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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2011-00188-01

Fecha
14 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2011-00188-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, proferida el 29 de mayo de 2015, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas. SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene, expídanse copias de la presente decisión. QUINTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-31-000-2011-00188-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

14 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2022

Radicación: 13001-2331-1000-2011-00188-01 (56269)
Actor: Elías Martínez Pedrozo y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Responsabilidad extracontractual del Estado – defectuoso funcionamiento – no se
acreditó el daño

Síntesis del caso: Se demanda la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia en el que incurrieron los Juzgados Primero y Segundo Promiscuos
del Circuito de Mompox, Bolívar, consistente en la supuesta demora en remitir unos procesos
ejecutivos al liquidador de una ESE. Se asegura que la demora implicó que, a los demandantes,
no les fueran pagados los créditos adeudados.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la Sentencia de 29 de mayo de 2015, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Bolívar accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en la Ley 270 de 1996 (artículo 73)1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.

1.1 Posición de la parte demandante

1. El 26 de enero de 20112, los señores Rosalba Torres Ospino, Maryluz Martínez
Méndez, Nidian Anaya Turizo, Betty Mieles Dovale, Beatriz Arrieta Zúñiga,
Durisnelda Robles Escobar, Nubia Ospina Arce, Dominga Pupo Toro, Irma Isabel
Jiménez de Meneses, Elia Martínez Pedroso, Astrid Martínez Torres, Marina
Peñaloza Vides, Nevis del Socorro Galvis Mendoza, Nelly Durán Yépez, Nurys
Esther Arévalo Navarro, Ana del Carmen Galván Amaris, Luz Marina Martínez

1 Artículo 73 de la Ley 270 y Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación el 9 de

septiembre de 2008, se determinó que de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la
administración de justicia conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos y en segunda instancia el Consejo
de Estado. Expediente No. 2008 00009.
2 Folio 39

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 13001-2331-1000-2011-00188-01 (56269)
Actor: Elías Martínez Pedrozo y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y niega pretensiones
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Alvarado, Lucy Díaz Gómez, María Concepción Padilla Ospino, Agripina Fuentes
Pava, Elba María Muñoz Velilla, Inés María Pedrozo Pérez, Maricel Conde Castillo,
Marcela Delgado de Oliveros, María del Carmen Romero Díaz, Delvis Reyes
Martínez, María Inocencia Navarro Caro, Florentino Dávila Lerma, Jonny pupo
Benavidez, Jairo Lindo Campo, Juan Carlos Cabrales Cervantes, Eleuterio
Camaño Garcés, Benito Manuel Flórez Arrieta, Rodolfo del Villar, Navit Rocha
Mejía, Pedro Pablo Orozco Núñez, Emiro Ospino Arce y Walter Rocha Mejía, en
ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la
Nación – Rama Judicial3, en la que solicitaron las siguientes declaraciones y
condenas (se trascribe):

“PRIMERA: Que la Nación – El Consejo Superior de la Judicatura, y los juzgados Primero
y Segundo Promiscuos del Circuito, del municipio de Mompox Bolívar, son solidariamente
responsables, de los perjuicios materiales y morales causados a mis representados, por
la falta del servicio de administración de justicia, que motivó la improcedencia de los
pagos de las acreencias laborales adeudadas por la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DE MOMPOX (en liquidación), a mis representados, la cual fuera liquidada legalmente,
mediante proceso liquidatorio concluido el día 6 de enero de año 2010.

SEGUNDA: Condenar a la Nación colombiana, al Consejo Superior de la Judicatura, así
como a los citados juzgados Primero y Segundo Promiscuos del Circuito de Mompox
Bolívar, (Rama Judicial) como reparación del daño ocasionado a mis representados, a
pagar a favor de estos, o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de
orden materiales y moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, causados por
dicha falla, los cuales se estiman en una suma global que será estimada con base en
las sumatoria de todos los factores que se relacionan en la presente demanda.

TERCERA: La respectiva condena será actualizada de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del CCA, aplicando en la liquidación de cada uno de mis representados la
variación promedio mensual, del índice de precios al consumidor, desde la fecha de
ocurrencia de los hechos, es decir desde la ejecutoria de la resolución que puso fin al
proceso de liquidación de la ESE en mención, hasta la de ejecutoria del correspondiente
fallo definitivo.

(…)”

2. Adujo, como hechos relevantes, los siguientes:

3. 1) Los actores acudieron a los Juzgados Primero y Segundo Promiscuos del
Circuito de Mompox, Bolívar e instauraron demandas ejecutivas laborales
encaminadas a obtener el pago de los créditos que la ESE Hospital San Juan de
Dios de Mompox (en liquidación), les adeudaba en sus condiciones de
acreedores como ex empleados y empleados activos de la misma. Los juzgados,
admitieron la demanda, notificaron y dictaron medidas cautelares.

4. 2)En el mes de agosto de 2008, inició el proceso de liquidación de la ESE
Hospital San Juan de Dios de Mompox el cual “entraña una serie de exigencias
legales que constituyen el perfeccionamiento de tal proceso, los cuales son
expresos y de obligatorio cumplimiento para su saneamiento, aunado al hecho
de que los derechos de cada trabajador se garantizan mediante el cumplimiento

3 Folios 39 a 47 del cuaderno 1.

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Radicación: 13001-2331-1000-2011-00188-01 (56269)
Actor: Elías Martínez Pedrozo y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y niega pretensiones
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del debido proceso, que es confiado en principio al agente liquidador quien a
partir de ese momento se constituye en el Juez Natural, en lo que tiene que ver
con el fuero de su responsabilidad como tal, (…)”.

5. 3) Para cumplir con las exigencias, el 14 de agosto de 2008, el liquidador
solicitó oportunamente a los Juzgados Primero y Segundo Promiscuos del Circuito
de Mompox, Bolívar, una relación de todos los expedientes contentivos de los
negocios que cursaban en contra de la citada entidad, con el fin de conocer el
demandante, el valor de lo demandado, su estado actual y las medidas
cursantes hasta ese momento. Se insistió en el requerimiento los días 15 y 16 de
diciembre de 2008 y, posteriormente, el 19 de enero de 2009.

6. 4) De conformidad con lo manifestado por el agente liquidador, los
juzgados, no obstante haber sido informados y requeridos para entregar los
expedientes, suministraron la informaron, de forma extemporánea, en febrero de
2009.

7. 5) Aseguró que esa situación implicó que, en virtud de la Ley 254 de 2000,
el liquidador, hubiera reconocido sus créditos como pasivo cierto no reclamado.
Aseguró que, en esa medida, “no pudieron ser cancelados los valores
relacionados, como consecuencia de la morosidad de los juzgados”.

8. Concluyó que “luego de la liquidación de la ESE, sus acreencias quedaron
reconocidas a cargo de la ESE, pero como PASIVO CIERTO NO RECLAMADO, a
cargo de la misma, pero esta no podrá ser cancelada porque actualmente la
ESE carece de recursos y posibilidades económicas para tal pago, no obstante
que en su momento hubieran podido ser canceladas dichas sumas, de no haber
mediado la morosidad de los señores jueces, pues tales recursos estuvieron
debidamente presupuestados y apropiados, durante el transcurso del proceso
de liquidación”

1.2 Posición de la parte demandada

9. La Nación – Rama Judicial, en su contestación4, se opuso a la totalidad de
las pretensiones. Pidió que se negaran las pretensiones tras considerar que no
existió un daño antijurídico.

10. El Ministerio Público rindió concepto en el que pidió que se despacharan
desfavorablemente las súplicas de la demanda. Indicó, en primer lugar, que la
demora, no fue la alegada en la demanda, sino que la solicitud de entrega de
los expedientes físicos se radicó, solo hasta el 14 de enero de 2009 y, de acuerdo
con el acta de entrega, los mismos se suministraron el 5 de febrero de 2009. En
segundo lugar, adujo que, si bien la Resolución 209 de 26 de mayo de 2009
rechazó los créditos de los procesos ejecutivos que se adelantaba en los

4 Folios 154 a 162 del Cuaderno No. 1

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Radicación: 13001-2331-1000-2011-00188-01 (56269)
Actor: Elías Martínez Pedrozo y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y niega pretensiones
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juzgados Primero y Segundo por extemporaneidad y en la Resolución 245 de 31
de julio de 2009 se determinó que esas reclamaciones eran pasivo cierto no
reclamado, lo cierto era que el artículo 33 de la Ley 254 de 2000 indicó que,
vencido el término de la provisión, los remanentes se destinarían al pago del
pasivo cierto no reclamado o a la constitución de la provisión para atender el
proceso en curso. Concluyó que “aquellos créditos que fueron clasificados como
pasivo cierto no reclamado no por ello van a dejar de ser pagados por parte de
la entidad pública en liquidación, lo que ocurre es que se encuentran ahora en
otro orden de prelación de pagos”. Agregó que, en esa medida, no existía
certeza de que no les hubiera sido pagado. Finalizó su intervención, al señalar
que no se demostró la existencia de un daño antijurídico.

1.3 Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante Sentencia del 29 de mayo
de 20155, accedió parcialmente a las pretensiones. Respecto del daño indicó
que, con la Resolución 245 de 31 de julio de 2009, que relacionó cada uno de los
procesos judiciales que se adelantaba en los Juzgados Primero y Segundo
Promiscuos del Circuito de Mompox y determinó que se trataba de pasivo cierto
no reclamado, se probó el daño. Aseguró que el daño “está dado por la
afectación que sufrieron los actores al no poder cobrar las acreencias dinerarias
adeudadas por la ESE Hospital San Juan de Dios de Mompox”.

12. Posteriormente, adujo que el daño antijurídico era atribuible a la
demandada porque existió un defectuoso funcionamiento de la administración
por parte de los Juzgados Primero y Segundo Promiscuos de Mompox; explicó
que existió una actuación negligente de los juzgados “al no atender de manera
oportuna el requerimiento efectuado por el Liquidador de la Ese (…)”. Agregó
que, incluso, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar incurrió en un
defectuoso “al no ejercer los mecanismos de coerción necesarios para que los
despachos judiciales en comento cumplieran el requerimiento realizado, a pesar
de haberse solicitado la correspondiente vigilancia administrativa”.

13. Finalmente, frente a los perjuicios, negó los morales por falta de prueba y
reconoció los perjuicios materiales. En ese orden, reconoció “los dineros que
dejaron de recibir los hoy demandantes (…) dineros que fueron relacionados en
la Resolución 245 de 31 de julio de 2009, por medio del cual se relacionó el pasivo
cierto no reclamado.” En total reconoció la suma de $ 170.580.464.

1.4 Recurso de apelación y trámite relevante

14. La Nación – Rama Judicial6 apeló el fallo. En síntesis, se mantuvo en su tesis
expuesta en la contestación respecto de que no se probó la existencia de un

5 Folios 216 a 224 del cuaderno del Consejo de Estado.
6 Folios 495 a 499 del Cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 13001-2331-1000-2011-00188-01 (56269)
Actor: Elías Martínez Pedrozo y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y niega pretensiones
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daño antijurídico. Aseguró que, contra la Resolución 209 de 26 de mayo de 2009,
que rechazó los créditos de los procesos ejecutivos por extemporaneidad y
contra la Resolución 245 de 31 de julio de 2009 que determinó que los créditos
eran pasivo cierto no reclamado, procedían los recursos en sede administrativa
y sede judicial. No obstante, los actores no los agotaron. En ese orden, a su juicio,
de existir un daño el mismo no es antijurídico y debe ser soportado por los
demandantes quienes no adelantaron las actuaciones necesarias para que les
fuera pagado su crédito.

15. El recurso se admitió el 1 de marzo de 2016, el 13 de abril de 2016 se corrió
traslado para que las partes alegaran de conclusión y el Ministerio Público
rindiera concepto. Únicamente la parte demandante presentó sus alegatos. En
esa oportunidad, indicó que contra las decisiones del liquidador no existía recurso
alguno. Que, en efecto, se probó el defectuoso funcionamiento y que debían
ser indemnizados los perjuicios padecidos7.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1 Presupuestos procesales y decisión a adoptar. 2.2. Análisis sustantivo 2.3. Sobre la
condena en costas.

2.1 Presupuestos procesales y decisión a adoptar

16. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que encuentra
reunidos los presupuestos para dictar sentencia, al ser la de reparación directa la
acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad por los daños
causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Respecto de la oportunidad se advierte que la demanda se instauró en término:
mediante Resolución 245 de 31 de julio de 2009, el liquidador definió el pasivo
cierto no reclamado, dentro del cual relacionó los procesos ejecutivos de los
demandados. La demanda se instauró el 26 de enero de 2011.

17. En vista de que es fundado el planteamiento de la Nación – Rama Judicial
según el cual, en este caso no hay lugar a declarar la responsabilidad
extracontractual del Estado porque no se está frente a un daño antijurídico, se
revocará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las
pretensiones.

2.2 Análisis sustantivo

18. El daño es el primer elemento de la responsabilidad, es decir, que sin daño
no hay responsabilidad; asimismo el objeto de la reparación directa es
indemnizar un daño antijurídico. Bajo esa premisa, antes de profundizar en si los
Juzgados Primero y Segundo Promiscuos del Circuito de Mompox, Bolívar
incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia al

7 Folios 247 a 251 del expediente.

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Radicación: 13001-2331-1000-2011-00188-01 (56269)
Actor: Elías Martínez Pedrozo y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y niega pretensiones
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haber enviado, supuestamente, de manera extemporánea la relación y los
procesos ejecutivos al liquidador de la ESE Hospital San Juan de Dios de Mompox,
se requiere estudiar si, efectivamente, se alegó y se probó un daño y, solo de ser
así, se entrará a revisar si ese daño se derivó de un defectuoso funcionamiento
imputable a la demandada.

19. Está probado que, mediante oficio radicado el 14 de agosto de 2008, el
liquidador le notificó al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Mompox,
Bolívar del proceso de liquidación de la Empresa Social del Estado Hospital San
Juan de Dios el cual fue decretado el 8 de agosto de 2008. De igual forma, solicitó
que relacionara e informara al ente liquidador todos los procesos declarativos y
ejecutivos que se adelantaran actualmente contra la ESE detallando monto de
pretensiones y abonos efectuados8. El 14 de enero de 2009, la asesora jurídica de
la ESE en liquidación, les solicitó al Juzgado Primero y Segundo Promiscuo del
Circuito de Mompox (Bolívar) que entregaran, de manera física, los procesos
ejecutivos relacionados9. Mediante Resolución 209 de 26 de mayo de 2009, se
indicó que se recibió extemporáneamente los procesos ejecutivos remitidos por
los Juzgados Primero y Segundo Promiscuos de Mompox, razón por la cual se
rechazó los créditos que se adelantaban en esos procesos10. Mediante
Resolución 245 de 31 de julio de 2009 se determinó el pasivo cierto no reclamado,
dentro del proceso de liquidación dela ESE Hospital San Juan de Dios de
Mompox11.

20. El Tribunal Administrativo de Bolívar consideró que el daño consistente en
la afectación que sufrieron los actores al no poder cobrar las acreencias
dinerarias se probó con la Resolución 245 de 31 de julio de 2009 en la cual “se
relacionó cada uno de los procesos judiciales que se adelantaban en los
Juzgados Primero y Segundo Promiscuos del Circuito de Mopox, identificándose
los saldos dinerarios por cancelar, sumas que dejaron de percibir los hoy
demandantes”.

21. La Sala considera que, en efecto, como lo alega la parte demandada en
su recurso, en el caso concreto no se probó el daño antijurídico. Lo anterior,
porque si bien, se probó que los créditos de los demandantes fueron rechazados
por extemporaneidad en su envío y posteriormente calificados como pasivo
cierto no reclamado, ello no significa que los actores no hubieran podido cobrar
sus acreencias y menos aún que hubieran perdido sus créditos.

22. El artículo 34 de la Ley 254 de 2000, respecto del pasivo cierto no
reclamado indicó:

8 Folio 87 a 88 Cuaderno principal.
9 Folio 89 a 97 Cuaderno principal.
10 Folios 98 a 130 del Cuaderno principal.
11 Folios 49 a 83 Cuaderno principal.

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Radicación: 13001-2331-1000-2011-00188-01 (56269)
Actor: Elías Martínez Pedrozo y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y niega pretensiones
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“ARTÍCULO 34. Pasivo cierto no reclamado. Mediante resolución motivada el
liquidador determinará el pasivo cierto no reclamado con base en las acreencias,
tanto a cargo de la masa de la liquidación como de las excluidas de ella, que no
fueron reclamadas pero aparezcan debidamente justificadas en los libros y
comprobantes de la entidad en liquidación, así como las presentadas
extemporáneamente que estén debidamente comprobadas.

Constituida la provisión a que se refiere el artículo anterior, si subsistieren recursos y
con las sumas correspondientes al producto de la venta de bienes diferentes y de
dinero excluidos de la masa de la liquidación cuyos titulares no se hubieren
presentado a recibir, se constituirá una provisión para el pago del pasivo cierto no
reclamado.”

23. En el caso concreto, no se demostró que los actores solicitaron el pago del
pasivo cierto no reclamado para que este fuera pagado de la aludida provisión.
Tampoco alegaron o demostraron que, por ejemplo, no subsistieron recursos de
las sumas correspondientes a venta de bienes y dinero excluido de la masa de
liquidación disponibles, que hubiera impedido la constitución de esta provisión
como lo indica la ley. En consecuencia, la Sala se aleja de lo expuesto por la
primera instancia, porque, era posible, aún con la calificación de pasivo cierto
no reclamado, obtener el pago dentro del proceso liquidatorio. Tan posible era,
que la propia Ley 254 de 2000 previó la constitución de un fondo para el pago
de estas acreencias.

24. De igual forma, en el proceso no se demostró una pérdida de oportunidad
cierta y definitiva de que, en efecto, sus acreencias se hubieran podido pagar
dentro del proceso liquidatorio, comoquiera que no se acreditó si con la
prelación de créditos asignada, se hubiera logrado pagar el valor adeudado
dentro de los procesos ejecutivos, con los recursos de la liquidación.

25. En consecuencia, para la Sala el daño alegado no está probado porque
era posible que los créditos se hubieran pagado de acuerdo con el artículo 33
de la Ley 254 de 2000.

26. Por lo expuesto, la Sala concluye que no es necesario descender a un
análisis sobre la imputación, esto es, determinar si existió un defectuoso
funcionamiento por parte de los Juzgados Primero y Segundo Promiscuos del
Circuito de Mompox, Bolívar consistente en la supuesta demora en remitir los
procesos ejecutivos. Con lo señalado, se estima que debe revocarse la decisión
de primera instancia que accedió a las pretensiones, porque no está probado el
primer elemento de la responsabilidad.

2.3 Sobre la condena en costas

27. Como no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de
la parte demandante, la Sala se abstendrá de condenarla en costas en esta
instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

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Actor: Elías Martínez Pedrozo y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y niega pretensiones
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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, proferida el 29 de mayo de 2015, por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte
motiva.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene,
expídanse copias de la presente decisión.

QUINTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmando electrónicamente Firmando electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmando electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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