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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-04336-00

Acción de tutela contra autoridad judicial

Fecha
5 de febrero de 2019
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
18 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-04336-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la sociedad Inversiones y Asesorías Urbanas S.A.S. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-04336-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

5 de febrero de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD JUDICIAL / MORA JUDICIAL - Tardanza en emitir sentencia de segunda instancia en acción popular / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[L]a Sala encuentra que el trámite de acción popular se radicó el 13 de abril de 2015, sin que a la fecha se haya proferido la decisión respectiva. Sin embargo, durante este tiempo, en consideración a la naturaleza del asunto que se discute, ha sido necesario dar trámite a varias actuaciones judiciales, tales como: la solicitud de medidas cautelares formulada por la parte demandante, la audiencia de pacto de cumplimiento, el decreto y práctica de pruebas, la solicitud de corrección de informe pericial y los recursos de reposición y apelación interpuestos por ambas partes en contra de las decisiones emitidas en el marco de dicha acción constitucional. Lo anterior, conllevó que el juez popular debiera atender asuntos propios del trámite constitucional previos a dictar la sentencia de fondo. Cabe resaltar que tanto la Corte IDH como la Corte Constitucional han sido claras en señalar que la noción de plazo razonable en el desarrollo de un trámite judicial, no debe fijarse sólo a partir de los términos establecidos por la ley, como lo pretende la parte accionante, sino que deben tenerse en consideración otros aspectos tales como: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y la congestión judicial. La autoridad judicial demandada manifestó que la tardanza en emitir la decisión se explica en la gran cantidad de asuntos que debe fallar el despacho. Además, allegó el listado de turnos para fallo de las acciones populares encontrando que la acción elevada por la sociedad actora se encuentra en el turno Nº 5. Al respecto, la Sala entiende que en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, existe un cúmulo excesivo de procesos judiciales que superan la capacidad humana para dictar decisiones con oportunidad a lo que se agrega, que el juez popular, previo a emitir decisión de fondo, tuvo que atender asuntos propios de la naturaleza del trámite de acción popular. Todo ello, puede conllevar que la emisión de la decisión respectiva tarde más de lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998siendo estos motivos razonables. Por otro lado, es claro que la situación presentada no se ha generado como consecuencia del incumplimiento de los deberes del Magistrado a cargo del proceso, ya que se han adelantado las actuaciones pertinentes para garantizar el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia de las partes. A lo que se agrega que el proceso se encuentra en el turno Nº 5 para ser fallado. Por las razones expuestas, la Sala denegará las pretensiones de la acción de tutela promovida por la sociedad Inversiones y Asesorías Urbanas S.A.S.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 120 - INCISO 1 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 34

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04336-00(AC)

Actor: INVERSIONES Y ASESORÍAS URBANAS S.A.S.

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Mora Judicial. Tardanza en emitir sentencia de segunda instancia en acción popular

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la solicitud de tutela promovida por la sociedad Inversiones y Asesorías Urbanas S.A.S., contra la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que pide el amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso, vulnerado, supuestamente, por la mora judicial injustificada en emitir sentencia de primera instancia dentro del trámite judicial de acción popular radicado bajo el número 25000234100020150077300, promovido en contra de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y otros.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Del expediente, se tienen como hechos relevantes los siguientes:

El 13 de abril de 2015, la sociedad Inversiones y Asesorías Urbanas S.A.S. promovió una acción popular en contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y otros, radicada bajo el Nº 25000234100020150077300, la cual correspondió por reparto a la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La demanda fue admitida mediante auto de 18 de septiembre de 2015, en el que también se corrió traslado de las medidas cautelares solicitadas por el demandante. En providencia del 20 de noviembre de 2015, el despacho del magistrado ponente negó dicha solicitud. El apoderado de la sociedad Inversiones y Asesorías Urbanas S.A.S. interpuso recurso de apelación en contra de esta decisión, el cual fue declarado improcedente mediante auto de 22 de enero de 2016.

El 25 de enero de 2016, se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento y fue declarada fallida mediante auto del mismo día. En auto 17 de mayo de esa anualidad el magistrado ponente dispuso el decreto de pruebas y fijó fecha de audiencia para el 6 de septiembre de 2016. La parte demandada interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto en auto de 23 de junio de 2016.

El 7 de septiembre de 2016, en auto de trámite se dispuso acerca de la recepción de testimonios y se puso en conocimiento el cuestionario, este auto fue recurrido, por lo que se corrió traslado a las partes el 16 de septiembre de 2016. El recurso fue resuelto en auto de 20 de enero de 2017.

El 15 de marzo de 2017, el despacho corrió traslado del informe pericial presentado el 3 de marzo 2017 y fijó los gastos respectivos. El 18 de agosto de 2017, se fijó fecha de audiencia de aclaración de dictamen, dicho auto fue objeto de recurso de reposición que se resolvió en providencia de 9 de octubre de 2017. El 27 de octubre de 2017, se emitió auto de culminación de la audiencia de pruebas.

Finalmente, el 7 de noviembre de 2017, el proceso entró al despacho para fallo, luego de que ambas partes presentaran los alegatos de conclusión.

2. Fundamentos de la acción

La sociedad Inversiones y Asesorías Urbanas S.A.S. estima que la autoridad judicial demandada ha incurrido en mora judicial en la resolución de la acción popular interpuesta en contra de la CAR y otros, radicada bajo el Nº 25000234100020150077300, lo que considera una transgresión injustificada de su derecho fundamental al debido proceso, teniendo en cuenta que han transcurrido más de 3 años desde que se inició el trámite judicial, sin que a la fecha se haya resuelto.

Adujo que desde hace más de 1 año el proceso se encuentra al despacho para emitir decisión de fondo, por lo que al no proferirla se está desconociendo lo dispuesto en el artículo 120, inciso 1 del Código General del Proceso (CGP), según el cual: “En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deberán dictar los autos en el término de diez (10) días y las sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin”.

3. Pretensiones

La actora formuló las siguientes pretensiones:

“1. Se declare que el aquí accionado, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, dentro del proceso de ACCIÓN POPULAR instaurada por INVERSIONES Y ASESORÍAS URBANAS S.A.S. en contra de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR Y OTROS, que allí curso bajo el radicado número 2015-00773-00, ante la Sección Primera Oral, siendo Magistrado Ponente el Honorable doctor FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA, está vulnerado el derecho el debido proceso de mi representada, en su calidad de sujeto procesa (demandante) en dicha actuación, al no proferir sentencia, dentro de los términos previstos en el inciso 1º del artículo 120 del Código General del Proceso.

2. Que, como consecuencia de dicha declaración, se ampare el derecho fundamental conculcado a que hice referencia en el numeral anterior, ordenándose a la aquí accionada, resolver, de manera inmediata, los asuntos que se encuentren en su Despacho, sin mayor mora judicial”.

4. Pruebas relevantes

Con el escrito de tutela el actor aportó copia del registro de actuaciones del proceso emitido por el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI.

5. Trámite procesal

Mediante auto de 21 de noviembre de 2018, se requirió a la señora María de la Concepción Constanza Luque Luque, quien dice actuar como representante legal de la sociedad demandante para que allegara el certificado de existencia y representación legal que la acreditara como tal. Cumplido dicho requerimiento, el despacho de la Magistrada Ponente en auto de 7 de diciembre de 2018, dispuso la admisión de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia a las partes y a la CAR, como tercera interesada en el resultado del proceso, a quienes se les remitió copia de la solicitud de amparo.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nº 169 a 172 del 11 de enero de 2019, a fin de darle cumplimiento a la referida decisión. El expediente ingresó al despacho para fallo el 17 de enero de 2019.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la CAR

En escrito presentado el 15 de enero de 2019, el apoderado de la entidad indicó que no se opone a las pretensiones formuladas por el actor, en tanto el debate que se plantea en la acción de tutela es ajeno a su competencia, teniendo en cuenta que la emisión de la decisión de fondo dentro del trámite de acción popular depende solamente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”.

Indicó que la intervención de la CAR en el referido trámite judicial fue diligente en cada una de sus etapas, por lo que sostuvo la Corporación no vulneró los derechos fundamentales de la parte demandante.

6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”

En escrito radicado el 23 de enero de 2019, el Magistrado a cargo del trámite judicial Felipe Alirio Solarte Maya indicó que debido a la gran cantidad de asuntos que debe fallar no es posible que las decisiones se profieran dentro de los términos señalados para emitir sentencia, a pesar de los esfuerzos de él y de los funcionarios judiciales de su despacho.

Al respecto, aseguró que:

“La Sección Primera del Tribunal administrativo de Cundinamarca fue excluida de las medidas de descongestión adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Desde la conformación de la Planta de Personal fue suprimido un cargo de Asesor Grado 23 y dos de Auxiliar Judicial I.

El despacho actualmente dispone de:

Magistrado
Asesor Grado 23
Profesional Universitario
Auxiliar Judicial
Oficial Mayor

Solo el compromiso de los judicantes ha permitido dar impulso al trámite del proceso.

Se informa que en el proceso de conformación de Planta la Sección Primera conformada por 6 magistrados pidió al Consejo Superior suprimir la posibilidad de crear una nueva subsección para la Sección Primera, hecho que sucedió, a cambio de fortalecer los despachos con 2 asesores y fortalecer la Secretaria.

Ni uno ni otro evento ha sucedido.

2.3. Jornadas adicionales de trabajo

No obstante que la Dirección Ejecutiva ha indicado que culminada la jornada ordinaria de 8 a 1 y de 2 a 5 pm, el nominador asume responsabilidad por el manejo de personal, se encuentra que mi despacho la jornada inicia antes de las 8 de la mañana y culmina a las 8 de la noche de manera ordinaria, cuando se apaga la energía impide proseguir con el trabajo.

Adicionalmente el trabajo se despliega, en forma ordinaria y regular, los días sábados, domingos y festivos, conforme a la disponibilidad de tiempo de los empleados quienes sacrifican su actividad en aras de procurar cumplir con la ardua carga laboral”.

Indicó que la Sección Primera es la única del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que “maneja en primera y segunda instancia las acciones populares, de grupo y nulidad electoral y en única instancia las observaciones, objeciones, recurso de insistencia y conflictos de competencias administrativas. (…) La sección primera maneja cerca de 100 temas diferentes, lo que hace que no logre sacar decisiones en gran cantidad”.

Allegó el listado de turnos para fallo de las acciones populares, en el que se observa que la acción constitucional elevada por la sociedad actora se encuentra en el turno Nº 5.

Indicó que ha cumplido a cabalidad con el derecho al turno y, por tanto, ha garantizado el debido proceso, atendiendo la capacidad real de respuesta del despacho.

Manifestó que en algunos casos relacionados con servicios públicos o sancionatorios por caducidad de facultad sancionatoria, se han modificado los turnos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 270 de 1996.

Por último, aseveró que la acción de tutela elevada por el actor resulta improcedente pues no se comprobó la existencia de una vía de hecho que vulnere su derecho fundamental al debido proceso, ni la afectación de este por cuenta de la falta de decisión en la acción popular.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno, la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si en el presente caso la autoridad judicial demandada incurrió en vulneración del derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de la presunta mora judicial en la resolución del trámite judicial de acción popular radicado bajo el Nº 25000234100020150077300.

3. De la mora judicial

La mora judicial fue definida por esta Corporación como la conducta dilatoria del juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso judicial. Tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable, evento en el cual constituiría un obstáculo para el acceso a la administración de justicia.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-1154 de 2001, indicó que “a fin de que proceda la acción de tutela, es indispensable que determinada dilación o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los términos dentro de un proceso, no constituye per se una violación al debido proceso, salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. Así entonces, la mora judicial sólo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones "imprevisibles e ineludibles", tales como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los términos señalados por la ley”.

Ello significa que no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que ella debe ser injustificada, además de estar probada la negligencia de la autoridad judicial demandada y que sea probable la existencia de un perjuicio irremediable. Si, por el contrario, la actuación de los falladores de instancia es célere y diligente, pero por circunstancias imprevisibles, no es posible dar cumplimiento a los términos judiciales, tampoco se configura la alegada mora judicial.
No obstante, para establecer si la mora en la decisión oportuna de las autoridades es violatoria de derechos fundamentales, es preciso analizar la razonabilidad del plazo y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos.

Por otra parte, la Corte Constitucional ha puntualizado que, no obstante, los análisis que se hagan sobre la justificación del funcionario sobre la mora judicial, “el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera en aquellos supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales de la organización y funcionamiento de la rama judicial.” En tales eventos, para establecer que el retraso es justificado es necesario, además, mostrar que se han intentado agotar todos los medios que las circunstancias permitan para evitarlo.

Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 2016, indicó que la acción de tutela es procedente cuando las autoridades judiciales incurren en mora judicial injustificada, teniendo en cuenta que, en estos casos, es posible que el derecho a un debido proceso se lesione a causa del incumplimiento de los términos procesales, por lo que puede materializarse un daño que genere perjuicios no subsanables. La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial.

La Corte Constitucional se apoyó en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) , en la que se establecieron criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la violación al plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas.

En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), consagra en su artículo 8.1 (garantías judiciales) el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente dentro de un plazo razonable y con las garantías debidas, lo que se complementa con el artículo 25.1 en el que se reconoce el derecho al recurso judicial efectivo.

La Corte IDH interpretó en conjunto dichas normas, particularmente en el Caso Genie Lacayo contra Nicaragua, donde retomó la postura de la Corte Europea de Derechos Humanos (Corte EDH), que afirma que la razonabilidad del plazo debía valorarse atendiendo los siguientes criterios: “a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales”

Estos tres requisitos fueron complementados posteriormente en el Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, en el cual se agregó un último criterio para determinar la razonabilidad del plazo, al considerar que se debe “tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia”.

En conclusión, para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial, se debe realizar una valoración objetiva de los aspectos que rodean la tardanza, tales como, la existencia de motivos razonables que justifiquen la dilación, la complejidad del asunto a resolver, la actitud de los interesados y la conducta de los funcionarios judiciales dentro del proceso. De esta forma, el simple hecho de sobrepasar los términos legales dispuestos para fallar no configura la mora judicial, ya que deben analizarse otras circunstancias particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La sociedad actora se encuentra legitimada en la causa por activa

Las personas naturales cuentan con un conjunto de derechos básicos e inalienables contenidos en la Carta Política que tienen como finalidad la protección de la dignidad humana como fundamento para la proclamación constitucional e internacional de los derechos humanos. Por su parte, las personas jurídicas, por su naturaleza propia, no gozan de todos los derechos constitucionales derivados de la Constitución en tanto que algunos de ellos solo se derivan de la persona humana. No obstante, los que se reflejan en las personas naturales, deben ser garantizados por el Estado, por lo que la Corte Constitucional ha destacado los siguientes: debido proceso, la igualdad, la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, la libertad de asociación, la inviolabilidad de los documentos y papeles privados, el acceso a la administración de justicia, el derecho a la información, el habeas data y el derecho al buen nombre, entre otros.

Es así, como la Corte Constitucional en sentencia T-317 de 28 de mayo de 2013, discurrió sobre el particular lo siguiente:

“Desde sus primeros pronunciamientos esta Corporación ha sostenido que las personas jurídicas, aún las de derecho público, están legitimadas para ejercer la acción de tutela debido a que son titulares de derechos constitucionales fundamentales por dos vías, directamente como titulares de aquellos derechos que por su naturaleza son predicables de estos sujetos de derechos, e indirectamente cuando la vulneración puede afectar los derechos fundamentales de las personas naturales que las integran. El corolario lógico de esta titularidad de derechos fundamentales por parte de las personas jurídicas es la legitimación activa para reclamarlos mediante la acción de tutela. En relación con la representación judicial ha señalado la Corte, que la instauración de una acción de tutela por parte de una persona jurídica debe respetar las reglas de postulación previstas en la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, de manera que sea impetrada por su representante legal, directamente o a través de apoderado”.

Con fundamento en lo expuesto, es claro que la sociedad demandante está legitimada en la causa por activa para impetrar la solicitud de amparo constitucional objeto de estudio.

4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en mora judicial

La sociedad accionante indica que la autoridad judicial demandada ha incurrido en mora judicial, en emitir sentencia de primera instancia dentro del trámite judicial de acción popular radicado bajo el número 25000234100020150077300, promovido en contra de la CAR y otros, lo que, en su sentir, desconoce el mandato consagrado en el artículo 120, inciso 1 del CGP, ya que han transcurrido más de 3 años desde su radicación (13 de abril de 2015), sin que esta haya sido resuelta.

Por lo anterior, el actor interpuso acción de tutela en la que solicita que se ordene a la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que profiera la decisión respectiva.

En efecto, como lo advirtió el actor, la Sala encuentra que el trámite de acción popular se radicó el 13 de abril de 2015, sin que a la fecha se haya proferido la decisión respectiva. Sin embargo, durante este tiempo, en consideración a la naturaleza del asunto que se discute, ha sido necesario dar trámite a varias actuaciones judiciales, tales como: la solicitud de medidas cautelares formulada por la parte demandante, la audiencia de pacto de cumplimiento, el decreto y práctica de pruebas, la solicitud de corrección de informe pericial y los recursos de reposición y apelación interpuestos por ambas partes en contra de las decisiones emitidas en el marco de dicha acción constitucional. Lo anterior, conllevó que el juez popular debiera atender asuntos propios del trámite constitucional previos a dictar la sentencia de fondo.

Cabe resaltar que tanto la Corte IDH como la Corte Constitucional han sido claras en señalar que la noción de plazo razonable en el desarrollo de un trámite judicial, no debe fijarse sólo a partir de los términos establecidos por la ley, como lo pretende la parte accionante, sino que deben tenerse en consideración otros aspectos tales como: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y la congestión judicial.

La autoridad judicial demandada manifestó que la tardanza en emitir la decisión se explica en la gran cantidad de asuntos que debe fallar el despacho. Además, allegó el listado de turnos para fallo de las acciones populares encontrando que la acción elevada por la sociedad actora se encuentra en el turno Nº 5.

Al respecto, la Sala entiende que en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, existe un cúmulo excesivo de procesos judiciales que superan la capacidad humana para dictar decisiones con oportunidad, a lo que se agrega, que el juez popular, previo a emitir decisión de fondo, tuvo que atender asuntos propios de la naturaleza del trámite de acción popular. Todo ello, puede conllevar que la emisión de la decisión respectiva tarde más de lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, siendo estos motivos razonables.

Por otro lado, es claro que la situación presentada no se ha generado como consecuencia del incumplimiento de los deberes del Magistrado a cargo del proceso, ya que se han adelantado las actuaciones pertinentes para garantizar el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia de las partes. A lo que se agrega que el proceso se encuentra en el turno Nº 5 para ser fallado.

Por las razones expuestas, la Sala denegará las pretensiones de la acción de tutela promovida por la sociedad Inversiones y Asesorías Urbanas S.A.S.

5. Razón de la decisión

La Sala considera que la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no vulneró el derecho fundamental al debido proceso, en tanto no se comprobó falta de diligencia del titular del despacho judicial a cargo del proceso en la resolución de la acción popular con radicado Nº 25000234100020150077300.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la sociedad Inversiones y Asesorías Urbanas S.A.S.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

MILTON CHAVES GARCÍA
Consejero

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero

M.P. Felipe Alirio Solarte Maya.
M.P. Felipe Alirio Solarte Maya.
Folio 12 del expediente de tutela.
Folio 36 ibíd.
Folios 33 y ss ibíd.
Folio 46 ibíd. .
Sentencia del 11 de octubre de 2012, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Exp. 2012-00052-01(AC).
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Sentencia T-030 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la Sentencia T-230 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, Sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Kawas Fernández vs Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009 (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Mémoli vs Argentina, sentencia de 22 de agosto de 2013, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
Corte IDH, sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 77.
Cfr. Ibídem, Corte EDH; Caso Motta VS Italia, sentencia de 19 de febrero de 1991, Series A Nº 195-A, párrafo 30; Caso Ruiz Mateos vs España, sentencia de 23 de junio de 1993, Series A Nº 262, párrafo 30.
Corte IDH, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 155.
Sentencia SU-182 de 1998, M. P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
M.P. Felipe Alirio Solarte Maya.
“En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deberán dictar los autos en el término de diez (10) días y las sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin.
En lugar visible de la secretaría deberá fijarse una lista de los procesos que se encuentren al despacho para sentencia, con indicación de la fecha de ingreso y la de pronunciamiento de aquella.
No obstante, cuando en disposición especial se autorice decidir de fondo por ausencia de oposición del demandado, el juez deberá dictar inmediatamente la providencia respectiva”.
De acuerdo con las estadísticas judiciales publicadas por el Consejo Superior de la Judicatura, en el 2017 entre los meses de enero a diciembre, por ejemplo, ingresaron a dicha Sección 2.852 procesos y se fallaron 1.699, sin embargo, a pesar de las estrategias de descongestión aún restan 1.945 procesos por fallar. En: https://www.ramajudicial.gov.co/web/estadisticas-judiciales/ano-2017. Última consulta realizada el 29 de enero de 2019.
“Sentencia. Vencido el término para alegar, el juez dispondrá de veinte (20) días para proferir sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante. Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular (…)”.

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