Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05578-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05578-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-05578-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
2 de noviembre de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 05578 00
Accionante: Martha Lucia Rondón Barragán
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 05578 00
Demandantes: MARTHA LUCIA RONDÓN BARRAGÁN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Tesis: La acción de tutela es improcedente para reclamar el
amparo del derecho fundamental de petición contra una
autoridad judicial, si lo solicitado corresponde a un
trámite procesal y no administrativo.
No incurre en mora injustificada ni en vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia la autoridad judicial que
no ha dado respuesta a una solicitud de copias en un
plazo de 15 días.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Martha Lucia
Rondón Barragán contra el Consejo de Estado - Sección Tercera -
Subsección B y el Tribunal Administrativo de Bolívar.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La señora Martha Lucia Rondón Barragán solicitó el amparo del
derecho fundamental de petición, que considera vulnerado por el Consejo
de Estado - Sección Tercera - Subsección B y el Tribunal Administrativo
de Bolívar, con ocasión de la falta de respuesta a una solicitud de copias.
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1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, la demandante
relató que el 6 de septiembre de 2023, en su calidad de apoderada judicial
del señor Gabriel Madrid Chávez1, integrante de la parte actora en el
proceso de reparación directa que se tramita bajo radicado 13001-23-31-
000-2010-00557-01, solicitó a las autoridades judiciales demandadas que
le entregaran “copia de la sentencia”, aunque no precisó si se refería a la
de primera o a la de segunda instancia. Señaló que, hasta la fecha de
interposición de la acción de tutela, no le habían dado respuesta.
1.3. Advirtió que las autoridades judiciales demandadas no han cumplido
con los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley Estatutaria 1755
de 2015, por lo cual han infringido el derecho fundamental de petición.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El magistrado del Consejo de Estado - Sección Tercera -
Subsección B, sustanciador del proceso de reparación directa, señaló
que el 14 de julio de 2023, antes de la interposición de la acción de tutela,
se profirió sentencia de segunda instancia en ese asunto, decisión que se
notificó por edicto el 18 de agosto del presente año, y que se comunicó
por correo electrónico a la parte demandada y al Ministerio Público.
Agregó que, de acuerdo con constancia secretarial del 15 de agosto de
2023, no se tenía registrado ningún correo electrónico de la parte
demandante, e informó que el 25 de septiembre de 2023 se remitió el
expediente de vuelta al tribunal de origen.
2.2. La Secretaria General del Tribunal Administrativo de Bolívar
solicitó que se desestimen las pretensiones de la solicitud de amparo con
fundamento en que, verificados los sistemas de información judicial, a la
fecha el expediente de la reparación directa no ha regresado del Consejo
de Estado. Además, el 6 de septiembre de 2023, cuando la demandante
le presentó la solicitud de copias, la remitió a esta corporación,
informando lo pertinente a la peticionaria.
1
El poder en ejercicio del cual se formuló la solicitud fue conferido el 23 de agosto de 2023, pues la actora no
fue quien representó al señor Madrid Chávez en el precedente proceso de reparación directa.
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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. Mediante sentencia del 14 de julio de 2023, el Consejo de Estado -
Sección Tercera - Subsección B resolvió en segunda instancia el proceso
de reparación directa con radicado 13001-23-31-000-2010-00557-01,
promovido por Gabriel Madrid Chávez y otros contra el departamento de
Bolívar, el municipio de Barranco de Loba y Electricaribe S.A. E.S.P2.
3.2.2. La anterior sentencia fue notificada el 15 de agosto de 2023,
mediante mensajes de datos dirigidos a las entidades demandadas y al
Ministerio público, y por edicto el día 18 del mismo mes y año3.
3.2.3. Mediante mensaje de datos de septiembre 6 de 2023 incorporado
al expediente4, la señora Martha Lucia Rondón Barragán, actuando como
apoderada judicial del señor Gabriel Madrid Chávez, solicitó al Consejo de
Estado y al Tribunal Administrativo de Bolívar el “envío del expediente”
del proceso de reparación directa, para conocer el estado del trámite.
3.2.4. La anterior petición fue recibida ese día por la Secretaría de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y registrada en el índice 37 del
proceso de reparación directa en el sistema SAMAI. A su vez, la Secretaría
2
Índice 26 el proceso de reparación directa en el sistema SAMAI, visible en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=130012331000201000557011
100103
3
Índices 28, 29 y 30 ibídem.
4
Índice 2 del proceso de tutela en el sistema SAMAI, visible en el enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202305578001
100103
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General del Tribunal Administrativo de Bolívar la remitió mediante correo
electrónico de esa misma fecha a la Secretaría de la Sección Tercera5.
3.2.5. En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de segunda
instancia, el 25 de septiembre de 2023, el proceso de reparación directa
fue devuelto al Tribunal Administrativo de Bolívar.
3.2.6. La señora Martha Lucia Rondón Barragán interpuso acción de tutela
contra el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B y el Tribunal
Administrativo de Bolívar, al considerar vulnerado su derecho
fundamental de petición, debido a la falta de respuesta a la solicitud del
6 de septiembre de 2023.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Del derecho de petición ante las autoridades judiciales
3.3.1.1. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución
Política, que garantiza a todas las personas el derecho de presentar
peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés
general o particular y a tener una respuesta pronta y eficaz, así como las
reglas generales y especiales contenidas en la Ley Estatutaria 1755 de
2015, que sustituyó el Título II del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho de petición no
es procedente en tratándose de actuaciones jurisdiccionales, dado que las
solicitudes que presenten las partes e intervinientes dentro del proceso,
en asuntos relacionados con la litis, tienen un trámite regulado en los
respectivos códigos de procedimiento.
En tal sentido, la Corte Constitucional ha señalado que debe distinguirse
claramente entre (i) los actos de carácter estrictamente judicial, los cuales
deben tramitarse y resolverse con sujeción a las normas procesales
propias de cada juicio, y (ii) los asuntos administrativos que el juez puede
tener a su cargo, respecto de los cuales son aplicables las normas que
5
Información registrada en el índice 10 del sitio de la presente acción de tutela en el sistema SAMAI.
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rigen la actividad de la administración pública, actualmente contenidas en
el CPACA, y en lo no regulado por éste, en el Código General del Proceso
(CGP).
Así mismo, esta Sección ha señalado de manera reiterada6 que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición cuando se requiere
adelantar actuaciones propias del proceso judicial, pues en relación con
éstos el legislador ha previsto procedimientos específicos.
Entonces, cuando exista mora u omisión injustificada en la respuesta a la
solicitud elevada ante la autoridad judicial frente a un trámite de esa
misma naturaleza, sería posible alegar la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia7, mas no del derecho fundamental de petición, regulado por la Ley
Estatutaria 1755 de 2015.
3.3.1.2. En el presente asunto, la señora Martha Lucia Rondón Barragán
alega que el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B y el
Tribunal Administrativo de Bolívar no le han respondido la solicitud de
copia de la sentencia que desató el proceso de reparación directa con
radicado 13001-23-31-000-2010-00557-01, que presentó mediante
mensaje de datos el 6 de septiembre de 2023, como apoderada del señor
Gabriel Madrid Chávez, integrante de la parte actora en ese trámite.
Sin embargo, la Sala observa que, con la tutela, la actora allegó la
mencionada solicitud, en la que pidió el “envío del expediente con el
radicado que relaciono a continuación en aras de saber como (sic) va e
informar a la parte demandante, pues han transcurrido 23 años y no se
tiene un fallo en firme, a su despacho entró en el año 2015”.
6
Ver entre otras sentencias del Consejo de Estado, Sección Primera: de 17 de noviembre de 2017, radicado
11001-03-15-000-2017-02583-00 (C. P. María Elizabeth García González), de 20 de junio de 2019, radicado
11001-03-15-000-2019-01855-00 (C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés), de 7 de mayo de 2021, radicado
11001-03-15-000-2021-01353-00 y 3 de febrero de 2022, expediente 05001-23-33-000-2021- 01980-01 (en
ambas C.P. Oswaldo Giraldo López).
7
Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de febrero de 2017 radicado:
11001-03-15-000-2016-02927-00 (C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés), sentencia de 15 de diciembre de
2017, radicado: 25000-23-41-000- 2017-01241-01 (C. P. Oswaldo Giraldo López).
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Es decir, que la señora Rondón Barragán no solicitó en realidad la copia
del fallo que desató ese asunto, como manifestó en la tutela, sino el “envío
del expediente”, por lo que se entiende que lo que espera es recibir una
copia de toda la actuación.
En todo caso, es pertinente advertir que la solicitud de las copias de una
actuación procesal se encuentra sometida al referido ordenamiento, y
concretamente a lo dispuesto en el artículo 114 del CGP y, por ende, no
se reduce a cuestiones meramente administrativas, por lo que no puede
ser analizada desde el punto de vista del derecho fundamental de petición
ni de las normas que regulan el ejercicio de éste ante otras autoridades o
particulares, entre estas, las que definen los plazos de respuesta, sino del
debido proceso y del acceso a la administración de justicia.
Dicho de otro modo, la solicitud del 6 de septiembre de 2023 es de
contenido judicial y no administrativo, por lo que está sujeta a los
términos del proceso contencioso, contenidos en este caso en el Código
General del Proceso, y no a los que rigen la actividad de la administración
pública, que en lo particular se encuentran en la Ley Estatutaria 1755 de
2015. Por lo tanto, la tutela es improcedente para reclamar, respecto de
esa solicitud, el amparo del derecho fundamental de petición8.
Sin perjuicio de lo anterior, por tratarse de una solicitud que se rige por
las normas del trámite judicial, es pertinente analizar si se ha presentado
una tardanza injustificada en su resolución y si, en consecuencia, se ha
presentado vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso
y del acceso a la administración de justicia. Por lo tanto, antes de
proseguir es oportuno realizar algunas reflexiones en torno al concepto
de mora judicial.
3.3.2. De la mora judicial
3.3.2.1. En este orden, es necesario determinar si la parte accionada
incurrió en una mora judicial injustificada en cuanto al trámite de la
8
En tal sentido se pronunció también esta Sala en la sentencia del 11 de noviembre de 2021, consejera
ponente: Nubia Margoth Peña Garzón, radicación número: 11001-03-15-000-2021-06719-00(AC).
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solicitud de copias elevada por la señora Martha Lucia Rondón Barragán
a través de medios electrónicos el 6 de septiembre de 2023, en calidad
de apoderada del señor del señor Gabriel Madrid Chávez, si la acción de
tutela se radicó el día 27 del mismo mes y año.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la mora
judicial es “un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que
impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de
justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales
estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo
cargo se encuentra la solución de los procesos”9.
En la misma línea, ha explicado que la mora, la congestión y el atraso
judicial son algunos de los fenómenos que afectan de manera estructural
la administración de justicia en Colombia, por lo que existen casos en los
que el incumplimiento de los términos procesales no es directamente
imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así mismo existen
procesos que por su complejidad requieren de un tiempo mayor al
establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para
valorar pruebas o analizar la norma aplicable10.
De manera que, para establecer si la tardanza en resolver un asunto
constituye o no una transgresión de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, la jurisprudencia
constitucional ha distinguido entre dilación justificada e injustificada11.
Se incurre en dilación injustificada cuando se acredita que el funcionario
judicial no ha sido diligente y ha omitido el cumplimiento de sus funciones,
y puede configurarse cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los
términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial, (ii)
no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable
9
Corte Constitucional. Sentencia T–052 de 2018 (M.P. Alberto Rojas Ríos).
10
Corte Constitucional, sentencia T -441 de 2015 (M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
11
Ibídem.
7
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a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial12.
En cambio, la posible dilación estaría justificada cuando (i) es producto
de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de
justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial,
o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que
impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley13.
Dicho de otra manera, la prolongada espera estaría justificada si, “a pesar
del cumplimiento cabal de los deberes por parte del juez y su diligencia,
resulta imposible objetivamente el cumplimiento del término judicial en
cuestión. Siempre que los anteriores supuestos estén debidamente
probados en el proceso de tutela, se presentará una dilación justificada y,
en consecuencia, el juez deberá negar la protección deprecada”14.
3.3.2.2. Ahora bien, el artículo 114 del CGP, que regula el trámite de
expedición de copias en el proceso, no establece un específico término de
respuesta para la autoridad judicial. En todo caso, la Sala observa que,
entre la presentación de la solicitud y la fecha de interposición de la acción
de tutela, sólo habían transcurrido 15 días hábiles, plazo que en absoluto
resulta excesivo o desbordado.
Siendo así, no se evidencia que, para el momento en que se interpuso
esta acción, la autoridad judicial accionada hubiera incurrido en una mora
judicial injustificada ni, en el mismo sentido, en vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y del acceso a la
administración de justicia de la señora Martha Lucia Rondón Barragán, lo
que en todo caso sí podría ocurrir si las autoridades judiciales requeridas
no dan respuesta a lo solicitado dentro de un plazo razonable.
12
Corte Constitucional, sentencia T–052 de 2018 (M. P. Alberto Rojas Ríos).
13
Corte Constitucional, sentencia T-441 de 2015 (M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
14
Ibídem.
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Por lo anterior, se denegará esta solicitud de amparo en lo atinente a los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala observa que en el sub lite se presenta
una situación que podría poner en riesgo los derechos fundamentales de
la demandante, pues en efecto, ella dirigió su solicitud al Consejo de
Estado el 6 de septiembre de 2023 y ésta fue registrada el mismo día por
la Secretaría de la Sección Tercera en el índice 37 del proceso de
reparación directa en el sistema SAMAI. Al mismo tiempo, la Secretaría
General del Tribunal Administrativo de Bolívar recibió el requerimiento y
lo remitió mediante correo electrónico a esta corporación15.
Luego, el 22 de septiembre de 2023 la Secretaría de la Sección Tercera
practicó la notificación de la sentencia del 14 de julio del mismo año 16,
que decidió el asunto en segunda instancia, y el 25 de septiembre
siguiente devolvió el expediente al tribunal de origen. Así mismo, el 19 de
octubre de este año el Tribunal Administrativo de Bolívar registró en la
página de consulta de la Rama Judicial la recepción del proceso17, sin que
a la fecha de esta providencia se observe ninguna actuación posterior.
Entonces, si bien el término transcurrido desde la presentación de la
solicitud de copias y aun hasta la fecha de esta decisión no resulta aún
excesivo, lo cierto es que el trámite impartido sugiere que el proceso
podría estar próximo a ser archivado en el Tribunal Administrativo de
Bolívar, antes de lo cual deberá haberse atendido la solicitud de copias de
la abogada Rondón Barragán. En consecuencia, con la finalidad de
prevenir la vulneración de los derechos fundamentales de la actora, la
Sala requerirá al tribunal accionado, que es el que actualmente tiene a
cargo el asunto, para que dé trámite y respuesta a la referida petición.
3.4. Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia del
amparo en lo relacionado con el derecho fundamental de petición, pues
15
Información registrada en el índice 10 del sitio de la presente acción de tutela en el sistema SAMAI.
16
Índices 39, 40 y 41 del proceso en el sistema SAMAI.
17
Información visible en el enlace: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
9
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la solicitud presentada por la actora a las autoridades judiciales
accionadas corresponde a un trámite judicial y no administrativo, por lo
que debe regirse por las disposiciones pertinentes del CGP. Además, lo
denegará en lo relativo a los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, pues no se presentó una mora
judicial injustificada. Sin embargo, de manera preventiva, requerirá al
Tribunal Administrativo de Bolívar para que dé trámite y respuesta a la
petición presentada por la actora el 6 de septiembre de 2023.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR improcedente la tutela solicitada por la señora
Martha Lucia Rondón Barragán en lo relacionado con el derecho
fundamental de petición, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado en relación con los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.
TERCERO: REQUERIR al Tribunal Administrativo de Bolívar para que dé
trámite y respuesta a la petición presentada por la señora Martha Lucia
Rondón Barragán el 6 de septiembre de 2023.
CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
11
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