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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2021-01980-01

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2021-01980-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el fallo dictado el 1 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de la referencia, para en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2021-01980-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de febrero de 2022

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01980-01
Demandante: José Henao Castrillón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01980-01
Demandante: José Henao Castrillón
Demandado: JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN

Tema: Improcedencia de la acción de tutela que solicita el amparo
del derecho fundamental de petición frente a un
requerimiento probatorio presentado ante autoridad judicial
dentro de un proceso de reparación directa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora en contra del
fallo de 1º de diciembre de 2021, dictado por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.

I. SÍNTESIS DEL CASO

José Henao Castrillón solicitó el amparo de los derechos fundamentales de
petición, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que
estimó vulnerados como consecuencia de la presunta omisión de respuesta
del Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín al requerimiento probatorio
que efectuó al interior del proceso ordinario de reparación directa
identificado con radicado número 05001-33-33-004-2020-00066-00,
tendiente a lograr que la parte demandada aportara, entre otras pruebas
que reposan en su poder, el expediente administrativo que contiene los
antecedentes de la actuación objeto de análisis en dicho proceso judicial.

La actora señaló como pretensión de la presente acción constitucional la
siguiente:

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01980-01
Demandante: José Henao Castrillón

“Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas
respetuosamente solicito […] tutelar a mi favor el derecho constitucional y
fundamental de PETICION, DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA, invocado, y se ordene que resuelva de fondo las solicitudes elevadas al
JUZGADO 4° ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN, ordenándole a la parte
demandada dar cumplimiento al Art. 175 parágrafo 1° Nums. 4° y 5° del CPACA,
aportando los documentos.”

La parte actora expuso lo siguiente:

Que es demandante en un proceso de reparación directa en contra del Consejo
Superior de la Judicatura, que se tramita en el Juzgado Cuarto Administrativo
de Medellín, bajo el radicado número 05001-33-33-004-2020-00066-00.

Que en el auto admisorio de la demanda el Juzgado ordenó al Consejo
Superior de la Judicatura que aportara con la contestación de la demanda,
entre otros, “el expediente administrativo que contenga los antecedentes de
la actuación objeto del proceso y que se encuentran en su poder, so pena,
respecto de este último, de incurrir en falta disciplinaría gravísima”.

Que, en vista de que la parte demandante no atendió tal requerimiento, el 21
de abril de 2021 solicitó a la autoridad judicial “requerir a la parte demandada
para que aporte los documentos mencionados, so pena de no dar por
contestada la demanda”.

Que el 5 de mayo de 2021 el Juzgado procedió a correr traslado de las
excepciones propuestas por la demandada, “omitiendo resolver la petición
realizada el día 21 de abril de 2021”, por lo que el 7 de mayo de 2021 insistió
en la solicitud.

Afirmó que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, el Juzgado no
había dado respuesta a la petición.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

En su informe el Juez Cuarto Administrativo de Medellín manifestó que en el
proceso aludido por la parte actora se encuentra pendiente de fijar fecha de
audiencia inicial.

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01980-01
Demandante: José Henao Castrillón

Se refirió a las normas que regulan el derecho de petición y luego indicó que
las solicitudes elevadas al interior de los procesos judiciales deben
resolverse en el marco del mismo y no a través del derecho de petición.

Manifestó que no se vulneraron los derechos al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia pues, si bien no se han dispuesto los actos
procesales tendientes a resolver las peticiones dirigidas a que la entidad
demandada aporte las pruebas que tenga en su poder, en especial los
antecedentes administrativos y los procesos disciplinarios objeto de la
controversia, lo cierto es que se trata de un tema probatorio, el cual se
decide en la audiencia inicial, momento en el cual el director del proceso se
pronunciará al respecto, y de encontrarlo pertinente y necesario para decir
de fondo, puede decretarlas de oficio.

Expresó que no es la tutela la vía judicial para lograr obtener el
pronunciamiento del despacho respecto de las pruebas que debía aportar la
parte demandada, pues es en la audiencia inicial o en el auto de sentencia
anticipada el momento de decidir sobre éstas, y en caso de estar en
desacuerdo con las decisiones que sobre el particular llegaren a dictarse, la
parte interesada tiene a su alcance los medios dispuestos en la normatividad
vigente para impugnarlas.

Finalmente, agregó que el hecho de que una entidad al momento de
contestar la demanda no aporte las pruebas que se le requieran, no es
causal para tener por no contestada la demanda. Que el legislador ha
dispuesto el procedimiento a seguir cuando esta situación se presenta y los
antecedentes se tornan necesarios para decidir la controversia.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo de 1º de diciembre de 2021 el Tribunal Administrativo de
Antioquia negó la acción de tutela formulada por la parte actora bajo las
siguientes consideraciones:

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01980-01
Demandante: José Henao Castrillón

“[…] tal como lo ha establecido la jurisprudencia, a las peticiones elevadas al interior
de los procesos judiciales no se les aplica la regulación del derecho de petición
contenida en el artículo 23 constitucional y la Ley 1755 de 2015; sino las reglas del
proceso judicial, es decir, deben resolverse de acuerdo con su naturaleza, en los
momentos procesales correspondientes.

En este sentido, teniendo en cuenta que el proceso se encuentra pendiente de fijar
fecha para audiencia inicial o para decidir si es pertinente dictar sentencia anticipada
y que la solicitud del actor está relacionada con la necesidad de que al proceso se
alleguen ciertos elementos de prueba; no es posible predicar vulneración del
derecho al debido proceso y/o a la administración de justicia, cuando no se ha
cerrado la oportunidad.

Adicionalmente, el accionante tiene la posibilidad de controvertir las decisiones que
se adopten por el Juzgado en su momento y que considere lesivas de sus derechos,
mediante los recursos y herramientas procedentes al interior del proceso.

Conforme a lo expresado, no se encuentra acreditada la vulneración de los derechos
fundamentales que alega la parte actora, por lo cual, se negará la tutela solicitada
[…]”.

IV. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia luego de argumentar
que el Tribunal desconoció “la existencia del control de legalidad que debe
ejercer el funcionario judicial para corregir o sanear los vicios que configuren
nulidades u otras irregularidades” en cada uno de los actos procesales que
realice al interior de los procesos judiciales.

Agregó que no aplicó los artículos: 4, 153 y 154 de la Ley 270 de 1996, 1 a 7
y 11 a 14 del Código General del Proceso, y 34 y 35 de la Ley 734 de 2002.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto en el numeral séptimo del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20151, modificado por el artículo primero
del Decreto 333 de 2021 y, en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta
Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

1
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01980-01
Demandante: José Henao Castrillón

5.2. HECHOS

5.2.1. En calidad de parte demandante al interior del proceso ordinario de
reparación directa identificado con radicado número 05001-33-33-004-
2020-00066-00, José Henao Castrillón presentó solicitud probatoria
tendiente a lograr que el Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín
requiriera a la parte demandada para que aportara, entre otras pruebas que
reposan en su poder, el expediente administrativo que contiene los
antecedentes de la actuación objeto de análisis en dicho proceso judicial.

5.2.2. El Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín no dio respuesta a la
anterior solicitud, corrió traslado de las excepciones presentadas por la parte
demandada en la contestación y de forma posterior fijó como fecha para la
audiencia inicial el 2 de febrero de 2022.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Sea lo primero decir que la acción de tutela, a la luz de lo dispuesto por el
constituyente en el artículo 86 superior, es un medio para la protección
inmediata de los derechos fundamentales cuando éstos resulten vulnerados
o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular,
respecto de estos últimos en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto
Ley 2591 de 19 de noviembre de 19912. Además, constituye un instrumento
subsidiario, lo cual quiere decir que solo procede cuando el afectado no
dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

En el caso sub examine, la parte actora, en el escrito de tutela, invocó como
vulnerados los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados como
consecuencia de la presunta omisión de respuesta del Juzgado Cuarto
Administrativo de Medellín al requerimiento probatorio que efectuó al

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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01980-01
Demandante: José Henao Castrillón

interior del proceso ordinario de reparación directa identificado con radicado
número 05001-33-33-004-2020-00066-00, tendiente a lograr que la parte
demandada aportara, entre otras pruebas que reposan en su poder, el
expediente administrativo que contiene los antecedentes de la actuación
objeto de análisis en dicho proceso judicial.

Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente hacer
algunas precisiones respecto del derecho de petición ejercido ante
autoridades judiciales.

5.3.1. El derecho de petición ante las autoridades judiciales

El artículo 23 de la Constitución Política garantiza a todas las personas el
derecho de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por
motivos de interés general o particular y a tener una respuesta pronta y
eficaz, en la que se aborde el fondo del asunto planteado. La plena
satisfacción del derecho de petición exige que la respuesta abarque todos
los puntos planteados por el solicitante, sin que por ello se exija que ésta se
resuelva de forma favorable a sus intereses.

Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 reguló el
derecho de petición y sustituyó el Título II del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. Así, entre los
artículos 13 a 33 de dicha norma se establecen las reglas generales y
especiales del trámite del derecho de petición ante las autoridades,
organizaciones e instituciones privadas.

El artículo 14 del CPACA señala que, salvo norma especial, toda petición
deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su presentación. La
misma disposición indica que las peticiones de documentos y de información
deberán resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción y que las
peticiones consistentes en consultas a las autoridades deberán decidirse
dentro de los 30 días siguientes a su recibo. Finalmente, el artículo señala
que, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los

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Demandante: José Henao Castrillón

plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley,
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable
en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del
inicialmente previsto.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que el derecho de petición no es procedente en tratándose de
actuaciones jurisdiccionales, dado que las solicitudes que presenten las
partes y los intervinientes dentro del proceso, en asuntos relacionados con
la litis, tienen un trámite regulado en los respectivos códigos de
procedimiento. En ese orden, “el derecho de petición no procede para poner
en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que
cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada
que está sometida a la ley procesal”3.

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que el juez o magistrado que
conduce un proceso judicial está sometido a las reglas fijadas en la Ley para
su trámite, “lo que significa que las disposiciones legales contempladas para
las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe
observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que
habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las
normas propias de cada juicio (artículo 29 C.P).”4.

Así mismo, la Corte Constitucional5 ha señalado que debe distinguirse
claramente entre i) los actos de carácter estrictamente judicial, los cuales
deben tramitarse y resolverse con sujeción a las normas procesales propias
de cada juicio, y ii) los actos administrativos que pueda tener a su cargo el
juez, respecto de los cuales son aplicables las normas que rigen la actividad
de la administración pública establecidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3
Corte Constitucional, sentencia T-377 de 2000.
4
Corte Constitucional, sentencia T-334 de 1995.
5
Ibídem.

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5.3.2. Caso concreto

En el caso bajo estudio la parte actora aduce vulnerados los derechos
fundamentales de petición, al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, que estimó vulnerados como consecuencia de la presunta
omisión de respuesta del Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín al
requerimiento probatorio que efectuó al interior del proceso ordinario de
reparación directa identificado con radicado número 05001-33-33-004-
2020-00066-00, tendiente a lograr que la parte demandada aportara, entre
otras pruebas que reposan en su poder, el expediente administrativo que
contiene los antecedentes de la actuación objeto de análisis en dicho
proceso judicial.

Al respecto, esta Sala advierte que en el presente asunto no es posible alegar
la vulneración del derecho fundamental de petición, comoquiera que la
mencionada solicitud debe resolverse con sujeción a las normas que regulan
el trámite judicial correspondiente. En efecto, el artículo 180 del CPACA
dispone:

“ARTÍCULO 180. Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda
o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a
una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:

1. Oportunidad. La audiencia se llevará a cabo bajo la dirección del Juez o Magistrado
Ponente dentro del mes siguiente al vencimiento del término de traslado de la
demanda o del de su prórroga o del de la de reconvención o del de la contestación
de las excepciones o del de la contestación de la demanda de reconvención, según
el caso. El auto que señale fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y
no será susceptible de recursos.

[…]

5. Saneamiento. El juez deberá decidir, de oficio o a petición de parte, sobre los
vicios que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias
para evitar sentencias inhibitorias.

[…]

10. Decreto de pruebas. Solo se decretarán las pruebas pedidas por las partes y los
terceros, siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos sobre los
cuales exista disconformidad, en tanto no esté prohibida su demostración por
confesión o las de oficio que el Juez o Magistrado Ponente considere indispensables
para el esclarecimiento de la verdad.

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En todo caso, el juez, antes de finalizar la audiencia, fijará fecha y hora para la
audiencia de pruebas, la cual se llevará a cabo dentro de los cuarenta (40) días
siguientes.

PARÁGRAFO 1. Las decisiones que se profieran en el curso de la audiencia inicial
pueden ser recurridas conforme a lo previsto en los artículos 242, 243, 245 y 246
de este código, según el caso.

(Parágrafo 1, adicionado por el Art. 40 de la Ley 2080 de 2021)”.

De la lectura de la norma expuesta la Sala entiende que, por regla general,
es la audiencia inicial el escenario en el cual el Juez o Magistrado Ponente
debe pronunciarse respecto de las solicitudes probatorias presentadas por
las partes y los terceros, así como sobre los demás aspectos que para ese
momento procesal se encuentren pendientes, siempre que el proceso no
encuadre en alguno de los eventos previstos en el artículo 182A del CPACA,
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 del 2021, que dispuso la
posibilidad de dictar sentencia anticipada dentro de los procesos
contenciosos administrativos6.

Consultado el proceso ordinario de reparación directa identificado con
radicado número 05001-33-33-004-2020-00066-00, la Sala evidencia que
el 3 de diciembre de 2021 el Juez Cuarto Administrativo de Medellín fijó
como fecha para la audiencia inicial el 2 de febrero de 2022.

En ese orden de ideas, tal como lo ha señalado esta Sección en
oportunidades anteriores7, la Sala concluye que no es procedente el ejercicio
del derecho de petición con ocasión y dentro de un proceso judicial, en razón
a que el legislador ha previsto procedimientos específicos para el trámite de
dichas solicitudes.

6
La posibilidad de emitir sentencia anticipada se encuentra circunscrita a los siguientes supuestos: (i) antes de la
audiencia inicial; (ii) en cualquier estado del proceso cuando se presente petición en ese sentido de las partes; iii)
cuando el juez lo estime de oficio dada la existencia de una de las siguientes excepciones: cosa juzgada, caducidad,
transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva; y (iv) cuando surja
manifestación de allanamiento.
7
Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 17 de noviembre de 2017, radicado 11001-
03-15-000-2017-02583-00 (C.P. María Elizabeth García González), sentencia de 20 de junio de 2019, radicado
11001-03-15-000-2019-01855-00 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés), sentencia de 16 de septiembre de
2021, radicado 11001-03-15-000-2021-05529-00 (C. P. Oswaldo Giraldo López).

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01980-01
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En adición a ello, la Sala observa que el recurso de amparo carece de la
necesaria relevancia constitucional, toda vez que la parte actora no explicó
las razones por las cuales considera que la actuación desplegada por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín vulnera dichas garantías, cuando
le correspondía exponer de forma clara los motivos por los cuales estima
que ellas están siendo vulneradas, con el objeto de evaluar si, de acuerdo
con los argumentos expresados, existe o no amenaza o violación efectiva.

Por consiguiente, no se cumplen los requisitos de procedencia que permitan
el estudio de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

5.3.3. Conclusión

La Sala advierte, por una parte, que la solicitud probatoria presentada por
la parte actora no puede entenderse como una petición fundamentada en lo
dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política, regulado mediante la
Ley Estatutaria 1755 de 2015, por cuanto la misma se encuadra en una
actuación de carácter judicial que debe seguir el trámite dispuesto en la
norma respectiva; en consecuencia, no es procedente el estudio sobre la
supuesta afectación de una garantía constitucional. Y por la otra, que,
además de que la actuación cuestionada no pone fin al proceso, en el escrito
de tutela no se explicó debidamente la razón de la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, circunstancia que hace irrelevante su pretensión de amparo e
impide al juez constitucional emprender de fondo su estudio.

Por estas razones, la Sala revocará el fallo dictado el 1º de diciembre de
2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de la
referencia, para en su lugar, declarar improcedente la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01980-01
Demandante: José Henao Castrillón

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el fallo dictado el 1 de diciembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de la referencia, para en
su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para
su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

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