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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02851-00

Fecha
1 de julio de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02851-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la solicitud de amparo promovida por el señor Mario Sebastián Hernández Costa, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito y eficaz esta decisión TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02851-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

1 de julio de 2022

Radicado: 11001 03 15 000 2022 02851 00
Demandante: MARIO SEBASTIÁN HERNÁNDEZ COSTA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., primero (1º) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 02851 00
Demandante: MARIO SEBASTIÁN HERNÁNDEZ COSTA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Tesis: Carece de objeto la acción de tutela, cuando en el curso
del proceso y antes de proferir fallo las autoridades
accionadas respondieron las solicitudes del accionante.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada el 24 de mayo de 2022 por
el señor Mario Sebastián Hernández Costa, actuando en nombre propio,
en contra del Tribunal Administrativo de Caldas y la Fiscalía General de la
Nación.

I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El accionante, actuando en nombre propio, invocó la protección de
sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, que estimó
vulnerados como consecuencia de la omisión de respuesta a las
solicitudes presentadas el 25 de abril de 2022 ante el Tribunal
Administrativo de Caldas y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de
obtener copia de los expedientes 2001-0121001 y 2014-6110765302, así
como información relacionada con el acuerdo de pago y el procedimiento
para hacer efectiva la reclamación del mismo, por concepto del fallo de
segunda instancia de 22 de enero de 2014, dictado por el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección C, en virtud de la cual revocó la

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 02851 00
Demandante: MARIO SEBASTIÁN HERNÁNDEZ COSTA

sentencia de 20 de mayo de 2004 del Tribunal Administrativo de Caldas,
y en su lugar, declaró patrimonialmente responsable a la Fiscalía General
de la Nación de los perjuicios morales causados al señor Mario Nicolas
Hernández Díaz y a su núcleo familiar (incluido el aquí accionante), dentro
del proceso de reparación directa adelantado por él y otros, tramitado
bajo el radicado número 17001-23-31-000-2001-01210-00/1.

La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Sean tutelados mis derechos fundamentales al DERECHO DE
PETICION y al DEBIDO PROCESO, que están siendo vulnerados por el FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se comisione a la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS para que
emitan una respuesta de fondo, clara y precisa a mi petición dentro de los
términos indicados en la ley y no vulneren mis derechos fundamentales al
DERECHO DE PETICIÓN y al DEBIDO PROCESO.”

Adujo que, como resultado de la condena impuesta mediante sentencia
judicial, se suscribió un acuerdo de pago con la Fiscalía General de la
Nación, el cual se tramitó bajo el número interno 20146110765302.
Agregó que, pese a ello, desconoce el estado actual del proceso, así como
la integridad de la decisión judicial que ordenó el pago, y que por tal
razón, en un primer momento se comunicó por vía telefónica con dicha
autoridad, pero solo le informaron que el proceso de pago se encontraba
identificado con el radicado JL4307.

En consecuencia, el 25 de abril de 2022 presentó solicitudes tanto a la
Fiscalía General de la Nación como al Tribunal Administrativo de Caldas
(autoridad judicial que conoció en primera instancia el proceso ordinario),
con miras a obtener la siguiente información:

Respecto del Tribunal Administrativo de Caldas, “[…] copia del expediente
de todo lo actuado y de la sentencia emitida dentro del proceso que
reposa en su despacho, radicado bajo el No. 1700123310002001012001
[…]”.

Respecto de la Fiscalía General de la Nación, “PRIMERO: […] copia del
expediente que reposa en su despacho, radicado Interno No.

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Demandante: MARIO SEBASTIÁN HERNÁNDEZ COSTA

20146110765302, […] SEGUNDO: Se libre comunicación donde se me
informe del acuerdo de pago logrado con su Despacho, con las
pretensiones, tiempos y montos que se deben pagar. TERCERO: Se me
informe del procedimiento que se debe llevar para hacer efectiva la
reclamación, en nombre propio, a la que tengo derecho, como hijo del
señor Mario Nicolás Hernández Diaz […]”.

Señaló que el 27 de abril de 2022, la Fiscalía General de la Nación emitió
respuesta enviada a su correo electrónico, mediante la cual le informaron
que “se corrió traslado de la petición a la dependencia competente para
seguir el trámite correspondiente”. Con todo ello, afirmó que, a la fecha
de presentación de la acción de tutela, no ha recibido respuesta clara y
de fondo a las solicitudes que formuló ante las autoridades accionadas,
circunstancias que, en su consideración, comportan la vulneración de sus
derechos fundamentales de petición y al debido proceso.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

2.1. El 1° de junio de 2022 el Magistrado ponente admitió esta acción de
tutela, ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Caldas y a la Fiscalía
General de la Nación, y dispuso comunicar la iniciación del presente
trámite a la Secretaría de dicha autoridad judicial y a la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, así como a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE.

2.2. La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la
Nación se manifestó en relación con la solicitud de amparo aduciendo
que no concurre vulneración del núcleo esencial de los derechos
fundamentales invocados por el accionante; ello, por cuanto, el 7 de junio
del presente año, se emitió respuesta a la solicitud, de forma clara,
precisa y congruente, por medio del oficio bajo el radicado No.
20221500045471, el cual fue enviado al correo electrónico del señor
Hernández Acosta mario_sebas15@hotmail.com el 8 del mismo mes y
año. En consecuencia, en el presente asunto se configura la carencia
actual de objeto por hecho superado, y en ese orden, corresponde al juez
constitucional negar la acción de tutela de la referencia.

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2.3. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas contestó la
acción de tutela señalando, en síntesis, que la solicitud elevada por el
accionante fue atendida en su integridad, pues se remitieron los archivos
correspondientes a la totalidad de las piezas del expediente con radicado
número 17001233120010121001 al correo electrónico del accionante.
Precisó que la solicitud no pudo ser contestada inmediatamente por
cuanto el expediente se encontraba archivado y fue necesaria su
digitalización para lograr la remisión de los documentos al solicitante. Por
lo anterior, consideró que en el presente asunto existe carencia actual de
objeto, y en consecuencia debe negarse la solicitud de amparo.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

Conforme a lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta
Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. El señor Mario Nicolás Hernández Díaz (padre del accionante) y
otros miembros de la familia promovieron demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa en contra de la Fiscalía General de la
Nación, pretendiendo que se condenara a dicha autoridad al pago de los
perjuicios causados con la privación injusta de la libertad que padeció el
señor Hernández Diaz.

3.2.2. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Caldas, el
que, por sentencia de 20 de mayo de 2004, negó las pretensiones de la
demanda. En consecuencia, los demandantes presentaron recurso de
apelación que fue resuelto mediante sentencia de 22 de enero de 2014,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, en
virtud de la cual revocó la primera decisión, y en su lugar, condenó a la
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Fiscalía General de la Nación al pago de los perjuicios causados al señor
Hernández Díaz y a su núcleo familiar (incluido el aquí accionante).

3.2.3. En consecuencia, se inició el trámite encaminado a recibir el pago
efectivo de lo ordenado por la sentencia condenatoria. Al respecto, el 25
de abril de 2022 el actor presentó solicitudes ante la Fiscalía General de
la Nación y el Tribunal Administrativo de Caldas, con el fin de obtener, en
síntesis, información en relación con el procedimiento para el desembolso
del valor correspondiente a la obligación derivada de la sentencia, así
como copia de las piezas procesales que componen tanto el expediente
judicial como el administrativo, sin que a la fecha de presentación de la
acción de tutela de la referencia, se emitiera respuesta alguna.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Sea lo primero decir que la acción de tutela, a la luz de lo dispuesto por
el constituyente en el artículo 86 superior, es un medio para la protección
inmediata de los derechos fundamentales cuando éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública, o de un particular, esto en los casos previstos en el artículo 42
del Decreto Ley 2591 de 19911. Además, esta acción se ha definido como
un instrumento subsidiario, que solo procede cuando el afectado no
dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

3.3.1. Del derecho de petición ante las autoridades judiciales

Ahora bien, para el correcto análisis de la presente acción de tutela, la
Sala estima necesario referirse, en primer lugar, a la solicitud que el
accionante elevó ante el Tribunal Administrativo de Caldas pretendiendo
que se expidiera copia de las piezas procesales que conforman el
expediente ordinario con radicado 17001233120010121001.

Para ello conviene precisar que, sin perjuicio de lo dispuesto por el por el
artículo 23 de la Constitución Política, el cual garantiza a todas las

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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.

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personas el derecho de presentar peticiones respetuosas ante las
autoridades por motivos de interés general o particular y a tener una
respuesta pronta y eficaz, así como las reglas generales y especiales
contenidas en la Ley Estatutaria 1755 de 2015 (sustituyó el Título II del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – CPACA), la jurisprudencia constitucional ha sostenido
que el derecho de petición no es procedente en tratándose de actuaciones
jurisdiccionales, dado que las solicitudes que presenten las partes y los
intervinientes dentro del proceso, en asuntos relacionados con la litis,
tienen un trámite regulado en los respectivos códigos de procedimiento.

Así mismo, el alto tribunal constitucional ha señalado que debe
distinguirse claramente entre i) los actos de carácter estrictamente
judicial, los cuales deben tramitarse y resolverse con sujeción a las
normas procesales propias de cada juicio, y ii) los asuntos administrativos
que pueda tener a su cargo el juez, respecto de los cuales son aplicables
las normas que rigen la actividad de la administración pública,
actualmente contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo CPACA, y en lo no regulado por éste, en
el Código General del Proceso.

En el caso concreto, la expedición de copias que requirió el solicitante
ante el Tribunal Administrativo de Caldas tiene un trámite reglado en el
ordenamiento jurídico y debe resolverse con sujeción al debido proceso
judicial2. En consecuencia, tal como lo ha señalado esta Sección en
oportunidades anteriores3, la Sala concluye que no es procedente el
ejercicio del derecho de petición cuando se requieren asuntos respecto de
un proceso judicial, en razón a que el legislador ha previsto
procedimientos específicos para ello, como en el presente asunto.

2
Al respecto véase el artículo 114 del Código General del Proceso, aplicable por la remisión que
dispone el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
3
Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 17 de noviembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-02583-00 (C. P. María Elizabeth García González), sentencia de
20 de junio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-01855-00 (C. P. Roberto Augusto Serrato
Valdés), sentencia de 7 de mayo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-01353-00 (C.P.
Oswaldo Giraldo López), sentencia de 3 de febrero de 2022, expediente 05001-23-33-000-2021-
01980-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López).

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Demandante: MARIO SEBASTIÁN HERNÁNDEZ COSTA

Además de lo anterior, cabe señalar que, cuando se trata de mora u
omisión injustificada en la respuesta a la solicitud elevada ante la
autoridad judicial, resulta posible alegar una posible vulneración a los
derechos fundamentales de debido proceso y acceso a la administración
de justicia4, mas no el derecho fundamental de petición de que trata la
Ley estatutaria 1755 de 2015.

3.3.2. De la carencia actual de objeto en la acción de tutela

Ahora bien, atendiendo a los aspectos especiales que concurren en el caso
objeto de estudio, es del caso recordar que la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que la figura de la carencia actual de objeto
opera cuando, durante el trámite de la acción de tutela, cesan o
desaparecen los motivos que generan la amenaza o la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, o cuando se consuma la violación, de
manera que se impide el ejercicio del derecho, o la pretensión perseguida
deja de ser exigible al punto de no existir el motivo u objeto que justifique
la intervención del juez constitucional5.

Así entonces, la carencia actual de objeto se presenta a través de dos
distintos eventos, el hecho superado y el daño consumado. También se
presenta cuando, no obstante que no se dan las condiciones del hecho
superado, se ha hecho efectiva la conducta que se pretendía evitar, pero
resultaba improcedente impartir cualquier orden, como quiera que no se
daban los supuestos para una decisión de fondo frente a esa tutela.

Sobre el primer supuesto, se tiene que la carencia de objeto por hecho
superado se genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción
de tutela era una orden de actuar y, previo al pronunciamiento del juez,
sobrevienen hechos que demuestran que la entidad accionada satisfizo la
solicitud con una actuación que resulta suficiente para conjurar la

4
Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de febrero de 2017
radicado: 11001-03-15-000-2016-02927-00, C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés. - Consejo de
Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, radicado: 25000-23-41-000-
2017-01241-01, C.P: Oswaldo Giraldo López.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera Ponente:
Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia de 5 marzo de 2021. Radicación número: 11001-03-15-
000-2021-00063-00.

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vulneración del derecho fundamental, motivo por el cual la tutela pierde
eficacia y razón de ser. En este orden de ideas, al extinguirse su objeto,
resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la
posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”6.

Por su parte, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta
cuando ya se ha producido el daño o afectación que se pretendía evitar
con la acción de tutela, de forma que, ante la imposibilidad de hacer cesar
la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el
juez constitucional dé una orden al respecto7.

En el tercer supuesto debe tenerse en cuenta que la finalidad u objeto de
la acción de tutela es la protección de los derechos vulnerados o
amenazados8, por lo que, cuando desaparece el hecho que ha dado lugar
a la interposición de la acción de tutela sin haber emitido pronunciamiento
alguno sobre el eventual amparo, la decisión del juez del conocimiento
del caso resultaría inocua por carecer de objeto. Lo anterior no obsta para
que, en algunos casos, y con el fin de determinar si era o no amparable
el derecho constitucional, se realice un pronunciamiento de fondo.

3.3.3. Del caso concreto

En primer lugar, se tiene que el Tribunal Administrativo de Caldas, en su
escrito de contestación de tutela, señaló que no le fue posible emitir
respuesta inmediata a la solicitud del accionante, pues para remitir la
información requerida fue preciso digitalizar la totalidad del expediente
ordinario contentivo de la primera y segunda instancia, los que además
se encontraban archivados. Con todo, señaló que dio respuesta a la
solicitud del señor Hernández Costa, mediante mensaje de datos enviado
el 7 de junio de 2022 al correo electrónico mario_sebas15@hotmail.com,

6
Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-519 de 1992, SU-540 de 2007, T-218 de 2008 y T-112
de 2010, entre otras.
7
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-653 de 2017.
8
Artículo 1° Decreto 2591 de 1991

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y que el destinatario recibió en debida forma los archivos, tal como se
observa de las siguientes imágenes9:

Por su parte, la Dirección de Asuntos Judiciales de la Fiscalía General de
la Nación manifestó en su contestación que dio respuesta de fondo, clara,
precisa y congruente a la solicitud elevada por el aquí accionante,
mediante oficio número 20221500045471 del 7 de junio de 2022, y que
aquel fue enviado el 8 del mismo mes y año por mensaje de datos al
correo electrónico mario_sebas15@hotmail.com, recibido en debida
forma por el señor Hernández Costa, como se advierte de esta imagen10:

9
Capturas de pantalla del documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_RESPUESTATUTELA20220(.p df) NroActua 9”, disponible en la anotación número 9 del
expediente digital de la referencia en el aplicativo SAMAI.
10
Captura de pantalla del documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_CONSTANCIACORREOPD(.pdf ) NroActua 8”, disponible en la anotación número 8 del
expediente digital de la referencia en el aplicativo SAMAI.

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Por otra parte, revisado el contenido del oficio número 20221500045471,
esta Sala observa que la Fiscalía General de la Nación respondió de
manera clara y completa a los requerimientos elevados por el accionante,
pues, ante la solicitud relativa a la expedición de copia del expediente
administrativo, la autoridad en mención le indicó el número de folios
correspondientes al documento pedido, así como el valor de las copias por
cada hoja, y finalmente explicó cómo proceder al pago de éstas. Así se
advierte del siguiente aparte del oficio de respuesta11:

De igual forma, en relación con la solicitud de información sobre el
acuerdo de pago logrado, tiempos, montos y los procedimientos que se
deben llevar a cabo para la efectiva reclamación del mismo, la Fiscalía

11
Capturas de pantalla del documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_20220608122801343PD(.pd f) NroActua 8”, disponible en la anotación número 8 del
expediente digital de la referencia en el aplicativo SAMAI.

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General de la Nación expuso de manera amplia los fundamentos jurídicos
relacionados con el pago de las obligaciones originadas en las
providencias a cargo de ella, así como los canales digitales dispuestos
para los respectivos trámites administrativos, y particularmente, le
informó al peticionario que se “dio cumplimiento al pago total del crédito
judicial generado de la sentencia a MARIO NICOLAS HERNANDEZ y otros,
y de conformidad al documento que reposa en el expediente
administrativo, poder autentico por suscrito usted (sic), allegado
mediante radicado No. […], se procedió a efectuar el pago autorizado a
nombre del señor MARIO NICOLAS HERNANDEZ DIAZ en un porcentaje
del 80% y el 20% restante a favor del apoderado”.

Visto lo anterior, y teniendo en cuenta que el artículo 86 de la Carta
Política previó la acción de tutela como un mecanismo por el cual se busca
la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales,
amenazados o conculcados por la acción o la omisión de una autoridad
pública o de determinados particulares, resulta claro que, al desaparecer
las causas o motivos de la afectación, la acción de tutela pierde su razón
de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial12,
configurándose el fenómeno de carencia actual del objeto.

Al respecto, la Corte Constitucional lo ha entendido como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados»13.

Así las cosas, para la Sala, la presente acción de amparo carece de objeto,
en tanto que la conducta requerida por la accionante, esto es, la respuesta
a sus solicitudes de expedición de copias y de información, se surtió por
parte del Tribunal Administrativo de Caldas y la Fiscalía General de la
Nación, mediante mensajes de datos enviados los días 7 y 8 de junio de
2022, respectivamente, y debidamente recibidos al correo electrónico
mario_sebas15@hotmail.com. Además de ello, se encontró que la

12
Ver sentencia T-472 de 2017.
13
Ver sentencia T-653 de 2017.

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respuesta emitida por la Fiscalía General de la Nación fue clara, de fondo
y congruente con lo requerido por el accionante en su petición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado
de la solicitud de amparo promovida por el señor Mario Sebastián
Hernández Costa, de conformidad con las consideraciones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más
expedito y eficaz esta decisión

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

12

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