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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04905-00

Fecha
5 de octubre de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04905-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Román Enrique Torres Redondo, quien actúa en nombre propio, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04905-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

5 de octubre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04905-00
Actor: Román Enrique Torres Redondo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04905-00
Demandante: ROMÁN ENRIQUE TORRES REDONDO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“B”

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Mora judicial en trámite de recurso de
apelación presentado contra auto que ordenó el decreto de medidas
cautelares en un proceso ejecutivo

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Román Enrique Torres Redondo1, quien actúa en nombre
propio, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, en la que
pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso,
mínimo vital, igualdad, vida digna, petición y reparación integral, los cuales
considera vulnerados por la tardanza en resolver el recurso de apelación
formulado contra auto de 27 de julio de 2022 que decretó medidas cautelares en el
marco del proceso ejecutivo iniciado contra la Fiscalía General de la Nación
(radicado No. 13001-23-33-000-2020-00111-01).

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante relató que promovió demanda ejecutiva contra la Fiscalía General
de la Nación, con la pretensión de obtener el pago de la condena declarada en la
sentencia de 6 de mayo de 2010 dictada en un proceso de reparación directa, por
concepto de la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de
la libertad de la que fue objeto el 16 de julio de 2003.

Señaló que el proceso se encuentra en trámite de segunda instancia en la
Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado2, para resolver el recurso
de apelación promovido por la ejecutada contra el auto 27 de julio de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, en el que decretó medidas cautelares.

Por último, afirmó que el 27 de junio de 2023, la Fiscalía General de la Nación
solicitó que se decretara la terminación del proceso por pago total de la obligación
y que se ordenara la entrega de los respectivos títulos a su favor. No obstante,
manifestó que a la fecha de presentación de la demanda no se había proferido la

1
Presentada a través de correo electrónico el 8 de septiembre de 2023.
2
M.P. Fredy Ibarra Martínez.

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Actor: Román Enrique Torres Redondo

respectiva providencia de terminación de proceso, por lo que no se había
ordenado la entrega del título judicial a su favor.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital, igualdad, vida digna, petición y
reparación integral, los cuales considera vulnerados por la tardanza en resolver el
recurso de apelación promovido contra el auto de 27 de julio de 2022 que decretó
medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo promovido contra la Fiscalía
General de la Nación con radicado No. 13001-23-33-000-2020-00111-01.

Como argumentos de la demanda se refirió al alcance del derecho a la reparación
integral establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004, de
la cual transcribió algunos de sus apartes que hacen referencia a la protección de
las víctimas de desplazamiento forzado.

De igual modo, adujo que se cumple el presupuesto de la subsidiariedad porque
no existe otro mecanismo de defensa judicial para exigir a la autoridad judicial
accionada que decrete la terminación del proceso por pago total de la obligación y
remita el expediente al Tribunal Administrativo de Bolívar para que proceda a la
entrega de los títulos judiciales y, de esta manera, recibir el dinero correspondiente
a la indemnización de perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de
la que fue objeto el 16 de julio de 2003.

Finalmente, afirmó que es un sujeto de especial protección constitucional, en
razón a su edad -71 años-, a lo que agregó que es víctima de desplazamiento
forzado.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“1. Tutelar mis Derechos Constitucionales Fundamentales [al] Mínimo Vital, Igualdad, a
la Vida en Condiciones Dignas, Petición, Debido Proceso y Reparación a las Víctimas
del Conflicto Armado.

2. Ordenar a la SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, Magistrado
Ponente FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ que proceda dentro las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la terminación de la actuación de segunda instancia que
cursa en su despacho, para poder hacer efectivo el título ejecutivo que no se ha podido
recibir por estar este trámite pendiente y se comunique para el efecto al Tribunal
Administrativo de Bolívar”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente copia de la solicitud de terminación de proceso por pago
total de la obligación formulada por la Fiscalía General de la Nación dentro del
proceso con radicado No. 13001-23-33-000-2020-00111-01.

5. Trámite procesal

Por auto de 11 de septiembre de 2023, la magistrada sustanciadora admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas, así
como a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a los señores Camilo Román
Torres Catalán, Adriana Cristina Torres Catalán, Alicia Torres Catalán, María del
Carmen Torres Catalán, María Fernanda Torres Navarro, Natalia Carolina Torres
Catalán y Neris del Carmen Catalán Potes, como terceros interesados en el
resultado del proceso.

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Actor: Román Enrique Torres Redondo

Del mismo modo, ordenó oficiar al Consejo de Estado, Sección Tercera –
Subsección “B” y al Tribunal Administrativo de Bolívar, en el evento de que el
expediente hubiera sido devuelto, para que allegara copia digitalizada del proceso
No. 13001-23-33-000-2020-00111-00, demandante: Román Enrique Torres
Redondo.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 98666 a 98672 de 14
de septiembre de 20233 con el fin de notificar a las partes.

El expediente ingresó al despacho para fallo el 26 de septiembre de 2023.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”

El magistrado sustanciador del proceso objeto de la presente acción constitucional
rindió informe, en los siguientes términos:

Señaló que el expediente ingresó al despacho el 29 de marzo de 2023 para
resolver el recurso de apelación, el cual fue concedido en el efecto devolutivo. Por
lo tanto, destacó que las órdenes impartidas por el juez de primera instancia son
de obligatorio e inmediato cumplimiento, sin perjuicio de lo que decida el juez de
segunda instancia. Por lo tanto, el demandante no se encuentra impedido para
seguir adelante con el proceso ejecutivo, pues la decisión del recurso de apelación
de las medidas cautelares no le impide continuar con las diligencias.

En ese orden, señaló que el recurso de apelación promovido por la parte
ejecutada será decidido en Sala de Decisión programada para el 19 de octubre de
2023.

Por último, pidió que se declare improcedente la acción de tutela y que en caso de
que se aborde un estudio de fondo se nieguen las pretensiones de la demanda,
teniendo en cuenta que no existe mora judicial y no se han vulnerado los derechos
fundamentales invocados por el actor.

6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Bolívar

El magistrado sustanciador del proceso ejecutivo objeto de tutela rindió informe
sobre los hechos y las pretensiones de la demanda.

Informó que por auto de 18 de agosto de 2021 se libró mandamiento de pago en
favor de la parte demandante, el cual fue corregido en proveído de 9 de
septiembre del mismo año.

Asimismo, señaló que por auto de 27 de julio de 2022 se decretó la medida
cautelar de embargo y secuestro contra la entidad ejecutada, la cual interpuso
recurso de apelación contra esa providencia por medio de escrito radicado el 2 de
agosto de esa anualidad, el cual fue concedido en el efecto devolutivo por medio
de auto de 19 de diciembre de 2022. Agregó que, posteriormente, solicitó que se
decretara la terminación del proceso por pago total de la obligación.

3
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las
siguientes direcciones de correo electrónico: camilotorrescatalan@gmail.com,
notiffibarra@consejodeestado.gov.co, notiftutelas3@consejodeestado.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, camilotorrescatalan@gmail.com,
juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co, ces3secr@consejodeestado.gov.co,
stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co.
.

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Actor: Román Enrique Torres Redondo

Manifestó que el 22 de junio de 2023, el señor Camilo Román Torres Catalán pidió
que se ordenara la entrega del título judicial correspondiente al depósito que hizo
la Fiscalía General de la Nación a su favor, y que desde el 15 de septiembre del
año en curso el expediente ingresó al despacho para resolver ambas solicitudes.

Señaló que las etapas procesales se han agotado dentro de los plazos razonables
que la carga laboral del despacho ha permitido y atendiendo las consideraciones
de complejidad del presente asunto, así como la conducta procesal desplegada
por los sujetos procesales y que, además, debe tenerse en cuenta el trámite
preferencial de las acciones constitucionales que ha tenido que atender durante el
tiempo en que se surtió el trámite del asunto.

Finalmente, pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda teniendo en
cuenta que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor.

6.3. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

Quien ocupa el cargo de profesional especializada de la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la entidad pidió que se desvincule del trámite constitucional, teniendo
en cuenta que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que no tiene injerencia en las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

De conformidad con el escrito de tutela y los informes rendidos en este trámite
constitucional, le corresponde a la Sala determinar si la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado incurrió en mora judicial injustificada por la
tardanza en resolver el recurso de apelación presentado por la parte ejecutada
contra el auto de 27 de julio de 2022 dentro del proceso ejecutivo con radicado No.
13001-23-33-000-2020-00111-00, y si se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

3. De la mora judicial

La mora judicial fue definida por esta Corporación como la conducta dilatoria del
juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso
judicial. Tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley
y carezca de motivo probado y razonable, evento en el cual constituiría un
obstáculo para el acceso a la administración de justicia4.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-1154 de 20015, indicó
que “a fin de que proceda la acción de tutela, es indispensable que determinada
dilación o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los
términos dentro de un proceso, no constituye per se una violación al debido
proceso, salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. Así
4
Sentencia del 11 de octubre de 2012, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Exp. 2012-
00052-01(AC).
5
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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entonces, la mora judicial sólo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar
de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones "imprevisibles e
ineludibles", tales como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los
términos señalados por la ley”.

Ello significa que no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que
ella debe ser injustificada, además de estar probada la negligencia de la autoridad
judicial demandada y que sea probable la existencia de un perjuicio irremediable.
Si, por el contrario, la actuación de los falladores de instancia es célere y diligente,
pero por circunstancias imprevisibles, no es posible dar cumplimiento a los
términos judiciales, tampoco se configura la alegada mora judicial.

No obstante, para establecer si la mora en la decisión oportuna de las autoridades
es violatoria de derechos fundamentales, es preciso analizar la razonabilidad del
plazo y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos.

Por otra parte, la Corte Constitucional ha puntualizado que, no obstante, los
análisis que se hagan sobre la justificación del funcionario sobre la mora judicial,
“el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad
ni siquiera en aquellos supuestos en que los retrasos se deben a los defectos
estructurales de la organización y funcionamiento de la rama judicial.” En tales
eventos, para establecer que el retraso es justificado es necesario, además,
mostrar que se han intentado agotar todos los medios que las circunstancias
permitan para evitarlo6.

Reiterando el anterior precedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la
sentencia SU-394 de 20167, indicó que la acción de tutela es procedente cuando las
autoridades judiciales incurren en mora judicial injustificada, teniendo en cuenta que,
en estos casos, es posible que el derecho a un debido proceso se lesione a causa
del incumplimiento de los términos procesales, por lo que puede materializarse un
daño que genere perjuicios no subsanables8. La mora judicial injustificada, precisó,
se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo
judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza
sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del
funcionario judicial9.

La Corte Constitucional se apoyó en la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH) 10, en la que se establecieron criterios objetivos
para determinar bajo qué circunstancias se configura la violación al plazo
razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas.

En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José), consagra en su artículo 8.1 (garantías judiciales) el derecho de toda
persona a ser oída por un juez o tribunal competente dentro de un plazo razonable
y con las garantías debidas, lo que se complementa con el artículo 25.1 en el que
se reconoce el derecho al recurso judicial efectivo.

6
Sentencia T-030 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
9
En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la Sentencia T-230 de 2013,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10
Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, Sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y Costas);
Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y
Costas); Caso Kawas Fernández vs Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009 (Fondo, Reparaciones y
Costas); Caso Mémoli vs Argentina, sentencia de 22 de agosto de 2013, (Excepciones preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas).

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Actor: Román Enrique Torres Redondo

La Corte IDH interpretó en conjunto dichas normas, particularmente en el Caso
Genie Lacayo contra Nicaragua11, donde retomó la postura de la Corte Europea de
Derechos Humanos (Corte EDH), que afirma que la razonabilidad del plazo debía
valorarse atendiendo los siguientes criterios: “a) la complejidad del asunto; b) la
actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales”12

Estos tres requisitos fueron complementados posteriormente en el Caso Valle
Jaramillo y otros vs Colombia13, en el cual se agregó un último criterio para
determinar la razonabilidad del plazo, al considerar que se debe “tomar en cuenta
la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de
la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la
materia objeto de controversia”.

En conclusión, para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial, se
debe realizar una valoración objetiva de los aspectos que rodean la tardanza, tales
como la existencia de motivos razonables que justifiquen la dilación, la
complejidad del asunto a resolver, la actitud de los interesados y la conducta de
los funcionarios judiciales dentro del proceso. De esta forma, el simple hecho de
sobrepasar los términos legales dispuestos para fallar no configura la mora
judicial, ya que deben analizarse otras circunstancias particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El señor Román Enrique Torres Redondo presentó acción de tutela con el
objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo
vital, igualdad, vida digna, petición y reparación integral, los cuales considera
vulnerados por la tardanza en resolver el recurso de apelación presentado por la
parte ejecutada contra el auto de 27 de julio de 2022, proferido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, en el marco del proceso ejecutivo con radicado No.
13001-23-33-000-2020-00111-01.

Agregó que por oficio de 22 de junio de 2023, la Fiscalía General de la Nación
pidió que se ordenara la terminación del proceso por pago total de la obligación, y
en consonancia con lo anterior, la parte ejecutante solicitó la entrega de los títulos
judiciales correspondientes al deposito efectuado por dicha entidad.

No obstante, señaló que las anteriores peticiones no pueden resolverse hasta que
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, resuelva el recurso de
apelación presentado por la parte ejecutada contra el auto de 27 de julio de 2022
que decretó medidas cautelares, y se disponga la devolución del expediente al
tribunal de origen.

La autoridad judicial accionada en la contestación de la acción de tutela informó
que el proceso ejecutivo ingresó al despacho el 29 de marzo de 2023 para
resolver el recurso de apelación, el cual fue concedido en el efecto devolutivo, por
lo tanto, las órdenes impartidas por el juez de primera instancia son de obligatorio
e inmediato cumplimiento, sin perjuicio de lo que decida el superior funcional.

Por lo tanto, adujo que el demandante no se encuentra impedido para seguir
adelante con el proceso ejecutivo, pues la decisión del recurso de apelación de las
medidas cautelares no le impide al Tribunal Administrativo de Bolívar continuar
con las diligencias. Agregó que la resolución del recurso de apelación será llevada
a Sala de Decisión programada para el 19 de octubre de 2023.

11
Corte IDH, sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 77.
12
Cfr. Ibídem, Corte EDH; Caso Motta Vs Italia, sentencia de 19 de febrero de 1991, Series A Nº 195-A,
párrafo 30; Caso Ruiz Mateos vs España, sentencia de 23 de junio de 1993, Series A Nº 262, párrafo 30.
13
Corte IDH, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 155.

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Actor: Román Enrique Torres Redondo

4.2. En el asunto bajo examen, la Sala observa que si bien ha existido tardanza
por la autoridad judicial accionada en la resolución del recurso de apelación
formulado por la parte ejecutada contra el auto que decretó medidas cautelares,
en tanto el expediente ingresó al despacho el 29 de marzo de 2023, por lo que han
transcurrido seis meses aproximadamente a la presentación de la acción de tutela,
ese plazo atiende a la noción de plazo razonable, conforme se explicó su alcance
en las consideraciones jurídicas de esta decisión.

Al respecto, es preciso mencionar que el artículo 244 de la Ley 1437 de 2011 no
establece un término para resolver el recurso de apelación de autos. En efecto, el
numeral 4 de dicha disposición dispone que “Una vez concedido el recurso, se
remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano”.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado14, en consonancia con la jurisprudencia
de la Corte IDH15 y la Corte Constitucional16, ha expresado que para analizar la
configuración de la mora judicial injustificada, se debe revisar no solo la tardanza
en emitir la decisión, sino también otros aspectos tales como: la complejidad del
asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades
judiciales y la congestión judicial.

Al respecto, en la sentencia SU-179 de 202117 la Corte Constitucional se refirió a
la noción de mora judicial justificada o injustificada y señaló que, el primer evento,
se puede presentar por el volumen de trabajo o la congestión judicial. En ese
sentido, expresó lo siguiente:

“En concordancia con lo anterior, esta Corte ha señalado que es dado afirmar que
existe mora judicial injustificada o indebida, cuando quiera que se acredite que el juez
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, de manera reiterada, ha sostenido que
la dilación injustificada que viola los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, se configura cuando está demostrado que “(i) se
presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como
lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la
omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de la autoridad judicial”.

De igual modo, señaló que en el evento en que se acredite “el incumplimiento de
términos previstos en normas procesales a causa de la congestión judicial, en
tanto se basa en una situación estructural y objetiva, no comporta una violación al
derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Por ello, la
decisión a adoptar consiste en negar la violación de los derechos mencionados,
sometiendo al interesado al sistema de turnos”.

En cualquier caso, en la contestación de la demanda de tutela la autoridad judicial
accionada informó que en la Sala de Decisión de 19 de octubre de 2023 abordará
el estudio del recurso de apelación, por lo que existe una fecha cierta en la que el
asunto será decidido de manera definitiva.

14
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 8 de marzo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-
00316-00; sentencia de 5 de febrero de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-04336-00; sentencia de 21 de
junio de 2018, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-00078-00, sentencia de 14 de junio de 2018, 11001-03-15-000-
2017-03278-00; sentencia de 17 de agosto de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-00571-00, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
15
Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, Sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y Costas);
Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y
Costas); Caso Kawas Fernández vs Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009 (Fondo, Reparaciones y
Costas); Caso Mémoli vs Argentina, sentencia de 22 de agosto de 2013, (Excepciones preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas).
16
Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa. Sentencia T-030 de 2005.
M.P. Jaime Córdoba Triviño. sentencia T-1154 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras.
17
M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04905-00
Actor: Román Enrique Torres Redondo

Finalmente, resulta oportuno señalar que conforme con lo establecido en el
artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el recurso de apelación contra los autos que
decretan medidas cautelares se concede en el efecto devolutivo que, en los
términos del artículo 323 del Código General del Proceso, significa que “no se
suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada, ni el curso del proceso”.

Entonces, conforme con lo anterior, como lo expresó la autoridad judicial
accionada, el Tribunal Administrativo de Bolívar no pierde la competencia sobre el
asunto, pues continúa dándole trámite al proceso y cumple lo decidido en la
providencia recurrida.

En efecto, en el informe rendido por el Tribunal Administrativo de Bolívar sobre la
acción de tutela, puso en conocimiento que el 15 de septiembre de 2023 el
expediento ingresó al despacho para resolver la solicitud de terminación de
proceso por pago total de la obligación formulada el 27 de junio de 2023 por la
parte ejecutada, así como la petición de entrega del título judicial elevada por el
señor Camilo Román Torres Catalán el 22 de junio de 2023.

Así las cosas, a juicio de la Sala la tardanza de la autoridad judicial accionada está
justificada, a lo que se agrega que según indicó en el informe rendido, el asunto
será decidido el 19 de octubre de 2023, razón por la cual se negarán las
pretensiones de la acción de tutela.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor Román Enrique Torres Redondo, quien actúa en nombre propio, por las
razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04905-00
Actor: Román Enrique Torres Redondo

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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