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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01330-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01330-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- REVÓCASE la sentencia de 6 de mayo de 2022, proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado. En su lugar, Segundo.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse un hecho superado. Tercero.- ÍNSTASE al Conjuez Roberto Patiño Rivera para que en lo sucesivo efectúe el seguimiento oportuno a los procesos judiciales que le han sido asignados por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Cuarto.- EXHÓRTASE a la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Atlántico para que realice los registros y actualizaciones que hagan falta con el fin de que las actuaciones judiciales del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 08001-33-33-011-2014-00055-01 se puedan visualizar en tiempo real en el Sistema Consulta de Procesos Nacional Unificada, todo ello con el propósito de asegurar que los interesados puedan realizar un seguimiento inmediato del desarrollo del proceso en uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Quinto.- PREVÉNGASE al Secretario General del Tribunal Administrativo del Atlántico para que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en omisiones como las que dieron origen al presente mecanismo constitucional. 6 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 7 de abril de 2022, exp. No. 11001-03-15-000- 2022-00626-00, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2022-01330-01 Demandante: Giancarlo Mejía Nieto Sexto.- ÍNSTASE a la Presidencia del Tribunal Administrativo del Atlántico para que tome los correctivos que estime necesarios con el fin de garantizar que a los casos que se repartan a los conjueces les sea impartido de forma oportuna el trámite que corresponde. Séptimo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01330-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

28 de julio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01330-01
Demandante: Giancarlo Mejía Nieto

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01330-01
Demandante: GIANCARLO MEJÍA NIETO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Tardanza en proferir sentencia de
segunda instancia en medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Registro de las actuaciones
procesales en los sistemas de gestión e información de la Rama
Judicial. Carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora contra la sentencia de 6 de mayo de 2022, dictada
por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado en la que negó las
pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El señor Giancarlo Mejía Nieto indicó que el 31 de enero de 2013 presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama
Judicial, radicada bajo el No. 08001-33-33-011-2013-00049-00, la cual
correspondió por reparto al Juzgado Once Administrativo del Circuito de
Barranquilla.

Aseguró que por sentencia de 2 de diciembre de 2013, el juez de primera instancia
resolvió negar las pretensiones de la demanda.

Refirió que interpuso recurso de apelación el cual fue concedido mediante auto de
5 de febrero de 2014, por lo que el expediente se remitió al Tribunal Administrativo
del Atlántico, en donde le fue asignado el radicado 08001-33-33-011-2014-00055-
01.

Aseveró que el expediente correspondió por reparto a la magistrada Judith
Romero Ibarra, quien junto con los demás magistrados de esa Corporación
judicial, se declararon impedidos para conocer del proceso. El impedimento
conjunto se declaró fundado por auto de 23 de octubre de 2014 y se ordenó
devolver el expediente al despacho de origen para que se hiciera el respectivo
sorteo de conjueces, correspondiéndole al conjuez Roberto Alonso Patiño Rivera.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01330-01
Demandante: Giancarlo Mejía Nieto

Adujo que en el mes de marzo de 2019 se presentaron los alegatos de conclusión
en segunda instancia.

Por último, expresó que a pesar de que ha presentado varios memoriales de
impulso procesal e incluso mediante correo electrónico de 14 de septiembre de
2021, elevó solicitud de cambio de Conjuez, han transcurrido más de tres (3) años
desde que se presentaron los alegatos de conclusión, sin que a la fecha de
presentación de la acción de la acción de tutela la autoridad judicial demandada
haya proferido la decisión de segunda instancia.

2. Fundamentos de la acción

El demandante interpuso acción de tutela con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales de acceso efectivo a la administración de justicia y de
petición, los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del
Atlántico con la tardanza en proferir la sentencia de segunda instancia en el marco
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el
No. 08001-33-33-011-2014-00055-01.

Sostuvo que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho fundamental de acceso
efectivo a la administración de justicia “no solo se circunscribe a que el ciudadano
pueda acudir a las instancias judiciales para reclamar o hacer valer sus derechos
e intereses, sino a obtener una solución definitiva de sus controversias en un
tiempo prudencial y ante todo atendiendo los términos previstos por el legislador”.

Por lo anterior, indicó que dicha garantía ius fundamental fue vulnerada dado que
han transcurrido más de tres (3) años desde que se presentaron los alegatos de
conclusión de segunda instancia, sin que a la fecha se haya proferido la sentencia,
término que excede el plazo de veinte (20) días previsto en el numeral 7 del
articulo 247 de la Ley 1437 de 2011.

Así mismo, manifestó que de conformidad con el artículo 115 de la Ley 1437 de
2011, los Conjueces tienen los mismos deberes y atribuciones que los
magistrados y están a cargo de las mismas responsabilidades.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“PRIMERO: Como petición principal: Ordenar al señor ROBERTO PATIÑO RIVERA
en su condición de Conjuez del Tribunal Administrativo del Atlántico para que en el
término de 48 horas, o en el término que considere el juez constitucional, se sirva
proferir fallo de segunda instancia dentro del proceso 2014-00055.

SEGUNDO: Se vincule a la señora Magistrada JUDITH ROMERO IBARRA,
Magistrada del Tribunal Administrativo del Atlántico quien estuvo a cargo del
expediente hasta la declaratoria de impedimento y ante quien se elevó solicitud de
cambio de conjuez.

TERCERO: Ordénese a la magistrada JUDITH ROMERO IBARRA que resuelva la
solicitud de cambio de conjuez radicada el 14 de septiembre de 2021.

CUARTO: Prevenir al conjuez ROBERTO PATIÑO RIVERA de que en ningún caso
vuelvan a incurrir en las acciones que dieron mérito a iniciar esta tutela y que si lo
hacen serán sancionadas conforme lo dispone el Art. 52 del Decreto 2591/91 (arresto,
multa, sanciones penales)”.

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Demandante: Giancarlo Mejía Nieto

4. Pruebas relevantes

Con el escrito de tutela la parte actora aportó los siguientes documentos:

• Copia del auto de abril 1 de 2014, por medio del cual el Tribunal
Administrativo del Atlántico admitió el recurso de apelación presentado
contra la sentencia de 31 de enero de 2013, emitida por el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Barranquilla.
• Copia del auto de 28 de febrero de 2019, suscrito por el Conjuez Roberto
Patiño Rivera en el que se ordenó correr traslado para presentar los
alegatos de conclusión.
• Captura de pantalla del correo electrónico de 14 de septiembre de 2021,
dirigido a la dirección ventanilla01tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co con
el asunto “Solicitud cambio de conjuez 2014-00055 (2013-00049-00)”.

5. Trámite procesal

Previo a estudiar la admisibilidad de la demanda, el Despacho de la Consejera
ponente de primera instancia profirió auto de 1 de marzo de 2022, con el fin de
requerir al actor para que allegara copia de las solicitudes de impulso procesal
que, según lo narrado en la solicitud de amparo, presentó al interior del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.

En virtud de dicho requerimiento el demandante aportó capturas de pantalla de
conversaciones mediante la aplicación de mensajería WhatsApp, en donde se le
solicita al Conjuez Rodrigo Patiño información sobre el proceso y la emisión del
fallo de segunda instancia. Así como los memoriales de impulso procesal
radicados ante la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Atlántico el 19
de febrero, 6 de marzo y 15 de agosto de 2015.

Por auto de 10 de marzo de 2022, la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y se ordenó notificar en calidad de
parte demandada a la magistrada Judith Romero Ibarra y al conjuez Roberto
Alonso Patiño Rivera, integrantes del Tribunal Administrativo del Atlántico. Así
como al Presidente de dicha Corporación Judicial, en calidad de tercero con
interés en el resultado del trámite constitucional.

Mediante providencia de 18 de marzo de 2022, la Consejera Ponente requirió a la
magistrada Judith Romero Ibarra y al presidente del Tribunal Administrativo del
Atlántico, con el fin de que se pronuncien sobre los hechos narrados en el escrito
de tutela y, en especial, acerca de la solicitud de cambio de conjuez ponente que
el demandante afirma haber presentado.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Atlántico

Por escrito de 8 de abril de 2022, el Presidente del Tribunal Administrativo del
Atlántico indicó que hasta el 7 del mismo mes y año tuvo conocimiento de la
presente acción de tutela, por lo que requirió al Secretario General de la
Corporación judicial con el fin de que rindiera un informe sobre los hechos
narrados por el accionante.

Indicó que el requerimiento fue atendido por el secretario general mediante oficio
No. 140-G recibido en el correo electrónico el 7 de a abril de 2022, en donde se
puso de presente que “el mencionado medio de control se encontraba

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equivocadamente en poder del Conjuez Blas Osorio Narváez (Q.E.P.D) y fue
devuelto a esta secretaria el día 6 de abril de 2020 (sic) e inmediatamente se
entregó al Conjuez Ponente doctor Roberto Patiño Rivera, para que emita la
sentencia respectiva”.

Aseguró que una vez informado sobre lo sucedido procedió a dar la instrucción al
secretario de la Corporación judicial para que tomara los correctivos del caso
frente a los hechos objeto de tutela.

6.2. Respuesta del Conjuez Roberto Alonso Patiño Rivera

En memorial de 16 de marzo de 2022, pidió que se desvincule del trámite
constitucional.

Manifestó que la última actuación procesal efectuada dentro del proceso fue la
emisión del auto de 28 de febrero de 2019, en el que se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión.

Sostuvo que en aras de que se efectuara la notificación de dicho auto entregó el
expediente en físico a la Secretaría General de la Corporación, dependencia que,
a su juicio, es la encargada de dar impulso secretarial a los asuntos que son de
conocimiento de los Conjueces. No obstante, refirió que en la Secretaría General
no logra cumplir dicha actividad a cabalidad dada la alta carga laboral que debe
soportar.

Indicó que a partir del 16 de marzo de 2020, con ocasión a la emergencia sanitaria
por la COVID-19, se comenzó con el proceso de digitalización de expedientes.
Afirmó que en el caso que se dio prioridad a aquellos expedientes que se
tramitaban por Magistrados y Jueces titulares, dejando de lado a aquellos que
habían sido asignados a los Conjueces, pues solo cuando se recibía un memorial
de impulso procesal se procedía a escanear el expediente.

Manifestó que durante los catorce (14) años de su servicio en la administración de
justicia ha visitado los juzgados y el Tribunal Administrativo del Atlántico con
regularidad con el fin de revisar los expedientes que tiene a su cargo. Actividad
que refiere retomó actualmente luego de superar algunos quebrantos de salud.

Aseguró que en este caso no se incurrió en mora judicial injustificada, teniendo en
cuenta que aun cuando la parte actora interpuso varios memoriales de impulso
procesal estos fueron radicados ante la Secretaría General del Tribunal
Administrativo del Atlántico, en donde no se cuenta con la capacidad operativa
para darle el trámite de rigor ingresando al despacho dichos documentos, como
ocurre en el caso de despachos judiciales que cuentan con el apoyo de varios
servidores judiciales.

Advirtió que para poder elaborar el proyecto de sentencia de segunda instancia
debe contar con el expediente en físico o en medio digital, el cual se entregó a la
Secretaría General de esta Corporación con el fin de que se diera trámite al auto
de 28 de febrero de 2019, por medio del cual se corrió traslado a las partes para
presentar alegatos de conclusión. No obstante, afirmó que hasta la fecha no ha
recibido el expediente nuevamente por lo que se dirigirá a la sede judicial con el fin
de conocer su ubicación.

Por último, manifestó que “una vez el suscrito tenga a su disposición el expediente
sea en físico o digitalizado, se rotará el fallo proyectado entre los colegas de Sala
no sin antes expresar que el número de Conjueces que prestamos nuestro
servicios a la Justicia en este Distrito Judicial, es exiguo desde hace varios años y
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la carga de procesos ante los impedimentos de los Magistrados de la Sala Plena
sigue en aumento y también como abogados tenemos compromisos profesionales
de los cuales subsistimos, siempre daré prioridad al cumplimiento del deber
voluntariamente aceptado, como siempre lo he venido haciendo”.

8. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, mediante sentencia de 6
de mayo de 2022, resolvió negar las pretensiones de la acción de tutela, al
considerar que de conformidad con la información que reposa en el expediente, “el
conjuez Roberto Alonso Patiño Rivera no incurrió en la mora judicial alegada por el
accionante, toda vez que, como se puede observar, el expediente con radicado
08001-23-33-011-2014-00055-01 no se encontraba en su poder, por lo que no era
posible que realizara el respectivo proyecto de fallo de segunda instancia. Solo a
partir del 6 de abril de 2022, la Secretaría General del Tribunal Administrativo del
Atlántico ingresó el expediente al despacho del conjuez para lo de su
competencia”.

En este sentido, advirtió que aun cuando no se ha dictado sentencia de segunda
instancia en el proceso la tardanza se encuentra justificada, por lo que queda
descartada la mora judicial alegada por el accionante. A lo que agregó, que en el
informe rendido en el trámite de tutela, el Conjuez manifestó su compromiso para
elaborar el proyecto de fallo de segunda instancia una vez contara con el
expediente en físico.

9. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la anterior decisión, por lo que solicitó que se revocara y se
accediera a las pretensiones de la acción de tutela.

Manifestó que el a quo aceptó los argumentos esgrimidos por el Conjuez a cargo
del trámite constitucional sin haberle exigido que demostrara, al menos de manera
sumaria, su diligencia para obtener al expediente y proyectar la sentencia a su
cargo, “máxime si se tiene en cuenta que entre el 20 de marzo de 2019 cuando se
profirió el auto que corrió traslado para alegar y el 4 de junio de 2020, fecha de
expedición del decreto 806 de 2020, transcurrió más de un (1) año, periodo dentro
del cual se presentaron solicitudes de impulso mediante oficios radicados ante el
Tribunal Administrativo del atlántico y a través de mensajes de Whatsapp, tal y
como se encuentra acreditado en el expediente”.

Advirtió que solo con la presentación de la acción de tutela, es decir, transcurridos
más de tres (3) años desde que finalizó el término para alegar de conclusión el
Conjuez se acercó a la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Atlántico
con el fin de solicitar información sobre el proceso en mención. A lo que agregó
que le dio plena veracidad a la afirmación efectuada por la Secretaría General de
la Corporación, en cuanto a que el expediente se había entregado por
equivocación al conjuez Blas Osorio Narváez (Q.E.P.D), sin exigirle evidencia de
dicha circunstancia, como por ejemplo, el oficio de devolución del expediente.

Sostuvo que “las solicitudes de impulso procesal se presentaron ante la Secretaría
del Tribunal Administrativo del Atlántico, pues en ese momento era el conducto
regular”.

Enseguida, aseguró que aun cuando en la providencia de primera instancia se
hizo referencia a los criterios de la Corte Constitucional para establecer si una
autoridad incurrió en mora judicial injustificada, a saber: la complejidad del asunto,
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la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad judicial, el análisis
global del procedimiento y el turno en el pasó el expediente al despacho, no se
analizaron dichos aspectos, pues no se tuvo en cuenta su actividad procesal como
interesado en el resultado del proceso ni que se trata de un asunto de menor
complejidad y de pleno derecho, por lo que la tardanza no se encuentra justificada.

Por último, refirió que desde el 6 de abril de 2022 “cuando al conjuez accionado le
fue entregado el expediente para que cumpliera su compromiso de proyectar la
sentencia de segunda instancia, a la fecha de presentación de la presente
impugnación, han transcurrido más de los veinte (20) días previstos en el artículo
247 de la Ley 1437 de 2011 para dictar sentencia en segunda instancia, lo que
confirma aún más la vulneración del derecho al efectivo acceso a la administración
de justicia”.

10. Intervenciones

10.1. Encontrándose el expediente al despacho para proferir la sentencia de
segunda instancia, el Conjuez Roberto Patiño Rivera, quien se encuentra a cargo
del trámite de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el actor,
manifestó mediante correo electrónico de 7 de julio de 2022, que ese mismo día
radicó proyecto de fallo el cual sería próximamente discutido por la Sala de
conjueces para su aprobación. Con el memorial allegó copia del Oficio No. 00183-
GR de 7 de julio de 2022, dirigido al Secretario General del Tribunal Administrativo
del Atlántico, mediante el cual se dejaba constancia de la entrega del expediente
junto con el proyecto de fallo.

10.2. Adicionalmente, por memorial de 22 de julio de 2022, el Secretario General
de la Corporación Judicial remitió copia de la providencia de 7 de julio de 2022 e
informó que la misma fue suscrita por la Sala dual de Conjueces conformada por
el Dr. Roberto Patino Rivera y el Dr. Carlos Quiñones Gómez y que se encuentra
pendiente de notificación, pues el Sistema de Gestión judicial, SAMAI ha
presentado intermitencia en su conectividad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si se debe revocar la sentencia de 6 de mayo de 2022, dictada por la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que se negaron las
pretensiones de la acción de tutela y si debe acceder al amparo solicitado pues la
autoridad judicial demandada incurrió en mora judicial injustificada en tanto
transcurrieron más de tres (3) años desde que finalizó la etapa de alegatos de
conclusión sin que a la fecha se haya proferido la sentencia de segunda instancia.

De manera previa, se deberá establecer si se configuró la carencia actual de
objeto por hecho superado teniendo en cuenta que la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia el 7 de julio de 2022,

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mediante la cual resolvió el resolvió el recurso de apelación presentado por el
señor Giancarlo Mejía Nieto.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición
que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las
casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para
interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y
subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona,
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El asunto bajo examen

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia proferida por la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la
demanda por considerar que no se configuró mora judicial injustificada pues el
Conjuez Roberto Alonso Patiño Rivera sólo tuvo en su poder el expediente a partir
del 6 de abril de 2022, por lo que la tardanza se encuentra justificada.

El señor Giancarlo Mejía Nieto aseguró que el a quo no tuvo en cuenta que el
Conjuez a cargo del trámite judicial de nulidad y restablecimiento del derecho no
comprobó haber sido diligente para obtener el expediente pues sólo con ocasión a
la formulación de la acción de tutela, es decir, transcurridos más de tres (3) años
desde que finalizó el término para alegar de conclusión se acercó a la Secretaría
del Tribunal Administrativo del Atlántico con el fin de solicitar información sobre el
proceso en mención, encontrando que éste había sido entregado por equivocación
al conjuez Blas Osorio Narváez (Q.E.P.D). No obstante, no se aportó alguna
evidencia que diera fe de lo ocurrido, como por ejemplo, el oficio de devolución del
expediente.

Asimismo, indicó que en la sentencia de primera instancia, si bien se mencionan
los parámetros establecidos por la Corte Constitucional para identificar si una
autoridad incurrió en mora judicial injustificada, en realidad no se efectuó un
análisis de los mismos en el caso concreto. Por último, manifestó que aun cuando
se inicie el conteo a partir de la fecha en que el Conjuez recibió el expediente (6
de abril de 2022), a la fecha de presentación de la impugnación ya había finalizado
el término de veinte (20) días para proferir sentencia de segunda instancia previsto
en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, lo que, en su sentir, confirma la

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vulneración a su derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de
justicia.

4.2. La autoridad judicial demandada incurrió en mora judicial injustificada,
sin embargo, al haberse proferido la sentencia de segunda instancia se debe
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado

4.2.1. De acuerdo con la información que reposa en el expediente de tutela, la
Sala destaca las siguientes actuaciones que se han adelantado en el trámite
judicial de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho:

• El proceso fue remitido al Tribunal Administrativo del Atlántico en virtud del
auto de 5 de febrero de 2014, que concedió el recurso de apelación contra
la sentencia d 2 de diciembre de 2013, proferida por el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Barranquilla.
• El expediente correspondió por reparto a la magistrada Judith Romero
Ibarra, quien, junto con los demás magistrados de esa Corporación judicial,
se declaró impedida para conocer del asunto.
• El impedimento conjunto se declaró fundado mediante auto del 23 de
octubre de 2014, ordenando devolver el expediente al despacho de origen
para que se hiciera el respectivo sorteo de conjueces.
• Realizado el sorteo, el proceso se le asignó al Conjuez Roberto Patiño
Rivera quien por auto de 20 de marzo de 2019 corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión.
• El expediente se entregó a la Secretaría General desde esa fecha, sin
embargo, según lo informado por dicha dependencia, una vez el expediente
ingresó al despacho para fallo, se entregó equivocadamente al Conjuez
Blas Osorio Narváez (Q.E.P.D), por lo que sólo fue devuelto hasta el día 6
de abril de 2022, fecha en la que se entregó al Conjuez Ponente doctor
Roberto Patiño Rivera, para que procediera a emitir la sentencia respectiva,
como se dejó constancia en el siguiente informe de paso al despacho:

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Además, mediante memorial de 7 de julio de 2022, el Conjuez Ponente informó
que es mismo día se efectuó el registro del proyecto de sentencia de segunda
instancia, para lo cual aportó la siguiente constancia de radicación:

Por último, mediante correo electrónico de 22 de julio de 2022, el Secretario
General del Tribunal Administrativo del Atlántico adjuntó copia de la providencia
con data 7 de julio de 2022, en la que la Sala de Conjueces resolvió revocar la
decisión de primera instancia que había negado las pretensiones de la demanda y,
en su lugar, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el reconocimiento y pago del sueldo
básico que le corresponde al actor por el cargo de Abogado Asesor de Tribunal y
los respectivos incrementos salariales y prestacionales causados con ocasión de
la actualización salarial.

Asimismo, consultado el Sistema de Gestión Judicial SAMAI se advierte que la
decisión se notificó el 25 de julio de 2022.

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Demandante: Giancarlo Mejía Nieto

4.2.2. De acuerdo con lo anterior, en este caso procede la declaratoria de la
carencia actual de objeto por haberse proferido la sentencia de segunda instancia.
Sin embargo, la Sala no puede pasar desapercibido que en el asunto bajo examen
se incurrió en mora judicial injustificada por las siguientes razones:

De conformidad con las pruebas allegadas al expediente, es claro para la Sala que
transcurrieron más de tres (3) años desde que finalizó la etapa de alegatos de
conclusión hasta que se profirió la sentencia de segunda instancia, término que
desconoce la noción de plazo razonable, entendida como un término justo que no
afecte los derechos de quien acude a la justicia pero que atienda a las
particularidades y etapas propias del proceso, teniendo en cuenta que en esa
etapa procesal no se requería de ninguna actuación adicional pues no se
presentaron solicitudes que ameritaran un pronunciamiento por parte de la
autoridad judicial a cargo del proceso y solo restaba que el expediente ingresara al
despacho para proferir la decisión correspondiente.

No obstante, el expediente no ingresó al despacho para la elaboración del
proyecto de sentencia sino hasta el 6 de abril de 2022, cuando con ocasión a la
interposición de la acción de tutela el Conjuez a cargo del mismo se dirigió a la
Secretaría General de la Corporación Judicial demandada para determinar la
ubicación del expediente, encontrando que el mismo había sido entregado de
forma errónea a otro Conjuez quien falleció y no era el encargado del proceso, por
lo que hasta ese día se pudo recuperar el expediente.

En suma, no se observa alguna circunstancia que justifique la tardanza en proferir
la decisión de segunda instancia, pues lo ocurrido se relaciona con el error en el
trámite secretarial de haber entregado el expediente a un Conjuez que no era el
asignado para el asunto. A lo que se agregó la falta de seguimiento oportuno del
proceso por parte del Conjuez Roberto Patiño Rivera, quien ya tenía conocimiento
de la asignación pues fue quien emitió el auto de 20 de marzo de 2019 mediante
el cual corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, por lo que, una vez
culminada la etapa de alegatos, lo deseable era que estuviese atento al regreso
del expediente para fallo.

En este orden de ideas, de conformidad con los parámetros establecidos por la
Corte IDH1 y la Corte Constitucional2, que han sido reiterados por esta
Corporación3, se concluye que la autoridad judicial demandada incurrió en mora
judicial injustificada al superar el plazo razonable para proferir la sentencia de
segunda instancia.

4.3. En este sentido, al margen de que se haya configurado la carencia actual de
objeto por hecho superado, la Sala instará al Conjuez Roberto Patiño Rivera para

1
Corte IDH, Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo,
Reparaciones y Costas); Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de
2008 (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Kawas Fernández vs Honduras, sentencia de 3 de abril
de 2009 (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Mémoli vs Argentina, sentencia de 22 de agosto de
2013, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Caso Valle Jaramillo y otros vs
Colombia Sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas).
2
Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa. Sentencia T-030
de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. sentencia T-1154 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, entre otras.
3
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 23 de agosto de 2018, exp. Nº 11001-03-15-000-
2018-02010-00; sentencia de 21 de junio de 2018, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-00078-00;
sentencia de 14 de junio de 2018, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-03278-00, sentencia de 21 de junio
de 2018, 11001-03-15-000-2018-01391-00 Sentencia de 8 de marzo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-
000-2019-00316-00; sentencia de 5 de febrero de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-04336-00,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
10

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que en lo sucesivo efectúe el seguimiento oportuno a los procesos judiciales que
le han sido asignados por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Lo anterior, teniendo en cuenta que de conformidad con lo establecido en el
artículo 61 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 115 de la Ley 1437 de 2011, los
conjueces son servidores públicos que ejercen transitoriamente la función judicial
y asumen las atribuciones propias de los jueces, estando sujetos a su mismo
régimen de responsabilidades, deberes, impedimentos y recusaciones. Por lo
anterior, una vez le es asignado un proceso a un conjuez este debe ejercer el
direccionamiento y vigilancia del proceso de la misma forma en que lo debe
realizar un juez o magistrado titular.

4.4. Por otro lado, en tanto las circunstancias que se presentaron en la Secretaría
General del Tribunal Administrativo del Atlántico, relacionadas con (i) la entrega
del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho No. 08001-33-33-011-
2014-00055-01 a un Conjuez que no era el encargado del asunto y (ii) no
desplegar ninguna actuación para hacer seguimiento al expediente sino hasta tres
(3) años después, con motivo de la presentación de la acción de tutela, cuando
recuperó el expediente y efectuó el respectivo paso al despacho para fallo, la Sala,
haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 24 del Decreto 2591 de
19914, prevendrá al Secretario General de dicha Corporación Judicial para que, en
lo sucesivo, se abstenga de incurrir en omisiones como las que dieron origen al
presente mecanismo constitucional.

4.5. Así mismo, se instará a la Presidencia del Tribunal Administrativo del Atlántico
para que tome los correctivos que estime necesarios con el fin de garantizar que a
los casos que se repartan a los conjueces les sea impartido de forma oportuna el
trámite que corresponde.

4.6. Por otro lado, la Sala pudo constatar de manera oficiosa que aun cuando el
pasado 22, 23 y 25 de julio de 2022, la Secretaría General del Tribunal
Administrativo del Atlántico incluyó la anotación del reparto y de notificación de la
sentencia en el Sistema de Gestión Judicial Samai, en realidad el proceso con el
radicado No. 08001-33-33-011-2014-00055-01 no se encuentra registrado en
ninguno de los sistemas oficiales de consulta de procesos de la Rama Judicial5, lo
que sin duda dificulta el seguimiento de las actuaciones del proceso por parte de
los interesados y de la autoridad judicial que está a cargo del mismo.

Como lo ha advertido esta Sección, “el registro fiel de las actuaciones procesales
en los sistemas de información y gestión de procesos de la Rama Judicial tiene
estrecha relación con el principio de publicidad y, en esa vía, con el derecho al
debido proceso de las partes. Más aún en los tiempos actuales, en los que con
ocasión a la pandemia por Covid-19, aumentó el uso de estas plataformas
tecnológicas como herramienta a disposición de los sujetos procesales y de los
usuarios en general de la administración de justicia para hacer seguimiento a los
casos de su interés. Es por lo anterior que, en atención a los principios de
publicidad, buena fe y confianza legítima, los datos que registran en los sistemas

4
ARTICULO 24.-Prevención a la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos
del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al
solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública
para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo
establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las
responsabilidades en que ya hubiere incurrido.
El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para
evitar la repetición de la misma acción u omisión.
5
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida.
11

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de información deben ser concordantes con las actuaciones que obren en el
expediente”6.

Así las cosas, la Sala exhortará a la Secretaría General del Tribunal Administrativo
del Atlántico para que realice los registros y actualizaciones que hagan falta con el
fin de que las actuaciones judiciales del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el No. 08001-33-33-011-2014-00055-01 se puedan
visualizar en tiempo real en el Sistema de Consulta de Procesos Nacional
Unificada, todo ello con el propósito de asegurar que los interesados puedan
realizar un seguimiento inmediato del desarrollo del proceso en uso de las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

En definitiva, la Sala revocará la sentencia impugnada que negó las pretensiones
de la acción de tutela y, en su lugar, declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado teniendo en cuenta que en el asunto bajo examen la autoridad
judicial demandada, aun cuando incurrió en mora judicial injustificada, profirió la
sentencia de segunda instancia en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 08001-33-33-011-2014-00055-
01, con lo cual se entienden satisfechas las pretensiones formuladas por el actor
en el escrito de tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- REVÓCASE la sentencia de 6 de mayo de 2022, proferida por la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado. En su lugar,

Segundo.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse
un hecho superado.

Tercero.- ÍNSTASE al Conjuez Roberto Patiño Rivera para que en lo sucesivo
efectúe el seguimiento oportuno a los procesos judiciales que le han sido
asignados por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Cuarto.- EXHÓRTASE a la Secretaría General del Tribunal Administrativo del
Atlántico para que realice los registros y actualizaciones que hagan falta con el fin
de que las actuaciones judiciales del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el No. 08001-33-33-011-2014-00055-01 se puedan
visualizar en tiempo real en el Sistema Consulta de Procesos Nacional Unificada,
todo ello con el propósito de asegurar que los interesados puedan realizar un
seguimiento inmediato del desarrollo del proceso en uso de las tecnologías de la
información y las telecomunicaciones.

Quinto.- PREVÉNGASE al Secretario General del Tribunal Administrativo del
Atlántico para que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en omisiones como las
que dieron origen al presente mecanismo constitucional.

6
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 7 de abril de 2022, exp. No. 11001-03-15-000-
2022-00626-00, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12

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Demandante: Giancarlo Mejía Nieto

Sexto.- ÍNSTASE a la Presidencia del Tribunal Administrativo del Atlántico para
que tome los correctivos que estime necesarios con el fin de garantizar que a los
casos que se repartan a los conjueces les sea impartido de forma oportuna el
trámite que corresponde.

Séptimo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Octavo.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Noveno.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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