RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02789-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02789-00

Fecha
30 de junio de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02789-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la sociedad Eduardoño SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02789-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

30 de junio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02789-00
Demandante: Eduardoño SAS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-02789-00
Demandante EDUARDOÑO S.A.S.
Demandado SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, DEL CONSEJO DE
ESTADO.
Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional y la
subsidiariedad. Proceso de reparación directa bajo el Decreto
01 de 1984 (CCA). Auto que admite recurso de apelación.
Defecto sustantivo, procedimental y fáctico.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la sociedad Eduardoño SAS, de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de mayo de 20221, a través de apoderado, la sociedad Eduardoño S.A.S.
interpuso acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. En
consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
“Respetuosamente se le solicita al juez de tutela se sirva instruir al Señor Consejero Ponente
Guillermo Sánchez Luque, o a quien haga sus veces, como tal y como miembro de la
subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Honorable Consejo de Estado, a efectos de que se proceda a la revocatoria, por razones
constitucionales, del auto de fecha 11 de febrero de 2022, notificado electrónicamente con
fecha 18 de febrero de 2022, y consecuentemente a inadmitir el recurso de apelación
interpuesto por el Ministerio de Defensa en el proceso de reparación directa incoado por el
Ministerio de Defensa contra Eduardoño e Hijos Sucesores S.A. (hoy Eduardoño SAS),
radicado 50001 23 31 000 2011 00736 01 (67246), a efectos de que se revoque la sentencia
con la que dicho proceso concluye en primera instancia”.

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. En diciembre de 2007 la Armada Nacional y la sociedad Eduardoño S.A (hoy
Eduardoño S.A.S.) suscribieron un contrato de venta para el suministro de 28
botes de 16 pies, 18 botes de 20 pies, con todos sus equipos, incluyendo el
suministro de 4 eslingas para cada bote con ganchos pelicanos para el

1 Índice 2 Samai.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02789-00
Demandante: Eduardoño SAS

transporte del bote vía aérea o para maniobras con grúas con la resistencia
para soportar el peso del bote y el tráiler. Contrato que afirma la sociedad
actora se cumplió.

En el año 2009, cuando una aeronave del Ejército Nacional efectuaba el
transporte de un bote, éste se precipitó a tierra y se consideró que ello
obedeció al rompimiento de las eslingas que lo soportaban suministradas por
la sociedad actora, lo que generó su pérdida total.

2.2. En el año 2011, la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional,
presentó demanda de reparación directa contra la sociedad Eduardoño SA
pretendiendo que se le declarara responsable y se le condenara al pago de
perjuicios por la suma de $193.260.869.

El conocimiento del asunto le correspondió al Tribunal Administrativo del
Meta (radicado Nro. 50001-23-31-000-2011-00736-00) que, luego de haber
surtido todas las actuaciones, en cumplimiento de acuerdos de
descongestión del Consejo Superior de la Judicatura, en el mes de enero de
2020 lo remitió al Tribunal Administrativo de Arauca para proferir fallo.

El Tribunal Administrativo de Arauca, mediante sentencia del 13 de
noviembre de 2020 declaró probada la excepción de indebida escogencia de
la acción propuesta por Eduardoño SA, y se inhibió de fallar de fondo.

En el ordinal quinto de la providencia ordenó “que previas las anotaciones de rigor,
por Secretaría del Tribunal Administrativo de Arauca: (i) Se remita copia de esta providencia
por correo-Electrónico si aparece registrado o postal- a las partes y al Ministerio Público con
carácter de mera información. (ii) Se devuelva el expediente al Tribunal Administrativo
del Meta, para que prosigan los trámites procesales que correspondan, incluido el de
notificación de la sentencia”. (Resaltado ajeno al texto trascrito).

2.3. El expediente fue devuelto al Tribunal Administrativo del Meta, y mediante
correo electrónico informó a todas las partes que el 19 de abril de 2021 se
publicaría edicto mediante el cual se notificaría la sentencia del 13 de
noviembre de 2020.

El 5 de mayo de 2021, la entidad demandante presentó recurso de apelación
contra esa sentencia, planteando que, contrario a lo considerado por el
Tribunal Administrativo de Arauca, la acción procedente para lo pretendido es
la de reparación directa, no la contractual.

2.4. Una vez concedido el recurso por el Tribunal Administrativo del Meta, su
conocimiento en el Consejo de Estado se asignó por reparto a uno de los
consejeros de la Subsección C de la Sección Tercera, quien por auto del 3
de septiembre de 2021 admitió el recurso de apelación.

2.5. Contra ese proveído la sociedad Eduardoño (hoy tutelante) interpuso recurso
de reposición, alegando entre otras cosas, que (i) la acción era la contractual
y no la reparación directa, que estaba caducada; (ii) el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia carecía de todos los
elementos esenciales para haber sido concedido y admitido porque, en su
criterio, no fue sustentado como lo prevé el artículo 212 del Decreto Ley 01
de 1984 (CCA), modificado por el artículo 67 de la Ley 1395 de 2010, bajo el
cual se tramita el proceso; (iii) el Tribunal Administrativo del Meta aplicando
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02789-00
Demandante: Eduardoño SAS

el artículo 173 del C.C.A., no debió remitirse al artículo 323 del Código de
Procedimiento Civil para notificar por edicto la sentencia, porque esta última
estaba derogada, y que el recurso de apelación resultaba extemporáneo.

2.6. Mediante providencia del 11 de febrero de 2022 el despacho del consejero
ponente resolvió el recurso confirmando la decisión del 3 de septiembre de
2021.

3. Fundamentos de la acción

Sostiene la parte actora que en la providencia del 11 de febrero de 2022, mediante
la cual se confirmó la decisión de admitir el recurso de apelación, se incurre
supuestamente en defectos sustantivo, procedimental y fáctico.

3.1. Defecto sustantivo porque, afirma, que el despacho ponente ignora la
norma pertinente que regula del trámite de apelación contra sentencias, que
consta en el artículo 212 del CCA, “artículo que en el auto de 11 de febrero de
2022 es inobservado y por ende inaplicado en lo que hace al trámite de la apelación y
concretamente a los siguientes aspectos: En primer lugar el recurso debe presentarse
con la sustentación correspondiente, sin que prevea la existencia de una oportunidad
adicional para sustentar el recurso o para ampliar la sustentación del mismo. En
segundo lugar, la improcedencia de la concesión del recurso si no se cumple con los
requisitos legales de presentación del mismo de manera oportuna y de sustentación del
recurso al momento de interponerlo. En tercer lugar, la imposibilidad de admitir el
recurso si no se cumple con los requisitos legales ya enunciados, o sea la interposición
oportuna y la sustentación al momento en que se interpone el recurso”.

Señala que el recurso de apelación que presentó la Nación, Ministerio de
Defensa contra el fallo de primera instancia no cumple las exigencias del
artículo 212 del CCA, porque además de hacer referencia a normas del
CPACA, pese a que se trata de un proceso que se tramita bajo el CCA, no
precisa los reparos que le hace a la decisión de primera instancia, lo que le
impediría oponerse adecuadamente a los motivos de inconformidad, en la
etapa de alegatos.

Considera un yerro jurídico que amparado en el artículo 267 y lo señalado en
el artículo 173 del CCA en relación con la notificación por edicto de la
sentencia, se haya remitido al procedimiento de notificación por edicto
regulado en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, lo que, en su
criterio, resulta contrario a la ley, porque “la disposición en cuyos términos el
Código Contencioso Administrativo ordena que las sentencias se notifiquen por edicto,
había dejado de tener vigencia desde el momento de la publicación y expedición del
Decreto 806 de 2020, razón por la cual y en virtud de lo previsto por el artículo 40 de
la Ley 153 de 1887 la sentencia de primera instancia en el proceso de reparación
directa, se surtiría mediante la comunicación de la providencia por medios electrónicos,
[…] de suerte que de hecho no habría lugar a notificar sentencia alguna por edicto al
momento en que se dictó la sentencia de primera instancia”.

Asevera que aun asumiendo que la sentencia se notificara por edicto fijado el
19 de abril de 2021, el recurso resultaba extemporáneo, porque se tenía
hasta el 3 de mayo de 2021 para interponerlo, y fue presentado el 5 de ese
mes.

3.2. Defecto procedimental, dice que se incurre en este defecto por dos
aspectos fundamentales: “el primero porque en el auto de 11 de febrero de 2022 se

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02789-00
Demandante: Eduardoño SAS

desconoce sin razón ni motivación alguna que el trámite de apelación de sentencia, se
encuentra íntegramente regulado por el Artículo 212 del Código Contencioso
Administrativo y el segundo, por pretender contra legem que el supuesto e hipotético
vacío, o falta de regulación del trámite de apelación de sentencia en los términos del
artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, hace procedente la aplicación del
Código de Procedimiento Civil, concluyéndose tácitamente en que el recurso de
apelación pudo haberse interpuesto sin sustentación alguna”.

3.3. Defecto fáctico, porque “al considerarse en el auto de 11 de febrero de 2022 que la
apelación contra sentencias se rige por lo previsto en el Código de Procedimiento Civil,
normatividad que como bien se ha indicado no exige que el recurso de apelación se
sustente al momento de su interposición”; que si ponente lo hubiera revisado el
recurso de apelación “se habría percatado de que en el escrito de apelación,[…] no
se expone ningún motivo de inconformidad respecto de la sentencia de primera
instancia”; lo que contraviene el artículo 212 del CCA, que exige interponerlo y
sustentarlo ante el a quo, y lo señalado en el numeral 3 del artículo 322 del
CGP, al que debió acudirse, conforme el cual debe precisarse de manera
breve los reparos.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 26 de mayo de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a las partes. Igualmente, como terceros con interés, se ordenó
notificar a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional,
autoridades que son demandantes en el proceso de reparación directa; a la
sociedad Allianz Seguros S.A., que actúa como demandada en el proceso
ordinario; al Tribunal Administrativo de Arauca, que dictó la sentencia de
primera instancia; y al Tribunal Administrativo del Meta, que notificó la
sentencia de primera instancia en el proceso de reparación directa Nro.
50001-23-31-000-2011-00736-00/01.

4.2. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se
pronunció por intermedio del ponente de la providencia cuestionada, quien
textualmente dijo: “Las consideraciones esgrimidas en la providencia del 11 de
febrero de 2022 proferida por el consejero ponente son suficientes para explicar la
improcedencia del amparo solicitado”.

4.3. La Nación, Ministerio de Defensa, se manifestó por conducto de la
Coordinadora Grupo Contencioso Constitucional. Solicitó negar las
pretensiones del accionante por resultar improcedente la acción de tutela.

Dijo que la parte accionante pretende de manera insistente obtener una
determinación que ya le ha sido desatada en forma contraria a sus
interpretaciones equivocadas del procedimiento que rige las actuaciones
escriturales iniciadas en vigencia del Código Contencioso Administrativo
(Decreto 01 de 1984), intentando convertir la acción de tutela en una tercera
instancia.

Que los cuestionamientos que se hacen en la presente acción constitucional
quedaron despejados en la providencia cuestionada, cuando le aclaran la
oportunidad para interponer el recurso de apelación contra una sentencia
dentro del procedimiento regido por el Decreto 01 de 1984 (CCA), y que las
restantes apreciaciones que expone el tutelante deberán ser analizadas en la
sentencia de segunda instancia dentro del juicio ordinario.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02789-00
Demandante: Eduardoño SAS

4.4. Los otros vinculados como terceros con interés, no obstante haber sido
notificados, no se manifestaron.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso.

Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos
debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes
en el proceso.

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de
sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término
prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de
una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia
atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y
viii) defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02789-00
Demandante: Eduardoño SAS

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala, de manera preliminar,
determinar si se cumplen a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad,
en particular, el de relevancia constitucional.

De superar dicho análisis corresponderá a la Sala determinar si en la providencia
del 11 de febrero de 2022, proferida en el proceso de reparación directa radicado
50001-23-31-000-2011-00736-01, el despacho ponente de la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado, incurrió en los defectos alegados por la
parte actora.

4. El requisito de relevancia constitucional y su análisis en el caso
concreto

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales
vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En
ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez
natural.

Con base en esta premisa, uno de los requisitos generales para la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea
de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo
dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia
constitucional y los que no, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 y la Corte Constitucional en la
sentencia T-248 de 2018 han señalado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales» 6. Es necesario que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia
judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

6 Ibidem
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02789-00
Demandante: Eduardoño SAS

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar
o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el
juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan
de importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera
exclusiva al juez natural7.

De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse
ante el juez de la causa.

En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos” 8.

4.2. Descendiendo al caso concreto, advierte la Sala que la presente acción de
tutela no supera el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la
parte actora acude a este mecanismo, que es excepcional y residual, como
una instancia adicional del trámite en el que se decidió el recurso de
reposición que presentó contra el auto del 3 de septiembre de 2021, por el
cual se admitió el recurso de apelación dentro del proceso de reparación
directa radicado con el Nro. 2011-00736-00.

7 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
8 Sentencia C-590 de 2005.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02789-00
Demandante: Eduardoño SAS

Los argumentos expuestos en la presente acción de tutela como sustento de
los defectos que se endilga a la providencia del 11 de febrero de 2022, en
esencia, coinciden con los argumentos que propuso la sociedad actora en el
recurso de reposición contra el auto del 3 de septiembre de 2021 mediante el
cual el despacho del consejero ponente de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado admitió el recurso de apelación interpuesto
por la Nación, Ministerio de Defensa contra la sentencia de primera instancia
proferida dentro del referido proceso de reparación directa.

En efecto, tanto en el recurso de reposición (índice 2 y 13 Samai)9, como en
su escrito de tutela (índice 2 Samai), el accionante expone que:

(i) En su opinión, el recurso de apelación interpuesto por la Nación, Ministerio de
Defensa contra la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso
de reparación directa, no contiene una sustentación que resulte suficiente
porque no precisa los reparos, que no podría objetarlo adecuadamente en la
etapa de alegatos y que por lo tanto no podía haber sido concedido y luego
admitido. Que la acción pertinente era la contractual, que esa acción estaba
caducada y que las pretensiones no tenían vocación de prosperidad.

(ii) En su criterio se otorgó a la parte apelante unos días de más al haberse
notificado la sentencia a través de edicto conforme con el artículo 323 CPC, al
cual se recurrió en aplicación del artículo 173 del CCA, norma que considera
estaba derogada y que por lo tanto la notificación debió haberse surtido
realmente por estado electrónico de conformidad con el Código General de
Proceso y el Decreto Legislativo 806 de 2020.

(iii) A su juicio, aun partiendo que la sentencia se hubiera notificado por edicto
virtual el 19 de abril de 2021, el término para apelar terminaba el 3 de mayo de
2021, y se interpuso el 5 del mismo mes, resultando extemporáneo.

Observa la Sala que la presente acción constitucional no pasa de ser la
exposición de la manera en que, según criterio de la parte actora, debió
haberse interpretado y aplicado una norma legal procedimental por parte del
juez natural, para admitir un recurso de apelación, pues, a su juicio, al
recurso presentado por la Nación, Ministerio de Defensa contra el fallo de
primera instancia, resultaba insuficiente para haber sido concedido y
posteriormente admitido.

Por eso, el sustento de la solicitud de amparo, no pasa de ser más que una
apreciación subjetiva de la parte actora, para cuya protección no está
instituida la acción de tutela, sumado a que se trata de la apreciación sobre
una norma legal procedimental.

4.3. En la providencia cuestionada, el despacho ponente de la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, expuso las razones por las cuales
no le asistía razón a la parte en recurso interpuesto para que se revocara la
decisión de admitir el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, para lo cual consideró que no estaba en discusión, que el proceso
de reparación directa contra la sociedad actora se tramitaba bajo las reglas
del CCA (Decreto 01 de 1984), por lo que se aplicó el artículo 212 para la

9 En el índice 13 Samai obra el expediente digitalizado del proceso de reparación directa. El recurso también
aparece a índice 2.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02789-00
Demandante: Eduardoño SAS

admisión del recurso de apelación, que exige interponerlo y sustentarlo ante
el a quo.

Además, explicó las razones jurídicas por las cuales la notificación por edicto
de la sentencia apelada, debía realizarse en los términos del artículo 173 de
CCA y el 323 del Código de Procedimiento Civil, como lo había hecho el
Tribunal Administrativo del Meta, y que el término para interponer el recurso
de apelación fenecía el 5 de mayo de 2021 y no el 3 de ese mes, por lo tanto,
el recurso fue interpuesto en forma oportuna. Textualmente se dijo en la
providencia cuestionada:

“1. El Despacho es competente para conocer del presente asunto de conformidad con
el artículo 180 CCA y será decidido por el Consejero Ponente de conformidad con el
artículo 146A.
2. El artículo 212 CCA dispone que el recurso de apelación contra la sentencia se
interpondrá y sustentará ante el juez que la profirió y que, si el recurso no es
sustentado oportunamente, se declarará desierto por el inferior. Como los argumentos
sobre la acción, la caducidad, las pretensiones, las referencias al CPACA o la fecha
de los hechos se refieren al contenido de la sustentación, son improcedentes para
desestimar la concesión y la admisión del recurso.
3. El artículo 40 de la Ley 153 de 1887, retomado en esencia por el artículo 624 CGP,
establece que las leyes sobre la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen
sobre las anteriores, desde el momento en que empiezan a regir, pero que las
actuaciones ya iniciadas se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación. El
artículo 308 CPACA dispone que dicho código comenzó a regir a partir del 2 de julio
de 2012 y que las demandas y procesos en curso, antes de su vigencia, seguirán
rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior, es decir, el
CCA. El artículo 267 CCA prescribe que, en los aspectos no regulados en ese código,
se seguirá el Código de Procedimiento Civil. De manera que, para los procesos
tramitados con el CCA, en cuyas actuaciones es necesario acudir al procedimiento
civil, se debe aplicar el CPC -y no el CGP- porque ese era el estatuto procesal civil
vigente al inicio de esas actuaciones. Como el proceso de la referencia se rige por el
CCA, la norma procesal civil aplicable es el CPC.
El artículo 173 CCA, dispone que las sentencias se notifican por edicto, en la forma
prevista en el artículo 323 CPC, y esta norma dispone que el edicto se fijará por tres
días. Como el edicto se fijó electrónicamente el 19 de abril de 2021, su desfijación
ocurrió el 21 del mismo mes y como el término para apelar transcurrió hasta el 5 de
mayo, el recurso fue interpuesto en forma oportuna. CONFÍRMASE el auto del 3 de
septiembre de 2021”.

4.4. Dicho lo anterior, encuentra la Sala que, además de no advertirse
vulneración al debido proceso de la sociedad tutelante, la sociedad tutelante
pretende hacer del presente mecanismo excepcional constitucional una
prolongación de aspectos decididos por el juez natural, y que no resulta ser
más que lo que en su subjetividad considera la parte actora cómo debió
proceder la autoridad judicial accionada para asumir la decisión de admitir un
recurso de apelación.

Carece de relevancia, porque no puede convertirse la acción de tutela en una
instancia adicional al trámite ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada, pues, como se ha dicho, por más informal que sea la tutela, y
aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, “el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02789-00
Demandante: Eduardoño SAS

ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el
proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes”.

La parte accionante acude a este mecanismo constitucional con el fin de
exponer su inconformidad con la decisión judicial cuestionada que resultó
desfavorable a sus intereses; olvidando que el propósito de la acción tutela
no es prolongar la discusión que se presentó y se definió por el juez natural.

El hecho que no comparta el análisis efectuado y el sentido de la decisión
adoptada por el juez de la causa, escapa a la órbita de competencia del juez
constitucional, que está dada en clave de derechos fundamentales y no para
dirimir diferencias de juicio o de opinión, pues no debe olvidarse que la
simple disparidad de criterio no constituye per se una vulneración a los
derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la
acción de tutela como mecanismo excepcional de protección de los derechos
fundamentales.

Es por ese motivo que la jurisprudencia constitucional reiteradamente ha
sostenido que, cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto; lo que no se aprecia en este caso.

Sumado a lo anterior, recuerda esta Sala que, tratándose de providencias
judiciales proferidas por altas cortes, quienes cumplen la función de unificar
la jurisprudencia y actuar como órganos de cierre en sus respectivas
jurisdicciones, se exige la configuración de un error en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y que sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Lo que
no acontece en el presente caso.

4.5. Y aunque lo anterior es suficiente para declarar la improcedencia de la
presente acción, se tiene que en el caso individual tampoco se cumple con el
requisito general de la subsidiariedad, considerando que el respectivo
proceso aun se encuentra en trámite, pendiente de resolver la segunda
instancia.

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela no es un
medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por
la ley para defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar
los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los
mecanismos dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones
que se adopten10. De no ser así se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, concentrando en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas,
propiciando un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones
por parte del Juez de tutela.

El principio de subsidiariedad, reiteradamente ha precisado la Corte 11, hace
que la tutela se torne improcedente contra providencias judiciales, cuando:
(i) el asunto esté en trámite, salvo como mecanismo transitorio para evitar un

10 Al respecto, por mencionar algunas, se pueden consultar las sentencias SU-424 de 2012 y T-584 de 2012.
11 Ver, entre otras, sentencias T-103 de 2014 y T-006 de 2015.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02789-00
Demandante: Eduardoño SAS

perjuicio irremediable; (ii) no se han agotado los medios de defensa
judiciales, ordinarios y extraordinarios; y (iii) se use para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico. Y se tiene que en el caso concreto, no se cumple
ninguno de los anteriores requisitos.

5. Conclusión

En el presente caso, más que demostrar la configuración de un defecto en la
providencia atacada, la parte actora presenta una reiteración y prolongación de
argumentos planteados para cuestionar la decisión mediante la cual se admitió el
recurso de apelación dentro del proceso de reparación directa radicado 2011-
00736-00, y que fueron debidamente decididos por el juez natural en la
providencia cuestionada. No existe un real cuestionamiento iusfundamental, sino
simplemente la exteriorización de la inconformidad de la parte actora con la
decisión que se cuestiona, sin que se advierta vulneración a su derecho al debido
proceso.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia, por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales de
procedibilidad de este mecanismo contra providencias judiciales, específicamente
el de relevancia constitucional respecto de la providencia del 11 de febrero de
2022.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la sociedad
Eduardoño SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.