Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03468-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03468-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03468-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03468-00
Accionante: RIOPAILA CASTILLA S.A.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO
Tema: Tutela contra providencia judicial — improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del Quindío.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 17 de julio de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La sociedad Riopaila Castilla S.A. —en adelante Riopaila—, actuando por
medio de apoderado judicial3, presentó acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Quindío. Con la solicitud de amparo pretende la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de la providencia del 2 de mayo de 2025, proferida por el tribunal
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al Tribunal
Administrativo del Quindío. Asimismo, se dispuso la vinculación de: (i) todas las entidades y
personas que fueron vinculadas al medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos con radicado 63001-2333-000-2019-00250-00; y (ii) la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
3 El poder fue debidamente conferido por el apoderado general de Riopaila al profesional en
derecho Mauricio Castro Forero.
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Accionante: Riopaila Castilla S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
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accionado. Mediante esta decisión, negó la solicitud de nulidad presentada por
la sociedad accionante al interior del medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos identificado con el radicado 63001-2333-000-2019-00250-
00.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente solicitamos que se tutele
el derecho fundamental al debido proceso de Riopaila Castilla S.A. (artículo
29 CP), así como también al acceso a la administración de justicia (artículo
228 CP),y principio de legalidad (artículo 230 CP), los cuales fueron
vulnerados por el Tribunal al proferir el Auto con omisión en las formas del
proceso, la prueba, la defensa y la contradicción.
En consecuencia, respetuosamente solicitamos se ordene retrotraer el
proceso hasta el momento en que se decretaron las pruebas para mejor
proveer y se ordene correr traslado de ellas a mi apoderada para que se
surta esa etapa procesal en estricto cumplimiento del artículo 110 del CGP y
213 del CPACA. (Sic)
1.2. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
siguiente manera:
5. El 5 de diciembre de 2019, el Procurador 34 Judicial I para Asuntos
Ambientales y Agrarios de Armenia interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos contra la Agencia
Nacional de Tierras, el departamento del Quindío, el municipio de La Tebaida, la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca, el Ingenio Rio Paila y el Ejército Nacional. En concreto,
pretendió que se declare la responsabilidad de las entidades referidas por el daño
ambiental4 causado por los cultivos de caña de azúcar en la Hacienda Pisamal5.
6. El medio de control fue repartido al Tribunal Administrativo del Quindío y
se le asignó el número radicado 63001-2333-000-2019-00250-00.
7. Estando el proceso al despacho para proferir fallo, por medio del auto del
30 de enero de enero de 2025, el tribunal referido decretó las siguientes pruebas
de oficio:
• Incorporar el acto administrativo denominado Resolución No. 2593 de 30
de octubre de 2024 proferido por la Jefe de oficina Asesora de Proceso
Sancionatorios Ambientales y Procesos Disciplinario de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío, obrante en el índice 00272 del SAMAI.
4 La afectación ambiental que se predica, se debe a la indebida explotación de los predios que
conforman la Hacienda Pisamal, teniendo en cuenta que están en presencia de humedales.
5 Ubicada en el municipio de la Tebaida (Quindío) y compuesta por los predios: Veraguas, Bello
Horizonte, Pedregales, La Colonia y Gran Horizonte.
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• Incorporar los documentos que se anexaron en el índice 00138 del SAMAI
específicamente la cédula de ciudadanía y el certificado de defunción del
señor Carlos Alberto Sánchez Pulgarín.
• Oficiar a la Corporación Autónoma Regional del Quindío para que remita
con destino a este proceso certificación sobre el estado actual del proceso
sancionatorio ambiental identificado con radicado No. 039 de 2020 y remita
copia íntegra de las actuaciones que se han surtido de forma posterior a las
que fueron allegadas por esa misma entidad el día 22 de agosto de 2024.
Así mismo, se solicita que remita a este proceso certificación sobre el estado
actual del proceso sancionatorio ambiental identificado con radicado No. 100
de 2011 y remita copia íntegra de las actuaciones que se han surtido de
forma posterior a la Resolución No. 2593 de 30 de octubre de 2024 proferido
por la Jefe de oficina Asesora de Proceso Sancionatorios Ambientales y
Procesos Disciplinario de la Corporación Autónoma Regional del Quindío.
• Oficiar a la Corporación Autónoma Regional del Quindío para que remita
con destino a este proceso el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del Rio La Vieja (POMCH, 2008) y la versión actualizada
(Consorcio POMCA Quindío, 2018).
• Oficiar a la Agencia Nacional de Tierras para que allegue con destino a este
proceso copia íntegra de la actuación administrativa surtida en el trámite de
condición resolutoria sobre los predios denominados Pedregales, La
Colonia, Gran Horizonte, Bellohorizonte, y Veraguas que conforman la
Hacienda Pisamal ubicada en el Municipio de La Tebaida Quindío que fueron
adjudicados mediante las Resoluciones Nº 0254 del 22 de agosto, Nº 0298
de 2006 del 29 de septiembre de 2006, y Nº 0257 del 30 de agosto de 2006
por el INCODER.6
8. Posteriormente, el 6 de marzo de 2025, la autoridad judicial accionada
dictó sentencia de primera instancia, en la cual declaró que las entidades
demandadas7 vulneraron los derechos colectivos «al goce de un ambiente sano,
la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales,
la protección de áreas de especial importancia ecológica, así como el goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público».
9. A través del memorial del 13 de marzo de 2025, Riopaila solicitó la nulidad
de todo lo actuado con posterioridad al auto del 30 de enero de 2025. Puso de
presente que el tribunal demandado profirió el fallo sin que se hubiese: (i)
aportado e incorporado al expediente la totalidad de las pruebas ordenadas; (ii)
corrido traslado a las partes de todas las pruebas allegadas al proceso y, (iii)
corrido traslado de ninguna de las pruebas decretadas de oficio a Riopaila.
6 El traslado a las partes de las pruebas incorporadas se surtió los días 21, 24 y 25 de febrero de
2025. Al respecto, ver índice 316 de Samai del expediente con radicado 63001-2333-000-2019-
00250-00.
7 Además de las referidas en el numeral 5 de esta providencia, se declaró la responsabilidad de
los adjudicatarios de los predios referidos y de la Policía Nacional.
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10. En ese orden, estimó que no haber tenido la posibilidad de pronunciarse
respecto del material probatorio decretado en la providencia referida vulneró su
derecho fundamental al debido proceso.
11. Mediante el auto del 2 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del
Quindío negó la solicitud presentada por la parte actora. En concreto, después
de corroborar que no se envió la comunicación del traslado, de las pruebas
incorporadas al expediente, a Riopaila, sostuvo que no hubo vulneración a los
intereses de la sociedad.
12. Lo anterior, debido a que, a juicio del accionado, las únicas pruebas
decretadas de oficio que tuvieron incidencia para declarar la responsabilidad de
la sociedad tutelante, aunque sin ellas no hubiera cambiado el sentido de la
decisión, fueron las siguientes: (i) Resolución 2593 de 30 de octubre de 2024
proferida por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, mediante la cual se
sancionó a Riopaila por los mismos hechos que motivaron la interposición del
medio de control de protección de derechos e intereses colectivos; (ii) la
certificación del estado actual del proceso sancionatorio ambiental dentro del que
se dictó el acto administrativo mencionado8; y (iii) «el Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio La Vieja (POMCH, 2008) y la versión
actualizada (Consorcio POMCA Quindío, 2018)».
13. Respecto de la primera prueba, el tribunal puso de presente que, en los
alegatos de conclusión, Riopaila solicitó que se dictara un fallo inhibitorio debido
a la incompatibilidad del proceso sancionatorio ambiental con la acción popular.
Por ende, estimó que era falso que no hubiera podido pronunciarse sobre ese
acto administrativo, aunado a que en el fallo se resolvió dicha solicitud en una
cuestión previa.
14. Frente a la segunda prueba, indicó que no fue relevante en la decisión,
teniendo en cuenta que no se ha surtido ninguna actuación posterior a la
Resolución 2593 dictada el 30 de octubre de 2024.
15. Por último, en cuanto al «el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del Rio La Vieja (POMCH, 2008)», consideró que Riopaila pudo
ejercer su derecho de contradicción, pues desde la presentación de la demanda
se puso de presente la existencia del mismo y, de igual forma, siempre estuvo
publicado en las páginas web de las Corporaciones Autónomas Regionales del
Quindío y Valle del Cauca.
8 Proceso sancionatorio ambiental con radicado 100-2011, adelantado por la Corporación
Autónoma Regional del Quindío en contra de Riopaila.
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16. Inconforme con la decisión, Riopaila interpuso los recursos de reposición
y apelación, los cuales fueron rechazados por improcedentes a través del auto
del 22 de mayo de 20259.
1.3. Sustento de la vulneración
17. La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto procedimental absoluto, debido a que pretermitió la etapa procesal que
le hubiese permitido ejercer su derecho de defensa y contradicción respecto de
las pruebas decretadas de oficio, mediante el auto del 30 de enero de 2025, pues
no se le corrió traslado de estas.
18. Asimismo, destacó que el material probatorio referido (ver numeral 7 de la
presente providencia) incidió directamente en la decisión de declarar la
responsabilidad, por los daños ambientales causados, en su contra. En ese
orden, concluyó que el tribunal accionado, cuando negó la solicitud de nulidad
por medio del auto del 2 de mayo de 2025, consolidó la vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso.
19. Finalmente, sostuvo que el hecho de haberse pronunciado con
anterioridad al auto del 30 de enero de 2025 respecto de las pruebas referidas
no eximió al tribunal demandado de haberle corrido traslado de los elementos
probatorios para que fueran debatidos desde que formalmente hicieron parte del
expediente.
1.4. Intervenciones
20. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Pidió que se
conceda el amparo de los derechos fundamentales de Riopaila y, su
desvinculación del presente trámite constitucional.
21. Puso de presente que el Consejo de Estado ha reiterado que no correr
traslado de las pruebas decretadas de oficio vulnera el derecho de contradicción
probatoria de las partes10. Esto, pues es la única oportunidad que tienen de
ejercer su derecho de defensa, tomando en consideración que contra el auto que
decreta pruebas de oficio, no procede ningún recurso.
22. Corporación Autónoma Regional del Quindío. Se limitó a indicar que
se atiene a lo que se decida en el presente fallo.
23. Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional. Consideró
9 Ello, en virtud de los artículos 26, 36 y 37 de la Ley 472 de 1994 que establecen la improcedencia
del recurso de apelación contra el auto que niega la solicitud de nulidad. Igualmente, explicó que
no procede el recurso de reposición contra decisiones proferidas por salas o secciones.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C;
Sentencia del 9 de abril de 2025, Rad: 11001-03-26-000-2023-00043-00 (69617), M.P. Adriana
Polidura Castillo.
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que Riopaila pretende reabrir la discusión probatoria surtida en el medio de
control controvertido y, en todo caso, sostuvo que el auto del 2 de mayo de 2025
no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora.
24. Departamento del Quindío. Estimó que no transgredió las garantías
constitucionales de la accionante y que la acción de tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad11.
25. Agencia de Desarrollo Rural, Defensoría del Pueblo Regional del
Quindío, municipio de la Tebaida y Superintendencia de Notariado y
Registro. Solicitaron la desvinculación del presente trámite constitucional por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
26. Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. Adujo que el
criterio adoptado por el tribunal accionado en el auto reprochado se ajustó a
derecho.
27. Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia. Concluyó
que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado 12, el tribunal
demandado no estaba en la obligación de enviar el mensaje de datos para
comunicar la publicación del estado que notificó el auto del 30 de enero de 2025,
por ende, no vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la actora. Esto,
pues la obligación de notificar la actuación electrónicamente se limita a las
notificaciones personales.
28. Tribunal Administrativo del Quindío. Se limitó a la remisión del
expediente solicitado.
II. CONSIDERACIONES
29. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por
Riopaila. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se superan los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
11 No hizo referencia a los mecanismos judiciales que Riopaila tiene a su disposición para
controvertir lo reprochado en esta sede.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de unificación
jurisprudencial del 29 de noviembre de 2022, Rad: 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177),
M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (con salvamento de voto del magistrado Pedro Pablo
Vanegas Gil).
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30. El Consejo de Estado13 y la Corte Constitucional14, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales15 y a la configuración de algún
defecto especial16 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
31. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.
32. En el caso sub examine, esta Sección considera que la solicitud de amparo
no cumple con los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
33. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
34. La Sala advierte que Riopaila, quien actuó mediante apoderado judicial17,
está legitimada en la causa por activa, porque integra la parte demandada dentro
del medio de control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante
esta vía. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Quindío
está legitimado en la causa por pasiva por haber presuntamente incurrido en la
irregularidad procesal dentro del trámite objeto de la litis.
35. Por último, la Agencia de Desarrollo Rural, la Defensoría del Pueblo
Regional del Quindío, el municipio de la Tebaida y la Superintendencia de
Notariado y Registro, solicitaron la desvinculación del presente trámite
constitucional al considerar que no han vulnerado ninguna garantía fundamental
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
14 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
15 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
16 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
17 Se observa que el poder conferido al abogado Mauricio Castro Forero, cumple con los requisitos
establecidos para reconocerle personería jurídica.
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de la parte actora.
36. La Sección negará dichas peticiones, debido a que las entidades referidas
no fueron vinculadas a la acción de tutela en calidad de accionadas, sino como
terceras con interés. Ello, al ser sujetos procesales al interior del medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos identificado con el radicado
63001-2333-000-2019-00250-00.
37. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional18, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
38. En este caso, la parte actora indicó que el Tribunal Administrativo del
Quindío incurrió en el defecto procedimental absoluto, dado que pretermitió la
etapa procesal que le hubiese permitido ejercer su derecho de defensa y
contradicción respecto de las pruebas decretadas de oficio19, pues no le corrió
traslado de estas. Así las cosas, afirmó que, a través del auto del 2 de mayo de
2025, mediante el cual se negó la solicitud de nulidad, se consolidó la vulneración
de su derecho fundamental al debido proceso, porque la autoridad judicial
accionada no subsanó la irregularidad procesal enunciada.
39. Ahora bien, se observa que los argumentos allegados por la parte actora,
tendientes a demostrar por qué las pruebas decretadas de oficio incidieron en la
sentencia condenatoria en su contra, fueron planteados en el memorial del 13 de
marzo de 2025 y resueltos por la autoridad judicial accionada mediante la
providencia referida anteriormente.
40. En particular, el tribunal accionado explicó porque los documentos
incorporados al expediente no incidieron sustancialmente en la decisión de
declarar la responsabilidad de Riopaila y, por ende, tras realizar un análisis desde
la perspectiva de las garantías fundamentales, concluyó que no vulneró el
derecho de defensa y contradicción de la sociedad accionante. Esto último,
debido a que Riopaila conoció con anterioridad el material probatorio e, incluso,
se pronunció al respecto a lo largo del proceso.
41. En ese orden, para la Sala, se evidencia una simple inconformidad de la
18 Sentencia SU-215 de 2022.
19 Decretadas a través del auto del 30 de enero de 2025.
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accionante con el criterio adoptado por el tribunal en el auto del 2 de mayo de
2025, buscando entonces reabrir una discusión ya zanjada por el juez natural de
la causa para obtener una decisión favorable a sus pretensiones, sin plantear un
debate que busque la protección de sus derechos fundamentales.
42. Por lo anterior, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
constitucionales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con
el presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.
43. Igualmente, con independencia de lo expuesto, de la revisión del
expediente del medio de control aquí reprochado, se advierte que el Tribunal
Administrativo del Quindío, corrió traslado de las pruebas documentales20 a
través de la fijación en lista del 20 de febrero de 202521.
44. Así las cosas, esta Sección concluye que, en el caso concreto, no se
cumple con el requisito de relevancia constitucional. En ese sentido, se declarará
la improcedencia de la acción de tutela presentada por Riopaila.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Agencia
de Desarrollo Rural, la Defensoría del Pueblo Regional del Quindío, el municipio
de la Tebaida y la Superintendencia de Notariado y Registro.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela
interpuesta por Riopaila Castilla S.A. por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
20 Pruebas allegadas por la Corporación Autónoma Regional del Quindío y la Agencia Nacional
de Tierras. Ver: índices 311 y 315 de Samai, expediente 63001-2333-000-2019-00250-00.
21 Índice 316 de Samai, expediente 63001-2333-000-2019-00250-00. 1. Al respecto, se destaca
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Código General del Proceso, cuando
el traslado se efectúe por medio de fijación en lista no es obligación de las autoridades judiciales
comunicarles a las partes de la constancia de la publicación, pues hace parte del deber de
diligencia de los sujetos procesales, revisar las actuaciones que se surtan en el marco de los
procesos.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03468-00
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
QUINTO: RECONOCER personería jurídica al abogado Mauricio Castro Forero,
en los términos del poder aportado a este expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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