Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03443-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03443-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03443-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
28 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03443-01
Accionante: Gramalote Colombia Limited
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03443-01
Accionante: Gramalote Colombia Limited
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos de
procedencia de la tutela contra providencia judicial. Improcedencia – Subsidiariedad y relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 11 de junio de 2026 por el Consejo de Estado-Sección Quinta, mediante la
cual se declaró la improcedencia del amparo por unos cargos y se negó respecto de otros.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
La sociedad Gramalote Colombia Limited (en adelante “GCL”), por intermedio de
apoderado judicial, formuló acción de tutela en procura del amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los cuales estima vulnerados por el
Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, con ocasión de la sentencia proferida
el 9 de diciembre de 2025 y aclarada mediante auto del 13 de marzo de 2026, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm.
11001-03-26-000-2021-00209-00.
2. Hechos
Del escrito de tutela1 y de los documentos allegados al presente trámite se desprenden
los siguientes supuestos fácticos:
2.1. El 29 de agosto de 2012, GCL celebró con el departamento de Antioquia el
contrato de concesión minera No. T14292011, para desarrollar actividades de
exploración y explotación minera en un área ubicada en los municipios de San Roque,
Yolombó y Maceo del departamento de Antioquia.
2.2. El predio denominado Brisas del Nus se encuentra dentro de los límites del título
minero. En el folio de matrícula figuraban como propietarios inscritos las señoras Mariela
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Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado D156FA1D09C8CC43 FB0F3D4A61F80BD9
A95173F71A664D35 BD6AFF083E3E00B5.
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Accionante: Gramalote Colombia Limited
Sierra Sierra y Martha Lucía Sierra Sierra. No obstante, la posesión material del inmueble
era ejercida presuntamente por Alquibar Giraldo, Gabriela del Socorro Marín, Kely
Johana Giraldo Marín, Alba Cémida Giraldo Marín y Liliana María Giraldo Marín. En esta
medida se adelantaron dos procesos judiciales en relación con la controversia relativa a la
tenencia, propiedad y posesión del predio, a saber:
(i) Proceso de pertenencia agraria ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Cisneros (rad. 05190-31-89-001-2008-00217-00), pendiente de sentencia de
primera instancia.
(ii) Proceso reivindicatorio agrario (05190318900120120002301) que promovió
Mariela Sierra Sierra y Martha Lucía Sierra Sierra, archivado por prescripción de la
acción.
2.3. Si bien la parte actora impulsó la negociación con los poseedores, esta fue
infructuosa.
2.4. El 15 de marzo de 2017, GCL solicitó a la Agencia Nacional de Minería la
expropiación del predio Brisas del Nus.
2.5. Mediante Resolución VSC 1251 del 30 de noviembre de 2018, la Agencia Nacional
de Minería decretó la expropiación del predio y facultó a GCL a iniciar el proceso judicial.
En términos de la actora, en este acto, la ANM distinguió entre propietarios inscritos y los
poseedores del inmueble.
2.6. En virtud de lo anterior, GCL promovió proceso verbal especial de expropiación, el
cual le correspondió por reparto al Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros bajo el
radicado núm. 05190318900120190009200. GCL dirigió su demanda no solo contra los
propietarios, sino contra los poseedores. En ese trámite, el juzgado dispuso la entrega
anticipada del inmueble.
2.7. De conformidad con el numeral 4 del artículo 399 del CGP, el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Cisneros ordenó la entrega anticipada del inmueble al accionante, la cual
se materializó el 28 de enero de 2022. Después, en sentencia del 31 de marzo de 2025,
decretó judicialmente la expropiación del predio a favor de GCL. Al respecto, se formuló
recurso de apelación, pendiente de decisión por parte del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Antioquia.
2.8. En paralelo al proceso de expropiación judicial, la señora Mariela Sierra Sierra
formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, proceso de única instancia, surtido ante el Consejo de Estado bajo el radicado
11001-03-26-000-2021-00209-00.
En esta demanda, la señora Sierra Sierra solicitó que se declarara la nulidad de la
resolución VSC 1251 de 30 de noviembre de 2018, que aprobó el inicio del trámite judicial
de expropiación del predio denominado Brisas del Nus, así como de la Resolución VSC
432 del 26 de abril de 2021, que resolvió el recurso de reposición contra aquella. Como
restablecimiento del derecho, pidió que se oficiara al Juzgado Promiscuo del Circuito de
Cisneros para que terminara el proceso de expropiación judicial (rad. 05190 31 89 001
2019-00092-00) y ordenara la restitución del inmueble a sus propietarios, en caso de que
este hubiera sido entregado a GCL.
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Accionante: Gramalote Colombia Limited
2.9. Mediante auto de 15 de noviembre de 20222, el Consejo de Estado-Sección
Tercera-Subsección A rechazó la reforma de la demanda presentada por la parte actora
respecto de las modificaciones de las partes y las pretensiones y, en los demás aspectos
admitió la reforma.
La autoridad accionada explicó que la demanda incluyó como nueva entidad demandada
a GCL y se formuló una nueva pretensión, la cual se contraía a solicitar que se ordenara
reiniciar el trámite administrativo de expropiación, se ejerciera control de legalidad y se
vinculara debidamente a la actora. No obstante, la autoridad encontró que operó la
caducidad respecto del nuevo demandado y las pretensiones que se habían formulado
frente a aquel.
2.10. El 21 de febrero de 2023 3, GCL presentó solicitud para intervenir en calidad de
coadyuvante. Ello por tener interés directo en los resultados de la acción, ser titular del
contrato de concesión 14292, haber promovido y solicitado el proceso de expropiación
administrativa sobre el predio y presentar demanda de expropiación contra los
propietarios del predio.
2.11. Por auto de 6 de marzo de 2023 4, el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección A prescindió de la audiencia inicial, negó las pruebas testimoniales
solicitadas, incorporó unas pruebas y corrió traslado de los documentos incorporados por
el término de cinco días.
2.12. Mediante auto del 31 de mayo de 2023 5, el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección A resolvió que GCL fuera tenido como coadyuvante de la ANM. Lo indicado,
por cuanto el asunto se había admitido y la solicitud de coadyuvancia se presentó sin que
se hubiera proferido el auto que fijó fecha para la audiencia inicial. Sumado a ello, tenía
interés directo en el asunto, en tanto podía verse afectado si la ANM resultaba vencida,
por cuanto en su calidad de concesionario fue quien propuso que se adquiriera el predio a
través del mecanismo de expropiación.
2.13. Por medio del auto del 22 de agosto de 2023 6, el Consejo de Estado-Sección
Tercera-Subsección A negó las excepciones previas, manifestaciones respecto de la
reforma a la demanda y solicitudes probatorias propuestas por GCL. Al respecto, tuvo en
cuenta que, si bien GCL había presentado solicitud antes de que se adecuara el trámite a
sentencia anticipada, eso no le daba posibilidad de presentar excepciones previas, ni
pronunciarse respecto de la reforma de la demanda y realizar solicitudes probatorias por
extemporaneidad, puesto que el término para hacerlo había corrido del 30 de noviembre
de 2022 al 12 de enero de 2023. Por tanto, al intervenir el 21 de febrero de 2023, se
encontraba por fuera del término previsto.
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Índice 00020 del expediente del proceso 11001032600020210020900, certificado 4B99D73D4F1D960B
F4CC813E0997E620 5209842AC8358288 EB4D0E3E1F5079FC.
3
Índice 00033 del expediente del proceso 11001032600020210020900.
4
Índice 00035 del expediente del proceso 11001032600020210020900, certificado 8C0E1C5801E9524E
6FD5E126DE676A30 A207D4255741AB1C 508B9C59DEA78A80.
5
Índice 00043 del expediente del proceso 11001032600020210020900, certificado
B1E0564A6EA59F5FC8B6AB360BE661B1 B6A9EF8C02EA9494 2D8C90C9B31C3776.
6
Índice 00051 del expediente del proceso 11001032600020210020900, certificado 271FAF2EFE6B7440
B4EB6F2ED41C496E 1742359A90408C60 E5D4A15BA66F65A0.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03443-01
Accionante: Gramalote Colombia Limited
2.14. A través del auto del 17 de noviembre de 2023 7, el Consejo de Estado-Sección
Tercera-Subsección A rechazó por improcedente la solicitud de pruebas de oficio
formulada por GCL. Ello al considerar que se pedían como pruebas los mismos
documentos que ya se habían solicitado el 21 de febrero de 2023 y cuyo decreto se había
negado en auto de 22 de agosto de 2023. Sumado a lo anterior, el decreto oficioso de
pruebas era una facultad exclusiva del juez.
2.15. El 24 de enero de 20248 el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A
corrió traslado para alegar de conclusión.
2.16. Posteriormente, por medio del auto del 24 de octubre de 2025 9, el Consejo de
Estado-Sección Tercera-Subsección A decretó como prueba de oficio que la Agencia
Nacional de Minería aportara las constancias de notificación del Auto VSC 091 del 19 de
mayo de 2017 y todos los soportes correspondientes o, en su defecto, indicara
expresamente su inexistencia mediante informe que diera cuenta de las gestiones
adelantadas en su búsqueda.
2.17. El 20 de noviembre de 202510, la ANM informó que no obraba constancia de la
notificación del Auto VSC 091 del 19 de mayo de 2017. No obstante, la ANM no remitió a
GCL copia de la actuación.
2.18. El 27 de noviembre de 202511 la Secretaría de la Sección Tercera elevó informe al
despacho, en el que detalló la actuación procesal desde el auto que decretó la prueba e
ingresó el expediente para proveer. En términos de la actora, sin haber corrido traslado de
la prueba a los sujetos procesales.
2.19. En sentencia del 9 de diciembre de 202512, el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección A declaró tanto la sucesión procesal en cabeza de los herederos
indeterminados de Mariela Sierra Sierra, como la nulidad de las Resoluciones VSC 1251
del 30 de noviembre de 2018 y VSC 432 del 26 de abril de 2021, las cuales aprobaron el
inicio del trámite judicial de expropiación del predio Brisas del Nus y resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la anterior, respectivamente. En consecuencia, ordenó lo
que sigue en su ordinal tercero:
“TERCERO: ORDENAR a la Agencia Nacional de Minería y a la sociedad
coadyuvante, Gramalote Colombia Limited, en cuanto hubiere recibido
materialmente el inmueble, adoptar de manera conjunta y coordinada todas las
medidas necesarias para restituir a los propietarios el bien denominado Brisas del
Nus, dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia. Lo anterior comprende, de ser el caso, adelantar las
actuaciones jurídicas o notariales pertinentes para revertir la transferencia de
dominio que se hubiere registrado con ocasión del proceso de expropiación,
advirtiendo que dicha reversión lleva aparejada la obligación de los propietarios de
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Índice 00065 del expediente del proceso 11001032600020210020900, certificado 1A33DD8DAE227D4C
A7EDAC358BBAD59B B525E6CE879CECB2 A5961296C32D3268.
8
Índice 00071 del expediente del proceso 11001032600020210020900, certificado E3FCF2EFA70E9768
A296E94602315F9A D30FDC86FE6C69D2 44AAD03D5179FB5D.
9
Índice 00090 del expediente del proceso 11001032600020210020900, certificado 81A5E2D447AC5837
888493F1869125C8 E08C3EDB3E80F612 0DF60E25DC3C48DC.
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Índice 00099 del expediente del proceso 11001032600020210020900.
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Índice 00100 del expediente del proceso 11001032600020210020900.
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Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado 173A5F005F582337 C9FB4DD093BADCA5
FA6650C9A5EB9C8F 2F4D276FA4B1889B.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03443-01
Accionante: Gramalote Colombia Limited
reintegrar la totalidad de las sumas que hubiesen recibido efectivamente por la
indemnización correspondiente”.
Además, se ordenó oficiar al Juzgado Promiscuo Municipal del Circuito de Cisneros para
poner en su conocimiento la nulidad declarada a efectos de que, en ejercicio de sus
competencias, procediera respecto del proceso judicial de expropiación con radicado
05190 31 89 001 2019-00092-00. Para efectos de llegar a la anterior posición, la
Subsección A de la Sección tercera de la corporación, formuló la siguiente tesis y marco
de análisis:
“51. La Sala anticipa que declarará la nulidad de los actos demandados, dado que
la demandante no fue vinculada oportunamente al procedimiento administrativo
de expropiación mediante la notificación del auto inicial y de su modificación,
circunstancia que comportó una afectación sustancial de su derecho de defensa y
una trasgresión directa de las disposiciones legales que regulan el trámite, las
cuales constituyen el soporte del acto administrativo definitivo. El análisis que
conlleva a esta conclusión se abordará a partir de la definición de: (i) el debido
proceso en las actuaciones administrativas y la vinculación temprana de los
terceros afectados; (ii) la relevancia de estas garantías en el procedimiento
administrativo de expropiación minera, y, (iii) el examen del caso concreto a partir
de las pruebas obrantes en el expediente”.
Ahora bien, se abordó la importancia del Auto 091 del 19 de mayo de 2017, mediante el
cual se ordenó el inicio de las actuaciones administrativas y se desarrollaron las
siguientes consideraciones:
“70. Pese a lo anterior, y tal como fue confirmado por la ANM en respuesta a la
prueba de oficio decretada por esta Sala (Auto de 24 de octubre de 2025), no obra
constancia alguna de notificación del Auto VSC 091 del 19 de mayo de 2017 a la
parte actora como propietaria inscrita del predio, por ningún medio, menos aún,
que se hubiesen adelantado las actuaciones previstas en el CPACA para la
notificación personal (arts. 67 y ss.). Lo que se observa es que dicha providencia
se expidió y ejecutó sin que la demandante hubiese sido enterada formalmente de
su existencia ni citada a la visita técnica programada. Este hallazgo resulta
determinante, pues el artículo 191 de la Ley 685 de 2001 establece de manera
categórica que la providencia que designa peritos y fija la fecha de la inspección
técnica “se notificará personalmente a los propietarios y poseedores de los
inmuebles”, por lo que se trata de una obligación expresa contenida en una norma
imperativa, que responde a la necesidad de garantizar el derecho al debido
proceso y contradicción desde la etapa en que se adoptan las decisiones más
relevantes del procedimiento, y cuya inobservancia implica una vulneración
directa de la ley especial aplicable.
71. Se advierte que, aunque la falta de notificación del auto 091, la consecuente
violación del debido proceso y el desconocimiento de las normas previstas en el
Código de Minas fue un punto expresamente aducido en el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución 125130, la entidad no refutó ni aclaró tal
circunstancia al resolver la impugnación mediante la Resolución VSC 432 de abril
de 2021, toda vez que en los fundamentos de la decisión no efectuó
pronunciamiento alguno sobre el particular, pese a que ese era un punto central
del recurso.
72. Así mismo, aunque la entidad demandada y la coadyuvante centraron su
defensa en sostener que la demandante se notificó por conducta concluyente de
los actos definitivos (Resolución 1251 del 30 de noviembre de 2018), lo cierto es
que la afirmación de la parte actora respecto a la omisión de notificar el auto inicial
(Auto VSC 000091) fue plenamente corroborada por la misma ANM al dar
respuesta al requerimiento probatorio de esta Corporación. Como quedó
evidenciado en los párrafos precedentes, la entidad informó que no se halló
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03443-01
Accionante: Gramalote Colombia Limited
constancia alguna de su notificación, ni que el acto hubiese cursado los canales
habituales para tal finalidad, lo que ratifica la vulneración del derecho fundamental
al debido proceso desde el inicio de la actuación, al haberse expedido una
providencia que afecta de manera directa a los propietarios del bien sin haber sido
comunicada a través de alguno de los mecanismos legalmente establecidos.
73. La omisión advertida respecto de la notificación del acto de inicio no puede
considerarse subsanada por el hecho de que los propietarios hubiesen tenido
conocimiento posterior de la Resolución 1251, ni porque hubieran presentado
recursos frente a este acto definitivo, toda vez que la garantía de defensa en los
procedimientos de expropiación no se satisface con la posibilidad de impugnar ex
post la decisión, sino que exige la participación oportuna en la fase de formación
del acto. Conforme a lo establecido en los artículos 37 del CPACA y 191 del
Código de Minas, en este caso, el principio de publicidad y el derecho de
contradicción se materializan únicamente cuando el interesado puede intervenir
en el momento en que se produce la actividad probatoria y se definen los
elementos sustanciales que soportarán la decisión, por lo que permitir que la
Administración prescinda de la notificación inicial con el argumento de que los
afectados podrán recurrir el acto definitivo, equivale a vaciar de contenido las
garantías otorgadas a los afectados con la decisión y a desconocer la finalidad
misma de la fase técnica previa”.
2.20. La ANM y la parte accionante solicitaron la aclaración de la sentencia.
2.21. Mediante auto del 13 de marzo de 202613, el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección A aclaró el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 9 de
diciembre de 2025, en lo relativo al verbo restituir respecto de la ANM y las medidas que
esta debía adoptar, así:
“i) La expresión “en cuanto hubiere recibido materialmente el inmueble”, refiere a
si lo recibió Gramalote Colombia Limited en virtud del trámite expropiatorio y no a
la ANM, como se expuso en el párrafo 84 de las consideraciones.
ii) La obligación de la ANM de “adoptar de manera conjunta y coordinada todas las
medidas necesarias para restituir”, debe entenderse como una obligación de
gestión y coordinación dentro de su competencia, orientada a materializar el
restablecimiento ordenado, sin que ello suponga que la entidad tenga o haya
tenido tenencia material del inmueble ni que deba ejecutar por sí misma actos
materiales de entrega o lanzamiento.
iii) Conforme a lo anterior, la ANM debe desplegar actuaciones jurídicas,
administrativas y de coordinación institucional bajo su ámbito competencial, entre
otras, comunicaciones, remisiones, solicitudes o gestiones ante autoridades
competentes y apoyo a trámites que resulten procedentes, sin sustituir
competencias judiciales ni asumir resultados que dependan de autoridades o de
terceros”.
Negó las demás solicitudes de aclaración formuladas por la ANM y GCL.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso y formuló las siguientes pretensiones:
“Con fundamento en los hechos narrados y las consideraciones jurídicas
expuestas, solicitamos respetuosamente:
13
Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado 35F2DFBBC8ED288F 3CA607E7398493C9
BBD9FA1DB9B6E098 F58E9150F67C16E4.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03443-01
Accionante: Gramalote Colombia Limited
(i) AMPARAR los derechos fundamentales de GRAMALOTE COLOMBIA
LIMITED al debido proceso y a la igualdad.
(ii) AMPARAR cualquier otro derecho fundamental de GRAMALOTE
COLOMBIA LIMITED que encuentre vulnerado.
(iii) DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 9 de diciembre de 2025,
aclarada mediante auto del 13 de marzo de 2026, proferida por la
Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado en el curso del
proceso identificado con el radicado No. 1100103260020210020900.
(iv) ORDENAR a la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado:
(A) RETROTRAER la actuación dentro del proceso identificado con el
radicado No. 1100103260020210020900 al momento procesal en el que
debió correr traslado a GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED de la
prueba decretada de oficio mediante auto del 24 de octubre de 2025.
(B) VINCULAR a GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED al proceso
identificado con el radicado No. 1100103260020210020900 en calidad
de parte procesal, garantizándole plenamente sus derechos de defensa
y contradicción.
(C) VINCULAR a los poseedores y ocupantes del predio denominado
“Brisas del Nus” al proceso identificado con el radicado No.
1100103260020210020900 en calidad de parte procesal,
garantizándoles plenamente sus derechos de defensa y contradicción.
(D) VALORAR integralmente todas las pruebas que obran en el
expediente, en especial aquellas pruebas relacionadas con la realidad
material del predio Brisas del Nus con anterioridad a la expedición de la
Resolución VSC 1251 de 2018, y, en consecuencia, ADOPTAR una
decisión de fondo que resulte compatible con la realidad del inmueble
acreditada en el proceso.
(E) Cualquier otra medida que considere pertinente para proteger los
derechos fundamentales de GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED. (…)”
Como fundamento de sus pretensiones, GCL adujo que la sentencia reprochada incurrió
en los siguientes defectos:
3.1. Defecto procedimental absoluto, bajo dos consideraciones en particular:
(i) Por la omisión del traslado de la prueba decretada de oficio, expuso que al
prescindirse del traslado a GCL de la prueba en mención, se excluyó una etapa sustancial
de contradicción probatoria, la cual tuvo incidencia directa en la motivación y sentido de la
sentencia, con afectación del derecho de defensa y contradicción de la accionante.
Posición que fundamentó en el precedente del Consejo de Estado 14.
Profundizó en que el derecho de defensa y contradicción dependía de una oportunidad
procesal consistente en el traslado de la respuesta emitida por la ANM, teniendo en
cuenta que: (i) conforme al numeral 9 del artículo 243 A del CPACA, no proceden
recursos contra las providencias mediante las que se decreten pruebas de oficio; (ii) se
trataba de un proceso de única instancia y (iii) se decretó la prueba después de los
alegatos de conclusión, por tanto, GCL no contó con esa oportunidad procesal.
(ii) Por la extensión de los efectos de la sentencia en su calidad de coadyuvante.
Aseveró que se habían impartido órdenes directas a GCL en la parte resolutiva de la
sentencia, a pesar de que había intervenido en el asunto únicamente en calidad de
coadyuvante de la ANM (tercero interviniente). En ese sentido, se extendieron de manera
indebida los efectos de la sentencia a GCL, al tratarla como una parte procesal y omitir
14
Sección Tercera-Subsección C, Sentencia del 9 de abril de 2025, Exp. No. 11001032600020230004300.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03443-01
Accionante: Gramalote Colombia Limited
durante el trámite reconocerle dicha calidad (ordinal tercero de la sentencia), lo que había
impedido ejercer de manera real y efectiva su derecho de defensa y contradicción.
La parte actora señaló que el coadyuvante era un tercero, es decir, quien no ostentaba la
calidad de parte y que interviene en el proceso con el fin de procurar la defensa de
derechos que no constituían el objeto de litigio (art. 71 del CGP). Así la autoridad
accionada ha debido vincularla como parte procesal y no mantenerla en la condición de
coadyuvante, conforme al precedente constitucional (sentencia T-455 de 2019).
En consecuencia, sostuvo que se habían impuesto a GCL obligaciones propias de una
parte, sin permitirle ejercer efectivamente su derecho de defensa y contradicción,
atendiendo a la calidad de coadyuvante. Así, se había negado la posibilidad de
pronunciarse sobre la reforma de la demanda, se rechazaron las excepciones previas
formuladas y se negaron las pruebas solicitadas en el escrito de coadyuvancia, junto con
el decreto de pruebas de oficio y se omitió darle traslado de la prueba de oficio que
fundamentó la sentencia.
3.2. Defecto fáctico, por cuanto se ignoraron pruebas determinantes sobre la
posesión real del inmueble y se dispuso una restitución basada en una realidad material
equivocada. Sostuvo que la sentencia se había cimentado en una premisa fáctica errada,
en razón a que se ordenó restituir el predio a los propietarios inscritos bajo la idea de
restablecer la situación anterior a la expropiación. No obstante, se omitió valorar las
pruebas que acreditaban que dichos propietarios no ejercían la posesión material del
inmueble desde tiempo atrás.
Así, expuso que desde el auto VSC 091 de 2017 y la Resolución VSC 1251 de 2018, la
ANM distinguió entre los propietarios inscritos y los poseedores. Sumado a que en el
curso del proceso ordinario, Mariela Sierra había aportado con la demanda el certificado
de tradición y libertad del predio, en el cual constaba la existencia de un proceso de
pertenencia y un proceso reivindicatorio. De haberse valorado lo anterior, no solo se
habría advertido la existencia de un proceso en curso, sino que la señora Mariela Sierra
Sierra carecía de acciones judiciales a su alcance para reclamar el derecho de dominio.
Sostuvo que en la sentencia del 10 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de
Antioquia había negado de manera definitiva las pretensiones de dominio de Mariela y
Martha Lucía Sierrla, por cuanto el señor Jesús Emignido Giraldo Zuluaga había poseído
el inmueble por más de cuarenta años con ánimo de señor y dueño.
En consecuencia, existían documentos que acreditaban la presencia de poseedores
materiales, un proceso de pertenencia en curso y una sentencia que había declarado
prescrita la acción reivindicatoria de los propietarios inscritos. Por tanto, el tribunal
acusado había ignorado estas pruebas y resolvió indirectamente una controversia de
dominio de la jurisdicción civil, con afectación de los derechos de poseedores y ocupantes
que no habían sido vinculados al proceso. Además, ello conforme al acta de diligencia
anticipada del proceso de expropiación judicial, de donde se derivaba que quienes
ocupaban físicamente el predio no eran los propietarios inscritos.
A partir de lo anterior, señaló que el defecto fáctico se manifestó desde dos dimensiones.
Por un lado, no se pronunció sobre el contenido del acta de entrega anticipada, ni sobre el
hecho de que el trámite administrativo y judicial de la expropiación distinguió entre
propietarios y poseedores, ni sobre la existencia del proceso de pertenencia y
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03443-01
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reivindicatorio que dieron cuenta de la falta de posesión material por parte de los
propietarios. Por otro lado, se extrajo de los hechos una conclusión contradictoria, la
restitución del predio a los propietarios inscritos no restablece la situación anterior a la
expedición de los actos anulados, porque las pruebas del proceso demostraban que
antes de esos actos los propietarios inscritos no contaban con la posesión del bien.
Se señaló que las consecuencias de lo anterior no eran menores. Más allá de que el
eventual cumplimiento de la sentencia pueda dar lugar a una interposición de una
querella policiva contra GCL por perturbación de la posesión, las consecuencias de ese
defecto transcendían el ámbito de los poseedores y ocupantes que no fueron vinculados
al proceso 2021-209 y que, por tal razón, se vieron privados de la posibilidad de ejercer de
manera efectiva sus derechos.
En síntesis, defendió que, al proferir la sentencia dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, se desconoció una sentencia ejecutoriada que había
declarado la prescripción de la acción de dominio y se resolvió una controversia propia de
la jurisdicción civil. En esta medida, se asumió una competencia que no correspondía,
pues solo los jueces civiles pueden definir la titularidad del derecho de propiedad. En esta
medida, la sentencia se construyó sobre una premisa fáctica que no correspondía, pues
los propietarios inscritos no ocupaban materialmente el predio.
En consecuencia, la sentencia no deshizo los efectos de los actos anulados para volver
las cosas a su estado anterior. Por el contrario, alteró ese estado y reconoció a los
propietarios inscritos una situación material que no tenían, en perjuicio de los poseedores
y ocupantes cuya presencia en el predio sí estaba acreditada en el curso del proceso y
quienes no fueron vinculados al proceso ordinario.
En cuanto a la procedibilidad de la acción, la actora sostuvo que no procedían recursos
ordinarios, ni tampoco extraordinarios contra la sentencia acusada. Además, indicó que
también se cumplía el requisito de relevancia constitucional, pues se había omitido
permitir a GCL la contradicción de la prueba que fundamentó la decisión, sumado a que
se impartió en la sentencia órdenes a un tercero que no había sido parte procesal y se
omitió valorar las distintas pruebas del proceso. En este sentido, se habían vulnerado las
garantías mínimas que integraban el derecho al debido procesos (controvertir pruebas y
ser juzgado con observancia de las formas propias del proceso). Además, que se
desconoció la igualdad de armas, al proyectar los efectos de la sentencia sobre GCL en
su calidad de coadyuvante, sin otorgarle las mismas garantías con las contaron quienes
tuvieron la calidad de partes procesales.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 6 de mayo de 2026 15, el despacho ponente de la Sección Quinta
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela; tuvo como accionado al Consejo de
Estado-Sección Tercera-Subsección A; vinculó como terceros con interés a los herederos
indeterminados de la señora Mariela Sierra Sierra, quienes habían asumido la posición
procesal de la demandante dentro del proceso ordinario, al señor Francisco Bravo
Múnera (en su condición de apoderados de estos) y la Agencia Nacional de Minería, así
15
Índice 00003 del expediente digital de primera instancia, certificado 57C1B4389844793B EC8925B4D40463E0
1D4513986A1E0F57 45675883A75808EF.
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como a las demás partes, personas y/o entidades que hubieran participado en el
expediente con radicado 11001-03-26-000-2021-00209-00. Además, se pidió que se
remitiera copia del proceso ya señalado y se dispuso que la Oficina de Sistemas de la
Corporación publicara en la página web la información de la tutela.
Además, se tuvo en cuenta que, si bien se solicitó la vinculación de personas ajenas al
trámite ordinario ya referenciado, los terceros con interés en las resultas del proceso en
casos de tutela contra providencia judicial se limitaban a los sujetos procesales que
integraron el expediente en donde se profirió la decisión cuestionada. Por tanto,
únicamente dispuso vincular a las partes del proceso ordinario.
4.2. Al respecto, entre otros, se observa anotación de aviso a la comunidad 16, con el
siguiente registro: “[e]n cumplimiento del auto de fecha seis 6 de mayo de 2026, me
permito dar a conocer a los terceros con interés la presente providencia”. En virtud de lo
anterior, en criterio de esta Sala, se entiende que con el referido aviso se aseguró que
todos los sujetos procesales con interés en el asunto tuvieran conocimiento de la
actuación y pudieran ejercer, en igualdad de condiciones, su derecho de defensa y
contradicción.
4.3. Intervenciones
Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:
4.3.1 El Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A 17 señaló que se remitía a
las consideraciones de hecho y derecho que se plantearon en la sentencia controvertida.
Argumentos que eran demostrativos de la realidad probatoria que condujo a la
declaratoria de nulidad de los actos demandados, así como de titularidad de los derechos
invocados por la actora que la habían legitimado a ser receptora de medidas de
restablecimiento.
4.3.2. La Agencia Nacional de Minería18 solicitó declarar improcedente la acción de
tutela por no presentarse un perjuicio irremediable y, subsidiariamente, negar las
pretensiones por no existir vulneración de derecho fundamental alguno respecto de dicha
entidad. En cuanto a la prueba de oficio, sostuvo que su respuesta se había limitado a
informar el resultado de la búsqueda documental realizada, sin efectuar pronunciamiento
definitivo sobre la inexistencia de notificación. De otro lado, indicó que atendió los
requerimientos judiciales efectuados y las actuaciones relacionadas con el trámite interno
del proceso judicial, correspondían exclusivamente a la órbita funcional de la autoridad
competente, sumado a que no había tenido control sobre las actuaciones procesales
surtidas con posterioridad al envío de la respuesta al requerimiento judicial.
4.3.3. El señor Francisco Bravo Múnera19, en su condición de apoderado de la señora
Mariela Sierra Sierra, solicitó que se negaran las pretensiones de la solicitud de tutela.
16
Índice 0008 del expediente digital de primera instancia.
17
Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado AFD980A8EFC33654 689F32ABCBAD8D6C
D380EE5C0AB4FEA2 94C1DC7C2E6900BB.
18
Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado 8A4F21FC77A15F6F 1CDC018BC0E481AF
6007250D04295A59 E1D457457C6F4725.
19
Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado BD16B0CF5E034261 73D36CB382293D46
11E1DFD6FD51BC0F 64A4BC977BA97B10.
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En cuanto a la supuesta omisión del traslado de la prueba decretada de oficio indicó que
el reparo formulado por la parte actora carecía de sustento, por no existir omisión al
respecto. Precisó que el auto de 24 de octubre de 2025 había dispuesto expresamente
que una vez recaudada la información requerida se corriera el traslado por tres días. Ello
se materializó mediante la incorporación de la respuesta allegada por la ANM al
expediente electrónico el 20 de noviembre de 2025 y, posteriormente, a través de la
constancia de cumplimiento y del contenido de la respuesta emitida. Así las cosas, la
información recaudada había quedado a disposición mediante el expediente digital y les
correspondía a las partes consultar oportunamente el expediente y pronunciarse dentro
de las oportunidades previstas, máxime cuando el trámite se surtía íntegramente a través
de medios electrónicos (SAMAI).
Por otro lado, alegó que la accionante había participado activamente en el trámite
ordinario. Lo indicado en razón a que compareció voluntariamente al proceso y solicitó
intervenir como coadyuvante, pues sostuvo que tenía interés directo. La prueba
decretada de oficio no introdujo un debate nuevo o sorpresivo, sino que buscó verificar un
aspecto que había sido objeto de controversia desde el inicio del litigio.
Además, argumentó que la accionante pretendía reabrir una discusión ya agotada dentro
del proceso de nulidad. Así entonces, sostuvo que se buscaba replantear el análisis
jurídico insistiendo en argumentos relativos a la valoración de las pruebas sobre la
notificación del Auto VSC 000091 del 2017, el alcance de las facultades del coadyuvante,
los efectos restitutorios derivados de la nulidad declarada, la situación material del
inmueble y la existencia de terceros ocupantes o poseedores. De lo anterior, se derivaba
la improcedencia del amparo.
Se refirió a la legalidad de las órdenes impartidas al coadyuvante. Manifestó que la parte
actora realizaba una interpretación fragmentaria del artículo 71 del CGP, pues la norma
también indicaba que podría afectarse la relación sustancial en caso de que la parte fuera
vencida. Añadió que fue el actor quien voluntariamente solicitó intervenir como
coadyuvante, por lo que es contradictorio que en sede de tutela sostenga que los efectos
materiales y restitutorios derivados de la nulidad le eran ajenos o imprevisibles. Además,
la accionante confundía los efectos procesales de la sentencia con las consecuencias
materiales derivadas de la nulidad de los actos administrativos.
Por último, adujo la inexistencia del defecto fáctico, por cuanto no se desconoció el
material probatorio ni se había omitido arbitrariamente elementos para resolver la
controversia. La sentencia se concentró en el verdadero problema jurídico objeto de
control: verificar la legalidad del procedimiento administrativo de expropiación adelantado
por la ANM y el cumplimiento de las garantías al debido proceso y notificación respecto de
los propietarios inscritos del inmueble. Señaló que lo reprochado por la parte actora no
constituía el objeto central del proceso de nulidad ni resultaba determinante para definir la
legalidad de los actos demandados.
5. Sentencia de primera instancia
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Mediante sentencia del 11 de junio de 2026 20, el Consejo de Estado-Sección Quinta
declaró la improcedencia de la acción frente al cargo relativo a la imposibilidad de
extender los efectos de una decisión a un tercero, respecto de quien actúa como
coadyuvante. Por otro lado, negó el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
Sostuvo que el estudio del caso concreto se limitaría a los cargos que estuvieran
relacionados con los derechos de GCL. Respecto al yerro por defecto fáctico, este se
centró en aludir a que la orden de entrega del predio a los propietarios inscritos podría
transgredir los derechos de los poseedores y ocupantes que nunca fueron vinculados al
proceso. No obstante, la sociedad no acreditó estar facultada para actuar en
representación de dichas personas. Así, la decisión se circunscribiría a los defectos
procedimentales.
Por otro lado, se indicó frente el cargo relativo a la imposibilidad de extender los efectos
de una decisión a un tercero que actuaba como coadyuvante, señaló que el reproche
carecía de carga argumentativa desde el punto de vista constitucional, por cuanto el
razonamiento al que llegó la accionada no era arbitrario. Si bien se podría discutir la forma
en la que GCL fue aceptado en la litis, ello no significaba que el sujeto estuviera al margen
de la decisión, en tanto no había duda de que era la beneficiaria directa de los actos
administrativos cuya nulidad había sido decretada. En otros términos, indicó que los
efectos del fallo respecto de GCL era una consecuencia lógica de la nulidad del acto
demandado, al margen si se trataba de que era parte o no del proceso ordinario.
Ahora, en cuanto al reproche respecto del traslado de la prueba de oficio, se encontró que
efectivamente no se evidenciaba que la Secretaría de la Sección Tercera hubiera dado
cumplimiento a dicha orden, puesto que después de la incorporación de la documental se
ingresó el expediente al despacho para proveer. Además, esta prueba fue determinante
para la decisión que definió la controversia.
No obstante, conforme al artículo 224 del CPACA, se encontró que no era procedente
dejar sin efectos la decisión controvertida. Lo anterior, por cuanto si bien la desatención
secretarial le había impedido a la accionante ejercer su derecho a pronunciarse, esta, al
actuar como coadyuvante, no tendría la posibilidad de asumir una posición incompatible
con la de la parte principal ni de controvertir la prueba en detrimento de los intereses de
esta. En este orden, como el accionante no explicó cómo un eventual traslado de la
prueba documental podría permitirle realizar un pronunciamiento que ocasione una
lectura diferente de la prueba, el amparo resultaba inane. Máxime que la parte actora
advirtió que la notificación pudo existir, pero no soportó probatoriamente dicho
argumento.
En otros términos, si GCL no pudo acreditar la notificación requerida en el proceso
ordinario, carecía de sustento dejar sin efectos la providencia y se incurriría en un
ritualismo, si la nueva decisión concluiría en lo mismo, al no existir la prueba que se
echaba de menos. Agregó que la constancia de falta de notificación de la demandante en
la expropiación que se emitió en el ordinario no había sido desvirtuada ni complementada,
ni siquiera en sede de tutela.
20
Índice 00022 del expediente digital de primera instancia, certificado F52BB0D9111FA434 E7FA24D0E81B133F
B134C87707E5564F 6F301DBCCB0A6ED5.
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6. Impugnación21
La parte actora se opuso a la decisión del 11 de junio de 2026, bajo las siguientes
consideraciones.
(i) Insistió en que se configuró un defecto procedimental absoluto por omisión del traslado
de la prueba decretada de oficio. En particular, hizo notar que el a quo constitucional
había reconocido la omisión del traslado de una prueba decisiva, pero no reconoció la
vulneración de los derechos fundamentales. Sostuvo que era un error que debiera
explicar la forma concreta en la que habría controvertido la prueba decretada de oficio
para demostrar la configuración del defecto procedimental absoluto, pues no era un
requisito de procedencia del defecto fáctico. Más aún, le imponía la carga de reproducir
dentro del trámite de tutela, el debate probatorio que el tribunal accionado le impidió
adelantar en el proceso ordinario.
Afirmó que estaba acreditada la incidencia del defecto en la vulneración de los derechos,
pues la actuación omitida recayó sobre un elemento que sirvió de fundamento para
adoptar la decisión y no a través de la acreditación hipotética de que los argumentos
habrían conducido a un resultado distinto. Sostuvo que había demostrado que la
accionada omitió el traslado de la prueba decretada de oficio y esta prueba fue
indispensable para fundamentar la nulidad de los actos demandados. No obstante, esta
irregularidad no le era atribuible y no existía un mecanismo procesal para corregir la
actuación. Agregó que justamente para evitar que el juez constitucional sustituyera al juez
natural, no había desarrollado los argumentos y pruebas con los que habría controvertido
la respuesta de la ANM.
En esta línea también indicó que su calidad de coadyuvante no impedía la contradicción
de la prueba, puesto que la ANM no la había solicitado en calidad de parte, sino que fue
decretada de oficio. No podía confundirse que la ANM dio cumplimiento al requerimiento
judicial, más no se trataba del sujeto que tuvo la iniciativa de incorporar la prueba al
proceso, pues esta provino del tribunal accionado. En todo caso, su pronunciamiento se
habría dirigido a defender la legalidad de los actos administrativos cuestionados.
Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que contaba con argumentos y pruebas para
desacreditar la falta de constancia de notificación de los autos 091 y 105 de 2017. Se
opuso a que la única forma de controvertir la respuesta de la ANM consistía en aportar la
constancia de notificación del Auto 091 de 2017. Ahondó en que no bastaba con advertir
la ausencia de una constancia para concluir que los actos demandados eran ilegales, sino
que debía establecerse si la supuesta omisión impidió materialmente la participación de la
señora Mariela Sierra Sierra y tuvo incidencia en la expedición de las resoluciones
demandadas. Agregó que la prueba decretada de oficio y la respuesta de la ANM se
referían al Auto VSC 091 del 19 de mayo de 2017, no obstante, la entidad en mención no
aportó las constancias relacionadas con el Auto 105 ni certificó que estas no existieran.
Afirmó que contaba con la evidencia que contradecía la conclusión adoptada respecto del
Auto VSC 105 del 1 de junio de 2017. En sus términos, este acto únicamente modificó la
forma de notificación a los propietarios, poseedores y terceros interesados del predio
21
Índice 00019 del expediente digital de primera instancia, certificado C3B8BAEA0D6266D9 C6A61D693902536E
6813BC3E6CDAF5A6 1EA335812E09D27D.
13
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Brisas del Nus. De manera que indicó que adjuntó con la impugnación una comunicación
dirigida a Mariela Sierra para que compareciera a notificarse personalmente del auto,
junto con la constancia del aviso. Por tanto, sí habían existido actuaciones encaminadas
a vincularla al procedimiento administrativo, lo que debería llevar al tribunal accionado a
concluir que la vinculación se efectuó adecuadamente.
Así entonces, la parte accionada debía valorar el documento en mención una vez se
restableciera la oportunidad de contradicción omitida. En otras palabras, le corresponderá
determinar si las actuaciones de la ANM surtieron la notificación del Auto 105 y su
incidencia en la legalidad de los actos demandados, “pues su existencia demuestra que el
traslado de la prueba de oficio no habría sido una actuación puramente ritual. Si GCL
hubiera conocido la respuesta de la ANM, habría advertido que se refería únicamente al
Auto 091, habría cuestionado la extensión de esa conclusión al Auto 105 y habría
aportado las constancias que acreditan las actuaciones adelantadas para notificarlo.”.
Concluyó que la omisión del traslado tuvo una incidencia real en la sentencia.
(ii) Reiteró que se limitó el derecho de defensa y contradicción de GCL durante el proceso
al de un coadyuvante, no obstante, la sentencia le impartió órdenes concretas. Aun
cuando no cuestionaba la posibilidad de que los efectos materiales de la nulidad
alcanzaran a quien intervino como coadyuvante, indicó que se limitó durante todo el
proceso sus facultades de defensa y contradicción con fundamento en dicha calidad, pero
al momento de proferir sentencia, se le trató como una parte procesal.
Precisó que la orden dada no era un efecto indirecto de la nulidad, sino una disposición
individualizada de restablecimiento del derecho. Así entonces, la ejecución material de la
orden de restitución había recaído directamente sobre GCL. Indicó que conocer la
controversia no sustituía las oportunidades necesarias para defenderse respecto de una
pretensión que terminó en una orden directa de restitución. En esta medida, la
vulneración ocurrió porque GCL carecía de las facultades procesales propias de quien
podía resultar directamente obligado por la sentencia, por lo que la parte accionada debía
asumir una de dos consecuencias: (i) si GCL era coadyuvante, respetar los límites propios
de esa calidad o (ii) vincularla oportunamente con una calidad procesal que le permitiera
ejercer plenamente sus derechos de defensa y contradicción.
(iii) Por último, refirió que la omisión en la valoración de las pruebas para determinar la
medida de restablecimiento del derecho también afectaba sus derechos. Lo indicado, en
razón a que condujo a que la parte accionada le impartiera una orden de restitución
sustentada en una premisa fáctica contraria a la realidad material acreditada en el
proceso. Las pruebas omitidas eran determinantes para establecer la medida de
restablecimiento del derecho, pues debía establecerse cuál era la situación material que
existía antes de la expedición de los actos anulados. De ahí que no podía equipararse la
titularidad inscrita con la posesión material, especialmente cuando el expediente contenía
pruebas que demostraban que ambas situaciones no coincidían.
Esta omisión en el análisis probatorio afectaba a la accionada por ser quien debía ejecutar
la orden de restitución. La definición equivocada de la persona a quien debe hacerse la
entrega no constituye únicamente una eventual afectación de terceros, sino que
determina el contenido, alcance y forma en que GCL debe cumplir una orden judicial
directa. Sumado a que el cumplimiento de la sentencia podría exponer a GCL a
actuaciones policivas promovidas por quienes alegan ejercer la posesión o la mera
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03443-01
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tenencia del inmueble. Ello demostraba que la omisión en la valoración probatoria produjo
una orden materialmente problemática que le afectaba directamente, porque podía
enfrentar las consecuencias jurídicas del incumplimiento. Se anexó la constancia de
notificación a Mariela Sierra Sierra, así como las pruebas de la acción de tutela.
7. Mediante auto del 24 de junio de 202622, el magistrado ponente del Consejo de Estado-
Sección Quinta concedió la impugnación interpuesta contra la sentencia del 11 de junio
de 2026.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y 32 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en la medida
en que Gramalote Colombia Limited es titular de los derechos fundamentales que estima
vulnerados, en su condición de coadyuvante dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-03-26-000-2021-
00209-00.
2.2. De igual forma, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva, en
tanto el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A es la autoridad que profirió la
decisión definitiva que, según la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
11 de junio de 2026, proferida por el Consejo de Estado-Sección Quinta, mediante la cual
se declaró la improcedencia del amparo por unos cargos y se negó respecto de otros.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso en concreto se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente
a los argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
22
Índice 00033 del expediente digital de primera instancia, ECF3047048533D7D E8975A043182CAC4
ED816F218D08912C 5171325F26259AD9.
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reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 23 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela24 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto25.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”26.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
23
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
24
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en principio, esta
tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se
identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
25
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
26
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
16
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y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”27.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales,
tratándose de una providencia judicial emanada de una alta corte. De manera que la
intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el
asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio
en la sociedad o en el orden jurídico; y iii) la claridad y fundamentación de la petición de
amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 28.
4.2. Subsidiariedad
Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
27
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
28
Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
17
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Accionante: Gramalote Colombia Limited
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se
desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 29.
Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el amparo
se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios que el
legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de: (i)
prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de
defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos atiendan un mínimo de
diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial 30.
De forma más reciente, la Corte Constitucional ha rememorado “escenarios en los que las
tutelas contra providencia judicial se tornan improcedentes por ausencia del principio de
subsidiariedad, en concreto cuando: (i) el asunto se encuentra en trámite; (ii) no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) se usa para
revivir etapas procesales en las cuales se dejaron de emplear los recursos o etapas
procesales previstos en el ordenamiento jurídico. En igual sentido, la Sala Plena precisó
que la improcedencia de la tutela por falta de acreditación de la subsidiariedad también
opera cuando ‘el asunto que dio lugar al defecto no haya sido previamente alegado’
(…)”31.
Esta interpretación rígida del requisito de subsidiariedad tiene como sustento el mismo
debido proceso, en tanto las etapas, procedimientos y recursos del proceso son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales. Asimismo, garantiza la autonomía
e independencia judicial32.
5. Caso concreto
5.1. La Sala anticipa que la presente acción de tutela no satisface los requisitos generales
de relevancia constitucional y subsidiariedad. En consecuencia, modificará la sentencia
de primera instancia, por las razones que se exponen a continuación:
5.2. Falta de relevancia constitucional respecto del cargo por defecto fáctico:
5.2.1. En el escrito de tutela, la parte actora afirmó que la sentencia acusada incurrió en
un defecto fáctico al omitir la valoración de pruebas determinantes sobre la posesión
material del inmueble, puesto que equiparó la titularidad registral con la posesión y, con
base en ello, ordenó restituir el predio a los propietarios inscritos. Agregó que el
expediente contenía elementos de prueba que demostraban que los propietarios no
ejercían la posesión material y existían terceros poseedores u ocupantes. De ahí que, de
haberse valorado dichas pruebas, el tribunal habría advertido que la restitución ordenada
no restablecía la situación anterior a los actos anulados, sino que creaba una situación
29
“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a
su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
30
Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
31
Corte Constitucional, Sentencia T-177 de 2025, M.P. Juan Carlos Cortés González.
32
Ibidem.
18
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Accionante: Gramalote Colombia Limited
material que los propietarios inscritos no tenían, por lo que se había afectado a
poseedores y ocupantes que no fueron vinculados al proceso. Sumado a ello, la decisión
terminó incidiendo en una controversia sobre la posesión y el domino propio de la
jurisdicción civil.
5.2.2. En la impugnación se reiteró que la omisión probatoria incidió directamente en la
determinación de la medida de restablecimiento, pues para definirla debía establecerse la
situación material existente antes de los actos anulados y no confundir la propiedad
inscrita con la posesión efectiva del inmueble. Añadió que esta cuestión le afectaba
directamente, pues era quien debía ejecutar la orden de restitución. En otros términos, la
determinación errónea de la persona equivocada no constituía una afectación de
terceros, sino que definía el cumplimiento de la orden impuesta a GCL y podía exponerla
a actuaciones policivas. Por tanto, la omisión en la valoración probatoria habría generado
una orden materialmente problemática.
5.2.3. En esta medida, conviene hacer alusión a las consideraciones efectuadas en la
sentencia del 9 de diciembre de 2025 sobre las medidas de restablecimiento ordenadas.
Así pues, una vez se estimó configurado el vicio que conducía a la declaración de nulidad,
la sentencia pasó a abordar el restablecimiento del derecho. Al respecto, se aclaró que la
competencia del juez contencioso se circunscribía al control de legalidad de los actos
administrativos, por tanto, no le correspondía impartir órdenes a otro juez de la república
sobre la forma en que debía decidir un proceso judicial distinto. Ello con fundamento en el
principio de autonomía judicial (CP, art. 228). Por tanto, no era procedente disponer la
terminación de un proceso judicial que cursaba en otro despacho, ni ordenar
directamente la restitución del bien. No obstante:
“Lo anterior no significa, sin embargo, que las cosas no deban volver al estado en
que se encontraban antes de la expedición de los actos anulados, deshaciendo
sus efectos y reponiendo a los copropietarios del inmueble objeto del
procedimiento administrativo de expropiación en la situación jurídica que habrían
conservado de no haberse proferido aquellos, que es esencialmente lo solicitado
en la demanda como consecuencia de la declaratoria de nulidad.
82. La nulidad de los actos administrativos demandados elimina el sustento
jurídico sobre el cual se promovió y se tramita el proceso judicial de expropiación.
El artículo 399 del CGP establece expresamente que en la demanda de
expropiación debe acompañarse de copia de la resolución vigente que decreta la
medida, requisito de donde se desprende que el juicio y la eventual expropiación
del bien depende de la existencia del acto administrativo previo de la autoridad
minera que lo habilite32, de manera que, al desaparecer este por decisión de la
jurisdicción contencioso administrativa, se desvanece también la causa jurídica
que justificaba la continuación del proceso judicial. La anulación de la resolución
no constituye, entonces, un pronunciamiento indirecto sobre la actuación del juez
ordinario, sino la supresión del presupuesto habilitante que le daba curso, lo cual
obliga a restituir a los propietarios el goce pleno de su derecho de propiedad y a
comunicar al despacho judicial correspondiente la pérdida de vigencia de la base
legal en que se fundaba la demanda, para que este adopte las medidas
pertinentes.
83. Por su parte, la intervención de Gramalote en este proceso se produjo en
calidad de coadyuvante de la demandada, lo cual, conforme a la normativa
procesal (artículo 71 del Código General del Proceso y artículo 224 del CPACA), le
otorga una posición subordinada y adherente a la de la parte demandada. La
coadyuvancia no transforma al interviniente en parte principal ni le confiere
autonomía procesal plena, pues su actuación se limita a apoyar la defensa de la
19
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Accionante: Gramalote Colombia Limited
parte a la cual se adhiere, en el estado en que se encuentre el proceso y sin
posibilidad de introducir pretensiones propias ni de contradecir la línea de defensa
de la parte coadyuvada. En esa medida, la sentencia no puede imponerle al
coadyuvante obligaciones autónomas ni pronunciarse en su contra como si se
tratara de parte principal, pues el debate procesal se centra en la legalidad de los
actos administrativos expedidos por la ANM y es a esta, como autoridad que los
profirió, a quien corresponde asumir la consecuencia directa de su nulidad.
84. Sin embargo, el hecho de que Gramalote no ostente la condición de parte
principal no significa que esté al margen de los efectos materiales de la decisión,
pues no cabe desconocer que fue la beneficiaria directa de los actos
administrativos cuya nulidad se decreta y que, incluso, pudo haber recibido
materialmente la entrega del inmueble objeto de la expropiación. Debe
destacarse, además, que Gramalote ejerció de manera efectiva su derecho de
defensa dentro de este proceso, presentando pruebas, elementos de juicio y
controvirtiendo los cargos formulados por la parte demandante. Es decir, la
sociedad tuvo plena oportunidad de participar en la litis y de hacer valer sus
argumentos en defensa de la validez de los actos administrativos que le eran
favorables, de ahí que no pueda considerarse sorprendida por los efectos de la
decisión, pues desde su intervención procesal tuvo conocimiento cabal de la
controversia y de la posibilidad de que los actos cuestionados fueran anulados.
85. En tales circunstancias, resulta procedente ordenar que Gramalote concurra
con la entidad demandada en la restitución del predio a sus legítimos propietarios.
Ello no implica que la Sala le imponga una condena autónoma al coadyuvante, lo
que sería improcedente dada su naturaleza procesal, sino que reconoce que
ningún particular puede conservar ventajas derivadas de actos administrativos
declarados nulos. La extensión de los efectos de la nulidad al coadyuvante es,
entonces, una consecuencia necesaria y lógica de la decisión por sus efectos erga
omnes en los términos del artículo 189 del CPACA33 y dada la comparecencia y
participación de Gramalote en el proceso, resultado que a su vez está encaminado
a garantizar la efectividad del restablecimiento del derecho y a evitar que
subsistan en el plano material situaciones creadas al amparo de actos de la
administración inválidos.
86. En consecuencia, y conforme a las consideraciones precedentes, la Sala
dispondrá en la parte resolutiva: (i) declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados; (ii) ordenar a la ANM y a Gramalote adoptar las medidas necesarias
y a su alcance para restituir a los propietarios el inmueble denominado Brisas del
Nus, identificado con la matrícula inmobiliaria 026-5181 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Santo Domingo, en caso de que este ya hubiere sido
entregado; y (iii) oficiar al Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros para poner
en su conocimiento la nulidad aquí declarada, a efectos de que, en ejercicio de sus
competencias y con plena observancia de su autonomía, obre respecto del
proceso judicial de expropiación con radicado 05190 31 89 001 2019-00092-00.
87. En el evento de que ya se hubiere dictado sentencia dentro del referido
proceso de expropiación, deberá entenderse que la orden de restitución aquí
impartida a la Agencia Nacional de Minería y a la sociedad coadyuvante, incluye el
deber de adelantar las actuaciones jurídicas o notariales pertinentes para revertir
la transferencia de dominio que se hubiere registrado, advirtiendo que dicha
reversión lleva aparejada la obligación de los propietarios de reintegrar la totalidad
de las sumas que hubiesen recibido efectivamente por la indemnización
correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la eventual
sentencia proferida en el proceso de expropiación no obsta para que la parte
interesada acuda a la jurisdicción ordinaria y, con fundamento en la nulidad que
aquí se declara, inicie las acciones o recursos previstos en la ley encaminados a
privar de efectos esa decisión, en la medida que la expropiación judicial en materia
minera carece de sustento jurídico sin la resolución administrativa previa que la
autorice, de manera que la anulación de esta última, implica la desaparición de la
causa legal que dio origen al proceso expropiatorio”.
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Sobre este mismo tema, en al auto del 13 de marzo de 2026, la autoridad accionada, al
resolver sobre las solicitudes de aclaración de la sentencia, indicó:
“9. La petición de Gramalote dirigida a que se precise a quién debe efectuarse la
entrega material del inmueble —incluida la tesis de una eventual restitución a
ocupantes o poseedores— no versa sobre una frase ambigua del ordinal tercero o
de algún aspecto de la parte motiva con incidencia en la parte resolutiva, sino que
pretende redefinir el destinatario del restablecimiento y/o introducir
determinaciones sobre situaciones jurídicas de terceros ajenos al proceso. El
ordinal tercero del resuelve y los párrafos 85 y 86 señalaron que el predio “Brisas
del Nus” debía restituirse a los propietarios, conforme a la legitimación de la parte
actora12, lo solicitado en la demanda y el restablecimiento ordenado, sin que en
sede de aclaración sea posible variar el destinatario de la medida, al tratarse de un
aspecto sustancial del fallo. Por ello, en el evento de que Gramalote Colombia
Limited tenga el control material/tenencia del predio por virtud del trámite
expropiatorio, debe concurrir en las medidas de restitución a los propietarios
dentro de los cauces legales, pues la sentencia restaura la situación jurídica de
estos, pero el manejo de ocupación/posesión de terceros es un tema que se debe
definir en la jurisdicción y en los procesos judiciales correspondientes.
10. Lo mismo ocurre con la tensión que a juicio de Gramalote Colombia Limited
surge entre el “restituir al estado anterior” del párrafo 81 y “restituir a los
propietarios” previsto en el ordinal tercero, porque la sentencia es clara en las
consideraciones al indicar que volver las cosas “al estado en que se encontraban”
se refiere a la situación jurídica de los copropietarios frente al procedimiento
expropiatorio y no corresponde a un pronunciamiento sobre quién detenta
materialmente el inmueble. La sentencia es clara al indicar que la restitución
ordenada se dirige a restablecer el derecho de propiedad a quienes ostentan la
titularidad registral, sin entrar a decidir litigios posesorios de terceros, pues no es
procedente que esta jurisdicción en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y menos en sede de aclaración, resuelva
controversias posesorias ni disponga medidas coercitivas frente a terceros ajenos
al proceso.
11. Finalmente, la solicitud de Gramalote encaminada a que se indique el
fundamento para impartirle una orden en su condición de coadyuvante tampoco
corresponde a un asunto de aclaración en los términos del artículo 285 del CGP,
pues no se dirige a despejar un verdadero motivo de duda de la parte resolutiva
sino a controvertir una determinación ya adoptada en la sentencia y que se explicó
detalladamente en los párrafos 83, 84 y 85 de la decisión, lo que equivaldría a
reabrir el debate y reformar el fallo, actuación vedada en esta sede. (…)”.
Subrayas añadidas.
5.2.4. En virtud de lo anterior, puede advertirse que el tribunal acusado consideró que los
argumentos de la actora conducían a introducir determinaciones sobre situaciones
jurídicas de terceros ajenos al proceso; el manejo de ocupación/posesión de terceros era
un asunto que se debía definir en la jurisdicción y procesos judiciales correspondientes;
que la orden dada se refiere a la situación jurídica de los copropietarios frente al
procedimiento expropiatorio y no correspondía a un pronunciamiento sobre quien
detentaba materialmente el inmueble; y, que, la restitución ordenada se dirigía a
restablecer el derecho de propiedad de quienes ostentaban la titularidad registral, sin
decidir litigios posesorios ni tampoco disponer medidas coercitivas frente a terceros
ajenos al proceso. Así las cosas, se observa que se pretende que el juez de tutela actúe
como una instancia adicional respecto de un argumento que ya fue discutido en sede
ordinaria.
5.2.5. En adición, la Sala no advierte prima facie una posición manifiestamente arbitraria
que habilite un estudio de fondo del cargo, tratándose de una providencia judicial
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Accionante: Gramalote Colombia Limited
emanada de una alta corte. Al respecto, recuérdese que esta circunstancia implica que el
análisis del requisito de relevancia constitucional sea más estricto.
5.3. Falta de subsidiariedad respecto del cargo por defecto procedimental:
5.3.1. En el escrito de tutela, GCL argumentó la configuración de un defecto
procedimental desde dos perspectivas. La primera de ellas por falta de traslado de la
prueba decretada de oficio. Al respecto, sostuvo que el tribunal acusado omitió ponerle en
conocimiento la respuesta de la ANM, a pesar de que esta se había decretado de oficio
tras los alegatos de conclusión y en un proceso de única instancia. Ello implicó que se
omitió la posibilidad de ejercer contradicción de la prueba, la cual tuvo incidencia en la
motivación y sentido de la sentencia.
La segunda por la extensión indebida de los efectos de la sentencia a GCL como
coadyuvante. Ello por cuanto, en términos de la parte actora el tribunal restringió su
intervención debido a dicha calidad (la coadyuvancia), pero la sentencia le impuso
obligaciones directas como si fuera parte procesal. En particular, señaló que se le impidió
contestar la reforma de la demanda, formular excepciones y solicitar pruebas, y que
inclusive se le negaron las pruebas y el decreto oficioso solicitado. No obstante, se le
impartieron órdenes concretas para la restitución del inmueble. Por tanto, se
desconocieron sus derechos en tanto ha debido reconocérsele la calidad procesal
compatible con las obligaciones que finalmente se le impusieron.
5.3.2. En la impugnación, la accionante reiteró y profundizó en los reproches expuestos.
Al respecto, indicó que la falta de traslado de la prueba vulneró efectivamente su derecho
de contradicción. Cuestionó que se hubiera reconocido la omisión, pero se negara su
importancia por no demostrar de antemano el impacto de la prueba. Agregó que ello le
imponía la carga de reproducir en sede de tutela el debate probatorio que se le impidió
realizar en el trámite ordinario. Para GCL, la incidencia del defecto se había demostrado
porque la prueba omitida había sido utilizada como fundamento de la decisión y no debía
exigírsele acreditar que su contradicción habría cambiado el sentido del fallo.
Sin perjuicio de lo anterior, expuso que tenía elementos para controvertir la respuesta de
la ANM. En concreto, indicó que ésta se refería al Auto 091 de 2017, mientras que la
conclusión respecto de la ilegalidad también involucraba el Auto 105 de 2017. Sumado a
que afirmó contar con los documentos que acreditaban actuaciones dirigidas a notificar a
Mariela Sierra Sierra de este último. De ahí que si se le hubiera dado traslado de la
respuesta, habría podido argumentar lo anterior y aportar las pruebas correspondientes.
Así las cosas, el traslado omitido no era una simple formalidad, sino una actuación que
pudo haber incidido materialmente en la decisión.
Por otro lado, en la impugnación precisó que la lectura de su reproche debía hacerse en el
sentido de que su condición de coadyuvante había sido utilizada para restringir su
defensa, pero desconocida al momento de imponerle obligaciones. Así entonces, indicó
que no cuestionaba que una nulidad pudiera producir efectos materiales respecto de un
coadyuvante, sino que el problema radicaba en que el tribunal limitó sus facultades
procesales durante el trámite por considerarla coadyuvante y, al dictar sentencia, lo trató
como parte para imponerle una obligación directa. En ese sentido, el tribunal acusado ha
debido respetar las limitaciones propias de la calidad de coadyuvante o vincularlo
22
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Accionante: Gramalote Colombia Limited
oportunamente con una calidad que le permitiera ejercer plenamente su defensa y
contradicción.
5.3.3. Al respecto, el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo idóneo para controvertir
esa clase de irregularidades alegadas. En particular, la causal quinta del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece
que el recurso extraordinario de revisión procede cuando “[e]xista nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
En efecto, esta Corporación ha precisado que la vulneración del principio de
congruencia33 y, en general, ciertas afectaciones del derecho al debido proceso pueden
configurar una causal de nulidad originada en la sentencia.
5.3.4. A pesar del énfasis desarrollado en la impugnación por la parte actora, el cargo por
defecto procedimental por la extensión indebida de los efectos de la sentencia a GCL
como coadyuvante trae en esencia un cuestionamiento dirigido a controvertir que la parte
resolutiva de la sentencia acusada le hubiera impuesto órdenes, a pesar de su condición
de coadyuvante. En otros términos, se alega una falta de coherencia en la decisión
adoptada pues se indicó que el coadyuvante no era parte, pero se le impusieron órdenes
directas. A juicio de la Sala, este reproche puede enmarcarse formalmente en la causal de
revisión ya referida.
Del mismo modo, GCL argumentó que ocurrió una falta de traslado de la prueba
decretada de oficio, por lo que no pudo ejercer la contradicción de la prueba, la cual tuvo
incidencia en la motivación y sentido de la sentencia. Más aún, indicó que contaba con
pruebas para contradecir la conclusión adoptada respecto del Auto VSC 105 del 1 de
junio de 2017, lo que hubiera podido alegar de surtirse el traslado correspondiente.
5.3.5. En esta medida, esta Sala de decisión considera que los cuestionamientos
planteados en este asunto se pueden enmarcar en la causal de revisión ya señalada. En
ese orden de ideas, el juez constitucional no puede anticipar ese examen ni sustituir al
juez natural competente para resolverlo. Además, atendiendo a las manifestaciones de la
parte actora sobre este punto, la Sala infiere que ésta no ha hecho uso, aun
encontrándose en oportunidad, del referido mecanismo extraordinario de defensa judicial.
De otra parte, la accionante no argumentó, ni acreditó, la configuración de un perjuicio
irremediable, entendido como aquel que resulta inminente, grave, urgente y que exige
una intervención impostergable34 del juez constitucional. Tal circunstancia tampoco se
advierte en el presente asunto, máxime si se tiene en cuenta que la accionante no ostenta
la condición de sujeto de especial protección constitucional.
La jurisprudencia constitucional también ha señalado que el amparo es procedente
cuando el mecanismo de defensa judicial no sea idóneo ni eficaz para la garantía de los
derechos35. Sin embargo, en criterio de la Sala, esta situación no se configura en el
asunto. En cuanto a la idoneidad, conforme al artículo 255 del CPACA, si el juez natural
estimara fundado el recurso de revisión, invalidaría la sentencia acusada y se llegaría a
33
Consejo de Estado, Sentencia del 3 de marzo de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-03970-00. FJ. 41, 49-67. M.P.
Rocío Araujo Oñate.
34
Corte Constitucional, Sentencia T-177 de 2025, M.P. Juan Carlos Cortés González.
35
Ibidem.
23
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una nueva decisión judicial, lo que es la pretensión última del escrito de tutela. Por otro
lado, no se estima desproporcionado el acudir al mecanismo extraordinario de defensa
judicial, lo que hace que prima facie y para este caso en concreto, se aprecie que el
recurso de revisión es eficaz para la protección de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados.
5.3.6. Ahora bien, la parte actora enfatizó en que el defecto procedimental por la
extensión indebida de los efectos de la sentencia atendiendo a su calidad de
coadyuvante, no se dirigía a cuestionar de manera abstracta la posibilidad de que los
efectos materiales de la nulidad impactaran a quien fue coadyuvante, sino que también
cuestionaba que el tribunal restringió su intervención debido a dicha calidad (la
coadyuvancia), pero la sentencia le impuso obligaciones directas como si fuera parte
procesal.
En particular, señaló que se le impidió contestar la reforma de la demanda, formular
excepciones y solicitar pruebas, y que inclusive se le negaron las pruebas y el decreto
oficioso solicitado. No obstante, se le impartieron órdenes concretas para la restitución
del inmueble. Por tanto, se desconocieron sus derechos en tanto ha debido
reconocérsele la calidad procesal compatible con las obligaciones que finalmente se le
impusieron o simplemente no se le debieron imponer.
Al respecto, la Subsección advierte de la descripción ya realizada del trámite ordinario
que quien solicitó ser tenido como coadyuvante en dicho trámite fue GCL. Sumado a ello,
el auto de 22 de agosto de 2023 negó las excepciones previas, manifestaciones respecto
de la reforma a la demanda y solicitudes propuestas, por la extemporaneidad del escrito.
De otro lado, si la parte actora estimaba que debía ser tratado como parte y no como
tercero, pudo haber alegado la nulidad consagrada en el numeral 8 del artículo 133 del
Código General del Proceso, lo que no se advierte que hubiera realizado. En suma, lo que
se considera es que en el proceso existieron posibilidades de contradicción y
saneamiento que la actora pudo haber ejercido en caso de estar en desacuerdo con las
decisiones procedimentales adoptadas, por lo que la tutela no es el mecanismo para
formular los reproches que ahora se efectúan, máxime cuando GCL participó en el trámite
de esas decisiones.
5.4. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada, lo que se opone a que se use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 36.
36
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
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5.5. En tal sentido, se modificará la decisión impugnada para declarar la improcedencia
de la acción por falta de cumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad conforme a las razones esbozadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 11 de junio de 2026, proferida por el Consejo de
Estado-Sección Quinta, en el sentido de declarar la improcedencia del amparo
constitucional, por no superar los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad,
conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
LMSG
25
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