Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00043-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00043-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2023-00043-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
9 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-26-000-2023-00043-00 (69617)
Demandante: Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00043-00 (69617)
Demandante: Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - procedencia. CAUSALES - causal 5ª
del artículo 250 del CPACA: nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso -
presupuestos para su configuración - vulneración al derecho al debido proceso y al principio de
contradicción de las pruebas – ausencia de traslado de prueba decretada de oficio. DECLARA
FUNDADO - se acreditan los supuestos de procedencia.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia1, el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros, contra la sentencia proferida el 26 de
agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del proceso de
reparación directa identificado con radicado núm. 52001-23-33-000-2013-00542-01.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 9 de noviembre de 2011, el soldado profesional Mario Rosemberg Jojoa Jojoa
falleció como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo improvisado
-mina antipersonal-. El 30 de octubre de 2013, los recurrentes -miembros del grupo
familiar de la víctima- ejercieron el medio de control de reparación directa contra la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que fuera declarada
administrativamente responsable por la muerte de Mario Rosemberg Jojoa Jojoa.
Mediante sentencia del 8 de marzo de 2017, el Juzgado 3° Administrativo del
Circuito de Pasto negó las pretensiones de la demanda. El 26 de agosto de 2022,
el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la decisión anterior, al concluir que el
soldado profesional asumió los riesgos inherentes a su oficio. Asimismo, consideró
1 Artículos 243, 243ª, 249 y 255 del CPACA. Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones
procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda de revisión extraordinaria -23 de
febrero de 2023-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, así como a las
disposiciones del C.G.P, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del
primero de los estatutos mencionados.
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Radicado: 11001-03-26-000-2023-00043-00 (69617)
Demandante: Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros
acreditada la ausencia de las fallas en el servicio alegadas en la demanda y descartó
la ocurrencia de un riesgo excepcional. Esto, teniendo como fundamento principal
las pruebas decretadas de oficio y allegadas en segunda instancia.
La parte actora manifestó que no tuvo oportunidad de conocer los medios de
convicción que sirvieron de sustento a la providencia de segunda instancia. En
consecuencia, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
dictada el 26 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño, afirmando
que se materializó la causal 5ª de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), es decir, la “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso”,
específicamente, por vulneración de su derecho al debido proceso.
II. ANTECEDENTES
1. El proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia objeto de
revisión
Los recurrentes narraron que el 9 de noviembre de 2011, mientras el Ejército
Nacional desarrollaba una operación militar en el departamento de Nariño, fue
detonado un artefacto explosivo improvisado que provocó graves heridas al soldado
profesional Mario Rosemberg Jojoa Jojoa, quien falleció sin ser evacuado del área.
Sostuvieron que, en atención a lo anterior, el 30 de octubre de 20132 presentaron
demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que se declarara la
responsabilidad del Estado por el deceso de Mario Rosemberg Jojoa Jojoa3. En
sustento, indicaron que los hechos fueron consecuencia de las omisiones tácticas
en la implementación del protocolo militar, de la ausencia de mando sobre la tropa
y de las falencias en la conducción de la unidad. Asimismo, reprocharon la tardanza
y la negligencia en el procedimiento de retiro del soldado herido.
Señalaron que, mediante sentencia del 8 de marzo de 2017, el Juzgado 3º
Administrativo del Circuito de Pasto negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que Mario Rosemberg Jojoa Jojoa falleció como consecuencia de los
riesgos connaturales a la actividad militar que cumplía como soldado profesional4.
2 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 1DDDD48302823C5E
D5D70542F55EC6C4 9CB9A1F5170F4607 3EB093CA726F749C, ubicado en el índice 24 de
SAMAI, páginas 4 a 14.
3 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 1DDDD48302823C5E
D5D70542F55EC6C4 9CB9A1F5170F4607 3EB093CA726F749C, ubicado en el índice 24 de
SAMAI, páginas 4 a 14.
4 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 1DDDD48302823C5E
D5D70542F55EC6C4 9CB9A1F5170F4607 3EB093CA726F749C, ubicado en el índice 24 de SAMAI,
páginas 229 a 245.
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Demandante: Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros
Afirmaron que el 8 de mayo de 2017 apelaron la decisión, a propósito de lo cual
insistieron en las fallas atribuibles al Ejército Nacional y reiteraron las dificultades
que tuvieron al momento de integrar debidamente el acervo probatorio, por
actuaciones imputables a la entidad demandada5.
Pusieron de presente que, agotada la etapa de alegatos y estando el expediente al
despacho para fallo de segunda instancia, el 30 de junio de 2021, con el objeto de
esclarecer los puntos oscuros de la controversia, el Tribunal Administrativo de
Nariño decretó pruebas de oficio y ordenó que el Ejército Nacional allegara las
respectivas pruebas documentales6.
Anotaron que el 29 de junio de 2022 el Ejército Nacional allegó los documentos
decretados como prueba de oficio.
Aseguraron que el 26 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo de Nariño
confirmó la decisión apelada, por cuanto estimó que el soldado Jojoa Jojoa asumió
de manera voluntaria los peligros inherentes a la función militar y no encontró
prueba de las fallas endilgadas en la demanda al Ejército Nacional7. Además, los
demandantes enfatizaron que la providencia se cimentó en los medios de prueba
allegados al expediente el 29 de junio de 2022 por el Ejército Nacional.
2. El recurso extraordinario de revisión
El 23 de febrero de 2023, Luciano Miguel Jojoa Guacas, Olga Lucia Jojoa Jojoa,
Martha Irene Jojoa Guacas, Miguel Andrés Jojoa Jojoa, Martha Edith Jojoa Jojoa,
Jaime Mauricio Jojoa Jojoa y Elsa María Jojoa Jojoa formularon recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 26 de agosto de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Nariño8. Invocaron la causal 5ª del artículo 250 del
CPACA, es decir, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación”.
En sustento del recurso, afirmaron la vulneración de sus derechos al debido
proceso, a la defensa, a la contradicción y a la publicidad de la prueba, porque en
su calidad de demandantes en sede de reparación directa: (i) no fueron
debidamente notificados de la providencia del 30 de junio de 2021, mediante la cual
el Tribunal decretó pruebas de oficio en el curso de la segunda instancia; y (ii)
tampoco se les corrió traslado de los medios de convicción aportados el 29 de junio
5 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 1DDDD48302823C5E
D5D70542F55EC6C4 9CB9A1F5170F4607 3EB093CA726F749C, ubicado en el índice 24 de
SAMAI, páginas 257 a 265.
6 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado C2397C38D6177C15
4A8BF43FB941D06C 751FC13DBC397CDF A15EE2D0B3756503, ubicado en el índice 24 de
SAMAI.
7 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 015D9A01E8E767F2
FBFDB77963FCBCE7 B1386AC155DAC142 E125D535B63182CB, ubicado en el índice 24 de
SAMAI.
8 Índice 2 de SAMAI.
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Demandante: Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros
de 2022 por el Ejército Nacional, los cuales sirvieron de sustento probatorio a la
sentencia proferida el 26 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño.
3. Contestación al recurso extraordinario de revisión
El 17 de mayo de 2023 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se ordenó
notificar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, al Ministerio Público
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado9.
3.1. La Procuraduría General de la Nación estimó que las pretensiones del
recurrente no están llamadas a prosperar, en consideración a que la nulidad alegada
no ocurrió en el acto de proferir sentencia, sino debido a la falta de notificación de
un auto dictado antes de esta, razón por la cual esta instancia extraordinaria no es
la oportunidad para solicitar la declaración de nulidad. Con todo, mencionó que el
proveído del 30 de junio de 2021 sí fue notificado y, además, que el Tribunal
Administrativo de Nariño cumplió con el traslado de los elementos probatorios
allegados al expediente el 29 de junio de 2022 por el Ejército Nacional10, los cuales
sirvieron de sustento a la decisión recurrida.
3.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala seguirá el siguiente
orden: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4)
análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria, (5) conclusión y (6)
costas.
1. Presupuestos procesales
1.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia
proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24911 del CPACA, en concordancia con
el artículo 1312 del Acuerdo 080 de 201913, modificado por el artículo 1 del Acuerdo
9 Índice 4 de SAMAI.
10 Índice 11 de SAMAI.
11 “Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia. […]”.
12 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos del reparto, los asuntos
de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Tercera: 10. El
recurso extraordinario de revisión contra las sentencias [...] dictadas por los tribunales
administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección. […]”.
13 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Demandante: Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros
434 de 202414.
1.2. De acuerdo con el artículo 24815 del CPACA, en el caso bajo estudio el recurso
extraordinario de revisión es procedente, toda vez que tiene por objeto la revisión
de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, que se encuentra
debidamente ejecutoriada.
1.3. De conformidad con el artículo 25116 del CPACA, el recurso extraordinario de
revisión se formuló dentro del término legal, toda vez que: (i) el 6 de diciembre de
2022 quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 26 de agosto de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Nariño (hecho probado 3.13.); y (ii) el 23 de febrero de
2023 los recurrentes interpusieron el recurso extraordinario de revisión, es decir,
dentro del término legal de un año.
1.4. Luciano Miguel Jojoa Guacas, Martha Irene Jojoa Guacas, Miguel Andrés Jojoa
Jojoa, Martha Edith Jojoa Jojoa, Olga Lucia Jojoa Jojoa, Jaime Mauricio Jojoa Jojoa
y Elsa María Jojoa Jojoa se encuentran legitimados en la causa para interponer el
recurso extraordinario de revisión, pues fungieron como parte activa en la demanda
de reparación directa resuelta el 26 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo
de Nariño.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se configura la causal de revisión establecida
en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, es decir, si existe nulidad originada en
la sentencia proferida el 26 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Nariño, que confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda de
reparación directa promovida por los recurrentes contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional.
3. Hechos probados
Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión del presente asunto:
3.1. El 9 de noviembre de 2011, mientras la Brigada Móvil 19 cumplía con la orden
de operaciones Medusa, el soldado profesional Mario Rosemberg Jojoa Jojoa fue
14 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se
le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
15 “Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
16 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […]”. Para las causales 1°, 2°, 5°, 6° y 8°, el
término para formular el recurso extraordinario de revisión es de un año, contado a partir de la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Entonces, como en este asunto se invocó la causal 5°, los
recurrentes contaban con 1 año, una vez en firme la providencia objeto de censura.
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Demandante: Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros
víctima de un artefacto explosivo improvisado -mina antipersonal- que le ocasionó
múltiples lesiones, y que, horas más tarde, produjeron su muerte17.
3.2. El 30 de octubre de 2013, Luciano Miguel Jojoa Guacas, Martha Irene Jojoa
Guacas, Miguel Andrés Jojoa Jojoa, Martha Edith Jojoa Jojoa, Olga Lucia Jojoa
Jojoa, Jaime Mauricio Jojoa Jojoa y Elsa María Jojoa Jojoa, en ejercicio del medio
de control de reparación directa, presentaron la demanda radicada con el número
52001-23-33-000-2013-00542-01, contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, para que fuera declarada patrimonialmente responsable por el
deceso de Mario Rosemberg Jojoa18.
3.3. El 16 de febrero de 2016 y el 5 de septiembre del mismo año, en el curso de
las audiencias inicial y de pruebas, el apoderado de la parte actora indicó como
correo electrónico de notificación andreseavilab@hotmail.com19-20.
3.4. Mediante sentencia del 8 de marzo de 2017, el Juzgado 3º Administrativo del
Circuito de Pasto negó las pretensiones de la demanda. En sustento, concluyó que
las pruebas allegadas al expediente no daban cuenta de una omisión imputable a
la entidad demandada y que, por el contrario, dada la imprevisibilidad de los hechos,
el Ejército Nacional no pudo desplegar acción alguna tendiente a evitar el resultado
lesivo21.
3.5. El 8 de mayo de 2017, la parte actora interpuso recurso de apelación. Insistió
en que el organismo demandado incurrió en una falla del servicio y expuso que la
precariedad del acervo probatorio se debía a la imposibilidad de obtener las pruebas
necesarias, toda vez que el Ejército Nacional mantuvo en su poder los elementos
solicitados por los demandantes en dos ocasiones22.
17 De los anteriores hechos dan cuenta, entre otros, los siguientes elementos de prueba: (i) registro
civil de defunción; (ii) informe de los hechos rendido por el comandante Jonny Mauricio Varon
Ceballos; (iii) radiograma del 9 de noviembre de 2011; (iv) declaraciones rendidas, durante
indagación preliminar, por los soldados profesionales Guillermo Alberto Martínez Guerrero y Victor
Alfonso Valencia Campo, por el subteniente Jonny Mauricio Varón Ceballos y por el cabo primero
Fernando Beltrán Santofimio; y (v) informativo administrativo por muerte, documentos contenidos en
el expediente digitalizado con certificado F4E9C3444FEBB5F3 53EE561455FF2B49
597DF6E7F76038B1 D1A5B6B71F68E74C, ubicado en el índice 24 de SAMAI, páginas 4 a 12, 31
a 44, 47 y 83.
18 Escrito de demanda, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado
1DDDD48302823C5E D5D70542F55EC6C4 9CB9A1F5170F4607 3EB093CA726F749C, ubicado
en el índice 24 de SAMAI, página 4 a 15.
19 Audiencia visible en el expediente digitalizado con certificado A95F92EA0024D1CB
A11CA01AB25251DA 775D3384ADBC785B 14F56683E98F9193, ubicado en el índice 24 de
SAMAI.
20 Acta audiencia y memorial, documentos visibles en el expediente digitalizado con certificado
1DDDD48302823C5E D5D70542F55EC6C4 9CB9A1F5170F4607 3EB093CA726F749C, ubicado
en el índice 24 de SAMAI, páginas 209 a 212 y 250.
21 Sentencia de primera instancia, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado
1DDDD48302823C5E D5D70542F55EC6C4 9CB9A1F5170F4607 3EB093CA726F749C, ubicado
en el índice 24 de SAMAI, página 229 a 245.
22 Escrito de apelación, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado
1DDDD48302823C5E D5D70542F55EC6C4 9CB9A1F5170F4607 3EB093CA726F749C, ubicado
en el índice 24 de SAMAI, página 257 a 265.
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Demandante: Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros
3.6. El 30 de junio de 2021, encontrándose el expediente pendiente para fallo, con
fundamento en el artículo 213 del CPACA y “para determinar si existió o no falla en
el servicio en este caso, [así como para] establecer cuáles fueron las condiciones
en las que se desarrolló la operación en la que falleció el señor Mario Rosemberg
Jojoa”, el Tribunal Administrativo de Nariño le ordenó de oficio al Ejército Nacional
que remitiera los siguientes documentos23:
“(i) copia de la orden de operaciones en la que falleció el soldado (…); (ii) indique si
existe o no investigación penal o disciplinaria por los hechos en los que falleció el
soldado Mario Rosemberg Jojoa. De ser así, oficiará a la entidad competente y
remitirá copia completa del proceso o procesos penales o disciplinarios que se
adelanten; (iii) copia del dispositivo de la tropa UNIDAD TÁCTICA BACOT N° 115
de la Unidad Operativa Menor BRIM N° 19 segundo pelotón de la Compañía “D”,
del día 8 de noviembre de 2011; (iv) lección aprendida del uno del incidente; (v)
informe del comandante de escuadra y del pelotón sobre la mina; (vi) informe sobre
el accidente del artefacto explosivo; (vii) información detallada del equipo EXDE
asignado al equipo en el que se encontraba el soldado Mario Rosemberg Jojoa
(integrantes, entrenamiento, permiso y mantenimiento); (viii) certificación del último
entrenamiento del equipo EXDE y sus integrantes; (ix) certificación documental del
último mantenimiento del detector de minas asignado al equipo en el que se
encontraba el soldado (…); (x) informe del último permiso del soldado responsable
del detector de minas y su reemplazo; (xi) informe de patrullaje de la operación; (xii)
documento de la instrucción del pelotón 2 de la Compañía D; (xiii) plan de instrucción
y entrenamiento BACOT N° 15 en el año 2011; (xiv) hoja de servicios del ST Varón
Ceballos Jonny; (xv) informe del último entrenamiento del ST Varón Ceballos Jonny
antes del incidente; (xvi) informe de las últimas vacaciones del ST Varón Ceballos
Jonny antes del accidente; (xvii) informe de salida a vacaciones del pelotón 2 de la
Compañía D, antes y después del incidente; (xviii) informe sobre los pertrechos,
alimentos y medicamentos con los cuales la tropa UNIDAD TÁCTICA BACOT N°
115 de la Unidad Operativa Menor BRIM N° 19 segundo pelotón de la Compañía
“D”, del día 9 de noviembre de 2011; y (xix) indicará si para la época de los hechos,
se contaba con reportes de la existencia de minas antipersona y riesgo de presencia
de artefactos explosivos no convencionales, en la zona en la cual se llevó a cabo el
operativo (…)”.
3.7. El 5 de agosto de 2021, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño
notificó a las partes, por estado electrónico, el auto de 30 de junio de 202124.
23 Auto de mejor proveer, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado
C2397C38D6177C15 4A8BF43FB941D06C 751FC13DBC397CDF A15EE2D0B3756503, ubicado
en el índice 24 de SAMAI.
24 Estado visible en https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-03-administrativo-de-narino/262.
En particular, la fijación del 5 de agosto de 2021 puede consultarse en:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2206132/80539583/Estados+05-08-
21+ok.pdf/930dff43-5f54-413d-a5ea-cde053bfaf4c. También, se registró una actuación relativa al
auto de mejor proveer en el índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Nariño.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=52001233300020130
0542015200123
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Radicado: 11001-03-26-000-2023-00043-00 (69617)
Demandante: Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros
Asimismo, comunicó a las partes la publicación del estado, mediante mensaje de
datos dirigido a las siguientes direcciones de correo electrónico25:
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co;
ipestrada@procuraduria.gov.co;
procesosterritoriales@defensajuridica.gov.co;
alforey@hotmail.com;
fabianp2910@hotmail.es;
notificaciones.pasto@mindefensa.gov.co;
maria.medina@mindefensa.gov.co; y
ejercitopasto@yahoo.com.
3.8. El 29 de junio de 202226, el Ejército Nacional allegó al Tribunal Administrativo
de Nariño, como parte de las pruebas documentales decretadas en el auto del 30
de junio de 2021: “1) copia de la orden de operaciones misión táctica “NIPON” N°
29 Orden Operaciones “Medusa en 07 folios; 2) copia indagación preliminar 004-
2011 en 118 folios [donde se encuentran las declaraciones del personal que se
encontraba presente al momento de los hechos acaecidos el 9 de noviembre de
2011]; 3) copia del INSITOP de fecha 08 de noviembre 2011 en 01 folio; [e] 4)
informe del comandante de pelotón suscrito por el señor ST. Varón Ceballos Jonny
Mauricio comandante dromedario 2 en 02 folios”27.
3.9. El 26 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Nariño profirió fallo
confirmando la decisión del Juzgado 3° Administrativo del Circuito de Pasto. Como
fundamento, consideró que el daño alegado por la parte actora no podía atribuírsele
a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, puesto que, de conformidad
con lo acreditado en el proceso, el soldado profesional asumió voluntariamente los
riesgos que conlleva la profesión militar y las afectaciones sufridas como
consecuencia de los peligros inherentes a esta actividad. Además, estimó la
ausencia de las fallas en el servicio endilgadas en la demanda al Ejército Nacional
y de “la ocurrencia de un riesgo excepcional como títulos de imputación de
responsabilidad civil extracontractual del Estado”. Así, con fundamento en las
pruebas allegadas por el Ejército Nacional, explicó que la entidad demandada no
25 Correos electrónicos, documentos visibles en el expediente digitalizado con certificado
14F9105C27B3A102 FC2FC5676A5A7112 B1B2F2D479A30675 AB7100D2E92EBABD, ubicado
en el índice 24 de SAMAI.
26 En el primer documento del archivo “pruebas mejor proveer” aparece una anotación en los
siguientes términos: “recibido 30 de junio de 2022 121 folios”, sin que sea posible identificar el autor
de dicho apunte. Mientras que el mentado archivo parece que fue cargado el 17 de agosto de 2022
o, por lo menos, esa es la última fecha de modificación registrada.
27 Pruebas contenidas en el expediente digitalizado con certificado F4E9C3444FEBB5F3
53EE561455FF2B49 597DF6E7F76038B1 D1A5B6B71F68E74C, ubicado en el índice 24 de
SAMAI. Asimismo, oficio del 31 de agosto de 2022, documento contenido en el expediente
digitalizado con certificado 5D432259ADD5BF73 CE93016798EEE341 6E48E2CAB92C73A0
717CC15EEB0E7787, ubicado en el índice 24 de SAMAI.
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Demandante: Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros
incurrió en falla alguna ni elevó los riesgos a los que se encontraba expuesto el
soldado profesional víctima del insuceso28.
3.10. El 31 de agosto de 2022, el Ejército Nacional le comunicó a Olga Lucia Jojoa
Jojoa que el 29 de junio de 2022 había remitido al Tribunal Administrativo de Nariño
los documentos ordenados mediante el auto del 30 de junio de 2021 29.
3.11. El 13 de septiembre de 2022, la parte demandante le puso de presente al
Tribunal Administrativo de Nariño que el Ejército Nacional le había informado sobre
el aporte de la documentación requerida en proveído del 30 de junio de 2021. En
consecuencia, le solicitó que procediera con el traslado de las pruebas allegadas
por la entidad30.
3.12. El 29 de noviembre de 2022, se notificó la sentencia proferida el 26 de agosto
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño31.
3.13. El 6 de diciembre de 2022 quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 26 de
agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño32.
4. Análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria
4.1. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Por tal razón, el legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan
la procedencia de este medio de impugnación, a efectos de prevenir un uso indebido
que lleve a un nuevo debate probatorio o interpretativo.
Así, la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, que en realidad es una
acción autónoma del proceso que da lugar a ella, no tiene como finalidad corregir
errores in judicando, ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron
de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de estos errores
existen los recursos ordinarios dentro del respectivo proceso.
Asimismo, se advierte que la revisión extraordinaria no está concebida como un
mecanismo para subsanar errores, omisiones o estrategias deficientes de los
sujetos procesales, ocurridas durante el proceso inicial u ordinario. De manera que
28 Sentencia de segunda instancia, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado
015D9A01E8E767F2 FBFDB77963FCBCE7 B1386AC155DAC142 E125D535B63182CB, ubicado
en el índice 24 de SAMAI.
29 Oficio del 31 de agosto de 2022, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado
5D432259ADD5BF73 CE93016798EEE341 6E48E2CAB92C73A0 717CC15EEB0E7787, ubicado
en el índice 24 de SAMAI.
30 Memorial, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 5D432259ADD5BF73
CE93016798EEE341 6E48E2CAB92C73A0 717CC15EEB0E7787, ubicado en el índice 24 de
SAMAI.
31 Constancias de notificación, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado
B11708A7825E0E25 9E2B9D30C816584F DC5C2A39CA101361 C30D7921900FAC36, ubicado en
el índice 24 de SAMAI.
32 Conforme al numeral 2 del artículo 205 del CPACA y al artículo 302 del CGP.
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no puede ser utilizada para corregir negligencias ni para reabrir un debate judicial
que ya ha sido resuelto conforme a derecho.
Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hechos
nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido de justicia que de
ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa
juzgada, su carácter es no solo extraordinario, sino también restrictivo, ya que solo
procede en los eventos y por las causales expresamente señaladas en la ley, sin
posibilidad de invocar otras distintas.
Esta taxatividad resulta justificada, pues la acción de revisión es un mecanismo
excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa
juzgada. En consecuencia, las causales previstas para su procedencia deben ser
aplicadas e interpretadas de manera estricta, restrictiva o restringida, garantizando
que su utilización responda únicamente a los supuestos contemplados por la norma
y evitando que se convierta en una instancia adicional de impugnación. En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “las causales previstas para la
revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”33.
En la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el artículo 248 del CPACA dispone la
procedencia del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales
administrativos y por los jueces administrativos.
A su turno, las causales de revisión se encuentran dispuestas en el artículo 250 del
CPACA y, en lo que atañe a providencias que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza, en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
4.2. En el presente caso, los recurrentes fundamentan su solicitud en la causal
prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, la cual establece como motivo
de revisión la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
Esta causal impone acreditar: (i) que la revisión se formule contra una sentencia34;
(ii) que la sentencia ponga fin al proceso, de manera que contra ella no proceda el
recurso de apelación; y (iii) que el vicio alegado haya surgido en la propia decisión
judicial o que se haya materializado en el momento en que se profirió la providencia
33 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.
34 En la jurisprudencia de la Corporación no existe unanimidad respecto a estos dos primeros
elementos, pues mientras que un sector acepta la procedencia del recurso extraordinario de revisión
contra autos que pongan fin al proceso, la postura mayoritaria se inclina por mantener la procedencia
del recurso exclusivamente respecto de sentencias, al tenor de lo previsto en el artículo 248 del
CPACA. Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de marzo de 2025, 11001-03-26-000-2022-00121-00
(68506).
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y no en una etapa previa del proceso. Además, la irregularidad debe ser de tal
gravedad que configure un defecto insubsanable en la actuación, de manera que,
de no haberse producido dicho yerro, la decisión adoptada habría sido
sustancialmente distinta35.
Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado36 ha indicado que las nulidades procesales no pueden confundirse con las
que tienen origen en la sentencia, pues las primeras se estructuran en los supuestos
taxativos del artículo 133 del Código General del Proceso (en adelante CGP), al
paso que las segundas, al no estar determinadas por la ley, deben interpretarse
restrictivamente bajo unos presupuestos fácticos específicos que la jurisprudencia
de esta Corporación ha puntualizado y que, por regla general, no comprenden
nulidades procesales acaecidas en una etapa previa a la sentencia.
En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, a modo
enunciativo, los siguientes eventos que pueden encuadrarse en la causal quinta: (i)
que el juez resuelva asuntos sobre los cuales carece de jurisdicción o de
competencia; (ii) que, sin actuación alguna, el juez dicte nuevo fallo en proceso que
terminó normalmente por sentencia en firme; (iii) que sin más actuación, el juez
profiera sentencia después de ejecutoriado el auto que aceptó el desistimiento,
aprobó la transacción o declaró la perención del proceso; (iv) que el juez dicte el
fallo sin el trámite previo correspondiente; (v) cuando el demandado es condenado
por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido o causa diferente a la
invocada en la demanda; (vi) cuando el juez condena a quien no ha sido parte en el
proceso; (vii) cuando, sin más actuación, el juez profiere sentencia después de
ocurrida la interrupción o suspensión del proceso, o antes de la oportunidad debida;
(viii) cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; (ix) cuando la sentencia fue adoptada con
un número de votos diferente del previsto en la ley; (x) cuando la sentencia carece
completamente de motivación; o (xi) cuando la sentencia carece de congruencia
interna o externa37.
Además, esta Corporación38 ha precisado que pueden surgir otras situaciones que
generan nulidad en la sentencia, particularmente aquellas que tienen su génesis en
la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. De modo que la violación
al debido proceso en el fallo habilita la formulación del recurso extraordinario de
35 Entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de septiembre de 2019, Rad. No. 11001-03-26-000-2018-
00084-00.
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de
2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 20 de octubre de
2009 y del 26 de febrero de 2013, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2003-00133-00 y 11001-23-15-000-
2008-01289-00, respectivamente; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, Rad. No. 20001-23-31-000-2001-
01278-02.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de
2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
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revisión por la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, siempre y cuando su
motivación revele la inobservancia de aspectos procesales trascendentales y no
cualquier falencia relacionada con la fundamentación o con la valoración probatoria
de la providencia. También, por ejemplo, cuando se profiere sentencia inhibitoria sin
fundamento válido, caso en el cual debe estudiarse si la decisión se encuentra
justificada o no, de acuerdo con las particularidades del caso concreto.
Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de
unificación39, recordó que, tratándose de la causal de nulidad originada en la
sentencia, los supuestos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta
Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia no son
taxativos. Asimismo, estableció que en los eventos en que el recurso extraordinario
de revisión va dirigido contra un fallo inhibitorio, en aras de hacer efectivos los
derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, el juez debe verificar que este se encuentre debidamente
justificado, mediante criterios de ponderación, proporcionalidad y adecuación a
cada caso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los fines funcionales del derecho,
por parte de la providencia revisada.“[L]o que significa que la violación a tales
preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la
causal de revisión alegada [250.5 del CPACA]”.
Igualmente, en algunos casos se ha aceptado como configurativa de la causal 250.5
del CPACA la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia,
siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el
que la parte actora debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de
proponer la nulidad en el curso del proceso40.
Dicho de otra manera, el Consejo de Estado ha señalado que pueden dar lugar a
un defecto insaneable derivado de la sentencia41 aquellas irregularidades que
constituyen causal de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la
sentencia, así como los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 superior42.
Lo anterior, estaría referido a las causales de nulidad procesal previstas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o en el
39 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, Rad. No.11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
40 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 6, sentencia de 17 de marzo de 2025, Rad. No.
11001-03-15-000-2024-04477-00.
41 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 26, sentencias del 3 de febrero de 2015, Rad.
Nos.11001-03-15-000-1998-00157-01 y 11001-03-15-000-2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad. No. 11001-03-15-000-2015-
02342-00; y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2, sentencia del 1° de octubre de 2019,
Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02216-00.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, Rad. No.
11001-03-15-000-2007-00653-00. Se toma el resumen de la causal contenido en el Rad. No. 11001-
03-15-000-2013-00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la
Sala Especial de Decisión 10, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-00230-00.
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Código General del Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia, así como a la inobservancia de aspectos procesales de tal
transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso 43, lo que
excluye la posibilidad de plantear en sede de revisión extraordinaria
cuestionamientos atinentes al contenido de la motivación, a la valoración de las
pruebas o a la forma de aplicación de una determinada norma.
4.3. Conforme con lo explicado, en el caso de autos se encuentra acreditado que,
con ocasión del fallecimiento de Mario Rosemberg Jojoa Jojoa durante una
operación militar, su familia ejerció el medio de control de reparación directa para
que el Estado fuera declarado responsable y condenado al pago de los perjuicios
reclamados. Sin embargo, el proceso culminó desfavorablemente para los actores
porque el juzgador de segunda instancia confirmó la decisión que negó las
pretensiones de la demanda (hechos probados 3.1., 3.2., 3.4., 3.5. y 3.9.).
Así, en el asunto de la referencia se tiene probado que la sentencia proferida el 26
de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño puso fin al medio de
control de reparación directa impetrado por el grupo familiar de Mario Rosemberg
Jojoa Jojoa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (hecho
probado 3.13.).
Igualmente, se advierte que contra la sentencia proferida el 26 de agosto de 2022
por el Tribunal Administrativo de Nariño no cabe recurso ordinario alguno, porque
esta decisión se produjo, precisamente, al resolver la alzada propuesta dentro del
proceso de reparación directa, agotando así las instancias legalmente establecidas
para el trámite de este medio de control (hechos probados 3.5. y 3.9.).
En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo
dictado el 26 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño se dirige,
efectivamente, contra la decisión que puso fin al proceso de reparación directa y
respecto de la cual no procede el recurso de apelación. En consecuencia, resta
determinar si dicha sentencia presenta un vicio de nulidad originado en la propia
providencia, con implicaciones graves en la garantía del debido proceso.
4.4. Sobre el particular, se observa que la sentencia proferida el 26 de agosto de
2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la decisión del a quo de negar
las pretensiones de la demanda, con fundamento en que las pruebas aportadas al
expediente no daban cuenta de una falla en el servicio o de un sometimiento del
soldado Jojoa a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que tuvieron que
afrontar sus demás compañeros (hecho probado 3.9.).
Las consideraciones expuestas por el ad quem encontraron soporte en los medios
de convicción allegados durante las oportunidades establecidas en el artículo 212
del CPACA, pero especialmente en aquellos incorporados en virtud del auto del 30
43 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.
No. 11001-03-15-000-2018-01415-00.
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Radicado: 11001-03-26-000-2023-00043-00 (69617)
Demandante: Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros
de junio de 2021, dictado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 213 ibidem
(hechos probados 3.6. y 3.9).
De cara a lo anterior, los recurrentes anotaron que la decisión enjuiciada se edificó
en unos elementos probatorios que: (i) fueron decretados de oficio mediante
providencia que no les fue notificada y (ii) no fueron objeto de traslado, por ende, no
tuvieron oportunidad de conocerlos ni controvertirlos. Adujeron que estas
irregularidades repercuten directamente en el correcto ejercicio de sus derechos al
debido proceso, a la defensa y a la contradicción y publicidad de las pruebas.
De antemano, la Sala anticipa que el primer cargo será despachado
desfavorablemente, en vista de que la falta de notificación alegada no se configuró,
al paso que el segundo se declarará fundado, en razón a que los demandantes en
reparación directa no conocieron los elementos de prueba que sirvieron de sustento
a la decisión recurrida ni tuvieron oportunidad de pronunciarse sobre estos, según
pasa a exponerse.
4.4.1. En primer lugar, contrario a lo dicho por los demandantes, la Subsección
advierte que el auto proferido el 30 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo
de Nariño fue notificado a las partes mediante el estado de 5 de agosto de 2021
(hecho probado 3.7.), tal como consta en la siguiente imagen:
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Así las cosas, se observa que la notificación en el estado del 5 de agosto de 2021
se surtió conforme a lo dispuesto en el artículo 944 del Decreto 806 del 2020 y 20145
del CPACA. De manera que el estado se fijó virtualmente con la inserción del auto
del 30 de junio de 2021, para permitir su respectiva consulta46.
No obstante, se estableció que la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño
comunicó la publicación del estado mediante correo electrónico enviado a
alforey@hotmail.com y a fabianp2910@hotmail.es (hecho probado 3.7.), pese a que
estas direcciones no coincidían con la informada por los demandantes -
andreseavilab@hotmail.com- (hecho probado 3.3.).
Ahora bien, aunque para comunicar la fijación del estado el artículo 201 del CPACA
ordena “enviar un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales”,
conviene resaltar que, por su esencia, la notificación por estado se entiende surtida
con su fijación y desfijación, y no con la remisión del mencionado mensaje de datos
a las partes. Así, aun cuando se envíe un correo electrónico al canal digital de los
sujetos procesales, esto no significa que la actuación corresponda a una notificación
por medio electrónico o personal47.
Al punto, recuérdese que las providencias se deben notificar a las partes y a los
demás interesados con las formalidades prescritas en el CPACA y, en lo no previsto,
de conformidad con lo dispuesto en el Código General del Proceso. Así, el artículo
198 del CPACA establece que deberán notificarse personalmente las siguientes
providencias: (i) al demandado, el auto que admita la demanda; (ii) a los terceros,
el primer proveído que se dicta respecto de ellos; (iii) al Ministerio Público, el auto
admisorio de la demanda, salvo que intervenga como demandante. Igualmente, se
le notificará el auto admisorio del recurso en segunda instancia o del recurso
extraordinario, siempre y cuando no actúe como actor o demandado; y (iv) las
demás ordenadas expresamente en la citada normativa. Por su parte, el artículo
201 ibidem preceptúa que los autos no sujetos al requisito de la notificación personal
se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para consulta en
línea.
44 “Artículo 9. Notificación por estado y traslados. Las notificaciones por estado se fijarán
virtualmente, con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el
secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva. (…)”.
45 “Artículo 201. Notificaciones por estado. (…) Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente
con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar
constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal
digital de los sujetos procesales. (…)”.
46 Estado visible en https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-03-administrativo-de-narino/262.
En particular, la fijación del 5 de agosto de 2021 puede consultarse en:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2206132/80539583/Estados+05-08-
21+ok.pdf/930dff43-5f54-413d-a5ea-cde053bfaf4c.
47 Consultar, entre otros: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, autos del 2 de julio 2021, del 15 de febrero y 30 de junio de 2022 y del 21 de
febrero de 2023, expedientes 66479, 67702, 68061 y 69471, respectivamente; y Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 15 de noviembre de
2023, expediente 70266.
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En función de lo anterior, al no estar incluido en el artículo 198 del CPACA ni existir
disposición alguna que imponga su notificación personal, el auto de mejor proveer
para decretar pruebas de oficio debe notificarse por estado, para consulta en línea,
tal como ocurrió en el presente asunto, de manera que los errores en el mensaje de
datos no afectan la correcta fijación del estado electrónico e inserción de la
providencia objeto de notificación, en cuyo caso le correspondía a los sujetos
procesales ejercer la respectiva verificación electrónica.
Al respecto, es igualmente importante advertir que el mismo 5 de agosto de 2021,
en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, se registró una actuación titulada “mejor
proveer”48, correspondiente a la providencia del 30 de junio de 2021. Lo anterior
revelaba la comunicación del auto mediante el sistema de gestión judicial.
Sobre el particular, ha dicho la jurisprudencia que la información dispuesta en
internet por las secretarias de los despachos judiciales tiene el carácter de un
“mensaje de datos”, de modo que la emisión de este tipo de mensajes puede
considerarse un “acto de comunicación procesal”, porque a través de ella se pone
en conocimiento de las partes, de terceros o de otras autoridades judiciales o
administrativas las providencias y órdenes de jueces.
En el mismo sentido, sobre el deber de vigilancia de las actuaciones judiciales por
los apoderados de las partes, y acogiendo lo señalado por la Corte Constitucional,
se ha entendido que esta carga se satisface con el seguimiento de los procesos a
través de su consulta en los sistemas de información provistos por los despachos
judiciales, resaltando que la información no registrada en dicho sistema debe ser
revisada por el abogado directamente en el expediente49.
En otros términos, el apoderado tenía el deber de revisar los estados publicados por
el Tribunal Administrativo de Nariño en su sitio web, a través del cual fue notificado
el auto del 30 de junio de 2021 mediante su inserción en el estado del 5 de agosto
de 2021. Así las cosas, se establece la carga de las partes de consultar todos los
medios de comunicación provistos por la Administración de Justicia para garantizar
la publicidad de los actos surtidos dentro del proceso judicial, como parte del deber
de diligencia del encargo profesional conferido a los apoderados50.
Siendo ello así, merece la pena recordar que el recurso extraordinario de revisión
no puede ser utilizado para subsanar la falta de actividad probatoria o de diligencia
en la gestión procesal de las partes. Este mecanismo extraordinario está reservado
48 Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Nariño.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=52001233300020130
0542015200123
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 24 de abril de 2014, Rad. No.
25000-23-41-000-2014-00044-01(AC).
50 Ley 1123 de 2007. “Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:
(…) 10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales (…) Artículo 37. Constituyen faltas
a la debida diligencia profesional: 1. (…) dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la
actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas. (…)”.
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para situaciones que sobrevienen a la decisión definitiva y que, por circunstancias
ajenas al interesado, no pudieron ser puestas en conocimiento del juez antes de
que fallara51.
Dicho esto, es evidente que en el sub lite no se configura la falta de notificación
alegada por los recurrentes y, en todo caso, se observa que la situación por ellos
propuesta se concretó con la fijación y desfijación del estado que notificaba el auto
que ordenó las pruebas de oficio en agosto de 2021, es decir, un año antes de que
se profiriera la sentencia del 26 de agosto de 2022. De modo que la parte actora
tuvo suficiente tiempo para percatarse de esa circunstancia dentro del trámite
ordinario. Por esta razón, dicha eventualidad no es de recibo en sede de revisión
extraordinaria, máxime cuando no existe prueba que demuestre imposibilidad
alguna por parte de los demandantes para exponer la situación en el curso del
proceso de reparación directa52.
4.4.2. En segundo lugar, les asiste la razón a los recurrentes en el segundo cargo
planteado, según el cual el Tribunal Administrativo de Nariño omitió el traslado de
las pruebas aportadas por el Ejército Nacional a la parte actora.
Es así porque, una vez revisado el expediente, se observa que, en las actuaciones
consignadas en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI y en los archivos digitalizados
contenidos en la carpeta de OneDrive creada por el ad quem, no obra constancia o
certificación alguna que permita establecer que la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Nariño haya efectuado el traslado de los elementos remitidos por
el Ejército Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el auto del 30 de junio de
2021.
Es más, ni en los sistemas de información judicial ni en el expediente existe registro
alguno del momento o fecha en que la entidad demandada allegó los documentos
a la actuación judicial53, de manera que este hecho solo se constató porque, con
posterioridad a la providencia objeto de reproche, el Ejército Nacional les informó a
los demandantes que el 29 de junio de 2022 había allegado los medios de prueba
requeridos por el Tribunal Administrativo del Nariño (hechos probados 3.8 y 3.10.).
En efecto, con respecto al proceso de reparación directa con radicado núm. 52001-
23-33-000-2013-00542-01, el Sistema de Gestión Judicial SAMAI revela las
siguientes actuaciones:
51 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 6 Especial de Decisión,
sentencia del 6 de octubre de 2020, Rad. No. 11001-03-15-000-2020-00085-00.
52 Consejo de Estado, Sala No. 20 Especial de Decisión, sentencia de 3 de marzo de 2025, Rad. No.
11001-03-15-000-2023-04267-00.
53 En el primer documento del archivo “pruebas mejor proveer” aparece una anotación en los
siguientes términos: “recibido 30 de junio de 2022 121 folios”, sin que sea posible identificar el autor
de dicho apunte. Mientras que el mentado archivo parece que fue cargado el 17 de agosto de 2022
o, por lo menos, esa es la última fecha de modificación registrada.
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Demandante: Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros
Nótese, entonces, que el registro de actuaciones judiciales no acredita la inscripción
de la presentación de las pruebas en obedecimiento al auto del 30 de junio de 2021
por parte del Ejército Nacional. Igualmente, se echa de menos una anotación
demostrativa del traslado que debió realizar la Secretaría del Tribunal Administrativo
de Nariño una vez recaudados los elementos decretados en el referido proveído.
Sobre este punto, esta Sala difiere de la apreciación del Ministerio Público, quien
estimó que la inclusión del enlace del expediente digitalizado en el índice 11 de
SAMAI cumplió con los requisitos del traslado54.
Sobre el particular, se tiene que el traslado es una institución procesal que está
regulada en el artículo 201A55 del CPACA, adicionado por el artículo 51 de la Ley
2080 de 2021. Esta disposición estatuye que el traslado debe surtirse de la misma
forma en que se fijan los estados y de ellos se conservará un archivo disponible
para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término
mínimo de 10 años.
54 Al respecto, vale la pena tener en cuenta que la Corte Constitucional, en Sentencia C-136 de 2016,
al estudiar la exequibilidad del artículo 59 (parcial) de la Ley 1476 de 2011, que establecía que,
cuando los sujetos procesales hubieren solicitado fotocopiar o revisar el expediente y el competente
autorizara, se entenderían notificados de todas las providencias que aparecieran en él y que por
cualquier circunstancia no le hubieran sido notificadas, desde cuando devuelvan el cuaderno
correspondiente o reciban las copias, consideró que dicha disposición implicaba restricciones,
evidentes y drásticas, a garantías procesales fundamentales de los administrados dentro del trámite
administrativo o, en otras palabras, generaba afectaciones al goce de derechos constitucionales
fundamentales, pues la indeterminada redacción de la frase “revisar o fotocopiar el expediente” no
aseguraba un verdadero conocimiento de las actuaciones y permitía que prácticamente cualquier
contacto material con el expediente tuviera efectos de notificación, en detrimento de los derechos a
la publicidad, de defensa y al debido proceso. Interpretación que puede dar luces para definir el caso
en concreto, en el sentido de que la simple inserción del link del expediente no cumple con las
formalidades prescritas para surtir un traslado y de ese modo no puede darse por cierto que la
posibilidad de acceder al expediente significa que se satisfizo el traslado de unas pruebas
específicas.
55 “Artículo 201ª. Traslados. Adicionado por el artículo 51 de la Ley 2080 de 2021. Los traslados
deberán hacerse de la misma forma en que se fijan los estados. Sin embargo, cuando una parte
acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales,
mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría, el
cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término
respectivo empezará a correr a partir del día siguiente. De los traslados que hayan sido fijados
electrónicamente se conservará un archivo disponible para la consulta permanente en línea por
cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años”.
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Demandante: Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros
Aunado a lo anterior, se precisa que el mencionado artículo 201A prevé la
posibilidad de prescindir del traslado por secretaría “cuando una parte acredite
haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos
procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital”. No obstante, esta
situación no se presenta en el caso de autos, dado que las comunicaciones entre
los demandantes y el Ejército Nacional se surtieron con posterioridad a la emisión
de la sentencia objeto del recurso de revisión extraordinaria (hechos probados 3.10.
y 3.11.).
En consecuencia, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño debió
comunicar electrónicamente el traslado de las pruebas aportadas por el Ejército
Nacional. De manera que su omisión vulneró el derecho al debido proceso de los
recurrentes, por cuanto afectó los principios de publicidad y de contradicción de la
prueba.
Adicionalmente, la Subsección advierte que la sentencia proferida el 26 de agosto
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño, además de enunciar los medios
de convicción aportados por el Ejército Nacional en cumplimiento del auto de 30 de
junio de 2021 (hecho probado 3.9.), en gran medida edificó su decisión en los
documentos y las declaraciones testimoniales allegadas y surtidas dentro de la
investigación disciplinaria adelantada con ocasión de la muerte del soldado Mario
Rosemberg Jojoa Jojoa. De manera que la valoración de estos medios de prueba
fue la que dio lugar a que el Tribunal Administrativo de Nariño concluyera la
ausencia de falla en el servicio, tal como se cita a continuación:
“(…) la Sala hará referencia a los motivos por los cuales la parte demandante
considera que existe falla, así:
Negligencia y falta de disciplina táctica del comandante del Pelotón de la
Compañía “D”, ya que este pelotón, al parecer, no tenía órdenes del
comandante de la compañía para realizar el desplazamiento. (…) la Sala
observa que en todas las declaraciones recibidas en el curso del proceso
disciplinario adelantado por el Ejército Nacional con ocasión de la muerte del
soldado Mario Rosemberg Jojoa56 (…) son coincidentes al señalar que existía
autorización de un comando superior para efectuar el operativo en el que falleció el
prenombrado. (…).
Aunque la unidad contaba con rastreador de minas, al momento del operativo
el responsable del elemento se encontraba de permiso y no se designó su
reemplazo, por lo que no se utilizó este elemento en el desplazamiento. Los
uniformados que rindieron las declaraciones en el proceso disciplinario señalaron
que sí existía un grupo EXDE destinado al pelotón en el que se desplazaban (…)
[n]o obstante, aunque las declaraciones son coincidentes al indicar que faltaba un
miembro del equipo EXDE, esta afirmación no es suficiente para tener por
56 Aportadas en virtud del requerimiento efectuado en el auto de mejor proveer, en el que se requirió
copia de los procesos penales o disciplinarios adelantados por los hechos en los que murió el señor
Mario Rosemberg Jojoa (PDF N° 5).
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Demandante: Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros
configurada la falla que se alega en la demanda (…). También resulta relevante lo
indicado por el señor ST Varón Ceballos, quien interrogado sobre la conformación
del Grupo EXDE señala que sí estaba presente el detectorista (…).
El perro antiexplosivos no se encontraba en la punta durante el
desplazamiento de la unidad. Consideró que, si el responsable del canino
hubiese ido en la punta, seguramente se hubiera detectado el artefacto
explosivo y, en consecuencia, se habría prevenido la muerte del soldado. En
las declaraciones – única prueba que se allegó al plenario que da cuenta de este
aspecto, en virtud del requerimiento probatorio de esta Sala – los declarantes
afirman que el equipo sí contaba con perro antiexplosivos (…).
El comandante del pelotón reportó la novedad y solicitó la evacuación del
herido después de 30 minutos del hecho. Entre la explosión y el fallecimiento
del herido transcurrieron 3 horas y 15 minutos (…). De las pruebas allegadas al
plenario, la Sala advierte que todos los declarantes coinciden en señalar que las
circunstancias climáticas no eran las mejores en la región para el momento de los
hechos (…) [a] ello se suma que se evidencia la atención médica que se prestó en
el sitio de los hechos, como se indicó en el reporte de novedades, de la cual dio
cuenta en su declaración el enfermero de combate (…)”.
Así, se nota que, al estudiar los distintos cargos propuestos por los actores y al
recrear las condiciones de tiempo, modo y lugar, el Tribunal Administrativo de
Nariño se sirvió fundamentalmente de los elementos suasorios decretados de oficio
y aportados por la entidad demandada, en especial de los testimonios rendidos por
los castrenses que participaron en la operación que condujo a la muerte de Mario
Rosemberg Jojoa Jojoa. Elementos de prueba que fueron recaudados durante la
investigación disciplinaria adelantada por el Ejército Nacional y allegados en
segunda instancia al medio de control de reparación directa, sin que se corriera
traslado a la parte demandante, que vio cercenado su derecho de contradicción
probatoria.
Frente al principio de contradicción, como garantía esencial del derecho al debido
proceso, la Corte Constitucional ha precisado que:
“(…) El derecho de contradicción apunta a dos fenómenos distintos. De una parte, a
la posibilidad de oponer pruebas a aquellas presentadas en su contra. Desde esta
perspectiva, el derecho de contradicción aparece como un mecanismo directo de
defensa, dirigido a que las razones propias sean presentadas y consideradas en el
proceso. (…) Por otro lado, se refiere a la facultad que tiene la persona para (i)
participar efectivamente en la producción de la prueba, por ejemplo, interrogando a
los testigos presentados por la otra parte o por el funcionario investigador y (ii)
exponer sus argumentos en torno a lo que prueban los medios de prueba. (…)
En concepto de esta Corporación, prima facie existe el derecho a controvertir, en los
términos antes indicados, el alcance probatorio de determinados medios de prueba.
El proceso judicial es, ante todo, un debate entre posiciones que permite, a partir de
argumentos, llegar a una postura sobre el caso sometido a consideración del
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Demandante: Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros
funcionario judicial. Así las cosas, no resulta admisible que elementos relevantes
puedan ser sustraídos de dicho debate. (…)”57.
Asimismo, el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional ha dejado claro que
la posibilidad de solicitar, aportar y controvertir las pruebas que obran en cada
proceso judicial es de suma importancia, pues no solo hace factible que las partes
ejerzan efectivamente su derecho de defensa, sino que, al mismo tiempo, propicia
que el funcionario judicial alcance un conocimiento mínimo de los hechos y aplique
las normas jurídicas pertinentes que resuelvan el asunto puesto bajo su
conocimiento.
Adicionalmente, ha señalado que los principios de publicidad y de contradicción son
criterios rectores del debido proceso probatorio, en la medida en que: (i) a efectos
de que exista un debate sobre los elementos de convicción, estos deben ser
conocidos por las partes, actuación que constituye una expresión del derecho de
defensa y un desarrollo del principio de igualdad58; y (ii) así se erradican las pruebas
ocultas y el conocimiento privado del juez59.
Tal necesidad de garantizar el principio de contradicción se aviene con lo dispuesto
en los artículos 18160 y 21461 del CPACA y 17062 del CGP, e impone colegir que la
falta de traslado en este caso configura una vulneración a las garantías de los
recurrentes, por cuanto se les impidió enterarse del contenido de los documentos
decretados oficiosamente y, en este sentido, de controvertirlos63.
Y es que, además, si se toma en consideración que la providencia que decreta
pruebas de oficio no es susceptible de recursos ordinarios64, se torna más evidente
57 Corte Constitucional, sentencias T-461 de 2003 y C-790 de 2006.
58 Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 2018.
59 Corte Constitucional, sentencias C-1270 de 2000 y C-790 de 2006.
60 “Artículo 181. Audiencia de pruebas. (…) Las pruebas se practicarán en la misma audiencia, la
cual excepcionalmente se podrá suspender en los siguientes casos: 1. En el evento de que sea
necesario dar traslado de la prueba, de su objeción o de su tacha, por el término fijado por la ley.
(…)” (negrita fuera del texto).
61 “Artículo 214. Exclusión de la prueba por la violación al debido proceso. Toda prueba obtenida con
violación al debido proceso será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación
procesal. (…)”.
62 “Artículo 170. Decreto y práctica de prueba de oficio. (…) Las pruebas decretadas de oficio estarán
sujetas a la contradicción de las partes”.
63 Sobre el tema, por ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. No. 41001-23-33-000-2016-00080-01. En
el citado fallo se precisó lo siguiente: “(…) se advierte que la referida prueba, fue allegada por la
Universidad el 17 de agosto de 2016, pasó al despacho el 24 siguiente y el 22 de septiembre del
mismo año el Tribunal Administrativo del Huila profirió el fallo apelado, sin que a las partes se les
corriera traslado de ésta, por lo que no puede considerarse como una prueba debidamente allegada
al proceso y en ese orden, tampoco había lugar a su valoración. Al respecto, es importante resaltar
que, siendo una prueba documental, conforme al artículo 29 de la Constitución Política, el derecho
a controvertir las pruebas que se alleguen -sin discriminar si son de oficio o a petición de parte o si
son incorporadas mediante auto de mejor proveer- deben ser objeto de traslado para que puedan
ser controvertidas, por lo anterior, era deber del Tribunal, correr traslado de aquélla para que las
partes pudieran ejercer su derecho de contradicción. (…)” (negrita fuera del texto).
64 CPACA. “Artículo 243ª. Providencias no susceptibles de recursos ordinarios. Artículo adicionado
por el artículo 63 de la Ley 2080 de 2021> No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes
providencias: (…) 9. Las providencias que decreten pruebas de oficio. (…)”.
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la violación al debido proceso, porque la única oportunidad que tenía el demandante
para ejercer plenamente su defensa dependía del traslado y del consecuente
conocimiento de los medios de convicción.
La anterior afirmación en modo alguno desconoce que el artículo 21365 del CPACA
habilita, dentro del término de ejecutoria del auto que ordena el recaudo de nuevas
pruebas, que las partes puedan aportar o solicitar, por una sola vez, los elementos
que consideren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Sin
embargo, lo cierto es que tal facultad no excluye el derecho que tienen los
demandantes, una vez enterados del contenido de los medios demostrativos, de
controvertir las pruebas que se oponen a sus pretensiones.
Es más, de acuerdo con el artículo 17466 del CGP, tratándose de pruebas
trasladadas y de atestaciones rendidas al interior del proceso disciplinario
adelantado por la entidad demandada, el fallador debía verificar que el derecho de
contradicción se hubiera surtido en el proceso de origen, pues, de lo contrario, le
correspondía otorgar dicha posibilidad en el trámite procesal al que se incorporaron
los nuevos elementos.
Así, solo cuando el derecho de contradicción esté plenamente garantizado, el juez
se encuentra autorizado para considerar el elemento sin tramite adicional alguno,
por ejemplo, cuando: (i) la prueba fue solicitada por ambas partes en el proceso al
que se traslada, o a instancia de una de ellas, pero con la adhesión o coadyuvancia
de la otra67; (ii) cuando la prueba estuvo visible durante el trámite del proceso al que
se traslada, así fuera requerida por uno solo de los extremos del litigio68; o (iii)
cuando la prueba se recaudó con audiencia de la parte contra quien se aduce.
En el presente asunto, se evidencia que: (i) el decreto de las susodichas pruebas
respondió al uso de la facultad oficiosa en cabeza del Tribunal Administrativo de
Nariño; (ii) en el trámite del medio de control de reparación directa, los elementos
no estuvieron a disposición de las partes. Inclusive, tal como fue explicado en
precedencia, no aparece actuación alguna atinente a su remisión; y (iii) los aquí
recurrentes no formaron parte del proceso disciplinario adelantado con ocasión de
65 “Artículo 213. Pruebas de oficio. (…) oídas las alegaciones el juez o la sala, sección o subsección
antes de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para
esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda (…). En todo caso, dentro del término de
ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola
vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de
oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto
que las decrete”.
66 “Artículo 174. Prueba trasladada y prueba extraprocesal. Las pruebas practicadas válidamente en
un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre
que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o
con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están
destinadas. (…)”.
67 En estos casos, aun cuando una de esas partes no hubiera participado en el proceso de origen,
la jurisprudencia ha entendido que ambas conocen el contenido de tal prueba.
68 Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 2018; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, expediente
20601.
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la muerte del soldado Jojoa Jojoa, razón por la cual no pudieron controvertir las
declaraciones rendidas al interior de dicho trámite.
Por ello, el Tribunal Administrativo de Nariño no podía darle mérito de convicción a
una prueba que no surtió el procedimiento de ley para su traslado a la parte
contraria, ni podía sustentar la decisión que ponía fin al proceso en tales elementos.
Al respecto, es importante recalcar que las normas sobre oportunidad, trámite y
debate de los medios probatorios son de orden público y, por lo mismo, imperativas
e indisponibles para las partes y para el juez69.
Así las cosas, en consideración a que para analizar un recurso extraordinario de
revisión es esencial determinar la trascendencia del vicio que configuró la causal,
se concluye que, en el sub lite, la omisión en el traslado de los medios probatorios
decretados de oficio en segunda instancia y el desconocimiento del principio de la
contradicción de la prueba representan un vicio trascendental cuya relevancia salta
a la vista toda vez que la providencia recurrida se edificó en tales probanzas, las
cuales fueron determinantes para motivar la negación de las pretensiones de la
demanda de reparación directa. Así, aunque no cualquier irregularidad tiene la
potencialidad de configurar la nulidad en la sentencia, en este caso no se trata de
una irregularidad menor o insignificante, sino de una que, se insiste, tuvo la
potencialidad de incidir en la decisión recurrida.
Bajo esta óptica, el recurso extraordinario de revisión está llamado a prosperar y,
por consiguiente, así habrá de declararse, dado que las pruebas de mejor proveer,
en las cuales se soportaron las conclusiones del Tribunal Administrativo de Nariño,
no fueron conocidas por la parte demandante y tampoco sometidas a su
contradicción. De modo que lo anterior generó un vicio en el proceso que afectó la
validez de la decisión de segunda instancia.
4.5. Adicionalmente, no sobra mencionar que, aun cuando el vicio se generó con
anterioridad a la sentencia del 26 de agosto de 2022, este solo pudo ser conocido
cuando dicha providencia fue notificada, es decir, el 29 de noviembre de 2022
(hecho probado 3.12.), pues, tal como fue expuesto, en el Sistema de Gestión
Judicial SAMAI no aparece actuación alguna referente a la remisión de documentos
por parte del Ejército Nacional o al correspondiente traslado de las probanzas, por
lo que los demandantes no tenían forma de conocer la situación.
Sobre el particular, esta Corporación ha dicho que “el registro fiel de las actuaciones
procesales en los sistemas de información y gestión de procesos de la Rama
Judicial tiene estrecha relación con el principio de publicidad y, en esa vía, con el
derecho al debido proceso de las partes. Más aún en los tiempos actuales, en los
que (…) aumentó el uso de estas plataformas tecnológicas como herramienta a
69 CGP. “Artículo 13. Observancia de normas procesales. Las normas procesales son de orden
público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas,
modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley
(…)”.
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disposición de los sujetos procesales y de los usuarios en general de la
administración de justicia para hacer seguimiento a los casos de su interés. Es por
lo anterior que, en atención a los principios de publicidad, buena fe y confianza
legitima, los datos que registran en los sistemas de información deben ser
concordantes con las actuaciones que obren en el expediente”70.
En función de lo expuesto, es posible afirmar que, debido a la inexistente
trazabilidad sobre el envío del memorial proveniente del Ejército Nacional, aun el
abogado más diligente hubiere inadvertido la incorporación de los nuevos elementos
probatorios al expediente.
Esta última aseveración, además, encuentra respaldo en la solicitud elevada por la
parte demandante el 13 de septiembre de 2022, en la que aseguró que, “(…) en
atención al auto de la referencia [proveído del 30 de junio de 2021] y teniendo en
cuenta no hay anotación y tampoco dentro del expediente digital se observa
respuesta por parte del Ejército Nacional a dicho requerimiento, me permito remitir
para su conocimiento y fines pertinentes la respuesta (…) del 31 de agosto de 2022,
en donde el mayor (…), en respuesta a derecho de petición tramitado por la parte
actora, manifestó que el 29 de junio de 2022, se dio respuesta al despacho mediante
oficio no. 003946. Lo anterior, para que […] se le dé el traslado al suscrito y se tenga
en cuenta antes de proferir sentencia de segunda instancia” (hecho probado 3.11.).
El contenido del citado memorial ratifica que, debido a la ausencia de anotaciones
en los sistemas de consulta de la Rama Judicial relativas al cumplimiento de la orden
impartida en el auto del 30 de junio de 2021, los actores desconocían que las
pruebas ya habían sido allegadas por el Ejército Nacional. Sumado a esto, tal escrito
da cuenta de que fue solo el 31 de agosto de 2022 que los recurrentes fueron
informados de la entrega de la documentación por parte del Ejército Nacional, esto
es, en fecha posterior al 26 de agosto de 2022, cuando fue aprobada la sentencia
de segunda instancia.
Asimismo, es importante señalar que, para el mencionado 31 de agosto de 2022, la
expedición de la sentencia objeto de revisión no aparecía registrada en el Sistema
de Gestión Judicial SAMAI y no había sido objeto de notificación. Reiterando,
además, que una vez la parte actora tuvo noticia de la remisión de las pruebas por
la entidad demandada al proceso, le manifestó la situación al Tribunal Administrativo
de Nariño y le solicitó el traslado de estas, sin obtener respuesta alguna (hecho
probado 3.11.).
En este punto, es pertinente resaltar que, aunque por regla general no es posible
alegar como fundamento del recurso alguna causal de nulidad acaecida en una
etapa previa a la sentencia, la jurisprudencia ha aceptado la proposición de la
nulidad procesal ocurrida antes de dictado el fallo, siempre y cuando esta no haya
podido ser percibida por el recurrente, caso en el que la parte actora deberá probar
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencias del 7 de
abril y del 28 de julio de 2022, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2022-00626-00 y 11001-03-15-000-2022-
01330-01, respectivamente.
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que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del
proceso71, tal y como se demostró en el caso de autos, por las circunstancias antes
anotadas.
Así las cosas, la Subsección encuentra razones suficientes para concluir que los
aquí recurrentes no conocieron las pruebas decretadas de oficio y, en
consecuencia, vieron truncado su derecho de contradicción, así como que les
resultó imposible plantear tal situación antes de que el Tribunal Administrativo de
Nariño profiriera la sentencia objeto de la presente revisión extraordinaria.
Es fundamental destacar que no le compete al juez de revisión extraordinaria
realizar la valoración fáctica y jurídica del asunto, ni de los medios de prueba
allegados en la instancia procesal, de modo que no puede afirmar que la decisión
del Tribunal Administrativo de Nariño será contraria, luego de efectuar el traslado
de las pruebas a los demandantes y de permitir el ejercicio de su derecho de
contradicción, pues el resultado del proceso debe corresponder al debido
agotamiento de las diferentes etapas en que se surta el medio de control de
reparación directa.
En estas condiciones, como viene de decirse y se reitera, lo que se observa es que,
en contravía con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, el Tribunal
Administrativo de Nariño sustentó la sentencia de segunda instancia que aquí se
revisa en las pruebas irregularmente incorporadas al expediente, lo que revela la
configuración de una situación anormal y trascendental que fue determinante al
momento de proferir el fallo que puso fin al medio de control. De manera que, una
vez las partes hayan ejercido su derecho de contradicción de las pruebas allegadas
en segunda instancia, corresponde al juez natural de la causa efectuar la nueva
valoración probatoria, en cuyo caso habrá de determinar si la oposición realizada
por la parte actora tiene la capacidad de variar la decisión adoptada.
Finalmente, es importante anotar que, en un caso con similitud fáctica y jurídica, por
omisión en el traslado de pruebas decretadas de oficio, la Subsección A de la
Sección Tercera de esta Corporación declaró fundado el recurso extraordinario de
revisión por vulneración al debido proceso e infirmó la sentencia proferida el 10 de
mayo de 2013 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, con fundamento en las pruebas desconocidas por el recurrente72.
En consecuencia, comoquiera que se configuran los presupuestos de la causal 5ª
del artículo 250 del CPACA, planteada por los recurrentes, la Sala declarará
71 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de
Decisión, sentencias del 5 de mayo de 2020 y del 21 de octubre de 2021, Rad. Nos. 2017-02519-00
y 2017-02564-00, respectivamente; y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión, sentencia de 12 de noviembre de 2021, Rad. No.
2021-05086-00. Sobre el particular, también se pueden consultar las siguientes decisiones: Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión, sentencias
del 7 de junio de 2016 y del 7 de abril y 6 de octubre de 2015, Rad. Nos. 2015-02493-00, 2006-
00318-00 y 2014-00902-00, respectivamente.
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de julio de 2021, Rad. No.
51.187.
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Radicado: 11001-03-26-000-2023-00043-00 (69617)
Demandante: Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros
fundado el recurso extraordinario de revisión. Asimismo, infirmará el fallo dictado el
26 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño y ordenará devolver
el expediente para que se subsane la actuación procesal vulneratoria de los
derechos de la parte actora y se profiera el fallo que en derecho corresponda.
5. Conclusión
Se configura la causal de revisión establecida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA, es decir, existe nulidad originada en la sentencia proferida el 26 de agosto
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa promovida por los recurrentes contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, radicado núm. 52001-23-33-000-2013-
00542-01. Lo anterior, en consideración a que el juzgador de segunda instancia
omitió correr traslado de las pruebas aportadas por la entidad demandada en
cumplimiento de un auto de mejor proveer, y dictó su decisión con fundamento en
estas, sin garantizar su conocimiento y contradicción por la parte demandante.
6. Costas
De conformidad con el artículo 25573 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la
Ley 2080 de 2021, y en vista de que el recurso extraordinario de revisión se
declarará fundado, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida el 26 de agosto de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, dentro del proceso de reparación directa 52001-23-33-
000-2013-00542-01.
SEGUNDO: INFIRMAR el fallo dictado el 26 de agosto de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Nariño.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, DEVÚELVASE el expediente al Tribunal
Administrativo de Nariño, para que subsane la actuación procesal vulneratoria de
los derechos de la parte actora y profiera el fallo que en derecho corresponda.
73 “Artículo 255. Sentencia. <Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021> […] Si
se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
26
Radicado: 11001-03-26-000-2023-00043-00 (69617)
Demandante: Luciano Miguel Jojoa Guacas y otros
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SP1
27
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