Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2011-00736-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2011-00736-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2011-00736-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
23 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 50001-2331-000-2011-00736-01 (67.246)
Demandante: Nación- Ministerio de Defensa
Demandado: Eduardo Londoño e Hijos Sucesores S.A.
“Eduardoño”- Aseguradora Colseguros S.A.- hoy
Allianz Seguros SA-
Proceso: Reparación Directa
ACCIÓN PROCEDENTE: Frente al incumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato;
ELECCIÓN DE LA ACCIÓN PROCEDENTE EN VIGENCIA DEL CCA- es una carga que le compete
a la parte actora-. ADECUACIÓN DE LA ACCIÓN EN VIGENCIA DEL CCA- condiciones- -no puede
variarse la causa petendi- ADECUACIÓN DE LA ACCIÓN EN VIGENCIA DEL CCA – en segunda
instancia debe consultarse el alcance de la apelación-.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 13 de noviembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo del Arauca, que profirió decisión inhibitoria en el asunto por
haberse encontrado configurada la excepción de indebida escogencia de la acción.
SÍNTESIS DEL CASO
El 16 de septiembre de 2009, durante el transporte aéreo del bote BAF-1822 entre,
la “Macarena” hasta el área de operaciones de la FUDRA, se rompieron las eslingas
que soportaban el referido bote al helicóptero UH60 EJC-2140, después de 15
minutos del despegue. El anterior incidente, presuntamente, produjo la pérdida de
la referida embarcación y graves daños en el helicóptero UH60 EJC-2140, perjuicios
que son reclamados por la Nación- Ministerio de Defensa al proveedor de las
referidas eslingas, a través de la acción de reparación directa.
ANTECEDENTES
Radicación: 50001-2331-000-2011-00736-01
(67.246)
Demandante: Nación- Ministerio de Defensa
Demandado: Eduardoño SAS y otro
Proceso: Reparación directa
La demanda
El 16 de diciembre de 20111, por intermedio de apoderado judicial la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional interpuso la acción de reparación directa, por la cual
se solicitó declarar patrimonialmente responsable a la sociedad Eduardo Londoño
e Hijos Sucesores SA -Eduardoño SA- y a la Aseguradora Colseguros SA – hoy
Allianz Seguros SA-., por los hechos acontecidos el 16 de septiembre de 2009, en
los siguientes términos:
(…) PRIMERA: Que se declare responsable de manera extracontractual a la Empresa
EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S.A. -EDUARDOÑO SA -identificada
con NIT 89090082-5. y a la ASEGURADORA COLSEGUROS SA identificada con NIT
860.026.182-5 quien es llamada a juicio por parte de EDUARDOÑO S.A., de los hechos
acontecidos el 16 de septiembre de 2009, cuando la aeronave de propiedad del Ejército
Nacional, desde la sierra de la MACARENA, hasta el área de operaciones del FUDRA
en San José del Guaviare en el Departamento del Guaviare, llevaba aproximadamente
15 minutos de vuelo , los pilotos manifestaron que el bote tipo BAF 1822 se había
precipitado a tierra, debido a que se rompieron las eslingas que lo soportaban,
sufriendo una pérdida total u considerables daños en el helicóptero.
SEGUNDO: En razón a la declaración anterior se condene a la Empresa EDUARDO
LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S.A. -EDUARDOÑO S.A. identificada con NIT
890900082-5, y a la ASEGURADORA COLSEGUROS SA identificada con NIT
860.026.182-5, POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES a pagar a la
Nación- Ministerio de Defensa Nacional por los daños causados al Bote CAF 1822, la
suma de $193.260.869; tal y como consta mediante documento No. 181205 MD-CG
CARMA -SECAR -CIMAR -CBRIFLIM1 -JDUF -JDIV-29.14 del 18 de agosto de 2011,
y por los daños causados al helicóptero UH60 EJC-2140, la suma de $868.427.844.1,
según tasación realizada por parte del oficial Área de Operaciones Logísticas de
Aviación del Ejército Nacional , mediante oficio No. 100429 del 20 de mayo de 2010.
Teniendo como valor total de la pretensión la suma de $1.061.688.713,10 m/cte (…)
Como fundamento de las anteriores pretensiones, se expuso como hechos de la
demanda que el día 17 de diciembre de 2007, la ARMADA NACIONAL y la sociedad
EDUARDOÑO suscribieron el Contrato No. 31 MDN-ARC-JOLA -2007, cuyo objeto
era la «Venta de equipos de movilidad táctica fluvial», (23 botes para transporte de
tropas y 18 botes administrativos), por una cuantía de $ 6’244.999.987, oo, como
plazo máximo de ejecución se dispuso el 30 de agosto de 2008. Las obligaciones
contractuales del anterior contrato se respaldaron por las pólizas de seguro de
Cumplimiento ante Entidades Estatales No. 8001015628 del 26 de diciembre de
1 Ff. 1-37 C.1 (foliatura irregular)
2
Radicación: 50001-2331-000-2011-00736-01
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Demandante: Nación- Ministerio de Defensa
Demandado: Eduardoño SAS y otro
Proceso: Reparación directa
2007, expedida por Seguros Colpatria S.A.; y por la póliza de responsabilidad civil
extracontractual No. 8001119164 del 26 de diciembre de 2007, aprobada por la
jefatura Operaciones Logísticas Armada Nacional el 27 de diciembre de 2007.
Se precisó en la demanda que dentro del numeral 3.5.1 del pliego condiciones y en
el Adendo No. 1 a la solicitud de oferta No.22-MDN-ARC-JOLA 2007, se le exigió al
proponente que los bienes ofertados debían reunir los requisitos técnicos mínimos
exigidos, lo que cobija las eslingas para transporte aéreo o para maniobras con
grúas con la resistencia para soportar el peso del bote y del tráiler.
Sobre el origen de la afectación reclamada, se relató que el 16 de septiembre de
2009, la Armada Nacional se dispuso a realizar una maniobra de transporte del
grupo fluvial “estaño”, para lo cual enganchó el bote liviano BAF-1822 al helicóptero
UH60 de propiedad del Ejército Nacional. Transcurridos 15 minutos de vuelo, según
lo relató la tripulación de la aeronave, se precipitó al suelo el bote BAF-1822,
aparentemente por el rompimiento de las eslingas que soportaban el navío. La caída
significó la pérdida total del bote y daños en el helicóptero que lo transportaba.
Se relató que el 30 de marzo de 2010, a través de Oficio 5218 MD- CGFM- CARMA-
SECAR-JOLA-OFCON-17 la Armada Nacional efectuó reclamación a la
aseguradora Colseguros, quien suscribió póliza de responsabilidad extracontractual
con la sociedad Eduardoño SAS2. Igualmente, en la demanda se expuso que la
Armada Nacional realizó reclamaciones pertinentes al asegurador Seguros
Colpatria S.A.
Contestaciones de la demanda
1. Sociedad “Eduardoño SAS”3.
Señaló que la acción que se debió incoar por la entidad demandante debió ser la de
controversias contractuales. Explicó, que la imputación de responsabilidad que se le
2 Rta Colseguros SA folio 252 C2,
3 Ff. 386-396 C.1. El cambio en la tipología de la Sociedad ver Certificado de existencia y representación legal
ocurrió el por Acta No. 197 de la Asamblea de Accionistas del 21 de marzo de 2018, inscrita el 5 de junio de
2018 Ff.652-657 C3.
3
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Demandante: Nación- Ministerio de Defensa
Demandado: Eduardoño SAS y otro
Proceso: Reparación directa
endilga, se fundamentó en presunto incumplimiento de obligaciones derivadas del
contrato que celebró con la actora, como los fueron, el no suministrar eslingas
idóneas, manuales de helicoportaje, o eslingas con aros. Frente al fondo, refirió que
la responsabilidad que se le imputó no tiene asidero en el incumplimiento de una
obligación prevista en el contrato o las condiciones de la oferta, ni mucho menos se
podía derivar dicho incumplimiento de la vulneración del principio de buena fe o del
estatuto del consumidor. Además, elevó la excepción de caducidad, al considerar que
en virtud del artículo 60 de la Ley 23 de 1991 se limitó la suspensión del cómputo de
dicho termino, con ocasión de la conciliación prejudicial, en máximo 60 días.
2. Allianz Seguros (antes Colseguros SA)4.
Solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda y del llamamiento en
garantía efectuado por la sociedad «Eduardoño SAS». Frente a la demanda
coadyuvó la contestación de la demandada Eduardoño y elevó las excepciones de
caducidad de la acción, «la póliza no tiene cobertura frente a los hechos de la
demanda», «no resulta posible acumular indexación de intereses e intereses de
mora», «la responsabilidad de la aseguradora no puede exceder el monto
asegurado» y «el cobro de lo no debido- por existencia de deducible-».
Sentencia de primera instancia
El 13 de noviembre de 20205, el Tribunal Administrativo de Arauca profirió fallo
inhibitorio en el presente asunto, al declarar probada la excepción de indebida
escogencia de la acción. Al abordar la decisión, el Tribunal estimó que los daños
reclamados en la demanda se derivan de las relaciones contractuales entre la
Nación- Ministerio de Defensa y la sociedad «Eduardoño» y la Aseguradora
Colseguros SA -Allianz Seguros SA- en el marco de la relación negocial formalizada
en el Contrato No. 31 del 17 de diciembre de 2007. En este sentido, a juicio de la
Sala de primera instancia, ninguno de los contratantes podía desconocer las
obligaciones y deberes definidas en dicho vínculo negocial, para reclamar en el
4 Ff. 426-469 c3 Aceptación del llamamiento en Garantía por auto del 25 de abril de 2014 ff38-39 C. llamamiento
en garantía.
5 Ff. -6-13 CP.
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campo extracontractual perjuicios que debían impetrarse a través los lineamientos
del contrato y, por ende, a través de la acción de controversias contractuales.
Por último, reconoció que, en algunas oportunidades, de forma excepcional, se
permite la adecuación de la acción impetrada, pero en el presente caso no resultaba
procedente por tenerse que variar la causa petendi, comoquiera que las
pretensiones elevadas fueron enfáticas en desligar la acción contractual de la
responsabilidad extracontractual pretendida.
Apelación Nación - Ministerio de Defensa6
La parte demandante Ministerio de Defensa Nacional elevó oportunamente recurso
de apelación contra la anterior decisión, en la que solicitó que la misma fuera
revocada y en su lugar, se conociera la demanda bajo el procedimiento de
reparación directa. Insistió que la acción de reparación directa resulta la vía procesal
idónea para que las entidades estatales reclamen la reparación que de los daños
que les ocasionen particulares, por lo cual al ser claras las pretensiones en incoar
dicho medio de control y dirigirse a obtener la reparación por hechos acontecidos el
16 de septiembre de 2009, la misma resultaba procedente.
Trámite en la segunda instancia
El 16 de mayo de 2019, el Tribunal concedió el recurso de apelación7y el 3 de
septiembre de 2021, el despacho lo admitió8, contra la anterior decisión el
apoderado judicial de la sociedad «Eduardoño SAS» interpuso el recurso de
reposición9, el cual se resolvió por auto del 1 de febrero de 2022 10 que confirmó la
decisión recurrida.
Por auto del 7 de junio de 202211, el despacho corrió traslado para alegar de
6 Indice SAMAI
7 Ff. 1077 CP.
8 Indice 8 SAMAI
9 Indice 13 SAMAI
10 Indice 18 SAMAI
11 Indice 35 SAMAI
5
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Demandante: Nación- Ministerio de Defensa
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Proceso: Reparación directa
conclusión en segunda instancia12. En esa oportunidad, la Nación- Ministerio de
Defensa Nacional13, reiteró los argumentos de recurso de apelación, por su parte el
apoderado de «Eduardoño SAS14», recalcó estar de acuerdo con la decisión
impugnada, señaló que decisión de segunda instancia debía limitarse a los
razonamientos de la apelación y reiteró los argumentos sobre el fondo expuestos
en la contestación de la demanda. Por su parte, Allianz Seguros SA (antes
Aseguradora Colseguros SA)15 solicitó que se confirmara la decisión de primera, y
en caso que no prosperara dicha solicitud adujo que en el caso se configuró la
caducidad de la acción y adujo que la póliza no otorga cobertura respecto de los
hechos de la demanda El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES
I. Presupuestos procesales
1. La demanda se presentó el 16 de diciembre de 2011; por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme
al artículo 266 del C.C.A., en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese
código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las
notificaciones en curso, se rigen por la ley vigente al momento de esas
actuaciones.
2. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA) –que empezó a regir
desde el 2 de julio de 2012– prevé que las actuaciones administrativas, las
demandas y procesos que se encontraran en curso a la fecha de su entrada en
vigor, seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen jurídico anterior,
esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los
aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil (en adelante,
12 F.1090 CP.
13 Índice 39 SAMAI
14 Indice24 y 40 SAMAI
15 Índice 25 SAMAI
6
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Demandante: Nación- Ministerio de Defensa
Demandado: Eduardoño SAS y otro
Proceso: Reparación directa
CPC) en lo compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Jurisdicción y competencia
3. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias
cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión
de una entidad estatal según el artículo 82 del C.C.A., modificado por el artículo 1
de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia
para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del C.C.A., según el
cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos. Así mismo, esta corporación es
competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 del
C.P.C., el valor de la pretensión mayor supera los 500 S.M.LM.V. exigidos por el
artículo 132.6 del C.C.A, esto es, $267.800.00016.
La indebida escogencia de la acción en el presente caso
4. Habiéndose examinado el contenido de la sentencia impugnada y del recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante, le corresponde a la Sala
establecer, si las pretensiones de la demanda son susceptibles de conocerse, a
través de la acción de reparación directa (art. 86 CCA), y en caso negativo, deberá
verificarse si hay lugar a confirmar el fallo inhibitorio proferido en primera instancia.
5. En el marco del Código de lo Contencioso Administrativo17, la corporación
precisó que la carga de realizar la gestión necesaria para determinar los supuestos
fácticos de su demanda y elegir la acción procedente, de acuerdo con los mismos,
recae sobre el demandante18. Por ende, en el marco de la referida codificación
16
Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2011, $535.600, por 500.
17 Se hace esta precisión, en la medida que con la entrada en vigencia del CPACA, se ha reconocido con recurso
en el artículo 171 del CPACA, el juez de lo contencioso administrativo cuenta con la facultad de adecuar el
medio de control. Al respecto ver Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, C.P.: Ramiro Pazos Guerrero, Sentencia del veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinte
(2020). Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00696-01(66024). [ Fundamento jurídico 2]
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 5
de febrero de 2024, rad. 05001-23-31-000-2000-02226-01 (59420), [Fundamento de derecho 3]. “(…) Tampoco
puede salir avante el argumento de la apelante, según el cual el juez de primera instancia debió inadmitir la
demanda para que la sociedad la ajustara a la acción procedente, toda vez que además de que para se
7
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procesal, la indebida escogencia de la acción por el demandante es susceptible de
configurar la excepción de inepta demanda por falta de los requisitos formales de
ésta y constituye una circunstancia que imposibilita un pronunciamiento de fondo
sobre la litis, en otras palabras, da lugar a un fallo inhibitorio19.
6. En algunos casos, la corporación ha admitido con fundamento en el principio
de prevalencia en el derecho sustancial sobre el formal 20 y el principio iura novit
curia21 que el juez puede adecuar la acción formalmente interpuesta por el
demandante, a la que resulte adecuada según la causa petendi contenida en la
demanda. No obstante, dicha posibilidad tiene un alcance limitado, en la medida
que: i) debe hacerse dentro de los límites del petitum de la demanda y del recurso
de apelación; ii) el alcance de la acción procedente22; iii) el derecho al debido
proceso de ambas partes23; y iv) que no se haya configurado la caducidad24.
7. La determinación de la acción adecuada supone un análisis distinto en cada
caso particular, pero en el ámbito de reclamación de la declaratoria de
momento el Tribunal no conocía la existencia del contrato, la carga de escoger la acción procedente no podía
trasladarse al juez, sino que correspondía a la parte actora, quien tenía la obligación de realizar las gestiones
encaminadas a determinar con precisión los supuestos fácticos que respaldaran su acción.(…)
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, CP Nicolás Yepes
Corrales, rad: 1900123300001200700561-01(51.133) (…) Es menester poner de presente que el libelo
introductorio se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo, de donde se deriva que la indebida
escogencia de la acción puede configurar la excepción de inepta demanda por falta de los requisitos formales,
en la medida en que cada uno de los medios de control previstos en la ley están instituidos para dirimir un tipo
de controversia específica, por lo cual los requisitos de una y otra demanda son distintos y su inobservancia
hace imposible realizar un pronunciamiento de fondo sobre el asunto objeto de litis .(…) [Fundamento jurídico
4.2.]Allí se cito el auto de 2 de marzo de 20202 rad: 60036.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 28 de septiembre de
2006, CP Mauricio Fajardo Gómez, rad: 25000-23-26-000-2004-01769-01(29669).
21 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, CP: Olga Mélida
Valle De De La Hoz, Sentencia del 6 de julio de 2015, rad: 25000-23-26-000-2004-00276-01(34227) [
Fundamento jurídico 3].
22Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP: Marta Nubia
Velásquez Rico, Sentencia del 2 de diciembre de 2015, rad.: 47001-23-31-000-2001-00660-01(36285) [
Fundamento de derecho 5]. Allí se precisó: (…) La adecuación de la causa petendi a los conceptos jurídicos
que son fuente de la responsabilidad en el caso de las controversias contractuales puede hacerse dentro de
tres límites: i) el petitum de la demanda y el contenido de la apelación -si se trata de la interpretación en segunda
instancia-; ii) el alcance de la acción contractual definido en la ley –en este caso en el artículo 87 del Código
Contencioso Administrativo- y iii) la oportunidad en el ejercicio de la acción, esto es que no haya operado la
caducidad respecto de los hechos que se adecúan a los conceptos jurídicos. (…)
23 Ibidem. Supone que, en caso de reformularse la óptica del caso desde un nuevo concepto jurídico, el mismo
debió haber sido objeto de debate probatorio y argumentativo.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 28 de septiembre de
2006, CP Mauricio Fajardo Gómez, rad: 25000-23-26-000-2004-01769-01(29669)
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responsabilidad patrimonial, dicho análisis se detiene en la naturaleza jurídica de la
causa de los perjuicios reclamados25.
En este sentido, por regla general, cuando la causa del daño la constituya un hecho,
una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente
de inmueble, la acción procedente será la reparación directa (art. 86 CCA26); por el
contrario, si el daño deriva del incumplimiento de los deberes, cargas y obligaciones
de un negocio jurídico o el contenido de un acto administrativo proferido con
posterioridad a la suscripción de un contrato estatal, será procedente la acción de
controversias contractuales (art. 87 CCA).
8. Precisado lo anterior, se tiene que el objeto el daño alegado en la demanda
es la pérdida patrimonial derivada de la destrucción del bote BAF-1822 y las averías
del helicóptero UH60 EJC-2140, como producto del rompimiento de las eslingas que
soportaban el referido bote, durante su transporte aéreo -vía helicóptero- entre, la
“Macarena” hasta el área de operaciones de la FUDRA, el 16 de septiembre de
2009. En el escrito introductorio se identificó formalmente la acción ejercida la
reparación directa.
En efecto, la Sala subraya que en la demanda se persiguió la responsabilidad de la
sociedad Eduardoño SAS, en su calidad de vendedor de las eslingas, en el marco
del contrato No. 31 MDN-ARC-JOLA-2007 -obrante en el plenario27-. Lo anterior,
con fundamento en las obligaciones y deberes legales que se desprendían del
referido contrato. Lo que resulta evidente en algunos fragmentos de la demanda, en
la cual se manifestó:
(…) No es cierto que solo el personal de la Armada y el Ejército tenían que conocer
a cabalidad el procedimiento para el transporte de los botes comprados a
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 27 de enero de 2005radicación: 41001-23-31-000-2004-00475-
01 (28.559), CP Ruth Stella Correa Palacio [ Fundamento jurídico 2] Allí se citó el Auto de marzo de 2006, CP
Alier E. Hernández Enríquez rad. 31789,
26 (…) Artículo 86 <Subrogado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> La
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una
omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos
públicos o por cualquiera otra causa.
Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado
por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no
estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de
otra entidad pública.. (…)
27
Ff. 159-166 C1
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Demandado: Eduardoño SAS y otro
Proceso: Reparación directa
EDUARDOÑO, pues como vendedor de los botes, EDUARDOÑO tenía el debe de
suministrar la información. (…)
O al argumentar (…) Se avizora por parte del contratista un descuido, negligencia
y/o ausencia de seguimiento a la debida utilización de los elementos tales como el
aro metálico (…) (negrilla por fuera del original)
Por consiguiente, la acción procedente para pronunciarse sobre la responsabilidad
que le podía caber a la sociedad demandada Eduardoño SAS, como proveedor de
las eslingas que presuntamente generaron el daño endilgado, es la acción de
controversias contractuales. Así, en la alzada no se desvirtuaron los razonamientos
de la decisión impugnada para declarar probada la excepción de inepta demanda,
por indebida escogencia de la acción, en efecto, el recurrente insistió en interpretar
la demanda – a motu proprio- en el sentido de indicar que en la misma se formuló
la acción de reparación directa28, sin explicar porque la responsabilidad deprecada
no derivaba del presunto incumplimiento del contrato No. 31 MDN-ARC-JOLA-2007,
según lo concluyó el tribunal.
Por ende, resulta improcedente adecuar la acción interpuesta a la procedente, por
suponer dicho ejercicio una variación en la causa petendi, en la medida que de
hacerlo contraría la interpretación que otorgó el recurrente a su propia demanda, en
el recurso de apelación.
En este sentido, en esta instancia, no se desvirtuaron los razonamientos que
motivaron la decisión de primera instancia.
Por los anteriores motivos, la Sala se dispondrá a confirmar el fallo inhibitorio
proferido por el Tribunal Administrativo de Arauca el 13 de noviembre de 2020, que
declaró probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la
acción propuesta por la demandada.
Costas
28 En efecto en página 5 del recurso de apelación se lee: (…) Con lo anterior es correcta la formulación de la
acción de reparación directa escogida por el apoderado de la parte demandante, ya que la demanda busca la
compensación de los daños ocurridos a los bienes de la entidad en los hechos ocurridos el 16 de septiembre
de 2009, y las cuales se encuentran estipuladas tanto con claridad y se encuentran debidamente
individualizadas (…)
10
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Demandado: Eduardoño SAS y otro
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En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del CCA, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo inhibitorio decisión contenida en la sentencia
proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Arauca, el 13 de
noviembre de 2020, por declararse probada la excepción de inepta demanda por
indebida escogencia de la acción propuesta por la demandada.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
11
Radicación: 50001-2331-000-2011-00736-01
(67.246)
Demandante: Nación- Ministerio de Defensa
Demandado: Eduardoño SAS y otro
Proceso: Reparación directa
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de
forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que
el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/docume
ntos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de
validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de
tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
12
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