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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02863-00

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02863-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela contra acto administrativo presentada por el señor Jefferson Yate Giraldo, según lo indicado en esta decisión. SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia del señor Jefferson Yate Giraldo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02863-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

7 de julio de 2022

Demandante: Jefferson Yate Giraldo
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-02863-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2022-02863-00
Demandante: JEFFERSON YATE GIRALDO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Temas: Tutela contra acto administrativo y providencia judicial –
Defectos sustantivo y desconocimiento del precedente –
Declara improcedencia y niega amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
el señor Jefferson Yate Giraldo contra el Tribunal Administrativo del Tolima y la
Secretaría de Movilidad de Ibagué.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito presentado el 24 de mayo de 2022 al buzón web del aplicativo de
Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, el
señor Jefferson Yate Giraldo, instauró acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Tolima1 y la Secretaría de Movilidad de Ibagué, con el fin de que
le sean amparados sus derechos fundamentales “al debido proceso, de legalidad, a
la defensa y de acceso a la administración de justicia”.

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales,
con fundamento en el comparendo N.º 593403 del 23 de marzo de 2015, que dio
lugar a que se expidiera la Resolución Sancionatoria N.º 73026115 del 7 de mayo
del mismo año por parte de la Secretaría de Movilidad de Ibagué, ya que a su
juicio se encuentra prescrito tras haber transcurrido más de 3 años, sin que se
hubiese iniciado el proceso coactivo.

3. Asimismo, puso de presente que, con ocasión de la anterior situación, ejerció el
medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o acto
administrativo, con el objeto de que la referida entidad acatara lo dispuesto en el

1
A pesar de que el actor no instauró la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Tolima, muchos de los argumentos obrantes en el libelo introductorio se dirigieron a cuestionar la
providencia proferida por este el 12 de mayo de 2022.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Jefferson Yate Giraldo
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-02863-00

artículo 159 de la Ley 769 de 20022 y, de esa manera, obtener la declaratoria de
prescripción del comparendo y que se retirara dicha anotación “de la base de datos
del SIMIT y demás bases de datos de infractores”, sin embargo, mediante providencia
del 12 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó lo
dispuesto en el fallo de primer grado3, que declaró la improcedencia del
mecanismo, en el marco del proceso que se identificó con el radicado N.º 73001-
33-33-011-2022-00040-01.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:

“Que se amparen mis derechos fundamentales a la legalidad, defensa, debido
proceso y acceso a la justicia y se ordene al organismo de tránsito aplicar la
prescripción del (los) comparendo(s) 593403 y los elimine del SIMIT y de toda
base de datos de infractores”.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

5. El 23 de marzo de 2015, la Secretaría de Movilidad de Ibagué le impuso al
señor Jefferson Yate Giraldo el comparendo N.º 593403, razón por la cual se
expidió la Resolución Sancionatoria N.º 73026115 del 7 de mayo del mismo año.

6. A juicio del accionante, pasaron más de 3 años sin que la entidad iniciara
proceso de cobro coactivo ni le notificara el mandamiento de pago, razón por la
cual elevó petición ante la Secretaría de Movilidad de Ibagué para que declararan
la prescripción4, sin embargo, dicha solicitud fue resuelta de forma desfavorable5.

7. Con ocasión de lo anterior, el actor presentó demanda en ejercicio del medio de
control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de acto
administrativo, la cual fue resuelta en primera instancia por el Juzgado Once
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mediante sentencia de 14 de marzo
de 2022 que declaró la improcedencia.

8. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de fallo de 12 de
mayo de 2022, confirmó la decisión del a quo, tras considerar que:

2
Código de Tránsito Terrestre.
3
Mediante proveído del 14 de marzo de 2022, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de
Ibagué declaró la improcedencia del medio de control, por considerar que no era ese el medio
idóneo para controvertir la legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del proceso de
cobro coactivo que la administración municipal adelanta contra el accionante.
4
En dicha petición (que la denominó “DERECHO DE PETICIÓN”) indicó que, si la respuesta a esta
era negativa, la Secretaría de Movilidad de Ibagué se constituía en renuencia y que ello se
convertía en prueba (requisito de procedibilidad) para poder acudir ante la jurisdicción contenciosa
administrativa en el medio de control de cumplimiento.
5
Mediante auto N.º 00146 de 3 de febrero de 2022, la Secretaría resolvió la petición indicando que
se había proferido mandamiento de pago N.º 1031-02-48126 el 26 de julio de 2016 y notificado el
17 de octubre de 2017, por lo cual se negaba la solicitud de prescripción de la acción de cobro
coactivo.

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“(…) para el fin perseguido por la parte actora resulta improcedente la acción
emprendida pues la acción de cumplimiento está concebida para lograr la
ejecución de deberes que emanan de un mandato imperativo, inobjetable y
claramente expreso que se encuentre contenido en la ley o en un acto
administrativo, y que haya sido omitido por la entidad accionada y, por ende, no
puede utilizarse para debatir la existencia de unos derechos de índole subjetivo,
pues para tal efecto, el Legislador ha previsto otros mecanismos judiciales que,
para el presente asunto, no ser a otro que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través del cual, toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica puede solicitar
que se declare la nulidad del acto particular y que se le restablezca el derecho”.

9. Dicha decisión fue notificada el 19 de mayo de 2022.

1.4. Fundamentos de la vulneración

10. El accionante indicó que frente a la Resolución Sancionatoria N.º 73026115
del 7 de mayo del 2015, habían transcurrido más de 3 años sin que la Secretaría
de Movilidad de Ibagué hubiera iniciado proceso de cobro coactivo ni dictado
mandamiento de pago, por lo cual se cumplían los requisitos para declarar su
prescripción.

11. De igual forma señaló que el Tribunal Administrativo del Tolima desconoció la
siguiente normativa referente a la prescripción del acto administrativo:

• Artículos 159 y 162 del Código Nacional de Tránsito,
• Artículo 100 de la Ley 1437 de 2011.
• Artículos 818 y 826 del Estatuto Tributario.

12. Frente al artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, refirió que en este se
establece el término de prescripción que es de 3 años contados a partir de la
ocurrencia de los hechos.

13. Sobre el artículo 162 ibidem, señaló que si bien el Código Nacional de Tránsito
no menciona nada sobre la prescripción de los cobros coactivos, sí establece la
posibilidad de utilizar la analogía, es decir que para los casos no regulados se
podría acudir a otras normas como las del CPACA.

14. Por lo tanto, el actor acude al artículo 100 del CPACA en el que se consagra
que para los procesos de cobro coactivo se aplicarán normas especiales en caso
de que existan o en su defecto, las del Estatuto Tributario.

15. En la misma línea argumentativa expuso que el artículo 818 del Estatuto
Tributario menciona el tiempo de prescripción del cobro coactivo y el 826
determina el deber del organismo de tránsito de notificar el mandamiento de pago.

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16. Además, advirtió que, en la sentencia de 11 de febrero de 2016 de la Sección
Primera del Consejo de Estado6, quedó muy claro que el cobro coactivo prescribe
a los 3 años de acuerdo con el artículo 818 ibidem.

17. Finalmente, señaló que el Tribunal Administrativo del Tolima no tuvo en cuenta
que él no pretendía que se declarara la nulidad del acto administrativo, sino que
mediante otro se aplicara la figura de la prescripción y por ello el medio de control
idóneo era el de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de acto
administrativo y no el de nulidad y restablecimiento del derecho7.

1.5. Tramite de la acción de tutela

18. Mediante auto de 13 de mayo de 2022, la magistrada ponente admitió la
demanda de tutela y dispuso su notificación al accionante, a los magistrados del
Tribunal Administrativo del Tolima y a la Secretaría de Movilidad de Ibagué, como
autoridades judiciales accionadas.

19. Igualmente, ordenó la vinculación en calidad de terceros con interés jurídico al
Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, como autoridad que
resolvió la primera instancia del medio de control de cumplimiento; a la Federación
Colombiana de Municipios, como entidad administradora del Sistema Integrado de
Información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT y al
Ministerio de Transporte, para que, si lo consideraban del caso intervinieran en la
presente acción.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué

20. Mediante documento remitido el 16 de junio de 2022, el juez que profirió el
fallo de primera instancia, afirmó que las decisiones tomadas al interior del medio
de control fueron adoptadas conforme a la normatividad vigente y el precedente
jurisprudencial aplicable, por lo que no se evidenciaba la vulneración de los
derechos fundamentales del actor.

21. Por consiguiente, solicitó “denegar por improcedente la acción de tutela”.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Tolima

22. A través de escrito enviado el 23 de junio de 2022, el magistrado ponente de la
decisión de segunda instancia, se opuso a las pretensiones del mecanismo

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, Sentencia 11.02.16, Rad. 11001-03-15-000-2015-03248-00.
7
A pesar de que el accionante no identificó los posibles defectos en los que incurrió el Tribunal
Administrativo del Tolima, esta Sala identifica en su argumentación los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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constitucional, en atención a que carecían de fundamentos fácticos y jurídicos,
pues solo estaba siendo utilizado como una tercera instancia.

23. Argumentó que no incurrió en defecto sustantivo ni por desconocimiento del
precedente, en tanto que, “(…) aplicó el criterio del Consejo de Estado vigente en
materia de improcedencia de la acción de cumplimiento cuando se está debatiendo el
reconocimiento de derechos de carácter subjetivo, tal como lo pretendía el aquí
accionante, ya que para ese efecto el Legislador ha previsto otros mecanismos judiciales
que, en ese asunto específico, no era otro que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho”.

24. Por lo tanto, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción.

25. Pese a que la Secretaría de Movilidad de Ibagué, la Federación
Colombiana de Municipios y el Ministerio de Transporte fueron notificados en
debida forma, guardaron silencio8.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

26. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor Jefferson Yate Giraldo, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

27. Lo anterior, por cuanto una de las autoridades contra las que se dirige la
acción de tutela es el Tribunal Administrativo del Tolima y, en tal sentido, debe
aplicarse el numeral 5° de la referida norma, por ser esta Corporación el superior
funcional.

2.3. Problema jurídico

28. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• En primer lugar, se determinará si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos de procedencia que hagan pertinente el análisis de fondo.
• Solo en el evento de superar tales requisitos, se determinará si ¿en la
Resolución Sancionatoria N.º 73026115 del 7 de mayo del 2015 se
configuró la prescripción por haber pasado más de 3 años desde su
imposición sin la apertura del proceso coactivo?
• ¿El Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en los defectos sustantivo y
por desconocimiento del precedente, al declarar la improcedencia del medio
de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o acto
administrativo?

8
Índice 7 de SAMAI.

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Demandante: Jefferson Yate Giraldo
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-02863-00

29. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad; (iii) de las
generalidades de los defectos alegados; y (iv) caso concreto.

2.4. Razones jurídicas de la decisión

2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

30. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
20129, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas
sobre el tema10. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada
Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales11. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué
parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente
se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

31. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201412, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200513, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la
tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

32. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia14 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.

33. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad
adjetiva, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de
tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez.

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de
2012, Expediente No. 2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”
12
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14
Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.

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34. Después de ello, sería posible realizar el estudio de la procedibilidad
sustantiva, a través de los posibles errores específicos en que podría incurrir una
providencia judicial. Estos últimos, según la doctrina fijada en la sentencia C-590
de 2005, y acogida por esta Sección15.

35. De esta manera, la acción de tutela será procedente una vez verificada i) la
ocurrencia de los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales16; ii) la configuración de alguno de los requisitos específicos
siempre y cuando hayan sido alegados por el interesado; y que iii) el vicio o
defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de
derechos fundamentales17.

2.4.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.2.1. Relevancia constitucional

36. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra
plenamente superado, por cuanto al realizar el test de procedibilidad de la acción
de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones,
la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la
garantía de sus derechos fundamentales, al debido proceso, a la legalidad, a la
defensa y de acceso a la administración de justicia, porque el Tribunal
Administrativo del Tolima mediante sentencia de 12 de mayo de 2022 confirmó lo
dispuesto en el fallo de primer grado, que declaró la improcedencia del
mecanismo, en el marco del proceso de cumplimiento que se identificó con el
radicado N.º 73001-33-33-011-2022-00040-01.

37. En vista de lo anterior, las garantías constitucionales en mención subyacen en
el sublite, por tener un rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo
29 de la Carta, lo que implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.

38. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de
tal manera que al existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de
sus garantías constitucionales ante el juez contencioso administrativo, natural de
la causa ordinaria, quien tenía igualmente la obligación de constituirse en
preservador de los derechos fundamentales asumiendo el rol de juez de
constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al juez de tutela
quien deberá realizar el análisis del caso a la luz de los postulados del Estado
Social de Derecho, salvaguardando la dignidad humana.

39. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su

15
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Expediente No. 2016-
02213-01.
16
Sentencia T-309 de 2005.
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.

2.4.2.2. Tutela contra decisión de tutela

40. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que
no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues, por un
lado, se dirige contra la providencia de 12 de mayo de 2022 proferida al interior del
medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o acto
administrativo, identificado con el radicado N.º 73001-33-33-011-2022-00040-01.

2.4.2.3. Subsidiariedad

41. La Sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la
acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º
del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

42. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a
estos y no a la tutela.

43. En atención a que la acción de tutela se encuentra dirigida contra providencia
judicial y acto administrativo, esta Sala separará el estudio de este requisito.

44. En relación con la Resolución Sancionatoria N.º 73026115 del 7 de mayo de
2015 proferida por la Secretaría de Movilidad de Ibagué, el señor Yate Giraldo
consideró que procedía la prescripción del comparendo, teniendo en cuenta que
transcurrieron 3 años sin que se iniciara el proceso de cobro coactivo ni se
notificara el mandamiento de pago.

45. En virtud de lo anterior, debe recordarse que la Corte Constitucional en su
jurisprudencia ha indicado que por regla general “(…) la acción de tutela no procede
para controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos, en razón a que, la
naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo constitucional impone al ciudadano la
carga razonable de acudir previamente, a través de los respectivos medios de control,
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de solucionar los conflictos
con la Administración y proteger los derechos de las personas”.

46. Dado que lo que pretende el actor es que “(…) se ordene al organismo de tránsito
aplicar la prescripción del (los) comparendo(s) 593403 y los elimine del SIMIT y de toda
base de datos de infractores”, es claro que se cuestiona la Resolución Sancionatoria
N.º 73026115 del 7 de mayo de 2015, la cual debe ser estudiada al interior del
medio de control idóneo.

47. De igual forma, debe advertirse que los fundamentos dirigidos a afirmar la
configuración o no de la prescripción, debe ser objeto de análisis del juez

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contencioso administrativo y no del juez constitucional. Por lo tanto, el medio
idóneo para resolver sobre la controversia es la nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA.

48. La acción de tutela por su parte, no es el mecanismo adecuado para llevar a
cabo la discusión, sin embargo, la jurisprudencia ha considerado su viabilidad en
tutelas contra actos administrativos, siempre y cuando se acredite la ocurrencia de
un perjuicio irremediable.

49. No obstante, del libelo introductorio, no es posible advertir la presencia de
este, pese a que el actor puso de presente que no tenía los recursos económicos
para pagar los honorarios de un abogado ni tiempo para esperar la decisión de la
jurisdicción contenciosa administrativa, pues mientras esto último ocurría le podían
embargar sus bienes por no cancelar el comparendo impuesto.

50. Frente a ello, debe indicarse que el señor Yate Giraldo puede acercarse a la
Defensoría del Pueblo, para que su causa pueda ser presentada y representada
ante la instancia correspondiente.

51. En consecuencia, no se advierte la presencia de un perjuicio irremediable en el
caso concreto que permita la flexibilización del requisito de procedibilidad adjetivo
de subsidiariedad y, por ende, el conocimiento del juez de tutela del asunto.

52. Por otro lado, en lo que respecta a la tutela contra providencia judicial, este
requisito se encuentra superado, pues la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Tolima que se cuestiona en sede de tutela puso fin al medio de
control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o acto
administrativo, identificado con radicado N.º 73001-33-33-011-2022-00040-01 y
frente a tal providencia no procede recurso ordinario alguno.

53. Tampoco los extraordinarios, pues los motivos que sustentan esta solicitud de
amparo no se enmarcan en las causales que hacen procedente el recurso
extraordinario de revisión ni el de unificación de jurisprudencia.

54. Por lo tanto, en lo sucesivo se estudiará solamente lo relativo a la providencia
del 12 de mayo de 2022.

2.4.2.4. Inmediatez

55. No se advierte reproche alguno frente a este requisito, puesto que la
providencia del Tribunal Administrativo del Tolima fue proferida el 12 de mayo de
2022 y notificada el 19 siguiente. Mientras que la solicitud de tutela fue presentada
el 24 de mayo de 2022, es decir menos de 6 meses, tiempo que esta Sala ha
considerado razonable para uso de este mecanismo excepcional18, con ocasión de
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200519.

18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.09.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
19
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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56. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados,
motivo por el cual se realizará el estudio del caso concreto.

2.5. De las generalidades del defecto sustantivo

57. Acerca del defecto sustantivo, en reiteradas ocasiones la Corte
Constitucional20, ha sentado criterios para el reconocimiento de este, delimitando
su aparición cuando las autoridades judiciales entran a desconocer las
disposiciones de rango legal o infralegal aplicadas a un determinado caso.
Específicamente, una providencia adolece de un defecto sustantivo cuando la
autoridad jurisdiccional:

“(i) aplica una disposición en el caso, que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de
hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del
caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -
interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se
aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación
suficiente; (v) omite motivar su decisión o la motiva de manera insuficiente; o (vi)
se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por
alguna de las partes en el proceso21” (negrilla propia).

58. Es importante recalcar que la interpretación del juez de tutela se circunscribe a
evitar la arbitrariedad que se presenta, cuando sin motivación alguna, el juez de
conocimiento decide en los términos expuestos en líneas atrás.

59. Desde esta óptica, quien alegue que una providencia ha incurrido en defecto
sustantivo o material susceptible de tutela no puede limitarse a expresar su parecer
sobre la norma que debe ser aplicada, o sobre el significado y el sentido que a ella
deba dársele, pues tiene la carga de demostrar la arbitrariedad en que ha incurrido la
sentencia que ataca.

60. Ya sea indicando de manera contundente la razón por la cual tal providencia se
funda en norma indiscutiblemente aplicable al caso concreto, o poniendo de presente
la sentencia con efecto erga omnes que definió el alcance de la norma aplicable de
manera distinta a como lo hace la sentencia cuestionada; o detallando las
disposiciones que fueron desatendidas y que eran necesarias para efectuar una
interpretación sistemática; o exponiendo de manera inobjetable las razones por las
cuales la norma indiscutiblemente pertinente fue inobservada y por ende inaplicada,
o finalmente, los efectos que el legislador expresamente ha dado a la norma y que
son distintos a la situación fáctica planteada22.

20
Entre ellas la Sentencia T-781 de 2011.
21
Sentencia SU-635 de 2015.
22
Sentencia T-781 de 2011.

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2.6. Generalidades del desconocimiento del precedente

61. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta
Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un
número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente
las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la
Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

62. Sin embargo, resulta necesario advertir que “(…) debe aceptarse que no todas
las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla,
pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin
una actividad creadora del juez23”.

2.7. Caso concreto

63. El señor Yate Giraldo mencionó que la providencia proferida el 12 de mayo de
2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima había incurrido en los defectos
sustantivo y por desconocimiento del precedente.

64. Frente al primer defecto expresó que la autoridad judicial accionada no tuvo
presente la normativa consagrada en los artículos 159 y 162 del Código Nacional
de Tránsito, 100 de la ley 1437 de 2011 y 818 y 826 del Estatuto Tributario, que
justificaban la interposición del medio de control de cumplimiento de normas con
fuerza material de ley o de acto administrativo y no el de nulidad y
restablecimiento del derecho.

65. Lo anterior en atención a que, sus pretensiones no iban encaminadas a que se
declarara la nulidad del acto administrativo, sino que mediante otro se aplicara la
figura de la prescripción a la Resolución Sancionatoria N.º 73026115 del 7 de
mayo de 2015.

66. Por su parte, el desconocimiento del precedente estuvo fundado en la
sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado de 11 de febrero de 2016
en la que señaló que: “(…) el artículo 159 de la Ley 769 de 2002 no alude al transcurso
del tiempo de inactividad de la autoridad una vez se dicte mandamiento de pago, deber
acudirse a lo dispuesto en el Estatuto Tributario, en atención a lo dispuesto por el artículo
5º de la Ley 1066 de 2006, que en el artículo 818 sí establece que el término interrumpido
con el mandamiento de pago empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la
notificación del mismo24”.

67. La decisión enjuiciada confirmó la improcedencia del medio de control
declarada por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, esto
en atención a que la acción de cumplimiento no era idónea para resolver la
controversia planteada.

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, Sentencia 19.02.15, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, Sentencia 11.02.16, Rad. 11001-03-15-000-2015-03248-00.

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68. En aquella instancia, el tribunal adujo que “(…) para el fin que persigue la parte
actora el medio de control escogido se torna improcedente, pues esta acción fue
concebida para lograr la ejecución de deberes que emanan de un mandato imperativo,
inobjetable y claramente expreso, contenido en la ley o en un acto administrativo, y que
haya sido omitido por la entidad accionada, por lo tanto esta acción no conlleva un debate
para debatir la existencia o inexistencia de derechos de índole subjetivo”.

69. Antes de resolver sobre el asunto es importante exponer que el medio de
control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de acto
administrativo se encuentra consagrado en el artículo 87 de la Constitución
Política y desarrollado por la Ley 393 de 1997.

70. En particular en su artículo 9º determina que este “no procederá para la
protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En
estos eventos, el Juez le dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de
Tutela. Tampoco procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o Acto Administrativo, salvo, que
de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante”.
(Subrayado propio)

71. La Sección Quinta del Consejo de Estado ha indicado que para que la acción
prospere, deben cumplirse los siguientes requisitos:

“(i) Que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas
con fuerza de ley o en actos administrativos;

(ii) Que el mandato, la orden, el deber, la obligatoriedad o la imposición esté
contemplada en forma precisa, clara y actual;

(iii) Que la norma esté vigente;

(iv) Que el deber jurídico esté en cabeza del accionado;

(v) Que se acredite que la autoridad o el particular en ejercicio de funciones
públicas fue constituido en renuencia frente al cumplimiento de la norma o acto
administrativo cuyo acatamiento pretende la demanda y,

(vi) Que, en tratándose de actos administrativos, no haya otro instrumento judicial
para lograr su efectivo cumplimiento25”.

72. Así las cosas, se tiene que el juez competente para resolver el medio de
control referido, debe antes de estudiar el fondo del asunto, evaluar los requisitos
de procedibilidad para determinar su procedencia.

73. Es por ello que, el Tribunal Administrativo del Tolima, previo a resolver la
controversia planteada por el señor Yate Galindo, encontró que la acción de
cumplimiento no era el medio idóneo para reclamar la configuración de la
prescripción en el acto administrativo o en el proceso de cobro coactivo.

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, sentencia 30.08.17, Rad. 11001-03-42-056-2017-00131-01.

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74. Por el contrario, indicó que el medio de control correcto para dictaminar sobre
discusión era la nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo
138 del CPACA. Además como parte de su fundamento mencionó que:

“(…) la acción de cumplimiento, al igual que la acción de tutela, es un mecanismo
de carácter subsidiario y residual cuyo uso solo procede cuando no exista otro
mecanismo de defensa judicial para conseguir que la autoridad cumpla con el
deber omitido y así preservar el orden jurídico.

En torno a este tema, la Corte Constitucional precisó:

“La acción de cumplimiento entonces, está encaminada a la ejecución de deberes
que emanan de un mandato, contenido en la ley o en un acto administrativo,
imperativo, inobjetable y expreso y no al reconocimiento por parte de la
administración de garantías particulares, o el debate, en sede judicial, del
contenido y alcance de algunos derechos que el particular espera que se le
reconozcan. Tampoco es un mecanismo para esclarecer simplemente el sentido
que debe dársele a ciertas disposiciones legales, pues a pesar de la legitimidad
que asiste a quien promueve todas estas causas, la acción de cumplimiento no
resulta ser el medio idóneo para abrir controversias interpretativas lo cual no obsta,
claro está, para que con el fin de exigir el cumplimiento de un deber omitido, el
contenido y los alcances del mismo sean ineludiblemente interpretados.

(…) Así pues, el objeto de la acción de cumplimiento no es el reconocimiento de
derechos particulares en disputa, ni el cumplimiento general de las leyes y actos
administrativos. Dicha acción no consagra un derecho a la ejecución general e
indiscriminada de todas las normas de rango inferior a la Constitución ni un
derecho abstracto al cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico. Su objeto fue
especificado por el propio constituyente: asegurar el “cumplimiento de un deber
omitido” contenido en “una ley o acto administrativo” (artículo 87 C.P.) que la
autoridad competente se niega a ejecutar26”.

75. En consecuencia, se evidencia que la autoridad judicial accionada cumplió con
el procedimiento dictado en la ley para el estudio de las acciones de cumplimiento
y la aplicó de forma adecuada.

76. Además, se determina que los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente planteados por el accionante no se encuentran configurados, en tanto,
el tribunal al no hallar superado uno de los requisitos de procedibilidad de la
acción, no podía evaluar el fondo del asunto. Así, no puede ser exigible la
aplicación de dichos argumentos en el sentido del fallo del medio de control.

2.8. Conclusión

77. Así las cosas, la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos
sustantivo ni por desconocimiento del precedente y, en ese sentido, no vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la
administración de justicia del señor Yate Giraldo, pues profirió su decisión de
acuerdo con la normativa vigente y aplicable al caso concreto encontrando que no
era procedente la acción de cumplimiento y por el contrario, sí lo era el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

26
Corte Constitucional, Sentencia T-1064 de 2007.

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78. En ese contexto, esta Sala de Decisión negará el amparo deprecado en la
presente acción de tutela.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela contra acto
administrativo presentada por el señor Jefferson Yate Giraldo, según lo indicado
en esta decisión.

SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
a la defensa y de acceso a la administración de justicia del señor Jefferson Yate
Giraldo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Aclara voto

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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