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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03270-00

Fecha
19 de julio de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03270-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la acción de tutela formulada por Dominga Pupo Toro, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito y eficaz esta decisión. TERCERO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-03270-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

19 de julio de 2022

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03270-00
Demandante: DOMINGA PUPO TORO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03270-00
Demandante: DOMINGA PUPO TORO
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO
DE ESTADO

Tema: Carece de objeto la acción de tutela, cuando en el curso del
proceso y antes de proferir fallo las autoridades accionadas
respondieron las solicitudes del accionante.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Dominga Pupo Toro,
actuando en nombre propio, en contra de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Dominga Pupo Toro, actuando en nombre propio, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, que estimó vulnerados por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, como consecuencia de la omisión de
respuesta a la solicitud enviada el 3 de marzo de 2022, con el fin de obtener
copia del expediente con el radicado número 13001-23-31-000-2011-
00188-01, que contiene un proceso de reparación directa en el cual funge
como demandante.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El 22 de junio de 2022 el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela y ordenó notificar a los magistrados que conforman la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Asimismo, dispuso comunicar

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Demandante: DOMINGA PUPO TORO

la iniciación del presente trámite a la Secretaría de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. El Magistrado Ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado allegó informe en el que señaló que: (i) el 14 de junio de
2022 profirió un auto (notificado el 23 de junio de 2022) mediante el cual
ordenó poner a disposición de la parte actora el expediente; (ii) desde el 24
de junio de 2022 se autorizó a la señora Pupo Toro el acceso a SAMAI; y,
(iii) el 29 de junio de 2022 la Secretaría le reiteró a la accionante que el
expediente estaba a su disposición.

De otra parte, destacó que, que el expediente ingresó a su despacho para
fallo el 4 de mayo de 2016, y que para la fecha de su informe se encontraban
en decisión procesos que entraron para ello en el año 2015, de tal manera
que el proceso con el radicado número 13001-23-31-000-2011-00188-01
debía esperar el turno respectivo para elaborar sentencia, la cual sería
proyectada cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley 446 de 1998.

Con todo, manifestó que estará presto a atender lo que disponga la Sala
respecto de la acción constitucional.

2.3. La Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado informó que
el expediente fue dejado a disposición de la Secretaría por parte del
despacho el 16 de junio de 2022, para notificar la providencia del 14 del
mismo mes y año, en la cual se ordenó la expedición de las copias solicitadas
por la señora Dominga Pupo Toro.

Señaló que el citado auto se notificó por estado el 23 de junio de 2022 y
que el 29 de junio de 2022 le envió a la accionante, vía correo electrónico,
un oficio en el que le indicó el procedimiento para acceder a las copias
solicitadas, no sin antes reiterarle que el expediente físico se encontraba en
la Secretaría para su consulta por el término de 8 días.

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Demandante: DOMINGA PUPO TORO

Finalmente, agregó que el expediente ya había sido digitalizado pero que
aún no estaba cargado de forma digital en la plataforma SAMAI, obligación
a cargo del contratista del contrato de prestación de servicios número 173
de 20201, suscrito por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta
Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. Dominga Pupo Toro, demandante dentro del proceso ordinario de
reparación directa identificado con radicado número 13001-23-31-000-
2011-00188-01, mediante escrito radicado el 3 de marzo de 20222, solicitó
a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado copia del
expediente.

3.2.2. A través de auto de 14 de junio de 20223 (notificado el 23 de junio
de 20224) la autoridad judicial accionada ordenó poner a disposición de la
parte actora el expediente así:

“[…] PRIMERO: Por Secretaría de la Sección Tercera, PONER a disposición
de la demandante el expediente de la referencia para que se expidan las
copias de las actuaciones requeridas, de conformidad con el artículo 114
del Código General del Proceso. De no ser posible lo anterior, se deberá
dar cumplimiento al artículo 4 del Decreto 806 de 2020 […]”.

1
El objeto contractual es el siguiente: “Prestar el servicio de digitalización de los expedientes de los
procesos judiciales y/o documentos de la Rama Judicial que se encuentran en gestión en los diferentes
despachos judiciales del nivel central”.
2
Índice número 28 de SAMAI en el proceso ordinario referido. El escrito de 3 de marzo de 2022 fue
reiterado el 15 de marzo siguiente (índice número 30 de SAMAI).
3
Índice número 32 de SAMAI en el proceso ordinario referido.
4
Índice número 34 de SAMAI en el proceso ordinario referido.

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Demandante: DOMINGA PUPO TORO

3.2.3. El 24 de junio de 2022 se autorizó a la señora Pupo Toro el acceso a
SAMAI5.

3.2.4. El 29 de junio de 20226 la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo
de Estado envió a la accionante, vía correo electrónico, un oficio en el que
le indicó el procedimiento para acceder a las copias solicitadas, informándole
que el expediente físico se encontraba a su disposición para consulta por el
término de 8 días.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Sea lo primero decir que la acción de tutela, a la luz de lo dispuesto por el
constituyente en el artículo 86 superior, es un medio para la protección
inmediata de los derechos fundamentales cuando éstos resulten vulnerados
o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de
un particular, esto en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 1991. Además, esta acción se ha definido como un instrumento
subsidiario, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios
de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con
miras a evitar un perjuicio irremediable.

3.3.1. Del derecho de petición ante las autoridades judiciales

Ahora bien, para el correcto análisis de la presente acción de tutela, la Sala
estima necesario referirse a la solicitud que la parte actora elevó ante la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado pretendiendo que
se expidiera copia de las piezas procesales que conforman el expediente
ordinario de reparación directa con radicado número 13001-23-31-000-
2011-00188-01.

Para ello conviene precisar que, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo
23 de la Constitución Política, que garantiza a todas las personas el derecho
de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de
interés general o particular y a tener una respuesta pronta y eficaz, así como

5
Índice número 36 de SAMAI en el proceso ordinario referido.
6
Índices números 37 y 38 de SAMAI en el proceso ordinario referido.

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Demandante: DOMINGA PUPO TORO

las reglas generales y especiales contenidas en la Ley Estatutaria 1755 de
2015 (sustituyó el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo – CPACA), la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que el derecho de petición no es procedente en tratándose de
actuaciones jurisdiccionales, dado que las solicitudes que presenten las
partes e intervinientes dentro del proceso, en asuntos relacionados con la
litis, tienen un trámite regulado en los respectivos códigos de procedimiento.

Así mismo, el alto tribunal constitucional ha señalado que debe distinguirse
claramente entre i) los actos de carácter estrictamente judicial, los cuales
deben tramitarse y resolverse con sujeción a las normas procesales propias
de cada juicio, y ii) los asuntos administrativos que pueda tener a su cargo
el juez, respecto de los cuales son aplicables las normas que rigen la
actividad de la administración pública, actualmente contenidas en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA,
y en lo no regulado por éste, en el Código General del Proceso.

En el caso concreto, la expedición de copias que requirió la señora Dominga
Pupo Toro ante la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
tiene un trámite reglado en el ordenamiento jurídico y debe resolverse con
sujeción al debido proceso judicial7. En consecuencia, tal como lo ha
señalado esta Sección de manera reiterada8, la Sala concluye que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición cuando se requieren asuntos
respecto de un proceso judicial, en razón a que el legislador ha previsto
procedimientos específicos para ello, como en el presente asunto.

Además, cabe señalar que cuando se trata de mora u omisión injustificada
en la respuesta a la solicitud elevada ante la autoridad judicial, resulta
posible alegar una posible vulneración a los derechos fundamentales de

7
Al respecto véase el artículo 114 del Código General del Proceso, aplicable por la remisión que
dispone el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
8
Cfr. entre otras sentencias del Consejo de Estado, Sección Primera: de 17 de noviembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-02583-00 (C. P. María Elizabeth García González), de 20 de junio
de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-01855-00 (C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés), de 7
de mayo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-01353-00 y 3 de febrero de 2022, expediente
05001-23-33-000-2021- 01980-01 (en ambas C.P. Oswaldo Giraldo López).

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debido proceso y acceso a la administración de justicia9, mas no del derecho
fundamental de petición, regulado por la Ley Estatutaria 1755 de 2015.

3.3.2. De la carencia actual de objeto en la acción de tutela

Ahora bien, atendiendo a los aspectos especiales que concurren en el caso
objeto de estudio, es necesario recordar que la jurisprudencia constitucional
ha sostenido que la figura de la carencia actual de objeto opera cuando,
durante el trámite de la acción de tutela, cesan o desaparecen los motivos
que generan la amenaza o la vulneración de los derechos fundamentales
invocados (hecho superado), cuando se consuma la violación temida de
manera que se impide el ejercicio del derecho (daño consumado), o cuando
por algún otro motivo la pretensión perseguida deja de ser exigible al punto
de no existir ya motivo u objeto que justifique la intervención del juez
constitucional10. En cualquiera de estos eventos resulta improcedente
impartir una orden dirigida a la protección del derecho fundamental
reclamado, como quiera que no se darían los supuestos para una decisión
de fondo frente a esa tutela.

Sobre el primer supuesto, se tiene que la carencia de objeto por hecho
superado se genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de
tutela era una orden de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, se
presentan hechos provenientes de la entidad accionada que demuestran que
ésta satisfizo la solicitud con una actuación que resulta suficiente para
conjurar la vulneración del derecho fundamental, motivo por el cual la tutela
pierde eficacia y razón de ser. En este orden de ideas, al extinguirse su
objeto, resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que
“la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”11.

9
Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de febrero de 2017
radicado: 11001-03-15-000-2016-02927-00 (C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés), sentencia de 15
de diciembre de 2017, radicado: 25000-23-41-000- 2017-01241-01 (C. P. Oswaldo Giraldo López).
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera Ponente:
Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia de 5 marzo de 2021. Radicación número: 11001-03-15- 000-
2021-00063-00.
11
Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-519 de 1992, SU-540 de 2007, T-218 de 2008 y T-112 de
2010, entre otras.

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El máximo juez constitucional se ha referido también, de manera pacífica y
reiterada a los otros eventos de carencia de objeto, como son el daño
consumado12 y la desaparición del hecho que generaba la amenaza13, casos
en los cuales, por regla general, no procede adoptar una decisión de fondo.
Con todo, ello no obsta para que, en algunos casos, sobre todo con el fin de
determinar, con intención pedagógica, si era o no amparable el derecho
invocado, el juez realice en todo caso un pronunciamiento de fondo.

3.3.3. Del caso concreto

Conforme se señaló en precedencia, el Magistrado Ponente de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Secretaría de esa Sección
allegaron copia del auto de 14 de junio de 2022 (notificado el 23 de junio
de 2022) proferido en el proceso promovido por la actora, con radicado
13001-23-31-000-2011-00188-01, providencia mediante la cual se ordenó
poner a disposición de la parte actora el expediente.

En ese orden de ideas, es claro que durante el trámite de la acción de tutela
de la referencia la autoridad judicial accionada resolvió la solicitud de copias
que había sido elevada por la aquí actora en tutela, configurándose el
fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado. Al respecto, la
Corte Constitucional lo ha entendido como «la imposibilidad material en la
que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados»14.

Así las cosas, esta acción de amparo carece de objeto, en tanto que la
conducta requerida por la actora, esto es, la respuesta a su solicitud de
expedición de copias, se surtió por parte de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado con el auto de 14 de junio de 2022 que ordenó
poner a su disposición el expediente que contiene el proceso ordinario de
reparación directa con radicado número 13001-23-31-000-2011-00188-01.
En consecuencia, la Sala así lo declarará en la parte resolutiva de este fallo.

12
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-653 de 2017.
13
Artículo 1° Decreto 2591 de 1991.
14
Ver sentencia T-653 de 2017.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03270-00
Demandante: DOMINGA PUPO TORO

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado,
respecto de la acción de tutela formulada por Dominga Pupo Toro, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más
expedito y eficaz esta decisión.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para
su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos
señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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