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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00342-00

Fecha
4 de marzo de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
23 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00342-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido los señores Jaime de Jesús Flórez Morales y Ángela María Gómez Espinoza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO. Dejar sin efectos la sentencia del 21 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, dentro del proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-009-2012-00315-01. Como consecuencia, se ordena a dicha autoridad judicial, que, en los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, dicte una nueva providencia en la que desate el recurso de apelación, de conformidad con lo señalado en las consideraciones aquí expuestas. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00342-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

4 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00342-00
Demandante: JAIME DE JESÚS FLÓREZ MORALES Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por los señores Jaime de Jesús
Flórez Morales y Ángela María Gómez Espinoza contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 12 de enero de la presente anualidad1, los señores Jaime de Jesús Flórez
Morales y Ángela María Gómez Espinoza interpusieron acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con
ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 21 de julio de 2021, en
el proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-009-2012-00315-01.
Formularon las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se restablezcan nuestros derechos fundamentales
vulnerados por la sentencia del 21 de julio de 2021 de la Sala Quinta Mixta del
Tribunal Administrativo de Antioquia.

SEGUNDA: Que se anule el fallo proferido el día 21 de julio de 2021, por Sala
Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia y en consecuencia se
dicte nuevamente la sentencia.

1
Se advierte que, el 16 de febrero de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00342-00
Demandante: Jaime de Jesús Flórez Morales y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de primera instancia

TERCERA: Que se condene en costas a la parte accionada.

Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra determinación que el Despacho
considere procedente para proteger efectivamente los derechos reclamados,
habida consideración a las amplias facultades de que está investido el juez
constitucional para hacer prevalecer la integridad y supremacía de la
Constitución.

1.2. Hechos

De la solicitud de amparo y de las pruebas obrantes en el expediente se extraen
los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

El 8 de noviembre de 2012 los señores Jaime de Jesús Flórez Morales y Ángela
María Gómez Espinoza instauraron demanda en el ejercicio del medio de control
de reparación directa cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Noveno
Administrativo de Medellín.

En desarrollo de la audiencia inicial el juzgado resolvió negativamente la
excepción de caducidad formulada por la parte demandada, decisión que no fue
objeto de ningún recurso.

Finalmente, en sentencia del 27 de junio de 2018, el juzgado negó las
pretensiones de la demanda, razón por la cual la parte actora interpuso recurso
de apelación.

La Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió la alzada en
providencia del 21 de julio de 2021, en la que dispuso revocar la sentencia y, en
su lugar, se inhibió de pronunciarse de fondo por caducidad del medio de control.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en una «vía
de hecho», por cuanto omitió considerar que entre el 22 de octubre y el 7 de
noviembre de 2012, Asonal Judicial S.A. Antioquia se declaró en asamblea
permanente y durante esas fechas no se prestó atención al público en los
despachos judiciales de la ciudad; por tanto, la demanda solo pudo ser radicada
el 8 de noviembre de 2012.

Agregó que el paro judicial constituyó un hecho notorio a nivel nacional y, en tal
sentido, la sentencia proferida por la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo

2

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Demandante: Jaime de Jesús Flórez Morales y otra
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de Antioquia violó su derecho fundamental al debido proceso y las garantías
judiciales previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos, por
separarse de la aplicación correcta de los artículos 164 del CPACA y 29
Constitucional y no considerar circunstancias ajenas a la voluntad de las partes
como la suspensión de actividades de la administración de justicia.

Por último, señaló que se transgredieron los artículos 228 y 229 superiores,
relativos al derecho de acceso a la administración de justicia.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 19 de enero de 2022, el Despacho sustanciador admitió la
demanda de tutela y ordenó que se notificara a los magistrados que integran la
Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia, como parte
demandada; y al ministro de Defensa Nacional, al director general de la Policía
Nacional, al alcalde del municipio de Copacabana, Antioquia, y a la señora Martha
Cecilia Díaz Restrepo, en calidad de terceros con interés. Asimismo, ordenó
notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. La Policía Nacional pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa
por pasiva en su favor, dado que la acción de tutela no tiene origen en acciones u
omisiones imputables a dicha entidad, sino en la decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

Agregó que, en todo caso, la solicitud de amparo debe declararse improcedente
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en tanto que lo
pretendido es debatir ante el juez de tutela asuntos de competencia del juez
contencioso administrativo.

Para concluir, relató que la parte actora no argumentó la existencia de algún
defecto o vicio concreto.

2.3. La señora Martha Cecilia Díaz Restrepo, por conducto de mandatario judicial,
manifestó que la Sala debía examinar si los documentos que sustentan las
pretensiones de la tutela se aportaron en el proceso de reparación directa y
dentro de la oportunidad legal, pues si no se hizo así debería exonerarse a la
autoridad judicial demandada.

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Alegó que la tutela no se interpuso oportunamente, dado que la providencia
judicial se notificó el 23 de julio de 2021 y la parte contaba con un término de
cuatro meses para acudir al juez constitucional.

Señaló que no todos los despachos judiciales participaron del paro judicial al que
se refieren los accionantes y, aunque así hubiera ocurrido, la decisión
correspondería a un error u olvido del Tribunal que constituye un defecto
meramente formal, no susceptible de amparo.

2.4. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir
del año 20122, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la
Corte Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún
derecho fundamental.

2
Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth
García González.

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Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones que allí se adoptan y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces,
el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las
razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiere utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la
protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se
hubiere interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea
de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a
terceros que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte,
acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)

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violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

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Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos 3 , la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional».

2. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, especialmente los de
relevancia constitucional e inmediatez, cuestionados por la Policía Nacional y la
señora Martha Cecilia Díaz Restrepo, respectivamente. De cumplirse, se abordará
el estudio de fondo, con el fin de establecer si se configuró una causal específica
de procedibilidad de la tutela y si, en consecuencia, se vulneraron los derechos
fundamentales alegados por la parte demandante con la sentencia del 21 de julio
de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

3. Análisis del caso

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la inmediatez. La providencia cuestionada fue proferida el 21 de julio de
2021 y notificada el 23 de julio siguiente, mientras que la solicitud de amparo se
presentó el 12 de enero de la presente anualidad, esto es, dentro de los seis
siguientes a la expedición y notificación de aquella; por consiguiente, se cumple
este presupuesto de conformidad con lo determinado por la Sala Plena de esta
corporación, en sentencia del 5 de agosto de 2014 que acogió como regla general
«un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la

3
Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente»4.

Así las cosas, no es de recibo el argumento de la vinculada Martha Cecilia Díaz
Restrepo según el cual la tutela debía presentarse dentro de los cuatro meses
siguientes a la notificación de la decisión.

3.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

3.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, por cuanto fue en la sentencia de segunda
instancia que se declaró la caducidad del medio de control. Dicha decisión, en ese
aspecto, no es susceptible de recurso alguno.

3.1.4. De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute sí tiene
relevancia constitucional, toda vez que la parte demandante alegó que con la
providencia del 21 de julio de 2021 el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al declarar configurada la caducidad del medio de control, sin tener en
cuenta que entre octubre y noviembre de 2012 los despachos judiciales se
encontraban cerrados por cuenta del paro judicial convocado por Asonal Judicial,
lo cual constituye un hecho notorio que fue completamente ignorado al momento
de decidir. La circunstancia descrita tiene trascendencia iusfundamental, dado
que la supuesta omisión de la autoridad judicial demandada pudo haber incidido
en la decisión final y, de paso, afectado los derechos fundamentales
mencionados, en la medida en que no se examinó de fondo la controversia sobre
la base de que había operado el fenómeno de la caducidad del medio de control
de reparación directa.

Además, la Sala no advierte que se esté utilizando este mecanismo de protección
constitucional como una instancia adicional al proceso ordinario.

Esta Subsección descarta el argumento de la Policía Nacional en el que afirma
que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional por falta de
identificación de la causal específica de procedencia de tutela contra providencia

4
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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judicial, puesto que la ausencia de calificación del yerro enrostrado a la decisión
no es razón suficiente para declarar el incumplimiento de este presupuesto,
siempre que de los argumentos del accionante logre extraerse una carga
argumentativa mínima de la que sea posible deducir los defectos alegados. De
hecho, no es razonable sacrificar el derecho sustancial, ni el análisis de fondo
sobre la presunta vulneración de derechos fundamentales, so pretexto de que los
demandantes no hicieron una calificación o adecuación precisa del defecto
alegado.

Desde luego, es ideal que la petición de amparo sea explícita en la identificación
de la causal específica en que incurrió la autoridad judicial accionada, pero su
omisión no impide analizar el tema de fondo, si de los argumentos o sustentación
de la violación al derecho fundamental se pueden deducir los defectos en los que
supuestamente incurrió la decisión, como sucede en este caso, en el que los
reparos a la providencia bien podrían analizarse a la luz de los defectos fáctico y
sustantivo.

3.2. Análisis del caso concreto.

Se cuestiona la providencia del 21 de julio de 2021, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se inhibió del estudio de fondo por caducidad del medio de control.
Textualmente, esto sostuvo el Tribunal demandado:

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado
oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen
debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos: i) El 24 de
septiembre del 2010, le fue practicada necropsia como NN al cadáver de
FAVER NORVEY FLÓREZ GÓMEZ, procedimiento que determinó que la
muerte se había producido el 23 de septiembre del 2010, fecha en la cual, el
cuerpo fue hallado en la vía pública, en la vereda El Noral, jurisdicción del
Municipio de Copacabana (fls. 232 a 238 y 241); ii) El 24 de septiembre del
2010, el Gerente Encargado del Hospital Santa Margarita de Copacabana,
aduciendo la falta de cavas en la morgue del hospital, y la ausencia de
morgue en el cementerio, solicitó iniciar los trámites de inhumación del
cadáver, en razón a que ya había iniciado el proceso de descomposición (fl.
239); iii) El 25 de septiembre del 2010, y por disposición del Fiscal 22
Seccional, se expidió la licencia de inhumación (fls. 243 a 244); iv) Según la
certificación emitida por la médica LUZ STELLA CANCHALA TORRES, el 27
de septiembre del 2010, los señores ÁNGELA MARÍA GÓMEZ ESPINOSA y
JAIME DE JESÚS FLÓREZ MORALES reconocieron que el cuerpo que
había sido ingresado como NN a la morgue del hospital, correspondía a
FABER NORVEY FLÓREZ GÓMEZ (fl. 147); y v) El 01 de octubre del 2010
se llevó a cabo la exhumación del cadáver (fl. 369) y su posterior sepultura
en el cementerio San Pedro (fl. 204).

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Ahora bien, teniendo en cuenta que acorde con el escrito de la demanda, los
actores aducen la ocurrencia de una serie de irregularidades acaecidas en el
procedimiento de inhumación del cadáver, acontecida el 25 de septiembre
de 2010, así como la sucesión de trabas administrativas para lograr su
posterior exhumación, la cual, se llevó finalmente a cabo el 01 de primero de
octubre de esa misma anualidad, esta agencia judicial, estima que es a
partir de esta última fecha, que debe iniciarse el conteo del término de la
caducidad de la acción.

Lo anterior, por cuanto una vez se hizo entrega del cuerpo a sus deudos,
para que procedieran a darle sepultura acorde con sus creencias religiosas,
se entiende que cesaron los presuntos vejámenes y tratos indignos al
cadáver de FABER NORVEY FLÓREZ GÓMEZ, y en los cuales se sustenta
la demanda.

Así las cosas, en principio, el término para presentar la demanda expiraba el
02 de octubre del 2012. No obstante, el 20 de septiembre del 2012 (faltando
12 días para que feneciera el término de caducidad) se formuló solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 145 Judicial II para Asuntos
Administrativos, la cual se declaró fallida el 24 de octubre del mismo año (fl.
42).

Teniendo en cuenta que la Procuraduría expidió las constancias a que se
refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 2001, dentro de los tres (3) meses de
que trata el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, el plazo para demandar se
reactivó desde el 25 de octubre de 2012 y vencía el 06 de noviembre del
mismo año –sumados aquellos doce días–, en razón a que el 05 de
noviembre de 2012 fue lunes festivo2. En tales condiciones, como la
demanda se presentó el 08 de noviembre de 2012, tal y como se puede
constatar en el sello de la oficina de apoyo judicial visible a folio 15, es claro
que se radicó por fuera de la oportunidad pertinente para ello.

En sentir de la parte demandante, la autoridad judicial accionada violó sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, por cuanto desconoció el hecho notorio consistente en que, el 6 de
noviembre de 2012, fecha en la que, según el Tribunal demandado, venció el
plazo para presentar la demanda de reparación directa los juzgados
administrativos de Medellín se encontraban cerrados por el paro judicial.

La Sala considera que la autoridad judicial accionada sí incurrió en defecto fáctico
por desconocimiento del hecho notorio en el análisis de la caducidad, veamos.

El defecto fáctico en su dimensión negativa se presenta cuando se desconoce el
contenido de una prueba relevante en la decisión judicial. Para el asunto que hoy
examina la Sala, resulta útil recordar que, de conformidad con el artículo 176 del
Código General del Proceso, es deber del operador judicial analizar las pruebas
en su conjunto atendiendo las reglas de la sana crítica y señalar el valor
probatorio conferido a cada elemento suasorio.

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Si bien ningún reparo se puede enrostrar a la decisión del Tribunal de que se
pronunciara oficiosamente sobre la caducidad, a pesar de no haber sido motivo
de la apelación y de existir un pronunciamiento previo de la juez de primera
instancia en el marco de la audiencia inicial, lo cierto es que el estudio de la
caducidad como presupuesto procesal para emitir una sentencia de mérito, exigía
considerar todos los elementos necesarios para su configuración; así, aunque la
decisión da cuenta del examen de las pruebas documentales aportadas en la
demanda y de los enunciados fácticos que sustentan el hecho dañoso, ignoró por
completo que, al momento de vencerse el término para interponer la demanda de
reparación directa, era probable que los juzgados administrativos de Medellín
estuvieran cerrados por cuenta del paro judicial del año 2012.

Valga recordar que, dentro de los enunciados fácticos exentos de prueba, salvo
discusión en contrario, se encuentra el hecho notorio pues, según expresa el
artículo 167 del CGP, en lo pertinente, «no requieren de prueba». De modo que,
salvo que se debatiera por uno de los extremos procesales la existencia de este
tipo de acontecimientos, no se requería prueba de su existencia y en cambio sí
era inexorable que se considerara aun en ausencia de documentos o
certificaciones sobre su ocurrencia.

Los hechos notorios son aquellos sucesos que se presentan de manera evidente,
se difunden ampliamente en un espacio o lugar determinados y, en consecuencia,
su existencia es verificable por personas con meridiana condición de cultura,
conocimiento o cercanía con el evento; son tan conocidos o sabidos que, en
principio, su existencia es innegable e indiscutible, de allí que, si han de tener
incidencia en la decisión judicial, no pueden ser ignorados por el juez de la causa.

En relación con el hecho notorio, esta Subsección, en sede de reparación directa,
señaló:

[E]l hecho notorio es aquel cuya existencia puede invocarse sin necesidad de
prueba alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se halle en
capacidad de observarlo debido a su amplia difusión5.

En ese sentido, esta Subsección ha precisado:

“En cuanto tiene que ver con el concepto de ‘hecho notorio’, la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que ‘el hecho notorio

5
Cita original de la providencia: «Corte Constitucional, auto 035 de 1997, M.P. Carlos Gaviria
Díaz».

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además de ser cierto, es público, y sabido del juez y del común de las
personas que tienen una cultura media. Y según las voces del artículo
177 del C. de P.C. el hecho notorio no requiere prueba; basta que se
conozca que un hecho tiene determinadas dimensiones y repercusiones
suficientemente conocidas por gran parte del común de las personas
que tiene una mediana cultura, para que sea notorio’6”7.8

Del hecho notorio clásico la doctrina viene haciendo referencia al (i) hecho notorio
comunicacional entendido como «hechos efectivamente acaecidos que, por tanto,
son ciertos, y que se reseñaron como noticia en los medios de comunicación»9
y también (ii) al hecho notorio judicial que «ha sido tratado por la doctrina, como lo
ha hecho Juan MONTERO AROCA al expresar:

C. Notoriedad judicial. Este tipo de notoriedad es la que se refiere a los
hechos conocidos por el juzgador en razón de su actividad profesional o de
procesos anteriores de los que conoció jurisdiccionalmente. El punto clave de
su concepto radica en diferenciarla del concepto privado del juez. Cuando el
conocimiento de un hecho proviene de cualquier actividad extra profesional
del juez, como se ve especialmente claro si éste ha sido testigo de un
accidente, estamos ante un caso de "ciencia privada" que no puede quedar
excluida en la necesidad de prueba; por el contrario, si el conocimiento
proviene del ejercicio de la función jurisdiccional o, por lo menos, pertenece a
lo que pudiéramos llamar ámbito propio en la que se desenvuelve la actividad
profesional, es posible que estemos ante un verdadero hecho notorio, y por lo
tanto, ante la no necesidad de prueba10.11

En suma, el hecho notorio comunicacional se presenta cuando un suceso
efectivamente ha ocurrido y tiene notoriedad por la trascendencia y despliegue
que del acontecimiento hacen los medios de comunicación. Por su parte, el hecho
notorio judicial, hace referencia a los hechos conocidos por el juez en el ejercicio
de la actividad jurisdiccional y no por su vida privada o ajena a la labor judicial.

6
Cita original de la providencia: «Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 27 de noviembre de 1995, Exp. 8045, C.P. Diego Younes Moreno. En idéntica
dirección, el profesor HERNANDO DEVIS ECHANDÍA existe notoriedad de un determinado hecho
y por lo tanto se debe eximir de prueba a aquél hecho ‘cuando en un medio social donde existe o
tuvo ocurrencia y en el momento de su apreciación por el juez, sea conocido generalmente por las
personas de cultura media en la rama del ser humano a que corresponda, siempre que el juez
pueda conocer esa general o especial divulgación de la certeza del hecho, en forma de que no le
deje dudas sobre su existencia presente o pasada’ En HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, ‘Teoría
General de la Prueba Judicial’, T. I, Ed. Víctor de Zabalía, Buenos Aires, 1970, p. 231».
7
Cita original de la providencia: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de 2016, exp.
25000232600020010182502 (34.349), CP: Hernán Andrade Rincón».
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2021, Exp.
65.457 C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
9
Brewer-Carias, Allan, Prólogo con algunos comentarios sobre los “hechos notorios” que no
requieren prueba, en el libro Teoría General de la Prueba, por Giacomette Ferrer Ana, Bogotá
2015, Grupo Editorial Ibáñez, págs. 36.
10
Cita original del libro: MORENO AROCA, Juan. La prueba en el proceso civil, Ed. Civitas, Madrid,
2002, p. 65.
11
Brewer-Carias, Allan, Prólogo con algunos comentarios sobre los “hechos notorios” que no
requieren prueba, en el libro Teoría General de la Prueba, por Giacomette Ferrer Ana, Bogotá
2015, Grupo Editorial Ibáñez, págs. 29.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00342-00
Demandante: Jaime de Jesús Flórez Morales y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de primera instancia

Así, en relación con el paro judicial que tuvo lugar entre septiembre y noviembre
de 2012, fácilmente se concluye que se trata de un hecho notorio, bien en el
sentido clásico de la figura, ora dentro de las categorías de hecho notorio
comunicacional o judicial. En primer lugar, porque fue un fenómeno de
trascendencia nacional que ocurrió y se divulgó de manera reiterada por
diferentes medios de comunicación nacionales y regionales; además, ocurrió en el
seno de la Rama Judicial e impactó directamente la actividad de la administración
de justicia, es decir, no fueron hechos aislados de la vida privada de los
servidores judiciales, sino que estaban relacionados con el cumplimiento de sus
funciones.

Para ilustrar la configuración del hecho notorio, la Sala destaca la información
registrada en páginas web de distintos medios de comunicación nacionales y
regionales, en los que se registra la noticia del paro judicial de 2012:

• «El paro judicial, un paro justo»” en Revista Semana, 2 de noviembre de
2012: https://www.semana.com/el-paro-judicial-paro-justo/267346-3/
• «Paro judicial va a cumplir un mes» en Asuntos legales, 5 de noviembre de
2012: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/paro-judicial-va-a-
cumplir-un-mes-2024850
• «Trabajadores de la Rama Judicial reinician labores». Telemedellín, 8 de
noviembre de 2012: https://telemedellin.tv/trabajadores-de-la-rama-judicial-
reiniciaron-labores/52881/
• «Por paro, Asonal Se reúne hoy con Minjusticia». El Colombiano, 16 de
octubre de 2012:
https://www.elcolombiano.com/historico/por_paro_asonal_se_reune_hoy_c
on_minjusticia-KGEC_212080
• «Paro judicial llega a su fin; gobierno y Asonal firman acuerdo» en Radio
Santa Fe, 7 de noviembre de 2012:
https://www.radiosantafe.com/2012/11/07/paro-judicial-llega-a-su-fin-
gobierno-y-asonal-firman-acuerdo/
• «Paro judicial se mantiene en algunas regiones. En otras ya es normal el
servicio» en Caracol Radio, 9 de noviembre de 2012:
https://caracol.com.co/radio/2012/11/09/judicial/1352439540_793074.html

Así mismo, la información fue publicada en diferentes ocasiones en la página
oficial de la Rama Judicial:

• «La Sala Administrativa prepara plan de contingencia respecto del paro
judicial» 12 , comunicado del Consejo Superior de la Judicatura, 29 de
octubre de 2012.

12
https://www.ramajudicial.gov.co/portal/historico-de-noticias/-
/asset_publisher/tc8GIx9NJWBV/content/la-sala-administrativa-prepara-plan-de-contingencia-

13

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00342-00
Demandante: Jaime de Jesús Flórez Morales y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de primera instancia

• «No pagarían a los que sigan en paro judicial13», comunicado del Consejo
Superior de la Judicatura, 11 de noviembre de 2012.
• «Para la Sala Administrativa el paro judicial está terminado»14, comunicado
del Consejo Superior de la Judicatura, 19 de noviembre de 2012.

A su vez, esta Corporación se ha pronunciado en diferentes providencias sobre el
paro judicial del 2012. Por ejemplo, la Sección Primera sostuvo:

Para la Sala, es claro que el día 29 de octubre de 2012, el actor no podía
presentar la demanda, pues no era posible el acceso del público a las
instalaciones del Palacio de Justicia donde se encuentra el Tribunal
Administrativo de Santander, debido al cese de actividades promovido por
Asonal Judicial, el cual solo se terminó hasta el día 7 de diciembre de 2012, tal y
como se advierte en la constancia expedida por esa asociación, vista a folio 205
del Cuaderno Principal.15

Por su parte, la Sección Quinta señaló que el paro judicial de 2012 constituía un
hecho notorio, así:

70. Al analizar el asunto concreto, de conformidad con el marco teórico
expuesto en precedencia, se advierte que la prueba con la que contaba el
despacho judicial, en ausencia de medios de convicción allegados por la parte
actora para acreditar la circunstancia de fuerza mayor que le impidió
presentar oportunamente la demanda, era la certificación que ahora la parte
actora cuestiona por considerar que contiene una falsedad ideológica.

71. Esta prueba, confrontada con el hecho notorio de la fecha de
terminación del paro, que constituía el registro público en la página web del
Ministerio de Justicia, sobre la fecha de finalización del paro judicial y la
prestación efectiva del servicio público de administración de justicia en
territorio nacional a partir del 8 de noviembre de 2012, permiten concluir

respecto-del-
parojudicial?redirect=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fportal%2Fhistorico-de-
noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tc8GIx9NJWBV%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3
Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D6633847
%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue
13
https://www.ramajudicial.gov.co/portal/sobre-la-
rama/normatividad/leyes?p_p_auth=Qg3eU7ZI&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximize
d&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId
=9422202&_101_type=content&_101_urlTitle=no-pagarian-a-los-que-sigan-en-paro-judicial
14
https://www.ramajudicial.gov.co/portal/historico-de-noticias/-
/asset_publisher/tc8GIx9NJWBV/content/para-la-sala-administrativa-el-paro-judicial-esta-termina-
1;jsessionid=12679168CDFFC7DFBA83461488E2EF69.worker6?redirect=https%3A%2F%2Fwww.
ramajudicial.gov.co%2Fportal%2Fhistorico-de-
noticias%3Bjsessionid%3D12679168CDFFC7DFBA83461488E2EF69.worker6%3Fp_p_id%3D101
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esetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_tc8GIx9NJWBV_cur%3D2%26_101_INSTANCE_tc8GIx9
NJWBV_andOperator%3Dtrue
15
Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 21 de noviembre de 2013, exp. 68001-23-33-000-
2012-00337-01, M.P. María Elizabeth García González.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00342-00
Demandante: Jaime de Jesús Flórez Morales y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de primera instancia

que la autoridad judicial no podía llegar a una conclusión diferente o
contabilizar el término de caducidad con fundamento en extremos temporales
distintos.

72. En efecto, en la citada página, tal como lo señaló el Consejo de
Estado, Sección Tercera – Subsección “A” en la sentencia que resolvió
el recurso extraordinario de revisión, se indicó que la fecha de
finalización del cese de actividades fue el 7 de noviembre de 201216,
registro que igualmente tenían los medios de comunicación de la
fecha.17 (Resalta la Sala)

En similares términos, esto es, en relación con el hecho notorio del paro judicial
–refiriéndose en esa oportunidad al que se adelantó en 2015–, la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al resolver la apelación de un auto
que rechazo por caducidad una demanda en el ejercicio del medio de control de
controversias contractuales, sostuvo:

Ahora, para el efectos de probar lo que él mismo manifiesta, el actor allega
impresiones tomadas de la página web de los diarios El Tiempo, El
Espectador, El Colombiano del día 13 de enero de 2015, en los que se señala
de manera destacada: “Paro Judicial // Se inicia votación para definir
continuidad del paro judicial” -diario El Espectador-; “La suerte del paro
judicial continúa la expectativa” –diario El Colombiano- y “Sala Penal de
Tribunal Superior de Bogotá rechaza bloqueos a juzgados” –diario El Tiempo-.

De suerte que ante la notoriedad del hecho del paro judicial del 13 de
enero del año en curso, no queda sino que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no atendió público el día señalado. Respecto del valor
probatorio de las noticias, reportajes y columnas de los medios de
comunicación, tanto hablados como escritos, la Sala Plena de esta
Corporación en decisión y con alcances de unificación de la jurisprudencia,
señaló: –se resalta-

(…)

En el primer caso, es decir, frente a los hechos públicos y/o
notorios, no requieren ser probados en los términos de los
artículos 176 del Código de Procedimiento Civil y 167 del Código
General del Proceso, razón por la que el registro noticioso servirá
simplemente como una constatación gráfica de lo que es conocido
por la comunidad.

La razón, el hecho notorio según la definición del profesor Hernán Fabio
López Blanco, es aquel que “dadas las características que originaron su
ocurrencia se supone conocido por la generalidad de los asociados,
cualquiera que sea su grado de cultura y conocimientos dentro de un

16 Cita original de la providencia: «http://www.minjusticia.gov.co/noticias/se-levanta-el-paro-judicial-

tras-firma-de-acuerdo-entre-el-gobierno-nacional-y-los-representantes-de-los-empleados-
trabajadores-y-funcionarios-judiciales. Bogotá, 7 de noviembre de 2012. Con una amplia
participación y consenso por parte de los representantes de la Rama Judicial y de la Fiscalía
General de la Nación, fue firmado el acuerdo gracias al cual queda conjurado a partir de este
momento el cese de actividades que privó a los colombianos de los servicios de la justicia por
varias semanas».
17
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de octubre de 2019, Exp. 11001-03-15-
000-2019-04058-00(AC), M.P. Rocío Araújo Oñate.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00342-00
Demandante: Jaime de Jesús Flórez Morales y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de primera instancia

determinado territorio y en determinada época, pues la notoriedad
puede ser mundial, continental, regional o puramente municipal y estar
referida a un determinado lapso, de modo que lo en determinado
proceso podría erigirse como un hecho notorio, en otro no
necesariamente tiene esa connotación.”18

Y, como lo señala el mencionado autor, no requiere de prueba porque
ella resultaría superflua, precisamente por el conocimiento general que
se tiene de él.

El aporte de medios de prueba en donde el hecho notorio y/o
público fue registrado, le permitirá al juez contar con mayores
elementos de convicción, sin que ello implique que el hecho
requería de prueba, pues, se repite, su apreciación o cognición por
una generalidad, hace innecesaria su prueba19.

De manera que, conforme a la jurisprudencia unificada de esta Corporación,
el hecho de la suspensión de labores del día 13 de enero del presente año no
requiere prueba, dado que como hecho notorio se conoce que el poder
judicial no laboró el 13 de enero del año en curso.20

Ahora bien, es necesario reiterar que los paros judiciales o el cese de actividades
en la Rama Judicial no suspenden los términos de caducidad; sin embargo, si la
fecha en que se configuraría este fenómeno coincide con uno de estos sucesos,
naturalmente, estamos en presencia de un impedimento para quien tiene la carga
o deber procesal de radicar oportunamente la demanda, de ahí que, en estos
casos, la doctrina constitucional y el precedente de esta Corporación hayan sido
consistentes en señalar que el término se extiende hasta día hábil el siguiente en
que se normalicen las actividades o sea posible presentar la demanda.

Al respecto, esta Subsección ha sostenido:

No existe norma legal que permita considerar suspendido el término de
caducidad de la acción en el caso del paro de funcionarios de la rama judicial
o por el cese de sus actividades, cuando se afecta la radicación de la
demanda en la oficina de reparto.

Sin embargo, es cierto que, por razón de la fuerza mayor que ello implica, el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional han establecido que, cuando el
término vence encontrándose en curso el cese de actividades o el paro
judicial, se extiende, es decir que la carga de presentar la demanda de
manera oportuna debe cumplirse el día siguiente hábil de aquel en que se
levanta el paro.
(…)

18
Cita original de la providencia: «LOPÉZ BLANCO, Hernán Fabio. “Procedimiento Civil” Tomo 3.
Pruebas. Editorial Dupré. Segunda Edición 2008. Pág. 58».
19 Cita original de la providencia: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

sentencia de 14 de julio de 2015, radicado: (SU) 110010315000201400105-00, Consejero
Ponente: Alberto Yepes Barreiro».
20
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 11 de diciembre de 2015, Exp.
54.162, M.P. Stella Conto Diaz Del Castillo.

16

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00342-00
Demandante: Jaime de Jesús Flórez Morales y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de primera instancia

Además, de conformidad con la jurisprudencia que se citó en esta
providencia, la Sala no puede acoger la argumentación del apoderado del
demandante, dado que el término no se suspendió, solo se extendió hasta el
primer día hábil siguiente de aquel en que se terminó el paro judicial.21

Por su parte, la Corte Constitucional también ha señalado que el cese de
actividades que impida a una parte cumplir una carga procesal no puede
generarle consecuencias adversas, de modo que la autoridad judicial debe
estudiar en cada caso si se presentó un cierre concreto de un despacho y los
efectos que tuvo ese suceso en la contabilización de términos:

55.- De acuerdo con las providencias judiciales referidas, la Sala advierte que
en los casos de interrupción del servicio de administración de justicia y frente
al cumplimiento de los términos, esta Corporación ha considerado que: (i) la
administración de justicia es un servicio público esencial regido por el principio
de continuidad; (ii) los ceses de actividades o huelgas de los funcionarios que
prestan el servicio de administración de justicia no tienen fuerza vinculante,
pero la interrupción de la prestación continua del servicio tiene efectos en
derecho; (iii) ante la configuración de circunstancias de caso fortuito o fuerza
mayor que impidan el cumplimiento de cargas procesales no se pueden
derivar consecuencias negativas para las partes; (iv) las protestas de
funcionarios de la Rama Judicial del Poder Público no siempre conllevan el
cierre de los despachos judiciales, razón por la que se debe establecer en el
caso concreto si el despacho judicial prestó el servicio, y (vi) existen
previsiones legales para la contabilización de los términos en los casos en los
que se interrumpe la prestación del servicio público de administración de
justicia que determinan el cumplimiento de la carga procesal.22

Posteriormente, en sentencia T-432 de 2018, el alto tribunal sostuvo:

36. Respecto de la contabilización de los términos procesales en época de
paro judicial, la Corte Constitucional ha señalado que es importante verificar el
material probatorio en cada caso, a fin de determinar si para la fecha de
presentación de una determinada actuación, el despacho judicial tenía o no
acceso al público.
(…)

37. Conforme con lo expuesto en precedencia, la contabilización de los
términos procesales en época de paro judicial impone la obligación de
examinar las circunstancias que concurren en cada caso específico, para
determinar si efectivamente el despacho judicial en el cual se adelanta un
proceso se encontraba abierto o cerrado, pues la interrupción de la prestación
continua del servicio sí tiene efectos en derecho de manera que no puede
obligarse a las partes a cumplir las cargas procesales en contravía de su
seguridad personal. Una interpretación diferente desconocería el derecho
fundamental de acceder a la administración de justicia (art. 229).23

21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de noviembre de 2020, exp.
65.448, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-498 del 14 de septiembre de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
23
Corte Constitucional, sentencia T-432 del 29 de octubre de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

17

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00342-00
Demandante: Jaime de Jesús Flórez Morales y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de primera instancia

Con apoyo en lo que viene de citarse, es evidente que la autoridad judicial
accionada omitió considerar que entre septiembre y noviembre de 2012 se llevó a
cabo un paro judicial, que llevó al cese de actividades y el consecuente cierre de
los despachos; tampoco tuvo en cuenta los efectos de dicho suceso en el conteo
del término de caducidad del medio de control de reparación directa. Por tanto,
como los hechos notorios tienen incidencia en el régimen probatorio y en la
verificación de los enunciados fácticos contenidos en la demanda y la
contestación, su desconocimiento conduce indefectiblemente a la configuración
de los defectos fáctico y sustantivo y, en consecuencia, les asiste razón a los
demandantes al reprochar al tribunal demandado la falta de análisis de este
aspecto en la decisión de la caducidad de la acción.

Para la Sala, es claro que existen discrepancias y diferencias respecto de las
fechas en que se desarrolló el paro judicial del 2012 en cada distrito o sede
judicial; sin embargo, la autoridad judicial debió considerar tal suceso, bien para
descartar la caducidad o para confirmar su existencia. El yerro surge del hecho de
que el Tribunal, sin parar mientes en el cierre de los despachos judiciales de su
distrito, estudió la caducidad, como si no hubiese tenido lugar durante el tiempo
en que, al parecer, los actores debían presentar la demanda. En suma, se declaró
la caducidad, con olvido de la anormalidad en la prestación del servicio de justicia,
circunstancia que no debía ser asumida por los usuarios.

En casos de este tipo no es necesario que se hayan aportado certificaciones,
documentos o que existieran acuerdos o decisiones del Consejo Seccional o
Superior de la Judicatura, ante la existencia de evidencias suficientes del hecho
notorio desconocido por el Tribunal en la providencia confutada.

Así las cosas, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia de los señores Jaime de Jesús Flórez
Morales y Ángela María Gómez Espinoza y, en consecuencia, dejará sin efectos
la sentencia del 21 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, y le ordenará que, en los treinta (30) días siguientes a la notificación de
este fallo, dicte una nueva providencia en la que se tenga en cuenta el hecho
notorio del paro judicial desarrollado entre septiembre y noviembre de 2012, para
determinar si se configuró o no la caducidad del medio de control de reparación
directa por aquellos ejercido.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00342-00
Demandante: Jaime de Jesús Flórez Morales y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de primera instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido los señores Jaime de
Jesús Flórez Morales y Ángela María Gómez Espinoza, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO. Dejar sin efectos la sentencia del 21 de julio de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, dentro del proceso de
reparación directa con radicado 05001-33-33-009-2012-00315-01. Como
consecuencia, se ordena a dicha autoridad judicial, que, en los treinta (30) días
siguientes a la notificación de este fallo, dicte una nueva providencia en la que
desate el recurso de apelación, de conformidad con lo señalado en las
consideraciones aquí expuestas.

TERCERO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

CUARTO. De no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la
fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital
que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

19

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