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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02936-01

Fecha
2 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02936-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 29 de junio de 2023 por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-02936-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

2 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., dos (02) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02936-01
Accionante: Instituto Departamental de Deportes de Antioquia
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL la parte actora pretende reabrir
el debate probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural frente
a la notificación por estado.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 29 de junio de 2023, por la Sección Segunda – Subsección
A del Consejo de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 31 de mayo de 2023, el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia -
INDEPORTES- interpuso demanda de tutela contra el Juzgado 36 Administrativo de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión, con el
fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, tutela
efectiva y acceso a la administración de justicia. Considera que tales prerrogativas
fueron vulneradas por las autoridades judiciales accionadas al proferir las siguientes
providencias, en el marco del proceso de controversias contractuales1 que promovió
contra el municipio de Nariño (Antioquia): (i) auto del 13 de octubre de 2022 que
rechazó la demanda por caducidad, (ii) auto del 26 de enero de 2023 que declaró
extemporáneo los recursos interpuestos contra la providencia de rechazo de la
demanda, (iii) auto del 16 de febrero de 2023 que resolvió no reponer la anterior
decisión, y (iv) auto del 26 de abril de 2023 que resolvió el recurso de queja2. En ese

1 Radicado: 05001333303620220051700.
2 Los tres primeros fueron proferidos por el juzgado y éste último por el Tribunal.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02936-01
Accionante: Instituto Departamental de Deportes de Antioquia
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

sentido solicitó dejar sin efecto estas últimas 3 providencias, y ordenar resolver de
fondo los recursos presentados contra el auto de rechazo.

2.- El referido proceso de controversias contractuales fue iniciado con el propósito
de obtener la liquidación judicial del Convenio Interadministrativo 190 de 2018. Por
auto del 13 de octubre de 20203 el Juzgado 36 Administrativo de Medellín rechazó
la demanda por caducidad. Consideró que el término para liquidar el aludido
convenio discurrió entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2019, por lo que el término
para demandar vencía el 2 de julio de 2021; sin embargo, teniendo en cuenta la
suspensión de términos judiciales establecida en el Decreto Ley 564 de 2020 (entre
el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020), el mismo se amplió hasta el 17 de agosto
de 2021. A pesar de lo anterior, la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el
18 de mayo de 2022 y la demanda el 5 de octubre de 2022, cuando el término de
caducidad ya había fenecido.

3.- Inconforme con aquella decisión, INDEPORTES presentó recurso de reposición
y en subsidio apelación, que fue rechazado por extemporáneo por auto del 26 de
enero de 20234. En dicha providencia el Juzgado accionado sostuvo que, teniendo
en cuenta que el auto recurrido fue notificado por estado del 14 de octubre de 2022,
el término de los 3 días para presentar recursos transcurrió entre el 18 y el 20 de
octubre de 2022, no obstante la parte actora lo hizo el 21 de octubre siguiente.

4.- El 31 de enero de 2023, INDEPORTES interpuso recurso de reposición en
subsidio de queja en contra del auto anterior y, mediante proveído de 16 de febrero
de 20235, el Juzgado 36 Administrativo de Medellín decidió no reponer su decisión y
conceder el recurso de queja. Adujo que no es de recibo para el despacho la postura
esgrimida por la parte demandante al señalar que tratándose de la notificación por
estado, para que ésta se entienda surtida deben contabilizarse los 2 días hábiles
siguientes al envío del mensaje de datos. Lo anterior, en razón a que la notificación
por estado y la personal tienen particularidades diferentes, toda vez que en la
primera, la providencia se encuentra inserta en el estado fijado virtualmente en la
página web de la autoridad judicial y no supone el envío de la decisión al canal digital
registrado, como si se hace en la notificación personal por medios electrónicos, lo
cual constituye la razón por la que ésta, para entenderse realizada, exige el trascurso
de 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, pues es un plazo que se considera
prudencial para que las partes accedan a su correo electrónico.

5.- Por auto del 26 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala
Cuarta de Decisión resolvió la queja, estimando bien denegado el recurso de
reposición y en subsidio de apelación, pues coincidió en que el conteo de términos
realizado por A quo fue correcto. Manifestó si bien el artículo 205 del CPACA dispone

3 Notificado por estado del 14 de octubre de 2022.
4 Notificado por estado del 27 de enero de 2023.
5 Notificado por estado del 17 de febrero de 2023.

2

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que las notificaciones electrónicas de las providencias se entenderán realizadas una
vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos, el mismo
se refiere a las providencias que deban notificarse de forma personal, es decir, las
enlistadas en el artículo 198 ibídem, entre las cuales no está el auto que rechaza la
demanda. Indicó que dicho proveído debe notificarse por estados electrónicos, y para
ello, según la modificación de la Ley 2213 de 2022 artículo 9, ni se requiere del envío
de un mensaje de datos con la comunicación de la fijación del estado.

6.- La parte actora manifestó que las providencias cuestionadas son violatorias de
los derechos fundamentales invocados porque:

(i). Denegaron el acceso a la administración de justicia en una etapa prematura, sin
agotar el debate probatorio que correspondía, obviando las particularidades
propias del caso como la ejecución de las obligaciones contractuales y las
regulaciones especiales sobre términos judiciales, que se expidieron en el
marco de la emergencia sanitaria.

(ii). Se rechazaron de plano los recursos, y no se le permitió a INDEPORTES
controvertir la declaratoria de caducidad.

(iii). Se incurrió en un defecto sustantivo por indebida interpretación de la ley, al
imponer mayores barreras a las exigidas por el legislador, por excluir de la
interpretación del numeral 2 del artículo 205 del CPACA la notificación por
estados.

(iv). El Tribunal Administrativo de Antioquia al momento de resolver el recurso de
queja afirmó que las notificaciones por estados no debían realizarse mediante
el envío de un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales, por
cuanto el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022 eliminó dicha obligación. Eso
también configuró un defecto sustantivo, pues esa disposición no resultaba
aplicable al caso, en la medida que existe una norma especial, como es el
artículo 201 del CPACA, según el cual en la notificación por estados subsiste
la obligación de remitir el mensaje de datos al canal digital de los sujetos
procesales.

C. Sentencia de primera instancia

7.- Mediante providencia del 29 de junio de 2023, la Sección Segunda – Subsección
A del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo. Afirmó que la parte accionante
entiende que el defecto sustantivo se configuró en la medida que se notificaron por
estado los autos, a través de los cuales (i) se rechazó la demanda, (ii) se resolvió el
recurso de reposición y apelación, y (iii) se resolvió la queja.

8.- Bajo esa premisa, luego de explicar que “resulta imperativo que lo ordenado en
la providencia coincida con la determinación que se inserta en el respectivo estado”,
3

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razonó de la siguiente manera: <<(…) si conforme al artículo 9.° de la Ley 2213 de
2022 las notificaciones virtuales presuponen el conocimiento verídico de la
providencia, es claro el vínculo que debe concurrir entre el contenido de la decisión
y su publicación virtual, para que las partes a través del estado electrónico conozcan
la decisión, lo que garantiza la publicidad y transparencia de la determinación
comunicada por ese canal>>. De acuerdo con lo anterior, consideró que <<la
notificación de los autos de inadmisión y rechazo de la demanda de reparación
directa>> se surtió conforme a lo dispuesto en la norma referenciada, toda vez que
se incorporaron al respectivo estado, se insertaron en los medios informáticos de la
Rama Judicial y se adjuntaron las respectivas providencias.

9.- Por otra parte, indicó que la alegada falta de remisión del mensaje de datos al
correo electrónico del apoderado del demandante conforme al artículo 201 del
CPACA no configura una vulneración de derechos, en la medida en que (i) el artículo
9 de la Ley 2213 de 2022 había eliminado tal exigencia, y (ii) el artículo 8 ibídem que
regula las notificaciones personales, consagra un procedimiento al cual no estaban
sujetas las providencias proferidas por el Juzgado 36 Administrativo de Medellín,
toda vez que debían ser puestas en conocimiento de los interesados por estado
electrónico, como efectivamente ocurrió.

10.- Así las cosas, concluyó que el auto de 13 de octubre de 2023, mediante el cual
se rechazó la demanda, fue notificado por anotación en el estado electrónico del 14
de octubre de 2022, debiéndose interponer el recurso a más tardar el 20 de octubre
siguiente y, comoquiera que este fue presentado el 21 de octubre de 2022, se
considera extemporáneo. De manera que el razonamiento de las accionadas fue
acertado.

D. La impugnación

11.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación en la
cual sostuvo que, el fallador de primera instancia hizo una lectura errónea de los
hechos, lo que implicó a su vez una indebida formulación del problema jurídico, pues
se centró en determinar si se incurrió en un defecto sustantivo al notificar las
providencias judiciales objeto de reproche por estados y no por correo electrónico,
situación que no fue alegada. Explicó que en la tutela se reconoció que las
providencias además de haber sido notificadas por estados, habían sido enviadas
mediante correo electrónico al buzón indicado en la demanda.

12.- Precisó que el verdadero reproche formulado en la acción de tutela se centró
en que la providencia que rechazó la demanda por caducidad fue enviada por el
juzgado accionado mediante correo electrónico al buzón indicado en la demanda,
conforme lo señala el artículo 201 del CPACA; no obstante al momento de resolver
el recurso interpuesto contra la misma, éste fue rechazado por extemporáneo porque
no se tuvo en cuenta en el respectivo conteo los 2 días de que trata el numeral 2 del
artículo 205 del CPACA, según el cual la notificación de la providencia enviada
4

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mediante mensaje de datos, se entenderá realizada “una vez transcurridos dos (2)
días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a
partir del día siguiente al de la notificación”.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

E. Competencia

13.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19916.

F. Análisis del caso concreto

14.- La Sala considera que no está acreditado el requisito de la relevancia
constitucional.

15.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con dicho presupuesto, es necesario examinar dos
elementos7: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha relevancia
constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos
fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que
revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la
providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada.

16.- En el caso concreto, la parte actora alegó que las autoridades accionadas
incurrieron en un defecto sustantivo al dejar de aplicar lo consagrado en el numeral
2 del artículo 205 del CPACA a la notificación por estados, en el sentido de no
adicionar los 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos para empezar
a contar el término dispuesto para la interposición de recursos. Adicional a ello,
sostiene que la Ley 2213 de 2023 no es aplicable al caso, y que la decisión de 13 de
octubre de 2022, a través de la cual se rechazó la demanda por caducidad, fue
anticipada en tanto se adoptó sin haberse agotado el respectivo debate probatorio.

17.- Teniendo claro lo anterior, el asunto carece de relevancia constitucional, pues
se advierte que la parte actora pretende convertir la acción de tutela en una instancia
adicional al proceso ordinario, al no estar de acuerdo con las decisiones adoptadas

6 “[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

En este punto es importante precisar que, si bien en las pretensiones de la acción de tutela se pide el
restablecimiento de los derechos fundamentales de la parte actora frente a las sentencias del 21 de julio de 2021
y 19 de mayo de 2022 proferidas por la autoridad judicial demandada, teniendo en cuenta que la primera de ellas
fue dejada sin efectos mediante sentencia de tutela del 4 de marzo de 2022 por esta misma Subsección (Rad.
11001-03-15-000-2022-00342-00), el análisis de la Sala se centrará en la decisión adoptada por la Sala Quinta
Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia con fecha del 19 de mayo de 2022, en razón a que, este fallo fue
proferido en reemplazo de aquel que ya no tiene efectos jurídicos y es el que da cierre definitivo a la litis.
7 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

5

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por el Juzgado 36 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia - Sala Cuarta de Decisión al ser adversas a sus intereses.

18.- De la lectura íntegra de los autos cuestionados, la Sala encuentra que las
accionadas hicieron un análisis claro, coherente y completo de los asuntos puestos
a su consideración, realizando un estudio razonable de la normatividad y
jurisprudencia aplicable al asunto; por ende, se precisa, que fueron esas instancias
judiciales las que tuvieron a su cargo valorar los alegatos de derecho y hecho que el
demandante sometió a su consideración, sin que ahora quepa prolongar el debate
sobre los mismos, pues la acción de tutela no es un mecanismo complementario al
del medio control ordinario, y no tiene por fin revisar las bases del debate judicial,
para definir como instancia final las razones del derecho que se debate. De ahí que
verificado que el malestar que se formula contra las providencias judiciales fue el
mismo que se debatió y definió ante los jueces de la causa, ningún espacio cabrá
para el juez constitucional.

19.- En ese sentido se considera que en la interpretación y aplicación de las normas
referidas a la notificación de providencias, las accionadas adelantaron un estudio y
arribaron a unas conclusiones que la parte accionante no comparte, y el argumento
para censurar las mismas se sustenta realmente en un defecto con incidencia
constitucional, sino en una mera discrepancia interpretativa. De hecho, se observa
con claridad que la interpretación realizada por las accionadas, y que la parte
accionante censura, se corresponde con la postura que se ha sostenido en varias
providencias de esta Corporación frente la notificación por estado y la que se hace
por medios electrónicos, tal como se explicará a continuación8.

20.- Se tiene que la notificación por estado se encuentra regulada en el artículo 201
del CPACA9, modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 202110. Esta norma
establece que todos los autos, salvo los que están sujetos al requisito de la
notificación personal, se notificarán mediante anotación en estado electrónico, en el
que debe constar la información del proceso, de las partes, la fecha de la providencia
y del estado y la firma del secretario. La referida disposición también consagra que
las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia,

8 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, auto de 21 de febrero de 2023, expediente No. 69.471

Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, auto de 5 de junio de 2023, expediente No.69.781,
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, auto de 30 de junio de 2023, expediente No. 68.061,
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, auto de 15 de febrero de 2023, expediente No. 67.702,
entre otros.
9 “Artículo 201. Notificaciones por estado [modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021]. Los autos no

sujetos al requisito de la notificación personal se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para
consulta en línea bajo la responsabilidad del secretario. La inserción en el estado se hará el día siguiente al de
la fecha del auto y en ella ha de constar: 1. La identificación del proceso. 2. Los nombres del demandante y el
demandado. 3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla. 4. La fecha del estado y la firma del Secretario.
El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en calidad de medio
notificador durante el respectivo día. Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la
providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de
la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales [...]”.
10 Vigente de forma permanente, a través de la Ley 2213 de 2022.

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a su vez, que deberá enviársele un mensaje de datos al canal digital de las partes,
sin que ello signifique que la providencia a notificar deba ser enviada también, toda
vez que, tal como lo ha dicho esta Corporación11, esta modalidad de notificación
implica enviar la información del proceso y lo ya dicho, mas no exige remitir el auto.

21.- También se ha considerado que el hecho de que se envíe un mensaje de datos
al canal digital de los sujetos procesales para informarles sobre la anotación en
estados, no significa que esta actuación corresponda a una notificación por medio
electrónico o personal12.

22.- Ahora bien, el artículo 205 del CPACA, prevé lo siguiente:

<<Notificación por medios electrónicos. La notificación electrónica de las providencias
se someterá a las siguientes reglas:

La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital
registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la
autenticidad e integridad del mensaje.

La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos
dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a
correr a partir del día siguiente al de la notificación.

Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador
recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del
destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente.

De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para
consulta permanente en línea por cualquier interesado>> (subrayado fuera del texto
original).

23.- De acuerdo con lo anterior, es claro que el envío de la providencia a notificar al
canal digital registrado por los sujetos procesales es un requisito propio y de la
esencia de la notificación por medios electrónicos, modalidad que complementa la
notificación personal, mas no de la notificación por estados; pues la notificación por
medios electrónicos implica, de forma obligatoria, la remisión de la providencia a
notificar al canal digital registrado por los sujetos procesales, en tal virtud, el envío
electrónico de aquellas providencias contempladas en el artículo 198 del CPACA13
les permite a los sujetos procesales conocer de forma directa e inmediata la decisión

11 Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección C, auto del 27 de agosto de 2021, expediente No. 66.097.
12 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, auto de 15 de febrero de 2020, expediente No. 67.702.
13 “ARTÍCULO 198. PROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Deberán notificarse personalmente

las siguientes providencias:
1. Al demandado, el auto que admita la demanda.
2. A los terceros, la primera providencia que se dicte respecto de ellos.
3. Al Ministerio Público el auto admisorio de la demanda, salvo que intervenga como demandante. Igualmente,
se le notificará el auto admisorio del recurso en segunda instancia o del recurso extraordinario en cuanto no actúe
como demandante o demandado.
4. Las demás para las cuales este Código ordene expresamente la notificación personal…”.

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objeto de notificación y, como consecuencia de ello, se cumple con el objetivo
esencial de toda notificación que deba realizarse de forma personal.

24.- Así, el cómputo de los 2 días hábiles a los que se refiere el artículo 205 numeral
2 del CPACA es aplicable respecto de aquellas decisiones que deban notificarse
personalmente, establecidas en el artículo 198 de la Ley 1437 de 2011. Lo anterior,
en la medida en que el envío de la providencia al canal digital del sujeto procesal a
notificar es, sin lugar a duda, una auténtica notificación personal14.

25.- Ahora, si bien en la notificación por estados también se envía un mensaje de
datos al canal digital de los sujetos procesales; conviene aclarar que dicha actuación
tiene la exclusiva finalidad de advertir o comunicar de la existencia del estado
electrónico y de la providencia materia de notificación, sin que ello implique la
remisión del proveído que se pretende notificar, lo cual sí sucede necesariamente en
el marco de una notificación por medios electrónicos.

26.- Así las cosas, lo que se debe concluir es que una notificación por estados no
muta a una notificación por medios electrónicos por cuenta del envío de un mensaje
de datos al canal digital de los sujetos procesales, toda vez que la primera es
aplicable a todas aquellas decisiones que no se deban notificar personalmente,
mientras que la notificación por medios electrónicos es procedente en el caso de los
proveídos que están cobijados por el requisito de la notificación personal.

27.- En ese contexto, la actuación consistente en la remisión de la providencia a la
dirección electrónica registrada por las partes es propia de la notificación por medios
electrónicos, la cual es, en sí misma, una notificación personal y no de la notificación
por estado, pues se insiste, en esta última modalidad no se envía la providencia
objeto de notificación a los canales digitales indicados por las partes. En virtud de lo
expuesto, es necesario concluir que el término de 2 días hábiles contados a partir
del envío de la providencia a notificar, contemplado en el artículo 205 numeral 2 del
CPACA no es una regla aplicable a la notificación por estados.

28.- Así, para esta Sala de Subsección no es posible sostener que las accionadas
incurrieron en una interpretación normativa irracional, al no tener en cuenta los 2 días
de que trata el artículo 205 del CPACA, para efectos de contabilizar el término con
el que contaba la demandante para presentar sus recursos contra el auto de 13 de
octubre de 2022, que rechazó la demanda por caducidad, y que fue notificado por
estado.

29.- En esa medida, tal como lo concluyeron los jueces de instancia en sus distintas
providencias (autos del 26 de enero de 2023, 16 de febrero de 2023 y 26 de abril de
2023), como el auto de 13 de octubre de 2023 mediante el cual se rechazó la
demanda de controversias contractuales fue notificado por anotación en estados
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 2 de julio

de 2021, expediente No. 66.479.
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electrónicos de 14 de octubre de 2022, los recursos de reposición y apelación
debieron interponerse a más tardar el 20 del mismo mes y año, y como quiera que
éste fue presentado el 21 de octubre de 2022, es claro que se hizo de manera
extemporánea.

30.- Ahora, en relación con la Ley 2213 de 2023, la cual considera la parte actora
que no es aplicable al caso; la Sala advierte que dicho reproche no cobra ninguna
relevancia, en la medida en que como ya se explicó, el hecho del envío o no del
mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales, no muta la notificación
por estado a una por medios electrónicos para aplicarle lo establecido en el numeral
2 del artículo 205 del CPACA, por lo que la aplicación o no de aquella normatividad,
en nada varía las decisiones objeto de reproche. Sin mencionar, que como se indicó
en el escrito de impugnación, la parte accionante no cuestionó el envío del referido
correo electrónico, pues reconoció que se hizo, su inconformidad se funda en el
momento a partir del cual se realizó el conteo del término para la presentación de los
recursos.

31.- Por último, en lo referente con la decisión de 13 de octubre de 2022, a través
de la cual se rechazó la demanda por caducidad, que la parte actora califica como
anticipada en tanto se adoptó sin agotar el respectivo debate probatorio; se advierte
que esa censura no es un asunto sobre el cual deba pronunciarse el juez
constitucional, sino los jueces naturales de la causa en el marco de los respectivos
recursos ordinarios. Habida cuenta que los mismos no se interpusieron en la debida
oportunidad, la acción de tutela resulta improcedente por no cumplirse con el
requisito general de la subsidiariedad.

32.- Finalmente, la Sala considera que las circunstancias fácticas que dieron paso
a las decisiones sometidas a estudio, y de los fundamentos jurídicos que expuso el
Juzgado 36 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Cuarta de Decisión, no se deduce que dichas autoridades hubieren incurrido en
defecto alguno; por el contrario, las decisiones cuestionadas encuentran claro
sustento en el principio de libre valoración judicial y, antes de configurar una
actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación
razonable de la demanda y el material probatorio aportado al proceso, a su vez,
confrontado con las preceptivas legales y jurisprudenciales que lo delimitan y que
resultaban aplicables al caso. Por lo que se advierte que la actora pretende a través
de esta acción una instancia adicional del proceso, con el fin de obtener una decisión
favorable a sus intereses.

33.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa
y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así,

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02936-01
Accionante: Instituto Departamental de Deportes de Antioquia
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera
grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal 15.

34.- De acuerdo con lo anterior, habrá de modificarse la decisión adoptada el 29 de
junio de 2023 por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado, para,
en su lugar, declarar improcedente la solicitud de amparo.

35.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 29 de junio de 2023 por el Consejo
de Estado – Sección Segunda – Subsección A, para, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE16
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

15Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
16 VF

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