Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02894-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02894-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02894-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
8 de septiembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02894-01
Demandante: Gladys Díaz Otero y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02894-01
Demandante: GLADYS DÍAZ OTERO Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO –SECCIÓN SEGUNDA
Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DESCUENTOS PARA
SALUD MESADA ADICIONAL DOCENTES – FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia del 15 de julio de 2022, dictada por la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La señora Gladys Díaz Otero y otras 563 personas, mediante apoderado judicial,
ejercieron acción de tutela contra la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de buena fe,
seguridad jurídica y progresividad en materia laboral respecto del principio de
legalidad. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
“2.3. Tutelar a los accionantes los siguientes derechos fundamentales: (i) el derecho
a participar en las decisiones que los afectan “para que puedan propugnar por la
integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos individuales, de
grupo o colectivos”; (ii) el debido proceso (DEFENSA, CONTRADICCIÓN, ACCESO
A LA JUSTICIA; CELERIDAD Y EICACIA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL), en relación
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Demandante: Gladys Díaz Otero y otros
con la igualdad ante la ley; (iii) los derechos adquiridos, el derecho a la justicia, los
principios de buena fe, seguridad jurídica y progresividad en materia laboral respecto
del principio de legalidad.
2.4. Declarar la nulidad de la sentencia de Unificación CE-SUJ-024-21, creada el 03
de junio de 2021, con ponencia del Consejero WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ.
2.5. Ordenar la acumulación del proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO 66001-33-33-000-2015-00309-01- Número Interno: 0632-2018, donde se
produjo la Unificación CE-SUJ-024-21, creada el 03 de junio de 2021 con ponencia
del Consejero WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, con la ACCIÓN DE GRUPO número
11001333501520170014801 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
SECCIÓN PRIMERA- SUBSECCIÓN “B”, con ponencia del doctor ÓSCAR
ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS, siendo demandantes: GLADYS DIAZ OTERO Y
OTROS y siendo demandada la NACION- MEN- FOMAG, donde se reclama una
indemnización por los perjuicios causados al grupo de pensionados afiliados al
“FOMAG” con los descuentos realizados a las mesadas adicionales de junio y
diciembre, con destino a costear el servicio de salud.
2.6. Ordenar a la Sección Segunda del Consejo de Estado proferir una sentencia que
reemplace la Sentencia de Unificación CE-SUJ-024-21, creada el 03 de junio de
2021, aplicando los criterios y orientaciones que disponga el juez constitucional.
2.7. Ordenar al accionado que demuestre ante el juez constitucional el cumplimiento
de lo que disponga la sentencia de tutela.”
2. Hechos:
De la demanda de tutela se indican como hechos relevantes los siguientes:
Los actores son pensionados que ocuparon cargos como directivos, docentes
estatales o beneficiarios de estos, y se encuentran afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG.
Afirman que en varias ocasiones se les han realizado descuentos por salud respecto
de las mesadas adicionales de junio y diciembre, razón por la cual, a la fecha, en
su mayoría, participan de una acción de grupo que se tramita ante la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo el radicado 11001-33-
35-015-2017-00148-01, en la que discuten la legalidad del descuento del 12% en
las mesadas adicionales.
Indicaron que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación del 3 de junio de 2021 (CE-SUJ-024-21), estableció que todos los
pensionados afiliados al FOMAG están obligados a cotizar el 12% de cada una de
las mesadas ordinarias e, incluso, de las adicionales.
Precisaron que dicha sentencia se dictó en el marco del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por el señor José Julián Guevara Parra,
cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Juzgado Séptimo
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Demandante: Gladys Díaz Otero y otros
Administrativo de Pereira, que negó las pretensiones. La sentencia fue apelada y,
el Tribunal Administrativo de Risaralda remitió dicho proceso a la Sección Segunda
del Consejo de Estado para que dictara sentencia con fines de unificación, que es
la controvertida en esta oportunidad.
3. Argumentos de la tutela
Los demandantes afirmaron que se encuentran legitimados en la causa por activa,
toda vez que la sentencia vulneró sus derechos fundamentales al ordenar, con
efectos retrospectivos, el descuento del 12% de salud por las mesadas adicionales
del personal docente.
Señalaron que la providencia objeto de reproche incurrió en violación directa de la
Constitución por desconocer el derecho a participar en las decisiones que los
afectan, previsto en los artículos 2 y 89 de la Constitución, es decir, por no haber
sido vinculados al proceso ni notificados de las actuaciones adelantadas en el medio
de control que dio lugar a la sentencia de unificación, con lo cual se transgredieron
los artículos 1, 2, 13, 29, 83, 209 y 228 de la Constitución Política.
Además, manifestaron que fueron desconocidos los derechos adquiridos en
aplicación del principio de seguridad jurídica, puesto que, de aplicarse la ley vigente,
solo sería posible deducir que el año calendario tiene 12 meses, de modo que no
es razonable, bajo ninguna medida, que a un pensionado se le descuenten 13 o 14
cotizaciones.
Sostuvieron que les fue vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, al
ordenarse el descuento de salud a todas las personas que reciben las mesadas
pensionales adicionales, viéndose afectados sin haber podido participar en el
trámite procesal. Que, por ese motivo, iniciaron acción de grupo para obtener
indemnización por los perjuicios ocasionados con la orden de los descuentos.
Por otra parte, expusieron que se incurrió en defecto sustantivo al haber excluido a
a los pensionados (afiliados al FOMAG) de los beneficios legales vigentes creados
por el parágrafo 5° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, adicionado por artículo
142 de la Ley 210 de 2019, los cuales son posteriores al 27 de noviembre de 2008,
fecha la cual entró en vigor el artículo 1° de la Ley 1250 de 2008, que dispuso que
“la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados será del
12% del ingreso de la respectiva mesada pensional”.
Señalaron que interpretaron el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, con sus
modificaciones, bajo unos efectos diferentes a los que le otorgó el legislador, puesto
que cuando la norma se refiere a «“...la respectiva mesada pensional...”», ello no
cobija los descuentos realizados a las mesadas adicionales percibidas por los
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Demandante: Gladys Díaz Otero y otros
pensionados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y
no se tuvo en cuenta en el estudio realizado la última modificación introducida por
el artículo 142 de la Ley 2010 de 2019.
Mencionaron que la autoridad judicial demandada omitió el precedente proferido el
2 de septiembre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, en el que se indicó que a partir del 27 de junio de 2003, no
es procedente realizar los descuentos de salud sobre las medadas adicionales de
los afiliados al FOMAG.
Además, alegaron que la decisión incurrió en defecto fáctico dado que de
conformidad con lo establecido en los artículos 270 y 271 de la Ley 1437 de 2011,
especialmente con la modificación introducida por el artículo 79 de la Ley 2080 de
2021 era deber de la autoridad judicial demandada notificar a todos los afectados al
inicio del proceso que culminó con la sentencia de unificación.
Finalmente, precisaron que solo tuvieron conocimiento de la sentencia reprochada
cuando se publicó el Boletín núm. 250 de enero de 2022, lo cual ocurrió hasta el 3
de febrero del año en curso, de modo que la acción de tutela se interpuso en
cumplimiento del requisito de inmediatez.
4. Oposiciones
El Consejero de Estado de la Sección Segunda William Hernández, en calidad
de ponente de la sentencia de unificación cuestionada, indicó que la presente
solicitud de amparo no cumple el requisito general de procedencia de la inmediatez,
dado que entre el momento en que se notificó́ la decisión o se dio aviso a la
comunidad y el de interposición de la acción de tutela transcurrieron más de seis
meses.
De otra parte, negó que se hubiese incurrido en los vicios alegados en la demanda,
por cuanto en la providencia cuestionada se dio cumplimiento a los artículos 270 y
271 del CPACA. Además, reiteró que las normas que regulan la expedición de las
sentencias de unificación no consagran la obligación de notificar a terceros con
interés.
Indicó que los demandantes no se encuentran legitimados en la causa por activa,
porque no fueron parte del proceso ordinario que culminó con la sentencia de
unificación que pretenden dejar sin efecto.
Finalmente se opuso a la pretensión de acumulación de la acción de grupo al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por no advertirse la vulneración
de derechos fundamentales, ni cumplir los presupuestos contenidos en el artículo
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Demandante: Gladys Díaz Otero y otros
165 del CPACA. En razón a lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la
acción de la referencia por incumplimiento de los requisitos de inmediatez y
relevancia constitucional.
5. Intervenciones
El Ministerio de Educación Nacional solicitó ser desvinculado del trámite de la
tutela por falta de legitimación por pasiva dado que la discusión planteada va dirigida
únicamente a cuestionar actuaciones judiciales y no a situaciones que estén a cargo
o dependan de dicha entidad.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la magistrada
sustanciadora de la acción de grupo con radicado 2017-00148- 01, sostuvo que la
acción de tutela de la referencia no va dirigida a cuestionar ningún hecho
relacionado con el trámite del proceso que tiene a su cargo, razón por la cual pidió
que se desestimen las pretensiones en su contra.
6. Sentencia impugnada
La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, mediante fallo del 15 de
julio de 2022, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que los
actores no están legitimados en la causa por activa. Además, se indicó que no se
cumplió el requisito de inmediatez dado que la sentencia cuestionada se notificó el
13 de julio de 2021 y el 12 de octubre siguiente se publicó un aviso informando a la
comunidad el contenido del fallo. Por tanto, el término razonable de 6 meses para
acudir ante el juez constitucional habría vencido el 14 de enero de 2022 y, en el
mejor de los casos, el 13 de abril pasado, si se considera la fecha del aviso a la
comunidad. Y la tutela se radicó el 26 de mayo de la presente anualidad.
7. Impugnación
Los demandantes impugnaron la anterior decisión. Reiteraron los argumentos
planteados en el escrito inicial e indicaron que en la decisión de primera instancia
se dejó de lado que el requisito de la legitimación en la causa es sustancial y no
procesal.
Manifestaron que la vulneración alegada va dirigida a cuestionar una discusión que
les afecta, de manera directa, al hacer parte del grupo de afiliados al FOMAG y de
la cual no hicieron parte pues no fueron vinculados y, en consecuencia, no tuvieron
conocimiento procesal previo a la decisión.
Finalmente, señalaron que no hay lugar a que se declare la improcedencia por
incumplimiento del requisito de inmediatez dado que no se cumplió con notificar de
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manera personal a los terceros interesados en el trámite de unificación. Además,
solo conocieron la sentencia hasta que fue incluida en el boletín jurisprudencial
publicado el 3 de febrero de 2022 y desde esa fecha hasta la interposición de la
solicitud de amparo, esto es, el 26 de mayo de 2022 no se han superado los 6 meses
para el ejercicio de la solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
1
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se
destaca)
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mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.
Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si debe modificar, revocar o confirmar la
decisión impugnada, para lo cual la Sala estudiará si la parte actora cumple con el
requisito de legitimación en la causa por activa para cuestionar la sentencia de
unificación del 3 de junio de 2021, dictada por la Sala Plena de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en la que, dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, se unificó jurisprudencia en el sentido de indicar que
son procedentes los descuentos con destino a salud en el porcentaje del 12% de
las mesadas adicionales de junio y diciembre de los docentes.
De igual manera, superado el estudio anterior y conforme a lo planteado en el escrito
de impugnación, la Sala se referirá al cumplimiento del requisito de inmediatez.
Legitimación en la causa en el caso concreto
De manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del asunto, la Sala
estima necesario verificar si en la presente acción de tutela los actores carecen o
no de legitimación en la causa por activa para cuestionar la sentencia de unificación
del 3 de junio de 2021.
El Decreto 2591 de 1991, que regula de la acción de tutela, en el artículo 10, dispuso
la legitimidad e interés que debe poseer quien interpone la acción de tutela, así:
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
Además, la Corte Constitucional ha definido la legitimación en la causa como el
interés directo o particular que ostenta una persona para promover la acción o lograr
la protección de un derecho fundamental del propio accionante y no de otro. De ahí
consideró que la legitimación en la causa se configuraba en los siguientes eventos:
“La jurisprudencia ha considerado que se configura la legitimación en la causa, por
activa, en los siguientes casos:(i) cuando la tutela es ejercida directamente y en su
propio nombre por la persona afectada en sus derechos; (ii) cuando la acción es
promovida por quien tiene la representación legal del titular de los derechos, tal como
ocurre, por ejemplo, con quienes representan a los menores de edad, los incapaces
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) también, cuando se actúa en
calidad de apoderado judicial del afectado, “caso en el cual el apoderado debe
ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el
poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo”; (iv)
igualmente, en los casos en que la acción es instaurada como agente oficioso del
afectado, debido a la imposibilidad de éste para llevar a cabo la defensa de sus
derechos por su propia cuenta, como sucede, por ejemplo, con un enfermo grave, un
indigente, o una persona con incapacidad física o mental. Finalmente, (v) la acción de
tutela puede ser instaurada a nombre del sujeto cuyos derechos han sido
amenazados o violados, por el Defensor del Pueblo, los personeros municipales y el
Procurador General de la Nación, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y
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legales.”
Además, frente a la falta de legitimación en la causa por activa en acciones de tutela, la
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Corte Constitucional ha señalado lo siguiente :
“Esta Corporación ha señalado que, no obstante, la informalidad que se predica de la
acción de tutela, la misma debe cumplir con unos requisitos mínimos de
procedibilidad, dentro de ellos se encuentra el de legitimación por activa o titularidad
para promoverla.
4 Sentencia T-176/11
5 Sentencia T-552 de 2006.
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En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como regla general,
solamente el titular de un derecho fundamental se encuentra habilitado para
solicitar el amparo constitucional del mismo, bien sea que lo haga en forma directa
o por intermedio de su representante o apoderado.
Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser
promovida por cualquiera persona cuando sus derechos constitucionales
fundamentales resulten vulnerados o amenazados, ya sea por sí misma o por medio
de un tercero quien actúe en su nombre. En el mismo sentido, según las
prescripciones del artículo 10 del decreto 2591 de 1991, la persona a quien se le
vulneren o amenacen sus derechos fundamentales puede ejercer la acción de tutela
por sí misma o por medio de representante. En esta disposición también se contempló
la posibilidad de la agencia de derechos ajenos, de tal forma que, en aquellos eventos
en que el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa,
podrá un tercero presentar acción de tutela en su nombre.
La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación
en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de
los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha
establecido la Corte en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la
Constitución y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite
cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los
presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro
posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en
los procesos de tutela.” (subrayado y negrita fuera de texto)
En el caso en estudio, los actores cuestionan la sentencia de unificación del 3 de
junio de 2021, dictada por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en la que, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
se unificó jurisprudencia al declarar que son procedentes los descuentos con
destino a salud en el porcentaje del 12% de las mesadas adicionales de junio y
diciembre de los docentes.
Así, la parte actora cuestiona una providencia dictada en un proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 66001-33-33-000-2015-00309-
01 (0632-18), en el que el señor José Julián Guevara Parra, en calidad de
demandante, discutió la legalidad de los actos mediante los que se le efectuaron
descuentos para aportes en salud de las mesadas pensionales adicionales que
percibió en de junio y diciembre, proceso en el que, en todo caso, los actores de la
solicitud de la referencia no fueron parte ni vinculados como terceros.
Según lo argumentado por los actores, se encuentran habilitados para presentar la
presente acción de tutela, porque la tesis de la sentencia de unificación les está
siendo aplicada en sus situaciones particulares y, en esa medida, han visto
afectados sus derechos.
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Al respecto, es necesario precisar que a los actores no les asiste interés para
cuestionar la sentencia de unificación so pretexto de que con esa decisión se afecta
su situación particular. Estarían legitimados en la causa en la acción de grupo, en
la que manifiestan que son parte.
En efecto, la Sala destaca que el hecho de que las decisiones de unificación
constituyan un precedente de obligatorio cumplimiento no habilita la intervención
automática de quienes debaten pretensiones similares, pues no tuvieron la calidad
de parte en el proceso.
Por lo anterior, tal como lo indicó el a quo la Sala considera que no existe, en
ninguna de sus formas, el cumplimiento del requisito de legitimación por activa con
el que debe contar toda acción de amparo. Por lo tanto, la tutela se torna
improcedente y, en esa medida, la Sala no puede hacer estudio de fondo respecto
de los cargos e inconformidades planteados por la parte actora en el escrito inicial.
Por tal razón, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa.
Finalmente, mediante memorial del 5 de septiembre de 2022, el señor Alessandro
Saavedra Rincón, en calidad de apoderado de los señores Sara Acuña Barragán,
Isaías Sandoval Ruiz y Pablo Antonio Cáceres, manifestó su voluntad de
coadyuvar la presente solicitud de amparo, por tener interés directo en que se deje
sin efecto la sentencia de unificación cuestionada, dado que, a su juicio, con esta
decisión les fueron vulnerados derechos fundamentales y por esta razón tienen
interés legítimo para cuestionarla.
No obstante, conforme lo ya expuesto, la Sala precisa que, dado que la parte actora
no se encuentra legitimada en la causa por activa, igual suerte corren los quienes
solicitan intervenir como coadyuvantes dentro del trámite de tutela de la referencia.
En resumen, los actores y quienes manifestaron la voluntad de coadyuvar la
presente solicitud, no están legitimados para cuestionar la referida sentencia de
unificación, razón por la que la Sala no se pronunciará respecto a lo alegado frente
al cumplimiento del requisito de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar la intervención de Sara Acuña Barragán, Isaías Sandoval Ruiz y Pablo
Antonio Cáceres como coadyuvantes de la parte demandante.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02894-01
Demandante: Gladys Díaz Otero y otros
2. Confirmar la providencia del 15 de julio de 2022, proferida por la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier
otro medio expedito.
4. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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