Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02301-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02301-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02301-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
22 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02301-01
Demandante: Dignori López Triana
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Falta de carga argumentativa
– Confirma.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la señora Dignori López
Triana en contra de la sentencia proferida el 16 de junio de 2023, por la Sección
Tercera – Subsección C del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró
improcedente el amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 4 de mayo de 2023, la señora Dignori López Triana interpuso demanda de
tutela contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima, con el fin de que se dejaran sin efectos las sentencias de
29 de noviembre de 2021 y 3 de noviembre de 2022 1 proferidas por dichas
autoridades judiciales dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2
que promovió contra el Hospital Santa Bárbara E.S.E de Venadillo, con el propósito
de que se declarara la nulidad del Oficio HSB-GER-295 de 22 de junio de 2017, por
medio de la cual se le negó el reconocimiento y pago de las horas extras,
1 Notificado el 10 de noviembre de 2022.
2 Radicado: 73001333300120170034300/01.
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02301-01
Demandante: Dignori López Triana
Demandado:Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
compensatorias y recargos nocturnos por su labor prestada como auxiliar de
enfermería en el Hospital.
2.- Del escrito de tutela, se puede extraer que la parte accionante señala que las
autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y defensa, comoquiera que dentro del proceso ordinario se
comprobó con la documentación y testimonios aportados que los días que prestaba
turno de disponibilidad no podía realizar actividades familiares y personales de
forma libre, pues debía acudir al hospital inmediatamente cuando la requerían, bajo
la presión de iniciarle un proceso disciplinario si no asistía. Indicó que no es
aceptable que solo por el hecho de no estar todo el tiempo disponible en las
instalaciones del hospital no tenga derecho a un pago, cuando sus derechos son
restringidos en los días en que tiene turno de disponibilidad.
3.- El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante fallo de 29
de noviembre de 2021 negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, al considerar que la jornada laboral de la demandante
cumplía con lo dispuesto en el decreto 1042 de 1978, toda vez que sus turnos no
excedían el máximo legal de 12 horas diurnas. Además, frente a los turnos de
disponibilidad, adujo que esos obedecían a una situación especial del empleo, pero
que en su mayoría el empleado disfrutaba a plenitud de su descanso, por lo que
aquello no constituye una jornada laboral remunerable, pues no existe actividad
laboral que genere prestación económica. En el caso particular de la demandante
observó dos llamados de disponibilidad por semana, correspondiéndole únicamente
su pago cuando aquella hubiere desempeñado su trabajo en horas de descanso,
sin que se haya probado que la entidad demandada no le hubiese compensado o
pagado por su labor.
4.- En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima, el 3 de noviembre
de 2022 confirmó la decisión del A quo, por estimar que de las pruebas obrantes en
el expediente se podía advertir con claridad que durante los turnos de disponibilidad
la demandante no tenía que asistir al ente hospitalario ni a ningún otro lugar
dispuesto por aquel, por lo que podía disfrutar de su descanso estando atenta al
llamado para cubrir la disponibilidad, el cual, podía o no darse, y al que ella podía o
no asistir. En razón a ello, concluyó que a la actora únicamente le deben pagar los
turnos de disponibilidad a los cuales haya acudido; no obstante, como no se allegó
prueba de los días y las horas que tuvo que prestar el servicio, no es dable acceder
a lo pretendido.
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02301-01
Demandante: Dignori López Triana
Demandado:Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
5.- El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, mediante fallo de 16
de junio de 2023 declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional contra
los proveídos antes referidos, al considerar que no se encontraba satisfecho el
requisito de relevancia constitucional.
6.- Inconforme con la anterior decisión, la parte accionante presenta la impugnación
y reitera que no está de acuerdo con las decisiones tomadas por los jueces
naturales de la causa, pues si bien es cierto el turno de disponibilidad lo prestaba
desde su casa, también lo es que no podía salir, pues la labor de enfermera se
presta con uniforme y zapatos especiales y tenía unos pocos minutos para llegar al
lugar de trabajo.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
E. Competencia
7.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19913.
F. Análisis del caso concreto
8.- En el presente caso, la parte actora alegó que el Tribunal Administrativo del
Tolima 4 vulneró sus derechos fundamentales por, presuntamente, incurrir en un
defecto fáctico,
9.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si
una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es
3 “[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
En este punto es importante precisar que, si bien en las pretensiones de la acción de tutela se pide el
restablecimiento de los derechos fundamentales de la parte actora frente a las sentencias del 21 de julio de
2021 y 19 de mayo de 2022 proferidas por la autoridad judicial demandada, teniendo en cuenta que la primera
de ellas fue dejada sin efectos mediante sentencia de tutela del 4 de marzo de 2022 por esta misma Subsección
(Rad. 11001-03-15-000-2022-00342-00), el análisis de la Sala se centrará en la decisión adoptada por la Sala
Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia con fecha del 19 de mayo de 2022, en razón a que, este
fallo fue proferido en reemplazo de aquel que ya no tiene efectos jurídicos y es el que da cierre definitivo a la
litis.
4 Solo se hará en análisis del fallo proferido por dicha autoridad judicial, en la medida en que fue quien resolvió
de manera definitiva la litis del asunto.
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02301-01
Demandante: Dignori López Triana
Demandado:Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
necesario examinar dos elementos 5 : (i) Que el actor motive con suficiencia
argumentativa dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar
la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones
de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales
derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada.
10.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como el escrito
de tutela, la Sala no encuentra que la autoridad judicial accionada haya transgredido
los derechos fundamentales invocados por la parte actora. Una revisión de los
planteamientos expuestos en la acción de tutela permite advertir su falta de
suficiencia en cuanto a su carga argumentativa.
11.- La explicación sobre lo que se podría entender como un defecto fáctico fue
exigua y carente de cualquier argumentación pues más allá de sostener que dentro
del proceso ordinario se comprobó con “la documentación y testimonios aportados”
que los días que prestaba turno de disponibilidad no podía realizar actividades
familiares y personales de forma libre, porque debía estar atenta a cualquier llamado
del hospital, la actora no expuso si las mismas fueron defectuosamente valoradas
o, si por el contrario el juez dejó de estudiarlas o lo hizo de forma parcializada y
caprichosa. En suma, no dio razones que justificaran por qué la autoridad judicial
accionada presuntamente incurrió en un defecto fáctico o en cualquier otra de las
causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, al momento de proferir el fallo de 3 de noviembre de 2022.
12.- La falta de carga argumentativa igualmente se hace evidente si se tiene en
cuenta que aunque se acreditara la disponibilidad en determinados días, las
pruebas de la misma no tienen la idoneidad de cambiar el sentido de las decisiones
judiciales cuestionadas, toda vez que la ratio decidendi de éstas últimas parte de la
premisa de que, sin perjuicio de los turnos de disponibilidad, por disposición legal
sólo es posible considerar como horas extras o complementarias aquellas en que
efectivamente se haya laborado.
5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02301-01
Demandante: Dignori López Triana
Demandado:Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
13.- En ese contexto, se advierte que, no basta con que la accionante enuncie los
derechos presuntamente vulnerados y los defectos en que incurrió la autoridad
accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener una carga
argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones y motivos
que desde la perspectiva constitucional y frente a la decisión que se ha adoptado
por el operador judicial, revelan un juicio de desvalor de los derechos fundamentales
de quien la promueve de cara a la acción y definición que ha adoptado el juez
encargado por mandato constitucional de definir el derecho.
14.- Debe recordarse que, por oposición al principio de informalidad que
caracteriza a la acción de tutela, cuando esta se formula contra providencias
judiciales, es necesario que quien reclama la protección iusfundamental no sólo
señale los derechos que estima afectados, sino que identifique con cierto nivel de
detalle en qué consiste la violación que le atribuye al pronunciamiento judicial y
demuestre de qué forma aquel se aparta del ámbito del derecho o incurre en una
actuación abusiva contraria al ordenamiento jurídico, no sólo por la materialidad de
la decisión y sus implicaciones, sino por las razones y fundamentos que la
sustentan.
15.- Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias fácticas que dieron paso a la
decisión sometida a estudio y de los fundamentos jurídicos que expuso el Tribunal
Administrativo del Tolima, no se deduce que dicha autoridad hubiere incurrido en
defecto alguno; por el contrario, la decisión cuestionada encuentra claro sustento
en el principio de libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación
subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación razonable
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el recurso de apelación
y el material probatorio aportado al proceso, a su vez, confrontado con las
preceptivas legales y jurisprudenciales que lo delimitan y que resultaban aplicables
al caso. Por lo que se advierte que la actora pretende a través de esta acción una
instancia adicional del proceso, con el fin de obtener una decisión favorable a sus
intereses.
16.- En este punto, cabe recordar que el respeto al principio de autonomía judicial
impide al juez de tutela inmiscuirse en controversias interpretativas, pues su
competencia, según lo referido por la Corte en la sentencia T-416 de 2016, “se
activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un acto de voluntad del juez, es decir, en una
arbitrariedad”, evento que no se avizora en el presente caso, puesto que el Consejo
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02301-01
Demandante: Dignori López Triana
Demandado:Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
de Estado justificó de manera razonada y suficiente la decisión de confirmar el fallo
de primera instancia.
17.- Así las cosas, la acción de tutela objeto de estudio no acredita el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en tanto carece de carga
argumentativa. De tal suerte que, se confirmará la decisión adoptada el 16 de junio
de 2023, por la Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado, pero,
acorde a las consideraciones previamente expuestas.
18.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de junio de 2023 por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE6
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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