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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00209-00

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00209-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la sucesión procesal en cabeza de los herederos indeterminados de Mariela Sierra Sierra, identificada con cédula de ciudadanía 21.390.667, quienes ocupan el lugar procesal que aquella ostentaba, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución VSC 1251 del 30 de noviembre de 2018, que aprobó el inicio del trámite judicial de expropiación del predio denominado Brisas del Nus, así como de la Resolución VSC 432 del 26 de abril de 2021 que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior. TERCERO: ORDENAR a la Agencia Nacional de Minería y a la sociedad coadyuvante, Gramalote Colombia Limited, en cuanto hubiere recibido materialmente el inmueble, adoptar de manera conjunta y coordinada todas las medidas necesarias para restituir a los propietarios el bien denominado Brisas del Nus, dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. Lo anterior comprende, de ser el caso, adelantar las actuaciones jurídicas o notariales pertinentes para revertir la transferencia de dominio que se hubiere registrado con ocasión del proceso de expropiación, advirtiendo que dicha reversión lleva aparejada la obligación de los propietarios de reintegrar la totalidad de las sumas que hubiesen recibido efectivamente por la indemnización correspondiente. CUARTO: OFICIAR al Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros para poner en su conocimiento la nulidad aquí declarada, a efectos de que, en ejercicio de sus competencias, proceda respecto del proceso judicial de expropiación con radicado 05190 31 89 001 2019-00092-00. QUINTO: CONDENAR en costas a la Agencia Nacional de Minería; FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia en favor de la parte actora. Por Secretaría, LIQUIDAR lo correspondiente. 22 Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623) Actor: Mariela Sierra Sierra Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho SEXTO: ARCHIVAR el proceso de la referencia, una vez quede en firme esta […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2021-00209-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 110010326000-2021-00209-00 (67623)
Demandante: Mariela Sierra Sierra
Demandado: Agencia Nacional de Minería -ANM-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Temas: LEGITIMACIÓN POR ACTIVA DEL COMUNERO - Cuando se trata de bienes en
comunidad, no es exigible la concurrencia de todos los condueños para el ejercicio de
acciones judiciales en procura de su protección o recuperación / SUCESIÓN PROCESAL -
La muerte de una de las partes no extingue la acción ni invalida lo actuado, como tampoco
pone fin al mandato otorgado al apoderado judicial. En tales casos, sus herederos o
causahabientes asumen la posición procesal del causante en el estado en que se encuentre
el proceso / DEBIDO PROCESO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS - Constituye
una garantía fundamental que asegura que toda persona, al enfrentarse a una decisión de
la Administración, tenga la posibilidad real de ejercer de manera efectiva sus derechos de
defensa y contradicción / EXPROPIACIÓN MINERA – Es de carácter judicial, pero impone
un procedimiento administrativo previo cuya validez exige el cumplimiento estricto de lo
establecido en los artículos 189 a 192 del Código de Minas / DEBIDO PROCESO EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXPROPIACIÓN MINERA - La notificación a los
propietarios y poseedores del acto que ordena la visita técnica en la etapa administrativa
del procedimiento de expropiación minera, legitima la expropiación al permitir la
intervención de los afectados en la fase en que se adoptan las decisiones más
trascendentes, y en esa misma medida, condiciona la validez del acto definitivo.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver sobre las pretensiones de la demanda
presentada en contra de unos actos administrativos que aprobaron el inicio del
trámite judicial de expropiación de un predio.

Indica la demanda que los actos están viciados de nulidad por desconocimiento del
debido proceso, vulneración de normas superiores y falsa motivación.

I. ANTECEDENTES

La demanda y sus fundamentos

1. El 24 de septiembre de 20211, Mariela Sierra Sierra presentó demanda2 en
contra de la Agencia Nacional de Minería (en adelante ANM), con el fin de que se
declare la nulidad de la Resolución VSC 1251 del 30 de noviembre de 2018, que
aprobó el inicio del trámite judicial de expropiación del predio denominado Brisas

1
Expediente digital, archivo “7_110010326000202100209006expedientedigi20211019121723”.
2
Expediente digital, archivo “3ED_20210922DEMANDAN”.
1

Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623)
Actor: Mariela Sierra Sierra
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

del Nus, así como de la Resolución VSC 432 del 26 de abril de 2021 que resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra la anterior. Ambos actos administrativos
fueron emitidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera
de la ANM. Se solicitó a título de restablecimiento del derecho, ordenar al Juzgado
Promiscuo del Circuito de Cisneros, Antioquia, proceder con la terminación del
proceso judicial de expropiación del inmueble adelantado en ese despacho 3 y la
consecuente restitución a sus propietarios en caso de que hubiese sido entregado
a la sociedad Gramalote Colombia Limited4.

2. Como fundamento de las pretensiones, se relataron los siguientes hechos
que la Sala pasa a resumir:

3. La demandante es copropietaria en común y proindiviso del inmueble
denominado Brisas del Nus, ubicado en área rural del municipio de San Roque,
vereda de Providencia, Antioquia, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria
026-5181 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santo Domingo.

4. La sociedad Gramalote Colombia Limited (Gramalote) es beneficiaria del
título minero unificado 14292011 para la exploración y explotación de oro, plata y
cobre, con ocasión del contrato de concesión minera 14292 suscrito en 2012 con el
Departamento de Antioquia. El predio Brisas del Nus se encuentra dentro del área
del título minero indicado.

5. El 15 de marzo de 2017, Gramalote solicitó a la ANM la expropiación del
predio Brisas del Nus, argumentando que era indispensable para la ejecución de su
proyecto minero. Esta solicitud se fundamentó en los artículos 186 a 192 de la Ley
685 de 2001, actual Código de Minas.

6. La ANM expidió el Auto VSC 091 del 19 de mayo de 2017, dando inicio al
procedimiento de expropiación y ordenando la visita técnica al predio, decisión
aclarada luego por el Auto VSC 000105 del 1 de junio del mismo año. Entre el 25 y
el 28 de julio de 2017 se realizaron visitas técnicas al predio, concluyendo que el
mismo era indispensable para la operación minera, y el 2 de mayo de 2018,
mediante Auto 070, la entidad dio traslado del avalúo comercial del inmueble
realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia.

7. El 30 de noviembre de 2018, el Vicepresidente de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la ANM expidió la Resolución VSC 001251, mediante la cual
se facultó a Gramalote para iniciar el trámite judicial de expropiación del inmueble.

8. La demandante no fue notificada en debida forma de los autos ni del acto
definitivo.

3
Bajo el radicado 051903189001-2019-00092-00.
4
Textualmente solicitó: PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos proferidos por LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, por haber sido expedidos en infracción de las normas
en que deberían fundarse; en desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa y por haberse expedido de forma
irregular por falta de motivación o deficiente motivación, de conformidad con lo expuesto en la demanda: a) De la Resolución
No. VSC 1251 del 30 de noviembre de 2018 (…). b) De la Resolución VSC No. 432 del 26 de abril de 2021, notificada el día
29 siguiente (…) PRETENSIÓN CONSECUENCIAL DE LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que como consecuencia
de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se oficie al Juzgado Promiscuo del Circuito de
Cisneros, para que este termine de manera inmediata el proceso judicial de expropiación con radicado 05190 31 89 001 2019-
00092-00 y ordene la restitución a sus propietarios del inmueble denominado “Brisas del Nus”, identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 026-5181 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santo Domingo, en caso de que este ya haya
sido entregado a la sociedad GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED.

2

Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623)
Actor: Mariela Sierra Sierra
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

9. En julio de 2020, al tener conocimiento de la Resolución 1251, la parte actora
se dio por notificada del acto y presentó recurso de reposición, el cual se sustentó5,
entre otros, en: (i) la “falta de notificación del Auto 000091 del 19 de mayo de 2017
• por el cual se admite el trámite de declaración administrativa de expropiación y
toman otras decisiones”; (ii) la presencia de errores en la identificación del inmueble
por la solicitante e inexistencia del área solicitada en expropiación; y (iii) la
insuficiencia probatoria del informe o concepto técnico sobre la necesidad o
procedencia de la expropiación, y por ende, la falta de determinación de la
necesidad del inmueble.

10. La ANM, mediante Resolución VSC 486 del 16 de septiembre de 2020,
rechazó el recurso por extemporáneo, alegando que la decisión ya estaba
ejecutoriada pues se había notificado por aviso a la parte actora.

11. El 17 de noviembre de 2020, la demandante interpuso acción de tutela en
contra de la ANM, alegando que no fue notificada de la Resolución 1251. En
segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín (16 de abril de 2021), al verificar
que la citación fue remitida a una dirección inexistente y distinta a la que se indicaba
como conocida en el propio acto administrativo, concedió el amparo y ordenó a la
ANM dejar sin efectos la Resolución 486 y resolver de fondo el recurso de
reposición. La decisión de tutela se circunscribió a la presunta extemporaneidad y
al deber de resolver el recurso contra el acto definitivo (Resolución 1251), por lo que
no refirió a la falta de notificación del auto inicial que abrió el trámite.

12. En cumplimiento del fallo de tutela, la ANM expidió la Resolución VSC 431
del 26 de abril de 2021, dejando sin efectos la Resolución 486 y teniendo a la
demandante por notificada de la Resolución 1251. Posteriormente, profirió la
Resolución VSC 432 del 26 de abril de 2021 donde resolvió el recurso de reposición
y confirmó la Resolución 1251 en todas sus partes.

13. Actualmente, con fundamento en la Resolución 1251, Gramalote adelanta un
juicio de expropiación ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, Antioquia
(rad. 05190 31 89 001 2019-00092-00).

Los cargos de nulidad

14. Se indicó que los actos demandados desconocieron el debido proceso,
vulneraron normas superiores y están falsamente motivados, en tanto y en cuanto:

15. (i) La demandante no fue notificada de los actos que dieron inicio, trámite y

conclusión al procedimiento de expropiación,

16. (ii) Dentro del trámite administrativo existieron serias inconsistencias en la

delimitación y extensión real del predio, pues mientras la Resolución 1251 de 2018
menciona un área de 29,544 hectáreas, el certificado de tradición y libertad muestra
dimensiones distintas (103 cuadras o aproximadamente 65 hectáreas), y
posteriormente, se hicieron anotaciones que daban cuenta de segregaciones y
rectificaciones de linderos que reducían la extensión a 35 hectáreas con 2.800
metros cuadrados. A su vez, el avalúo realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de
Medellín y Antioquia se efectuó sobre otra medida del terreno, sin claridad sobre

5
Expediente digital, archivo “REC DE REPOS CONTRA RES No. 001251 DE 30 NOV DE 2018- 07 JULIO 2020A”

3

Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623)
Actor: Mariela Sierra Sierra
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

cuál era el verdadero inmueble objeto de la expropiación. Tales contradicciones no
fueron valoradas ni aclaradas por la ANM, evidenciando un defecto grave en la
motivación de los actos administrativos demandados, pues la entidad no precisó
cuál era la extensión real del predio a expropiar ni cómo se justificaba la diferencia
entre los distintos documentos.

17. (iii) La Resolución 1251 de 2018 incluyó como propietario al señor Bernardino

Sierra Sierra, fallecido desde 1975, sin acreditar su defunción ni vincular a sus
herederos determinados o indeterminados. Este defecto desconoció las normas de
orden público sobre capacidad para ser parte en un proceso administrativo,
particularmente las relativas al estado civil y a la sucesión procesal, lo que afecta la
validez de la actuación.

18. (iv) La Resolución 432 de 2021 incumplió lo ordenado por el Tribunal Superior

de Medellín en el fallo de tutela que amparó a la demandante, pues este ordenó
resolver de fondo el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1251 de
2018, pero la ANM se limitó a confirmar lo decidido sin pronunciarse sobre las
inconsistencias señaladas, especialmente, sobre la falta de notificación, lo que
refuerza el carácter irregular de los actos demandados.

Reforma de la demanda

19. Mediante providencia del 17 de enero de 20226 esta Corporación admitió la
demanda, ordenó notificar el auto admisorio a la ANM, al Ministerio Público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y concedió el término legal para
su contestación.

20. En escrito del 3 de junio de 20227, la parte actora reformó su libelo con el fin
de ampliar las pretensiones y vincular como demandada a la sociedad Gramalote.
Mediante auto del 15 de noviembre de 20228, el despacho rechazó la reforma en lo
relativo a las nuevas pretensiones y partes por haber operado la caducidad, y
admitió las modificaciones únicamente en lo atinente a los hechos, fundamentos de
derecho y pruebas.

21. En cuanto a los hechos, la reforma incorporó una narración más detallada y
cronológica de las actuaciones previas a la expedición de los actos demandados,
incluyendo la forma en que Gramalote solicitó la expropiación y las visitas técnicas
practicadas en el predio, así como las contradicciones detectadas entre el avalúo,
las escrituras y el certificado de tradición, subrayando que la ANM vinculó en el
trámite a una persona ya fallecida (Bernardino Sierra Sierra), sin llamar a sus
herederos.

22. En los fundamentos de derecho, la demanda reformada amplió los cargos
de violación normativa, con especial énfasis en las disposiciones del Código de
Minas (arts. 186 a 191), las reglas del CPACA sobre notificaciones y las normas
civiles y registrales sobre estado civil y capacidad para ser parte. Asimismo, se
reforzó el argumento de que existió una falsa motivación por inconsistencias en la
delimitación del inmueble.

6
Expediente digital, archivo “16AUTOQUEADMITEDEMANDA”.
7
Expediente digital, archivo “45RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_20220503REFORMAD”
8
Expediente digital, archivo “70AUTOQUEADMITEREFORMADELADEMANDA”.

4

Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623)
Actor: Mariela Sierra Sierra
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

23. Respecto a las pruebas, la reforma adicionó documentos para demostrar la
inexistencia de la dirección utilizada para notificar la Resolución 1251 de 2018 a la
demandante, la indebida identificación del predio y la omisión de vincular a los
herederos de Bernardino Sierra Sierra. En particular, se allegaron certificaciones de
la Secretaría de Planeación de San Roque y escrituras públicas para acreditar las
modificaciones en el área y linderos del predio, así como para evidenciar
incongruencias en las medidas usadas en el avalúo.

Contestación de la demanda

24. Dentro de la oportunidad correspondiente, la demanda reformada fue
contestada por la ANM9, quien negó todos los cargos de nulidad y se opuso a las
pretensiones.

25. Según la entidad, el procedimiento administrativo de expropiación cumplió
cada una de las etapas previstas en la ley: la solicitud presentada por Gramalote, la
visita técnica de campo, el concepto de necesidad e indispensabilidad del predio
para el proyecto minero y el avalúo comercial del inmueble. Sobre esta base,
sostuvo que el acto administrativo que autorizó la expropiación goza de presunción
de legalidad y que la actora no demostró vicios sustanciales que justifiquen su
nulidad.

26. Respecto de la falta de notificación, afirmó que la demandante tuvo
conocimiento oportuno de las decisiones y que, en cualquier caso, se notificó por
conducta concluyente de la Resolución 1251 de 2018 que aprobó la iniciación de
los trámites para la expropiación judicial, cuando interpuso el recurso de reposición.
Añadió que la supuesta irregularidad en la dirección consignada en las
comunicaciones no afecta la validez de los actos administrativos, pues los vicios de
notificación inciden en la eficacia del acto, pero no en su legalidad. Además, indicó
que mediante la Resolución 431 de 2021 se dejó sin efecto el acto que declaró
extemporáneo el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 1251
de 2018, y que el mismo fue resuelto con la Resolución 432 de 2021, de modo que
el derecho de defensa de la actora fue respetado y cualquier defecto anterior
subsanado.

27. En relación con las inconsistencias sobre el área y delimitación del predio,
afirmó que no existía la contradicción insalvable aducida en la demanda. A su juicio,
el certificado de tradición refleja una situación registral que no coincide con la
extensión real, dado que en el folio no se habían actualizado en detalle las sucesivas
segregaciones del inmueble. Precisó que el predio fue identificado técnica y
topográficamente con coordenadas precisas en el expediente administrativo,
cumpliendo con el requisito legal de localización. Adujo que el hecho de que los
registros notariales y el avalúo comercial ofrezcan cifras diferentes no invalida el
procedimiento, ya que la identificación georreferenciada permite determinar con
certeza el inmueble objeto de la expropiación.

28. Sobre el señalamiento de que se vinculó como propietario a Bernardino
Sierra Sierra, fallecido desde 1975, explicó que este nombre aparecía en el folio de
matrícula inmobiliaria, por lo que actuó con base en la información registral

9
Expediente digital, archivo “73_1RECIBEMEMORIALREFORMA20221216085008”.

5

Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623)
Actor: Mariela Sierra Sierra
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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

disponible. Además, aclaró que en la Resolución 1251 se dispuso la notificación a
los herederos determinados e indeterminados de dicho causante, cumpliendo con
la exigencia de vincular a los eventuales titulares de derechos.

29. Finalmente, replicó que tanto la Resolución 1251 como la Resolución 432
contienen una exposición detallada de los antecedentes, de los fundamentos
normativos y de los estudios técnicos que justificaron la declaratoria de
expropiación. En su criterio, los actos administrativos atacados están debidamente
motivados en las disposiciones del Código de Minas, en el principio constitucional
de utilidad pública de la actividad minera y en los informes técnicos allegados al
expediente. Negó que existiera falsa motivación, pues todos los hechos relevantes
estaban acreditados con pruebas técnicas y documentales, y la decisión de
expropiar obedeció a la necesidad de garantizar el desarrollo eficiente del proyecto
minero de Gramalote.

Coadyuvancia

30. La sociedad Gramalote intervino en calidad de coadyuvante de la entidad
demandada con fundamento en su interés directo en la controversia, pues como
beneficiaria del título minero, solicitó a la ANM la expropiación del predio Brisas del
Nus y promovió el proceso judicial de expropiación que cursa ante el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Cisneros, intervención que fue admitida mediante auto
del 31 de mayo de 202310.

31. En su escrito de coadyuvancia11, indicó que las irregularidades en las
notificaciones alegadas por la actora no configuran causales de nulidad de los actos
administrativos, pues se trata de defectos que, en caso de existir, afectan
únicamente la eficacia y no la validez del acto. Agregó que cualquier falencia ya
había sido corregida por el fallo de tutela de abril de 2021, de modo que se trata de
un hecho superado que no puede dar lugar a la nulidad, y que, en cualquier caso,
la demandante tuvo la oportunidad de ejercer sus derechos al interponer el recurso
de reposición en contra de la Resolución 1251 de 2018, con lo cual quedó
garantizado su derecho de defensa.

32. En cuanto a la delimitación y extensión del inmueble, afirmó que la solicitud
de expropiación cumplió estrictamente con los requisitos del artículo 189 del Código
de Minas, por cuanto se identificaron a los propietarios, se indicó el título minero, se
aportó el certificado de tradición y se describió con precisión la localización del
predio mediante coordenadas MAGNA. También se allegó un estudio topográfico y
un avalúo de la Lonja de Medellín, que determinó la extensión del terreno en 29,544
hectáreas. Afirmó que las diferencias entre escrituras, certificados y avalúos se
explican porque el folio de matrícula inmobiliaria no fue actualizado tras sucesivas
segregaciones y rectificaciones, lo cual no afecta la certeza técnica sobre el predio
objeto de la expropiación.

33. Respecto al hecho de que en la Resolución 1251 se mencionara como
propietario a Bernardino Sierra Sierra, fallecido desde 1975, sostuvo que la ANM
actuó conforme a la información registral, vinculando expresamente a sus herederos
determinados e indeterminados, por lo que no hubo irregularidad toda vez que la

10
Expediente digital, archivo “97_110010326000202100209001AUTOQUERESUEL20230601112014”
11
Expediente digital, archivo “88RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ESCRITODE_SOLICITUDDECOADYUV ”.

6

Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623)
Actor: Mariela Sierra Sierra
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

obligación de actualizar la información registral recae en los interesados y no en la
administración.

34. Finalmente, recalcó que los actos administrativos acusados estaban
debidamente motivados, basados en el principio de utilidad pública de la actividad
minera, en la indispensabilidad del predio para el desarrollo del proyecto y en
informes técnicos y jurídicos completos, por lo que no existió falsa motivación ni
expedición irregular y las resoluciones demandadas deben mantenerse.

Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

35. Por auto del 6 de marzo de 202312 se determinó prescindir de la audiencia
inicial, se incorporaron al proceso las pruebas documentales aportadas13 y se
ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera concepto.

36. En sus alegatos de conclusión, la ANM14 y la sociedad coadyuvante15
reiteraron la legalidad de las resoluciones demandadas, subrayando que: (i) los
vicios de notificación solo afectan la eficacia y no la validez de los actos, de manera
que no constituyen causal de nulidad; (ii) únicamente la omisión de trámites
sustanciales y esenciales pueden dar lugar a la nulidad del acto, y en este caso, no
se demostró afectación real del derecho al debido proceso; (iii) las resoluciones
acusadas cuentan con soporte fáctico, técnico y jurídico suficiente; y (iv) las
diferencias en las extensiones del inmueble se explican por deficiencias registrales,
pero no afectan la certeza técnica de la identificación, que se garantizó con
georreferenciación y un avalúo.

37. El Ministerio Público16 indicó que debían negarse las pretensiones de la
demanda, al considerar que las Resoluciones 1251 de 2018 y 432 de 2021 fueron
expedidas conforme a la normativa aplicable, cumpliendo los requisitos legales para
la expropiación del predio con fines de explotación minera. Argumentó que no hubo
irregularidades en la notificación, que las áreas del predio fueron correctamente
verificadas, que se garantizó el derecho de defensa y contradicción, y que no se
configuraron las causales de falsa o falta de motivación. Agregó que cualquier
cuestionamiento sobre el conocimiento de los actos fue subsanado mediante la
notificación por conducta concluyente de la Resolución 1251, y, en todo caso, por
el cumplimiento del fallo de tutela que ordenó resolver de fondo el recurso de
reposición, lo que ocurrió con la Resolución 432.

12
Expediente digital, archivo “90AUTOQUEDISPONETRAMITEDESENTENCIAANTICIPADA”.
13
Se allegaron como pruebas las siguientes documentales: (i) copia de la Resolución VSC 001251 del 30 de noviembre de
2018 de la ANM; (ii) copia del recurso de reposición del 7 de julio de 2020 con todos sus anexos, interpuesto por la
demandante; (iii) copia de la Resolución VSC 00486 del 16 de septiembre de 2020 de la ANM; (iv) copia de la sentencia del
Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Civil, del 16 de abril del 2021; (v) copia de la Resolución VSC 432
del 26 de abril de 2021 de la ANM; (vi) certificado de tradición del folio de matrícula inmobiliaria 026-5181 de la Oficina de
Registro de instrumentos públicos de Santo Domingo; (vii) respuesta al derecho de petición interpuesto ante la ANM, donde
en su inciso final manifiestan que la fecha de notificación de la Resolución VSC 432 del 26 de abril de 2021, fue notificado el
29 de abril siguiente; (viii) certificado de existencia del proceso con radicado 05190 31 89 001 2019-00092-00, expedida el
23 de julio del año en curso por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros; (ix) copia de la respuesta del Secretario de
Planeación de San Roque donde certifica que la dirección Calle 35ª # 65D – 75, San Roque, Antioquia, no existe; (x) solicitud
de conciliación presentada por la señora Mariela Sierra Sierra ante la Procuraduría Regional de Antioquia; (xi) expediente
digitalizado del proceso de expropiación: (xii) Resolución VSC 001251 del 30 de noviembre de 2018, iii) Resolución VSC
000486 del 16 de septiembre de 2020; (xiii) Resolución VSC 000431 del 26 de abril de 2021; (xiv) Resolución VSC 000432
del 26 de abril de 2021; y, (xv) fallo de tutela de segunda instancia 05001340300120200006702 Mariela Sierra Vs. ANM.
14
Expediente digital, archivo “131_MemorialWeb_Alegatos”.
15
Expediente digital, archivo “135Memorial__136ALEGATOS”.
16
Expediente digital, archivo “141Memorial_CHM_Concepto 015-2024”.

7

Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623)
Actor: Mariela Sierra Sierra
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

38. Antes de dictar sentencia, la Sala consideró indispensable verificar de
manera directa e idónea la forma, el medio y la oportunidad en que se surtió la
notificación del Auto VSC 091 del 19 de mayo de 2017, que dio inicio al
procedimiento administrativo, por lo que, con fundamento en el artículo 213 del
CPACA, requirió a la ANM para que remitiera copia íntegra de las constancias de
notificación de dicha actuación, incluyendo sus soportes, como diligencias de
notificación personal, citatorios, avisos, guías de operador postal, acuses de recibo
o certificaciones de trazabilidad.

39. Mediante memorial radicado el 20 de noviembre de 2025, la ANM dio
respuesta al requerimiento de la Sala, informando que, tras adelantar gestiones de
búsqueda exhaustiva en sus bases de datos y en el correo institucional de la
entonces Coordinadora de la Sucursal PAR Medellín, no se encontró constancia
alguna del trámite de comunicación a los interesados del Auto VSC 091 del 19 de
mayo de 2017. Adicionalmente, en el informe anexo a dicho memorial, se dejó
constancia expresa de que el auto en cuestión no fue recibido por el canal habitual
de la entidad para efectos de proceder con su notificación.

II. CONSIDERACIONES

Legitimación en la causa

40. Corresponde verificar la legitimación en la causa por activa en un escenario
en el que el inmueble objeto del acto administrativo pertenece en comunidad y
proindiviso a varios titulares, en tanto la acción fue promovida inicialmente por uno
solo de ellos —Mariela Sierra Sierra—17, sobreviniendo además su fallecimiento
durante el trámite. La definición de esta cuestión incide en la posibilidad de un
pronunciamiento de fondo, en la existencia o no de litisconsorcio por activa, y en el
alcance de la sentencia.

41. La comunidad —cuasicontrato según el Código Civil— recae sobre una cosa
universal o singular cuyo dominio pertenece conjuntamente a dos o más personas
(communione pro indiviso), donde cada comunero es dueño de la cosa entera (no
de una parte material), con un poder homogéneo para su uso y goce, permitiendo a
los copropietarios gestionar la cosa común y distribuir sus frutos y beneficios según
su cuota de participación; en términos posesorios, existe coposesión cuando el
animus de dominio se ejerce de manera compartida y el corpus recae sobre la
totalidad del bien. De ello se sigue una regla funcional: los actos de administración,
disposición o defensa ejercidos por un comunero respecto del bien común se
entienden realizados en nombre de la comunidad, salvo que la ley exija unanimidad
o mayoría cualificada para actos específicos. En el plano procesal, esta nota de
unidad del derecho real soporta la habilitación de un solo comunero para impugnar
actos que inciden de forma uniforme en las alícuotas de todos los copropietarios.

42. En este orden, la jurisprudencia nacional ha sido uniforme en reconocer que,
cuando se trata de bienes en comunidad, no es exigible la concurrencia de todos
los condueños para el ejercicio de acciones judiciales en procura de su protección
o recuperación. La Corte Suprema de Justicia, ha precisado que la concurrencia

17
Acreditado en el certificado de tradición y libertad allegado al proceso, donde la parte actora figura como copropietaria.

8

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Actor: Mariela Sierra Sierra
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

forzosa no es predicable en estos casos por activa, pues cualquiera de los
copropietarios está facultado para promover acciones en beneficio de la comunidad,
sin que exista un litisconsorcio necesario. En sus términos, cuando la cosa
pertenece a varios en comunidad y se encuentra en poder o afectada por un tercero,
cualquiera de los comuneros puede accionar para su defensa o recuperación, y la
decisión que se adopte redundará en provecho de todos18.

43. El Consejo de Estado ha consolidado esta línea al precisar, de una parte,
que la ausencia de individualización de la cuota en la cosa común no constituye
motivo suficiente para dictar un fallo inhibitorio, puesto que el comunero está
facultado para comparecer como parte actora o demandada en todo lo relativo a su
derecho, de donde se sigue que la presencia procesal de un solo condueño resulta
suficiente para integrar válidamente la relación jurídico-procesal y habilitar al juez a
emitir un pronunciamiento de fondo. De otra parte, cuando un acto administrativo
impacta de manera uniforme e indiscriminada las alícuotas de todos los comuneros,
la demanda instaurada en tiempo por cualquiera de ellos aprovecha a la comunidad
en su conjunto, incluso en lo atinente a la interrupción o conservación del término
de caducidad de la acción, garantizando con ello la tutela judicial efectiva y la
protección integral de los derechos de la comunidad19.

44. En igual dirección, esta Subsección20 ha explicado que cuando uno de los
comuneros ejerce actos de dominio sobre el bien común, lo hace en nombre de la
comunidad, por lo que no es un acto individual del que se pueda predicar su
titularidad bajo una persona determinada o específica, sino que por el contrario,
constituye una actividad desarrollada por la totalidad de los comuneros y de la cual
se infiere que todos sus integrantes tienen conocimiento, de manera que la acción
de un comunero —sea para atacar un acto administrativo, defender la posesión o
reivindicar el dominio— no se agota en un interés individual, sino que se proyecta
en beneficio de todos.

45. De lo expuesto, se desprenden tres consecuencias principales: (i) el
litisconsorcio por activa en la comunidad de bienes, cuando se pretende proteger el
bien común, es de carácter facultativo, de modo que la acción puede ser promovida
por uno, varios o todos los comuneros, sin que la ausencia de alguno impida el
examen de la controversia ni ocasione nulidad procesal; (ii) en los casos en que los
actos administrativos inciden de manera uniforme sobre las alícuotas de la
comunidad, como ocurre con las resoluciones de expropiación, la caducidad debe
apreciarse en beneficio del conjunto, de manera que la demanda interpuesta
oportunamente por un comunero conserva el derecho de impugnación para todos;
y (iii) el alcance subjetivo de la sentencia, aunque inicialmente circunscrito a las
partes, se proyecta materialmente sobre la comunidad en su integridad, en virtud de
la identidad de la relación sustancial y de la representación funcional que caracteriza
a la communio pro indiviso.

18
Al respecto pueden verse: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 25 de octubre de 2021, Rad.
08001-31-03-002-2009-00397-01, SC4746-2021, C.P. Francisco Ternera Barrios; y sentencia del 3 de noviembre de 2021,
Rad. 25183-31-03-001-2010-00247-01, SC4888-2021, C.P. Hilda González Neira.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 5 de octubre de 1989, Rad. CE-
SEC3-EXP-1989-N5320, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo, y sentencia del 27 de mayo de 1998, Rad. 11001-03-26-000-1998-
13977-01 (13977), C.P. Ricardo Hoyos Duque.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 3 de abril de
2020, Rad. 85001-23-33-000-2018-00059-01 (63233), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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46. Conforme a las pretensiones formuladas en la demanda y atendiendo a la
naturaleza decisoria de los actos administrativos cuestionados, no hay duda de que
la parte actora no persigue únicamente la protección de un interés individual, sino
que actúa en defensa del bien común en beneficio de toda la comunidad de
copropietarios. En ese sentido, al solicitar la nulidad de las resoluciones que
aprobaron el inicio del trámite de expropiación judicial del predio Brisas del Nus, la
demandante busca salvaguardar el derecho de dominio que, en calidad de
comuneros, corresponde a todos los condueños proindiviso. Asimismo, pide que,
en caso de que el predio se hubiere entregado a Gramalote en el proceso judicial
de expropiación actualmente en curso, se ordene la restitución del bien “a sus
propietarios”, de manera que se restablezca plenamente la situación jurídica
alterada por los actos administrativos acusados. De esta forma, la acción ejercida
trasciende el ámbito personal de quien compareció al proceso y se proyecta en
beneficio de la comunidad en su conjunto, garantizando que la eventual decisión
judicial incida de manera uniforme sobre las alícuotas de todos los copropietarios y
asegure la tutela efectiva de sus derechos.

47. Se concluye por tanto que la señora Mariela Sierra Sierra en su calidad de
copropietaria del predio, está plenamente legitimada para demandar la nulidad de
los actos administrativos que dispusieron el inicio de los trámites para su
expropiación judicial. Su actuación procesal se entiende realizada en beneficio de
la comunidad propietaria, por lo que la ausencia de los demás condueños como
demandantes, no impide un pronunciamiento de fondo.

48. De otra parte, previo a dictar sentencia, el apoderado judicial de la parte
actora informó el fallecimiento de la señora Mariela Sierra Sierra21, acaecido el 1.º
de enero de 2022 en la ciudad de Medellín, circunstancia que acreditó con el
respectivo registro civil de defunción22. En el mismo escrito señaló que la causante
dejó varios hijos, entre ellos la señora Ana Valencia Sierra, respecto de quien allegó
copia del registro civil de nacimiento23. Sin embargo, del examen de dicho
documento no es posible derivar con certeza esa filiación de la mencionada persona
con la demandante fallecida, en tanto no se registra el documento y número de la
madre de la primera, razón por la cual, no se encuentra demostrada de manera
suficiente la condición de heredera determinada.

49. No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68
y 76 del CGP, aplicable al presente trámite por remisión expresa del CPACA, la
muerte de una de las partes no extingue la acción ni invalida lo actuado, como
tampoco pone fin al mandato otorgado al apoderado judicial. En tales casos, sus
herederos o causahabientes asumen la posición procesal del causante en el estado
en que se encuentre el proceso, y cuando no se acrediten sucesores determinados,
la sucesión procesal debe entenderse realizada en cabeza de los herederos
indeterminados. En consecuencia, se declarará la sucesión procesal en cabeza de
los herederos indeterminados de la señora Mariela Sierra Sierra, representados por
el apoderado judicial reconocido en el proceso, lo cual garantiza la validez de las
actuaciones y asegura la continuidad del proceso en representación de la
comunidad hereditaria, sin que se vea afectada la legitimación en la causa por
activa.

21
Expediente digital, archivo “124RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_INFORMEMUERTEDEMAN”.
22
Expediente digital, archivo “120RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_REGISTROCIVILDEDE”.
23
Expediente digital, archivo “121RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_REGISTROCIVILDENA”.

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Problema jurídico

50. Corresponde a la Sala establecer con base en las pruebas recaudadas, si los
actos administrativos demandados, se ajustan a los parámetros constitucionales y
legales de cara a los vicios denunciados por la demandante.

51. La Sala anticipa que declarará la nulidad de los actos demandados, dado que
la demandante no fue vinculada oportunamente al procedimiento administrativo de
expropiación mediante la notificación del auto inicial y de su modificación,
circunstancia que comportó una afectación sustancial de su derecho de defensa y
una trasgresión directa de las disposiciones legales que regulan el trámite, las
cuales constituyen el soporte del acto administrativo definitivo. El análisis que
conlleva a esta conclusión se abordará a partir de la definición de: (i) el debido
proceso en las actuaciones administrativas y la vinculación temprana de los terceros
afectados; (ii) la relevancia de estas garantías en el procedimiento administrativo de
expropiación minera, y, (iii) el examen del caso concreto a partir de las pruebas
obrantes en el expediente.

El debido proceso en las actuaciones administrativas y la vinculación
temprana de los terceros afectados

52. El derecho al debido proceso administrativo constituye una garantía
fundamental que asegura que toda persona, al enfrentarse a una decisión de la
Administración, disponga de los medios necesarios para ejercer de manera efectiva
sus derechos de defensa y contradicción. No se trata de un requisito meramente
formal o accesorio, sino de un presupuesto indispensable para la validez de los
actos de la Administración, en cuanto garantiza que sus decisiones se adopten con
sujeción a los principios de justicia, razonabilidad y proporcionalidad propios del
Estado Social de Derecho.

53. En este escenario, el debido proceso se concreta en un conjunto de garantías
mínimas que la autoridad debe respetar: la publicidad de sus actuaciones, la
posibilidad de contradicción, el derecho a presentar y controvertir pruebas, la
notificación oportuna de las decisiones y la existencia de recursos idóneos para su
control. La inobservancia de estos deberes no solo deslegitima la actuación
administrativa, sino que compromete su validez al desconocer el marco normativo
que los sustenta y al privar a los ciudadanos de una defensa efectiva frente al poder
público.

54. Por tanto, la eficacia de la función administrativa no se mide únicamente por
la rapidez con que se adoptan decisiones, sino por el respeto estricto a los
procedimientos previstos en la ley, los cuales no son ritualismos vacíos, sino
instrumentos diseñados para equilibrar la posición de poder del Estado frente a los
particulares, otorgándoles la posibilidad real de intervenir y proteger sus intereses
frente a medidas que pueden incidir directamente en su patrimonio, su libertad
económica u otros derechos. En este contexto, cobra especial relevancia la
participación temprana de los terceros que puedan resultar afectados por una
actuación administrativa de carácter particular y concreto.

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55. En ciertos eventos, el derecho de defensa en las actuaciones administrativas
no puede entenderse como una oportunidad diferida a la etapa de recursos contra
el acto definitivo, sino como una garantía que debe materializarse desde el inicio del
trámite, pues es en esa fase donde se definen elementos sustantivos —como la
delimitación del objeto del procedimiento, la práctica y valoración de las pruebas y
la identificación de los sujetos potencialmente afectados— que condicionan de
manera definitiva el sentido de la decisión. Este deber de vinculación temprana
encuentra una manifestación concreta en el artículo 37 del CPACA, conforme al
cual, cuando en una actuación administrativa de contenido particular y concreto la
autoridad advierta que terceras personas puedan resultar directamente afectadas
por la decisión, les comunicará la existencia de la actuación, su objeto y el nombre
del peticionario, si lo hubiere, para que puedan constituirse como parte y hacer valer
sus derechos24. Con ello se desarrollan los principios de publicidad y contradicción,
y se evita que los ciudadanos se enfrenten sorpresivamente a una decisión ya
adoptada sin haber tenido oportunidad de participar en la etapa de su formación.

56. En estos casos la comunicación del procedimiento tiene un doble valor:
formal, al poner en conocimiento la existencia del trámite, y material, al habilitar el
ejercicio efectivo del derecho de defensa en la fase más decisiva de la actuación.
La omisión de este deber constituye un vicio sustancial que afecta la validez del acto
definitivo, que no se entiende subsanado por la oportunidad de impugnarlo, por
cuanto el derecho de defensa debe garantizarse desde la fase de instrucción,
permitiendo a los terceros afectados aportar pruebas, controvertir los estudios
técnicos practicados, formular observaciones sobre el objeto del procedimiento e,
incluso, cuestionar la necesidad de la medida proyectada.

57. Cuando el debido proceso administrativo exige que la participación de los
afectados por la decisión no se restrinja a etapas posteriores, sino que se garantice
desde el inicio mismo de la actuación mediante la notificación del auto de apertura,
lo que está en juego no es solo la validez formal del trámite, sino la legitimidad
material de la decisión. El cumplimiento de este deber asegura que los terceros
llamados a soportar los efectos de la medida puedan intervenir en condiciones de
igualdad, y que la Administración adopte sus determinaciones sobre la base de un
debate garantista del derecho al debido proceso, pues de lo contrario, la actuación
administrativa deviene en arbitraria y contraria a los mandatos constitucionales que
subordinan el ejercicio del poder público al respeto de los derechos de los
asociados.

La relevancia de estas garantías en el procedimiento administrativo de
expropiación minera

58. El procedimiento de expropiación constituye uno de los ámbitos más
sensibles de la actuación administrativa, pues se trata de privar al particular del
derecho de propiedad, el cual goza de una especial protección constitucional. El
artículo 58 de la Constitución Política25 establece que la propiedad privada tiene una

24
“Cuando en una actuación administrativa de contenido particular y concreto la autoridad advierta que terceras personas
puedan resultar directamente afectadas por la decisión, les comunicará la existencia de la actuación, el objeto de la misma y
el nombre del peticionario, si lo hubiere, para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos. La
comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca si no hay otro medio más eficaz. De no ser posible
dicha comunicación, o tratándose de terceros indeterminados, la información se divulgará a través de un medio masivo de
comunicación nacional o local, según el caso, o a través de cualquier otro mecanismo eficaz, habida cuenta de las condiciones
de los posibles interesados. De tales actuaciones se dejará constancia escrita en el expediente”.
25
“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad

12

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función social y ecológica, y si bien admite su limitación e incluso su extinción por
motivos de utilidad pública o interés social, también exige que esta solo pueda
realizarse mediante sentencia judicial y previa indemnización, salvo en los casos de
expropiación administrativa autorizados expresamente por la ley, siempre que se
garantice el derecho de contradicción. La expropiación, por tanto, no es una facultad
libre, sino una potestad excepcional que solo se justifica cuando concurren los
supuestos constitucionales y legales, y cuando su trámite se desarrolla con respeto
estricto al debido proceso.

59. En este marco, la Ley 685 de 2001 regula la expropiación minera bajo un
esquema especial que parte de la iniciativa del concesionario, quien debe presentar
una solicitud formal a la autoridad minera cuando los predios necesarios para el
proyecto extractivo no han podido ser adquiridos por vía voluntaria. A partir de esa
solicitud, se activa un procedimiento con requisitos estrictos que buscan equilibrar
el interés público de la actividad minera con la protección de los derechos de los
particulares, y que se articula sobre una fase administrativa previa y técnica que
precede —y condiciona— el eventual juicio de expropiación.

60. Aunque la privación definitiva del derecho de propiedad se decreta en sede
judicial mediante sentencia que ordena la transferencia del dominio y fija la
indemnización correspondiente, este juicio no surge de manera autónoma, pues
conforme se ha expuesto, se encuentra necesariamente precedido por una
actuación administrativa en la que la autoridad minera debe establecer la necesidad
e indispensabilidad del bien para el proyecto, realizar un avalúo y expedir la
resolución que autoriza al concesionario a acudir al juez. Por ello, la fase
administrativa no puede concebirse como un simple trámite preliminar, sino como
un presupuesto indispensable de legalidad y legitimidad de la eventual y ulterior
expropiación judicial.

61. A partir de lo anterior, resulta claro que la garantía de los derechos de los
terceros potencialmente afectados —propietarios, poseedores o tenedores del
bien— no se agota en la notificación del acto definitivo que decreta la expropiación,
sino que debe extenderse a las etapas iniciales de la actuación administrativa. La
ley especial que rige el procedimiento resalta que la defensa del particular debe
hacerse efectiva desde el inicio mismo del trámite, cuando todavía es posible incidir
en la determinación de aspectos sustanciales que condicionan la medida
expropiatoria. En este sentido, el artículo 191 del Código de Minas establece
expresamente que la providencia que designa peritos y fija la fecha de la inspección
técnica “se notificará personalmente a los propietarios y poseedores de los
inmuebles”26, fundamentado en que no se trata de un acto menor, sino de la
diligencia en la que se delimitan los contornos del predio, se constatan las mejoras
existentes, se examina la necesidad de su incorporación al proyecto minero y se
orienta la cuantificación de la indemnización. Excluir al propietario o poseedor de
esta fase equivale, en los hechos, a negarle la posibilidad de intervenir sobre los

pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por
motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial
e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-
administrativa, incluso respecto del precio”.
26
“La designación de los peritos y el señalamiento de fecha para la inspección, se harán dentro de los diez (10) días siguientes
a la presentación de la solicitud en una misma providencia que se notificará personalmente a los propietarios y poseedores
de los inmuebles”. Concordante con lo anterior, el artículo 269 dispone que se notificarán personalmente las providencias
“que dispongan la comparecencia o intervención de terceros”.

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elementos sustantivos que definen de manera irreversible el desenlace del proceso,
vaciando de contenido el derecho de defensa y debilitando la legitimidad de la
decisión final.

62. La jurisprudencia ha desarrollado esta concepción. En la sentencia C-229 de
2003, la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de los artículos 189 a 192
de la Ley 685 de 2001 y concluyó que la expropiación minera no vulnera el derecho
de propiedad y el debido proceso porque la ley estableció una etapa previa y técnica
de carácter administrativo, la cual permite establecer la necesidad del bien, evaluar
la proporcionalidad de la medida y cuantificar la indemnización, todo ello con la
participación directa de los propietarios o poseedores. La Corte recalcó que esta
arquitectura normativa es la que hace compatible la expropiación minera con el
artículo 58 de la Constitución, en la medida en que asegura un espacio real de
contradicción antes de la decisión definitiva.

63. La misma sentencia subrayó además que, pese a las pocas normas
procedimentales contenidas en el Código de Minas para el trámite administrativo de
la expropiación minera, este no es precario o insuficiente frente a las garantías de
los propietarios y poseedores del bien, pues en lo no regulado expresamente debe
aplicarse de manera supletoria el régimen general de procedimiento administrativo
(en su momento el CCA, hoy el CPACA). Ello significa que frente a vacíos en materia
de publicidad, notificación o intervención de terceros, rigen los principios y reglas
generales contenidos en el CPACA, particularmente aquellos previstos en sus
artículos 3 y 37, que imponen a la Administración el deber de garantizar la
notificación de los actos y la comunicación de la actuación a los terceros que podrían
verse afectados.

64. Posteriormente, en la sentencia C-341 de 2014, al pronunciarse sobre la
constitucionalidad del artículo 37 del CPACA, la Corte reafirmó que el principio de
publicidad constituye un núcleo esencial del debido proceso en las actuaciones
administrativas, y que en virtud de ello, cuando la autoridad advierte que terceros
pueden resultar directamente afectados por una decisión, tiene la obligación de
comunicarles la existencia de la actuación por medios idóneos que garanticen un
conocimiento real, efectivo y oportuno, de manera que puedan comparecer como
parte y ejercer plenamente sus derechos durante el procedimiento administrativo.
La comunicación, en este contexto, no puede entenderse como un formalismo, sino
como la condición que hace posible una defensa temprana y efectiva, y trasladada
al procedimiento minero, esta doctrina refuerza —y en ningún caso reemplaza— la
exigencia específica del artículo 191 del Código de Minas, pues si la norma especial
ordena la notificación personal de la providencia que convoca la inspección técnica,
la autoridad no puede degradar esa obligación a simples avisos genéricos o a
supuestos enteramientos presuntos que priven al afectado de una participación
material en la fase decisiva del trámite.

65. De lo anterior se desprende que, la notificación del acto que ordena la visita
técnica en la etapa administrativa del procedimiento de expropiación minera,
legitima constitucionalmente la expropiación al permitir la intervención de los
afectados en la fase en que se adoptan las decisiones más trascendentes, y en esa
misma medida, condiciona la validez del acto definitivo, pues el procedimiento
carece de legitimidad si se desarrolla a la espalda de quienes tienen un derecho
sobre el bien a expropiar. La omisión en la notificación personal -ordenada por el
Código de Minas- del acto que designa peritos y fija la fecha de la visita al inmueble

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objeto de expropiación no puede considerarse un defecto meramente formal o
subsanable, sino un vicio sustancial que desnaturaliza todo el esquema
procedimental al desconocer el derecho de defensa y contradicción.

66. En conclusión, las garantías previstas en el procedimiento de expropiación
minera no son exigencias accesorias, sino condiciones estructurales que hacen
posible la vigencia del debido proceso. La fase administrativa previa y técnica
prevista en la Ley 685 de 2001 constituye el núcleo del procedimiento expropiatorio
en materia minera, porque allí se concentra la posibilidad real de defensa de los
afectados, mientras que la notificación personal desde el inicio de la actuación
asegura que los propietarios y poseedores puedan intervenir en igualdad de
condiciones, controvertir las pruebas técnicas, formular observaciones y contribuir
a la determinación justa de la medida. Omitir esta notificación compromete la
legalidad del acto definitivo de la autoridad minera mediante el cual se autoriza
proceder con el trámite judicial, toda vez que deslegitima todo el procedimiento al
desconocer que la expropiación de un bien únicamente es admisible si se produce
a través de un trámite público, ajustado al ordenamiento jurídico y respetuoso de las
garantías y derechos de los directamente afectados por la medida.

Caso concreto

67. Está acreditado que el procedimiento de expropiación minera se inició con el
Auto VSC 091 del 19 de mayo de 201727, mediante el cual la ANM ordenó la apertura
de la actuación administrativa, fijó fecha para la visita técnica al inmueble objeto de
la solicitud y designó los peritos encargados de verificar la necesidad del predio para
el desarrollo del proyecto minero. En el acto se determinó que debía ser notificado
personalmente a los propietarios inscritos del inmueble bajo el folio de matrícula
inmobiliaria 026-5181, incluyendo a la señora Mariela Sierra Sierra, en los términos
de los artículos 67 y siguientes del CPACA, “en aras de garantizar el debido
proceso, el derecho de defensa y contradicción”, tal y como es dispuesto por el
artículo 191 del Código de Minas. Posteriormente, esta actuación fue aclarada
mediante el Auto VSC 105 del 1º de junio de 201728, en el que únicamente se
especificó que los herederos del Señor Bernardino Sierra “son indeterminados”.

68. Con fundamento en las actuaciones surtidas en el marco de los autos antes
indicados, realizada la visita técnica y el avalúo del predio, la entidad expidió la
Resolución 1251 del 30 de noviembre de 201829, por medio de la cual, aprobó el
inicio del trámite judicial de expropiación del inmueble a favor de la sociedad
concesionaria.

69. Como se ha expuesto, el Auto 091 no puede considerarse un acto de trámite
menor, sino que corresponde a una decisión sustancial que estructura la fase
administrativa previa y técnica que condiciona la validez del acto definitivo. En
efecto, mediante dicho auto no solo se inició la actuación administrativa tendiente a
la expropiación del inmueble, sino que se convocó y organizó la inspección pericial,
donde se sientan las bases para definir su indispensabilidad para el proyecto
minero, elemento que posteriormente orientaría el sentido de la decisión
administrativa final. Por tanto, la regularidad en su expedición y notificación
resultaba indispensable para asegurar que los directamente afectados participaran

27
Expediente digital, archivo “AUTO VSC 091- Brisas Nus”.
28
Expediente digital, archivo “AUTO VSC 105 aclara 91”.
29
Expediente digital, archivo “Expediente digital, archivo “AUTO VSC 091- Brisas Nus”.

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en igualdad de condiciones en la construcción del soporte fáctico y probatorio de la
decisión administrativa.

70. Pese a lo anterior, y tal como fue confirmado por la ANM en respuesta a la
prueba de oficio decretada por esta Sala (Auto de 24 de octubre de 2025), no obra
constancia alguna de notificación del Auto VSC 091 del 19 de mayo de 2017 a la
parte actora como propietaria inscrita del predio, por ningún medio, menos aún, que
se hubiesen adelantado las actuaciones previstas en el CPACA para la notificación
personal (arts. 67 y ss.). Lo que se observa es que dicha providencia se expidió y
ejecutó sin que la demandante hubiese sido enterada formalmente de su existencia
ni citada a la visita técnica programada. Este hallazgo resulta determinante, pues el
artículo 191 de la Ley 685 de 2001 establece de manera categórica que la
providencia que designa peritos y fija la fecha de la inspección técnica “se notificará
personalmente a los propietarios y poseedores de los inmuebles”, por lo que se trata
de una obligación expresa contenida en una norma imperativa, que responde a la
necesidad de garantizar el derecho al debido proceso y contradicción desde la etapa
en que se adoptan las decisiones más relevantes del procedimiento, y cuya
inobservancia implica una vulneración directa de la ley especial aplicable.

71. Se advierte que, aunque la falta de notificación del auto 091, la consecuente
violación del debido proceso y el desconocimiento de las normas previstas en el
Código de Minas fue un punto expresamente aducido en el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución 125130, la entidad no refutó ni aclaró tal
circunstancia al resolver la impugnación mediante la Resolución VSC 432 de abril
de 2021, toda vez que en los fundamentos de la decisión no efectuó
pronunciamiento alguno sobre el particular, pese a que ese era un punto central del
recurso.

72. Así mismo, aunque la entidad demandada y la coadyuvante centraron su
defensa en sostener que la demandante se notificó por conducta concluyente de los
actos definitivos (Resolución 1251 del 30 de noviembre de 2018), lo cierto es que la
afirmación de la parte actora respecto a la omisión de notificar el auto inicial (Auto
VSC 000091) fue plenamente corroborada por la misma ANM al dar respuesta al
requerimiento probatorio de esta Corporación. Como quedó evidenciado en los
párrafos precedentes, la entidad informó que no se halló constancia alguna de su
notificación, ni que el acto hubiese cursado los canales habituales para tal finalidad,
lo que ratifica la vulneración del derecho fundamental al debido proceso desde el
inicio de la actuación, al haberse expedido una providencia que afecta de manera
directa a los propietarios del bien sin haber sido comunicada a través de alguno de
los mecanismos legalmente establecidos.

30
En el recurso interpuesto se indicó: “2. Falta de notificación del Auto 000091 del 19 de mayo de 2017 - por el cual se
admite el trámite de declaración administrativa de expropiación y toman otras decisiones, a la señora MARIELA
SIERRA SIERRA. 2.1. El 19 de mayo de 2017 la ANAM profirió el auto 000091, por el cual se admite el trámite de expropiación
y toman otras decisiones (…). Por disposición de la ley este auto debía ser notificado personalmente a los propietarios del
inmueble (…) 2.2. La señora MARIELA SIERRA SIERRA no fue legalmente notificada del auto No. 000091. Para verificar la
posibilidad de existencia de notificación por aviso de este auto a la recurrente se revisaron la totalidad de notificaciones que
constan en la página de la ANM efectuadas entre los días 19 de mayo de 2017 y el 1 de junio de 2018 sin encontrar información
acto alguno al respecto, esto es, no consta notificación por aviso a la señora SIERRA SIERRA (...). Por las acciones irregulares
y las omisiones mencionadas, se incurre por la ANM en una flagrante violación al artículo 29 de nuestra carta política (…) El
debido proceso administrativo es un derecho subjetivo fundamental. Se hace consistir la violación al derecho fundamental al
debido proceso por adelantarse el trámite administrativo y proferirse la resolución impugnada y certificarse su ejecutoria con
absoluto desconocimiento de elementales normas legales sobre (…) la notificación de los actos administrativos, de
conformidad con lo previamente expuesto. (…) se emite constancia de ejecutoria del acto administrativo [definitivo, resolución
1251] por la notificación por aviso a algunas de las personas contra quienes se decretaba la expropiación; pero omite certificar
sobre la notificación de las demás, generando una irregular apariencia de legalidad, en violación de los derechos
fundamentales al debido proceso administrativo de mi representada antes referidos, consagrados en el artículo 29 de la
Constitución Política colombiana”. Expediente digital, archivo “REC DE REPOS CONTRA RES No. 001251 DE 30 NOV DE
2018- 07 JULIO 2020A”

16

Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623)
Actor: Mariela Sierra Sierra
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

73. La omisión advertida respecto de la notificación del acto de inicio no puede
considerarse subsanada por el hecho de que los propietarios hubiesen tenido
conocimiento posterior de la Resolución 1251, ni porque hubieran presentado
recursos frente a este acto definitivo, toda vez que la garantía de defensa en los
procedimientos de expropiación no se satisface con la posibilidad de impugnar ex
post la decisión, sino que exige la participación oportuna en la fase de formación del
acto. Conforme a lo establecido en los artículos 37 del CPACA y 191 del Código de
Minas, en este caso, el principio de publicidad y el derecho de contradicción se
materializan únicamente cuando el interesado puede intervenir en el momento en
que se produce la actividad probatoria y se definen los elementos sustanciales que
soportarán la decisión, por lo que permitir que la Administración prescinda de la
notificación inicial con el argumento de que los afectados podrán recurrir el acto
definitivo, equivale a vaciar de contenido las garantías otorgadas a los afectados
con la decisión y a desconocer la finalidad misma de la fase técnica previa.

74. En este punto conviene precisar la diferencia entre dos aspectos que el
Código de Minas prevé dentro de la fase administrativa previa: de un lado, la
determinación de la indispensabilidad del bien para el desarrollo del proyecto
minero, y de otro, la práctica del avalúo del predio. La primera constituye el eje
central de la legalidad de la actuación, pues de ella depende la justificación
constitucional y legal de la expropiación; la segunda, en cambio, tiene un carácter
meramente instrumental y no define la validez del trámite administrativo, dado que
el valor de la indemnización será objeto de debate y fijación definitiva en el proceso
judicial de expropiación.

75. La Constitución admite la expropiación únicamente cuando existe un motivo
de utilidad pública o de interés social, y en el régimen especial minero esa exigencia
se traduce en demostrar que el inmueble resulta necesario e indispensable para el
desarrollo del proyecto concesionado, por ello, la providencia que convoca la
inspección técnica no es un acto accesorio, sino el escenario en el que se constata
sobre el terreno la necesidad del predio, se delimitan sus linderos y se establecen
las condiciones materiales que justifican la afectación de la propiedad privada. En
la medida en que este aspecto condiciona la procedencia misma de la expropiación,
su definición sin la participación de los titulares del bien implica una vulneración
sustancial del derecho de defensa.

76. Por el contrario, el avalúo que eventualmente se practique en la fase
administrativa carece de esa trascendencia estructural, pues si bien la Ley 685 de
2001 ordena su elaboración como insumo preliminar, la indemnización plena será
determinada en sede judicial con base en peritajes rendidos bajo control de las
partes y decisión del juez natural31. De allí que, aun cuando un avalúo administrativo
incompleto o discutible no invalida en sí mismo la actuación, lo que sí la afecta de
manera insubsanable es que la determinación de la necesidad del bien se haga sin
la notificación y participación oportuna de los propietarios y poseedores, privándolos
de la posibilidad de aportar pruebas, controvertir los estudios técnicos o cuestionar
la indispensabilidad invocada por el concesionario.

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de mayo de
2018, Rad. 11001-03-26-000-2007-00072-00 (34764), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

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Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623)
Actor: Mariela Sierra Sierra
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

77. En consecuencia, lo verdaderamente esencial en el procedimiento
administrativo de expropiación minera es la constatación de la necesidad del bien
con plena garantía de defensa y contradicción de los afectados, no el avalúo que,
en todo caso, será objeto de debate posterior en el juicio de expropiación. La falta
de notificación personal del acto que determina la inspección técnica a los afectados
les priva de intervenir en esa etapa decisiva y, por tanto, configura un vicio
sustancial que compromete la validez de la actuación.

78. A partir de lo anterior, la Sala concluye que la actuación administrativa que
sustentó los actos demandados adolece de un vicio sustancial consistente en la falta
de notificación personal de los Autos 091 y 105 de 2017 a la demandante. Este vicio
no puede calificarse como un simple defecto de forma, sino que afecta de manera
directa el derecho de defensa y contradicción, comprometiendo en consecuencia la
validez del acto definitivo, puesto que la Resolución 1251 de 2018 y la que resolvió
el recurso de reposición se edificaron sobre una actuación realizada sin la presencia
ni participación de los afectados, pese a ser una exigencia expresa de la norma
especial que rige el procedimiento administrativo de expropiación minera, lo que
implica que careció del trámite previsto e indispensable para legitimar la decisión
finalmente adoptada.

79. La naturaleza del defecto identificado es insubsanable en la medida en que
los actos cuya notificación fue omitida corresponden a providencias que debían ser
conocidas personalmente por los propietarios por expresa disposición legal,
precisamente, por cuanto organizan las diligencias destinadas a verificar la
necesidad del bien para el proyecto minero, y, por ende, la procedencia de autorizar
el inicio del proceso judicial de expropiación. En consecuencia, la falta de
notificación personal privó a los afectados de ejercer, en el momento oportuno, las
facultades de aportar y controvertir pruebas, así como de cuestionar o formular
observaciones sobre la indispensabilidad del predio, por lo que el vicio trasciende
de manera directa a la validez del acto definitivo, conduciendo inexorablemente a la
declaración de nulidad de los actos administrativos demandados por violación del
debido proceso y desconocimiento de las normas en que debían fundarse, sin que
sea necesario pronunciarse respecto de los demás cargos de nulidad aducidos en
la demanda.

El restablecimiento del derecho

80. En la demanda la parte actora solicitó, como consecuencia de la nulidad de
los actos acusados y a título de restablecimiento del derecho, que se ordenara al
Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros terminar de manera inmediata el
proceso judicial de expropiación con radicado 05190 31 89 001 2019-00092-00 y
disponer la restitución del inmueble denominado Brisas del Nus a sus propietarios.
Frente a este pedimento, la Sala debe puntualizar que en este caso el marco
competencial del juez de lo contencioso administrativo está circunscrito al control
de legalidad de los actos administrativos, sin que le sea jurídicamente posible
impartir órdenes a otro juez de la República sobre la forma en que debe decidir en
un proceso judicial distinto, pues en este asunto no se debate la regularidad de las
actuaciones adelantadas en esa sede.

81. El principio de autonomía judicial, consagrado en el artículo 228 de la
Constitución Política, garantiza que cada juez ejerza sus competencias de manera

18

Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623)
Actor: Mariela Sierra Sierra
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

independiente y que sus decisiones no estén sujetas a injerencias externas de otras
autoridades, incluidas las de esta jurisdicción. Atender la solicitud de la parte actora
en los términos propuestos equivaldría a invadir la órbita de decisión del juez de
expropiación, quien es el único facultado para resolver sobre las actuaciones
procesales bajo su conocimiento. En consecuencia, no resulta procedente que la
Sala disponga la terminación de un proceso judicial que cursa en otro despacho ni
ordenar directamente la restitución de un bien dentro de ese expediente. Lo anterior
no significa, sin embargo, que las cosas no deban volver al estado en que se
encontraban antes de la expedición de los actos anulados, deshaciendo sus efectos
y reponiendo a los copropietarios del inmueble objeto del procedimiento
administrativo de expropiación en la situación jurídica que habrían conservado de
no haberse proferido aquellos, que es esencialmente lo solicitado en la demanda
como consecuencia de la declaratoria de nulidad.

82. La nulidad de los actos administrativos demandados elimina el sustento
jurídico sobre el cual se promovió y se tramita el proceso judicial de expropiación.
El artículo 399 del CGP establece expresamente que en la demanda de
expropiación debe acompañarse de copia de la resolución vigente que decreta la
medida, requisito de donde se desprende que el juicio y la eventual expropiación
del bien depende de la existencia del acto administrativo previo de la autoridad
minera que lo habilite32, de manera que, al desaparecer este por decisión de la
jurisdicción contencioso administrativa, se desvanece también la causa jurídica que
justificaba la continuación del proceso judicial. La anulación de la resolución no
constituye, entonces, un pronunciamiento indirecto sobre la actuación del juez
ordinario, sino la supresión del presupuesto habilitante que le daba curso, lo cual
obliga a restituir a los propietarios el goce pleno de su derecho de propiedad y a
comunicar al despacho judicial correspondiente la pérdida de vigencia de la base
legal en que se fundaba la demanda, para que este adopte las medidas pertinentes.

83. Por su parte, la intervención de Gramalote en este proceso se produjo en
calidad de coadyuvante de la demandada, lo cual, conforme a la normativa procesal
(artículo 71 del Código General del Proceso y artículo 224 del CPACA), le otorga
una posición subordinada y adherente a la de la parte demandada. La coadyuvancia
no transforma al interviniente en parte principal ni le confiere autonomía procesal
plena, pues su actuación se limita a apoyar la defensa de la parte a la cual se
adhiere, en el estado en que se encuentre el proceso y sin posibilidad de introducir
pretensiones propias ni de contradecir la línea de defensa de la parte coadyuvada.
En esa medida, la sentencia no puede imponerle al coadyuvante obligaciones
autónomas ni pronunciarse en su contra como si se tratara de parte principal, pues
el debate procesal se centra en la legalidad de los actos administrativos expedidos
por la ANM y es a esta, como autoridad que los profirió, a quien corresponde asumir
la consecuencia directa de su nulidad.

84. Sin embargo, el hecho de que Gramalote no ostente la condición de parte
principal no significa que esté al margen de los efectos materiales de la decisión,
pues no cabe desconocer que fue la beneficiaria directa de los actos administrativos
cuya nulidad se decreta y que, incluso, pudo haber recibido materialmente la
entrega del inmueble objeto de la expropiación. Debe destacarse, además, que

32
“El proceso de expropiación se sujetará a las siguientes reglas: (…) 3. A la demanda se acompañará copia de la resolución
vigente que decreta la expropiación, un avalúo de los bienes objeto de ella, y si se trata de bienes sujetos a registro, un
certificado acerca de la propiedad y los derechos reales constituidos sobre ellos, por un período de diez (10) años, si fuere
posible”.

19

Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623)
Actor: Mariela Sierra Sierra
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Gramalote ejerció de manera efectiva su derecho de defensa dentro de este
proceso, presentando pruebas, elementos de juicio y controvirtiendo los cargos
formulados por la parte demandante. Es decir, la sociedad tuvo plena oportunidad
de participar en la litis y de hacer valer sus argumentos en defensa de la validez de
los actos administrativos que le eran favorables, de ahí que no pueda considerarse
sorprendida por los efectos de la decisión, pues desde su intervención procesal tuvo
conocimiento cabal de la controversia y de la posibilidad de que los actos
cuestionados fueran anulados.

85. En tales circunstancias, resulta procedente ordenar que Gramalote concurra
con la entidad demandada en la restitución del predio a sus legítimos propietarios.
Ello no implica que la Sala le imponga una condena autónoma al coadyuvante, lo
que sería improcedente dada su naturaleza procesal, sino que reconoce que ningún
particular puede conservar ventajas derivadas de actos administrativos declarados
nulos. La extensión de los efectos de la nulidad al coadyuvante es, entonces, una
consecuencia necesaria y lógica de la decisión por sus efectos erga omnes en los
términos del artículo 189 del CPACA33 y dada la comparecencia y participación de
Gramalote en el proceso, resultado que a su vez está encaminado a garantizar la
efectividad del restablecimiento del derecho y a evitar que subsistan en el plano
material situaciones creadas al amparo de actos de la administración inválidos.

86. En consecuencia, y conforme a las consideraciones precedentes, la Sala
dispondrá en la parte resolutiva: (i) declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados; (ii) ordenar a la ANM y a Gramalote adoptar las medidas necesarias y
a su alcance para restituir a los propietarios el inmueble denominado Brisas del Nus,
identificado con la matrícula inmobiliaria 026-5181 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Santo Domingo, en caso de que este ya hubiere sido
entregado; y (iii) oficiar al Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros para poner en
su conocimiento la nulidad aquí declarada, a efectos de que, en ejercicio de sus
competencias y con plena observancia de su autonomía, obre respecto del proceso
judicial de expropiación con radicado 05190 31 89 001 2019-00092-00.

87. En el evento de que ya se hubiere dictado sentencia dentro del referido
proceso de expropiación, deberá entenderse que la orden de restitución aquí
impartida a la Agencia Nacional de Minería y a la sociedad coadyuvante, incluye el
deber de adelantar las actuaciones jurídicas o notariales pertinentes para revertir la
transferencia de dominio que se hubiere registrado, advirtiendo que dicha reversión
lleva aparejada la obligación de los propietarios de reintegrar la totalidad de las
sumas que hubiesen recibido efectivamente por la indemnización correspondiente.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la eventual sentencia proferida en
el proceso de expropiación no obsta para que la parte interesada acuda a la
jurisdicción ordinaria y, con fundamento en la nulidad que aquí se declara, inicie las
acciones o recursos previstos en la ley encaminados a privar de efectos esa
decisión, en la medida que la expropiación judicial en materia minera carece de
sustento jurídico sin la resolución administrativa previa que la autorice, de manera
que la anulación de esta última, implica la desaparición de la causa legal que dio
origen al proceso expropiatorio.

33
“La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las
que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga
omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen”.

20

Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623)
Actor: Mariela Sierra Sierra
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Costas

88. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la
liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas
en el procedimiento civil. En este orden de ideas, el artículo 365 del CGP en el
numeral 1 dispone que se condenará en costas a la parte vencida34, las que serán
liquidadas de manera concentrada por el juez que haya conocido del proceso en
primera o única instancia35.

89. Por su parte, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de
la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del
numeral 4 del artículo 366 de la misma normativa, se fijan con observancia de las
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA16-
10554 del 5 de agosto de 2016, vigente para la fecha en que se presentó la
demanda36, el cual dispone que, en las sentencias dictadas en procesos
declarativos de única instancia en asuntos que carezcan de cuantía o de
pretensiones pecuniarias, como sucede en el caso concreto, se fijarán entre 1 y 8
SMLMV.

90. Adicionalmente, debe señalarse que, bajo las reglas del CGP, la condena en
costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la
parte a la que se imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se
determina con fundamento en un criterio objetivo, en este caso frente a la parte a la
que no le prosperan sus pretensiones, “siempre que exista prueba de su existencia,
de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley” 37.

34
El artículo 365 CGP.: “En los procesos y en las actuaciones posteriores aquellos en que haya controversia la condena en
costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en
los casos especiales previstos en este código (…)”.
35
CGP. ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes
reglas: 1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla. 2. Al momento de liquidar, el
secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos,
en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de
casación, según sea el caso.
3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte
beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones
autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.
Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que
aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo
Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará. 4. Para la fijación de agencias en derecho
deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por
el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas. 5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán
controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La
apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo. 6.
Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra
de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de
obedecimiento al superior, según el caso.
36
Aplicable para el 13 de julio de 2020, por cuanto entró en vigor el 5 de agosto de 2016.
37
De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera
culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el
artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en
derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista
prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las
costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte,
ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. Sentencia C-157/13. M.P. Mauricio González Cuervo.

21

Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623)
Actor: Mariela Sierra Sierra
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

91. Atendiendo a que la actora nombró y actuó en el proceso defendiendo sus
intereses mediante apoderado judicial, la entidad demandada será condenada al
pago de costas y agencias en derecho, en atención a las reglas aplicables en la
materia, al haber resultado vencida en el proceso.

92. En consecuencia, en los términos del artículo 5 numeral 1 del Acuerdo
PSAA16-10554 de 2016, se fijan como agencias en derecho a cargo de la ANM, la
suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (1 SMLMV) a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia y a favor de la parte actora.

III. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la sucesión procesal en cabeza de los herederos
indeterminados de Mariela Sierra Sierra, identificada con cédula de ciudadanía
21.390.667, quienes ocupan el lugar procesal que aquella ostentaba, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución VSC 1251 del 30 de
noviembre de 2018, que aprobó el inicio del trámite judicial de expropiación del
predio denominado Brisas del Nus, así como de la Resolución VSC 432 del 26 de
abril de 2021 que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior.

TERCERO: ORDENAR a la Agencia Nacional de Minería y a la sociedad
coadyuvante, Gramalote Colombia Limited, en cuanto hubiere recibido
materialmente el inmueble, adoptar de manera conjunta y coordinada todas las
medidas necesarias para restituir a los propietarios el bien denominado Brisas del
Nus, dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia. Lo anterior comprende, de ser el caso, adelantar las
actuaciones jurídicas o notariales pertinentes para revertir la transferencia de
dominio que se hubiere registrado con ocasión del proceso de expropiación,
advirtiendo que dicha reversión lleva aparejada la obligación de los propietarios de
reintegrar la totalidad de las sumas que hubiesen recibido efectivamente por la
indemnización correspondiente.

CUARTO: OFICIAR al Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros para poner en
su conocimiento la nulidad aquí declarada, a efectos de que, en ejercicio de sus
competencias, proceda respecto del proceso judicial de expropiación con radicado
05190 31 89 001 2019-00092-00.

QUINTO: CONDENAR en costas a la Agencia Nacional de Minería; FIJAR como
agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente
(1 SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia en favor de la parte actora.
Por Secretaría, LIQUIDAR lo correspondiente.

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Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623)
Actor: Mariela Sierra Sierra
Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

SEXTO: ARCHIVAR el proceso de la referencia, una vez quede en firme esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al
aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

23

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