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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02800-00

Fecha
13 de julio de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02800-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1º) Deniégase la acción de tutela presentada por el señor Alfonso Prieto Rodríguez, en lo relacionado con el invocado defecto procedimental absoluto y el defecto por desconocimiento del precedente judicial, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Declárase improcedente la acción de tutela en lo atinente a los alegados defectos sustantivo y fáctico. 3°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02800-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

13 de julio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-02800-00
Demandante: ALFONSO PRIETO RODRÍGUEZ
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
PENSIÓN GRACIA. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
DE TUTELA RESPECTO DE LOS DEFECTOS
SUSTANTIVO Y FÁCTICO. ANÁLISIS DE LOS
DEFECTOS PROCEDIMENTAL ABSOLUTO Y
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL.

Síntesis del caso: el demandante obtuvo el reconocimiento y pago de la pensión
gracia por motivo de un fallo de tutela que posteriormente fue catalogado como un
fraude global. En la acción de tutela cuestiona la providencia que en segunda
instancia resolvió la acción de lesividad que presentó la UGPP en contra del acto
administrativo de reconocimiento de esa prestación. El actor invocó la configuración
de los defectos sustantivo y fáctico, respecto de los cuales la Sala encontró que no
se superó el requisito de relevancia constitucional por cuanto se pretende emplear
la acción de tutela como una tercera instancia y, además, se incumplió la carga
argumentativa suficiente para su fundamentación. Por otra parte, se analiza de
fondo la alegada configuración de los defectos procedimental absoluto y
desconocimiento del precedente judicial. La Sala encontró que la providencia
cuestionada fue proferida en ejercicio de la competencia legal otorgada a la
autoridad accionada y que en ella no se desconoció el precedente, razón por la cual
se niegan las pretensiones de la acción de tutela respecto de tales defectos.

La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada por el señor Alfonso Prieto
Rodríguez, por intermedio de apoderada judicial, en contra de la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso e igualdad y del principio a la seguridad jurídica.

2

Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02800-00
Actor: Alfonso Prieto Rodríguez
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en
síntesis, lo siguiente:

1) La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) presentó demanda, en la
modalidad de lesividad, para que se declare la nulidad de la Resolución RDP
026269 de 11 de junio de 2013, por medio de la cual se reconoció una pensión
gracia en favor del señor Alfonso Prieto Rodríguez.

2) Entre los antecedentes de esa demanda la Sala destaca los siguientes:

i) El 16 de enero de 2001 el actor solicitó a CAJANAL el reconocimiento y pago
de la prestación aludida y en respuesta a esa petición la autoridad expidió un acto
administrativo en el que negó lo reclamado porque el señor Prieto Rodríguez no
probó el tiempo de servicio mínimo para ello, decisión confirmada en reposición.

ii) El 6 de octubre de 2006 el Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de
Magangué (Bolívar) dictó sentencia en un proceso de acción de tutela que presentó
el señor Alfonso Prieto Rodríguez con otras 88 personas y ordenó por la vía
constitucional el reconocimiento y pago de la pensión gracia a cada uno de los
docentes demandantes.

iii) Para efectos de cumplir la orden de tutela y previa solicitud de acatamiento por
parte del actor, la UGPP profirió la mencionada Resolución RDP 026269 de 11 de
junio de 2013 en la que reconoció y ordenó el pago de la pensión gracia en favor
del demandante.

3) La UGPP presentó demanda de lesividad que correspondió al Tribunal
Administrativo de Boyacá, autoridad que en sentencia de 13 de noviembre de 2018
declaró la nulidad del acto administrativo atacado porque el actor no acreditó el
tiempo de servicios establecido en la Ley 114 de 1913 para acceder al

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Actor: Alfonso Prieto Rodríguez
Acción de tutela

reconocimiento de la pensión gracia, esto es, 20 años de servicio en el orden
departamental, municipal o distrital.

4) La anterior decisión fue apelada por las partes y la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia el 2 de diciembre de 20211 en la
que revocó el numeral segundo del fallo de primera instancia y, en su lugar, condenó
al demandante a reintegrar en favor de la UGPP las sumas percibidas por concepto
de la pensión gracia que le fue reconocida en la Resolución RDP 026269 de 11 de
junio de 2013.

5) De otra parte, en las consideraciones de esa providencia se analizó, entre otras
cosas, el marco normativo y jurisprudencial aplicable en controversias en que se
reclama el reconocimiento de la pensión gracia, el principio de la buena fe y el fraude
global, para concluir que los únicos tiempos de servicio computables para efectos
de determinar si había lugar a reconocer la erogación, fueron aquellos que el actor
prestó en el departamento de Boyacá y que los demás correspondieron a
vinculaciones del orden nacional, por lo cual no podían tenerse en cuenta, de
conformidad con la sentencia de unificación de 29 de agosto de 1997, proferida por
esta Corporación.

6) En punto al restablecimiento del derecho reclamado por la UGPP, consistente en
el reintegro de los valores pagados por concepto de pensión gracia, la autoridad
accionada resaltó que, en primer lugar, CAJANAL decidió que el actor no tuvo
derecho al reconocimiento reclamado; que a pesar de ello y de manera intencional,
el demandante junto con otros 88 docentes radicó una tutela en los Juzgado Civiles
del Circuito Judicial de Magangué, es decir, en un distrito diferente al de su domicilio
y último lugar de trabajo.

7) Luego de resaltar que el titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de
Magangué fue condenado penal y disciplinariamente por otorgar prestaciones sin el
lleno de requisitos legales en el caso del actor y el resto de docentes que
presentaron el proceso de acción de tutela de manera conjunta, afirmó que las
circunstancias en que se concedió la mencionada pensión configuraron un “fraude

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El fallo fue notificado el 18 de febrero de 2022.

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global” que puso en entredicho la buena fe del demandante en los términos de la
sentencia T-218 de 2012 proferida por la Corte Constitucional.

8) Por lo anterior, la autoridad judicial accionada concluyó que el actor no cumplió
los requisitos para obtener el beneficio de la pensión gracia y además actuó de mala
fe, lo cual la facultó para revocar el numeral segundo de la sentencia de primera
instancia y ordenar la devolución de las sumas canceladas por concepto de
reconocimiento pensional, para ello, señaló que la UGPP debía suscribir un acuerdo
de reembolso con el demandante en condiciones que no amenacen sus garantías
fundamentales, especialmente, por tratarse de una persona de más de 70 años de
edad.

2. Los fundamentos de la vulneración

La apoderada del actor señaló que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso e
igualdad con ocasión de la providencia de 2 de diciembre de 2021 por cuanto, a su
juicio, incurrió en los defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la
Constitución.

En cuanto al defecto procedimental absoluto indicó que la acción de lesividad no
era el medio idóneo para realizar un juicio de responsabilidad a la conducta del
demandante y exponer reproches sobre su mala fe porque para ello pudo remitir
copias a la autoridad penal competente.

Para el demandante la autoridad accionada incurrió en un defecto fáctico porque
hizo una valoración arbitraria de las pruebas para concluir que el señor Alfonso
Prieto obró con mala fe en orden a obtener el pago de un beneficio pensional.

Agregó que la sentencia cuestionada conllevó un defecto sustantivo por la indebida
interpretación que hizo la autoridad sobre el principio constitucional de la buena fe
con lo cual desconoció el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA.

Alegó que la providencia incurrió en un desconocimiento del precedente horizontal
de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el que de manera reiterada se

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Actor: Alfonso Prieto Rodríguez
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señaló que no hay lugar a ordenar la restitución de sumas pagadas que fueron
percibidas de buena fe.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“PRIMERA: Que se AMPARE los derechos Fundamentales al mínimo
vital, igualdad, debido proceso, seguridad jurídica, y presunción de buena
fe, por los vicios y defectos (procedimental, fáctico, sustantivo y
desconocimiento de precedente) encontrados en la sentencia del 02 de
diciembre de 2021, emitida por el Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo- Sección Segunda – Subsección A, Consejero
Ponente: Gabriel Valbuena Hernández.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO el numeral primero de la sentencia del
02 de diciembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo- Sección Segunda – Subsección A, Consejero
Ponente: Gabriel Valbuena Hernández, dentro del radicado 15001 23 33
000 2014 00306 01 (1148–2019).

TERCERA: Ordenar al Honorable Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo -Sección Segunda Subsección A que, profiera
una nueva sentencia en el (sic) que se niegue el restablecimiento del
derecho a la entidad, esto es, la devolución de los valores percibidos por
el accionado con ocasión de la pensión gracia que le fue reconocida, al
no desvirtuarse la presunción de buena fe.”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI – negrillas y mayúsculas del original).

4. Actuación de primer grado

Con auto de 25 de mayo de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación a los magistrados integrantes de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado como autoridad judicial demandada con el fin de
que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de la autoridad judicial demandada

El magistrado ponente de la sentencia afirmó que la providencia cuestionada se
fundamentó en el precedente jurisprudencial pacífico y continuo que el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional profirieron para resolver casos como el del
demandante.

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Actor: Alfonso Prieto Rodríguez
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El análisis probatorio que pretende realizar el actor es irregular pues el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho ya cursó sus dos instancias ordinarias y es
claro que con la acción de tutela se pretende reabrir el debate jurídico y generar una
tercera instancia.

La demanda no cumplió con el requisito de subsidiariedad porque en contra de la
sentencia de 2 de diciembre de 2021 procedía otro mecanismo de defensa judicial
como el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 250 del CPACA y
que no fue instaurado por el demandante.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

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Actor: Alfonso Prieto Rodríguez
Acción de tutela

2. Caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso e igualdad del actor
presuntamente vulnerados con ocasión del fallo proferido el 2 de diciembre de 2021
por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, procedimental
absoluto y desconocimiento del precedente judicial.

Advierte la Sala que en este caso la acción de tutela cumplió con el requisito de
relevancia constitucional respecto de los cargos de defecto procedimental absoluto
y desconocimiento del precedente, en tanto contienen una carga argumentativa que
expuso los yerros en que pudo incurrir la autoridad judicial accionada en la sentencia
cuestionada y la presunta vulneración de derechos constitucionales fundamentales.

Por el contrario, frente a los defectos sustantivo y fáctico la Sala no encontró
satisfecho el mencionado requisito en la medida en que los planteamientos en que
se sustentaron están relacionados con las razones de disenso expuestas por el
actor y debatidas en el curso del proceso ordinario por parte del juez natural de la
causa, relacionadas con la mala fe en que incurrió para acceder al reconocimiento
del derecho prestacional, como se expondrá a continuación.

2.1 De la falta de relevancia constitucional respecto de los alegados defectos
sustantivo y fáctico.

1) Para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional la Sala Plena del Consejo de Estado consideró necesario examinar
varios elementos, entre ellos: i) que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en que fue proferida la providencia acusada, puesto
que este mecanismo especial constitucional fue diseñado para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la
decisión judicial y ii) que la parte actora cumpla con la carga mínima que le asiste
para alegar la configuración de los defectos específicos de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02800-00
Actor: Alfonso Prieto Rodríguez
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2) En el presente caso el señor Alfonso Prieto Rodríguez reclamó la configuración
de un defecto sustantivo por la interpretación legal que hizo la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado sobre el principio constitucional de la
buena fe y la inaplicación del artículo 164 del CPACA.

3) Asimismo, para el demandante la autoridad incurrió en un defecto fáctico porque
hizo una valoración arbitraria de las pruebas para concluir que él obró de mala fe,
sin que en el escrito de tutela se señalara de manera precisa qué medios de prueba
fueron indebidamente analizados ni su incidencia en la decisión.

4) En relación con tales cargos, para la Sala es clara la falta de relevancia
constitucional, pues, respecto del defecto sustantivo, los reparos elevados por el
actor ya fueron parte de aquellos expuestos en el recurso de apelación presentado
contra la sentencia de 13 de noviembre de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.

5) En efecto, sobre el análisis de la conducta del demandante se solicitó en el
recurso contra el fallo de primera instancia del proceso ordinario de lesividad lo
siguiente:

“Debe aplicar en el caso en referencia en el evento de que no revoque la
providencia (sic) le solicito a su Señoría se sirva, mantener la decisión de
que no habrá lugar al reintegro de las mesadas pensionales pagadas en
cuanto a que el DEMANDADO actuó de buena fe al haberse determinado
que el reconocimiento de la PENSIÓN DE GRACIA se hizo por tutela, la
que no fue declarada fraudulenta teniendo plenos efectos.”.

6) Esa solicitud en concreto fue materia de estudio por parte de la autoridad judicial
accionada quien en la sentencia de 2 de diciembre de 2021 analizó la conducta del
señor Alfonso Prieto y concluyó que el hecho de presentar una acción de tutela
conjunta con otros 88 docentes en un distrito judicial diferente al de su domicilio y
último lugar de trabajo, sin que exista una justificación válida para esa conducta,
configuró un fraude global constitutivo de mala fe.

7) Lo anterior sumado a que, por motivo del fallo de tutela en que se accedió al
reconocimiento de la pensión gracia para el actor, se suscitaron una serie de
decisiones judiciales entre las que se destacó aquella de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia que condenó al señor Arnedys Payares Pérez como

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autor del delito de prevaricato por acción, en concurso homogéneo sucesivo y
heterogéneo sucesivo con prevaricato por omisión por proferir la mencionada
providencia, como Juez Segundo Civil del Circuito Judicial de Magangué.

8) Fue justamente a partir de ese análisis que la autoridad accionada coligió que
resultaba improcedente la aplicación de la disposición prevista en el artículo 164 del
CPACA y que debían devolverse las sumas canceladas al demandante por
concepto de reconocimiento pensional, a través de un acuerdo de reembolso en el
que se garantizaran sus derechos constitucionales fundamentales.

9) Así entonces, la discusión planteada en la acción de tutela, enmarcada en la
presunta configuración del defecto sustantivo, fue resuelta a plenitud por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado cuando desató la controversia de la acción de
lesividad que presentó la UGPP en contra del aquí demandante.

10) De otra parte, frente al defecto fáctico basta con señalar que el actor reclamó
que la autoridad accionada no valoró debidamente las pruebas aportadas al
proceso, sin embargo, lo cierto es que no expuso las razones por las cuales
consideró que se presentó tal defecto, esto es, a través de la identificación precisa
de las pruebas presuntamente desconocidas por la autoridad demandada o por lo
menos una mínima argumentación a partir de la cual se pudiera extraer la
sustentación de tales planteamientos.

11) En conclusión, lo expuesto permite concluir sin mayores dilaciones que, en lo
concerniente a los defectos sustantivo y fáctico, la parte actora pretendió emplear
la acción de tutela como un recurso con el que buscó obtener una decisión favorable
a sus intereses en el proceso en que se profirió la providencia atacada, a pesar de
que tales desacuerdos coincidieron con los supuestos fácticos y jurídicos expuestos
y decididos en sede ordinaria y resultaron insuficientes para sustentar la alegada
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, por lo que frente a tales
reparos se declarará la falta de relevancia constitucional del asunto.

Por otra parte, como se anunció en precedencia, la Sala negará las pretensiones de
la demanda respecto de los defectos procedimental absoluto y desconocimiento del
precedente judicial pues si bien considera que en cuanto a dichos cargos se

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cumplieron los requisitos de procedibilidad lo cierto es que no se configuraron los
defectos aludidos, por las razones que pasan a exponerse:

2.2 Análisis del defecto procedimental absoluto.

a) La parte demandante alegó que se presentó un defecto procedimental absoluto
en la providencia atacada con fundamento en que en ella se hizo un juicio de
responsabilidad de la conducta del demandante y se expusieron reproches sobre
su mala fe a pesar de que la acción de lesividad no es el mecanismo judicial idóneo
para ello.

b) A juicio de la Sala, no se configuró el defecto procedimental absoluto, pues, según
pasa a exponerse, la providencia de 2 de diciembre de 2021 de la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado fue proferida al amparo de las normas
aplicables que le atribuyeron la competencia para tramitar la acción de lesividad que
presentó la UGPP en contra del señor Alfonso Prieto Rodríguez.

c) En la demanda que dio origen a la providencia judicial atacada, la UGPP acudió
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que se declarara la nulidad de
la Resolución RDP 026269 de 11 de junio de 2013 en la que reconoció la pensión
al señor Alfonso Prieto Rodríguez y a título de restablecimiento del derecho se
ordenara la devolución o reintegro de los dineros pagados al actor por concepto de
esa erogación prestacional.

d) En atención a las particularidades de este caso es importante recordar que en
tratándose de las pretensiones de lesividad, tal acción equivale al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo ha señalado esta Corporación
en anteriores oportunidades2:

“La jurisprudencia de la Corporación3 ha precisado que la acción de
lesividad equivale a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
que ejercen los particulares, en tanto permite que la administración
cuestione la legalidad del acto administrativo concreto y, tiene, entre otras
características, que a través de ella, la administración, comparece al

2
Consejo de Estado, Sección Primera, 19 de diciembre de 2019, expediente no.
11001232400020190035400, CP Roberto Augusto Serrato Valdés.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 5 de abril
de 2018, expediente no. 25000232400020110018201, CP Lucy Jeannette Bermúdez.

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Actor: Alfonso Prieto Rodríguez
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proceso en calidad de demandante y de demandada, buscando obtener
la nulidad de un acto administrativo expedido por esta, invocando una o
varias de las causales de nulidad previstas en el artículo 84 del CCA. En
consecuencia, con fundamento en la naturaleza jurídica de la acción de
lesividad, es válido afirmar que su prosperidad no depende de la
inobservancia del principio de buena fe, pues la declaratoria de nulidad
del acto administrativo demandado está supeditada a la prueba de alguna
de las referidas causales de nulidad.”.

e) De acuerdo con lo anterior es evidente la competencia con que contó el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en primera instancia, y la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, para conocer y tramitar la demanda que presentó
la UGPP en contra del aquí demandante, de conformidad con lo establecido en los
artículos 152, 156 157 del CPACA.

f) Respecto del reproche puntual del actor, según el cual en la sentencia
cuestionada no era posible hacer un juicio sobre la conducta del señor Alfonso
Prieto Rodríguez para efectos de determinar si podía enmarcarse como un
comportamiento de buena o mala fe, basta con señalar que, contrario a lo afirmado
por el demandante, existe un deber legal en cabeza del operador judicial en orden
a establecer si una determinada pretensión dirigida a controvertir el contenido de
actos administrativos que reconocen o nieguen prestaciones periódicas está
relacionada con la recuperación de prestaciones pagadas a particulares de buena
fe.

g) En efecto, el literal c) del numeral 1) del artículo 164 del CPACA dispone lo
siguiente:

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda.

1. En cualquier tiempo, cuando:

(...) c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; (...).”.

h) Así entonces, el análisis sobre el principio de buena fe, a partir del cual el
ciudadano puede confiar en la administración y a su vez esta puede confiar en aquel,
no puede escapar a las prerrogativas con las que cuenta el juez administrativo para
decidir sobre las controversias que le son planteadas, en especial de aquellas
relacionadas con el pago de prestaciones periódicas, ante la posibilidad de que su
desconocimiento pueda conllevar una afectación del erario y del régimen

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Actor: Alfonso Prieto Rodríguez
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prestacional.

i) Por motivo de las razones expuestas se negará la configuración del defecto
procedimental absoluto alegado.

2.3 Del alegado defecto por desconocimiento del precedente judicial

i) La parte demandante alegó que con la providencia judicial atacada la demandada
desconoció el precedente reiterado de las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en el que se consideró que no hay lugar a ordenar
la restitución de sumas pagadas que fueron percibidas de buena fe.

ii) Para sustentar tal planteamiento el demandante citó el contenido de 8 sentencias
proferidas por esas salas de decisión durante el periodo comprendido entre el 23 de
febrero de 2017 y el 22 de julio de 20214 en las que se discutió la aplicación del
principio de buena fe y su presunción para casos de docentes a quienes les fue
reconocido el derecho prestacional a obtener la pensión gracia sin cumplir con los
requisitos legales para ello.

iii) Para efectos de resolver este cargo, la Sala considera pertinente advertir que en
la Sección Segunda de esta Corporación no existe una posición unificada para
resolver aquellos litigios en los que, como en el caso del actor, se obtuvo el
reconocimiento y pago de una erogación prestacional a partir de un fallo que resolvió
de manera conjunta la situación de un grupo de docentes y que fue catalogado como
fraudulento.

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 23 de marzo de 2017, radicación interna 2036-15.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 8 de febrero de 2018, radicación 52001-23-33-000-2012-00067-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 7 de septiembre de 2018, radicación interna 4792-17.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 12 de abril de 2018, radicación interna 3479-17.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 16 de agosto de 2018, radicación interna 0644-18.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 24 de enero de 2019, radicación interna 1126-18.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 22 de julio de 2021, radicación interna 3826-19.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 4 de febrero de 2021, radicación interna 3220-19.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02800-00
Actor: Alfonso Prieto Rodríguez
Acción de tutela

iv) Así entonces, la autoridad accionada no ha definido un precedente vinculante de
estricto apego en el que estableciera una regla jurisprudencial sobre el fraude global
y su incidencia sobre la valoración del principio de buena fe que asiste a los sujetos
procesales.

v) Es por lo anterior que cada decisión adoptada sobre la materia se sustenta,
fundamentalmente, en los medios de prueba aportados por las partes y que
permitan dilucidar el acatamiento de los requisitos jurisprudenciales para acceder al
pago de la pensión gracia y definir la buena fe de los demandantes al momento de
acreditar su estatus pensional.

vi) Por citar un ejemplo, en decisión de 1 de septiembre de 20145, la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió en segunda instancia una
acción de lesividad que presentó la UGPP en contra de una de las docentes
beneficiadas por el mismo fallo de tutela proferido el 7 de abril de 2006 por el
Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Ciénaga.

vii) En esa oportunidad, la autoridad judicial evidenció que se presentó un fraude
global para obtener el reconocimiento de la pensión gracia en ausencia del
acatamiento de los requisitos legales para obtener el derecho a la erogación
conforme con las normas que lo consagran y señaló que la presentación de una
acción de tutela en un distrito judicial distinto al de domicilio y último lugar de trabajo
de la actora y la negativa de la autoridad administrativa tendiente a obtener ese
reconocimiento prestacional, tal cual como en el caso del señor Alfonso Prieto
Rodríguez, constituye una actuación de mala fe.

viii) En consecuencia, ordenó la devolución de los dineros percibidos por concepto
de la pensión gracia reconocida indebidamente, a través de un acuerdo de
reembolso que no amenazara las garantías fundamentales de la parte actora.

ix) Por lo anterior, para la Sala es claro que cada una de las Salas que profirieron
las sentencias invocadas como desconocidas desarrollaron sus criterios
independientes fijados en el análisis fáctico, jurídico y de conformidad con las
pruebas obrantes en cada uno de los expedientes y cuyos resultados fueron

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 1º de septiembre de 2018, radicación interna 3130-13.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02800-00
Actor: Alfonso Prieto Rodríguez
Acción de tutela

opuestos al caso concreto del actor, sin que tal condición pueda ser invocada como
un desconocimiento del precedente, pues cada juez y, para el presente asunto, cada
Sala de Decisión, amparada en el principio de la autonomía judicial, dirimió el
conflicto que le fue planteado en los términos que consideraron pertinentes.

x) En efecto, la autonomía e independencia constitucional de los jueces son
facultades que le otorga el Estado y cuya limitación se enmarca por la constitución
y las leyes.

xi) Así entonces, los jueces de la República en su labor de administrar justicia
pueden a través de una carga argumentativa suficiente y clara aplicar e interpretar
los mandatos abstractamente definidos por el legislador.

xi) En esa medida, no es posible afirmar que la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado desconoció los derechos fundamentales del actor, en tanto
la decisión atacada se adoptó con fundamento en la interpretación que la autoridad
consideró adecuada respecto de los medios con que el señor Alfonso Prieto
Rodríguez accedió al reconocimiento y pago de la pensión gracia, lo cual llevó a esa
Sala a ordenar la devolución de las sumas percibidas por concepto de tal erogación
que no fueron percibidas de buena fe, pues, se reitera, no existe en la materia un
criterio unificado, pacífico y vinculante, de modo que la decisión de ordenar dicho
reembolso se considera razonable.

xii) En consecuencia, no se configuró el desconocimiento del precedente invocado
por lo que también se negará este defecto.

En síntesis, se declarará la improcedencia respecto de los defectos fáctico y
sustantivo y se negará en relación con los defectos procedimental absoluto y
desconocimiento del precedente.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2022-02800-00
Actor: Alfonso Prieto Rodríguez
Acción de tutela

FALLA

1º) Deniégase la acción de tutela presentada por el señor Alfonso Prieto Rodríguez,
en lo relacionado con el invocado defecto procedimental absoluto y el defecto por
desconocimiento del precedente judicial, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

2º) Declárase improcedente la acción de tutela en lo atinente a los alegados
defectos sustantivo y fáctico.

3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara Voto

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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