 de enero de 2015, Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección B. C.P.: Danilo Rojas Betancourth. Radicación número: 73001-23-33-000-2013-00651-01(51643) y en sentencia del 14 de septiembre de 2016, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, número interno: 37354. Acta de diligencia pública de entrega provisional adelantada por el Juzgado 2 Promiscuo Municipal de Florida Valle, comisionado por el Juzgado Penal de Descongestión del Circuito Especializado de Buga, el 8 de agosto de 2013. Folios 1592 y 1593 del Cuaderno No. 5. Folio 32 del Cuaderno No. 3. Folio 33 del Cuaderno No. 3. Folios 224 al 229 del Cuaderno No. 3. Folios 305 al 307 del Cuaderno No. 3. La Sala advierte que, para la fecha de esta decisión, la fiscalía también contaba con el informe químico judicial No. 82 UIO de 30 de mayo de 1995 elaborado por la unidad investigativa CTI Regional Cali, en apoyo del Laboratorio de Crudos y Derivados de la Unidad de Ingeniería de Petróleos –Facultad de Minas- de la Universidad Nacional de Colombia, en el que se concluyó la presencia de combustible JP1A en los tanques de almacenaje #2 –ordinarios- y # 1 y 4 -enterrados-. Cfr. Folios 237 a 255 del Cuaderno no. 3. Además, según se estableció en la investigación, este tipo de combustible únicamente se destinaba a la provisión de aeronaves, por lo que las estaciones de servicio no se encontraban autorizadas para su distribución –Resolución que definió la situación jurídica de Jair Henao Castaño, de 23 de abril de 1997-. Sin embargo, al contrastarse con un peritaje realizado posteriormente, tal conclusión fue puesta en duda, lo que motivó la decisión absolutoria –Sentencia de 11 de diciembre de 2003-. Folio 308 del Cuaderno No. 3. Folios 476 del Cuaderno No. 3 y 1285 del cuaderno No. 5. Folio 515 del Cuaderno No. 3. Folios 927 y 928 del Cuaderno No. 4. Folios 994 al 997 del Cuaderno No. 4. Folios de 1214 al 1222 del Cuaderno No. 5. Resolución de 6 de septiembre de 1999. Folios 1165 al 1173 del Cuaderno No. 5. Folios 288 al 325 del Cuaderno No. 9. Folio 178 del Cuaderno No. 3. Memorial que confiere poder al abogado Duverney López Vargas. Folio 452 del Cuaderno No. 3. Memorial que confiere poder al abogado William Antonio Hormaza Ospina. Folio 732 del Cuaderno No. 4. Memorial que confiere poder al abogado Cristóbal Grajales López. Folio 744 del Cuaderno No. 4. Memorial que confiere poder al abogado Mauricio Cadavid Bueno. Folio 917 del Cuaderno No. 4. Folios 1284 al 1285 del Cuaderno No. 5. Folios 1309 a 1315 del Cuaderno No. 5
Corte Constitucional. Sentencia C-100 de 2003. Corte Constitucional. Sentencia C-248 de 2004. Además, se explicó lo siguiente: “La declaración de persona ausente no puede ser la decisión subsiguiente al primer fracaso en encontrar al procesado, pues tal como lo consagra el mismo artículo 356, acusado, sólo es posible vincular penalmente a una persona ausente ‘cuando no hubiere sido posible hacer comparecer a la persona que debe rendir indagatoria’. Actuar de manera distinta comporta la nulidad de las actuaciones por violación del derecho de defensa (...) En el orden material, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha exigido la constatación de dos factores relevantes para la vinculación del acusado como persona ausente: ‘(i) Su identificación plena o suficiente (segura), dado que por estar ausente por lo general no basta con la constatación de su identidad física; y (ii) la evidencia de su renuencia.

Una y otra precaven el rito contra las posibilidades de adelantar el trámite respecto de alguien ajeno a los hechos (homonimia) afectando con ello a un inocente, o de construir un proceso penal a espaldas del vinculado sin ofrecerle oportunidad efectiva y material de ser oído en juicio, es decir, sin audiencia bilateral’” (Subrayas y negrillas fuera de texto). Corte Constitucional. Sentencia C-248 de 2004. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia ha explicado lo siguiente: “Por eso la doctrina de la Sala ha tenido oportunidad de hacer diferencia entre el procesado que se oculta y que, en consecuencia, se niega a afrontar el proceso penal -a pesar de ser citado al mismo o pretendido a través de orden de captura- y aquél que no tiene oportunidad de enterarse de la existencia del mismo (…)”. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 18 de diciembre de 2000 citada en la Sentencia de 5 de junio de 2019, Exp. 54.151. Decreto 2700 de 1991, artículo 444. Iniciación de la etapa de juzgamiento. “Con la ejecutoria de la resolución de acusación, adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento. A partir de este momento, el fiscal adquiere la calidad de sujeto procesal y pierde la dirección de la investigación”. Decreto 2700 de 1991. Artículo 339. Caso especial de Comiso. “Los inmuebles, aviones, avionetas, helicópteros, naves y artefactos navales, marítimos y fluviales, automóviles, maquinaria agrícola, semovientes, equipos de comunicaciones y radio y demás bienes muebles, así como los títulos valores, dineros, divisas, depósitos bancarios y en general los derechos y beneficios económicos o efectos vinculados a los procesos por los delitos cuyo conocimiento se atribuye a los jueces regionales, o que provengan de su ejecución, quedarán fuera del comercio a partir de su aprehensión, incautación u ocupación hasta que quede ejecutoriada la providencia sobre entrega o adjudicación definitiva.// De la aprehensión, incautación u ocupación de los bienes que estuvieren sujetos a registro de cualquier naturaleza se dará aviso inmediato al funcionario que corresponda, por el jefe de la unidad de policía judicial que la haya efectuado. La inscripción se hará en el acta y no estará sujeta a costo ni a turno alguno. Hecha ésta, todo derecho de terceros que se constituya sobre el bien será inoponible al Estado. Siempre que se produzca la incautación u ocupación de bienes el responsable de la unidad de policía judicial levantará un inventario del cual se enviará copia a la Dirección Nacional de Estupefacientes si a ello hubiere lugar”. Decreto 2700 de 1991. Artículo 338. Comiso. “Los instrumentos y efectos con los que se haya cometido un hecho punible doloso o que provengan de su ejecución y que no tengan libre comercio, pasarán a poder de la Fiscalía General de la Nación o la entidad que ésta designe a menos que la ley disponga su destrucción. En los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, se someterán a los experticios técnicos y se entregarán en depósito a su propietario o tenedor legítimo, salvo el derecho de terceros o de normas que dispongan lo contrario.// La entrega será definitiva cuando se paguen o garanticen en cualquier momento procesal los daños materiales o morales, fijados mediante avalúo pericial, o cuando se dicte sentencia absolutoria, cesación de procedimiento o resolución de preclusión definitiva de la instrucción.// Si no se han pagado o garantizado el pago de los perjuicios, y fuere procedente la condena al pago de los mismos, el funcionario judicial ordenará el comiso de los mencionados elementos, para los efectos de la indemnización”.

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