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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03480-00

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03480-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Luis Felipe Cano Casas. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991 TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual *" Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ! Demandante: Luis Felipe Cano Casas Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Decisión y otro Radicación: 11001-03-15-000-2022-03480-00 revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03480-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

28 de julio de 2022

!
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Decisión
y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03480-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03480-00
Demandante: LUIS FELIPE CANO CASAS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA
TERCERA DE DECISIÓN Y OTRO

TEMA: Tutela contra providencia judicial – Desconocimiento del
precedente – Niega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Luis Felipe
Cano Casas, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 29 de junio de 2022, el señor Luis Felipe Cano Casas, en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Juzgado Treinta y Cuatro (34) Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Decisión, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a
la “seguridad jurídica y debido proceso”.

Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas con las
sentencias de primera y segunda instancia proferidas por las autoridades judiciales
en mención que negaron por improcedente las pretensiones de la acción de
cumplimiento interpuesta en contra del municipio de Santa Fe de Antioquia –
Secretaría de Movilidad. Proceso que se identificó con el radicado N.º 05001-33-
33-034-2022- 00202-01.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:

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Demandante: Luis Felipe Cano Casas
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Decisión
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03480-00

• El 7 de abril de 2022 el actor solicitó1 a la Secretaría de Movilidad del municipio
de Santa Fe de Antioquia la prescripción del comparendo N.º
99999999000002293926 de fecha 13 de diciembre de 2015, por el cual se configuró
la multa de tránsito N.º 691 de 15 de diciembre 2015, cuyo cobro coactivo
correspondió al N.º 1113 de 03 de agosto de 2018.

• El 18 de abril de 2022, el mencionado organismo le respondió de manera
desfavorable en el sentido de advertirle al señor Cano Casas que, según los
artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario, no había operado la prescripción, porque
no habían trascurrido los cinco (5) años que contempla la norma para que opere el
referido fenómeno jurídico, máxime si se tiene en cuenta que el mandamiento de
pago se expidió el “21 de agosto de 20192”.

• Ante tal negativa, el 23 de abril de 2022 presentó un nuevo escrito, con el fin de
constituir en renuencia al ente en cuestión, “Previo a la Demanda Constitucional de
Acción de Cumplimiento”.

• Constituida la renuencia, el 17 de mayo de 2022 el referido ciudadano presentó
acción de cumplimiento identificada con el radicado N.º 05001-33-33-034-2022-
00202-01 en donde hizo especial énfasis en que la prescripción en su caso no era
de cinco (5) años, sino de tres (3) años, con fundamento en el artículo 159 de la Ley
769 de 2002.

• El 8 de junio de 2022 el Juzgado Treinta y Cuatro (34) Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín negó las pretensiones de la demanda, al considerar
que la acción no era procedente, comoquiera que (i) “el accionante cuenta a la fecha
con la posibilidad latente de emplear otros mecanismos de defensa judiciales ordinarios,
como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (…)3”.

• Además, porque (ii) “aun si en gracia de discusión se obviara el carácter subsidiario
ya analizado como incumplido, la conclusión igualmente a la que se arriba es la de
igualmente no acceder a lo pretendido (…) -ya que- el asunto materia de discusión, es un
conflicto interpretativo sobre el contenido y alcance de previsiones legales y la fuente formal
aplicable, es decir de carácter hermenéutico, evento en el que la acción de cumplimiento,
acorde con la jurisprudencia trascrita acápites atrás, se tornaría igualmente la acción en
improcedente, al margen de la subsidiariedad, en la medida que no sería el escenario para
declarar el derecho en discusión por controversia entre las normas aplicables”.

• El 24 de junio de 2022 el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de
Decisión confirmó el fallo de primer grado, con los mismos argumentos expuestos
por el a quo, en cuanto al incumplimiento del requisito de la subsidiariedad (artículo
9º de la Ley 393 de 1997), “toda vez que las decisiones que se profieren en dicho trámite
"
1
El fundamento normativo de la petición fue el siguiente: “me dirijo a esa Entidad, para los efectos
del Inciso 2º del Artículo 206 del Decreto Ley 019 de 2012 que modificó el Artículo 159 de la Ley 769
de 2002 “Código Nacional de Transito” para que, OFICIOSAMENTE declare la PRESCRIPCION del
comparendo y multas que me fuera impuesto con ocasión de Infracción de Tránsito según Orden de
Comparendo N. 99999999000002293926 de fecha 13 de Diciembre de 2015 (…)”.
2
Se destaca que en el trámite de la acción de cumplimiento se constató que la Resolución “por medio
de la cual se libra un mandamiento de pago” es de fecha de 3 de agosto de 2018 (Resolución No.
1113).
3
Según lo dispuesto en el “inciso segundo del artículo 9º de Ley 393 de 1997”.!

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y otro
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-cobro coactivo- son susceptibles de control jurisdiccional por parte del juez de lo
contencioso administrativo”.

• La providencia de segunda instancia fue notificada a las partes el 24 de junio de
2022 y la solicitud de tutela se radicó el 29 de junio de 2022.

1.3. Fundamentos de la solicitud

Si bien el tutelante no hizo énfasis en la configuración de algún defecto en
específico, de su escrito se infiere que en este caso las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en el desconocimiento del precedente, al desatender la
jurisprudencia del Consejo de Estado, plasmada en el fallo de tutela de fecha 11 de
febrero de 2016, proferido al interior del expediente 11001-03-15-000-2015-03248-
00.

Precisó que en esa providencia se concluyó que el Tribunal Administrativo de
Santander4 implementó en debida forma el artículo 159 de la Ley 769 de 2002, al
establecer que el término de prescripción en el trámite de cobro coactivo de multas
de tránsito era de tres (3) años.

En la sentencia constitucional, el juez de tutela expuso lo siguiente:

“no se advierte una aplicación errónea de las normas vigentes relativas al cobro
coactivo de la multas de tránsito, puesto que los argumentos expuestos dan cuenta
de una interpretación adecuada y ajustada a derecho, por lo que no puede predicarse
que la decisión esté afectada por una indebida aplicación de las disposiciones o que
el alcance dado a las mismas hubiera sido arbitrario o caprichoso por parte del Ad
quem. Por el contrario, la sentencia contiene un análisis ajustado a los presupuestos
de la lógica y de la sana crítica”.

Destacó que adelantar un “proceso largo NULIDAD Y REESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO” lo dejaría en un “alto grado de INDEFENSION ya que soy un campesino y
solo gano salario para sostenerme a mi y mi grupo familiar lo mas grave es que EL
TRIBUNAL Y EL JUZGADO” (sic a toda la cita).

1.4. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“1. REVOCAR SENTENCIAS DE LOS JUECES HORIZONTALES ACCIONADOS.

2. TUTELAR DERECHO AL DEBIDO PROCESO

3. AMPARAR EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA PREVISTO EN LA LEY 769 DE
2002 ARTICULO 159 COMO NORMA ESPECIAL COMO ESTA EN LA LEY 1437
DE 2011 ARTICULO 100 NUMERAL 1. Y DESARROLLADO POR LOS
HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO (11001-0315000-
2015-03248-00)” (Negritas y mayúsculas sostenidas del texto original y sic a
toda la cita)

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4
Autoridad judicial accionada en ese asunto.!

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1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 11 de julio de 2022 se admitió la acción de tutela y ordenó notificar
al demandante, y al Juzgado Treinta y Cuatro (34) Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín y al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Decisión, en calidad de accionados, para lo cual les otorgó el término de dos (2)
días para que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de
1991.

Como tercero con interés, se vinculó al municipio de Santa Fe de Antioquia –
Secretaría de Movilidad [parte demandada en el proceso 05001-33-33-034-2022-00202-
00/01]; para que, si lo consideraba del caso, interviniera en la presente acción dentro
del término de dos (2) días contados a partir de la fecha del recibo de la
correspondiente notificación.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la Corporación, con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.

1.6. Intervenciones

Librados los oficios correspondientes, se presentaron los siguientes
pronunciamientos:

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, a
través de la magistrada instructora, luego de recordar el argumento por medio del
cual se declaró improcedente la acción de cumplimiento -subsidiariedad-, solicitó
negar el mecanismo constitucional, porque lo pretendido por el accionante es
convertir la tutela en una tercera instancia, “para que le sea (sic) resueltas de manera
favorable las pretensiones que ya fueron objeto de decisión judicial”.

1.6.2. El Juzgado Treinta y Cuatro (34) Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Medellín por intermedio del funcionario a cargo, requirió no acceder a las
pretensiones de este mecanismo constitucional, comoquiera que no se acreditó una
causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Luis Felipe Cano Casas, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

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En primer lugar, esta Colegiatura advierte que el estudio de esta acción se limitará
a la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera
de Decisión, por ser la decisión que puso fin al proceso.
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales aludidos por la parte accionante, los cuales consideró vulnerados
con ocasión de la providencia de 24 de junio de 2022 que confirmó la decisión que
negó las pretensiones de la acción de cumplimiento, al establecer que el mecanismo
era improcedente.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
análisis de los requisitos adjetivos de procedibilidad; (iii) la generalidad del defecto
alegado y; (iv) el examen del caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Para la Sala, el caso objeto de estudio está revestido de relevancia
constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela
en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga

"
5
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicitó la protección de
sus derechos fundamentales a la “seguridad jurídica y debido proceso”.

De acuerdo con lo anterior, en el asunto concreto, se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los
derechos fundamentales alegados por la parte actora, comoquiera que se alega que
se incurrió en el defecto consistente en el desconocimiento del precedente, por lo
que se advierte que trasciende de un estudio de lo meramente legal.

2.4.2. Por otro lado, se establece que, la acción de tutela de la referencia no se
dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que, la providencia
judicial que se controvierte fue proferida en el marco de una acción de cumplimiento.

2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez es preciso señalar que, la providencia
censurada de segunda instancia fue proferida el 24 de junio de 2022, notificada el
mismo día, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 29 de junio de 2022,
de manera que, sin que sea necesario determinar la fecha en que cobró ejecutoria,
ha transcurrido un término que a juicio de la Sala es razonable.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20149, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200510, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales
y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.4.4. Frente al agotamiento de los medios de defensa judicial, se advierte que
la parte actora no dispone de otros medios de defensa judicial, ordinarios o
extraordinarios, para censurar la providencia de segunda instancia al interior de una
acción de cumplimiento, que presuntamente atenta sus derechos fundamentales.

Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis del defecto por
desconocimiento del precedente, al encontrar acreditados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.5. Generalidades del defecto alegado

Respecto al desconocimiento del precedente, resulta importante precisar la
posición de la Sala sobre el concepto de precedente, el cual se sintetiza en los
siguientes términos:

“(…) es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
"
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.”

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debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en
sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido
(…)”.11

Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos12 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente
las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la
Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre en determinada
materia, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones
asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de igualdad y
seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento jurídico.

2.6. Caso concreto

2.6.1. Como viene de explicarse, el accionante busca dejar sin efecto la providencia
que confirmó la decisión proferida en primera instancia que resolvió negar la acción
de cumplimiento por improcedente, porque tal determinación, a su juicio, vulneró
sus derechos fundamentales ante la posible configuración del defecto consistente
en el desconocimiento del precedente.

En efecto, el tutelante expuso que se desatendió la jurisprudencia del Consejo de
Estado plasmada en el fallo de tutela de fecha 11 de febrero de 2016, proferido al
interior del expediente 11001-0315000-2015-03248-00.

Precisó que en esa providencia se concluyó que el Tribunal Administrativo de
Santander13 implementó en debida forma el artículo 159 de la Ley 769 de 2002, al
establecer que el término de prescripción en el trámite de cobro coactivo de multas
de tránsito era de tres (3) años.

No obstante, se destaca que, según el criterio mayoritario de esta Colegiatura, tal
providencia no se considera precedente, ya que este proveído fue proferido en el
marco de una acción de tutela, es decir, no proviene de la Sala Plena del Alto
Tribunal constitucional, por tanto, a lo sumo se entiende como un criterio auxiliar.

2.6.2. Ahora, en este punto resulta pertinente precisar que esta Sala, en sede de
tutela, ya se ha referido a la problemática que hoy nos ocupa, en el sentido de
establecer que al interior de la “acción de cumplimiento no es posible asumir el estudio
de la alegada infracción de las normas invocadas en la demanda (…) -comoquiera- que

"
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
12
Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.!
13
Autoridad judicial accionada en ese asunto.!

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el propósito específico de la acción de cumplimiento es la eficacia material de las normas
con fuerza material de ley y de los actos administrativos”, según lo dispuesto en el
artículo 87 de la Constitución y en la Ley 393 de 1997.

En la providencia en mención, esta Colegiatura consideró lo siguiente14:

“No obstante, tal como lo resaltó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, el señor Arquímedes Olaya Saavedra contó con los recursos
procedentes en vía administrativa para atacar el mandamiento de pago y,
eventualmente, al despacharse de manera desfavorable, reprochar la decisión
de seguir adelante con la ejecución en sede judicial a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho; razón más que suficiente para
entender que la providencia de 30 de agosto de 2021 se encuentra ajustada a
derecho, comoquiera que en sede de la acción de cumplimiento no es posible
asumir el estudio de la alegada infracción de las normas invocadas en la
demanda.

En este punto del análisis, es preciso iterar que según lo dispuesto en el artículo 87
de la Constitución y en la Ley 393 de 1997, el propósito específico de la acción de
cumplimiento es la eficacia material de las normas con fuerza material de ley y de los
actos administrativos.

Ahora, tal como lo manifestó el tribunal censurado, según lo dispuesto en el artículo
9º de la Ley 393 de 1997, la acción de cumplimiento no procederá “(…) cuando el
afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo
cumplimiento de (la norma o) acto administrativo (…)”. (Énfasis propio)

La única excepción establecida por la citada norma es que de no proceder el juez, se
siga un perjuicio grave e inminente para el accionante, lo cual en este caso no fue
demostrado por el señor Arquímedes laya Saavedra, como consta en la sentencia de
30 de agosto de 2021, así como en el escrito tutelar y de las pruebas allegadas al
proceso.

(…).” (énfasis de la Sala de tutela)15

Criterio que también se ha expuesto en acciones de cumplimiento, así16:

“La citada actuación culmina con la expedición de un acto que adopta la decisión y
determina la sanción que finalmente es impuesta al contraventor, cuya firmeza le
permite al organismo de tránsito la ejecución posterior para hacer efectiva la multa.

En este orden de ideas, la Sala comparte la conclusión a la que llegó el Tribunal
Administrativo del Cesar, según la cual el actor contaba con otro mecanismo
ordinario de defensa judicial para la eficacia de las normas invocadas en
ejercicio de la acción.

Contra el acto que puso fin al proceso contravencional e impuso la sanción
procedía el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de
"
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de octubre de 2021,
expediente con radicado 11001-03-15-000-2021-06721-00(AC), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
15
Ver en este mismo sentido Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia
de 21 de junio de 2018, expediente con radicado 11001-03-15-000-2018-00142-01(AC), M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez;! providencia de 14 de octubre de 2021, expediente con radicado
11001-11001-03-15-000-2022-06332-00 (AC), M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y fallo de 7 de
julio de 2022, expediente con radicado 11001-11001-03-15-000-2022-02863-00 (AC), M.P. Rocío
Araújo Oñate.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 15 de julio de 2021,
expediente con radicado 20001-23-33-000-2020-00450-01(ACU), M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio.

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Demandante: Luis Felipe Cano Casas
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Decisión
y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03480-00

acuerdo con lo previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

En ejercicio de este medio ordinario de defensa judicial, el demandante tenía la
posibilidad de plantear la alegada prescripción de la sanción y la presunta
pérdida de fuerza ejecutoria del acto, que incluyó como pretensiones en esta
acción constitucional.

También tenía la alternativa de exponer la presunta vulneración de los derechos
fundamentales como el debido proceso, de defensa y contradicción, entre otros, que
a juicio del actor le impidieron tener conocimiento, intervenir en el trámite
contravencional y enterarse de las decisiones.” (énfasis de la Sala de tutela)

Por lo anterior, esta Colegataria negará la solicitud de amparo presentada por el
señor Cano Casas, donde cabe destacar que no es de recibo el argumento referido
a que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es el medio idóneo
para lograr la protección de sus garantías fundamentales por cuanto su resolución
tardaría y lo dejaría en estado de indefensión; ya que tal afirmación no demuestra
per se, la existencia de un perjuicio irremediable en el asunto sub lite.

Es decir, a partir de dichos señalamientos no se advierte una violación protuberante
que permita establecer de plano que la decisión de 24 de junio de 2022 vulneró sus
derechos, ni mucho menos que se haya desatendido algún precedente
jurisprudencial.

2.7. Conclusión

En consecuencia, ante la ausencia de una vulneración palmaria, se desvirtúa la
urgencia alegada por el accionante, con fundamento en la cual pretende que el juez
de tutela deje sin efectos la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia - Sala Tercera de Decisión, máxime cuando esta se encuentra ajustada a
derecho.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Luis Felipe Cano Casas.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991

TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual

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Demandante: Luis Felipe Cano Casas
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Decisión
y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03480-00

revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”

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