Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03014-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03014-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03014-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03014-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
5 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022).
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03014-01
Demandante: Ángela María Gómez Espinoza y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Improcedencia – la parte actora no cumplió con la respectiva
carga argumentativa.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por los señores Ángela María
Gómez Espinoza y Jaime de Jesús Flórez Morales en contra de la sentencia
proferida el 17 de agosto de 2022, por la Sección Tercera – Subsección B del
Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió:
<<PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Angela María Gómez Espinoza y Jaime de Jesús Flórez Morales contra la Sala
Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito
(artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se
adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o recurso contra la
misma, deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por
la Secretaría General para tal fin.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente
providencia en la página web del Consejo de Estado>> (negrilla propia del texto).
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 2 de junio de 2022, los señores Ángela María Gómez Espinoza y Jaime de
Jesús Flórez Morales, interpusieron demanda de tutela contra la Sala Quinta Mixta
del Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
junto con el principio de la “primacía del derecho sustancial sobre el formal”.
Consideran que tales prerrogativas fueron vulneradas por la autoridad judicial
1
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03014-01.
Demandante: Ángela María Gómez Espinoza y otro.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Quinta Mixta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
accionada al proferir la sentencia del 19 de mayo de 20221, dentro del proceso de
reparación directa2 que promovieron en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía, el Municipio de Medellín, el Municipio de Copacabana, y la señora Martha
Cecilia Díaz Restrepo como de Inspectora de Policía de Copacabana, por el indebido
tratamiento y manejo dado al cadáver de su hijo Faber Norvey Flórez Gómez.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente3:
<<PRIMERA: Que se restablezcan nuestros derechos fundamentales vulnerados por
la sentencia del 21 de julio de 2021 de la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo
de Antioquia.
SEGUNDA: Que se anule el fallo proferido el día 19 de mayo de 2022, sentencia N°
047 de 2022 dictada por Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia y
en consecuencia se dicte nuevamente la sentencia.
TERCERA: Que se condene en costas a la parte accionada.
Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra determinación que el Despacho considere
procedente para proteger efectivamente los derechos reclamados, habida
consideración a las amplias facultades de que está investido el juez constitucional para
hacer prevalecer la integridad y supremacía de la Constitución>> (negrilla propia del
texto).
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:
4.- El 21 de septiembre de 2010, el señor Faber Flórez, hijo de los accionantes, salió
de su residencia en el Municipio de Bello – Antioquia para el barrio Manrique en
Medellín. Advirtiendo que su hijo no regresó a su hogar, la señora Ángela María
Gómez entre los días 22 y 24 de septiembre de dicha anualidad, averiguó con
familiares y conocidos tratando de conocer su paradero, incluso llamó “a Hospitales
en Medellín, Clínicas, Centro de salud, [fue] a Medicina Legal, al Bunker de la
Fiscalía General de la Nación, entre otros sitios”4, sin lograr ubicar a su hijo. Por su
parte, su padre, el señor Jaime de Jesús Flórez, “habló con un Sargento Tobar de la
Policía Nacional” cerca de su lugar de trabajo5, quien le indicó que debía
comunicarse a la línea 123 para denunciar la desaparición, por lo que quedaron a la
espera de obtener alguna información sobre su localización.
5.- Pasada aproximadamente una semana, un amigo del señor Faber Flórez se
comunicó con su hermano mayor, comentándole que habían encontrado un cuerpo
entre Girardota y Copacabana con sus rasgos físicos, sugiriéndole acudir al Hospital
Santa Margarita de Copacabana. En atención a lo anterior, los padres del señor
1 Decisión que fue notificada el 19 de mayo de 2022, a través de correo electrónico.
2 Identificado con número de radicado: 05001-33-33-009-2012-00315-01.
3 Expediente digital, folio 12 del escrito de tutela.
4 Expediente digital, folio 2 del Cuaderno Principal del expediente con radicado No. 05001-33-33-009-2012-
00315-01
5 Ídem.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03014-01.
Demandante: Ángela María Gómez Espinoza y otro.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Quinta Mixta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
Flórez Gómez acudieron al centro de salud indicado y allí, preguntaron al personal
de vigilancia por el cadáver de un N.N. encontrado recientemente, “el vigilante
procedió a sacar una cámara donde les mostró fotos, dentro de las cuales
reconocieron a FABER NORVEY”6, por lo que, los remitieron con la inspectora
Martha Cecilia Díaz Restrepo, quien les entregó un documento que certificaba las
condiciones físicas del NN”, ante lo cual, los accionantes manifestaron ser los padres
del occiso, es decir, del señor Flórez Gómez.
6.- La referida funcionaria pública les informó que el cuerpo había sido encontrado el
23 de septiembre de 2010 en una cuneta en vía pública de la vereda El Noral, frente
al Estadero Santo Coyote, con herida de bala mortal en la cabeza, por lo que se
procedió a sepultarlo el 25 de septiembre siguiente. Los padres de la víctima le
comunicaron su deseo de darle una “cristiana sepultura” y no dejarlo enterrado como
N.N., ante lo cual la inspectora les informó que podían acercarse a la URI de
Copacabana para adelantar los trámites respectivos, “aunque les sugirió que lo
dejaran así y que estaba enterrado en el Cementerio Universal de Medellín”7
7.- El 27 de septiembre de 2010, los padres del occiso fueron a la URI de
Copacabana y de allí los enviaron al Bunker de la Fiscalía General de la Nación,
lugar en el que les indicaron que acorde a la ley, el cuerpo de un N.N. “tenía que
estar en una cava como mínimo un mes”, por lo que era extraño que en el caso
particular ello no hubiera sido así.
8.- Con todo, el 28 de septiembre de 2010, el ente investigador emitió oficio
ordenando al administrador del Cementerio Universal exhumar el cadáver del señor
Faber Flórez y entregarlo a sus familiares. No obstante, al día siguiente, esto es, el
29 de septiembre siguiente, fecha en que se iba a hacer la entrega del cadáver, el
administrador del camposanto se negó ante el incumplimiento de algunos requisitos
para ello y entregó una lista completa de estos a los demandantes. Por ende, los
familiares del occiso volvieron a acudir a la Fiscalía General de la Nación, relataron
lo sucedido y en virtud de ello, dicha autoridad expidió un nuevo oficio ordenando al
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregar el cadáver a los
accionantes, luego de realizada la respectiva necropsia.
9.- En consecuencia, se programó la entrega del cuerpo para el 1 de octubre de
2010; sin embargo, la funeraria exigió la entrega del registro de defunción,
documento que no estaba listo y cuyo trámite de expedición debía ser adelantado
por la Inspectora Martha Cecilia Díaz Restrepo. Los padres del occiso intentaron
solicitarle adelantar las respectivas diligencias a la funcionaria pública y al no obtener
respuesta favorable de su parte, acudieron a la Fiscalía 88 Local de la URI, quien se
hizo cargo de los trámites restantes para lograr la entrega del cadáver.
10.- Por lo anteriormente expuesto, los señores Ángela María Gómez Espinoza y
Jaime de Jesús Flórez Morales presentaron demanda en ejercicio del medio de
6 Expediente digital, folio 3 del Cuaderno Principal del expediente con radicado No. 05001-33-33-009-2012-
00315-01
7 Ídem.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03014-01.
Demandante: Ángela María Gómez Espinoza y otro.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Quinta Mixta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, los municipios de Medellín y Copacabana, y de la señora Martha Cecilia
Díaz Restrepo, en calidad de Inspectora de Policía de Copacabana, a fin de que
fueran declarados solidariamente responsables por los daños antijurídicos causados
con ocasión del incumplimiento de los protocolos relacionados con el trato
respetuoso y digno a los muertos. En consecuencia, solicitaron el reconocimiento y
pago de la debida indemnización de perjuicios.
11.- Al respecto, alegaron que era deber del Estado dar un trato digno al cadáver,
por lo que, se tuvo que averiguar su identidad, buscar a sus “deudos” y devolverlo a
la familia oportunamente para ser sepultado con decoro y dignidad, en respeto de
las creencias religiosas de dichos familiares.
12.- El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Medellín, en sentencia del 27
de julio de 2018, precisó que ante la falta de prueba formal sobre la relación del
occiso con los demandantes, estos se considerarían sus padres de crianza, y
seguidamente, negó las pretensiones de la demanda, al estimar que no se acreditó
la antijuridicidad del daño reclamado, en razón a que: i) la pronta inhumación del
cadáver del hijo de los demandantes no podía ser objeto de reproche teniendo en
cuenta que tuvo fundamento en la preservación de la salud pública, frente a lo cual,
además, la parte actora no logró probar que fueran otras las razones por las cuales
se dio sepultura pronta a la víctima tal como lo insinuó, ii) los demandantes no
probaron, como era su deber, que para la época de los hechos el Hospital Santa
Margarita y/o el cementerio de Copacabana contaran con cavas para la preservación
del cadáver, iii) el análisis de la antijuridicidad del daño no debía hacerse teniendo
en cuenta el tiempo en que las autoridades tomaron medias para inhumar el cuerpo
desde que fue hallado, sino las actuaciones desplegadas para identificar el cadáver
y el cumplimiento de los requisitos para inhumar el cuerpo de los N.N. acorde a lo
dispuesto en la Resolución 5294 de 2010, y iv) si bien manifiestan los demandantes
varias dificultades de orden administrativo para lograr la exhumación del cadáver,
ésta se ejecutó pasados solo 5 días desde que los padres lo localizaron, aun cuando
los demandantes no probaron haber cumplido con ciertos requisitos exigidos para
ello.
13.- Inconformes con la anterior decisión judicial, los accionantes presentaron
recurso de apelación alegando que, oficiosamente el juez de primera instancia debió
solicitar el registro civil del occiso para subsanar las deficiencias formales en la
prueba sobre el parentesco con los demandantes. Seguidamente, alegaron que no
podía desconocerse la falta de conciencia de las autoridades que toleran que, tras
encontrar asesinado un ser humano en una cuneta o zanja de una vía pública
procedan a inhumar “a toda velocidad dependiendo de la clase a que pertenezca por
la sola apariencia del cadáver, por su color, por el lugar donde se encuentre, y por la
forma como fue muerto”8, insinuando que dependiendo del status social, se trataba
a los cadáveres. Por demás, arguyeron que, el no disponer de cavas para haber
preservado el cuerpo del señor Faber Flórez, su consecuente inhumación de forma
8 Expediente digital, folio 433 del Cuaderno No. 4 digital del expediente con radicado No. 05001-33-33-009-
2012-00315-01.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03014-01.
Demandante: Ángela María Gómez Espinoza y otro.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Quinta Mixta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
rápida para evitar una supuesta afectación a la salud pública y la falta de acciones
tendientes a buscar a los familiares del difunto, vulneraban la libertad de cultos de
los demandantes e igualmente, lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución
Política.
14.- La Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia en fallo del 21 de
julio de 2021, declaró la caducidad de la acción al considerar que, la fecha límite de
presentación de la demanda era el 6 de noviembre de 2012, y esta se presentó el 8
de noviembre de dicha anualidad, por lo que, revocó la decisión adoptada por el A
quo y se declaró inhibido para emitir pronunciamiento de fondo.
15.- Frente a la anterior decisión judicial, los accionantes presentaron acción de
tutela, cuyo conocimiento correspondió a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que, en sentencia del 4 de marzo de 20229, consideró que la
demanda ordinaria se había presentado en término, por lo que, ordenó a la Sala
Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia dictar la respectiva sentencia
de reemplazo.
16.- Dando cumplimiento a la orden del juez de tutela, el Tribunal Administrativo de
Antioquia profirió sentencia del 19 de mayo de 2022, en la que confirmó la decisión
del A quo, negando las pretensiones de la demanda de reparación directa, al estimar
que en el recurso de apelación propuesto por los accionantes no se plantearon
argumentos que controvirtieran el fallo de primera instancia, sino que, en este
solamente se expusieron las consideraciones y puntos de vista personales de la
parte actora sobre aspectos políticos, sociales e históricos sin controvertir las
consideraciones esgrimidas por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito
de Medellín.
17.- En el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que la Sala Quinta Mixta del
Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, junto con el principio de “primacía
del derecho sustancial sobre el formal”, al considerar que en el recurso de apelación
presentado contra la sentencia de primera instancia, no se esgrimieron argumentos
que contradijeran de fondo dicha decisión judicial.
18.- En concreto, los accionantes afirmaron que, si bien por regla general, los temas
no propuestos en el recurso de alzada deben ser excluidos del conocimiento del juez
de segunda instancia, según la jurisprudencia (sin especificarse cita específica), hay
algunas excepciones para ello, como, por ejemplo, la vulneración: “i) de las normas
o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos
vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente
ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los
Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las
normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título
puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la
causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido
9 Rad. 11001-03-15-000-2022-00342-00. M.P. María Adriana Marín
5
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03014-01.
Demandante: Ángela María Gómez Espinoza y otro.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Quinta Mixta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con
la decisión censurada”10.
19.- Así, indicaron que en la sentencia de 19 de mayo de 2022, el Tribunal accionado
incurrió en vía de hecho al no aplicar la Constitución y violar “los derechos
fundamentales al debido proceso, consagrados (sic) en los artículos 29 de la Carta
Política”11, junto con lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.
B. Sentencia de primera instancia
20.- Mediante providencia del 17 de agosto de 2022, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo al
considerar que el asunto carece de relevancia constitucional, pues la acción de tutela
no tiene la carga argumentativa suficiente para que fuera procedente la intervención
del juez de tutela, ni se probó debidamente la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, en adición a que, lo pretendido con la interposición de la
demanda constitucional era reabrir el debate jurídico dado por el juez natural de la
causa.
21.- Sobre el particular, señaló que los accionantes no encuadraron sus reparos en
ningún defecto, sino que se limitaron a reprochar la decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia bajo el argumento de que a dicha instancia judicial le
correspondía de oficio, determinar los posibles reparos en contra de la decisión del
A quo, sin fundamentar concretamente cómo se verían afectados sus derechos
fundamentales, y sin contradecir lo dicho por la instancia judicial accionada sobre la
falta de justificación del recurso de apelación en el proceso ordinario.
22.- Seguidamente, indicó que, si bien se alega el desconocimiento de lo dispuesto
en los artículos 2 y 29 de la Constitución, no se especificó nada al respecto. Por
último, señaló que, si bien se menciona que el Tribunal demandado no tuvo en
cuenta el supuesto incumplimiento de los protocolos para la disposición de cadáver
y la falta de agotamiento de los respectivos trámites de búsqueda a familiares de la
víctima por parte de las autoridades demandadas, lo cierto es que dichas
afirmaciones carecían de sustento jurídico y probatorio, no pudiendo concluirse la
concreción de un defecto fáctico.
C. La impugnación
23.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación,
reiterando los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela, y adicionalmente, alegó
que el a quo en el presente asunto, desconoció que reiterada jurisprudencia ha
establecido que es deber del juez de tutela amparar derechos fundamentales, “aun
cuando el escrito de amparo adolezca de ciertas carencias argumentativas, siempre
y cuando de los hechos del escrito se pueda identificar la transgresión de una
10 Expediente digital, folio 7 del escrito de tutela.
11 Ídem.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03014-01.
Demandante: Ángela María Gómez Espinoza y otro.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Quinta Mixta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
garantía fundamental”, pudiendo fallar incluso extra y ultra petita. Sumado a que, en
virtud del principio iura novit curia, “se ha determinado que la carga del actor consiste
en enunciar los hechos que soportan sus pretensiones” y al juez constitucional “le
compete adecuar e interpretar esos hechos conforme a las instituciones jurídicas
aplicables a las circunstancias fácticas descritas por el accionante”.
24.- En esa medida, los accionantes adujeron que, la Corte Constitucional en
sentencia T-577 de 2019 (M.P. Diana Fajardo Rivera) estableció que, en sede de
tutela contra providencia judicial, el juez constitucional, aun cuando haya
“deficiencias o faltas… al determinar el fundamento jurídico-constitucional” del
amparo, debe interpretar sus argumentos razonablemente y adecuarlos a las
instituciones jurídicas pertinentes, para garantizar la protección de los derechos
fundamentales en juego. Interpretación que, según la parte actora, ha sido reiterada
en las sentencias: “SU-195 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. SPV. Jorge
Pretelt Chaljub; SU-061 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. AV. Alejandro
Linares Cantillo. AV. Gloria Ortiz Delgado. AV. Carlos Bernal Pulido; T-093 de 2019.
M.P. Alberto Rojas Ríos. SV. Carlos Bernal Pulido; T-401 de 2019. M.P. Cristina
Pardo Schlesinger. SV. José Fernando Reyes; T-338 de 2019. M.P. Alberto Rojas
Ríos; T-577. M.P. Diana Fajardo Rivera; T-549 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
AV. Diana Fajardo Rivera. AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez”.
25.- Con todo, afirmaron que, en virtud de los principios de oficiosidad, pro actione,
iura novit curia y la capacidad del juez de tutela de proferir fallos extra y ultra petita,
se debe tomar un papel más activo en la interpretación del escrito de amparo y en
consecuencia, se deben identificar los elementos que le permitieran acceder a las
pretensiones esgrimidas, toda vez que, en la demanda constitucional están descritos
los hechos que sustentan la vulneración de derechos alegada.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
26.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 32 del Decreto 2591 de 199112.
E. Análisis del caso concreto
27.- Corresponde a esta Sala determinar si confirma, modifica o revoca el fallo
impugnado, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que declaró improcedente el amparo solicitado por los señores Ángela María
Gómez Espinoza y Jaime de Jesús Flórez Morales.
12 “[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
En este punto es importante precisar que, si bien en las pretensiones de la acción de tutela se pide el
restablecimiento de los derechos fundamentales de la parte actora frente a las sentencias del 21 de julio de 2021
y 19 de mayo de 2022 proferidas por la autoridad judicial demandada, teniendo en cuenta que la primera de ellas
fue dejada sin efectos mediante sentencia de tutela del 4 de marzo de 2022 por esta misma Subsección (Rad.
11001-03-15-000-2022-00342-00), el análisis de la Sala se centrará en la decisión adoptada por la Sala Quinta
Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia con fecha del 19 de mayo de 2022, en razón a que, este fallo fue
proferido en reemplazo de aquel que ya no tiene efectos jurídicos y es el que da cierre definitivo a la litis.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03014-01.
Demandante: Ángela María Gómez Espinoza y otro.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Quinta Mixta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
28.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos13:
a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan
un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve la
acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, encargado por
mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de
administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio
debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se
superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la
sentencia.
b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien no se ve favorecido con
la determinación contenida en la sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
29.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el
medio de control de reparación directa, así como el recurso de apelación presentado
por los accionantes en ese trámite judicial, no encuentra esta Sala que la autoridad
judicial accionada haya transgredido los derechos fundamentales invocados por la
parte actora. Ciertamente, una revisión de los planteamientos expuestos en la acción
de tutela permite advertir, no solo su falta de suficiencia en cuanto a su carga
argumentativa, sino, además, que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por
el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de confirmar el
fallo de primera instancia, mediante el cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
30.- Como se indicó previamente, en el escrito de tutela la parte actora alegó que el
Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales: i) al
considerar que en el recurso de apelación no se expusieron argumentos
13 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03014-01.
Demandante: Ángela María Gómez Espinoza y otro.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Quinta Mixta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
debidamente sustentados contra la decisión del Juzgado Noveno Administrativo
Oral del Circuito de Medellín, desconociendo que aun cuando no fuera alegado
expresamente por los accionantes, era su deber interpretar lo dicho por estos a fin
de identificar las falencias del A quo y en consecuencia, incluir en su análisis,
aquellas vulneraciones a la Constitución, a la ley y a aquellas normas de derecho
internacional que pudiera advertir, acorde con las excepciones que
jurisprudencialmente se han fijado en la materia; ii) se desconoció lo dispuesto en
los artículos 29 de la Constitución y 8 del Pacto de San José de Costa Rica, y iii) no
se tuvo en cuenta el incumplimiento de los protocolos para identificación de
cadáveres y búsqueda de sus familiares, junto con la rápida e injustificada
inhumación del cuerpo de su hijo.
31.- Sobre los aludidos cargos, se advierte, tal como lo hizo el A quo, que la acción
de tutela es improcedente ante su falta de carga argumentativa, toda vez que no se
mencionó defecto judicial específico a endilgar contra la decisión objeto de
demanda, en adición a que, la parte actora no esgrimió ningún argumento destinado
a contradecir la razón principal por la cual se confirmó por parte del Tribunal
demandado la decisión de primera instancia en el proceso de reparación directa,
esto es, la falta de sustentación del recurso de apelación. Al respecto, simplemente
adujo que era carga del Ad quem interpretar debidamente el referido escrito y con
base en ello volver a analizar el fallo de primera instancia, teniendo en cuenta que,
la jurisprudencia ha establecido que, excepcionalmente se pueden incluir al estudio
del caso en segunda instancia, aspectos no alegados en el escrito de apelación, por
ejemplo, al advertirse la vulneración de preceptos constitucionales, legales o de
normas internacionales.
32.- Además, los demandantes mencionaron someramente el desconocimiento de
los artículos 29 y 8 de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos
Humanos, respectivamente, sin aducir específicamente las razones por las cuales
dichas normas en efecto fueron desconocidas por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
33.- En este punto, es importante mencionar que en el escrito de impugnación la
parte actora insiste en que tanto el Tribunal accionado como el juez de tutela tienen
el deber de enmendar las deficiencias argumentativas presentadas por los
accionantes tanto en el recurso de apelación en el proceso ordinario, como en el
presente asunto, dando prevalencia a la protección de los derechos fundamentales
que invocan. No obstante, no refutaron en modo alguno que en efecto hayan
cumplido con una carga argumentativa mínima en ambas instancias para que sea
procedente el amparo constitucional pretendido.
34.- Al respecto, debe recordarse que, por oposición al principio de informalidad que
caracteriza a la acción de tutela, cuando esta se formula contra providencias
judiciales, es necesario que quien reclama la protección iusfundamental no sólo
señale los derechos que estima afectados, sino que identifique con cierto nivel de
detalle en qué consiste la violación que le atribuye al pronunciamiento judicial y
demuestre de qué forma aquel se aparta del ámbito del derecho o incurre en una
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03014-01.
Demandante: Ángela María Gómez Espinoza y otro.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Quinta Mixta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
actuación abusiva contraria al ordenamiento jurídico, no sólo por la materialidad de
la decisión y sus implicaciones, sino por las razones y fundamentos que la sustentan.
35.- De no ser así, toda providencia judicial que desestima una demanda o accede
a las pretensiones, materialmente sería transgresora de los derechos fundamentales
de la parte vencida, asunto que, a no dudarlo, cuestionaría los fundamentos del
pacto político y social en que se soporta la existencia del Estado, y con éste, el
establecimiento de autoridades que detentan el poder público bajo las diferentes
manifestaciones requeridas para la realización de los fines estatales y los derechos
de los asociados.
36.- De ahí que la tutela contra las providencias judiciales, que encarnan la
expresión del poder realizador de valores tales como la convivencia pacífica, la
seguridad de las relaciones y los derechos de los asociados, entre otros, sólo puede
ser evaluada por el juez constitucional en aquellos eventos en que se logre
establecer, a partir de una carga argumentativa seria, coherente y razonada de parte
de quien la emplea, que una determinada actuación del juzgador es manifiestamente
contraria al orden jurídico y violatoria de derechos fundamentales, en especial, de
los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Exigencia
adicional que resulta razonable, pues sin buscar imprimir a la acción de tutela
formalidades que la desnaturalicen, se requiere que el actor tenga claridad en cuanto
al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos, asunto que va más allá de
su íntima convicción de que su causa judicial estaba llamada a ser escuchada.
37.- Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no se sirvió explicar,
especificar, ni adecuar los cargos alegados contra el fallo del 19 de mayo de 2022,
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Quinta Mixta, el juez de
tutela no puede proceder a ello de forma supletiva, dado que, como ya tuvo la
oportunidad de señalarse, tratándose de acciones de tutela contra providencias
judiciales, la carga de contar con una argumentación coherente y suficiente recae
en quien invoca el amparo constitucional y no en quien la decide, en razón a que
están de por medio el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la
seguridad jurídica y la garantía de la independencia y autonomía de los jueces, que
son elementos que hacen parte de los cimientos del Estado y como tal legitiman el
obrar de sus autoridades.
38.- De acuerdo con lo anterior, los reproches planteados por la parte actora denotan
un desacuerdo con la decisión adoptada en sede de reparación directa, por ser
contraria a sus intereses, circunstancia que no es susceptible de admitirse como una
causal de procedibilidad especial, pues, en realidad, los razonamientos de los aquí
accionantes se encuentran dirigidos a reabrir el debate jurídico debidamente surtido
ante los jueces de instancia en el proceso contencioso administrativo.
39.- Ahora bien, es de resaltar que los accionantes alegaron que se pasó por alto el
incumplimiento a los protocolos sobre el manejo y entrega de cadáveres, y la
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03014-01.
Demandante: Ángela María Gómez Espinoza y otro.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Quinta Mixta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
prontitud con la que se inhumó el cuerpo del señor Faber Flórez, actuaciones que a
su juicio, daban cuenta de la responsabilidad estatal por el mal manejo del cadáver
de su hijo. No obstante, se precisa que dichos argumentos carecen de prueba y
justificación jurídica, por lo que se entiende que si bien iban dirigidos a cuestionar
parte de lo dicho por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Medellín
sobre la antijuridicidad del daño reclamado, lo cierto es que, al carecer de
fundamento alguno, constituyen un cuestionamiento sobre la interpretación
probatoria y normativa efectuada por el A quo en el proceso ordinario, que no
sustentaron debidamente durante el trámite de la reparación directa ni con la
presentación de la acción constitucional.
40.- Así, esta Subsección advierte que si la parte actora no comparte los
planteamientos de la providencia enjuiciada, tal sentir no se enmarca en la causal
específica de procedibilidad que la demandante pretende hacer valer en el marco
de este mecanismo constitucional.
41.- De este modo, no puede dejar de precisar la Sala en esta oportunidad que, a
partir de las circunstancias fácticas del asunto objeto de estudio y de los
fundamentos jurídicos que expuso el Tribunal accionado, no se deduce que dicha
autoridad hubiere incurrido en defecto alguno. Por el contrario, la decisión
cuestionada encuentra claro sustento en el principio de libre valoración judicial y,
antes de configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado
de una interpretación razonable del recurso de apelación, del material probatorio
aportado al proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas legales y
jurisprudenciales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso.
42.- En este punto, cabe recordar que el respeto al principio de autonomía judicial
impide al juez de tutela inmiscuirse en controversias interpretativas, pues su
competencia, según lo referido por la Corte en la sentencia T-416 de 2016, “se activa
únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria
convierte la providencia en un acto de voluntad del juez, es decir, en una
arbitrariedad”, evento que no se avizora en el presente caso, puesto que el Tribunal
justificó de manera razonada y suficiente su decisión.
43.- Así las cosas, la acción de tutela objeto de estudio no acredita el cumplimiento
del requisito general de relevancia constitucional, máxime si se tiene en cuenta que
su objeto es reabrir un debate tramitado y concluido, lo que desnaturaliza su finalidad
como mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales.
44.- De suerte que habrá de confirmarse la decisión adoptada el 17 de agosto de
2022 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de acuerdo
con las consideraciones previamente expuestas.
45.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03014-01.
Demandante: Ángela María Gómez Espinoza y otro.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Quinta Mixta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
III. F A L L A
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de agosto de 2022, por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
14 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
12
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.