Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02910-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial: improcedencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02910-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02910-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
13 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02910-01
Demandante: JORGE CRUZ RODRÍGUEZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedencia / FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - No se cumple el presupuesto de
legitimación en la causa de la parte actora, puesto que los accionantes no hicieron parte
del medio de control en el que se dictó la providencia cuestionada ni solicitaron ser
reconocidos como sucesores procesales, a pesar de que tuvieron la oportunidad de
hacerlo.
La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 18 de julio de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 6 de junio de la presente anualidad, a través de apoderado judicial, los señores
Jorge Hernando Cruz Rodríguez, Derly Cecilia Porras Escobar y Derly Paola Cruz
Porras, quienes afirman actuar en representación de la señora Waldina Rodríguez
de Cruz2 interpusieron acción de tutela contra la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por considerar vulnerados los derechos
fundamentales al «debido proceso, disfrute de una vida digna y justa, los
derechos de la tercera edad y el derecho a la sustitución pensional» de la fallecida
señora Rodríguez de Cruz. Formularon las siguientes pretensiones (transcripción
1 Se advierte que, el 27 de agosto de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Fallecida el 15 de octubre de 2020, de conformidad con el registro civil de defunción obrante a
folio 329 del documento en formato PDF con certificado 96F565459591BFE6 C74178F3B10DC7B0
7864247D6B15EE88 77F1427A31102828, allegado como anexo de la demanda.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02910-01
Demandante: Jorge Cruz Rodríguez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
textual):
PRIMERO. Se tutele los derechos fundamentales a la SUSTITUCION
PENSIONAL, EL MINIMO VITAL, EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA Y
JUSTA y los DERECHOS DE LA TERCERA EDAD que se reclaman para la
señora WALDINA RODRIGUEZ DE CRUZ, hoy para sus herederos.
SEGUNDO. Se REVOQUE el FALLO de CONSEJO DE ESTADO de su
SECCION SEGUNDA de fecha 29 de junio del 2023 y en su lugar, se le
reconozca a la accionante WALDINA RODRIGUEZ DE CRUZ, hoy para sus
herederos, el derecho a la SUSTITUCIÓN PENSIONAL, por el fallecimiento
de su hijo OSWALDO CRUZ RODRIGUEZ.
1.2 . Hechos y argumentos de la tutela
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
Narra la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, la señora Waldina Rodríguez de Cruz presentó
demanda en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, con el fin de que se ejerciera control de legalidad de las
Resoluciones 798 del 5 de agosto de 2003, 1116 del 31 de diciembre de 2004 y
1635 de 2005, en virtud de las que el extinto Instituto de Seguros Sociales le negó
el reconocimiento de la sustitución de la pensión de su hijo Oswaldo Cruz
Rodríguez.
Al proceso se le asignó el radicado 15001-23-33-000-2014-00451-01 y le
correspondió, por reparto, a la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de
Boyacá, que, mediante providencia del 28 de mayo de 2019, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
Inconforme con lo anterior, la parte demandada y la tercera interviniente ad-
excludendum -cónyuge supérstite del señor Oswaldo- interpusieron recurso de
apelación. Por lo que, el 29 de junio de 2023, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que en el proceso no
se acreditó suficientemente la dependencia económica de la señora Rodríguez de
Cruz respecto del causante.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02910-01
Demandante: Jorge Cruz Rodríguez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Los accionantes precisaron que la autoridad judicial demandada vulneró los
derechos fundamentales de la señora Rodríguez de Cruz, porque era una persona
de la tercera edad, que no tenía otros medios que garantizaran su subsistencia y
que, pese a que recibía una mesada de sustitución pensional cuya causante era
otra de sus hijas, lo cierto es que la misma era «mínima» y no resultaba suficiente
para tener una vida digna.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 12 de junio de 2024, el despacho sustanciador, en primera
instancia, admitió la acción de tutela y ordenó que se notificara a los magistrados
que integran la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y a
Colpensiones, como parte demandada, y, en calidad de terceros con interés, a los
señores Olga, Elba, Guillermo y Misael Cruz Rodríguez y a los magistrados que
integran la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá.
2.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por conducto
del magistrado ponente de la decisión atacada, solicitó que se declarara
improcedente la petición de amparo. Precisó que la providencia impugnada quedó
debidamente ejecutoriada el 20 de agosto de 2023, por lo que no se acreditó el
cumplimiento del requisito de inmediatez.
Adicionalmente, solicitó que se declarara la temeridad de la acción, como quiera
que, pese a que los accionantes manifestaron, bajo la gravedad de juramento, que
no habían interpuesto otra acción, lo cierto es que el apoderado de los
demandantes ya había presentado otra petición de amparo con fundamento en los
mismos supuestos de hecho y de derecho, que se adelantó bajo el radicado
11001-03-15-000-2024-00164-00.
Expuso que, en todo caso, los argumentos presentados en la demanda carecen
de fundamento, pues la decisión censurada analizó en forma debida el acervo
probatorio y concluyó que las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a
prosperar, porque la entonces demandante no había probado la dependencia
económica con el causante.
2.2. La Administradora Colombiana de Pensiones manifestó que no existe ningún
hecho u omisión atribuible a esa entidad, que afecte los derechos fundamentales
invocados.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02910-01
Demandante: Jorge Cruz Rodríguez y otros
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Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Solicitó, además, que se declarara improcedente la solicitud de amparo, habida
cuenta de que no cumple con las causales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales fijadas por la Corte Constitucional.
Por último, indicó que en el caso en concreto existe cosa juzgada material, por
cuanto los supuestos de hecho que se alegan en el escrito del amparo ya habían
sido objeto de estudio por otro juez de tutela.
2.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los demás
intervinientes guardaron silencio, pese a que fueron notificados del auto admisorio
de la demanda.
3. Fallo impugnado
La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 18 de julio de 2024,
declaró improcedente el amparo solicitado, por considerar que los accionantes
carecen de legitimación en la causa por activa, toda vez que no hicieron parte del
proceso en el que se profirió la providencia cuestionada, no fueron reconocidos
como sucesores procesales y no son titulares de los derechos que estiman
conculcados.
Concretamente, consideró que la muerte de la señora Rodríguez de Cruz en el
curso del trámite ordinario no legitima de manera automática a sus familiares para
promover la acción de tutela contra una providencia proferida en el proceso, pues
resulta preciso que sean reconocidos como sucesores procesales, en los términos
del artículo 68 del Código General del Proceso.
4. Impugnación
Los accionantes impugnaron la anterior decisión y argumentaron que la simple
condición de herederos de la señora Waldina Rodríguez de Cruz los legitima para
comparecer ante el juez constitucional en calidad de sucesores procesales, sin
que se requiera para ello un reconocimiento previo y expreso, como erradamente
pareció exigirlo el a quo.
Expuso que para acreditar la legitimación en la causa por activa basta probar el
nexo vinculante entre quienes comparecen al proceso y la persona que está
legitimada para reclamar sus derechos fundamentales, que en el caso en concreto
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Demandante: Jorge Cruz Rodríguez y otros
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Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
era la señora Rodríguez de Cruz, quien por causa de su fallecimiento no puede
hacerlo, por lo que «quienes la pueden representar son sus herederos legítimos».
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 18 de julio de 2024 por la Sección Primera de esta Corporación.
Para tal efecto, en primer lugar, se establecerá si los señores Jorge Cruz
Rodríguez, Derly Cecilia Porras Escobar y Derly Paola Cruz Porras se encuentran
legitimados por activa para representar los intereses de la fallecida señora
Waldina Rodríguez de Cruz.
2. Análisis de la Sala
2.1 De la legitimación para ejercer la acción de tutela
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política 3 fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
3 ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o
se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el
juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados
de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
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Demandante: Jorge Cruz Rodríguez y otros
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Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Dicha regla impone de antemano que quien presenta la solicitud de amparo debe
estar legitimado en la causa por activa, en la medida en que solo podrá ejercer
esta acción constitucional ante la vulneración de sus propios derechos
fundamentales, sin perjuicio de la agencia oficiosa de derechos, como lo dispone
el artículo 10 del Decreto 2591 de 19914.
En suma, quien acude a la acción de tutela debe ser el titular del derecho afectado
o amenazado, un tercero que cumpla las condiciones para agenciar los derechos
de otro o las autoridades expresamente autorizadas para ello en el ordenamiento
jurídico5. De no cumplirse, la tutela se torna improcedente por la ausencia de un
presupuesto para estudiar el fondo del asunto.
En el caso concreto, los señores Jaime Cruz Rodríguez, Derly Cecilia Porras
Escobar y Derly Paola Cruz Rojas afirmaron que actúan en representación de la
señora Waldina Rodríguez de Cruz, quien, de acuerdo con el certificado de
defunción obrante en el expediente ordinario, falleció el 15 de octubre de 2020.
Sostuvieron que, con la providencia del 29 de junio de 2023, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales a la
«vida digna y justa, los derechos de la tercera edad y el derecho a la sustitución
pensional» de la señora Rodríguez de Cruz, por haber negado el reconocimiento
de la referida prestación, luego de concluir que no se acreditó la dependencia
económica con el causante.
Para la Sala de primera instancia, en los casos de tutela contra providencia
judicial, la legitimación en la causa por activa está dada por la participación de la
parte actora en el proceso ordinario. De modo que como los aquí accionantes no
comparecieron al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
15001-23-33-000-2014-00451-00/01, en calidad de sucesores procesales,
carecían de interés para interponer la presente solicitud de amparo.
4 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.
5 De los artículos 46 a 51 del Decreto 2591 de 1991 se desprende que el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales o distritales, por expresa delegación de aquel, están legitimados para
interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o que esté en
situación de desamparo e indefensión.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02910-01
Demandante: Jorge Cruz Rodríguez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Asimismo, el a quo destacó que, revisado el expediente ordinario allegado al
proceso de tutela, se probó que en el trámite de la segunda instancia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado reconoció como sucesores procesales de la
señora Waldina Rodríguez de Cruz a los señores Olga Marina, Elba, Guillermo y
Misael Cruz Rodríguez, sin que los accionantes hubieran manifestado su intención
de concurrir al mismo ni en dicha condición ni en calidad de herederos.
En la impugnación, la parte actora adujo que, ciertamente, no fueron reconocidos
como sucesores procesales en el trámite del proceso ordinario, no obstante, a su
juicio, la simple condición de herederos de la señora Rodríguez de Cruz los
legitima para acudir a la acción constitucional de tutela en procura de la protección
de sus derechos fundamentales.
En vista de lo anterior, de entrada, la Sala advierte que la presente petición de
amparo deviene improcedente, por las razones que se exponen a continuación.
Revisado el expediente del proceso ordinario, se observa que durante el trámite
de segunda instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 15001-23-33-000-2014-00451-00/01, mediante auto del 30
de septiembre de 2021, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado i) reconoció a los señores Olga Marina, Elba, Guillermo y Misael Cruz
Rodríguez como sucesores procesales de la señora Waldina Rodríguez de Cruz y
ii) dispuso:
Adicionalmente, como no existe prueba ni indicio que permita tener por cierto
que los señores Olga Marina, Elba, Guillermo y Misael Cruz Rodríguez, son
las únicas personas con aptitud procesal para suceder a la demandante en el
asunto sub examine, por Secretaría de la Sección Segunda de esta
corporación, emplazar a la cónyuge y/o compañera permanente, los
herederos, el albacea con tenencia de bienes y/o el curador de la herencia
yacente de la señora Waldina Rodríguez de Cruz, identificada con cédula de
ciudadanía 2.411.844 de Duitama, con el fin de que comparezcan al proceso
dentro de los cinco (5) días siguientes a que ocurra la notificación, previa
advertencia de que «deberán presentar las pruebas que demuestren el
derecho que les asista», de conformidad con el artículo 108 del Código
General del Proceso en concordancia con el artículo 10 Decreto 806 de 2020.
En cumplimiento de la disposición transcrita, la Secretaría de la Sección Segunda
de esta Corporación realizó el emplazamiento ordenado, con el fin de que quien
considerara que le asistía derecho para hacerse parte del proceso se presentara
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02910-01
Demandante: Jorge Cruz Rodríguez y otros
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
dentro de los 5 días siguientes a la notificación6, término durante el cual ni los aquí
accionantes ni alguna otra persona se pronunciaron o solicitaron la intervención en
el marco del referido medio de control.
Surtido el trámite de ley, mediante sentencia del 29 de junio de 2023, la autoridad
judicial accionada revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, por considerar que no se encontraban acreditados
los supuestos necesarios para el reconocimiento de la sustitución pensional a
favor de la señora Waldina Rodríguez de Cruz.
Quiere decir lo anterior que, a pesar de haber tenido la oportunidad de intervenir
en el trámite del proceso ordinario, los accionantes no lo hicieron y, por ende,
carecen de legitimación para discutir las decisiones allí proferidas.
Recuérdese que la tutela persigue la protección de derechos subjetivos. Ello
significa que quien alega la afectación debe ser su titular o, en caso de no serlo,
deben probarse las condiciones establecidas en la ley y la jurisprudencia para
actuar en su nombre y representación. La calidad de sujeto activo del derecho
para cuestionar una providencia judicial se determina por haber sido parte, tercero
o sujeto procesal vinculado, o porque se solicitó la vinculación al proceso y esta
fue negada y se discute ese hecho. Y esto no ocurrió en el caso en concreto.
Así, pese a los efectos generales de la providencia judicial o, incluso, el carácter
de tal que se predica de ciertos actos administrativos o de un reglamento, no
permite que cualquier persona pueda reprocharla, menos aún si, teniendo la
oportunidad, no se hizo parte en el proceso.
Tanto esta Subsección7 como otras Secciones8 de esta Corporación se han
pronunciado en sentido similar, al concluir que quienes ejercen la acción de tutela
para cuestionar providencias judiciales, sin haber participado en el proceso en que
estas se dictaron, carecen de legitimación en la causa por activa.
6 De acuerdo con la constancia de emplazamiento obrante en el índice 23 del sistema de
información judicial SAMAI.
7 Ver, por ejemplo, las sentencias del 15 de julio de 2022, proferidas en los procesos de tutela con
radicado (i) 11001-03-15-000-2022-02894-00, dte.: Gladys Díaz Otero y otros, y (ii) 11001-03-15-
000-2022-003426-00, dte.: Rafael Mazo Roldán.
8 Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias: (i) del 6 de diciembre de 2016,
Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-02683-01(AC), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; (ii) sentencia del 16 de diciembre de 2019, Sección Tercera, Subsección B, radicado
11001-03-15-000-2019-00282-01(AC), M.P. Ramiro Pazos Guerrero, y (iii) del 8 de septiembre de
2022, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-02894-01(AC), M.P. Milton Chaves García.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02910-01
Demandante: Jorge Cruz Rodríguez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
De otra parte, la Sala advierte que ni en el escrito de tutela, ni en la impugnación
se presentó razón alguna que justifique los motivos por los cuales los accionantes
no solicitaron su reconocimiento como sucesores procesales en el proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, máxime cuando cotejada la
información obrante el expediente del referido trámite, se advierte que el
apoderado que ejerció la representación de la señora Waldina Rodríguez de Cruz
y posteriormente de sus hijos Olga Marina Cruz Rodríguez, Elba Cruz Rodríguez,
Guillermo Cruz Rodríguez y Misael Cruz Rodríguez, es el mismo que ahora
interpone la presente acción, en representación de los accionantes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia dictada el 18 de julio de 2024 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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