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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03010-00

Fecha
12 de agosto de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03010-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por el señor Roosbell León Pinto. SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. 17 Radicación: 11001-03-15-000-2022-03010-00 Accionante: Roosbell León Pinto Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03010-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

12 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03010-00
Accionante: Roosbell León Pinto
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia
/ RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – la parte actora pretende reabrir el debate y
crear una instancia adicional al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Roosbell León Pinto
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda – Subsección
B y el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 2 de junio de 2022, el señor Roosbell León Pinto, a través de apoderado
judicial, interpuso demanda de tutela contra la Sección Segunda, Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado - Sección Segunda
• Subsección B, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, debido proceso, igualdad y defensa,
presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al proferir las
sentencias del 9 de agosto de 2019 y 25 de noviembre de 2021 2, respectivamente,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que promovió contra
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y
2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho,
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2 Decisión que fue notificada el 27 de enero de 2022, mediante correo electrónico.
3 Identificado con número de radicado 25000-23-42-000-2017- 00202-00/01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03010-00
Accionante: Roosbell León Pinto
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

<< 1. Se conceda el amparo de tutela solicitado a los derechos fundamentales de mi
mandante violados por la actuación judicial denunciada.

2. Se anule la actuación judicial de Primera y Segunda Instancia sentencias del 9 de agosto
de 2019 (Anexo No. 2) y 25 de noviembre de 2021 (Anexo No. 3), aquí sometidas a Control
Constitucional.

3. Dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a proferido el fallo de tutela, se profiera
el fallo de reemplazo apegado a la Ley y a la prueba.

4. Se hagan las demás declaraciones a que haya lugar sobre cualquier tipo de derecho
fundamental que se estime vulnerado o amenazado.>>4

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:

3.1.- El señor Roosbell León Pinto prestó sus servicios al Ejército Nacional desde el
24 de noviembre de 1988. Mediante Resolución 3305 del 11 de junio de 2010 fue
retirado del servicio por llamamiento a calificar servicios y, posteriormente, por orden
judicial5, fue reintegrado y ascendido al grado de Teniente Coronel, a través de los
Decretos 1458 y 2788 del 1 de agosto y 30 de septiembre de 2014, respectivamente.

3.2.- Mediante Acta número 10 del 31 de octubre de 2015, la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional no lo propuso para el Curso de Altos Estudios
Militares. Posteriormente, el Presidente de la República, a través del Decreto 1025
de 24 de junio de 2016, lo retiró del servicio, bajo la causal de -llamamiento a calificar
servicios-.

3.3.- En desacuerdo con lo anterior, el actor instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
con el fin de que se declarara la nulidad del Decreto 1025 de 24 de junio de 2016 y,
en consecuencia, se ordenara i) su reintegro al servicio activo, sin solución de
continuidad, ii) la selección para aplicar al Curso de Altos Estudios Militares, iii) el
ascenso al Cargo de Brigadier General y, iv) el pago de los salarios y las
prestaciones dejadas de percibir desde el momento de su retiro hasta el reintegro.

3.4.- El asunto le correspondió para su conocimiento, en primera instancia, al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección B,
Corporación que, mediante sentencia proferida el 9 de agosto de 2019, negó las

4 Expediente digital, folio 5 del escrito de demanda.
5 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el accionante presentó

demanda, con el objeto de que se declarara la nulidad del mencionado acto administrativo, por el cual
fue retirado del servicio. Dicho asunto fue asignado por reparto al Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Villavicencio, despacho que, mediante sentencia del 28 de junio de
2013, accedió a las pretensiones de la demanda.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03010-00
Accionante: Roosbell León Pinto
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

pretensiones de la demanda, al considerar que el actor no logró desvirtuar la
presunción de legalidad del acto administrativo por el cual fue retirado del servicio.

3.5.- La anterior decisión fue confirmada por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, a través del fallo dictado el 25 de noviembre de 2021, por
estimar que, conforme al material probatorio obrante en el expediente ordinario, la
parte actora no logró probar que el retiro del servicio haya obedecido a un ejercicio
arbitrario, desviado o fraudulento de la facultad discrecional del llamamiento a
calificar servicio.

4.- Como fundamento de las pretensiones, la parte actora aduce que las autoridades
judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, debido proceso, igualdad y defensa, al incurrir en un
defecto fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación
directa a la Constitución.

4.1.- Respecto al defecto fáctico, sostuvo que las autoridades enjuiciadas omitieron
valorar el material probatorio obrante en el expediente contencioso administrativo,
pues, de haberlo hecho, hubiesen concluido que la negativa de postularlo al Curso
de Altos Estudio Militares, el no ascenso al grado de Brigadier General, así como el
retiro del servicio activo por la causal de llamamiento a calificar servicios, no
obedeció a razones objetivas de mejoramiento del servicio, por el contrario, fue
producto de “una forma de discriminación y marginamiento del Oficial al haber sido
retirado y ascendido al grado de Coronel por efectos de decisiones judiciales”.

4.1.1.- Para tal efecto, aseguró que, al interior del proceso ordinario, logró demostrar
que los actos administrativos demandados constituyen un abuso de poder, son
arbitrarios, caprichosos, desproporcionados e irrazonables, particularmente, a través
de las pruebas documentales y testimoniales allegadas al expediente.

4.2.- En lo concerniente al defecto sustantivo, señaló que las autoridades accionadas
interpretaron de forma errónea el artículo 446 de la Ley 1437 de 20117, así como los
Decretos 1790 8 y 1799 9 de 2000, pues se limitaron a sostener que para hacer
efectiva la facultad de retiro del servicio activo por llamamiento a calificar servicios,
solo es necesario el cumplimiento de los requisitos objetivos, a saber, i) la existencia

6 “En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional,

debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven
de causa”.
7 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
8 “por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y

suboficiales de las Fuerzas Militares.”
9 “Por el cual se dictan las normas sobre evaluación y clasificación para el personal de Oficiales y

Suboficiales de las Fuerzas Militares y se establecen otras disposiciones.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03010-00
Accionante: Roosbell León Pinto
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional y ii)
tener derecho a una asignación de retiro, sin realizar un análisis de proporcionalidad
y razonabilidad sobre el contenido de las decisiones administrativas cuestionadas.

4.3.- Frente al desconocimiento del precedente, indicó que las autoridades judiciales
enjuiciadas al no analizar la proporcionalidad y razonabilidad de la facultad
discrecional del llamamiento de calificación de servicios, se apartaron de los fallos
del 23 de marzo de 200610, 24 de marzo11, 12 de octubre12 y 17 de noviembre13 de
2011 y 19 de abril de 201214, proferidos por el Consejo de Estado y las sentencias
C-819 del 2005, C-553 del 2010, T-265 del 2013, SU-091 y SU-217 del 2016,
dictadas por la Corte Constitucional.

4.4.- Por último, afirmó que las providencias judiciales violan directamente la
Constitución, al desconocer lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 125,
217, 228 y 230 de la Carta Política.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

5.- Mediante auto de 5 de julio de 2022, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela, ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas, así como vinculó
a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, como terceros interesados
en las resultas del proceso. Adicionalmente, comunicó la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5.1.- Igualmente, requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección B para que allegara, en calidad de préstamo, el expediente
identificado con número de radicado 25000-23-42-000-2017-00202-00/01.

(i) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B15

6.- La Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación manifestó que se acoge
a las razones que fundamentaron la decisión objeto de reproche constitucional.

(ii) Ministerio de Defensa – Ejército Nacional16

7.- El Ministerio de Defensa precisó que no existe vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, pues su retiro del servicio se

10 Exp. 25000-23-25-000-2002- 04164-01.

11 Exp. 19001-23-31-000-2004-00011-01.
12 Exp. 68001-23- 31-000-2008-00066-01

13 Exp. 68001-23-31- 000-2004-00753-01.

14 Exp. 25000-23-25-000-2002-04391-02.
15 Intervención digital contenida en 1 folio.

16 Intervención digital contenidas en 6 folios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03010-00
Accionante: Roosbell León Pinto
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

efectuó en ejercicio de las potestades legales y constitucionales vigentes aplicables
al caso objeto de estudio. Además, sostuvo que la solicitud de amparo no satisface
el requisito de relevancia constitucional, pues el accionante busca convertir la acción
de tutela de la referencia en una instancia adicional al proceso, al pretender reabrir
un debate jurídico y probatorio, que ya fue resuelto por el juez natural de la causa.

(iii) Otras intervenciones

8.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
remitió el expediente requerido. Respecto al fondo del asunto guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

C. De la acción de tutela contra providencias judiciales

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales17.

9.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un
instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior18.

9.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son los siguientes19:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

• Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de inmediatez.

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012,

exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de

2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de

febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03010-00
Accionante: Roosbell León Pinto
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,

• Que no se trate de sentencias de tutela.

9.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante
el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales
tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no
existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional20.

9.4.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

9.5.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional21 y, en ese sentido, evitar
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 22 ; (ii)
restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada

20 Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional.

21 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo

siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un
mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión
de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo
intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de
instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso
concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia”.
22 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a

la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan
afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la
jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no
tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés
constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-
1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-931
de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales23; e (iii)
impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades
jurisdiccionales24.

9.6.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales25: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.

9.7.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia
judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”26.

23 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los

fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia
la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta
cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional
ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo
excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación
uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
24 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias

judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es
necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un
derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional.
25 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para

comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún
llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía
de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de
la Corte Constitucional.
26 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.

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9.8.- De cuanto hasta ahora ha sido reseñado, le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que, una vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser
adecuadamente formulados por el interesado27.

D. Análisis del caso concreto

10.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará, en lo que sigue, de verificar
si las circunstancias que se alegan en la presente causa acreditan los requisitos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si cumple el
requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a
abordar el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si el Consejo de
Estado – Sección Segunda – Subsección B en -el fallo de 25 de noviembre de 2021,
incurrió en los yerros alegados por la parte accionante y si se justifica la adopción de
medidas de protección de los derechos fundamentales invocados.

E. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

11.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional es necesario
entrar a examinar dos elementos, a saber28:

• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración
ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con
suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela,
de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato
constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar
justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe
permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone
aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.

• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que

27 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de

diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de
noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte
Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y SU-490 de 2016.
28 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado

número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la determinación
contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.

12.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el recurso de apelación
presentado por el accionante y el contenido de la providencia proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, no encuentra esta Sala
que dicha autoridad judicial haya transgredido los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, así como tampoco que hubiere incurrido en los
defectos específicos que se le atribuyen. Ciertamente, una revisión de los
planteamientos expuestos en la acción de tutela permite advertir que su propósito es
convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o
complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y concluido, al
pretender reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la causa por no estar
de acuerdo con la decisión de confirmar el fallo de primera instancia, mediante el
cual se negaron las pretensiones de la demanda.

13.- En efecto, para sustentar la ocurrencia del defecto fáctico, el accionante alegó
la falta de valoración del material probatorio obrante en el expediente ordinario, tanto
las pruebas documentales como las pruebas testimoniales que fueron recaudadas
en el trámite contencioso administrativo, argumentos que también fueron expuestos
en el recurso de apelación, así:

<< (…) Como se extrae de la sentencia recurrida, su falta de motivación fáctica o probatoria
es evidente dado que se limita a afirmar que no se lograron probar, o lo que es lo mismo,
que no hay prueba de las ilegalidades endilgadas, sin realizar análisis material alguno del
cúmulo probatorio recaudado en el expediente (…).

Como se demostró en precedencia, la sentencia del a-quo carece de un análisis probatorio
que sustente razonamientos conclusivos, lo cual implica que tal providencia dejó de lado
considerar las pruebas que señalan, sin duda alguna, que las decisiones administrativas
demandadas constituyen un abuso de poder, son arbitrarias y caprichosas,
desproporcionadas e irrazonables, que dejaron de lado, en su ejercicio, el fin del
mejoramiento del servicio que no fue siquiera considerado al efecto, y se basaron
simplemente en una retaliación y trato discriminatorio en contra del demandante por tener la
condición de haber sido reintegrado al servicio por efectos de una decisión judicial (…)

De lo anterior se concluye, bajo un análisis integral y con arreglo a la san critica de la prueba
documental recaudada, que el motivo oculto de la no selección de LEON PINTO al curso
CAEM y, finalmente, de su retiro del servicio activo, fue su condición de reintegrado por
orden judicial, lo cual le llevo a ser objeto de marginamiento y trato discriminatorio (…)

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03010-00
Accionante: Roosbell León Pinto
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

La testimonial, entonces, es conteste en señalar el trato discriminatorio y de marginamiento
a que se someten los Oficiales que son reintegrados al servicio activo por orden judicial, lo
cual efectivamente aconteció con mi mandante (…)>>.

13.1.- No obstante, contrario a lo expuesto por el actor, se advierte que, en virtud del
principio de la libre apreciación de la prueba que rige en materia procesal29, el juez
de lo contencioso administrativo realizó un análisis en conjunto del acervo probatorio
obrante en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, otra cosa es que
la decisión resultara contraria a los intereses de la parte actora. Por interesar al
asunto, la Sala traerá a colación el análisis efectuado en dicha providencia:

<< 3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación
respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:

a) Hoja de vida, expedida por la dirección de personal del Ejército Nacional, la cual da cuenta
de que el actor ingresó a la institución como alumno oficial el 1o. de febrero de 1986 y para
la fecha de retiro (24 de junio de 2016), se desempeñaba como coronel; acumuló 29 años,
9 meses y 23 días de servicios (ff. 288 a 289).

b) Resolución 3305 de 11 de junio de 2010 (ff. 9 a 11), por la que el Ministro de Defensa
Nacional retiró del servicio activo por llamamiento a calificar servicios al actor.

c) Sentencia de 28 de junio de 2013 (ff. 13 a 25), con la cual el Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio ordenó a la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Ejército Nacional reintegrar al demandante «al cargo que venía
desempeñando, [...] u otro cargo de superior jerarquía al que venía desempeñando al
momento del retiro, sin solución de continuidad ni interrupción en el servicio (…)

d) Resolución 1458 de 1°. de agosto de 2014 (ff. 33 y 34), por conducto de la que el
presidente de la República, en cumplimiento a la orden anterior, reintegró al demandante al
servicio activo del Ejército Nacional.

e) Resolución 2788 de 30 de diciembre de 2014 (ff. 36 a 39), emitida por el presidente de la
República, en la cual se ascendió al actor al grado de coronel a partir del 5 de diciembre de
2010.

f) El 18 de febrero de 2016 el mencionado coronel solicitó del comandante del Ejército
Nacional que lo propusiera para «el Curso de Altos Estudios Militares y ascenso a Brigadier
General» (sic) [ff. 43 a 45].

f) Por medio de oficio 20165620270521 de 7 de marzo de 2016, el director de personal del
Ejército Nacional, en respuesta a la petición precedente (…)

g) Acta 10 de 31 de octubre de 2015 de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional,
en la que, por unanimidad, se propusieron 12 oficiales para ser llamados a curso de altos
estudios militares 2016 y no fueron propuestos otros 67, dentro de los cuales se encuentra
enunciado el accionante (ff. 66 a 69).

29 “ARTÍCULO 176. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de

la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o
validez de ciertos actos.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03010-00
Accionante: Roosbell León Pinto
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

h) Decreto 2544 de 30 de diciembre de 2015 (f. 107), suscrito por el presidente de la
República, por medio del que prorrogó hasta el 15 de enero de 2016 la comisión permanente
de estudios en el exterior que el demandante adelantaba desde el 27 de junio de 2015, en
un curso de inglés en la ciudad de San Francisco (California, Estados Unidos de América).

i) Decreto 1025 de 24 de junio de 2016 (ff. 4 a 7), en el que el presidente de la República
consideró que «la Honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las
Fuerzas Militares, en sesión Ordinaria del 25 de enero de 2016, registrada en el Acta No.
01, recomendó el retiro del servicio activo por “Llamamiento a calificar servicios”, de los
Oficiales relacionados en el presente Decreto [...]», y que «[...] los oficiales relacionados en
el presente acto administrativo, cuentan con más de quince (15) años de servicio, tiempo
que los hace acreedores a una asignación de retiro, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 0991 del 15 de mayo de 2015 [...]», por lo tanto, retiró del servicio activo del Ejército
Nacional, en forma temporal, con pase a la reserva por llamamiento a calificar servicios a
tres oficiales, entre ellos al actor. La decisión se le comunicó el 26 siguiente (f. 64).

j) Dentro de este proceso judicial se recaudaron los testimonios de los señores (i) Luis
Fernando Paniagua Yepes, quien afirmó que no trabajó con el actor, sino que se conocían
por una abogada en común, que también fue reintegrado después de un retiro del servicio y
experimentó trato discriminatorio y que no le consta nada en el caso del señor León Pinto;
(ii) Henry Mauricio Kure Parra, (iii) Fredy Ayala Barragán y (iv) Héctor Javier Valencia
Cuartas, quienes expresaron conocer al demandante como compañero y que creían que no
fue llamado al curso de ascenso a brigadier general porque era un reintegrado al servicio
por orden judicial (ff. 225 a 228 y CD en f. 229).

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el demandante (i) prestó sus
servicios como oficial del Ejército Nacional durante más de 29 años y su último grado fue el
de coronel; (ii) fue retirado del servicio a través de Resolución 3305 de 11 de junio de 2010;
(iii) reintegrado por orden judicial, sin solución de continuidad, por Resolución 1458 de 1°.
de agosto de 2014; (iv) en acta 10 de 31 de octubre de 2015 la junta asesora del Ministerio
de Defensa Nacional no lo propuso para curso de altos estudios militares; y (iii) mediante
Decreto 1025 de 24 de junio de 2016, el presidente de la República lo retiró por llamamiento
a calificar servicios.

(…)

Por otra parte, de cara al retiro del servicio del demandante, por llamamiento a calificar
servicios, como se dejó anotado en el acápite precedente, los artículos 99 y 103 del Decreto
1790 de 2000 facultan a la Administración para retirar por llamamiento a calificar servicios a
aquellos oficiales que tengan las condiciones para hacerse acreedores a la asignación de
retiro, previo concepto de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las
fuerzas militares; potestad que comporta carácter discrecional y, por ende, no es viable la
motivación expresa del respectivo acto administrativo, como tampoco la posibilidad de darle
a conocer al interesado los fundamentos o soportes de la recomendación de la aludida junta,
puesto que constituye una herramienta indispensable para la renovación de los cuadros de
mando de la fuerza pública, precedida por razones de conveniencia institucional.

Por lo tanto, en principio, el Decreto 1025 de 24 de junio de 2016, por medio del cual se
dispuso el retiro del actor por llamamiento a calificar servicios, satisface los presupuestos
contenidos en el Decreto 1790 de 2000, toda vez que él contaba con más de 29 años de
servicios en el Ejército Nacional, por lo que conforme al artículo 1o. del Decreto 991 de
201513, tenía derecho a la asignación de retiro, una vez colmara los tres meses de alta,
equivalente al «[...] cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el
artículo 13 del Decreto número 4433 de 2004, por los quince (15) primeros años de servicio
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03010-00
Accionante: Roosbell León Pinto
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total
sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo monto, incrementando en un dos
por ciento (2%) por cada año adicional después de los veinticuatro (24) años de servicio, sin
que el total sobrepase el noventa y cinco (95%) de las partidas computables [...]».

Asimismo, el mencionado Decreto 1025 de 24 de junio de 2016 tuvo como fundamento el
concepto de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional, plasmado en acta 1 de 25
de enero anterior, en la que se determinó recomendar la desvinculación del accionante por
llamamiento a calificar servicios, en los términos de los artículos 99 y 103 del Decreto 1790
de 2000.

Ahora bien, comoquiera que la potestad de retirar del servicio por llamamiento a calificar
servicios no requiere de una motivación expresa, lo cierto es que no puede ser utilizada de
manera arbitraria como un medio de persecución laboral o de abuso de poder, por lo que si
el demandante estima que aquella tuvo un sustento contrario a la Constitución y la ley, le
corresponde la carga probatoria de demostrar que su retiro estuvo precedido por una
arbitrariedad.

En el asunto sub examine, el demandante alega que, por haber sido reintegrado al cargo en
el año 2014 por orden judicial, fue discriminado y relegado en la asignación de funciones; y
que por su insistencia para ser llamado al curso de altos estudios militares como requisito
previo de ascenso a brigadier general, fue retirado del servicio, lo cual, en su criterio
configuró falsa motivación y desviación de poder, pues no se tuvo en cuenta su excelente
trayectoria en la fuerza pública.

Sobre dichos aspectos, la Sala no cuestiona ni pone en entredicho las calidades
profesionales y personales del actor y su trayectoria en el Ejército Nacional, sin embargo,
cabe recordar que los reconocimientos y felicitaciones por sí solos no desvirtúan la
presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado, toda vez que el buen
desempeño y la idoneidad en el ejercicio de un empleo público se exige de cualquier servidor
estatal y el retiro por llamamiento a calificar servicios no comporta una sanción30, sino un
instrumento para relevar los mandos dentro del Ejército Nacional, por ello se usa en la
medida en que el personal oficial tenga los requisitos satisfechos para acceder a una
asignación de retiro.

Agrégase a lo anotado que, en todo caso, no existe ninguna prueba demostrativa de que el
retiro del actor haya sido por propósitos desviados, arbitrarios o fraudulentos, pues lo único
que se puede concluir en su caso es que por el tiempo de permanencia en la institución, que
superaba los 29 años, y la imposibilidad de ascenderlo a un grado superior, era pertinente
su retiro del servicio, dadas las necesidades de rotación de personal en los cupos disponibles
en cada arma y de renovación institucional.

En tal sentido, se advierte que es la parte demandante quien debe acreditar de manera
inequívoca que como consecuencia de un ejercicio arbitrario de la facultad discrecional el
servicio desmejora, se configura incoherencia frente a los hechos que le sirven de causa a
la decisión, o que la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional no se fundamenta en
un estudio objetivo de su trayectoria, es decir, que se aparta de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, lo cual no se demostró en este caso.

De igual manera, resulta pertinente destacar que no se observa relación de causalidad entre
el reintegro del accionante (el cual se produjo por una orden judicial acatada en debida forma

30 Cita original: “En similar sentido se pronunció esta subsección, en sentencia de 1°. de diciembre de

2016, C. P. César Palomino Cortés, expediente 41001-23-31-000-2003-00401-01 (1129-2014).”
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03010-00
Accionante: Roosbell León Pinto
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

por el Ejército Nacional, a través de Decreto 1458 de 1°. de agosto de 2014) y la decisión de
desvincularlo por llamamiento a calificar servicios, toda vez que esta última se adoptó
trascurridos casi dos años y no existe evidencia alguna de que durante ese tiempo él haya
sido objeto de «marginamiento o exclusión», como lo aduce, pues, contrario sensu, después
de su reintegro a la referida institución, fue ascendido a coronel e incluso se le comisionó
para que adelantara estudios en el exterior (…) >>.

13.2.- Bajo este escenario, no hay duda de que el accionante propuso en sede de
tutela los argumentos expuestos en el escrito de apelación interpuesto en contra del
fallo del 9 de agosto de 2019 y que estos, a su vez, fueron resueltos en su totalidad
por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, por lo que resulta
evidente, que la supuesta configuración del defecto fáctico, comporta una tercera
instancia, lo que desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela como mecanismo
supletivo de protección de los derechos fundamentales.

14.- A su vez, en relación con el defecto sustantivo, el actor aseveró que las
autoridades accionadas interpretaron de forma errónea el artículo 44 del CPACA, así
como los Decretos 1790 y 1799 de 2000, pues se limitaron a realizar un análisis
sobre el cumplimiento de los requisitos objetivos para ejercer la facultad discrecional
del llamamiento a calificar servicios, sin examinar la proporcionalidad y razonabilidad
respecto del contenido de las decisiones administrativas demandadas, las cuales, se
insiste, resultan arbitrarias, caprichosas, desproporcionadas e irrazonables.

14.1.- Al respecto, la Sala advierte que la parte accionante busca crear una instancia
adicional, al proceso contencioso administrativo y reabrir un debate jurídico, en torno
a la legalidad del acto administrativo cuestionado, asunto que, como ya se vio, fue
objeto de estudio ante las instancias respectivas, por lo que carece de relevancia
constitucional.

15.- Frente al desconocimiento del precedente judicial alegado, el accionante indicó
que las autoridades enjuiciadas se apartaron de las sentencias del 23 de marzo de
2006, 24 de marzo, 12 de octubre y 17 de noviembre de 2011 y 19 de abril de 2012,
dictadas por esta corporación y los fallos C-819 del 2005, C-553 del 2010, T-265 del
2013, SU-091 y SU-217 del 2016, proferidos por la Corte Constitucional, al no realizar
un análisis de proporcionalidad y razonabilidad respecto a la facultad discrecional del
llamamiento a calificar servicios.

16.- La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como “aquel conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente
un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia” 31.

31 Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017, MP. Alberto Rojas Ríos.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03010-00
Accionante: Roosbell León Pinto
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

16.1.- En tal sentido, el juzgador tiene el deber de acatar el precedente, siempre y
cuando la ratio decidendi de la sentencia anterior: i) fije una regla relacionada con el
caso pendiente de resolver, ii) haya servido como fundamento para solucionar un
problema jurídico similar al que es objeto de análisis y, iii) contenga supuestos de
hecho semejantes al asunto sometido a estudio32.

16.2.- De esta manera, el desconocimiento del precedente se configura cuando el
fallador judicial al resolver asuntos que presentan una situación fáctica similar a los
decididos en las sentencias proferidas por las altas cortes o dictadas por ellos
mismos, se aparta de dichas providencias sin exponer las razones jurídicas que
justifiquen su decisión, es decir, el juzgador se aparta del precedente cuando no
aplica una misma consecuencia jurídica ante un supuesto fáctico similar.

17.- Así las cosas, se advierte que las sentencias proferidas por el Consejo de Estado
que se estiman desconocidas, no constituyen precedente judicial alguno, toda vez
que los supuestos de hecho difieren a los que fueron objeto de estudio en la
providencia enjuiciada, toda vez que: i) en el fallo de 24 de marzo de 2011, el ente
demandado declaró insubsistente a un funcionario vinculado a una Corporación
Autónoma Regional y, ii) en la providencia del 12 de octubre de 2013, se estudió la
negativa del reconocimiento y pago de una nivelación salarial de un servidor que
prestaba sus servicios al Departamento de Santander.

17.1.- Asimismo, las sentencias C-819 de 2005 y C-533 de 2010, dictadas por el
máximo tribunal constitucional, tampoco constituyen precedente judicial, pues versan
sobre supuestos fácticos diferentes al asunto cuestionado, ya que, la primera, se
centró en examinar la potestad discrecional del Presidente de la República en la
escogencia de los más altos grados de la escala militar y los ascensos al interior de
la referida entidad, pero no fue objeto de estudio la figura del llamamiento a calificar
servicio, y en la última de estas, se realizó un análisis relativo a la carrera
administrativa especial de los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado
Civil.

17.2.- Ahora, si bien las providencias del 23 de marzo de 2006, 17 de noviembre de
2011 y 19 de abril de 2012, proferidas por esta Corporación, presentan supuestos
fácticos similares, pues en ellas se resolvieron acciones de nulidad y
restablecimiento del derecho, en las cuales se estudiaron actos administrativos, a
través de los cuales servidores del Ejército Nacional fueron retirados del servicio,
bajo la figura del llamamiento a calificar servicios, lo cierto es que en dichas
providencias no se fijaron reglas unificadoras de las cuales se pueda predicar su
desconocimiento.

32 Ibídem.

14

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Accionante: Roosbell León Pinto
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

17.3.- Sumado a ello, se debe precisar que el fallo T-265 de 2013, por tratarse de
una sentencia de tutela tiene efectos inter partes, es decir, que el estudio efectuado
por la Corte Constitucional sobre los derechos fundamentales allí invocados,
únicamente cobija a los sujetos procesales que intervinieron en el trámite de la acción
constitucional. Por lo tanto, dicha providencia no resulta precedente aplicable al
asunto sometido a estudio.

17.4.- En lo concerniente a los fallos de unificación 091 y 217 del 2016, se advierte
que los mismos si constituyen precedente judicial aplicable al caso sub examine,
pues allí se fijaron unos criterios de unificación sobre el llamamiento a calificar
servicios, así como fueron objeto de estudio decisiones administrativas, mediante las
cuales se retiró del servicio activo a miembros del Ejército Nacional, en ejercicio de
la aludida facultad discrecional.

17.4.1.- No obstante lo anterior, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada
no se apartó en forma alguna de las referidas decisiones unificadoras, por el
contrario, la providencia acusada acogió los criterios establecidos por la Corte
Constitucional sobre los actos administrativos, a través de los cuales se retiran del
servicio a miembros de la Fuerza Pública, bajo la figura del llamamiento a calificar
servicios, tal y como se muestra a continuación:

<< Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia SU- 091 de 25 de febrero de 20169,
precisó su jurisprudencia acerca de la motivación de los actos administrativos a través de
los cuales la Administración dispone el retiro de servidores de la fuerza pública por
llamamiento a calificar servicios asi:

(…) En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a establecer que, si
bien no es exigible a la Fuerza Pública una motivación expresa del acto, pues ella está
claramente contenida en la Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el
llamamiento a calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder.

Para evitar estas prácticas, quien considere haber sido víctima de un uso fraudulento
de la figura de llamamiento a calificar servicios, podrá presentar los recursos
pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y tendrá a su carga
la demostración probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios
o fraudulentos. De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública la carga probatoria
sobre la motivación del acto de llamamiento a calificar servicios, que se presume responde
a la exigencia legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos que sobre uso
fraudulento se presenten [33] (se destaca)

33 Cita original: “Criterio reiterado por ese mismo cuerpo colegiado, a través de fallo SU-217 de 28 de

abril de 2016, magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado: «[...] la sentencia SU-091 de 2016
unificó una regla jurisprudencial que determinó que los actos de llamamiento a calificar servicios, si
bien están sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior como todos los actos
administrativos, no requieren de una motivación más allá de la extratextual contemplada en las
normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración, se promueve
la necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y se observan todas las
garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, a diferencia
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03010-00
Accionante: Roosbell León Pinto
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

En este orden de ideas, actualmente, coincide el criterio jurisprudencial de la Corte
Constitucional con el de esta Corporación, en el sentido de que los actos administrativos de
retiro por llamamiento a calificar servicios se presumen expedidos en aras del mejoramiento
del servicio oficial, por lo que no es necesaria su motivación expresa, toda vez que dicho
llamamiento comporta una herramienta indispensable para la renovación de los cuadros de
mando de la fuerza pública, sin que esto implique una potestad arbitraria que esconda otras
razones de fondo diferentes a los requisitos legales para su configuración, pues en caso de
que ello ocurra el afectado tendrá la posibilidad de demandar a través de la acción (hoy
medio de control) de nulidad y restablecimiento del derecho, eso sí con la carga probatoria
tendiente a desvirtuar la aludida presunción de legalidad.

Dicho en otras palabras, en lo que atañe al llamamiento a calificar servicios, si bien se
efectúa en ejercicio de una facultad discrecional y para la emisión del respectivo acto
administrativo debe observarse el principio de proporcionalidad, tiene como propósito la
renovación del personal uniformado, por lo cual está precedido por razones de conveniencia
institucional, mas no de carácter subjetivo, y en tal sentido no es dable exigir una motivación
expresa o un soporte documental de esta.>>

18.- De lo expuesto, se observa que la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación no desconoció el precedente judicial sentado sobre la materia por el
máximo tribunal constitucional, por el contrario, en aplicación del mismo, concluyó
válidamente que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad sobre el acto
administrativo, por el cual fue retirado del servicio, bajo la causal del llamamiento a
calificar servicios, pues no logró acreditar que el ejercicio de la facultad discrecional
tuvo una finalidad contraria a la Constitución o a la Ley.

19.- En síntesis, de la lectura total del fallo acusado se observa que se citaron las
normas y la jurisprudencia que resultaban aplicables al caso concreto, así mismo,
que se estudió los hechos y las pruebas aportadas, por lo que, la decisión sometida
a examen no comporta una actuación arbitraria o abusiva y, por el contrario,
encuentra que la misma fue proferida dentro del marco de la sana crítica, autonomía
e independencia judicial, sustentándose en disposiciones claramente aplicables al
caso concreto, con apoyo en el material probatorio aportado al proceso, sin que
pueda decirse que la decisión vulnera derechos fundamentales de la parte actora.

20.- Bajo ese contexto, las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, responden, en realidad,
a una discrepancia valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es
susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre
que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado
a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de
la sana crítica y en virtud de su autonomía e independencia.

del retiro por voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino una manera
decorosa de culminar la carrera militar o policial»”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03010-00
Accionante: Roosbell León Pinto
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

21.- Por último, el actor adujo que las autoridades accionadas violaron directamente
la Constitución, al desconocer lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121,
125, 217, 228 y 230 de la Carta Política, sin explicar clara ni suficientemente si las
autoridades judiciales demandadas omitieron aplicar una norma de carácter
iusfundamental en una situación particular o si aplicaron ciertas disposiciones
normativas que desconocen lo establecido en la Constitución.

21.1.- En otras palabras, la parte promotora del recurso de amparo no cumplió con
el deber de indicar con rigor demostrativo el yerro o vicio que, en su sentir, se produjo
en el fallo que reprocha, pues aun cuando invocó en un sentido general la existencia
de una deficiencia por violación directa de la Constitución, en ninguno de sus
argumentos logró identificar los escenarios genéricos de configuración perfilados por
la Corte Constitucional para habilitar la intervención excepcional del juez de tutela,
limitándose a enunciar la transgresión al debido proceso y acceso a la administración
de justicia, haciendo aproximaciones generales sin sustentar debidamente las
razones por las cuales aquella se produce.

21.2.- En ese contexto, como se expuso anteriormente, no basta con que el actor
enuncie los derechos presuntamente vulnerados y el defecto en que, a su sentir,
incurrió la autoridad judicial accionada, sino que tal vulneración debe estar
justificada, es decir, tener una carga argumentativa mínima, en la que se exprese
con suficiencia las razones y motivos que desde la perspectiva constitucional revelan
un juicio de desvalor de los derechos fundamentales de quien la promueve de cara
a la acción y definición que ha adoptado el juez encargado por mandato
constitucional de definir el derecho y, se debe argumentar los motivos de la presunta
vulneración, requisito que no cumple la parte accionante.

22.- Así las cosas, la acción de tutela que se examina no cumple con el presupuesto
general de relevancia constitucional, máxime porque su objeto es reabrir un debate
ya tramitado y concluido en las instancias respectivas, lo que desnaturaliza la
finalidad de la acción de tutela como mecanismo supletivo de protección de los
derechos fundamentales. Por lo tanto, esta Sala declarará improcedente la solicitud
de amparo.

23.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por el
señor Roosbell León Pinto.

SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
17

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03010-00
Accionante: Roosbell León Pinto
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE34
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

34 VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
18

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