Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02952-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02952-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02952-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
25 de agosto de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02952-00
Demandante: Glenen Alexander Ross
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02952-00
Demandante: GLENEN ALEXANDER ROSS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES,
COLPENSIONES
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Tardanza en proferir sentencia
de primera instancia. Mora judicial justificada y reconocimiento
de derecho pensional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Glenen Alexander Ross contra el Tribunal Administrativo
de Bolívar y la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante
Colpensiones), en la que pide el amparo constitucional de los derechos
fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, supuestamente vulnerados con
la mora judicial injustificada en el trámite del medio de control de reparación
directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional y
Fiscalía General de la Nación (rad. Nº 13001233300020170111600), que
promovió en nombre propio y como representante legal de la compañía 0977320
BC LTD. con el objeto de acceder a la indemnización de los perjuicios derivados
del deterioro de la embarcación tipo velero, denominada Windquest, durante el
tiempo en que estuvo bajo el dominio de la Armada Nacional por orden judicial
dictada en un proceso penal que cursa en su contra por el delito de tráfico de
migrantes, por lo que pide que se ordene a Colpensiones el pago de manera
transitoria de una pensión de vejez equivalente a 5 SMLMV mientras culmina ese
proceso.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Del escrito de la demanda y sus anexos es posible extraer los siguientes hechos
relevantes:
El demandante afirmó que su nacionalidad es canadiense y que no domina el
idioma inglés por lo que para la elaboración de la acción de tutela se apoyó en el
traductor de Google. Asimismo, relató que vive en Colombia desde el año 2013 y
que su cónyuge y sus dos hijos son colombianos con quienes reside en la ciudad
de Cartagena.
El 20 de septiembre de 2015 fue capturado en el marco de una investigación penal
por los delitos de tráfico de migrantes (artículo 188 del Código Penal), mientras se
encontraba navegando la embarcación tipo velero con bandera canadiense y de
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Demandante: Glenen Alexander Ross
nombre Windquest de propiedad de la compañía 0977320 B.C LTD representada
legalmente por el señor Glenen Alexander Ross. La motonave también fue objeto
de aprehensión ese mismo día y quedó bajo custodia de la Armada Nacional
Grupo Guardacostas de Cartagena.
La compañía 0977320 B.C LTD como propietaria de la embarcación aprehendida
solicitó la entrega ante la Fiscalía Cuarenta y Ocho Seccional de Cartagena, para
lo cual autorizó a otro Capitán porque el señor Ross estaba recluido en el Centro
Carcelario de Cartagena. No obstante, esa petición fue negada en repetidas
oportunidades, pese a que se advirtió por parte de la Armada Nacional el estado
de deterioro de la embarcación y la necesidad de que se resolviera la situación de
la misma.
El 21 de octubre de 2016, luego permanecer 13 meses privado de la libertad, el
señor Glenen Alexander Ross formuló directamente ante la Fiscalía Cuarenta y
Nueve Seccional de Cartagena la solicitud de entrega de la embarcación, la cual
no fue contestada.
Finalmente, la motonave fue entregada el 17 de febrero de 2017 en forma
provisional, sin embargo, se encontraba en un estado avanzado de deterioro que
impedía su funcionamiento y su uso como vivienda, pues según su relato, antes
de la captura residía en el velero. Además, le fueron hurtados los equipos, partes,
herramientas y elementos personales que estaban al momento en que fue
aprehendida.
En ejercicio del medio de control de reparación directa el señor Glenen Alexander
Ross, actuando en nombre propio y como representante legal de la compañía
0977320 B.C Ltd., demandó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada
Nacional y Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declaren
administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios derivados del
deterioro causado a la embarcación Windquest durante el periodo en que estuvo
retenida en la estación Guardacostas de la Armada Nacional de Cartagena entre
el 20 de septiembre de 2015 y el 17 de febrero de 2017.
En el proceso judicial se han agotado las siguientes actuaciones principales: (i) por
auto de 12 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la
demanda, (ii) el 11 de abril de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial, (iii)
el 26 de octubre de 2020 se realizó la audiencia de pruebas, en la que se
prescindió de la audiencia de alegatos de conclusión para que las partes los
presentaran por escrito, lo que cumplieron los días 2 y 6 de noviembre de 2020 y
(iv) el expediente ingresó al despacho para fallo el 22 de enero de 2021.
A la fecha de presentación de la demanda no se había proferido sentencia de
primera instancia.
2. Fundamentos de la acción
El actor presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar con
el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y al
mínimo vital, los cuales considera vulnerados por la tardanza en proferir sentencia
de primera instancia dentro del medio de control de reparación directa promovida
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional y Fiscalía
General de la Nación cuyo radicado es el Nº 130012333000-2017-01116-00.
Adujo que la tardanza en el proceso judicial constituye un obstáculo en el acceso a
la pensión privada de jubilación pues, afirma, la compañía 0977327 B.C. Ltd.
propietaria de la embarcación Windquest, depende de la indemnización por los
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Demandante: Glenen Alexander Ross
perjuicios derivados del grave deterioro de la embarcación para pagar el derecho
pensional de manera particular objeto de la demanda de reparación directa.
Señaló que esa sería la única fuente de ingresos económicos para el sustento de
su hogar conformado por su esposa y dos hijos colombianos, toda vez que las
condiciones migratorias actuales no le permiten trabajar en el país además por su
edad -65 años-. En ese sentido, manifestó lo siguiente:
“En la petición original calculé que la empresa 09773727 B.C. Ltd. podía
pagarme una pensión privada de cinco (5) salarios mínimos mensuales, pero
solo si 09773727 B.C. Ltd. tuvo acceso al equivalente monetario del yate que
fue 5 destruido y robado mientras estaba bajo el cuidado de las autoridades de
Colombia.
Además de pagarme una pensión privada de cinco (5) salarios mínimos
mensuales de ingreso hoy, mis cálculos indican 09773727 B.C. Ltd. pudo pagar
a mi esposa colombiana y mis dos hijos canadienses durante muchos años
después de mi muerte.
Cinco (5) salarios mínimos mensuales es el ingreso mínimo mensual necesario
para vivir en Colombia de la manera digna a la que estaba acostumbrado antes
de que las autoridades tomaran posesión ilegal de mi vivienda”.
Para efectos de fundamentar los argumentos de la demanda, el actor efectuó
transcripción in extenso de apartes de las sentencias T-678 de 20171, T-629 de
20162, T-718 de 20143, T-835 de 20114, T-205 de 20105 y T-664 de 20086, las
cuales hacen referencia a la garantía del derecho al mínimo vital y a la
procedencia de la acción de tutela para reclamar su amparo.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela el actor expresó las siguientes:
“(sic a toda la transcripción) Para que quede claro, esta petición no es una demanda
por la resolución inmediata de la demanda de reparaciones o por el pago anticipado de
cualquier parte de la demanda de reparaciones, o la resolución de mi proceso penal.
Más bien, esta petición busca la intervención inmediata del juez constitucional como el
único medio efectivo disponible en la República de Colombia para protegerme contra
las acciones y/u omisiones de Accionado TRIBUNAL y de agentes de Accionado
ESTADO que efectivamente han usurpado el control y han posesión de fondos
legítimamente pertenecientes a 0977327 B.C. Ltd. A su vez, dichas acciones y/u
omisiones minan completamente la capacidad financiera de 0977327 B.C. Ltd. para
pagarme mi pensión privada. Sus acciones y/u omisiones interfieren con mi derecho
fundamental a una existencia digna, el cual en las circunstancias sólo puede ser
sostenido protegiendo mi derecho al mínimo vital. Por lo tanto, solicito
respetuosamente a este Honorable Tribunal de Tutela que el ESTADO Accionado deba
comenzar a pagarme inmediatamente (a partir del 1 de junio de 2022) un mínimo vital
que es el equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales cada mes, ajustados
anualmente por inflación, hasta tal en el momento en que se resuelva finalmente la
demanda de reparación antes mencionada o se resuelva finalmente el proceso penal
en mi contra, lo que ocurra primero”.
En el escrito complementario precisó las siguientes:
“(sic a toda la transcripción) Si hubiera sido coaccionado (gravado) a pagar el
equivalente a $85,000.00 dólares americanos a COLPENSIONES y ellos disputaran su
obligación de pagarme una pensión mensual, entonces si yo estaba en la indigencia
1 M.P. Carlos Bernal Pulido.
2 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
3 M.P. María Victoria Calle Correa.
4 M.P. María Victoria Calle Correa.
5 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
6 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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Demandante: Glenen Alexander Ross
debido a su negativa a pagar, este Honorable Tribunal intervendría para proteger mi
derecho a un mínimo vital hasta que se resolvió el asunto con COLPENSIONES. El
hecho de que la coerción no sea mediante impuestos es irrelevante. Es coacción por
parte de la República de Colombia. Por tanto, nombro como demandada en este juicio
a la República de Colombia. Actuando a través de COLPENSIONES si lo prefieren, el
demandado debe asegurarse de tener la capacidad económica para vivir de manera
digna hasta que la disputa con Colombia sea resuelta por el Magistrado Edgar Alexi
Vásquez Contreras”.
4. Pruebas relevantes
Obra copia digitalizada del expediente con radicado No. 13001-23-33-000-2017-
01116-00 correspondiente a la demanda reparación directa promovida por el señor
Glenen Alexander Ross contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada
Nacional y Fiscalía General de la Nación.
5. Trámite procesal
5.1. Previo a la admisión de la demanda, mediante auto de 6 de junio de 2022, la
Magistrada Sustanciadora dispuso requerir al actor para que indicara con la mayor
claridad posible y de manera precisa, las autoridades accionadas, los hechos y las
pretensiones objeto de tutela, así como las razones en las que se sustenta la
supuesta vulneración de sus derechos fundamentales invocados en el escrito.
El 14 de junio de 2022 el actor atendió a ese requerimiento, en el sentido de
reiterar los hechos de la demanda en lo relacionado con la afectación al mínimo
vital por la mora judicial en la que supuestamente ha incurrido el Tribunal
Administrativo de Bolívar en el trámite del medio de control de reparación directa.
Al respecto, señaló que de la indemnización de perjuicios que asegura recibiría la
compañía 0977327 B.C. Ltd. por los daños que sufrió la embarcación de su
propiedad reclamada en el medio de control de reparación directa, la misma
podría pagarle una pensión privada de jubilación equivalente a 5 SMLMV.
5.2. Por auto de 24 de junio de 2022, el despacho admitió la acción de tutela y
ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial demandada, así como al
Ministerio de Defensa Nacional, la Armada Nacional - Dirección General Marítima
(DIMAR), al Ejército Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, como terceros
interesados en el resultado del proceso.
Del mismo modo, dispuso oficiar al Tribunal Administrativo de Bolívar, para que
allegara copia digitalizada del expediente de reparación directa No. 13001-23-33-
000-2017-01116-00, demandante: Glenen Alexander Ross.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
73323 a 73330, todas de 6 de julio de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la
referida decisión7
5.3. Encontrándose el proceso para proferir fallo de primera instancia, por auto de
5 de agosto de 2022 el despacho dispuso vincular a la Administradora Colombiana
de Pensiones (Colpensiones) en calidad de demandada, teniendo en cuenta en
que en el escrito complementario el actor la incluyó como accionada.
7 La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas:
Glenn.Windquest@Yahoo.com; rosandy.es@Outlook.com, stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
oficinajuridica@armada.mil.co; dasleg@armada.mil.co; ciudadano@armada.mil.co,
dimar@dimar.mil.co; notificacionesjudiciales@dimar.mil.co, ceoju@buzonejercito.mil.co;
sac@buzonejercito.mil.co, jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co;
juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co, Notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co.
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Demandante: Glenen Alexander Ross
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Bolívar
El Magistrado Sustanciador que tiene a su cargo el proceso de reparación directa
objeto de la acción de tutela radicado bajo el No 13001-23-33-000-2017-01116-00,
pidió que se declare improcedente la acción de tutela al considerar que no se
cumple el presupuesto de la subsidiariedad o, en su defecto, se nieguen las
pretensiones de la demanda en tanto no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados por el actor.
Señaló que conforme con lo establecido en los artículos 63A de la Ley 270 de
1996 y 18 de la Ley 446 de 1998, los fallos se profieren en el orden en que
ingresan al despacho para tal fin, y este solo puede modificarse y alterarse en
situaciones especiales que no cumple el caso bajo estudio el cual se encuentra en
el turno 214.
Igualmente, señaló que carece de competencia para decidir sobre el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación del demandante, en tanto la
demanda que tiene bajo su conocimiento no se dirige contra un acto administrativo
que hubiese negado ese derecho pensional.
Por último, adujo que se desconoce el requisito de la subsidiariedad al reclamar el
reconocimiento de la pensión de vejez a través de la acción de tutela, sin antes
haber efectuado la reclamación ante las entidades que tienen a su cargo el
reconocimiento de la pensión de vejez.
6.2. Respuesta Fiscalía General de la Nación
Quien ocupa el cargo de profesional especializada de la Unidad de la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la entidad pidió que se declare improcedente la acción de
tutela porque no cumple el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto persigue el
reconocimiento de derechos de carácter patrimonial, sin que se hubiese agotado
el medio de control de reparación directa, pues el mismo se encuentra en trámite
de primera instancia. Además, indicó que no se demostró la necesidad y urgencia
de que el juez de tutela intervenga para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
En relación con el reconocimiento pensional que, a juicio del demandante el
Estado colombiano debe pagarle mientras culmina el proceso de reparación
directa, señaló que la acción de amparo constitucional también resulta
improcedente porque se trata de una controversia de carácter económico que
debe resolverse a través de los medios ordinarios dispuestos para tal propósito.
6.3. Respuesta de la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones)
La directora (A) de la Dirección de Acciones Constitucionales pidió que se
desvincule del trámite de la acción constitucional por existir falta de legitimación en
la causa por pasiva teniendo en cuenta, que a su juicio, las pretensiones de la
demanda no van dirigidas contra esa entidad y tampoco tiene competencia para
resolverlas teniendo en cuenta que el actor no tiene reporte de afiliación o
cotizaciones efectuadas al régimen pensional que administra, por lo que resulta
improcedente un estudio sobre el reconocimiento de alguna prestación pensional.
Precisó que los hechos y las pretensiones expresadas en la acción de tutela no
involucra aspectos que puedan relacionarse con las competencias de la entidad
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como administradora del régimen de prima media con prestación definida fijadas
en los artículos 1 y 3 del Decreto 2011 de 2013.
Finalmente, señaló que el actor no ha formulado petición alguna dirigida al
reconocimiento pensional ante la entidad, por lo tanto no puede vincularse con la
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
6.4. La Armada Nacional puso de presente que el jefe de archivo de la Dirección
de Gestión Jurídica puso de presente que remitió la acción de tutela al grupo
contencioso de la Dirección General Marítima para que se diera respuesta. Sin
embargo, no hubo un pronunciamiento frente a los hechos y las pretensiones de la
demanda.
6.5. Las demás entidades vinculadas guardaron silencio aun cuando fueron
notificadas en debida forma del auto admisorio de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
De conformidad con los antecedentes expuestos y los informes rendidos por las
autoridades demandadas, le corresponde a la Sala determinar (i) si el Tribunal
Administrativo de Bolívar vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y
al mínimo vital del actor con la tardanza en proferir la sentencia de primera
instancia dentro del medio de control de reparación directa radicado bajo el No.
13001233300020170111600 y (ii) si Colpensiones está en el deber de reconocer y
pagar una pensión de vejez hasta que ese proceso judicial finalice teniendo en
cuenta que con la indemnización que asegura, será reconocida a su favor,
garantizará el acceso a esa prestación pensional de manera particular.
3. De la mora judicial
La mora judicial fue definida por esta Corporación como la conducta dilatoria del
juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso
judicial. Tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley
y carezca de motivo probado y razonable, evento en el cual constituiría un
obstáculo para el acceso a la administración de justicia8.
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-1154 de 20019, indicó
que “a fin de que proceda la acción de tutela, es indispensable que determinada
dilación o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los
términos dentro de un proceso, no constituye per se una violación al debido
proceso, salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. Así
entonces, la mora judicial sólo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar
de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones "imprevisibles e
ineludibles", tales como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los
8 Sentencia del 11 de octubre de 2012, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.
Exp. 2012-00052-01(AC).
9 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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términos señalados por la ley”.
Ello significa que no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que
ella debe ser injustificada, además de estar probada la negligencia de la autoridad
judicial demandada y que sea probable la existencia de un perjuicio irremediable.
Si, por el contrario, la actuación de los falladores de instancia es célere y diligente,
pero por circunstancias imprevisibles, no es posible dar cumplimiento a los
términos judiciales, tampoco se configura la alegada mora judicial.
No obstante, para establecer si la mora en la decisión oportuna de las autoridades
es violatoria de derechos fundamentales, es preciso analizar la razonabilidad del
plazo y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos.
Por otra parte, la Corte Constitucional ha puntualizado que, no obstante, los
análisis que se hagan sobre la justificación del funcionario sobre la mora judicial,
“el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad
ni siquiera en aquellos supuestos en que los retrasos se deben a los defectos
estructurales de la organización y funcionamiento de la rama judicial.” En tales
eventos, para establecer que el retraso es justificado es necesario, además,
mostrar que se han intentado agotar todos los medios que las circunstancias
permitan para evitarlo10.
Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de la Corte
Constitucional en la sentencia SU-394 de 201611, indicó que la acción de tutela es
procedente cuando las autoridades judiciales incurren en mora judicial injustificada,
teniendo en cuenta que, en estos casos, es posible que el derecho a un debido
proceso se lesione a causa del incumplimiento de los términos procesales, por lo
que puede materializarse un daño que genere perjuicios no subsanables 12. La mora
judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un
incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que
justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y
omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial13.
La Corte Constitucional se apoyó en la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH) 14, en la que se establecieron criterios objetivos
para determinar bajo qué circunstancias se configura la violación al plazo
razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas.
En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José), consagra en su artículo 8.1 (garantías judiciales) el derecho de toda
persona a ser oída por un juez o tribunal competente dentro de un plazo razonable
y con las garantías debidas, lo que se complementa con el artículo 25.1 en el que
se reconoce el derecho al recurso judicial efectivo.
La Corte IDH interpretó en conjunto dichas normas, particularmente en el Caso
Genie Lacayo contra Nicaragua15, donde retomó la postura de la Corte Europea de
Derechos Humanos (Corte EDH), que afirma que la razonabilidad del plazo debía
10 Sentencia T-030 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.
12 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
13 En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la Sentencia T-230
de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
14 Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, Sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y
Costas); Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo,
Reparaciones y Costas); Caso Kawas Fernández vs Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009
(Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Mémoli vs Argentina, sentencia de 22 de agosto de 2013,
(Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
15 Corte IDH, sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 77.
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Demandante: Glenen Alexander Ross
valorarse atendiendo los siguientes criterios: “a) la complejidad del asunto; b) la
actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales”16
Estos tres requisitos fueron complementados posteriormente en el Caso Valle
Jaramillo y otros vs Colombia17, en el cual se agregó un último criterio para
determinar la razonabilidad del plazo, al considerar que se debe “tomar en cuenta
la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de
la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la
materia objeto de controversia”.
En conclusión, para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial, se
debe realizar una valoración objetiva de los aspectos que rodean la tardanza, tales
como la existencia de motivos razonables que justifiquen la dilación, la
complejidad del asunto a resolver, la actitud de los interesados y la conducta de
los funcionarios judiciales dentro del proceso. De esta forma, el simple hecho de
sobrepasar los términos legales dispuestos para fallar no configura la mora
judicial, ya que deben analizarse otras circunstancias particulares.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar no ha incurrido en mora judicial
injustificada
4.1.1. El señor Glenen Alexander Ross sostuvo que el Tribunal Administrativo de
Bolívar está vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso y al
mínimo vital con la tardanza en proferir sentencia de primera instancia dentro del
medio de control de reparación directa que promovió contra la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Armada Nacional y Fiscalía General de la Nación (rad. Nº
13001233300020170111600), en el que pretende la declaratoria de
responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios derivados del
deterioro causado a la embarcación Windquest durante el periodo en que estuvo
retenida en la estación Guardacostas de la Armada Nacional de Cartagena entre
el 20 de septiembre de 2015 y el 17 de febrero de 2017.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el expediente entró al despacho para fallo el
22 de enero de 2021 y a la fecha de presentación de la demanda de tutela -31 de
mayo de 2022-, no se había proferido fallo de primera instancia.
De esta manera, el actor consideró que la tardanza en el trámite del medio de
control de reparación directa afecta su derecho fundamental al mínimo vital
teniendo en cuenta que con la indemnización de perjuicios que se reconocería en
favor de la empresa propietaria de la embarcación que sufrió un grave deterioro
mientras permaneció bajo el dominio de la Armada Nacional, podría pagarle una
pensión privada de jubilación equivalente a 5 SMLMV por lo que, a su juicio, el
Estado colombiano debería garantizar ese ingreso de manera provisional mientras
culmina el proceso de reparación directa o el penal que cursa en su contra por
tráfico de migrantes.
4.1.2. El Magistrado a cargo del trámite judicial adujo que el expediente se
encuentra en el turno 214 para decidir y que no se cumplen los presupuestos
establecidos en los artículos 63A de la Ley 270 de 1996 y 18 de la Ley 446 de
1998 que permita alterarlo, tales como razones de seguridad nacional para
prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, graves violaciones de los
16 Cfr. Ibídem, Corte EDH; Caso Motta Vs Italia, sentencia de 19 de febrero de 1991, Series A Nº
195-A, párrafo 30; Caso Ruiz Mateos vs España, sentencia de 23 de junio de 1993, Series A Nº
262, párrafo 30.
17 Corte IDH, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 155.
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derechos humanos o crímenes de lesa humanidad o asuntos de especial
trascendencia social.
Del mismo modo, consideró que el trámite de la acción de tutela no es el medio
judicial idóneo para reclamar el reconocimiento y pago de una pensión provisional
por parte del Estado colombiano mientras se resuelve el proceso de reparación
directa, pues en caso de que considere que cumple los presupuestos para
acceder a ese derecho pensional, el actor debe agotar la reclamación
administrativa ante las entidades que tienen a su cargo el reconocimiento de dicha
prestación.
4.1.3. En el asunto bajo examen, verificado el Sistema de Consulta de Procesos
Nacional Unificada, la Sala pudo evidenciar en el expediente correspondiente al
medio de control de reparación directa radicado con el No.
13001233300020170111600, que la demanda se presentó el 30 de noviembre de
2017, de la cual se dispuso su admisión por auto de 12 de marzo de 2018 y
finalmente una vez agotadas las etapas procesales correspondientes, ingresó al
despacho para fallo el 22 de enero de 202118. Así las cosas, el trámite del proceso
judicial se ha extendido por cerca de cuatro (4) años y seis (6) meses, y ha
tardado para fallo a la fecha de presentación de la demanda -31 de mayo de
2022- un (1) año, cuatro (4) meses y quince (15) días, término que supera
ampliamente el de veinte (20) días previsto en el artículo 181 de la Ley 1437 de
2011.
Sobre el particular, resulta importante señalar que como lo ha precisado esta Sala
y la jurisprudencia constitucional el incumplimiento nominal del plazo para dictar
fallo no es una razón suficiente para concluir que se ha vulnerado el derecho
fundamental al debido proceso por la mora judicial en la que ha incurrido la
autoridad, sino que se deben valorar objetivamente las razones por las cuales no
se ha dictado la respectiva decisión con el fin de establecer si la tardanza es o no
justificada.
Ahora bien, debe señalarse que el precitado artículo 181 de la Ley 1437 de 2011
establece que en caso de que se prescinda de la audiencia de alegaciones y
juzgamiento por considerarla innecesaria, lo que ocurrió en el caso bajo análisis 19,
se dictara sentencia en el término de veinte días siguientes al vencimiento del
término para presentar los alegatos de conclusión. El texto de esta disposición es
el siguiente:
“ARTÍCULO 181. AUDIENCIA DE PRUEBAS. <Ver Notas del Editor> En la fecha y
hora señaladas para el efecto y con la dirección del Juez o Magistrado Ponente, se
recaudarán todas las pruebas oportunamente solicitadas y decretadas. La audiencia se
realizará sin interrupción durante los días consecutivos que sean necesarios, sin que la
duración de esta pueda exceder de quince (15) días.
Las pruebas se practicarán en la misma audiencia, la cual excepcionalmente se podrá
suspender en los siguientes casos:
1. En el evento de que sea necesario dar traslado de la prueba, de su objeción o de su
tacha, por el término fijado por la ley.
2. A criterio del juez y cuando atendiendo la complejidad lo considere necesario.
En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para
la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término
no mayor a veinte (20) días, sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la
presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en
el cual dictará sentencia en el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de
18 Consulta efectuada el 17 de agosto de 2022.
19 Providencia dictada en audiencia de pruebas celebrada el 26 de octubre de 2020.
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aquel concedido para presentar alegatos. En las mismas oportunidades señaladas para
alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene”.
Empero, la Corte Constitucional ha establecido que, en estos eventos, es
necesario que el juez de tutela verifique si la tardanza se encuentra o no
justificada. En ese sentido, la Sentencia SU-179 de 202120, expresó lo siguiente:
“74. Frente a la tardanza o mora por parte de los jueces en el cumplimiento de los
términos judiciales, esta Corte ha determinado que es posible promover acción de
tutela para reclamar la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, debido a que estos pueden resultar afectados
por dicha omisión judicial. En estos eventos, corresponde al juez constitucional
determinar si se trata de un caso de mora judicial justificada o injustificada,
teniendo en consideración que son hipótesis que surgen por distintas causas y
tienen diferentes implicaciones. En ese sentido, este tribunal ha reiterado que “no
toda mora judicial implica la vulneración de los derechos fundamentales de una
persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimiento de
plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique”. Para tal efecto,
deberán examinarse, en cada caso concreto, las condiciones específicas del asunto
sometido a decisión judicial, evaluarse si existe o no una justificación debidamente
probada que explique la mora, y evidenciarse si el interesado “ha obrado con diligencia
y cumplido a cabalidad la totalidad de sus obligaciones constitucionales y legales, de
modo tal que la demora en decidir sea para él el resultado de un estado de cosas
singularizado y probado que se constituya en motivo insuperable de abstención”.
75. En esa medida, la Corte ha entendido que, aun cuando se superen los
términos procesales para que el juez adopte una determinación, no hay violación
de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia y, por
consiguiente, no se desconoce la garantía a obtener una decisión de fondo sin
dilaciones injustificadas y dentro del plazo razonable, cuando se constata que
existe un motivo válido que justifica la mora judicial, es decir, cuando se trata de
una mora judicial justificada. Ello, exige analizar si el incumplimiento del término
procesal“(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia
que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se
acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de
la controversia en el plazo previsto en la ley”.
(…)
83. Mora judicial justificada. El incumplimiento de términos previstos en normas
procesales a causa de la congestión judicial, en tanto se basa en una situación
estructural y objetiva, no comporta una violación al derecho al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia. Por ello, la decisión a adoptar consiste
en negar la violación de los derechos mencionados, sometiendo al interesado al
sistema de turnos”. (Negrilla fuera del texto)
En efecto, la autoridad judicial accionada puso de presente que el expediente se
encuentra en el turno 214 para decidir, lo que permite evidenciar con claridad que
la excesiva carga laboral ha impedido al Tribunal Administrativo de Bolívar proferir
la sentencia dentro del término previsto para tal efecto en el artículo 181 de la Ley
1437 de 2011. Ahora bien, es importante precisar que el sistema de turnos para
proferir sentencia es un método establecido por el legislador, el cual solo puede
ser alterado en casos excepcionales y expresamente definidos en la ley.
La Corte Constitucional ha considerado que este sistema constituye una forma de
“garantizar el derecho a la igualdad y contribuir a racionalizar el servicio de
administración de justicia21” y de acuerdo con ello, solo puede alterarse cuando se
presenta “una situación real, verídica, comprobada y grave, que haga inminente la
necesidad del fallo porque de la realidad del caso se deduzca que la omisión del
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M.P. Alejandro Linares Cantillo
21 Sentencia C-248 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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mismo puede derivar directamente en una afectación definitiva de un derecho
fundamental de una persona puesta en condiciones de debilidad manifiesta22”.
En ese sentido, el artículo 63A de la Ley Estatutaria 270 de 1996 establece lo
siguiente:
“ARTÍCULO 63A. DEL ORDEN Y PRELACIÓN DE TURNOS. <Artículo
CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo adicionado por el artículo 16 de la Ley
1285 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando existan razones de seguridad
nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de
graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de
asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte
Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la
Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional,
señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente.
Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación.
Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de
Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los
asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés
público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean
tramitados de manera preferente.
Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el
Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración
de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden
cronológico de turnos.
Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones
del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura;
las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos
de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y
estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo,
fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y
señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá
el respectivo estudio.
PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo
18 de la Ley 446 de 1998.
PARÁGRAFO 2o. El reglamento interno de cada corporación judicial señalará los días
y horas de cada semana en que ella, sus Salas y sus Secciones, celebrarán reuniones
para la deliberación de los asuntos jurisdiccionales de su competencia, sin perjuicio que
cada Sala decida sesionar con mayor frecuencia para imprimir celeridad y eficiencia a
sus actuaciones.
PARÁGRAFO 3o. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
reglamentará los turnos, jornadas y horarios para garantizar el ejercicio permanente de
la función de control de garantías. En este sentido no podrá alterar el régimen salarial y
prestacional vigente en la Rama Judicial”.
Del mismo modo, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 dispone:
“ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los
Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los
expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los
casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de
conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también
podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente
del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social”.
La Sala admite que la congestión judicial y la alta carga laboral que deben
afrontar los servidores judiciales hace que los procesos tarden más de lo
esperado.
22 Sentencia SU-179 de 2021, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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En el caso bajo examen, la Sala encuentra que la autoridad judicial demandada
ha incurrido en mora judicial porque se ha superado ampliamente el plazo para
dictar el fallo de primera instancia, pero la misma se encuentra justificada en la
congestión judicial y la carga laboral excesiva, lo que se puede concluir a partir
del turno 214 en el que se encuentra el asunto para decidir, como se indicó en el
escrito de contestación de la acción de tutela. Esta circunstancia hace imposible
cumplir con los plazos fijados en la ley para proferir una sentencia de primera
instancia dentro del término, actuación definitiva en el proceso judicial que exige
la mayor rigurosidad, cuidado y tiempo para valorar las pruebas, los argumentos
de las partes y conforme con el ordenamiento jurídico aplicable adoptar una
decisión de fondo sobre la controversia sometida a su conocimiento.
En este orden de ideas, de conformidad con los parámetros establecidos por la
Corte IDH23 y la Corte Constitucional24, que han sido reiterados por esta
Corporación25, se concluye que la autoridad judicial demandada incurrió en mora
judicial, pero la misma está justificada en la congestión judicial y la carga laboral
de ese despacho que le impide decidir en la oportunidad prevista en la ley.
Con todo, es preciso señalar que el actor tiene a su disposición la posibilidad de
solicitar directamente a la autoridad judicial accionada que se aplique la excepción
al sistema de turnos dándole una prelación en caso de cumplir las condiciones
establecidas en la ley para tal efecto. Además, es de aclarar que las discusiones
sobre las afectaciones económicas que ha causado el deterioro de la
embarcación son aspectos que debe agotar en el trámite del proceso de
reparación directa que está en curso, en las etapas y por medio de los recursos
ordinarios y extraordinarios previstos por el legislador para el medio de control de
reparación directa.
En esas condiciones, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela
promovida contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, porque no se configuró la
mora judicial injustificada alegada por el demandante.
En todo caso, la Sala no puede desconocer el hecho de que la demanda del
medio de reparación directa se presentó el 30 de noviembre de 2017 y teniendo
en cuenta que la noción de justicia también involucra el tiempo en el que se
profiere la respectiva decisión judicial que dirime la controversia sujeta a examen
de los jueces, la Sala prevendrá al Tribunal Administrativo de Bolívar para que, en
la medida de lo posible, adelante todas las medidas que estén a su alcance para
el manejo de la excesiva carga laboral, con el fin de garantizar al demandante una
decisión con mayor prontitud.
23 Corte IDH, Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo,
Reparaciones y Costas); Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de
2008 (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Kawas Fernández vs Honduras, sentencia de 3 de abril
de 2009 (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Mémoli vs Argentina, sentencia de 22 de agosto de
2013, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Caso Valle Jaramillo y otros vs
Colombia Sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas).
24 Corte Constitucional, sentencia SU-179 de 2021 M.P. Alejandro Linares Cantillo, T- 186 de 2017,
M.P. María Victoria Calle Correa. Sentencia T-030 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. sentencia T-
1154 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras.
25 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 23 de agosto de 2018, exp. Nº 11001-03-15-000-
2018-02010-00; sentencia de 21 de junio de 2018, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-00078-00;
sentencia de 14 de junio de 2018, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-03278-00, sentencia de 21 de junio
de 2018, 11001-03-15-000-2018-01391-00 Sentencia de 8 de marzo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-
000-2019-00316-00; sentencia de 5 de febrero de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-04336-00,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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4.2. La solicitud de amparo constitucional contra Colpensiones es
improcedente
El actor en el escrito de corrección de la acción de tutela indicó que los reparos
también se dirigieron en contra de Colpensiones, con el fin de que esa entidad
pague transitoriamente una pensión de vejez equivalente a 5 SMLMV, monto que
considera va a reconocer por ese concepto, de manera particular, la empresa
0977327 B.C. Ltd cuando reciba la indemnización por los perjuicios derivados de
los daños del velero que persigue en el proceso de reparación directa que está en
trámite.
Al respecto, la Sala considera que la acción de tutela es improcedente, teniendo
en cuenta que el ordenamiento jurídico establece de manera clara y concreta los
presupuestos para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de vejez,
trámite administrativo que debe iniciar ante la respectiva administradora o fondo
de pensiones. Además, en ningún caso ha previsto que mientras se resuelve un
litigio sobre el cual además tiene meras expectativas económicas, el Estado deba
reconocer a su favor alguna clase de prestación pecuniaria.
Sobre el particular, resulta oportuno señalar que conforme con lo establecido en la
Ley 100 de 1993 el objeto del sistema general de seguridad social en pensiones,
dentro del cual se encuentra el régimen de prima media con prestación definida
que administra Colpensiones, es “garantizar a la población, el amparo contra las
contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente
ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los
segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones”.
Es decir, que dentro de las contingencias que se buscan amparar no se encuentra
una que pueda ubicarse en el escenario propuesto por el actor, esto es, la
tardanza en el proceso judicial en el que tiene una expectativa económica para
garantizar los recursos necesarios para garantizarse de manera particular una
pensión de vejez.
Además, es preciso señalar que no se demostró que el accionante hubiese
formulado, previamente, la solicitud de reconocimiento pensional ante
Colpensiones, lo que le corresponde adelantar en caso de que considere que
cumple los presupuestos legales para tal efecto. Ello, para que en sede
administrativa esa administradora de pensiones decida sobre esa pretensión a
través de actos administrativos que, eventualmente, pueden ser controvertidos
judicialmente a través de los medios de control correspondientes.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela respecto de Colpensiones, toda vez que no existen fundamentos jurídicos
que permitan ordenar a esa entidad reconocer una pensión de vejez mientras
culmina el medio de control de reparación directa.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor Glenen Alexander Ross contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las
razones aquí expuestas.
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Segundo.- PREVÉNGASE al Tribunal Administrativo de Bolívar para que, en la
medida de lo posible, adelante todas las medidas que estén a su alcance para el
manejo de la excesiva carga laboral, con el fin de garantizar al demandante una
decisión con mayor prontitud.
Tercero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por el
señor Glenen Alexander Ross contra Colpensiones, por lo señalado en esa
providencia.
Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
ACLARA EL VOTO
14
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