Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00907-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00907-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-00907-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
22 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00907-01
Demandante: Mireya Romero Ortega
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – la parte actora pretende
reabrir un debate ya surtido y crear una instancia adicional, al no estar de acuerdo
con lo decidido en el proceso.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la señora Mireya Romero
Ortega en contra de la sentencia proferida el 1 de junio de 2023, por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente el amparo
solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 20 de febrero de 2023, la señora Mireya Romero Ortega, interpuso demanda
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá y el Centro de Conciliación
de la Fundación Liborio Mejía, con el fin de que se protegieran sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como
los principios de seguridad jurídica y de legalidad. Considera que tales prerrogativas
fueron vulneradas con ocasión de las presuntas irregularidades cometidas dentro
del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante impulsado en favor
del señor Jairo Romero Ortega radicado 182-2022, ante el mencionado centro de
conciliación; así como por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá, que por
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Demandante: Mireya Romero Ortega
Demandado:Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
auto de 26 de enero de 20231 rechazó de plano y declaró infundadas las objeciones
presentadas por la Secretaría Distrital de Hacienda, Mireya Romero Ortega, Jhon
Jaime Romero Mancera y Ana Ecilda Aponte, en el marco del mencionado trámite
de insolvencia.
2.- Como fundamentos fácticos de la solicitud, indicó lo siguiente:
3.- El señor Jairo Romero Ortega compareció ante el Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de la Fundación Liborio Mejía, con el propósito
de regularizar el estado de sus deudas. Una vez admitida la solicitud de
negociación, y aceptada la calidad de los acreedores, el 9 de diciembre de 2022 se
llevó a cabo la audiencia de que trata el artículo 550 del C.G.P. La Secretaría
Distrital de Hacienda, Jhon Jaime Romero Mancera, Ana Ecilda Aponte y la hoy
accionante Mireya Romero Ortega, en calidad de acreedores, presentaron
objeciones. En concreto, esta última refutó la existencia de las obligaciones a favor
de Sandy Milena Alfonso, Johan Alberto Salamanca y Néstor Enrique Urbano.
4.- Mediante auto de 26 de enero de 2023, el Juzgado 14 Civil Municipal de
Bogotá rechazó de plano algunas objeciones, y otras las declaró infundadas.
5.- La parte accionante señala que el Centro de Conciliación de la Fundación
Liborio Mejía y el Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá vulneraron sus derechos
fundamentales, como quiera que:
6.- Se evidenció un proceder parcializado por parte de la conciliadora Andrea
Sánchez, quien “negaba todo lo que se indicaba como yerros de la solicitud y del
proceso, pues indicaba que ella hacía las veces de juez y negaba lo pedido”. Así
mismo asesoró al señor Romero Ortega, cuando debía ser un tercero imparcial.
7.- Por otro lado, el Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá negó de manera
arbitraria y caprichosa las objeciones, pues “basa su decisión en lo poco que
aparece en las actas que firma la conciliadora, negándose a resolver las diferencias
que se presentan en el proceso”.
8.- Puntualmente indicó que incurrió en un defecto fáctico porque (i) la objeción
propuesta por la señora Ana Aponte fue resuelta sin tener un sustento probatorio,
(ii) le otorgó valor probatorio al juramento del deudor, sin darse cuenta de que aquel
había faltado al mismo al no incluir la totalidad de los acreedores de las obligaciones
1 expediente 11001-40-03-014-2023-00046-00.
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existentes y (iii) las pruebas documentales que la accionante allegó no fueron
tenidas en cuenta y las otras que solicitó (testimonios, interrogatorio, exhibición de
documentos, entre otras) no fueron decretadas. En virtud de esa carencia de
pruebas, estimó que el juez igualmente incurrió en el defecto de decisión sin
motivación.
9.- Además, precisó que el Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá no realizó
ninguna manifestación frente a la falta de contestación a las objeciones, por lo que
desatendió el artículo 97 del Código General del Proceso, relativo a la falta o la
deficiencia en la contestación de la demanda.
10.- Finalmente, mencionó que el juzgado no tuvo en cuenta varias circunstancias
cuestionables de las dos letras de cambio aportadas, una por parte del señor Néstor
Enrique Urbano (acreedor), y la otra por Jairo Romero Ortega (deudor), así como
tampoco la condena por el delito de falsedad en documento privado del primero de
ellos.
B. Sentencia de primera instancia
11.- El Consejo de Estado – Sección Quinta mediante fallo de 1 de junio de 20232
declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no se encontraban
acreditados los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.
12.- En primer lugar, se pronunció sobre un alegato presentado por algunos de los
sujetos accionados, relativo al actuar de la accionante porque presuntamente
presentó la tutela ante la Corte Suprema de Justicia y ante el Consejo de Estado, y
en la primera de ellas se declaró la temeridad. El A quo consideró que no se
presentó este fenómeno, pues si bien se trata del mismo escrito de tutela, lo cierto
es que, la diferencia entre la presentación de una y otra acción en el aplicativo
“Tutela en línea” es de pocos minutos; por lo que, se encuentra una justificación
para tal proceder, pues “la accionante no desconoció el hecho anterior”.
13.- En relación con los argumentos esgrimidos contra el centro de conciliación,
indicó que, durante el trámite de la presente acción de tutela, el proceso de
insolvencia de persona natural no comerciante de Jairo Romero Ortega se cerró la
etapa de negociación, pues el acuerdo de pago se formalizó el 20 de febrero de
2023, fecha que coincide con la presentación de esta acción de tutela. Por tanto,
consideró que al existir ya un acuerdo de pago con el señor Romero Ortega, este
2 Notificado el 6 de junio de 2023.
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es susceptible de ser impugnado conforme lo establece el artículo 557 del C.G.P.;
en razón a ello, el reproche frente a ese tema debe declararse improcedente, en la
medida en que carece de requisito de subsidiariedad.
14.- Por otra parte, en relación con el Juez 14 Civil Municipal de Bogotá, indicó que
la tutela carece de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora solo busca
un cambio en la decisión, la cual le fue desfavorable, pretendiendo convertir esta
acción en una instancia adicional. Aunado a ello, indicó que el asunto tampoco
cuenta con carga argumentativa.
C. La impugnación
15.- Inconforme con la anterior decisión, la parte accionante presentó impugnación,
en la cual solicitó, primero, la nulidad de lo actuado, por cuanto el juez de primera
instancia se demoró más de 5 meses en proferir el fallo.
16.- En segundo lugar, manifestó que se desconoce que no existe otro medio para
controvertir la decisión del juez, por lo que solo les queda la tutela para que el juez
constitucional revise las actuaciones contrarias a la Ley y a la Constitución. Aunado
a ello, indicó que el A quo pasó por alto que la autoridad judicial accionada le negó
las pruebas solicitadas y desconoció las que obraban en el proceso,
específicamente el título valor del señor Néstor Urbano, quien aportó una letra de
cambio diferente a la exhibida por el deudor. Por ende, insiste en que se configuró
un defecto fáctico.
17.- Así mismo, sostuvo que el juez hizo una interpretación restrictiva de la norma,
ya que en ninguna parte se indica que en este trámite de insolvencia no se puedan
solicitar pruebas para que el juez las decrete. Finalmente, hizo un listado de las
pruebas que no fueron decretadas por el juzgado accionado.
18.- Mediante auto de 10 de julio de 2023 el despacho sustanciador de primera
instancia concedió la impugnación y rechazó la solicitud de nulidad.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
19.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19913.
3 “[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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E. La acción de tutela contra providencias judiciales
20.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes 4 : (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.
21.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos 5 : (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa
dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada.
F. Análisis del caso concreto
En este punto es importante precisar que, si bien en las pretensiones de la acción de tutela se pide el
restablecimiento de los derechos fundamentales de la parte actora frente a las sentencias del 21 de julio de
2021 y 19 de mayo de 2022 proferidas por la autoridad judicial demandada, teniendo en cuenta que la primera
de ellas fue dejada sin efectos mediante sentencia de tutela del 4 de marzo de 2022 por esta misma Subsección
(Rad. 11001-03-15-000-2022-00342-00), el análisis de la Sala se centrará en la decisión adoptada por la Sala
Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia con fecha del 19 de mayo de 2022, en razón a que, este
fallo fue proferido en reemplazo de aquel que ya no tiene efectos jurídicos y es el que da cierre definitivo a la
litis.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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22.- De la lectura del escrito de impugnación, se observa que la parte actora no
comparte la posición del A quo en lo relativo al defecto fáctico, pues insiste en que
el mismo se configuró, por cuanto el Juez 14 Civil Municipal de Bogotá: (i) le negó
las pruebas solicitadas, (ii) desconoció las que obraban en la actuación,
específicamente, el título valor del señor Néstor Urbano quien aportó uno diferente
al allegado por el deudor y, (iii) realizó una interpretación restrictiva de la norma,
ya que en ninguna parte se indica que no se pueden solicitar medios de pruebas
para que el juez las decrete.
23.- Ahora bien, revisados los planteamientos de la accionante y el auto acusado,
la Sala coincide con el a quo en que la interposición de la presente acción de tutela
tiene como propósito reabrir el debate surtido ante el juez natural de la causa, y a
partir del mismo, obtener que se accedan a sus objeciones para que, los señores
Sandy Milena Alfonso, Johan Alberto Salamanca y Néstor Enrique Urbano no sean
tenidos como acreedores dentro del proceso de insolvencia.
24.- Por interesar a la causa, se traerá a colación el análisis efectuado por la
autoridad judicial accionada en el auto de 26 de enero de 2023:
<< (…) De las sospechas frente a la naturaleza, existencia y extinción de las
deudas en favor de Sandy Milena Alfonso, Johan Alberto Salamanca y Néstor
Enrique Urbano.
10.- Ahora bien, en torno de la objeción propiamente dicha, relacionada con la
demostración frente a la presunta inexistencia de las deudas reconocidas en favor de
ciertas personas naturales, habrá por decirse que por ser oportuna y recaer
exclusivamente sobre los pasivos expuestos por el conciliador en la diligencia de
negociación de deudas, ameritan su estudio de fondo.
Descendiendo entonces al estudio de los reparos, es de precisar prontamente que el
requirente parte por una acusación frente a una exigencia no prevista en la Ley y, por
tanto, resulta insuficiente para enervar la incorporación de los créditos.
Sea lo primero indicar que los requisitos objetivos para acudir a este sistema de
recuperación, entre esos la relación de pasivos, pasan por un grado presuntivo que
además de incorporase legalmente, goza de validez constitucional pues la buena fe
del deudor ha de prevalecer so pena de prueba en contrario.
Ello, habida consideración que según lo prevé el parágrafo primero del artículo 539
del C.G.P. “(…) la información de la solicitud del trámite de negociación de deudas y
las declaraciones hechas por el deudor en cumplimiento de lo dispuesto en este
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artículo [entra estas la relación de pasivos, su existencia y extensión], se entenderán
rendidas bajo la gravedad de juramento (…)”.
De allí, que cualquier acusación en punto a la falta de acierto o imprecisiones por vía
de objeción a la relación expuesta en sede de audiencia de negociación,
corresponderá ser acreditada al quejoso, quien no solo se beneficia con la exclusión
de ese pasivo, sino además, cuenta con una amplia oportunidad para aportar medios
suasivos que den robustez a su tesis [art. 552].
Sin que puedan hoy el objetante echar mano de la dinamización de la carga probatoria
prevista en el artículo 167 del C.G.P., por cuanto la regla general es que incumbe a
quien pretenda hacerse al beneficio de una norma [objeción] demostrar los supuestos
de hecho de la misma. Pensar en sentido contrario alteraría el buen orden de las
disputas y propondría un escenario de desbalance de cargas al, por sorpresa,
designar roles que inicialmente corresponden a otros sujetos procesales, pues para
activar esa figura, necesaria resulta la manifestación previa del fallador para asignar
a determinada parte [quien en principio no tenía el deber] de dar probanza a
determinado hecho. En punto a ello, recientemente indicó la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia…
Y al validar cada objeción, se concluye que más allá de las manifestaciones de parte,
no obra medio de prueba que, en verdad, de peso fáctico a la tesis, restándole de
eficacia para servir como fundamento de sustracción de los montos indicados por el
promotor de la insolvencia desde su solicitud inicial.
De otra parte, aunque ninguna disposición normativa imponga que solo tendrán
validez los créditos respaldados documentalmente y, en especial, en títulos valores,
pues según lo dicho previamente la relación efectuada bajo la gravedad de juramento
es suficiente para habilitar el mecanismo especial de recuperación, no es menos
cierto en que en el traslado de las objeciones se arrimaron los cartulares que
causalmente dan origen a los débitos imputados, por lo que cualquier grado de
suspicacia de cara a su existencia, se solventa con aquellos.
Sin que, una vez más, conocidos dichos cartulares por los opositores [pues desde las
audiencias fueron trasladados], haya elevado los instrumentos de cuestionamiento
documental para increpar su validez formal, como las tachas. De nuevo, sus
acusaciones, que gravitaron a partir de especulaciones e imputaciones suspicaces,
tuvieron con base probatoria el mero discurso dialéctico de su autor, exiguo para
enervar un papel comercial que debido a sus principios, entre estos la autonomía, se
sirve por sí solo como fuente para dar demostración a la operación de crédito que en
él se incorporó. Por lo hasta aquí expuestos se despachará adversamente la objeción
(…)>>.
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25.- La autoridad judicial accionada hizo una valoración probatoria ajustada a
derecho, a partir de la cual pudo determinar que en la actuación a su cargo “no obra
medio de prueba que, en verdad, de peso fáctico a la tesis” de la señora Romero
Ortega, relacionada con la supuesta inexistencia de las deudas reconocidas a favor
de Sandy Milena Alfonso, Johan Alberto Salamanca y Néstor Enrique Urbano.
Aunado a ello, también analizó el hecho de que en el traslado de las objeciones se
arrimaron los títulos valores en que se sustentaban las acreencias objetadas, por lo
que cualquier grado de desconfianza de cara a su existencia se solventa con
aquellos; máxime cuando la opositora no presentó tacha frente a los mismos.
26.- En razón a lo anterior, no se observa que el juez haya desconocido ninguna
de las pruebas que fueron aportadas con las objeciones, sino que, por el contrario,
con base en ellas, logró determinar que las mismas no tenían el potencial para
desvirtuar la existencia de esas deudas, en especial si se tiene en cuenta que fueron
allegados los títulos valores que las incorporaban.
27.- Por otra parte, frente reproche elevado con respecto a la letra de cambio del
señor Néstor Urbano, frente a la cual la accionante reprochó que el juez haya
pasado por alto que el deudor y el acreedor presentaron dos documentos diferentes,
a saber, dos letras de cambio distintas, pero con los mismos datos, la Sala advierte
que la labor del juez civil en este trámite se limitaba a determinar la existencia o
inexistencia de la obligación. En ese sentido al haberse aportado los títulos valores
que incorporaban tales acreencias, resultaba apenas razonable que negará la
objeción relativa a la inexistencia de las mismas. Por demás, el alegato de la parte
actora carece de carga argumentativa pues no explica la razón por la cual el juez
debía descartar la existencia de una obligación por el hecho de haberse aportado
dos títulos valores referidos a la misma. Ese argumento pudiera conllevar a otras
conclusiones, pero no a desvirtuar la existencia de la obligación que finalmente era
lo que debía resolver el juez.
28.- Sumando a ello, la accionante también discrepa con el juez civil por haberle
negado las pruebas solicitadas, a pesar de que el estatuto procesal no indica que
no se puedan solicitar medios de pruebas para que el juez las decrete. Frente a ello
resulta necesario indicar que, contrario a lo afirmado por la actora, el artículo 552
del C.G.P., que regula el trámite de las objeciones en procesos de insolvencia,
señala lo siguiente:
<<Si no se conciliaren las objeciones en la audiencia, el conciliador la suspenderá por
diez (10) días, para que dentro de los cinco (5) primeros días inmediatamente
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00907-01
Demandante: Mireya Romero Ortega
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siguientes a la suspensión, los objetantes presenten ante él y por escrito la objeción,
junto con las pruebas que pretendan hacer valer. Vencido este término, correrá uno
igual para que el deudor o los restantes acreedores se pronuncien por escrito sobre
la objeción formulada y aporten las pruebas a que hubiere lugar. Los escritos
presentados serán remitidos de manera inmediata por el conciliador al juez, quien
resolverá de plano sobre las objeciones planteadas, mediante auto que no admite
recursos, y ordenará la devolución de las diligencias al conciliador (…)>> (Subrayado
y negrita fuera del texto)
29.- La simple lectura del mentado artículo permite entender que los objetantes
deben aportar las pruebas que pretendan hacer valer, junto con sus objeciones. La
norma no consagra la posibilidad de solicitar el decreto de otras pruebas. Por el
contrario, de manera expresa se señala que el juez resolverá de plano las
objeciones, es decir, sin trámites adicionales. Por demás esta interpretación de la
norma cobra total sentido, si se tiene en cuenta que el proceso de insolvencia de
persona natural no comerciante es un proceso esencialmente conciliatorio, de
negociación de las deudas, no litigioso, que se encuentra supeditado a unos
términos específicos y cortos (artículo 544 C.G.P) para que las partes lleguen a un
acuerdo de pago de manera expedita habida cuenta, que mientras se adelante ese
trámite operan una serie de suspensiones (exigibilidad de las obligaciones,
procesos ejecutivos en curso) que no pueden ser indefinidas. De tal suerte que es
extraña a su naturaleza el desarrollo de un extenso debate probatorio, pues el
mismo implicaría prolongar el asunto, cuando es deber de las partes probar lo dicho
en sus objeciones.
30.- Igualmente, se debe advertir que en el trámite de insolvencia de persona
natural no comerciante la intervención del juez es excepcional, pues solo participa
para resolver las objeciones y la impugnación del acuerdo de pago. Ello, debido a
la naturaleza misma del asunto, por lo que cualquier discrepancia se debe resolver
ante el respectivo conciliador. Así, si bien en cierto el CGP contempla dentro de
dicho trámite la posibilidad de adelantar esas dos actuaciones judiciales puntuales,
lo cierto es que no estamos ante un proceso judicial, como lo pretende la parte
accionantes. En ese sentido no es posible aplicar con rigurosidad las normas
procesales propias de los juicios ordinarios. De ahí que tampoco sea de recibo el
reproche referente a que el juez, ante el silencio de los acreedores en el traslado de
las objeciones, no aplicó las consecuencias negativas que consagra el CGP a los
demandados que no contestan la demanda.
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31.- En razón a lo anterior, se advierte que la autoridad judicial accionada hizo un
análisis integral no solo del material aportado, sino de cada uno de los argumentos
relacionados en el escrito de objeciones presentado por la señora Mireya Romero
Ortega. En razón a lo anterior, contrario a lo afirmado por la parte actora, se puede
observar, que la autoridad judicial accionada no incurrió en ningún defecto fáctico,
en tanto adelantó un análisis completo, serio, racional y coherente de las pruebas
aportadas con las objeciones, así como de los cuestionamientos puestos a su
consideración.
32.- Visto lo anterior, estima esta Sala que las presuntas deficiencias alegadas
responden, en realidad, a una mera discrepancia valorativa sobre el resultado
desfavorable que no es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad
especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el
juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate,
conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e
independencia.
33.- En este punto, cabe recordar que el respeto al principio de autonomía judicial
impide al juez de tutela inmiscuirse en controversias interpretativas, pues su
competencia, según lo referido por la Corte en la sentencia T-416 de 2016, “se
activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un acto de voluntad del juez, es decir, en una
arbitrariedad”, evento que no se avizora en el sub examine, puesto que el Juzgado
14 Civil Municipal de Bogotá justificó de manera razonada su decisión.
34.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la
causa y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser
ello así, habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de
manera grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial,
los cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y
procesal6.
6 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
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35.- Por todo lo anterior, la Sala confirmará la decisión adoptada el 1 de junio de
2023 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, pero, por las consideraciones
previamente expuestas.
36.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 1 de junio de 2023 por el Consejo
de Estado – Sección Quinta, pero, por las razones expuestas en la parte motiva de
la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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