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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03778-00

Fecha
10 de agosto de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03778-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado por el señor Samuel Marino Pantoja Ponce, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03778-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

10 de agosto de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2023 03778 00
Accionante: Samuel Marino Pantoja Ponce

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 03778 00
Accionantes: SAMUEL MARINO PANTOJA PONCE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Tesis: No incurre en mora judicial injustificada la autoridad que
imparte al proceso el trámite correspondiente y atiende
las diferentes circunstancias que el asunto involucra

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Samuel Marino
Pantoja Ponce contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor Samuel Marino Pantoja Ponce solicitó el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia, de petición y “a la pronta justicia”, que estimó vulnerados por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de la tardanza
en la expedición de la sentencia de segunda instancia en el proceso de
reparación directa promovido contra la Nación - Rama Judicial.

1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, el demandante
relató que él y su grupo familiar se constituyeron en parte civil en el
proceso penal que se adelantó por la muerte de su padre, el señor Samuel
Pantoja, acaecida el 2 de febrero del año 2005 en un accidente de tránsito
causado por el conductor de un autobús de servicio público en la ciudad
de Cali. Dijo que el proceso concluyó con sentencia de casación de la Corte
Suprema de Justicia (no indicó la fecha), que declaró la prescripción de la

1
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 03778 00
Accionante: Samuel Marino Pantoja Ponce

acción penal y la cesación de todo procedimiento que se estuviere
adelantando contra el presunto causante del siniestro.

Informó que, en consecuencia, los demandantes del anterior proceso1
interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación - Rama
Judicial, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados
por la falla en el servicio de la administración de justicia que se configuró
al permitir que prescribiera la acción penal, lo que trajo como
consecuencia la extinción de la acción civil2.

Adujo que el proceso correspondió en primera instancia al Juzgado 18
Administrativo de Cali, autoridad que, mediante sentencia del 29 de
septiembre de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó
a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
a indemnizar a los demandantes por el daño sufrido sobre el derecho de
acceso a la administración de justicia.

Señaló que la entidad demandada apeló la anterior decisión y, el 13 de
diciembre de 2017, el juzgado envió el expediente al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, donde fue repartido al despacho del
magistrado sustanciador el 20 de febrero de 20183.

1.3. Advirtió que el apoderado judicial de la parte actora en el medio de
control de reparación directa solicitó en reiteradas ocasiones en la
secretaria del tribunal que se le informara el estado del proceso y que
siempre le respondieron que se encontraba a despacho para fallo. Sin
embargo, el abogado evidenció que el expediente en realidad estaba
archivado sin que al respecto hubiese mediado orden judicial, pero en
todo caso, fue desarchivado el 28 de julio de 2022.

1
De acuerdo con la información del expediente de reparación directa remitido por el tribunal demandado, los
demandantes en la reparación directa son Samuel Marino Pantoja Ponce, Aura Mariela Pantoja Ponce, María
Inés Pantoja Ponce y Francisco Javier Pantoja Ponce.
2
Proceso que se tramita bajo la radicación 76001-33-33-018-2015-00388-01.
3
Sin embargo, de la revisión del expediente de reparación directa remitido mediante mensaje de datos, la
Sala advierte que el proceso fue entregado al tribunal el 11 de diciembre de 2017 y en esa misma fecha fue
repartido al despacho del magistrado Óscar A. Valero Nisimblat. Información visible en el siguiente enlace del
sistema SAMAI:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202303
778001100103

2
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Adujo que también solicitó por escrito a la Secretaría de la corporación y
al despacho sustanciador información sobre el estado actual del proceso,
particularmente, sobre el turno en que se encuentra entre los procesos
pendientes de fallo, pero que no ha obtenido respuesta.

De acuerdo con lo anterior, alegó que el proceso se encuentra en el
tribunal desde hace cinco (5) años y cinco (5) meses sin que se resuelva
el recurso de apelación contra la sentencia del 6 de diciembre de 2017 y
sin que se dé respuesta a sus solicitudes de información, razones por las
cuales han resultado vulnerados los derechos fundamentales invocados.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
sustanciador del proceso de reparación directa que dio lugar a esta acción
de tutela, sostuvo que éste le fue repartido el 12 de diciembre de 20174
y que al día siguiente profirió el auto que admitió el recurso de apelación,
el cual sólo se notificó hasta el 19 de febrero de 2018. Dijo que, luego, a
través de providencia del 21 de junio de 2018, notificada el 14 de
diciembre de ese año5, se ordenó correr traslado para alegar de
conclusión en segunda instancia y que el proceso ingresó al despacho para
fallo el 27 de marzo de 2019.

Explicó que la tardanza en la notificación de las providencias mencionadas
obedeció a la congestión de procesos pendientes de este trámite en la
Secretaría del tribunal.

Además, dijo que en este proceso no se ha presentado una mora judicial
injustificada que haga procedente la acción de tutela, pues la tardanza en
la expedición de la sentencia no se debe a una omisión de los deberes del
funcionario, sino a la congestión judicial y al cúmulo de trabajo que afecta

4
No obstante, de acuerdo con la información registrada a folios 333 y 334 del expediente del proceso de
reparación directa, remitido por el tribunal demandado a través de mensaje de datos, visible en el siguiente
enlace del sistema SAMAI, el proceso fue repartido el 11 de diciembre de 2017:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202303
778001100103
5
Empero, de acuerdo con la información registrada a folio 337 del expediente del proceso de reparación
directa, este auto se notificó por estado el 18 de diciembre de 2018.

3
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a los despachos judiciales, que se agravó con la contingencia generada
por la pandemia del COVID-19.

Agregó que, en todo caso, el proceso de reparación directa no se enmarca
en ninguna de las situaciones que establece el artículo 63A de la Ley 270
de 1996 para alterar el turno para fallo en el que actualmente se
encuentra, que es el número 56 entre los procesos de segunda instancia.

2.2. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
el Juzgado 18 Administrativo de Cali, vinculados como terceros con
interés, guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. Los señores Samuel Marino Pantoja Ponce, Aura Mariela Pantoja
Ponce, María Inés Pantoja Ponce y Francisco Javier Pantoja Ponce
interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación - Rama
Judicial, con la finalidad de obtener la indemnización de los perjuicios
causados por la falla en el servicio de la administración de justicia que a
su juicio se configuró al dar lugar a que prescribiera la acción penal
adelantada contra el presunto causante del accidente de tránsito acaecido
en la ciudad de Cali el 2 de febrero del año 2005, en el que falleció el
señor Samuel Pantoja, lo que trajo como consecuencia la extinción de la
acción civil indemnizatoria que ellos adelantaban por esos hechos.

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3.2.2. El Juzgado 18 Administrativo de Cali, mediante sentencia del 29 de
septiembre de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda 6. La
entidad demandada apeló la anterior decisión, y el 11 de diciembre de
2017 el proceso fue entregado al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca para surtir el trámite de la segunda instancia. En esa misma fecha
fue repartido al despacho del magistrado sustanciador7.

3.2.3. Mediante auto del 13 de diciembre de 2017, notificado el 20 de
febrero de 2018, el tribunal admitió el recurso de apelación8. Luego, a
través del proveído del 21 de junio de 2018, notificado por estado el 18
de diciembre del mismo año, corrió traslado a las partes por diez (10)
días para alegar de conclusión. Y, una vez surtida esa etapa, el proceso
pasó al despacho para sentencia el 27 de marzo de 20199.

3.2.4. Mediante mensaje de datos del 28 de julio de 2022, el apoderado
de la parte demandante solicitó al magistrado sustanciador del medio de
control de reparación directa que le informara el estado actual del
proceso10. En esa misma fecha el proceso fue desarchivado por la
Secretaría del tribunal11.

3.2.5. El señor Samuel Marino Pantoja Ponce interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales por la falta de respuesta a su
solicitud de información y por no haber emitido aún la sentencia que
resuelva en segunda instancia el proceso de reparación directa.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, el señor Samuel Marino Pantoja Ponce alega
que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ha retardado

6
Folios 311 al 319 del expediente del proceso de reparación directa, remitido por el tribunal demandado
mediante mensaje de datos, visible en el siguiente enlace del sistema SAMAI:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202303778001
100103
7
Folios 333 y 334 ibídem.
8
Folio 335 ibídem.
9
Índice 7 del sitio del proceso de reparación directa en el sistema SAMAI. Ver enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760013333018201500388017
600123
10
Índice 8 ibídem.
11
Índice 9 ibídem.

5
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injustificadamente la emisión de la sentencia que resuelva en segunda
instancia el proceso de reparación directa que promovió contra la Nación –
Rama Judicial, para reclamar la configuración de una falla en la prestación
del servicio de administración de justicia, pues estima que es excesivo el
lapso de cinco (5) años y cinco (5) meses que ha transcurrido sin que se
profiera tal decisión. Así mismo, denuncia que esa autoridad no le ha
respondido la solicitud de información sobre el estado actual del proceso
y sobre el turno en que se encuentra para fallo.

3.3.1. De la violación al debido proceso por mora judicial

3.3.1.1. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la
mora judicial es “un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que
impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de
justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales
estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo
cargo se encuentra la solución de los procesos”12.

En la misma línea, ha explicado que la mora, la congestión y el atraso
judicial son algunos de los fenómenos que afectan de manera estructural
la administración de justicia en Colombia, por lo que existen casos en los
que el incumplimiento de los términos procesales no es directamente
imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así mismo, existen
procesos que por su complejidad requieren de un tiempo mayor al
establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para
valorar pruebas o analizar la norma aplicable13.

De manera que, para establecer si la tardanza en resolver un asunto
constituye o no una transgresión de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, la jurisprudencia
constitucional ha distinguido entre dilación justificada e injustificada 14.

12
Corte Constitucional. Sentencia T–052 de 2018 (M.P. Alberto Rojas Ríos).
13
Corte Constitucional, sentencia T -441 de 2015 (M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
14
Ibídem.

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Se incurre en dilación injustificada cuando se acredita que el funcionario
judicial no ha sido diligente y ha omitido el cumplimiento de sus funciones,
y puede configurarse cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los
términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial, (ii)
no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable
a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial15.

En cambio, la posible dilación estaría justificada cuando (i) es producto
de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de
justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial,
o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que
impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley16.

Dicho de otra manera, la prolongada espera estaría justificada si, “a pesar
del cumplimiento cabal de los deberes por parte del juez y su diligencia,
resulta imposible objetivamente el cumplimiento del término judicial en
cuestión. Siempre que los anteriores supuestos estén debidamente
probados en el proceso de tutela, se presentará una dilación justificada y,
en consecuencia, el juez deberá negar la protección deprecada”17.

Cuando se trata de un asunto de mora judicial justificada, la
jurisprudencia constitucional ha identificado tres fórmulas alternativas de
solución: “(i) la primera de ellas ha consistido simplemente en limitarse a
negar la violación de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, por lo que pasa a replicarse la obligación
relativa al sometimiento al sistema de turnos en plenas condiciones de
igualdad; (ii) la segunda, por su parte, comporta la orden excepcional de
alteración del sistema de turnos para proferir el fallo, cuando el juez está

15
Corte Constitucional, sentencia T–052 de 2018 (M. P. Alberto Rojas Ríos).
16
Corte Constitucional, sentencia T-441 de 2015 (M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
17
Ibídem.

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en presencia de un sujeto de especial protección constitucional, o cuando
la mora judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en
contraste con las condiciones de espera particulares del afectado y (iii)
una tercera fórmula que puede ser intermedia entre las ya reseñadas hace
relación a aquellos casos en que se está ante la posible materialización de
un daño cuyos efectos nocivos no puedan ser subsanados -perjuicio
irremediable-, por lo que si las circunstancias lo ameritan, en atención al
carácter subsidiario de la acción de tutela, puede ordenarse un amparo
con eficacia jurídica transitoria en relación con los derechos
fundamentales comprometidos, mientras la autoridad judicial competente
se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia planteada” 18.

3.3.1.2. En este caso, de la revisión del expediente del proceso ordinario,
la Sala observa lo siguiente:

(i) Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2017, el Juzgado 18
Administrativo de Cali accedió en primera instancia a las
pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por
el señor Samuel Marino Pantoja Ponce y sus hermanos contra la
Nación - Rama Judicial19.

(ii) La entidad demandada apeló la anterior decisión y el 11 de
diciembre de 2017 el proceso fue entregado al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para surtir el trámite de la
segunda instancia. En esa misma fecha fue repartido al despacho
del magistrado sustanciador20.

(iii) Mediante auto del 13 de diciembre de 2017, notificado el 20 de
febrero de 2018, el tribunal admitió el recurso de apelación21.

18
Ibídem.
19
Folios 311 al 319 del expediente del proceso de reparación directa, remitido por el tribunal demandado a
través de mensaje de datos, visible en el siguiente enlace del sistema SAMAI:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202303778001
100103
20
Folios 333 y 334 ibídem.
21
Folio 335 ibídem.

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(iv) A través del proveído del 21 de junio de 2018, notificado por
estado el 18 de diciembre del mismo año, se corrió traslado a las
partes por diez (10) días para alegar de conclusión.

(v) El proceso pasó al despacho para fallo el 27 de marzo de 201922.

(vi) Mediante correo electrónico del 28 de julio de 202223, el apoderado
de la actora en el proceso de reparación directa pidió al magistrado
sustanciador que le informara el estado actual del proceso.

(vii) El 28 de julio de 2022 el proceso fue desarchivado en el sistema
SAMAI por la Secretaría del tribunal24.

De acuerdo con el citado recuento procesal, la Sala considera que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no ha incurrido en mora
judicial injustificada, pues entre cada una de las actuaciones adelantadas
después de que el proceso le fue entregado para surtir el trámite de la
segunda instancia, ha transcurrido un plazo razonable.

Es necesario recordar que la mora judicial no se configura con el simple
paso del tiempo, sino que, como lo ha precisado la Corte Constitucional,
debe obedecer a una negligencia probada de la autoridad judicial accionada
que retarde la toma de decisiones en el trámite de cada proceso, cuestión
que en este caso no se presenta.

Ahora, la Sala no deja de lado que, para notificar la providencia que
admitió el recurso de apelación, el tribunal tardó dos (2) meses y siete
(7) días, y que para notificar la que corrió traslado para alegar de
conclusión en segunda instancia, tardó casi seis (6) meses después de su
expedición. No obstante, tal circunstancia no permite concluir que se haya
configurado la mora judicial injustificada, pues esto puede deberse a los
problemas estructurales que aquejan a la administración de justicia, los
cuales generan un exceso de carga laboral y congestión judicial.

22
Índice 7 del sitio del proceso de reparación directa en el sistema SAMAI. Ver enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760013333018201500388017
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Índice 8 ibídem.
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Índice 9 ibídem.

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Por otra parte, se advierte que, según el demandante, cuando preguntó
en la Secretaría del tribunal demandado sobre el estado del proceso, le
informaron que se encontraba a despacho para sentencia, pero que tuvo
conocimiento de que en realidad estaba archivado, sin que para eso
hubiera mediado orden judicial.

Sobre el particular, de la revisión efectuada por la Sala en el sitio del
proceso de reparación directa en el sistema SAMAI25, se advierte que éste
entró al despacho para sentencia el 27 de marzo de 2019 y que las
siguientes actuaciones registradas son la presentación de la solicitud de
información por parte del apoderado de los demandantes y una de
“Desarchivo de proceso”, ambas del 28 de julio de 2022. Es decir que,
pese a que aparece registrado el desarchivo, nunca se registró realmente
un archivo de la actuación, lo que tampoco se observa en la copia
digitalizada del expediente que remitió a esta instancia el tribunal
demandado.

Por lo tanto, la Sala no encuentra que tal circunstancia sea causante de
una mora judicial injustificada en el trámite del proceso, sino que
simplemente, encontrándose al despacho para fallo, se presentó una
solicitud de información y éste continuó a la espera del turno que le
corresponde para sentencia.

En suma, no se advierte que la tardanza del tribunal accionado para
definir el fondo del asunto objeto de controversia fuese desproporcionada,
irracional o injustificable. Por el contrario, es claro que el retardo que el
actor censura se enmarca en uno de los supuestos que la Corte
Constitucional ha considerado como de mora judicial justificada, pues se
debe al exceso de carga laboral y a la asunción de un volumen significativo
de procesos.

25
Visible en el enlace:
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En este punto es pertinente advertir que el tribunal demandado informó
que el proceso ordinario promovido por el aquí demandante se encuentra
en el turno 56 de trámites para fallo.

Al respecto, debe recordarse que, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley
446 de 1998, los jueces deben cumplir estrictamente con el orden en el que
los procesos hayan ingresado al despacho para sentencia, el cual sólo puede
alterarse cuando se trate de sentencia anticipada o cuando se configure
alguna prelación legal. A su vez, el artículo 63A a la Ley 270 de 1996,
adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, establece las
circunstancias particulares que pueden dar lugar a que un proceso se
tramite con preferencia.

Sin embargo, en este caso el actor no invocó la configuración de ninguna
de tales circunstancias, sino que simplemente estima que el tribunal ha
tardado demasiado, de manera injustificada, en resolver el asunto, lo cual,
como se vio, no resultó probado. En todo caso, la Sala no observa ninguna
justificación para ordenar al tribunal que desconozca el sistema de turnos
que tiene establecido para los procesos que se encuentran pendientes de
dictar sentencia de segunda instancia.

En consecuencia, la Sala denegará el amparo que al respecto solicitó el
señor Samuel Marino Pantoja Ponce.

3.3.2. Del derecho de petición ante las autoridades judiciales

3.3.2.1. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución
Política, que garantiza a todas las personas el derecho de presentar
peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés
general o particular y a tener una respuesta pronta y eficaz, así como las
reglas generales y especiales contenidas en la Ley Estatutaria 1755 de
2015, que sustituyó el Título II del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho de petición no
es procedente en tratándose de actuaciones jurisdiccionales, dado que las
solicitudes que presenten las partes e intervinientes dentro del proceso,
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en asuntos relacionados con la litis, tienen un trámite regulado en los
respectivos códigos de procedimiento.

En tal sentido, la Corte ha señalado que debe distinguirse claramente
entre (i) los actos de carácter estrictamente judicial, los cuales deben
tramitarse y resolverse con sujeción a las normas procesales propias de
cada juicio, y (ii) los asuntos administrativos que el juez puede tener a su
cargo, respecto de los cuales son aplicables las normas que rigen la
actividad de la administración pública, actualmente contenidas en el
CPACA, y en lo no regulado por éste, en el Código General del Proceso.

Así mismo, esta Sección ha señalado de manera reiterada26 que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición cuando se requiere
adelantar actuaciones del proceso judicial, pues en relación con éstos el
legislador ha previsto procedimientos específicos.

Entonces, cuando se trata de mora u omisión injustificada en la respuesta
a la solicitud elevada ante la autoridad judicial, es posible alegar la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia27, mas no del derecho fundamental de
petición, regulado por la Ley Estatutaria 1755 de 2015.

3.3.2.2. En el caso concreto, el demandante manifestó que el apoderado
de la parte actora en el proceso de reparación directa había solicitado por
escrito tanto a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
como al magistrado sustanciador que le informaran el estado del trámite
y el turno en que este se encontraba para fallo.

Con la demanda de tutela el actor allegó el mensaje de datos del 28 de
julio de 202228, en el que su apoderado le solicitó al magistrado

26
Ver entre otras sentencias del Consejo de Estado, Sección Primera: de 17 de noviembre de 2017, radicado
11001-03-15-000-2017-02583-00 (C. P. María Elizabeth García González), de 20 de junio de 2019, radicado
11001-03-15-000-2019-01855-00 (C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés), de 7 de mayo de 2021, radicado
11001-03-15-000-2021-01353-00 y 3 de febrero de 2022, expediente 05001-23-33-000-2021- 01980-01 (en
ambas C.P. Oswaldo Giraldo López).
27
Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de febrero de 2017 radicado:
11001-03-15-000-2016-02927-00 (C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés), sentencia de 15 de diciembre de
2017, radicado: 25000-23-41-000- 2017-01241-01 (C. P. Oswaldo Giraldo López).
28
Índice 8 ibídem.

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Accionante: Samuel Marino Pantoja Ponce

sustanciador del trámite ordinario que le informara “EL ESTADO ACTUAL
DEL PROCESO, teniendo en cuenta que desde el 27 de marzo del año
2019 (…) se encuentra al despacho para fallo” (mayúsculas del original).

Es decir, que el demandante sólo acreditó que su apoderado había dirigido
una solicitud al magistrado encargado del proceso, no así a la Secretaría
del tribunal, y que en ésta requirió información sobre el estado del
trámite, y no sobre el turno que tiene para fallo, como manifestó en la
solicitud de amparo.

Además, se advierte que ese memorial precisa que “[e]l objeto de la
presente solicitud es el de darle continuidad al proceso”, lo que significa
que en el fondo se trataba de una petición de impulso y no de un
requerimiento de información.

Siendo así, la Sala advierte que el escrito dejó en claro que su finalidad
estaba estrechamente ligada al impulso del proceso, lo que excluye los
aspectos meramente administrativos. Por lo tanto, su trámite no puede
ser analizado desde el punto de vista del derecho fundamental de petición,
sino del debido proceso y del acceso a la administración de justicia, y,
como se vio en el punto anterior, en este caso no hubo una mora
injustificada en el impulso del medio de control.

Conviene precisar en todo caso que, si bien el escrito pedía información
sobre el estado del trámite judicial, lo cierto es que allí mismo y en la
solicitud de amparo, la parte actora manifestó que conocía que éste se
encontraba a despacho para fallo desde el 27 de marzo del año 2019, por
lo que no se configuró la infracción del derecho a obtener información
pronta y veraz. Lo anterior, sin dejar de lado que, en la contestación de
la tutela, el tribunal informó que la acción de reparación directa que
interesa al actor se encuentra en el turno 56 para fallo.

3.4. Conclusión

De conformidad con lo expuesto, la Sala denegará el amparo solicitado
pues no se advierte que la tardanza del tribunal accionado para definir el

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fondo del asunto objeto de controversia fuese desproporcionada,
irracional o injustificable, además de lo cual no se evidenció una infracción
del derecho del actor a obtener información pronta y veraz sobre el estado
del proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado por el señor Samuel Marino
Pantoja Ponce, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de
esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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